Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2016-02275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Recurso extraordinario de revisión: características
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2016-02275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2016-02275-00
Consejero ponente: William Hernández Gómez
14 de mayo de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Características
El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos. Su finalidad es invalidar los efectos jurídicos de la providencia como excepción al principio de cosa juzgada. La jurisprudencia ha señalado que con este recurso no se pretende corregir errores “in judicando” y tampoco puede fundamentarse en las pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso porque para revisar estos aspectos se prevén los recursos ordinarios dentro del propio proceso judicial. Por lo tanto, la revisión es una acción de carácter extraordinario que al afectar la certeza brindada por la cosa juzgada y el sentido de justicia que de ella emana, solo hace un examen detallado de ciertos hechos nuevos con base en causales con taxativas y de interpretación restringida. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no es un medio de impugnación para decidir el fondo del asunto planteado en el proceso ordinario cuya sentencia es objeto de este, sino que es un medio de control autónomo, cuya procedencia se encuentra condicionada a que se demuestre la configuración de alguna de las causales contempladas en el artículo 250 del CPACA, sin que puedan considerarse aspectos fácticos, jurídicos y probatorios que sirvieron de sustento en el proceso ordinario, cuyas instancias ya se encuentran agotadas
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250
CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN – Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso / REVISIÓN POR NULIDAD EN LA SENTENCIA - Requisitos
Los requisitos para que opere esta causal son los siguientes: i) que la providencia objeto del recurso extraordinario de revisión ponga fin al proceso, ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación, iii) que las causales de nulidad invocadas sean las previstas en los artículos 133 del Código General del Proceso (antes artículo 140 del CPC) y 29 de la Constitución Política, y iv) que la nulidad alegada haya acaecido materialmente en la sentencia y no antes (…)
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 140
CAUSAL OCTAVA DE REVISIÓN – Ser la sentencia contraria a otra anterior / SENTENCIA EJECUTORIADA – Efecto de cosa juzgada
Teniendo en cuenta lo establecido por el ordinal 8.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esta causal procede cuando se demuestra: i) la existencia de una sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido; ii) que las dos sentencias son contradictorias; iii) que la sentencia anterior constituye cosa juzgada frente a la sentencia recurrida, en el entendido que existe identidad de partes y que tienen el mismo de objeto y causa; y iv) que en el proceso ordinario que concluyó con la sentencia objeto del recurso de revisión no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada y ésta se haya rechazado (…) De acuerdo con esto, un fallo ejecutoriado tiene efectos de cosa juzgada cuando, i) el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, es decir, se pretenda una declaración o condena que ya fue solicitada y debidamente satisfecha por un juez; ii) cuando tenga una misma causa, esto es, los fundamentos facticos de la primera solicitud son los mismos de la segunda; y iii) cuando se trata de las mismas partes, o sea, que haya identidad entre demandante y demandado. Se advierte que los postulados anteriores deben concurrir simultáneamente.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL IMPROBADA JUDICIALMENTE – No tiene efecto de cosa juzgada
En este caso la conciliación extrajudicial a que llegaron las partes fue improbada judicialmente y por esa razón lo inicialmente pactado tampoco hace tránsito a cosa juzgada ni tiene valor jurídico alguno, pues de acuerdo con el artículo 59 del Decreto 1818 de 1998, solo tienen este efecto el acuerdo y su aprobación, conjuntamente
FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 – ARTÍCULO 59
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02275-00(REV)
Actor: OPUS INGENIERÍA OBRAS PARA USUARIOS DE SOFTWARE LIMITADA, OPUS INGENIERÍA LTDA
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS DEL EXTERIOR, ICETEX
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: Características del recurso de revisión, nulidades originadas en la sentencia, cosa juzgada.
SENTENCIA SER-RE- 004-2019
ASUNTO
La Sala Especial de Decisión n.° 19 del Consejo de Estado resuelve el recurso extraordinario de revisión formulado por la sociedad Opus Ingeniería Ltda., contra la sentencia del 29 de julio de 2015 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera - Subsección C.
ANTECEDENTES
La demanda de controversias contractuales y sus fundamentos.
La sociedad Opus Ingeniería Ltda., instauró demanda de controversias contractuales contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” —Icetex-, el 18 de diciembre de 2002, con el fin de: obtener la nulidad de las resoluciones 00003 del 3 de enero de 2002, 00083 del 22 de febrero de 2002, 00290 del 28 de junio de 2002 y 00371 del 20 de agosto de 2002; a su vez, para que se declarara el incumplimiento del contrato 98-036 del 22 de julio de 1998 por parte de la entidad demandada; por último, para que se ordenara la liquidación del contrato y se condenara al pago de los perjuicios materiales causados a la demandante.
Como sustento fáctico alegó que: el 22 de julio de 1998 suscribió contrato 98-036 con el Icetex; el objeto contractual fue «[…] La entrega e instalación de una aplicación informática en un esquema Cliente – Servidor, desarrollada para Oracle, como apoyo a la operación de crédito y cartera del ICETEX […]»; el plazo de entrega era de 10 meses contados a partir del 23 de julio de 1998; la forma de pago sería el 40% como pago anticipado, el 25% al término y presentación de las especificaciones detalladas, el 15% a la aprobación de los desarrollos específicos y el 20% a la entrega, prueba e instalación del software y recibo a satisfacción.
Señaló que en la adición 1.ª del contrato 98-036 se acordó que el sistema de crédito y cartera funcionaría con tecnología intranet y lenguaje Java, así como ampliar el término de entrega hasta el 30 de noviembre de 1999. El término anterior fue nuevamente prolongado a través de varias adiciones con el fin de ampliar el término hasta el 31 de diciembre de 2000. Indicó que la sociedad demandante realizó un avance significativo en el aplicativo contratado, como se desprende de la interventoría externa realizada por la firma especializada KPMG Peat Marwick Ltda., lo que conllevó a ampliar nuevamente el término del contrato hasta el 31 de diciembre de 2001.
Afirmó que se le realizó un pago anticipado del 65% del valor total pactado en el contrato y el 35% restante no fue cancelado ya que la apropiación presupuestal prevista en el contrato había expirado. Por esta razón presentaron solicitud de conciliación prejudicial con el fin de saldar el valor pendiente con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones ante la Procuraduría Judicial Delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se firmó el acta de conciliación total 027 del 14 de marzo de 2001. Sin embargo, este acuerdo fue improbado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado con decisión del 12 de diciembre de 2001, expediente 20801.
Afirmó que la demandada profirió la resolución 0003 de 2002, en la que declaró el incumplimiento del contrato con fundamento en que el contratista no cumplió con la entrega del objeto pactado dentro del plazo convenido, decisión contra la cual presentó recurso de reposición y fue resuelto por medio de la Resolución 00083 de 2002, en la cual confirmó en todas sus partes el acto administrativo recurrido.
Luego, el Icetex profirió la Resolución 00290 del 28 de junio de 2002, mediante la cual liquidó unilateralmente el contrato, donde estableció que: el valor recibido a satisfacción es del 33%, el cual equivale a $312.364.800; el pago realizado al contratista es de $615.264.000; el saldo a favor del Icetex es de $302.899.200; y los perjuicios ascienden a la suma de $345.100.000. En contra del acto administrativo la sociedad demandante presentó recurso de reposición, y fue confirmado mediante resolución 00371 del 20 de agosto de 2002.
Demanda de reconvención.
El 7 de mayo de 2004 el Icetex presentó demanda de reconvención contra la sociedad Opus Ingeniería Ltda., con el fin que se: declarara el incumplimiento del contrato 98-036 por parte de la sociedad, decretara la terminación y la liquidación del contrato y condenara al pago de perjuicios materiales.
Su fundamento fue que la sociedad demandada, luego del cambio acordado en la adición 1.ª del 4 de mayo de 1999 (tecnología intranet, lenguaje JAVA y prórroga del plazo), presentó retrasos injustificados, que generaron varios llamados de atención, pese a lo cual el Icetex no declaró la caducidad del contrato y en su lugar pactó una última prórroga hasta el 31 de diciembre de 2001.
Señaló que la sociedad Opus Ingeniería Ltda., se adelantó a presentar conciliación prejudicial sin cumplir a cabalidad con el contrato y con la finalidad de cambiar la fuente de los recursos para el pago, aunque para esa fecha no había saldos pendientes por pagar, porque no se había ejecutado el contrato.
Refirió que según al informe de interventoría realizado después de terminado el plazo de ejecución del contrato, la sociedad contratante solo ejecutó el 75%, por lo que procedió a declarar el incumplimiento del contrato y a liquidarlo por medio de los actos administrativos hoy demandados.
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 15 de agosto de 2007, en la que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, decretó el incumplimiento del contrato 98-036 por parte de la sociedad Opus Ingeniería Ltda., y la terminación del contrato 98-036. También ordenó el reembolso de $977.857.214, a favor del Icetex por los pagos realizados en desarrollo del contrato, así como el pago de $261.234.867 por concepto de la cláusula penal pactada, contenida en la adición 3.ª del contrato; y negó las demás pretensiones de la demanda de reconvención.
El a quo centró el asunto en los logros y pagos contenidos en la adición 4.ª del 27 de diciembre de 2000, en la medida que su incumplimiento afectó todo el contrato, cuyo parámetro es la base de análisis de la conducta de las partes. Concluyó que la sociedad Opus Ingeniería Ltda., no cumplió con los logros establecidos en esa adición del 27 de diciembre de 2000 e incumplió la obligación de resultado consistente en la entrega e instalación de una aplicación informática en un esquema cliente – servidor, desarrollada para Oracle. Pese al recibo a satisfacción contenido en el acta 1, se demostró que esta fue solo formal, ya que se presentaban fallas al momento de su entrega, según consta en el informe de interventoría y en el dictamen pericial.
Negó el cargo por la falta de reconocimiento del valor agregado de la tecnología implantada y rompimiento del equilibrio económico del contrato, porque en la adición 1.ª del 4 de mayo de 1999 se pactó que la implementación de la tecnología intranet y el lenguaje Java no acarrearía ningún incremento en el valor del contrato principal para el Icetex.
Recursos de apelación.
De la sociedad Opus Ingeniería Ltda.
La parte demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda principal y se negara las de la reconvención. Invocó los siguientes fundamentos relevantes para los efectos del presente recurso extraordinario:
Solicitó que se declarara probada la excepción de cosa juzgada sobre la cual no se pronunció el tribunal; esto porque la demanda de reconvención pretende la declaratoria de validez del contrato que fue objeto de conciliación prejudicial, por lo tanto este aspecto ya fue estudiado en ambas instancias por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Afirmó que la primera instancia incurrió en tres errores al limitar el estudio en la adición 4.ª del contrato, porque: i) la adición es una parte del contrato, por ello debe analizarse en conjunto y no aisladamente; ii) los logros pactados en dicha adición corresponde al 35% del saldo del contrato, por lo tanto, el contratista ya había cumplido el 65% de su obligación contractual; iii) el Icetex había incumplido su obligación de realizar la apropiación presupuestal desde antes de la adición, lo que conllevaría a incumplir con el pago del saldo pendiente.
Asimismo, señaló que en el proceso quedó demostrado que fue el Icetex el que primero incumplió el contrato, ya que la disponibilidad presupuestal fue para la vigencia del año 1998 y la entidad adelantó gestiones solo en el año 2001.
Refirió que no es cierta la afirmación del Tribunal de que el recibo a satisfacción del logro 1.º fue meramente formal, toda vez que: las personas que firman el acta son idóneas; se basó en el dictamen pericial cuyo perito muestra un desconocimiento profundo en el proceso de desarrollo del software y en las estrategias de construcción por componentes; y desconoció la prueba de viabilidad de terminación del 25% restante del contrato.
Arguyó que el Icetex incumplió el contrato al desconocer el valor agregado que existió en el desarrollo del aplicativo y que se encuentra acreditado en el proceso. Finalmente, afirmó que no se le resolvieron todos los puntos de la objeción al dictamen pericial, en especial aquellos de orden técnico que demuestra el desconocimiento del perito frente al tema.
Del Icetex.
La entidad presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara parcialmente el ordinal 4.° y totalmente los ordinales 7.° y 8.° de la sentencia de primera instancia, en su lugar se accediera a todas las pretensiones de la demanda de reconvención. Expuso los siguientes fundamentos relevantes para el presente recurso extraordinario:
En el proceso se encuentra debidamente acreditado el incumplimiento de la sociedad Opus Ingeniería Ltda., el cual causó un daño antijurídico al patrimonio público, que debe ser reparado integralmente en los términos solicitados en la demanda de reconvención. En este caso quedó demostrada la temeridad de la sociedad demandante y en consecuencia, la procedencia de la condena en costas.
Sentencia de segunda instancia.
El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C” profirió sentencia el 29 de julio de 2015, en la que revocó la providencia apelada y en su lugar: declaró que la firma Opus Ingeniería Ltda., debe pagar el equivalente al 20% del valor del contrato a título de cláusula penal pecuniaria, con ocasión a la declaración de incumplimiento; modificó el valor del acta de liquidación correspondiente a la suma de $528.808.823; y denegó las demás pretensiones de la demanda principal y la demanda de reconvención. Los argumentos de la decisión fueron los siguientes:
No procede la nulidad de los actos demandados porque el contrato consagró textualmente la cláusula penal pecuniaria y la posibilidad de declarar el incumplimiento. Agregó que pese a que la Administración había perdido competencia para ello desde la expedición de la Ley 80 de 1993 hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, como esto se pactó en una cláusula contractual, la Administración podía declarar su incumplimiento según la evolución de la jurisprudencia sobre la materia. Además, indicó que una vez vencido el plazo contractual, la administración debía liquidar el contrato con el fin de tener un balance final de cuentas detallada y precisa.
Indicó que la falta del registro presupuestal puede configurar el incumplimiento del contrato cuando no medie una justa causa; sin embargo, en el caso estudiado no se demostró tal incumplimiento, porque pese a que el registro presupuestal estuvo hasta el 31 de diciembre de 2000, también es cierto que para esa fecha el contrato no tenía un avance significativo que diera lugar al pago. La expiración de la vigencia del certificado presupuestal no es imputable a la Administración, pues el contratista decidió voluntariamente proponer y acordar un cambio de la tecnología, pese a que tenía conocimiento de la complejidad del proyecto, lo que ocasionó la imposibilidad de cumplir lo acordado dentro el plazo que estaba amparado con la vigencia presupuestal inicial.
Afirmó que no se configuró la excepción de «contrato no cumplido» propuesta por la sociedad porque esta procede cuando el incumplimiento imputable a la entidad pública es grave y determinante, de tal forma que sitúe al contratista en la imposibilidad de ejecutar sus obligaciones. En este caso si bien se pagó tardíamente el 10%, conforme al acta de aceptación del logro 1.°, este incumplimiento no es manifiestamente grave con relación a la magnitud de los recursos que ya habían sido pagados al contratista y a la demora en la entrega e instalación del software.
Por último, indicó que el cambio de tecnología pactado fue iniciativa de la sociedad quien conocía los costos y el tiempo de ejecución, pese a ello acordó que esto no incrementaría el valor del contrato, por lo tanto no existió ningún valor agregado que deba reconocerse a la demandante.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La sociedad Opus Ingeniería Ltda., presentó recurso extraordinario contra la anterior decisión en el que solicitó la revisión de la sentencia y en consecuencia se acojan las pretensiones que formuló dentro de la acción contractual.
El recurso se sustentó en las causales contempladas en los ordinales 5.° y 8.° del artículo 250 del CPACA. La primera porque la sentencia es nula por falta de jurisdicción y violación del debido proceso. La segunda porque el fallo es contrario a los antecedentes procesales que dieron lugar a la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferida dentro del proceso 20801, mediante la cual improbó el acuerdo conciliatorio entre las partes.
TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
4.1. Admisión
El recurso fue admitido por medio del auto de fecha 14 de agosto de 2017, el cual fue notificado a las partes el 18 de agosto de 2017 y al Ministerio Público el 23 de agosto de 2017.
4.2. Contestación
El Icetex contestó el recurso extraordinario de revisión y se opuso a sus pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico. En respuesta a uno de los hechos del recurso explicó que no es cierto que la solicitud de conciliación prejudicial se presentara por el Icetex para subsanar errores administrativos, su finalidad era pagar parte del saldo del contrato.
4.2. Intervención del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en el cual solicitó que se denieguen las pretensiones del recurrente y en consecuencia se mantenga la decisión acusada.
En cuanto a la primera causal de revisión señaló que la sentencia atacada no es contradictoria ni carente de lógica, en la medida en que se tomó con base en la evolución jurisprudencial frente a la competencia de la administración para declarar el incumplimiento del contrato. Explicó que: i) el ad quem fundamentó la decisión en que la competencia fue otorgada por las partes de común acuerdo, con la inclusión de la cláusula 9.ª al contrato; ii) en vigencia de la Ley 80 de 1993 se expidió jurisprudencia que otorgaba la posibilidad de declarar el incumplimiento del contrato por parte de la administración, cuando era pactada de común acuerdo; y iii) el efecto retrospectivo lo otorgó la propia Ley 1150, en consecuencia es aplicable al caso concreto.
Frente a la segunda casual de revisión arguyó que no hay cosa juzgada pues de la lectura de los artículos 24 de la Ley 640, y 13 y 14 del Decreto 1716 de 2009, sólo constituye cosa juzgada el acuerdo conciliatorio aprobado por la autoridad judicial, lo que no ocurrió en el presente asunto; asimismo, explicó que la causal octava de revisión sólo refiere a sentencias judiciales y no a acuerdos conciliatorios.
4.3. Pruebas
Por medio del auto de fecha 23 de noviembre de 2017 se abrió el proceso a pruebas y se tuvieron como tales las aportadas por las partes. También se decretaron las pruebas documentales solicitada por la parte recurrente, las que fueron allegadas e incorporadas debidamente al proceso.
CONSIDERACIONES
Competencia.
La Sala Plena del Consejo de Estado a través de la Sala Especial de Decisión n.° 19 es competente para conocer del presente recurso, según lo previsto en el inciso 1.° del artículo 249, el inciso 4.° del artículo 107 del CPACA y el ordinal 1.° del artículo 2.° del Acuerdo 321 de 2014, compilado en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Características del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos. Su finalidad es invalidar los efectos jurídicos de la providencia como excepción al principio de cosa juzgada.
La jurisprudencia ha señalado que con este recurso no se pretende corregir errores “in judicando” y tampoco puede fundamentarse en las pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso porque para revisar estos aspectos se prevén los recursos ordinarios dentro del propio proceso judicial. Por lo tanto, la revisión es una acción de carácter extraordinario que al afectar la certeza brindada por la cosa juzgada y el sentido de justicia que de ella emana, solo hace un examen detallado de ciertos hechos nuevos con base en causales con taxativas y de interpretación restringida.
En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no es un medio de impugnación para decidir el fondo del asunto planteado en el proceso ordinario cuya sentencia es objeto de este, sino que es un medio de control autónomo, cuya procedencia se encuentra condicionada a que se demuestre la configuración de alguna de las causales contempladas en el artículo 250 del CPACA, sin que puedan considerarse aspectos fácticos, jurídicos y probatorios que sirvieron de sustento en el proceso ordinario, cuyas instancias ya se encuentran agotadas.
Es decir, este mecanismo no puede ser utilizado para reabrir el debate objeto del proceso ordinario, ni para controvertir o mejorar los argumentos expuestos en contra de la sentencia recurrida, comoquiera que no es una instancia adicional.
Análisis de las causales invocadas
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (ordinal 5.° del artículo 250 del CPACA)
Los requisitos para que opere esta causal son los siguientes: i) que la providencia objeto del recurso extraordinario de revisión ponga fin al proceso, ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación, iii) que las causales de nulidad invocadas sean las previstas en los artículos 133 del Código General del Proceso (antes artículo 140 del CPC) y 29 de la Constitución Política, y iv) que la nulidad alegada haya acaecido materialmente en la sentencia y no antes. Específicamente, en cuanto a las causales de nulidad originadas en sentencia, esta Corporación ha sostenido que estas se configuran, en principio, en los siguientes eventos:
Cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia;
Cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme;
Cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido;
Cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia;
Cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en esta;
Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia;
Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida.
Cuando la providencia carece de motivación.
Finalmente se ha aceptado jurisprudencialmente que la nulidad también se puede generar por el desconocimiento del artículo 29 constitucional, caso en el que corresponde al juez de la revisión verificar cuales son los motivos para que esta proceda. […]»
En resumen, la nulidad se origina en sentencia cuando las irregularidades o los vicios insaneables acontecen al momento de dictarla o por hechos que sobrevengan.
En este caso el recurrente señaló que se configuró la causal de nulidad por cuanto el ad quem actuó sin tener jurisdicción, ya que otorgó la competencia a la administración para declarar el incumplimiento del contrato e imponer sanciones, facultad que solo puede asignarse por el legislador. Agregó que el fundamento del fallo fue que el Icetex tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato en aplicación del parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, normativa que no era aplicable al caso concreto, ya que a la fecha en que se declaró dicho incumplimiento estaba vigente la Ley 80 de 1993, en consecuencia, no se le podía dar efectos retrospectivos a la Ley 1150 de 2007, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia.
En relación con este cargo, la Sala recuerda que se entiende por jurisdicción la facultad de administrar justicia que le corresponde a los jueces en abstracto, la cual se concreta en uno de ellos en virtud de la competencia que le otorga el poder de conocer un asunto específico.
Ahora bien, esta causal de nulidad se configura cuando el proceso es conocido y fallado por una autoridad judicial de una jurisdicción especial u ordinaria diferente a la cual corresponde su decisión según la Constitución y la ley. Por lo tanto, para que proceda la causal de nulidad invocada debe demostrarse que el juez contravino o extralimitó la función de administrar justicia que le ha sido conferida, al fallar un asunto que correspondía a otra jurisdicción. De otra parte, debe tenerse en cuenta que de ocurrir lo anterior, la causal de nulidad no puede alegarse por quien acudió al mismo juez que decidió el asunto, en virtud del principio del respeto del acto propio que se concreta en la falta de legitimación para alegar una nulidad por quien dio lugar a su acaecimiento.
Ahora bien, frente al punto concreto de controversia, la Sala encuentra que el ad quem argumentó que en un inicio la jurisprudencia de la Sección Tercera sostenía que luego de la expedición de la Ley 80 de 1993, la Administración no tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato; no obstante, la línea jurisprudencial fue reorientada con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 en el sentido que si las partes lo habían pactado, aun en contratos suscritos en vigencia de la Ley 80 de 1993, la Administración conservaba la facultad de declarar el incumplimiento del contrato con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.
Quiere decir lo anterior que en este caso el juez de segunda instancia no asumió competencias propias del legislador, como se aduce en la causal invocada. Las razones para sostener lo anterior, son:
El juez tiene la facultad para estudiar la competencia de la administración en la expedición de los actos administrativos, con la finalidad de determinar la legalidad y la configuración de alguna de las causales de nulidad que les son aplicables -artículos 84 y 87 del Código Contencioso Administrativo — CCA-.
De las consideraciones de la sentencia no se desprende que esta le haya otorgado competencia a las entidades públicas en general para declarar el incumplimiento contractual, por el contrario, interpretó el alcance de la Ley 80 de 1993 y de las estipulaciones contractuales en el caso concreto y con base en la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera de esta Corporación, concluyó que la competencia para declarar el incumplimiento del contrato en este asunto fue dada por las mismas partes.
El fundamento de la competencia administrativa estudiada en el fallo objeto de revisión no fue la aplicación retrospectiva del parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, sino el alcance que se le dio a la estipulación escrita de las partes en el contrato.
Por otra parte, el recurrente también argumenta que el fallo de segunda instancia es violatorio al principio de congruencia y por lo tanto del debido proceso judicial, en la medida que es incoherente con el auto del 10 de febrero de 2005 por medio del cual el Consejo de Estado – Sección Tercera -, decretó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados. Afirma que en dicho auto se dejó claro que en el primer contrato no se pactó expresamente cláusula penal y que la modificación realizada en la adición 4.ª solo era para la ejecución de una deuda.
En relación con lo anterior, la Sala recuerda que esta Corporación ha sostenido de vieja data que la providencia que decide una suspensión provisional no entraña prejuzgamiento « […] Por consiguiente las apreciaciones que se hagan en un auto sobre la procedencia o improcedencia de esta medida provisoria, no pueden reputarse como un precepto sobre la validez o invalidez del acto acusado […]» Esta teoría persistió en vigencia del CCA e inclusive se mantiene con la expedición de la Ley 1437 de 2011, porque la suspensión provisional es considerada como aquella herramienta que permite desactivar transitoriamente la disposición presuntamente transgresora, en garantía del principio de legalidad, es decir, tiene un efecto temporal, sin que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo del litigio.
De acuerdo con ello la providencia que decide sobre la suspensión de un acto administrativo no conlleva a que en sentencia se adopte la misma postura interpretativa, porque solo es en el fallo definitivo donde se analizan en conjunto todos los elementos probatorios, así como los argumentos presentados en los escritos de demanda y contestación. En consecuencia, el hecho que se haya decretado la suspensión provisional en un asunto no quiere decir que el juzgador debe declarar la nulidad de los actos administrativos, so pena de vulnerar el principio de congruencia.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto el ad quem explicó el cambio de postura jurisprudencial y las razones por las cuales adoptaba la decisión objeto del presente recurso extraordinario, lo que de modo alguno constituye una falta de coherencia, como lo reprocha el recurrente. Así las cosas, lo alegado por el recurrente permite colegir que no hay violación del debido proceso, sino una inconformidad con los aspectos jurídicos planteados en la sentencia de segunda instancia, lo que torna improcedente el recurso porque la instancia del proceso ordinario ya se encuentra agotada.
En conclusión, no se encuentra configurada la causal quinta de revisión.
Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. (ordinal 8.° del artículo 250 del CPACA).
Teniendo en cuenta lo establecido por el ordinal 8.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esta causal procede cuando se demuestra: i) la existencia de una sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido; ii) que las dos sentencias son contradictorias; iii) que la sentencia anterior constituye cosa juzgada frente a la sentencia recurrida, en el entendido que existe identidad de partes y que tienen el mismo de objeto y causa; y iv) que en el proceso ordinario que concluyó con la sentencia objeto del recurso de revisión no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada y ésta se haya rechazado.
Ahora bien, la cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente mediante decisión ejecutoriada, no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior, por cuanto lo definido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio e inmutable, es decir, no pueden introducirse en ellos variaciones o modificaciones mediante una nueva providencia.
De acuerdo con esto, un fallo ejecutoriado tiene efectos de cosa juzgada cuando, i) el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, es decir, se pretenda una declaración o condena que ya fue solicitada y debidamente satisfecha por un juez; ii) cuando tenga una misma causa, esto es, los fundamentos facticos de la primera solicitud son los mismos de la segunda; y iii) cuando se trata de las mismas partes, o sea, que haya identidad entre demandante y demandado. Se advierte que los postulados anteriores deben concurrir simultáneamente.
En el presente asunto, la sociedad Opus Ingeniería Ltda., argumentó que la sentencia recurrida es contraria a los antecedentes procesales que dieron lugar a la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferida dentro del proceso 20801, mediante la cual improbó el acuerdo conciliatorio que pretendía cambiar la imputación presupuestal del contrato por el rubro sentencias y conciliación, para pagar al contratista el 35% del contrato que se encontraba en ejecución, es decir que allí se aceptó el incumplimiento contractual por parte de la demandada. Adujo que la sentencia carece de unidad lógica y jurídica con los hechos, fundamentos y declaraciones realizadas por el Icetex en el trámite de conciliación, que constituye cosa juzgada entre las partes.
Al respecto, la Sala concluye que no se configura la causal invocada, ya que el primer requisito para que esta opere es que exista una sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido y en este caso la sociedad pretender estructurarla sobre los antecedentes procesales que dieron origen a un acuerdo conciliatorio extrajudicial que fue improbado judicialmente.
Debe recordar el recurrente que estos antecedentes no tienen la virtualidad pretendida en este proceso, pues de modo alguno las afirmaciones, declaraciones y fundamentos presentados por las partes en los trámites conciliatorios, constituyen una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada entre las partes.
En este caso la conciliación extrajudicial a que llegaron las partes fue improbada judicialmente y por esa razón lo inicialmente pactado tampoco hace tránsito a cosa juzgada ni tiene valor jurídico alguno, pues de acuerdo con el artículo 59 del Decreto 1818 de 1998, solo tienen este efecto el acuerdo y su aprobación, conjuntamente.
Por lo tanto, aunque en este caso inicialmente se celebró un acuerdo en el que las partes aceptaron algunas circunstancias fácticas y jurídicas, este no fue aprobado por la autoridad judicial, lo que descarta de plano la existencia del efecto pretendido por el recurrente sobre lo plasmado en aquel acuerdo. En síntesis, no se demostró la causal invocada.
Decisión del recurso extraordinario especial de revisión.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Especial de Decisión n.°. 19 declarará infundado el recurso extraordinario de revisión de conformidad con los argumentos precedentes, por cuanto no se demostró la configuración de las causales invocadas en los cargos formulados.
De la condena en costas
De conformidad con lo señalado en el artículo 188 del CPACA y en los ordinales 1.° y 2.° del artículo 365 del CGP, la Sala analizará si procede condena en costas dentro del presente asunto conforme los parámetros expuestos por esta Corporación y en cuanto se ha indicado que esta condena se sujeta a la regla del ordinal 8.º del artículo 365 del CGP, según la cual solo habrá lugar a su concesión, cuando en el expediente aparezcan causadas y estén probadas.
En consecuencia, como en el presente asunto no existen elementos que permitan comprobar la causación de erogaciones a cargo de la entidad demandada, no se condenará en costas a la parte recurrente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.° 19, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Opus Ingeniería Ltda., contra la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, de fecha 29 de julio de 2015.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Por Secretaría, previa constancia, devuélvase los expedientes con radicado 25000-23-26-000-2003-00085-00 y 25000-23-26-000-2000-00602-00, remitidos en calidad de préstamo, a las dependencias judiciales correspondientes.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
NICOLÁS YEPES CORRALES
DG/DVB/HOM
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02275-00(REV)
Actor: OPUS INGENIERÍA OBRAS PARA USUARIOS DE SOFTWARE LIMITADA, OPUS INGENIERÍA LTDA
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS TÉCNICOS DEL EXTERIOR, ICETEX
Con el acostumbrado respeto, he de manifestar de entrada que este escrito no se relaciona con el sentido en que fue dictada la decisión, la cual comparto plenamente en cuanto declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y no condenó en costas, la inconformidad que en esta oportunidad me lleva a aclarar el voto atañe a un aspecto muy puntual y que he venido sosteniendo de tiempo atrás sobre la necesidad de incluir en el análisis y el estudio de la condena en costas el factor subjetivo o conductual del sujeto procesal vencido.
A mi juicio, ante la no prosperidad del recurso, no puede aplicarse un criterio exclusivamente objetivo de imposición de las costas, pues no habrá lugar a dicha condena, porque para la procedencia de esta clase de carga, se requiere que se haya probado una conducta temeraria en la interposición del recurso, según lo prevé, en forma general el artículo 188 del CPACA, que remite al CGP, que en su artículo 365 contiene la parte objetiva de la norma, en cuanto dispone la condena en costas, por regla general, para la parte vencida, pero el operador jurídico para efectos de condenar en costas, debe armonizarla con la parte subjetiva o conductual prevista en el artículo 79 del CGP, que dispone: “Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este; 2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; 3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas y 5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso”.
Por otra parte, el numeral 8 del artículo 365 ib, prevé que solo habrá lugar a costas cuando aparezca en el expediente que se causaron y en la medida de su comprobación y así sucesivamente, a lo largo del contenido de ese artículo muchas son las situaciones regladas que no permiten observar como un todo absoluto y en extremo objetivo al numeral 1º de la norma en cita, para afirmar, sin más argumento que quien es vencido en el recurso, indefectiblemente debe ser condenado en costas.
Lo afirmo de esa forma, porque ingresar a un régimen objetivo en materia de costas en el que el solo desfavorecimiento de las pretensiones implique per se una condena, vulnera el derecho a la administración de justicia y desdibuja el papel del juez, en tanto cada persona antes de acudir a la jurisdicción deba asegurarse que ganará la contienda judicial, en vez de permitirle acudir con el propósito de que la autoridad investida para tal efecto le responda si le asiste o no la razón.
Pues bien, descendiendo al caso concreto se observa que la discusión planteada en vía del recurso extraordinario de revisión corresponde al giro normal de posiciones e interpretaciones jurídicas entre quien acude a la administración de justicia y sus jueces naturales, pues con las censuras en revisión la censora pretendió la nulidad de la sentencia de controversias contractuales, a partir de la posibilidad que tenía la entidad contratante de declarar el incumplimiento del contrato, todo dependiendo de la regulación aplicable o bien la Ley 80 de 1993 o bien la Ley 1150 de 2007 y que el juez del recurso extraordinario accediera al fundamento de la censura de existencia de cosa juzgada a partir de que la improbación del acuerdo conciliatorio y en el que consideró el revisionista (Opus Ingeniería Ltda) que la entidad contratante había reconocido el incumplimiento imputable a ésta.
Tampoco se advierte que la conducta de la censora haya sido de aquellas que contengan mala fe o temeridad, sino el ejercicio propio del derecho de toda persona, natural o jurídica, pública o particular, a controvertir lo que considera es injusto con sus derechos, sin que se advierta carencia de fundamento legal por cuanto se apoyaba, en la regulación aplicable al contrato celebrado con ICETEX y en que sobre la litis concreta ya había una determinación atinente al incumplimiento de las obligaciones contractuales.
No se advierte tampoco propósitos ilegales, dolosos o fraudulentos; no obstruyó la práctica de pruebas y no ha sido una postulación reiterada para entorpecer el desarrollo normal del proceso.
Adicionalmente, si nos acogiéramos al método histórico, al rememorar el derogado CCA, se advierte que los recursos extraordinarios, tanto de súplica como de revisión, ya existían para el legislador extraordinario de 1984, quien en el artículo 194 del CCA, al consagrar el recurso extraordinario de súplica, traía la siguiente previsión: “si el recurso es desestimado, la parte recurrente será condenada en costas, para lo cual se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil” y, con todo, para ese entonces, el operador jurídico, se decantaba por el análisis de la temeridad y la mala fe para determinar la condena en costas. En contraste, el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 185 y siguientes del CCA, al igual que el actual 248 del CPACA, guardan absoluto silencio sobre la condena en costas a la parte vencida, argumento que vemos da mayor soporte, para abogar por el mantenimiento de los criterios de temeridad y mala fe con los que se debe analizar la conducta procesal de la parte vencida, previa a la condena en costas en su contra.
Las anteriores razones son suficientes para soportar y reiterar mi discrepancia en cuanto a que el Consejo de Estado se quede en el factor netamente objetivo cuando se trata de evaluar y decidir sobre la procedencia o no de la condena en costas contra el recurrente vencido.
Cordialmente,
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
Folios 3 a 46 del cuaderno 1 del proceso ordinario 2003-00085.
Folio 121 a 128 C. Anexo 1.
Folios 1 a 76 del cuaderno 1-1 y 263 a 357 del cuaderno 1-2 del proceso ordinario 2003-00085.
La cual fue corregida el 11 de marzo de 2005.
Folios 425 a 438 del cuaderno 1-3 del proceso ordinario 2003-00085.
Folios 440 y 450 a 491 ibidem.
Folios 441 a 442 y 492 a 566 ibidem.
Folios 680 a 739 ibidem.
Folios 1 a 17 del cuaderno principal del recurso extraordinario de revisión (radicado 2016-02275).
Radicación: 25000-23-26-000-2000-0602-01
Folio 28 ibidem.
Folios 31 a 35 ibidem.
Folio 37 ibidem.
Folios 38 a 42 ibidem.
Folios 51 a 58 ibidem.
Mediante escrito presentado el 12 de septiembre de 2017
Folios 60 y 61 ibidem.
Folio 70 ibidem.
Mediante auto del 13 de febrero de 2018 (folio 72 ibidem)
« […] COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión […]»
«[…] Créanse en el Consejo de Estado las Salas especiales de Decisión , además de las reguladas en éste Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que éstas les encomiende, salvo los procesos de pérdida de investidura y nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) magistrados, uno por cada uno de las secciones que lo conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto según el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno […]»
«[…] Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado […]»
Artículo 248 del CPACA
Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, del 3 de abril de 2018, radicación 11001-03-15-000-2014-00251-00(REV), demandante Pedro Pablo González Ortiz, demandado Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Ver las sentencias de esta Corporación: i) del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV), demandante: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; y ii) del 3 de abril de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-00251-00(REV), demandante Pedro Pablo González Ortiz.
Cita de cita. Pueden verse, entre muchas otras decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las siguientes: sentencia del 20 de octubre de 2009, radicado 2003-00133; sentencia del 2 de marzo de 2010, radicado 2001-00091, sentencia de la Sala Especial de Decisión Nueve, del 3 de marzo de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00143-00; Sentencia de 3 de febrero de 2015, Radiación No.: 2011-01639-00 (REV). Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección A Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008). Radicación número: 500012331000 200600875 01 No. Interno: 0099-2007
Folio 727 del cuaderno 1-3 del proceso 2003-00085
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 20 de junio de 1973, radicación: 1958, actor: Julio Ortiz Márquez, demandado: Gobierno Nacional. Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 25 de septiembre de 2003, radicación 25000-23-27-000-2000-00464-02 (14092), actor: Agrícola Montecitos Ltda. y Ganadería Montecitos Ltda., demandado: Instituto de Desarrollo Urbano “IDU”
Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 7 de junio de 2018, radicación: 11001-03-28-000-2018-00028-00, demandante: José Joaquín Marchena, demandado: Nevardo Eneiro Rincón Vergara – Representante a la Cámara por el departamento de Arauca. Ver sentencias: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 8 de marzo de 2018, radicación 76001-23-31-000-2002-03960-02(2135-11), demandante Universidad del Valle; y ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 2 de abril de 2013, radicación 11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009, radicación número: 11001-03-24-000-2004-00262-01, reiterada en sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, del 24 de marzo de 2011, expediente 34396. Sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 24 de mayo de 2012, expediente 23221. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia del 26 de julio de 2005. Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00217-01(REV). Radicación: 25000-23-26-000-2000-0602-01
Normativa vigente para la fecha en que se celebró la audiencia de conciliación prejudicial y en que esta se improbó. Norma que regulaba lo siguiente: « […] ARTICULO 59. El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada […]»
Al respecto ver la providencia del 7 de diciembre de 2000, proferida por el Consejo de Estado - Sección Tercera, dentro del proceso radicado 19052, actor: Alfredo Arrieta Fuentes, demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés. Requisito establecido en el artículo 60 del Decreto 1818 de 1998, norma aplicable para la fecha de ocurrencia de los hechos.
« […] Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]»
« […] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. […]» Negrilla fuera del texto
8.
Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23-37-000-2012-00146-01(20485); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00033-01(1377-17); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección B. Bogotá D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-012-18; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 63001-23-33-000-2015-00158-01(23068).
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