República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2016-02881-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
14 de diciembre de 2016
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AUTORIDAD COMPETENTE PARA ATENDER RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA DE MIEMBROS ACTIVOS DE FUERZAS MILITARES
La Sala considera (…) que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene como función legal lo relativo al reconocimiento y liquidación de las asignaciones de retiro, mas no tiene atribuida la de reconocer las asignaciones que en actividad devenguen los miembros de las Fuerzas Militares, función que, en todo caso, le compete al Ministerio de Defensa- Fuerzas Militares en calidad de empleador. Por tanto, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no es la autoridad competente para atender las reclamaciones relacionadas con el reajuste de la asignación básica devengada por los miembros activos de las fuerzas militares, pues como ya se indicó, cumple labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro y de sustituciones, así como la de inversión, manejo y control de los recursos correspondientes (…) Bajo las anteriores consideraciones y después de analizar el auto proferido por el Tribunal accionado, la Sala no advierte la existencia de ninguna vía de hecho que vulnere los derechos fundamentales descritos por el accionante, y, por el contrario, se observa que tal providencia se enmarca dentro de los preceptos del ordenamiento jurídico, pues no resultan de una actuación caprichosa o arbitraria del juzgador, sino que nacen de un estudio juicioso y detallado del caso sometido a su consideración (…) advierte la Sala que los argumentos expuestos por el actor también se plantearon en el recurso de apelación y fueron debidamente resueltos en la providencia censurada, por lo que debe insistirse que esta no es una tercera instancia en la que quepa reabrir el debate jurídico, pues ello conllevaría a la desnaturalización de la acción de tutela como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales.
NOTA DE RELATORIA: En esta sentencia se estudian las funciones y competencias de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, además del Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02881-00(AC)
Actor: LUIS CUSTODIO MEJÍA SILVA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA
Solicitud de Tutela
El ciudadano Luis Custodio Mejía Silva, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, interpone acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, los cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 24 de agosto de 2016.
Pretensiones
Busca el actor el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y, en consecuencia: i) se «deje sin valor» la providencia del 24 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F; y ii) se ordene al órgano accionado dictar una nueva decisión «en el sentido que la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES si está legitimada por pasiva respecto de la pretensión del reajuste en la asignación de retiro del señor LUIS CUSTODIO MEJÍA SILVA».
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante expone los siguientes:
1.3.1. El cinco de mayo de 2015, presentó petición ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL-, solicitando el reajuste de su asignación de retiro con fundamento en el inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000.
1.3.2. A través de oficio núm. 34799 de 27 de mayo 2015, la entidad le contestó negativamente a su petición.
1.3.3. El 13 de noviembre 2015, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL- con la finalidad de obtener, entre otras, el reajuste en la asignación de retiro.
1.3.4. En primera instancia el asunto fue conocido por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que en audiencia inicial 19 de julio 2016 declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares –CREMIL- respecto de la pretensión de reajuste y reliquidación de la asignación de retiro del actor teniendo en cuenta el 20% adicional desde la fecha en que le fue concedido el derecho hasta la inclusión de la mesada pensional.
1.3.5. En función de lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda- Subsección «F» mediante auto del 24 de agosto 2016 que confirmó la decisión de primera instancia.
2. Actuación procesal
2.1. Trámite
La acción de tutela fue admitida por esta Corporación mediante auto de primero de noviembre de 2016, en el que además se ordenó notificar como accionados a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, y a la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares como tercero interesado en la resultas del proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
2.2. Intervenciones
2.2.1 Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Mediante escrito de fecha 11de noviembre de 2016, el magistrado ponente de la providencia atacada, Luis Alfredo Zamora Acosta, solicita no acceder a las pretensiones del accionante y negar la acción de tutela.
Sobre el particular, sostiene que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es la entidad encargada del reconocimiento y pago de las prestaciones de las personas en retiro, conforme a la hoja de servicios militares remitida por el Ministerio de Defensa. De esta manera, argumenta que el accionante debió encaminar la demanda contra el Ministerio de Defensa Nacional (que es el encargado de pagar los salarios de los miembros de la Fuerza Pública), y no contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, pues esta no se encuentra legitimada para calcular la base para la asignación salarial y prestacional de los servidores activos pertenecientes a las Fuerzas Militares.
Por último, reiteró el argumento de su decisión, afirmando que si bien es cierto que los soldados profesionales incluidos dentro de los supuestos previstos en el inciso 2º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000 (en razón a que se encontraban vinculados como soldados voluntarios con anterioridad al 31 de diciembre de 2000), tienen derecho a que se les reconozca un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, también lo es que tal inclusión no le compete a la CREMIL, pues a pesar de ser la encargada de establecer la liquidación de la asignación de retiro para los militares, tal facultad le viene condicionada por el monto certificado en la hoja de servicios elaborada por la entidad nominadora, es decir, el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
2.2.2. De la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
La apoderada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares manifestó que lo pretendido por la parte accionante es emplear la acción de tutela como una tercera instancia, pues expuso los mismos argumentos que ya fueron decididos y debatidos en las instancias judiciales correspondientes, cuyos resultados se reflejaron en la sentencia cuestionada. Así mismo, indicó que esa entidad no se encuentra legitimada para calcular la base para la asignación salarial y prestacional de los servidores activos pertenecientes a las Fuerzas Militares. Por todo ello, solicita desvincular a la entidad y negar la acción impetrada.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 2.º del artículo 1.º del Decreto 1382 de 2000, según el cual «cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado», esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela dirigida contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda.
3.2. Problema Jurídico
De encontrarse procedente el ejercicio de la presente acción de tutela, la Sala deberá determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, en la providencia del 24 de agosto de 2016, incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, al confirmar la decisión del Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que mediante auto de 19 de julio de 2016 declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares.
Con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, la Sala considera necesario abordar los siguientes temas: la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los requisitos generales de procedencia, los requisitos especiales de procedibilidad, el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, los hechos probados, el análisis de la Sala y, por último, la conclusión.
3.3. De la procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales
Con el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y, desde entonces, la Corte Constitucional a través del examen de constitucionalidad se dio a la tarea de estudiar la procedencia de la acción contra providencias judiciales, llegando a considerar en la sentencia C-543 de 1992 la tesis más restrictiva de improcedencia. Sin embargo, a partir de esta providencia se allanó el camino para que la Corte comenzara a establecer los casos en los que procede el amparo en contra de providencias judiciales, determinando su procedencia en una amplia línea jurisprudencial que finalmente convergió en la sentencia C-590 de 2005, donde se reunieron las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra de las decisiones judiciales que, según expuso la Corte, tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa y, por contera, consolida las bases jurídicas para la interdicción de la arbitrariedad judicial.
Ahora bien, la acción de tutela como mecanismo de garantía constitucional faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos determinados por la ley. Dada su naturaleza subsidiaria, únicamente resulta procedente cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial o, teniéndolos, no se muestran ni idóneos ni eficaces para hacer efectiva la protección deprecada y la acción constitucional puede entonces sustituirlos como mecanismo transitorio.
En esa lógica, en sentencia de unificación de jurisprudencia de cinco de agosto de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado acogió la tesis que se venía aplicando en la mayoría de sus secciones y subsecciones respecto de la posibilidad de admitir las acciones de tutela contra providencias judiciales, e indicó que son procedentes, siempre y cuando las demandas lleven por objeto el amparo de los derechos constitucionales fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa (artículo 29) o con el acceso a la administración de justicia (artículo 229). Asimismo, y como garantía del principio de la seguridad jurídica, dejó establecido en seis meses el término prudencial para considerar satisfecho el principio de la inmediatez, el cual únicamente cabe reconsiderarse cuando el juez encuentre válidamente justificada una dilación superior.
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
3.3.1. El asunto tiene relevancia constitucional, pues se discute sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso (artículo 29 C.P.), el acceso a la administración de justicia (artículo. 229 C.P.), y la igualdad (artículo 13 C.P.).
3.3.2. Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial, ya que la decisión acusada resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia de primera instancia del 19 de julio de 2016 y contra aquella no procede recurso alguno.
3.3.3. Se presentó con inmediatez, dentro de un término razonable, toda vez que la providencia fue proferida el 24 de agosto de 2016, y la acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 26 de septiembre 2016 (f. 126), cumpliendo con los parámetros fijados por la Sala Plena de esta Corporación.
3.3.4. Los hechos y los argumentos que se presentaron son claros en el escrito de tutela.
3.3.5. La presente acción no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, toda vez que la providencia censurada fue proferida al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Conforme a lo anterior, el presente asunto reúne las exigencias requeridas para que prospere el estudio de la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por ello se procederá a desarrollar el examen de las causales especiales de procedibilidad, alegadas como presupuesto para el estudio de la tutela contra providencia judicial.
3.4. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.4.1. El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
Sostiene el apoderado de la parte actora, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el defecto sustantivo porque desconoció los precedentes jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado en relación con asuntos similares al del señor Mejía Silva. Concretamente,
[E]xisten precedentes jurisprudenciales dictados por el Honorable Consejo de Estado, en eventos similares al que se estudia, es decir, que los derechos pensionales (asignación de retiro), con la característica de irrenunciables e intransigibles, que fueron citados en el recurso y en el presente escrito de tutela (f. 125).
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto material o sustantivo se configura en aquellos casos en los que el litigio se decidió con base en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando las providencias enjuiciadas presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos jurídicos y la decisión.
Esto ocurre cuando el juez desconoce una norma o centra su argumento sobre una que resulta abiertamente inaplicable, ya sea porque: (i) la norma perdió vigencia; (ii) es inconstitucional; (iii) el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iv) excede la autonomía interpretativa del juez; (v) es insuficiente la sustentación o justificación de la providencia y se afecta con ello derechos fundamentales y, (vi) desconoce el precedente judicial sin presentar unas mínimas razones para argumentar el cambio de postura.
En lo que al sub lite interesa, el precedente se ha entendido, por regla general, como aquella sentencia o conjunto de sentencias que «presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso». La anterior noción, se ha adoptado en sentencias como la T-794 de 2011, en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el precedente:
(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.
Ahora, la Corte ha diferenciado dos clases de precedentes teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia de referencia: el horizontal y el vertical. El primero abarca aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial. El segundo, se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.
4. Marco normativo
Se ha de recordar a este respecto que los artículos 3.º y 4.º del Acuerdo núm. 008 de 2008, establecen que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, como establecimiento público del orden nacional, se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, rigiéndose por las normas orgánicas del Decreto Ley 2342 de 1971, Decreto Ley 2002 de 1984, Ley 489 de 1998 y por las disposiciones del mentado Acuerdo.
Asimismo, los artículos 5.º y 6.º del mencionado Acuerdo 008 de 2008, determinan su objeto y funciones, fijando con meridiana claridad el alcance de sus competencias:
Artículo 5. - Objeto. - La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene como objeto fundamental reconocer y pagar las Asignaciones de Retiro al personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que consoliden el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus beneficiarios, y contribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de seguridad social adopte el Gobierno Nacional respecto de dicho personal.
Artículo 6. - La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su objeto y dentro del marco de las normas legales vigentes, desarrollará las siguientes funciones:
1. Colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en la formulación de la política y planes generales en materia de seguridad y previsión social en relación con el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares con asignación de retiro y sus beneficiarios en goce de sustitución pensional.
2. Administrar directa o indirectamente los bienes muebles e inmuebles y los recursos de capital que constituyan el patrimonio de la Entidad, o aquellos que sin ser de su propiedad se confíen a su manejo.
3. Reconocer y pagar oportunamente las asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones que la Ley señale, a quienes adquieran este derecho.
4. Adelantar campañas y programas de bienestar social a favor de sus afiliados y de sus propios servidores.
5. Las demás que correspondiendo a sus objetivos, sean necesarias para el buen cumplimiento de los mismos.
Por otro lado, el Decreto 1793 de 2000 «por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares», indica en su tenor literal:
Artículo 3. Incorporación. La incorporación de los soldados profesionales a las Fuerzas Militares de Colombia, se hará mediante nombramiento por orden de personal de los respectivos Comandos de la Fuerza, atendiendo a las necesidades de las fuerzas y a la planta de personal que haya sido aprobada por el Gobierno Nacional.
[…]
Artículo 38. Régimen Salarial y Prestacional. El Gobierno Nacional expedirá los regímenes salarial y prestacional del soldado profesional, con base en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, sin desmejorar los derechos adquiridos.”
En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, se expidió el Decreto 1794 de 2000, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares el cual consagra:
Artículo 1. Asignación Salarial Mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).
Artículo 2. Prima de Antigüedad. […]
Parágrafo. Los soldados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los comandantes de fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con la antigüedad que certifique cada fuerza, expresada en número de meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en este decreto respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.
5. Hechos probados
5.1. El cuatro de mayo de 2015, el señor Mejía Silva presentó derecho de petición ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el propósito de obtener el reajuste del 20% en la asignación de retiro fundamentada en un SMLMV incrementado en un 60% (ff. 5 al 16).
5.2. Mediante Oficio 34799 de 27 de mayo de 2015, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares negó la petición (f. 17).
5.3. El 23 de julio de 2015, el apoderado del señor Mejía Silva presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares donde solicitó la nulidad del Oficio 34799 de mayo de 2015 (ff. 18 al 27).
5.4. En el trámite de la audiencia inicial, celebrada el 19 de julio de 2016, el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró de oficio probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (ff. 29 al 32).
5.5. Presentado el recurso de apelación por la parte demandante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, mediante auto de 24 de agosto de 2016, decidió confirmar la providencia de primera instancia (ff. 37 al 39).
6. Análisis de la Sala
6.1.1 En el presente asunto, alega el apoderado de la parte actora que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, como consecuencia de la decisión de 24 de agosto 2016, por la cual confirmó la del Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que había declarado probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Para el accionante, si bien es cierto (como arguye el Tribunal) que el nominador de su representado es otra entidad del Estado, concretamente el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, también lo es que existen sentencias (de tutela) proferidas por esta Corporación en relación con el mismo tema (el reajuste del 20% en la asignación de retiro) en las cuales, enfatiza, la entidad demandada dentro los procesos ordinarios cuyos fallos se accionaron es la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares. De ahí que considere que haber propuesto como parte accionada únicamente a esa entidad no era obstáculo para que la pretensión de la demanda hubiese prosperado.
6.1.2. Examinado el expediente de tutela, se tiene que, en efecto, el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de providencia del 19 de julio de 2016, consideró que la CREMIL no tenía dentro de sus funciones la facultad de disponer el reconocimiento y pago del reajuste del 20% sobre el salario que devengaba el actor; que la CREMIL es quien liquida la asignación de retiro conforme a la hoja de servicios que adopta el Ministerio de Defensa Nacional, según lo dispuesto en los artículos 234 y 235 del Decreto 1211 de 1990, por lo que la prerrogativa de aumentar el monto de la asignación básica mensual que se calcula para la asignación de retiro desborda las facultades de dicha entidad, en tanto no puede modificar los valores que se consignan en la hoja de servicios de los militares. Y en esa lógica, el Juez declaró «probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (…) con relación al reconocimiento y pago del reajuste de la asignación de retiro con la inclusión de una asignación salarial mensual equivalente al salario mínimo legal vigente incrementado en un 60% (…)».
6.1.3. Por su parte, al resolver el recurso de apelación mediante auto de 24 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó que debía confirmar el pronunciamiento de la primera instancia, por cuanto según el artículo 3º de la Ley 923 de 2004, la CREMIL «cumple labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones (…)», por lo que «no puede afirmarse que es [la] responsable de la remuneración de los miembros activos de la fuerza pública, ya que ello es una obligación que está en cabeza del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional». Al respecto, el Tribunal afirmó que:
En el caso de solicitudes del reajuste salarial, como sucede en el presente caso, es claro que las Fuerzas Militares al fijar los salarios de sus integrantes, en los montos que se verán reflejados en la asignación de retiro correspondiente, la petición no podrá ser resuelta por la entidad demandada CREMIL, toda vez que quien interpreta las normas para hallar el salario a devengar por los soldados profesionales, que afectará la asignación de retiro, es el ente nominador y en ese sentido la entidad demandada carece de tales competencias. [Negrillas fuera del original]
6.2. Pues bien, de las claras voces de las normas pretranscritas, la Sala considera, tal como lo sostuvo el órgano judicial accionado, que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene como función legal lo relativo al reconocimiento y liquidación de las asignaciones de retiro, mas no tiene atribuida la de reconocer las asignaciones que en actividad devenguen los miembros de las Fuerzas Militares, función que, en todo caso, le compete al Ministerio de Defensa- Fuerzas Militares en calidad de empleador.
Por tanto, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no es la autoridad competente para atender las reclamaciones relacionadas con el reajuste de la asignación básica devengada por los miembros activos de las fuerzas militares, pues como ya se indicó, cumple labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro y de sustituciones, así como la de inversión, manejo y control de los recursos correspondientes.
6.3. En este punto, cabe resaltar que esta Sala de Subsección ha tenido la oportunidad de pronunciarse recientemente en diversas ocasiones frente al tema específico. Así por ejemplo, en sentencia del 11 de mayo de 2016 con ponencia del magistrado William Hernández Gómez, proferida dentro del proceso de acción de tutela radicado con radicado 1001031500020160076600 denegó el amparo solicitado al considerar que «CREMIL no es la autoridad competente para atender las reclamaciones relacionadas con el reajuste de la asignación básica devengada por los miembros activos de las fuerzas militares», y en la sentencia del 12 de mayo de 2016, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández y radicado 11001031500020160089100, donde, en un caso análogo fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, también denegó el amparo al determinarse la falta de legitimación en la causa por pasiva de la CREMIL para el reajuste de la asignación básica devengada por los miembros activos de las fuerzas militares.
6.4. Bajo las anteriores consideraciones y después de analizar el auto proferido por el Tribunal accionado, la Sala no advierte la existencia de ninguna vía de hecho que vulnere los derechos fundamentales descritos por el accionante, y, por el contrario, se observa que tal providencia se enmarca dentro de los preceptos del ordenamiento jurídico, pues no resultan de una actuación caprichosa o arbitraria del juzgador, sino que nacen de un estudio juicioso y detallado del caso sometido a su consideración.
Además, advierte la Sala que los argumentos expuestos por el actor también se plantearon en el recurso de apelación y fueron debidamente resueltos en la providencia censurada, por lo que debe insistirse que esta no es una tercera instancia en la que quepa reabrir el debate jurídico, pues ello conllevaría a la desnaturalización de la acción de tutela como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales.
Finalmente, no se acredita el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, pues, no se invoca sentencia alguna emitida por el órgano de cierre que se hubiera contrariado.
5. Conclusión
La presente acción de tutela no está llamada a prosperar, habida cuenta de que la decisión judicial cuestionada se encuentra debidamente motivada y se profirió en cumplimiento de las normas y de la jurisprudencia que la autoridad judicial accionada, como juez natural del proceso, consideró aplicables al asunto debatido, sin que se evidencie ninguno los defectos que la jurisprudencia ha señalado como constitutivos de la vía de hecho.
Por tanto, la providencia demandada no incurre en el defecto sustantivo alegado, pues el caso fue analizado bajo las normas que le eran aplicables a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y con fundamento en la jurisprudencia que esta misma Subsección, en sede de tutela, ha proferido en relación con las providencias que han declarado la falta de legitimación en la causa por pasiva de la mentada entidad respecto de la asignación básica devengada por los miembros activos de las Fuerzas Militares.
En consecuencia, al no advertirse la configuración de ninguno de requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala denegará la acción impetrada por el señor Luis Custodio Mejía Silva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad que le confiere la ley,
Falla:
DENEGAR la tutela de los derechos fundamentales invocados por el señor Luis Custodio Mejía Silva dentro de la acción de la referencia, conforme lo expuesto en la parte motiva.
De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Folios 142 a 146.
Folios 147 a 151.
(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance, (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, (iv) Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna, (v) Que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado su vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
(i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de julio de 2012, radicado Nº: 2009-01328-01. MP: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. « [L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho (8) causales específicas que a día de hoy se conocen como: (i) el defecto orgánico, (ii) el defecto procedimental, (iii) el defecto fáctico, (iv) el defecto material o sustantivo, (v) el error inducido, (vi) la decisión sin motivación, (vii) el desconocimiento del precedente, y (viii) la violación directa de la Constitución. De estas, el accionante en la presente tutela alega la configuración de dos; a saber: el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución (folio 125).
Corte Constitucional. Sentencia T-267 de 2013 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Es decir por grave error en la interpretación de la norma, ya sea por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o por ser su interpretación contraria a la Constitución Política.
El precedente, se diferencia del antecedente en que este último se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (Sentencia T-830 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Ver entre otras, T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
Al respecto, las sentencias T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011 M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
«Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Caja de retiro de las Fuerzas Militares».
Respecto del reconocimiento y pago del reajuste de la asignación de retiro con la inclusión de una asignación salarial mensual para su representado, el señor Luis Custodio Mejía Silva.
Folio 39.
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