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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-03385-01

Providencia judicial: procedencia

Fecha
19 de marzo de 2019
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-03385-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 18 de enero de 2017 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual amparó el derecho al debido proceso del señor William Villamizar Laguado. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2016-03385-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

19 de marzo de 2019

SENTENCIA POR IMPORTANCIA JURÍDICA / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia

Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la
ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho
planteada. Ellos son los siguientes:(i) La cuestión que se discute tiene relevancia
constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que
cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando
se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia
que se impugna y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera
clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi)
la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela. (…) Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la
decisión judicial cuestionada, los cuales se resumen así: a) Defecto orgánico,
cuando hay carencia absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual
ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, cuando el juez carece de apoyo
probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el
material probatorio que obra en el expediente para proferir la decisión; d) defecto
material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso,
arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales,
específicamente ocurre cuando se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, a contrapelo de ellas o que exista una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño que incide en decisión judicial que afecta
derechos fundamentales; f) decisión sin motivación alguna; g) desconocimiento del
precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales ver entre otras, sentencias T-079 de 1993,T-231 de
1994, T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-814 de 1999, T-1009 de 2000, T-842 de
2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de
2004, T-1244 de 2004, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de
2008, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T-074 de 2012, T- 509 de 2013, T- 254 de
2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015, Sentencia de unificación por importancia
jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de
agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-
000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela ver Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007

PERJUICIO IRREMEDIABLE – Características

[L]a Corte Constitucional ha iterado que para que se considere la
configuración del perjuicio irremediable debe cumplirse con las siguientes
características: (i) Debe ser inminente, (ii) debe requerir medidas urgentes
para ser conjurado, (iii) tiene que ser grave y (iv) sólo puede evitarse con la
implementación de medidas impostergables

FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86

RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN – Cuando se trata de
proceso de pérdida de investidura de concejales, diputados y ediles

[L]a Sección Primera del Consejo de Estado, al interpretar la Ley 136 de
1994, ha tenido disímiles posiciones sobre la procedencia del recurso
especial de revisión, cuando se trata del juicio de pérdida de investidura de
concejales, diputados y ediles. En efecto, la referida Sección sostenía que el
citado recurso solo procedía en contra de las sentencias proferidas en única
instancia por los Tribunales Administrativos y por tanto, en el asunto de la
referencia no era aplicable el artículo 17 de la Ley 144, que regula el recurso
extraordinario especial de revisión. (…) En resumen, la acción de tutela
instaurada por el señor William Villamizar Laguado cumple con los
requisitos generales fijados para la procedencia de aquella en contra de la
sentencia del 28 de julio de 2016 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, por cuanto al no existir un recurso idóneo y al tratarse
de proteger el principio democrático expresado en una elección por voto
popular, es necesario activar el amparo constitucional inmediato, con lo cual
se evita un perjuicio irremediable

FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 / LEY 144 DE 1994

DEBIDO PROCESO – Por violación directa de la Constitución

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
advierte (…) que la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección
Primera de esta corporación judicial que decretó la pérdida de investidura
del concejal Villamizar Laguado, quebrantó el derecho fundamental al
debido proceso por violación directa de la Constitución Política. Ello se
explica por dos razones: 1) Aplicó en forma inadecuada el artículo 193 del
Código General del Proceso en un juicio sancionatorio, lo cual resultó
determinante en el decreto de la pérdida de investidura y, 2) violó el
principio de culpabilidad al abstenerse de analizar debidamente el elemento
cognitivo de la conducta que se considera reprochable, porque para la
época de la aprobación del Acuerdo 0073 de 2002 no existía una posición
pacífica sobre la competencia de los concejos municipales para crear o
extender factores salariales que beneficiaran a los empleados del orden
territorial

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 193 / ACUERDO 0073 DE
2002

PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Naturaleza / SANCIÓN EN
PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Consecuencias jurídicas

[E]s un juicio de carácter sancionatorio que debe regirse por los principios
orientadores, entre otros, por la presunción de inocencia, la buena fe, la
favorabilidad, el non bis in ídem, la culpabilidad, legalidad o tipicidad, pro
homine. (…) El juicio de pérdida de investidura puede culminar con la más

grave sanción al derecho de ser elegido, esto es, la imposibilidad de
continuar desempeñando el cargo y la inhabilidad absoluta e intemporal
para ocupar otro cargo de elección popular. Por ello, con mayor razón, el
citado juicio debe guiarse por los principios del debido proceso de la
naturaleza sancionatoria

FUENTE FORMAL: LEY 1881 DE 2018

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio pro homine ver entre otras sentencias:
SU-515 de 2013 y C-207 de 2003. Posición reiterada posteriormente en la SU-424
de 2016

CONFESIÓN MEDIANTE APODERADO – Incompatible con proceso
sancionatorio

En el caso bajo estudio se advierte que la Sección Primera del Consejo de
Estado aplicó rigurosamente el artículo 193 del Código General del
Proceso, el cual admite la confesión mediante apoderado judicial, a pesar
de que dicha norma no se ajusta, ni es compatible con un proceso
sancionatorio. De allí que se concluya en esta tutela que no es plausible
admitir en el juicio sancionatorio la confesión por medio de apoderado,
debido que esta debe ser personal, asertiva, libre, espontánea, que
produzca consecuencias jurídicas adversas concretas. (…) [L]a Sección
Primera del Consejo de Estado incurrió en violación directa de la
Constitución porque la decisión de aplicar el artículo 193 del Código
General de Proceso, implicó la falta de garantías para salvaguardar el
derecho al debido proceso

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 193

INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS – Presupuestos

[E]n los procesos de pérdida de investidura, en los que se alega la
configuración de la causal de indebida destinación de dineros, debe
demostrarse clara y fehacientemente que el acusado actuó con un interés
dañino con el que pretendía obtener un beneficio para sí o para terceras
personas al destinar los dineros públicos a objetos distintos a los
autorizados o a materias innecesarias o propósitos no permitidos
legalmente, o actuó sin la debida diligencia exigida para el cargo que
desempeñaba y por ello se presentó una indebida destinación de dineros
públicos

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 312 / LEY 136 DE
1994 - ARTICULO 55 / LEY 617 DE 2000 – ARTICULO 48

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

Referencia: IMPORTANCIA JURÍDICA – ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencias judiciales del Consejo de Estado. Pérdida de
Investidura. Aplicación indebida del artículo 193 del CGP en supuesta confesión
del apoderado judicial, incompatible con la naturaleza sancionatoria del juicio de
pérdida de investidura. Principio de la responsabilidad subjetiva. Adecuación típica
de la causal destinación de dineros públicos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
decide la impugnación presentada por la parte accionada en contra de la
sentencia del 18 de enero de 2017, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda de esta corporación judicial.

2. Al respecto, se aclara que el 11 de julio de 2017 la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo asumió el conocimiento de la presente acción
de tutela por importancia jurídica y fines de unificación1. En la Sala del 19
de junio de 2018 no se aprobó el proyecto presentado por el magistrado
Milton Cháves García, por lo cual el expediente pasó al magistrado en turno,
esto es, al magistrado Oswaldo Giraldo López. Sin embargo, el 12 de
febrero de 2019 el proyecto tampoco fue aceptado y, en consecuencia,
continuó en turno para presentar una nueva ponencia al Despacho del
magistrado William Hernández Gómez.

DECISIONES JUDICIALES -PÉRDIDA DE INVESTIDURA-

3. El 31 de julio de 2015 el señor Hernán Alfonso Oviedo Lozano solicitó la
pérdida de investidura del concejal William Villamizar Laguado, elegido para

1 En las siguientes materias: 1. Procedencia de la acción de tutela, para estudiar providencias proferidas por el

Consejo de Estado, como máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 2. Procedencia
de la acción de tutela contra las sentencias de pérdida de investidura, 3. Poder del juez constitucional para
estudiar de fondo asuntos que le competen, por disposición normativa, al juez natural, 4. Normativa procesal
aplicable al trámite de acciones de tutela y 5. Alcance de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos —reconocimiento de factores salariales—.

el período constitucional 2001 a 2003, por la circunscripción territorial de
Cúcuta, porque consideró que incurrió en la causal prevista en el ordinal 4.º
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es, indebida destinación de
dineros públicos.

4. Para sustentar su posición, el solicitante afirmó que el concejal precitado
votó favorablemente el proyecto del Acuerdo 0073 del 29 de octubre de
2002, por medio del cual se crearon unos factores salariales (bonificación
por servicios prestados, prima de servicios) en beneficio de los empleados
públicos de la administración central y descentralizada del mencionado
municipio, a pesar de que el concejo municipal carecía de competencia para
fijarlos, lo cual conllevó a un detrimento patrimonial de la entidad territorial.

5. Una vez se agotó el trámite procesal, el 6 de octubre de 2015 el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia de primera instancia,
en la cual negó la solicitud de pérdida de investidura porque en su criterio
no se demostró que la conducta del concejal cumpliera con las exigencias
indicadas en la ley para la configuración de la causal invocada. Por lo
anterior, el señor Oviedo Lozano interpuso recurso de apelación en contra
de la decisión judicial mencionada.

6. En la segunda instancia, el 28 de julio de 2016, la Sección Primera del
Consejo de Estado revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura del
señor William Villamizar Laguado. Fundamentó la decisión en que el
concejal votó afirmativamente el proyecto del Acuerdo 0073 de 2002, hecho
que fue reconocido expresamente por su apoderado judicial en el trámite de
la pérdida de investidura. Por tanto, la Sección Primera concluyó que el voto
favorable permitió o favoreció que se destinaran dineros públicos a objetos
no autorizados por la Constitución, la ley o el reglamento.

7. Posteriormente, el señor Villamizar Laguado solicitó aclaración de la
sentencia frente al alcance de la decisión respecto del cargo que
desempeñaba como gobernador del departamento de Norte de Santander.
El 13 de octubre de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado negó
la petición presentada porque no se presentaron conceptos que ofrecieran
un verdadero motivo de duda.

ACCIÓN DE TUTELA

8. El 16 de noviembre de 2016, el señor William Villamizar Laguado
presentó acción de tutela en contra de la sentencia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el trámite de la segunda instancia de la
pérdida de investidura, porque consideró que dicha decisión vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la «no autoincriminación» y al
derecho a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para el efecto, sostuvo que la precitada autoridad judicial incurrió
en desconocimiento del precedente judicial por cuanto analizó el caso a la
luz de la responsabilidad objetiva, a pesar del pronunciamiento efectuado
por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-501 de 2015.

9. Adicionalmente, estimó que la mencionada Sección incurrió en violación
directa de la Constitución Política y en defecto sustantivo porque, por una
parte, aplicó el artículo 193 del Código General del Proceso con
desconocimiento del derecho a la «no autoincriminación» contenido en el
artículo 33 de la Constitución Política, al tener por probado que participó y
votó afirmativamente el proyecto del Acuerdo 0073 de 2002 y, por el otro
lado, omitió examinar minuciosamente los motivos por los cuales
consideraba que el Concejo no podía expedir el mencionado Acuerdo,
máxime cuando el mismo no ha sido declarado nulo.

10. En consecuencia, el accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia del
28 de julio 2016 y el correspondiente auto de aclaración de la misma,
expedidos por la Sección Primera del Consejo de Estado. Por consiguiente,
requirió dejar en firme el fallo del 6 de octubre de 2015 dictado por el
Tribunal Administrativo del Norte de Santander, que negó la pérdida de
investidura.

CONTESTACIONES A LA TUTELA

Sección Primera del Consejo de Estado (ff. 104-117 vto).

11. El magistrado ponente de la pérdida de investidura controvertida,
expuso que el accionante no precisó los defectos que en su criterio se
presentaron en la providencia. En relación con la alegada violación al
principio de «no autoincriminación», indicó que en la sentencia se
examinaron las decisiones judiciales de la Corte Constitucional y con base
en ello se analizó que en el caso concreto se cumplieron los lineamientos
estipulados en el Código General del Proceso para la confesión.

12. Argumentó que el señor William Villamizar Laguado confesó a través de
su apoderado judicial. Sostuvo que éste último estaba autorizado para
confesar en los términos del artículo 193 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión de la Ley 1437. Así, de forma libre y consciente

aceptó haber participado y votado afirmativamente el proyecto que dio lugar
al Acuerdo 0073 de 2002. Por consiguiente, no se violó la garantía
constitucional de «no autoincriminación».

13. Añadió que el señor Villamizar no alegó, dentro de la instancia procesal
pertinente, que hubiera acudido al concepto de profesionales del derecho o
de entidades públicas en los que hubiera considerado la viabilidad de
expedir el Acuerdo. Así como tampoco acreditó otras circunstancias para
excluir su culpabilidad, por lo cual fue evidente su actuar culposo. Concluyó
que no se presentó defecto sustantivo ni violación del precedente judicial y,
por ende, solicitó denegar la solicitud de amparo constitucional de la
referencia.

Registraduría Nacional del Estado Civil (ff. 119-127).

14. Estimó que la Registraduría Nacional del Estado Civil carece de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que no tiene competencia para
analizar y pronunciarse sobre la pérdida de investidura de personas
elegidas por voto popular. Asegura que no ha afectado o lesionado los
derechos del accionante.

15. En todo caso, mencionó que el señor Villamizar Laguado no demostró la
configuración de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales. Al contrario, destacó
que en el proceso se garantizó el derecho de defensa y la sentencia fue
debidamente sustentada e hizo tránsito a cosa juzgada. Por último, solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela.

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

16. El 18 de enero de 2017 la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso del
accionante, en los siguientes términos (ff.141-159 vto):
«[…] PRIMERO: TUTÉLASE el derecho al debido proceso del señor
William Villamizar Laguado, con fundamento en las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 28 de julio de
2016 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera dentro del
proceso de pérdida de investidura instaurado por el señor Hernán
Alfonso Oviedo Lozano contra el señor William Villamizar Laguado, en
su lugar:

TERCERO: ORDÉNASE al Consejo de Estado – Sección Primera que,
en el término de 30 días contados a partir de la notificación del
presente fallo, proceda a dictar una nueva sentencia teniendo en
cuenta, para el efecto, las consideraciones expuestas en esta
providencia […]».

17. La sentencia de tutela de primera instancia se fundamentó en las
siguientes razones: (i) Consideró que la pérdida de investidura de
concejales se rige por la Ley 144 de 1994, aunque no regule la materia
probatoria. Resaltó que las normas de remisión aplicables son aquellas
compatibles con la naturaleza sancionadora de la pérdida de investidura. En
ese sentido, indicó que las normas del Código General del Proceso no son
armonizables con ese tipo de proceso, por lo cual lo procedente es aplicar el
régimen probatorio del proceso disciplinario, el cual remite al Código de
Procedimiento Penal. (ii) Explicó que la Ley 906 de 2004, actual Código de
Procedimiento Penal, en su artículo 8.º regula que nadie puede ser obligado
a declarar en contra de sí mismo ni «auto incriminarse». Empero, es factible
renunciar a ese derecho, siempre y cuando se trate de una manifestación
libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En esa línea de
ideas, coligió que en materia penal la confesión es válida, pero debe hacerla
la persona implicada, ya que no existe norma que permita la confesión a
través de otra persona. Por consiguiente, concluyó que la Sección Primera
del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al aplicar
indebidamente el precitado artículo, a pesar de que no es compatible con la
naturaleza del proceso sancionatorio. (iii) No puede entenderse que el ahora
accionante votó afirmativamente el proyecto del Acuerdo porque, incluso si
se aceptara la confesión, lo cierto es que únicamente se afirmó que el
concejal Villamizar participó y voto en la aprobación del Acuerdo, pero nada
se dijo sobre el sentido de su voto. (iv) Consideró que la lectura del Acta del
22 de octubre de 2002, en la que se dejó constancia de las intervenciones
realizadas en el Concejo Municipal sobre la aprobación en segundo debate
del proyecto de Acuerdo, no permite inferir que el señor Villamizar Laguado
u otro concejal haya votado favorablemente el proyecto. Por lo tanto, la
Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico. (v) Por
último, advirtió que el Acuerdo 0073 de 2002 goza de presunción de
legalidad, puesto que a la fecha de la sentencia de tutela no había sido
declarado nulo. De igual forma, aclaró que inclusive si se hubiera declarado
su nulidad, lo cierto es que ello no implica el decreto de la pérdida de
investidura, debido a que deben examinarse otros aspectos que permitan
evidenciar la responsabilidad del acusado.

IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA
INSTANCIA

18. El 17 de febrero de 2017 el magistrado ponente de la Sección Primera
del Consejo de Estado impugnó la sentencia de tutela dictada en primera
instancia. Los principales argumentos se resumen así:

(i) La aplicación del artículo 193 del Código General del Proceso no
constituye un defecto sustantivo.
(ii) La Ley 144 de 1994 omitió regular el régimen probatorio aplicable.
(iii)El régimen probatorio del proceso de pérdida de investidura está
compuesto por las normas especiales previstas en la Ley 1437 de
2011 y en lo que no esté expresamente regulado, debe suplirse
con las disposiciones del Código General del Proceso.
(iv) El Consejo de Estado, en procesos de pérdida de investidura ha
aplicado las disposiciones del Código General del Proceso en
materia probatoria. Por consiguiente, la sentencia dictada siguió el
precedente fijado por la Sala Plena de la corporación.
(v) La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
respetó los limites propios del juez de tutela y se convirtió en una
instancia revisora de la actividad de la evaluación probatoria del
juez ordinario, porque no tenía competencia para resolver un
conflicto de interpretación del derecho legislado, lo cual
corresponde al juez de la causa, que en este caso es la Sección
Primera del Consejo de Estado.
(vi) El juez de tutela de primera instancia tuvo presente que no existe
en la Ley 1437 de 2011, ni en la normativa que regula el proceso
de pérdida de investidura, un precepto que permita remitirse al
régimen probatorio del Código de Procedimiento Penal. Así, como
tampoco existe una línea jurisprudencial que permita llegar a esa
conclusión.
(vii) El apoderado del señor William Villamizar Laguado nunca
cuestionó la escogencia del régimen probatorio que debía ser
aplicado en el proceso de pérdida de investidura, sino que se limitó
a alegar que debía darse prelación al artículo 33 de la Constitución
Política frente al artículo 193 del Código General del Proceso.
(viii) Estimó que aplicar el Código de Procedimiento Penal conllevaría a
la desmembración del régimen probatorio en los procesos de
pérdida de investidura.
(ix) Expuso que resulta arbitrario pensar que el régimen probatorio del
proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002 sea el más próximo a
las acciones de tipo sancionatorio, cuando lo cierto es que la Ley
1437 de 2011 prevé un procedimiento de carácter sancionatorio
(artículos 47-52), que en modo alguno se remite a las
disposiciones del Código de Procedimiento Penal en materia
probatoria.

(x) En cuanto a la configuración del defecto fáctico, manifestó que el
señor Villamizar Laguado aceptó el hecho consignado en la
demanda consistente en que participó y votó la aprobación del
cuestionado Acuerdo Municipal.
(xi) Explicó que en la sentencia de pérdida de investidura se
analizaron las disposiciones legales, específicamente, los artículos
150 y 313 de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley 4.ª
de 1992, y la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, lo cual permitió concluir que los entes territoriales carecen
de competencia para crear salarios y prestaciones.
(xii) Aseguró que la Sección Primera también se refirió al argumento
del Tribunal, consistente en que no existía una posición pacífica, ni
siquiera en el Consejo de Estado, sobre el reconocimiento y pago
de la «bonificación por servicios prestados» y la «prima de
antigüedad». Sobre el particular, indicó que la Sección Primera
individualizó decisiones judiciales adoptadas por la Sección
Segunda, la Sección Primera y la Corte Constitucional.
(xiii) En ningún momento se efectuó un control de legalidad del Acuerdo
0073 de 2002, porque el mismo está siendo realizado por la
autoridad judicial competente. Agregó que al no haber sido
declarado nulo aquel, la Sección no entiende las referencias a las
sentencias del 22 de septiembre de 2016 y 1.º de diciembre de
2016 efectuadas por la Subsección B de la Sección Segunda, en
las cuales la pérdida de investidura por la causal de indebida
destinación de dineros públicos se efectuó en atención a la nulidad
de los actos administrativos emitidos por el Concejo Municipal.

CONSIDERACIONES
Competencia

19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para
conocer la presente acción de tutela, de conformidad con la providencia del
11 de julio de 2017, mediante la cual asumió el conocimiento de aquella, por
importancia jurídica y fines de unificación.

Problemas Jurídicos:

20. Los problemas jurídicos en esta instancia se resumen en las siguientes
preguntas:

1. ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia para controvertir la sentencia del 28 de julio de 2016,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado?

2. ¿La Sección Primera del Consejo de Estado aplicó incorrectamente el
artículo 193 del Código General del Proceso al decretar la pérdida de
investidura del concejal William Villamizar Laguado y, por lo tanto,
desconoció los principios que rigen el juicio sancionatorio?

3. ¿La precitada autoridad judicial omitió analizar debidamente la
culpabilidad del concejal referido al decretar la pérdida de investidura?

21. Para resolver los problemas así planteado se abordará la siguiente
temática: (I) Procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, especialmente cuando son expedidas por el Consejo de Estado,
(II) Análisis del caso concreto: Requisitos generales y específicos de
procedencia, violación directa de la Constitución. Veamos:

Procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

22. La postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo
de Estado3 ha sido la de admitir su procedencia excepcional de tutela contra
providencias judiciales, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

23. La Corte Constitucional ha mostrado un desarrollo de la jurisprudencia
que inició con la tesis de «la vía de hecho» fijada en las sentencias C-543 de
1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a
su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

24. Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por
importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del magistrado
Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra
providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de
autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-079 de 1993,T-231 de 1994,
T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-814
de 1999, T-1009 de 2000, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-
807 de 2004, T-1244 de 2004, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-066 de 2009,
T-889 de 2011, T-074 de 2012, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

25. Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son
exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el
estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Ellos son los siguientes:(i)
La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron
todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona
afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando se alegue
una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que
se impugna y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera
clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio;
y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

26. Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores
en los cuales puede incurrir la decisión judicial cuestionada, los cuales se
resumen así4: a) Defecto orgánico, cuando hay carencia absoluta de
competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad
judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c)
defecto fáctico, cuando el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es
absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio que
obra en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o
sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso,
arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, a contrapelo de ellas o que exista
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e)
error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño que incide
en decisión judicial que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin
motivación alguna; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación
directa de la Constitución Política.

27. Ahora bien, el juez que conoce de tutela contra providencia judicial
dictada por el Consejo de Estado, además de verificar el cumplimiento de
todos los requisitos generales de procedencia y la configuración de al
menos una causal específica de procedibilidad, debe comprobar que el
defecto en el que se incurrió constituya una irregularidad que conlleve a
contrariar abiertamente un derecho fundamental.

28. En conclusión: Con el estricto cumplimiento de los parámetros antes
reseñados, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo reitera la
procedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales, con la
advertencia de que, prima facie, el juez de tutela no debe interferir en el
estudio de fondo de la decisión que le compete al juez natural. Sólo podrá
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

hacerlo si el caso concreto amerita la salvaguarda de los derechos
fundamentales que no fueron protegidos en la decisión judicial cuestionada.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Requisitos generales de procedibilidad en el presente asunto.

29. En concordancia con lo expuesto, se analizará si el asunto bajo examen
reúne los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales. Se precisa que se hará énfasis en el
requisito de subsidiariedad, por ser este el que ha suscitado controversia,
puesto que las demás exigencias se consideran cumplidas.

Subsidiariedad.

30. La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 y la del Consejo de Estado
ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente
cuando: (i) El accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios
que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus
derechos fundamentales, (ii) el accionante acude directamente a la acción de
tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición
o, (iii) el proceso o asunto se encuentra en trámite.

31. Es pertinente advertir que existen algunas excepciones, así: En relación
con el primero de los casos la acción de tutela resulta procedente cuando se
demuestre que el accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa
por encontrarse en imposibilidad de hacerlo. Ahora, en cuanto a la excepción
frente al segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros
mecanismos no resultan idóneos o eficaces para proteger el derecho
fundamental presuntamente vulnerado, o no son expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

32. Para resolver el asunto, se enfatiza el perjuicio irremediable, porque en
este caso no procede recurso efectivo y en consecuencia debe ampararse de
manera inmediata el derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que
se protege el derecho a elegir y ser elegido. A propósito de ello, la Corte
Constitucional ha iterado que para que se considere la configuración del
perjuicio irremediable debe cumplirse con las siguientes características: (i)
5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. «[…] En este orden de ideas, si la parte afectada no
interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los
derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción de amparo constitucional no tiene la
virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso adicional o supletorio de las
instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como de forma reiterada lo ha
manifestado esta Corporación […]»

Debe ser inminente, (ii) debe requerir medidas urgentes para ser conjurado,
(iii) tiene que ser grave y (iv) sólo puede evitarse con la implementación de
medidas impostergables6. Visto lo anterior, las principales razones que
sustentan la decisión en esta tutela se fijan en los siguientes párrafos, así:

33. Es necesario destacar que en la tutela se cuestiona una sentencia dictada
en segunda instancia, en un juicio de pérdida de investidura, por tanto, no
procede recurso ordinario. Por ello, nos detenemos en el examen de la
procedencia del recurso extraordinario especial de revisión cuando se trata de
concejales (artículo 17 de la Ley 144 de 19947).

34. Acerca de ello, se advierte que la Sección Primera del Consejo de Estado,
al interpretar la Ley 136 de 1994, ha tenido disímiles posiciones sobre la
procedencia del recurso especial de revisión, cuando se trata del juicio de
pérdida de investidura de concejales, diputados y ediles. En efecto, la referida
Sección sostenía que el citado recurso solo procedía en contra de las
sentencias proferidas en única instancia por los Tribunales Administrativos8 y
por tanto, en el asunto de la referencia no era aplicable el artículo 17 de la
Ley 144, que regula el recurso extraordinario especial de revisión.

35. En resumen, la acción de tutela instaurada por el señor William
Villamizar Laguado cumple con los requisitos generales fijados para la
procedencia de aquella en contra de la sentencia del 28 de julio de 2016
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por cuanto al no
existir un recurso idóneo y al tratarse de proteger el principio democrático
expresado en una elección por voto popular, es necesario activar el amparo
constitucional inmediato, con lo cual se evita un perjuicio irremediable. En
consecuencia, se analizará si la sentencia cuestionada presenta algún
defecto que habilite el amparo constitucional solicitado.

ANÁLISIS DE LA DECISIÓN CUESTIONADA

Amparo del derecho fundamental al debido proceso.

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
advierte desde ahora y con fundamento en los argumentos que se
desarrollarán en adelante, que la sentencia de segunda instancia proferida
por la Sección Primera de esta corporación judicial que decretó la pérdida
de investidura del concejal Villamizar Laguado, quebrantó el derecho
fundamental al debido proceso por violación directa de la Constitución
6 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: T-225 de 1993, T-956 de 2013, T-106 de 2017 y T-052

de 2018.
7 Actualmente derogada por el artículo 24 de la Ley 1881 de 2018.
8 Al respecto ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 18 de enero de 2005. Rad. Núm:

1653. Sentencia del 14 de diciembre de 2004. Rad. Núm: 2002-02388-01. Corte Constitucional: Sentencias T-
214 de 2010, T-935 de 2009, T-825 de 2007 y T-1285 de 2005.

Política. Ello se explica por dos razones: 1) Aplicó en forma inadecuada el
artículo 193 del Código General del Proceso en un juicio sancionatorio, lo
cual resultó determinante en el decreto de la pérdida de investidura y, 2)
violó el principio de culpabilidad al abstenerse de analizar debidamente el
elemento cognitivo de la conducta que se considera reprochable, porque
para la época de la aprobación del Acuerdo 0073 de 2002 no existía una
posición pacífica sobre la competencia de los concejos municipales para
crear o extender factores salariales que beneficiaran a los empleados del
orden territorial.

Aplicación inapropiada del artículo 193 del Código General del
Proceso.

37. La acción pública de pérdida de investidura es un juicio sancionatorio
que se adelanta en ejercicio del ius puniendi del Estado y que implica una
garantía a la democracia y de los derechos políticos, pues los ciudadanos
pueden ejercer un control frente a quienes han elegido, cuando aquellos
incurran en actuaciones o conductas que sean violatorias de la dignidad del
cargo, por las causales previstas por la Constitución Política, si se trate de
congresistas, o la ley, si se juzga concejales, diputados o ediles. En
resumen, es un juicio de carácter sancionatorio que debe regirse por los
principios orientadores, entre otros, por la presunción de inocencia, la buena
fe, la favorabilidad, el non bis in ídem, la culpabilidad, legalidad o tipicidad,
pro homine, etc.9.

38. El juicio de pérdida de investidura puede culminar con la más grave
sanción al derecho de ser elegido, esto es, la imposibilidad de continuar
desempeñando el cargo y la inhabilidad absoluta e intemporal para ocupar
otro cargo de elección popular. Por ello, con mayor razón, el citado juicio
debe guiarse por los principios del debido proceso de la naturaleza
sancionatoria.

39. En el caso bajo estudio se advierte que la Sección Primera del Consejo
de Estado aplicó rigurosamente el artículo 193 del Código General del
Proceso, el cual admite la confesión mediante apoderado judicial, a pesar
de que dicha norma no se ajusta, ni es compatible con un proceso
sancionatorio. De allí que se concluya en esta tutela que no es plausible
admitir en el juicio sancionatorio la confesión por medio de apoderado,
debido que esta debe ser personal, asertiva, libre, espontánea, que
produzca consecuencias jurídicas adversas concretas10.

9 Ver entre otras sentencias: SU-515 de 2013 y C-207 de 2003. Posición reiterada posteriormente en la SU-

424 de 2016.
10 BONNIER, Édouard. Traité Théorique et Pratique des Preuves en Droit Civil et en Droit Criminel. 1888. Pág.

309.

40. Ahora bien, la confesión no es suficiente cuando obra como prueba
insular en litigios de la justicia ordinaria11, y por supuesto, menos en un
juicio sancionatorio, porque solo tendrá valor si el conjunto probatorio
apunta en el mismo sentido de la confesión12. Es decir, no es admisible la
confesión contraevidente. Por otro lado, tampoco es legal la confesión sobre
hermenéutica legal o principios de derecho, puesto que ineludiblemente
debe referirse a hechos13.

41. En punto de los hechos relacionados por el solicitante de la pérdida de
investidura, escribió lo siguiente: «En la aprobación de este acuerdo
participo (sic) y voto (sic) el Honorable Concejal WILLIAM VILLAMIZAR
LAGUADO […]» (f. 1 del expediente). Por su parte, el apoderado judicial del
señor Villamizar Laguado manifestó: «[…] Es cierto, y de eso data ya hace
trece años, son circunstancias objetivas que efectivamente sucedieron y
que este extremo procesal no desconoce, por cuanto ello, está certificado
en las actas y documentos que acompañan la demanda […]» (ff. 56-77
ibidem). En esos términos, no podía concluirse que el apoderado confesó
haber votado afirmativamente el proyecto de Acuerdo, ni de allí de este
hecho se podía concluir, ni de lejos, que su defendido había incurrido en la
causal de pérdida de investidura descrita como «indebida destinación de
dineros públicos»14. Lo único que admitió es que participó y votó. No es
más, ni es menos.

42. Ahora bien, respecto de la aplicación del Código General del Proceso,
no se desconoce que, en una oportunidad anterior, en auto del 6 de octubre
de 2015, radicado 2014-01602-00, la Sala Plena aplicó las disposiciones de
dicho Código para resolver un recurso ordinario de súplica. No obstante, se
advierte que en el auto mencionado lo discutido se relacionó con el decreto
de una prueba, mientras que en esta oportunidad el debate jurídico dista de
aquel. En efecto, en el presente caso se cuestiona que la decisión de la
Sección Primera del Consejo de Estado se estructuró a partir de una
supuesta confesión del apoderado, que afectó gravemente el derecho a

11 En tal sentido ver tutela en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, de la Sala de
Casación Civil del 15 de diciembre de 2017. Rad. núm. 05000-22-13-000-2017-00242-01, en un proceso
ejecutivo.
12 La Sala Penal de la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la confesión en múltiples oportunidades. Ver

CSJ. SC. Sentencias de 24 de octubre de 1936; de 3 de noviembre de 1936; de 22 de abril de 1937; 21 de
mayo de 1938 (Auto de Sala de Negocios Generales); 19 de abril, 23 de octubre y 1 de diciembre de 1939; de
29 de mayo y de 2 de agosto de 1941; de 9 de marzo de 1949; de 12 de noviembre de 1954. Entre otras
varias.
13 La Sala Penal de la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la confesión en múltiples oportunidades. Ver

CSJ. SC. Sentencias de 24 de octubre de 1936; de 3 de noviembre de 1936; de 22 de abril de 1937; 21 de
mayo de 1938 (Auto de Sala de Negocios Generales); 19 de abril, 23 de octubre y 1 de diciembre de 1939; de
29 de mayo y de 2 de agosto de 1941; de 9 de marzo de 1949; de 12 de noviembre de 1954. Entre otras
varias.
14
Ver el ordinal 4.º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que se refiere a la indebida destinación de dineros
públicos.

elegir y ser elegido, tanto del concejal como de sus votantes, lo cual exigía
aplicar todas las garantías del debido proceso.

43. Así mismo, se aclara que si bien, en otra ocasión, en el auto del 6 de
julio de 2016, radicado número 2015-01564-00, la Sección Cuarta de esta
corporación judicial aplicó las normas del Código General del Proceso, para
decidir sobre el decreto de unas pruebas en un proceso de pérdida de
investidura, lo cierto es que, como se explicó en precedencia, el presente
asunto no es asimilable a aquel. En ese sentido, las providencias
mencionadas debían ser examinadas de conformidad con las garantías
propias del debido proceso, como se ha venido reiterando.

44. Por otra parte, en relación con el argumento de impugnación consistente
en que el apoderado del señor William Villamizar Laguado nunca cuestionó
la escogencia del régimen probatorio que debía ser aplicado en el proceso
de pérdida de investidura, sino que se limitó a alegar que debía darse
prelación al artículo 33 de la Constitución Política frente al artículo 193 del
Código General del Proceso, es necesario recordar que el accionante sí
alegó una indebida aplicación del precitado artículo.

45. Ahora, frente al planteamiento del recurrente de que aplicar el Código de
Procedimiento Penal conllevaría a la desmembración del régimen probatorio
en los procesos de pérdida de investidura, se responde que dicha posición
no puede ser de recibo, pues precisamente es la aplicación de los principios
que rigen el proceso sancionatorio de pérdida de investidura los que
garantizan la debida aplicación de las normas y que las mismas sean
coherentes con la naturaleza del medio de control.

46. A su vez, sobre la afirmación de que resulta arbitrario sostener que el
régimen probatorio del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002 sea el
más próximo a las acciones de tipo sancionatorio, cuando lo cierto es que la
Ley 1437 de 2011 prevé un procedimiento de carácter sancionatorio, que en
modo alguno se remite a las disposiciones del Código de Procedimiento
Penal en materia probatoria, cabe indicar que esa situación no es suficiente
para justificar la remisión al artículo 193 del Código General del Proceso,
puesto que, como quedó expuesto con anterioridad, deben aplicarse los
principios del proceso sancionatorio.

47. Además, no puede perderse de vista que el artículo 306 de la Ley 1437
de 2011 regula que en los aspectos no contemplados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe
acudirse al Código de Procedimiento Civil, hoy al Código General del
Proceso, pero sólo «en lo que sea compatible con su naturaleza» y en el
presente asunto, como lo ha considerado la jurisprudencia antes referida, el

carácter sancionatorio del juicio de pérdida de investidura exige aplicar los
principios propios de este tipo de procesos.

48. En esa medida, se colige que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en violación directa de la Constitución porque la decisión de aplicar
el artículo 193 del Código General de Proceso, implicó la falta de garantías
para salvaguardar el derecho al debido proceso.

49. Por último, debe advertirse que en este caso no se probó vulneración
del derecho a la «no autoincriminación», comoquiera que no se evidenció
una supuesta coacción al concejal para confesar. Diferente lo que se ha
concluido: (i) La confesión no existió. (ii) Es inadmisible la confesión por
intermedio de apoderado en un juicio sancionatorio de pérdida de
investidura.

Desconocimiento del principio de culpabilidad.

50. La Sección Primera del Consejo de Estado no analizó el elemento de
culpabilidad en la conducta desplegada por el concejal William Villamizar
Laguado, el cual es ineludible en el juicio de pérdida de investidura por estar
guiada bajo los principios propios de la responsabilidad subjetiva, lo cual
implica que las faltas solo pueden ser sancionadas a título de dolo o culpa,
para lo cual debe analizarse el elemento volitivo y cognitivo de la conducta
reprochada.

51. A propósito de lo mencionado, la jurisprudencia del Consejo de Estado15
y el máximo tribunal constitucional16 ha insistido en la necesidad de verificar
la responsabilidad subjetiva en los procesos de pérdida de investidura17, lo
cual, si bien, para la época de los hechos no estaba consagrado en norma
positiva, sí había sido objeto de análisis jurisprudencial. En el mismo
sentido, independientemente de la claridad jurisprudencial de la época, los
principios generales del debido proceso en materia sancionatoria sí hacían y
hacen obligatoria su aplicación. Y si el juez de la pérdida de investidura no
lo hizo, es deber del juez de tutela amparar el debido proceso,
independientemente de que lo haya argumentado el concejal accionante, o
que las vacilaciones jurisprudenciales hubiesen generado dudas. En todo
caso, cabe denotar que cualquier incertidumbre quedó resuelta con la
expedición de la Ley 1881 de 2018, la cual en su artículo 1.º dispuso que
15 Al respecto, ver entre otras: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del

21 de junio de 2016. Rad. Núm: 2014-00843-01. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 1.º de junio de 2010. Rad. Núm: 2009-00598-00. Posición reiterada
posteriormente en las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 24 de
noviembre de 2016: Rad. Núm: 2016-00068-01. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 27 de septiembre de 2016. Rad. Núm: 2014-03886.
16 Al respecto, ver entre otras sentencias: SU-501 de 2015. Posición reiterada posteriormente en la SU-424 de

2016.
17 Exigencia que hoy en día se encuentra consagrada en el artículo 1.º de la Ley 1881 de 2018.

«[…] el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva […]». En situaciones excepcionales como la aquí
examinada, el amparo constitucional tiene la misión de hacer efectiva la
justicia material de índole correctiva.

52. Ahora bien, tampoco podría predicarse la tipicidad o legalidad de la
conducta reprochada, por cuanto si se refiere a la causal de pérdida de
investidura por incurrir en indebida destinación de dineros públicos, ha de
recordarse que la misma solo se configura cuando se destinan dineros a
unos fines distintos a los determinados por la Constitución Política, la ley o
el reglamento, lo cual ocurre en los siguientes eventos: (i) Los dineros se
destinan a objetos, actividades o propósitos no autorizados por ley, (ii) los
dineros se destinan a objetos o actividades autorizados, pero diferentes a
los cuales se encuentran asignados, (iii) los dineros se destinan a objetos o
actividades expresamente prohibidos, (iv) los dineros se destinan a materias
innecesarias e injustificadas, (v) la destinación se efectúa para obtener un
incremento patrimonial personal o a favor de terceros o (vi) la destinación
tiene por finalidad generar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o el de terceros18. En este caso concreto no existe prueba que
demuestre la supuesta indebida destinación de dineros, puesto que por
aquella época había confusión jurisprudencial y doctrinal, sobre el derecho
que tenían los servidores públicos del orden territorial a percibir los factores
salariales de prima de servicios y bonificación por servicios prestados.

53. Corolario de lo anterior, se sigue que en los procesos de pérdida de
investidura, en los que se alega la configuración de la causal de indebida
destinación de dineros, debe demostrarse clara y fehacientemente que el
acusado actuó con un interés dañino con el que pretendía obtener un
beneficio para sí o para terceras personas al destinar los dineros públicos a
objetos distintos a los autorizados o a materias innecesarias o propósitos no
permitidos legalmente, o actuó sin la debida diligencia exigida para el cargo
que desempeñaba y por ello se presentó una indebida destinación de
dineros públicos.

54. En el asunto bajo estudio se advierte que el proceso de pérdida de
investidura no se probó el elemento de culpabilidad, ni de tipicidad o
legalidad que debe mediar para que se imponga la sanción. En efecto, en la
sentencia controvertida no se demostró que el concejal William Villamizar
Laguado votara el proyecto de Acuerdo movido por un interés dañino,
aspecto este último que ni siquiera se examinó. Aunado a ello, no logró

18 Al respecto, ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de julio de 2016. Rad.

Núm: 2012-00485-01; Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de
junio de 2012. Rad. Num: 2010-00352; Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 6 de marzo de 2003. Rad. Núm: 2002-1007; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia
del 28 de noviembre de 2013. Rad. Núm: 2013-00008-01.

acreditarse que aquel actuó sin la debida prudencia al votar el multicitado
acto administrativo.

55. En relación con esta segunda hipótesis, obsérvese que en lo que tiene
que ver con la determinación adoptada en el Acuerdo 0073 de 2002 para
crear los factores salariales de prima de servicios y bonificación por
servicios prestados, el Consejo de Estado ha expuesto en varias
oportunidades19 que había lugar a reconocer a los empleados del orden
territorial los factores salariales que fueron creados a favor de los servidores
del orden nacional en el Decreto 1042 de 1978. Para llegar a la anterior
conclusión, consideró que debía inaplicarse la expresión «del orden
nacional» contenida en el artículo 1.º, del referido Decreto, en virtud de la
excepción de inconstitucionalidad, porque esa disposición generaba una
vulneración al derecho a la igualdad de los empleados territoriales frente a
los nacionales de la Rama Ejecutiva.

56. Así las cosas, en el presente asunto se aprecia que para la fecha en que
se expidió el Acuerdo 0073, esto es, el 29 de octubre de 2002, no existía
una posición pacífica en relación con los factores salariales (bonificación por
servicios prestados y prima de servicios) de los cuales eran beneficiaros los
empleados públicos territoriales. Sumado al hecho de que, con anterioridad
a la aprobación del mencionado Acuerdo, esto es, el 15 del mismo mes y
año, el Departamento Administrativo de la Función Pública rindió concepto
en el que consignó lo siguiente: (ff. 174-179 del expediente):

«[…] La prima de servicios, el auxilio de alimentación y la bonificación
por servicios prestados son elementos salariales, que para el caso de
los empleados públicos de San José de Cúcuta deben ser fijados por el
Concejo Municipal, aún con posterioridad a la vigencia del Decreto
1919 de 2002 […]»

57. La anterior posición jurisprudencial solamente quedó allanada por la
sentencia C-402 de 2013, en la cual la Corte Constitucional concluyó que la
expresión «del orden nacional» era exequible y que la misma no implica una
discriminación entre los empleados públicos del orden territorial, lo cual llevó
a concluir que los factores salariales creados para los servidores del orden
nacional no podían ser extendidos a los del territorial.

58. En ese contexto, mal podría exigírsele al concejal Villamizar Laguado
que se abstuviera de votar o un voto negativo del proyecto de Acuerdo,
cuando ni siquiera en el Consejo de Estado existía un consenso sobre la

19 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de mayo de 2013.

Rad. Núm: 2008-00188-01. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 20 de septiembre de 2007.
Rad. Núm: 5200-05. Discusión que fue explicada en la sentencia: Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sentencia del 4 de diciembre de 2017 Núm. Rad: 3656-13.

competencia para extender los factores salariales del Decreto 1042 de 1978
a los empleados públicos del orden territorial y, además, existía un concepto
rendido por el precitado Departamento de la Función Pública en el que
aseguró que la competencia radicaba en el Concejo Municipal.

59. En esa línea de ideas, decretar la pérdida de investidura del ahora
accionante exclusivamente por haber votado el proyecto 088/02, que luego
se convirtió en el Acuerdo 0073 de 2002, sin analizar el elemento cognitivo
de la conducta del concejal William Villamizar Laguado resulta a todas las
luces contrario al principio de culpabilidad que debe regir los procesos de
pérdida de investidura. Con mayor razón si se tiene en cuenta que, en el
presente asunto, tampoco se cumplieron los elementos de la tipicidad,
puesto que el concejal precitado no incurrió en los eventos citados para la
indebida destinación de dineros públicos.

60. Por último, es pertinente recordar que el Acuerdo 0073 de 2002 fue
declarado nulo el 17 de mayo de 2017 por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Cúcuta, en el proceso de nulidad 2012-00203-00. Empero, dicha
declaratoria de nulidad por sí sola no tiene la entidad suficiente para
decretar la pérdida de investidura del ahora accionante, tal y como lo ha
señalado el Consejo de Estado al indicar que la declaratoria de nulidad de
un acuerdo expedido por una corporación pública no conlleva
indefectiblemente al decreto de la pérdida de investidura de sus miembros,
por cuanto deben estudiarse otros aspectos, como la aplicación efectiva de
los recursos públicos, el menoscabo cierto del erario, el beneficio del
acusado o de un tercero y, en esa medida, la acreditación de que existía un
interés dañino y la culpa o dolo con que actuó aquel20.

61. En resumen: Se ampara el derecho fundamental al debido proceso
porque la Sección Primera del Consejo de Estado, al decretar la pérdida de
investidura, incurrió en violación directa de la Constitución Política al aplicar
inapropiadamente el artículo 193 del Código General del Proceso y al omitir
el análisis del elemento cognitivo de la culpabilidad. En vista de lo anterior,
se confirmará la sentencia del 18 de enero de 2017 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual amparó el derecho al debido proceso del señor William Villamizar
Laguado.

20 Al respecto, ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de diciembre de 2015.

Rad. Núm: 2013-00419-01. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8
de febrero de 2011. Rad. Núm: 2010-00990-00. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 25 de
junio de 2004. Rad. Núm: 2002-03005-01. Posición reiterada posteriormente en las siguientes providencias:
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 1.º de diciembre de 2016. Rad. Núm: 2016-00135-01.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 24 de noviembre de 2016.
Rad. Núm: 2015-01260-01.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 18 de enero de 2017 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual amparó el derecho al debido proceso del señor William Villamizar
Laguado.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso
alguno.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

Cuarto: Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia
Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase

Ausente
Rocío Araújo Oñate Hernán Guillermo Aldana
Duque
Aclaro voto Conjuez

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Martín Bermúdez Muñoz
Aclaro voto Aclaro voto

Milton Chaves García Jeannette Bibiana García
Poveda
Salvo voto Conjuez

Oswaldo Giraldo López William Hernández Gómez
Salvo voto

María Adriana Marín Rodrigo Noguera Calderón
Conjuez

Alberto Montaña Plata Luis Ferney Moreno Castillo
Aclaro voto Conjuez

Carlos Enrique Moreno Rubio Ramiro Pazos Guerrero
Aclaro voto Aclaro voto

Nubia Margoth Peña Garzón Julio Roberto Piza Rodríguez
Salvo voto

Jaime Enrique Rodríguez Navas Jorge Octavio Ramírez
Ramírez

Guillermo Sánchez Luque Hernando Sánchez Sánchez
Aclaro voto Aclaro voto

Rafael Francisco Suárez Vargas Gabriel Valbuena Hernández
Salvo voto Salvo voto

Marta Nubia Velásquez Rico Edgardo Villamil Portilla
Conjuez

Alberto Yepes Barreiro Nicolás Yepes Corrales
Ausente con permiso

Carlos Alberto Zambrano Barrera

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

Me permito manifestar las razones por las cuales disiento de la decisión mayoritaria
en el asunto de la referencia:

1. Del principio de subsidiaridad de la acción de tutela

La jurisprudencia de la Corte Constitucional21 como la de esta Corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando el accionante
(i) dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, toda vez que
no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos ordinarios de defensa que, por
negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron
utilizados a su debido tiempo o, (ii) acude directamente a la acción de tutela a pesar
de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición.

No obstante lo anterior, la mencionada regla general tiene algunas excepciones. En
relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta procedente cuando el
accionante logre demostrar que: (a) el amparo es el único mecanismo de defensa
que tiene para protegerse de un daño gravísimo e inminente y, (b) no utilizó los
instrumentos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación insuperable. En
cuanto al segundo de los eventos, la excepción se configura cuando los otros
mecanismos (i) no resultan idóneos para proteger el derecho fundamental
presuntamente vulnerado y/o, (ii) no son expeditos para evitar la ocurrencia del
perjuicio irremediable.

21
Corte Constitucional, Sentencia T-011 de 2007, MP. Rodrigo Escobar Gil: « (…) En este orden de ideas, si la parte
afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para
salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción de amparo constitucional no tiene
la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso adicional o supletorio de las instancias
ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como de forma reiterada lo ha manifestado esta
Corporación (…)».

Así las cosas, antes de pretenderse la defensa por vía de tutela, el interesado
debe buscar la protección a través de otros medios judiciales, bien sean ordinarios
o extraordinarios, pero que resulten eficaces y que estén disponibles, por cuanto la
acción de tutela no tiene la virtud para poder desplazar mecanismos previstos por
el ordenamiento jurídico vigente.

1.1. E
l recurso extraordinario de revisión

Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio
de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.

Las sentencias susceptibles del recurso son «(i) las dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado;
(ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales
Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces
Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso».22

La técnica del recurso «exige real correspondencia entre los argumentos en que
se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que prescinda de elucubraciones
dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la
decisión adoptada en la sentencia recurrida ni mucho menos a corregir errores u
omisiones de la propia parte, cual si se tratara de una nueva instancia».23

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio empleado por el juez para interpretar o aplicar la
ley en la sentencia. Por el contrario, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues
se restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA.

22
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009.
23
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de enero de 2017. Radicación: 2016-00070-00. M.P. Alberto
Yepes Barreiro.

En el asunto que ocupó la atención de la Sala, no se observa que contra el fallo
del 28 de julio de 2016, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado,
por medio del cual se revocó el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que denegó las pretensiones en la
demanda de pérdida de investidura del Concejal del municipio de San José de
Cúcuta, señor Willliam Villamizar Laguado, para en su lugar decretarla, se haya
ejercitado el recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 248 y
siguientes del CPACA.

Es preciso señalar que en estos eventos, como el del accionante que no agotó el
recurso extraordinario de revisión, es necesario que se expongan expresamente
las causas que le han impedido acudir a este medio legal de contradicción contra
la decisión judicial, puesto que se busca evitar que el mecanismo de amparo
constitucional se convierta en un escenario en donde se prolongue el litigio que ha
sido finiquitado mediante sentencia debidamente ejecutoriada.

Es claro que entre las objeciones planteadas por el accionante contra la sentencia
de la Sección Primera del Consejo de Estado, se adecuan algunas de las causales
específicas como requisito para tramitar la vía extraordinaria de revisión del fallo.

Y es que solamente a partir del agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios con los que cuenta el accionante frente a la decisión del juez, es
que se podrá empezar a determinar la relevancia constitucional del asunto
controvertido, con el fin de establecer si la actuación judicial ha comprometido
derechos o garantías fundamentales del ciudadano, para proceder a intervenir en
la defensa y amparo de estos valores superiores que prevalecen en el marco del
Estado de Derecho y Social de Derecho.

Dicho de otro modo, para aceptar que el actor quede relevado de este deber
jurídico de agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico
frente al proceso, debe aparecer clara la violación de un derecho fundamental o el
desconocimiento de una garantía procesal, que revista una característica
irresistible para el afectado con la decisión judicial, que solamente se pueda
conjurar con la intervención del juez constitucional.

En el asunto bajo estudio, no se revela alguna circunstancia impeditiva para que el
accionante justifique su omisión de interponer el recurso extraordinario de revisión

contemplado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, razón por la cual se
debió rechazar el mecanismo de amparo promovido por el actor

2. .De la indebida destinación de dineros públicos

De otra parte, se aprecia que con la expedición del Acuerdo 0073 del 29 de
octubre de 2002, en el cual participó el concejal Villamizar Laguado, el Concejo
Municipal de San José de Cúcuta creó la prima de servicios y la bonificación por
servicios prestados, infringiendo de forma directa el marco constitucional y legal
que rige la competencia para la creación de salarios y prestaciones sociales en el
orden territorial.

En ese orden, el artículo 150 de la Constitución Política, estatuye en el numeral
19, literal e) que corresponde al Congreso: «Dictar normas generales, y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los
siguientes efectos: [...] e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública: Estas
funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las
Corporaciones públicas territoriales, y éstas no podrán arrogárselas. [...]»

Por su parte, el artículo 315 numeral 6 de la Carta Política, preceptúa que
corresponde a los concejos «Determinar la estructura de la administración
departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración
correspondientes a sus distintas categorías de empleo».

El artículo 315, numeral 7 de la misma normatividad, indica: «Son atribuciones del
alcalde: [...] 7º Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias,
señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a los
acuerdos correspondientes».

Conforme a las normas transcritas, los concejos municipales no pueden fijar el
régimen salarial y prestacional de sus empleados públicos discrecionalmente, sino
que estos deben ser autorizados por la Ley. Es decir, existe una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo para estos efectos: aquél determina
unos parámetros generales conforme a los cuales éste ha de fijar todos los
elementos propios del régimen salarial y prestacional. En relación con los

empleados públicos de las entidades territoriales, compete al alcalde fijar los
emolumentos con sujeción a la Ley y a los acuerdos municipales.

En síntesis, la Ley 4ª de 1992 al señalar los principios a los que debe someterse el
Gobierno al fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
inclusive del sector territorial, en su artículo 12, indicó que: «El régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por
el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en
la presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas
territoriales arrogarse esta facultad. Parágrafo: El Gobierno señalará el límite
máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares
en el orden nacional».

Este precepto fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-315 del 19 de julio de 1995, con ponencia del magistrado Eduardo
Cifuentes Muñoz, en la que se dijo que esta facultad del Gobierno no pugna con la
que el constituyente expresamente otorgó a las entidades territoriales para fijar las
escalas de remuneración y los emolumentos de los empleos de sus dependencias,
en los artículos 287, 300 núm. 7, 305 núm. 7, 313 núm. 6 y 315 núm. 7.

En consecuencia, la determinación del régimen prestacional de los empleados
públicos territoriales compete al Gobierno Nacional, de acuerdo con los
parámetros señalados por el legislador, y no a las corporaciones públicas
territoriales, las que, además, tienen prohibido arrogársela. En lo que se refiere al
régimen salarial, el Gobierno señalará el límite máximo salarial de los servidores
públicos territoriales teniendo en cuenta su equivalencia con los del orden
nacional.

En este orden de ideas, el desconocimiento del régimen de competencia
concurrente entre el Congreso, el Gobierno Nacional, el Concejo Municipal de San
José de Cúcuta y el alcalde de dicha municipalidad, es el aspecto que a mi juicio
edifica la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos
públicos y como el concejal Villamizar Laguado participó en la expedición del
Acuerdo Municipal 0073 de 2002, se subsume dicha causal y, no se advierte que
con la decisión que lo despojó de su investidura, se hayan afectado sus derechos
fundamentales.

Atentamente,

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

ACLARACIÓN DE VOTO

De manera respetuosa me permito reiterar las razones por las que decidí aclarar
el voto contra la decisión mayoritaria adoptada en la Sentencia de 19 de marzo de
2019, mediante la cual se confirmó la Sentencia de 18 de enero de 2017, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
la cual se amparó el derecho al debido proceso del señor William Villamizar
Laguado.

Antes de entrar a explicar los motivos de esta aclaración, es necesario precisar
que, la decisión aprobada por la Sala Plena del Consejo de Estado fue modificada
en algunos de sus apartes. Es por esta razón, que el texto que fue aprobada en
ese momento contenía los apartes que generaban la aclaración. No obstante,
considero indispensable precisar el ámbito de aplicación de los principios y
garantías del derecho sancionador.

En ese orden de ideas, el fundamento de esta aclaración reside, principalmente,
en que en un primer momento la Sentencia proferida no distinguía con detalle la

forma en que los principios y garantías del derecho sancionador se diferenciaban
de otras manifestaciones del ius puniendi.

Por tal motivo, resulta útil poner de presente que los principios que rigen el ius
puniendi del Estado deben ser interpretados conforme al ámbito de aplicación para
el cual están destinados, porque el intérprete no puede hacer una lectura
analógica de las garantías del proceso penal, disciplinario y sancionatorio, toda
vez que, en cada uno de ellos existe una dosis intensa o menos intensa del poder
del Estado. Sobre el particular, la Corte Constitucional24 señaló:

“El cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución,
tiene diversos matices según el derecho de que se trate “dado que no todo derecho
es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos” de otros
órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el
económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al
ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría,
matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas.”

En ese sentido, los principios, garantías y régimen probatorio que emergen del
proceso sancionatorio de pérdida de investidura no pueden tener una equiparación
interpretativa exacta con el derecho penal y el derecho disciplinario, pues el
derecho sancionatorio goza de una autonomía y una lectura hermenéutica
diferente, que lo hacen merecedor de una interpretación propia del derecho
sustancial y procesal. Sobre el particular, el Consejo de Estado25 manifestó:

“Por tratarse (…) de una acción pública de tipo punitivo, la acción de pérdida de
investidura está sujeta a los principios generales que gobiernan el derecho
sancionador tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad de la
causal por la cual se impondría la sanción. Sanción que debe imponerse según los
postulados del Estado Social de Derecho y conforme con las reglas del debido
proceso. En ese orden, les corresponde tanto al demandante como al Estado
acreditar debidamente la existencia en la que habría incurrido el congresista y la
conducta constitutiva de la falta, todo eso dentro de las garantías procesales, se
repite, reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales en favor de los
sujetos sometidos a un juicio a cargo del Estado”

Es así, como esta aclaración reafirmar que los principios, garantías y figuras
procesales que orientan el proceso sancionatorio de pérdida de investidura deben
ser interpretados a la luz de la naturaleza misma de este proceso y no a través de
la normativa disciplinaria o penal, que tiene una lectura particularizada del ius
puniendi.

24
Corte Constitucional, Sentencia C-314 de 2014.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 23 de marzo de
2010, radicado 11001-03-15-000-2009-00198-00 (PI).

Con base en lo anterior, dejo expresadas de forma respetuosa las razones de mi
aclaración de voto.

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado
Fecha ut supra

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES – Afecta el principio de especialidad y genera instancias
adicionales no previstas en la ley, amenazando la seguridad jurídica /
PRETENDIDA UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA ANUNCIADA EN EL
FALLO – Resulta innecesaria, pues por tratarse de una acción de tutela, la
decisión definitiva corresponderá a la Corte Constitucional

Aunque acompañé la decisión adoptada en la providencia del 12 de abril de 2019,
que negó las pretensiones, me permito aclarar el voto, pues aunque no comparto
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sigo el criterio
jurisprudencial de la Corte Constitucional. 1. La Corte Constitucional, en sentencia
C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que
establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial. Sin
embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de
constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su
lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció unos
requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, como la sentencia
C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en
esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de
conformidad con el artículo 243 CN. 2. La procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales afecta el principio de especialidad, que caracteriza la
distribución de tareas entre los distintos despachos judiciales, y genera instancias
adicionales, no previstas en la ley, para la definición de las controversias, con
grave amenaza a la seguridad jurídica. 3. Finalmente, la pretendida unificación de
jurisprudencia que se anuncia en el fallo resulta innecesaria, pues, por tratarse de
una acción de tutela, la decisión definitiva sobre los aspectos allí tratados
corresponderá a la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-El criterio fijado en la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a
cosa juzgada constitucional. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA-Afecta el principio de especialidad y genera
multiplicidad de instancias para la definición de los procesos.

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque acompañé la decisión adoptada en la providencia del 12 de abril de 2019,
que negó las pretensiones, me permito aclarar el voto, pues aunque no comparto
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sigo el criterio
jurisprudencial de la Corte Constitucional.

1. La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los
artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela
procedía contra providencia judicial. Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y
luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación
cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los
jueces y estableció unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi
juicio, como la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para
la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN.

2. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales afecta el
principio de especialidad, que caracteriza la distribución de tareas entre los distintos
despachos judiciales, y genera instancias adicionales, no previstas en la ley, para la
definición de las controversias, con grave amenaza a la seguridad jurídica.

3. Finalmente, la pretendida unificación de jurisprudencia que se anuncia en el fallo
resulta innecesaria, pues, por tratarse de una acción de tutela, la decisión definitiva
sobre los aspectos allí tratados corresponderá a la Corte Constitucional.

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

ACLARACIÓN DE VOTO / ESTUDIO DE ELEMENTO SUBJETIVO –
Improcedente por tratarse de postura que no se encontraba vigente a la
fecha de emisión de la sentencia analizada

[E]n mi criterio, aun cuando comparto la decisión del amparo de los derechos
fundamentales invocados, considero que el análisis debió enfocarse única y
exclusivamente en los defectos alegados por el actor, pues no era posible exigir el
estudio del elemento subjetivo de la culpabilidad, cuando lo cierto es que para el
momento en que se profirió la providencia acusada en este caso, aún no se
encontraba vigente la postura de unificación que obligaba al juez de la pérdida de
investidura a analizar el mismo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO CARLOS ENRIQUE MORENO
RUBIO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto acostumbrado por la posición de la Sala, aun cuando comparto la
decisión contenida en la sentencia de diecinueve (19) de marzo de dos mil
diecinueve (2019), considero necesario aclarar mi voto respecto al análisis de los
defectos que se abordaron para confirmar la providencia de primera instancia, así
como la observación sobre el elemento de la culpabilidad, que según la
providencia, se desconoció por parte de la autoridad judicial demandada al
decretar la pérdida de investidura del accionante.

Según se tiene, la demanda de tutela presentada se sustentó en que, la Sección
Primera de esta Corporación incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, al decretar la pérdida
de investidura del accionante, quien era concejal de Cúcuta, por haber aceptado
algunos hechos de la demanda y, de contera, confesar que votó un acuerdo sobre
asignaciones salariales sobre las que, al parecer, el Concejo Municipal no tenía
competencia.

En el fallo se llega a la conclusión que, en efecto, como lo consideró la Sección
Segunda de esta Corporación en la primera instancia de este amparo
constitucional, la autoridad judicial acusada incurrió en una violación al debido
proceso al aplicar erróneamente la norma del Código General del Proceso sobre la
confesión. Si bien tal conclusión es acertada, a mi juicio, el estudio se debió
encuadrar en el defecto sustantivo alegado y desarrollarse bajo los parámetros
señalados en la demanda de tutela.

Con todo, en la providencia se abordó el examen de la violación al debido proceso
como un defecto autónomo -no invocado por el actor- sin precisar los demás
defectos alegados, esto es, el sustantivo y el fáctico.

Ahora, en la parte considerativa se afirma que la Sección Primera del Consejo de
Estado no analizó el elemento de la culpabilidad en la conducta desplegada por el
concejal William Villamizar Laguado, el cual, según se indicó, es ineludible en el
juicio de pérdida de investidura por estar guiada por los principios propios de la
responsabilidad subjetiva, lo cual implica que las faltas solo pueden ser
sancionadas a título de dolo o culpa, lo que obliga a analizar el elemento volitivo y
cognitivo de la conducta reprochada.

Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que, si bien ese juicio subjetivo de
culpabilidad se exige actualmente los procesos de pérdida de investidura, no
puede dejarse de lado que esta postura fue definida por la Corte Constitucional
solo hasta la sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016, posteriormente
adoptada por esta Corporación el 27 de septiembre de 2016 y replicada en la Ley
1881 de 2018.

La providencia objeto de la acción de tutela de la referencia, data del 28 de julio de
2016, de manera que es anterior a la tesis según la cual, en los juicios por pérdida
de investidura debe analizarse ese elemento subjetivo, luego, no podía exigírsele
a la Sección Primera como autoridad judicial acusada, que efectuara el estudio de
la culpabilidad en este caso.

En tales condiciones, en mi criterio, aun cuando comparto la decisión del amparo
de los derechos fundamentales invocados, considero que el análisis debió
enfocarse única y exclusivamente en los defectos alegados por el actor, pues no
era posible exigir el estudio del elemento subjetivo de la culpabilidad, cuando lo
cierto es que para el momento en que se profirió la providencia acusada en este
caso, aún no se encontraba vigente la postura de unificación que obligaba al juez
de la pérdida de investidura a analizar el mismo.

Ello teniendo en cuenta además el precedente de Sala Plena adoptado con
ocasión al recurso extraordinario especial de revisión de una sentencia de pérdida
de investidura, identificado con el número de radicación 2017-558, recurrente:
Carlos Nery López Carbonó -del cual fui ponente-, en el que se precisó que las
sentencias que adoptaron la nueva perspectiva de análisis de culpabilidad, no

podían aplicarse a casos que se dictaron con anterioridad a dicha tesis, puesto
que ello conllevaría a que se aplicara retroactivamente un precedente.

Concretamente se aclaró en esa oportunidad:

“El surgimiento de un nuevo criterio no puede prolongar la controversia
sobre los alcances de la inhabilidad que la Sala Plena encontró
configurada en el año 2012, pues, se insiste, esto desbordaría el
ámbito específico del recurso extraordinario especial cuyo carácter
excepcional, frente a la cosa juzgada que ampara a la sentencia,
impone claras restricciones para la revisión de la decisión que decretó
la pérdida de investidura”.

Así las cosas, lo propio en este caso era confirmar la decisión de amparo, pero
únicamente por defecto sustantivo alegado (por indebida aplicación del Código
General del Proceso).

En los anteriores términos dejo expuesta la aclaración de mi voto.

Fecha ut supra

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN – Alcance en proceso de pérdida
de investidura

El traslado de la garantía de la no autoincriminación al proceso de pérdida de
investidura implica considerar que, tal y como está dispuesto en la ley, el
demandado no está obligado a contestar la demanda o a referirse a lo expuesto
en la solicitud, no está obligado a absolver interrogatorio de parte y menos a
responder preguntas dirigidas a establecer la comisión de la conducta que se le
imputa. Tiene derecho de abstenerse de todo lo anterior y el ejercicio de ese
derecho no acarrea ninguna consecuencia en su contra. Pero también puede
renunciar a ese derecho, contestar la demanda e incluso puede intervenir
personalmente en la audiencia y dar su propia versión de los hechos, la que, a la
luz del CGP, puede ser valorada como medio de prueba a su favor (…) [N]o
comparto la conclusión expuesta en la sentencia según la cual en los procesos de
pérdida de investidura es inaplicable o improcedente la confesión por apoderado
judicial, en los términos del artículo 193 del CGP, dado que: (…) En el presente
caso, no puede señalarse que existió una autoincriminación, toda vez que la
confesión del apoderado del señor Villamizar Laguado no recayó en la aceptación
de un hecho punible ni en la aceptación de que su representado incurrió en la
causal de pérdida de investidura que se le imputó en la demanda

INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS COMO CAUSAL DE

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – No se acreditó / SENTENCIA
CUESTIONADA – Viola principio de legalidad / ANÁLISIS DE CULPABILIDAD
– Innecesario

Estimo que no era necesario estudiar la culpabilidad del demandado porque
considero que la conducta del actor no se adecuaba a la causal de indebida
destinación de dineros públicos (Nl. 4 de artículo 183 de la C.P.) por la cual fue
sancionado. Tal y como se advierte en las consideraciones del fallo, esta
circunstancia desconoce el principio de legalidad, pero no solo porque no está
probado que el Concejal hubiese votado el acuerdo <<por medio del cual se
crearon unos factores salariales en beneficio de los empleados públicos de la
administración central y descentralizada del municipio>>, con el exclusivo
propósito de favorecer intereses económicos propios o de terceros, estando
demostrado que en ese momento no había claridad sobre la legalidad aprobar
tales beneficios. Se violó el principio de legalidad porque – aunque se hubiese
demostrado lo anterior – tal circunstancia no configura la causal de indebida
destinación de dineros públicos. (…) Si se demuestra que un concejal o cualquier
servidor público adopta una decisión a sabiendas de que con ella está violando la
ley, éste no incurre en causal de pérdida de investidura, sino que comete el delito
de prevaricato en el cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 414 del
Código Penal, incurre <<el servidor público que profiera resolución, dictamen o
concepto manifiestamente contrario a la ley>>. Y esto no significa confundir la
responsabilidad penal con la disciplinaria o considerar que el juicio de pérdida de
investidura esté siempre sujeto a las resultas del proceso penal. Es posible que
una misma conducta tenga los dos tipos de sanciones sin que ello viole el non bis
in idem porque con los dos tipos de responsabilidad se persiguen finalidades
distintas. Lo que ocurre con el prevaricato es que tal conducta está prevista como
delito y no como causal de pérdida de investidura, razón por la cual sólo si el
demandado es condenado por ella, o por cualquier otro delito, puede incurrir en
violación del régimen de inhabilidades y perder la investidura con fundamento en
la causal prevista en el numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

Temas: Derecho a la no autoincriminación en los procesos de pérdida de
investidura, principio de legalidad.

ACLARACIÓN DE VOTO

Las razones por las cuales aclaré voto en relación con las consideraciones
expuestas en la decisión de la Sala Plena adoptada el 19 de marzo de 2019 en la
acción de la referencia son las siguientes:

1.- La sentencia confirmó la decisión de amparar el derecho al debido proceso del
concejal William Villamizar Laguado y de dejar sin efectos el fallo del 28 de julio de
2016 proferido en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de
Estado, la cual decretó su pérdida de investidura, al concluir que incurrió en
indebida destinación de dineros públicos porque votó la aprobación de un acuerdo
que <<ilegalmente>> creó o extendió unos factores salariales previstos para los
empleados del orden nacional a favor de aquéllos del orden territorial, lo que
generó detrimento patrimonial en los recursos públicos.

2.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirmó el amparo ordenado
por el a quo por las siguientes razones:

2.1.- Consideró que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en
violación directa de la Constitución Política por haber aplicado el artículo 193 del
CGP, norma que permite la confesión mediante apoderado judicial. Lo anterior,
debido a que esa disposición procesal es incompatible con la naturaleza
sancionatoria de los procesos de pérdida de investidura debido a que viola el
principio de la no autoincriminación.

2.2.- Consideró también que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en
desconocimiento de los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, debido a que decretó la pérdida de investidura del concejal sin estudiar su
culpabilidad.

1. La aplicación del artículo 193 del CGP para dar por probados hechos
aceptados por el apoderado del demandado no viola el derecho
constitucional a la no autoincriminación

3.- No considero adecuada la conclusión según la cual las reglas procesales del
CGP no deban aplicarse a los procesos de pérdida de investidura, debido a su
naturaleza sancionatoria, para que, en su lugar, deban aplicarse a este proceso
las normas el Código de Procedimiento Penal. El proceso de pérdida de
investidura se encuentra regulado en la ley 1881 de 2018, la cual en su artículo 21
remite expresamente al CPACA y de manera subsidiaria al CGP, de modo que no
hay sustento normativo para aplicar, como regla general las normas probatorias
consagradas en el Código de Procedimiento Penal.

4.- La aplicación de las normas del CPACA y del CGP en materia probatoria no
significa que en la valoración de las pruebas en el fallo no deban aplicarse los
principios propios del derecho sancionatorio, como lo son la presunción de
inocencia y el in dubio pro reo. En estos procesos, con mayor rigor probatorio, le
corresponde al demandante demostrar los hechos afirmados en la demanda, que
estructuran objetivamente la causal de desinvestidura, y adicionalmente le
incumbe acreditar la culpabilidad del demandado. Si el solicitante no cumple esa
carga, con un estándar más exigente en estos casos debido a la naturaleza
sancionatoria del proceso, no puede prosperar la petición de desinvestidura
formulada en la demanda.

Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:

<< Según la doctrina, la función que cumplen las reglas que distribuyen la carga
formal de la prueba en el proceso civil la ha asumido en el sancionador la
presunción de inocencia del inculpado. En concreto, la carga de probar en el
ámbito punitivo no se reparte o distribuye entre las partes acusadora y acusada
porque la presunción de inocencia como regla de juicio comporta que la carga de
probar los hechos constitutivos de la pretensión sancionadora corresponde en
exclusiva a la parte que acusa…

<<Asimismo, la presunción de inocencia conlleva la exigencia de que obtenga una
prueba lo suficientemente incriminadora que legitime la sanción.>>26

5.- Las consideraciones sobre el carácter sancionatorio de este proceso no
quieren decir que en el juicio de pérdida de investidura, como en cualquier proceso
judicial regido por el CPACA y el CGP, no puedan darse por probadas las
afirmaciones hechas en la demanda que sean aceptadas al contestarla: aceptar el
hecho de que el concejal demandado votó el acuerdo que originó la demanda de
pérdida de investidura, siendo esta una circunstancia que adicionalmente está
probada documentalmente, no puede considerarse como una confesión de la
comisión de la falta constitutiva de pérdida de investidura hecha por el apoderado
del concejal y mucho menos una violación de su derecho a la no
autoincriminación.

Si el apoderado del demandado ejerce el derecho que le otorga la ley a contestar
la demanda, o más precisamente a referirse a lo expuesto en la solicitud (art. 10
de la ley 1880 de 2018), tiene la carga de hacerlo ajustándose a la realidad, pues
de lo contrario estaría atentando contra el deber de veracidad y lealtad que pesa
sobre las partes y sus apoderados. Y no tener como probadas las circunstancias
fácticas aceptadas por las dos partes, para exigir la prueba por otros medios,
implicaría atentar contra la eficacia del proceso.

6.- El derecho a la no autoincriminación es una garantía que rige para todos los
procesos judiciales y no únicamente para aquéllos de carácter sancionatorio. El
mismo artículo 202 del CGP, al regular el interrogatorio de parte señala que “(…)
[l]as preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por

26
Alarcón Sotomayor Lucía, El procedimiento administrativo sancionatorio y los derechos
fundamentales, Ed. Arazandi S.A., 2007, p. 389.

el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de
responderlas (…)”.

7.- La garantía de la no autoincriminación se entiende como el derecho a no
aceptar la comisión de un hecho delictivo, lo que le permite a la parte no
comparecer a un interrogatorio, si este es solicitado o decretado con dicho
propósito o no responder preguntas con tal alcance. Este es un derecho que
puede renunciarse por la persona en cuyo favor está consagrado; y no se atenta
contra el mismo cuando se tiene como probada una circunstancia fáctica (haber
votado un proyecto de acuerdo) que es algo muy distinto a confesar que se ha
incurrido en una falta que estructura pérdida de investidura.

8.- El traslado de la garantía de la no autoincriminación al proceso de pérdida de
investidura implica considerar que, tal y como está dispuesto en la ley, el
demandado no está obligado a contestar la demanda o a referirse a lo expuesto
en la solicitud, no está obligado a absolver interrogatorio de parte y menos a
responder preguntas dirigidas a establecer la comisión de la conducta que se le
imputa. Tiene derecho de abstenerse de todo lo anterior y el ejercicio de ese
derecho no acarrea ninguna consecuencia en su contra. Pero también puede
renunciar a ese derecho, contestar la demanda e incluso puede intervenir
personalmente en la audiencia y dar su propia versión de los hechos, la que, a la
luz del CGP, puede ser valorada como medio de prueba a su favor.

La doctrina anota sobre este derecho:

<<…tanto el TC como el TEDH han puesto de manifiesto la estrecha relación
existente entre el derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a la
presunción de inocencia. En concreto, lo han enlazado con una de las
consecuencias que la presunción de inocencia, como regla de juicio, origina en
materia probatoria: la necesidad de que exista una prueba de cargo suficiente para
sancionar, cuya carga pesa siempre sobre la Administración sancionadora que es
quien acusa. La Administración debe obtener una prueba incriminadora que
destruya la presunción de inocencia. Pero no puede hacerse con ella de cualquier
forma. En concreto, no puede conseguirla conminando al acusado –sea formal o
materialmente- a que aporte elementos probatorios que supongan una
autoinculpación. Porque, si así fuera, estaría invirtiendo la carga de la prueba y
forzándole a declarar contra sí mismo…

<< el derecho a no declarar contra sí mismo concierne, en primer lugar, al respeto
de la voluntad del acusado de permanecer en silencio. El sujeto imputado es libre
tanto en lo relativo a su decisión de alegar, como en cuanto al contenido de sus
alegaciones. El derecho que analizamos conlleva la prohibición absoluta de forzar
al acusado a que preste una declaración o responda a unas preguntas que puedan
generar un testimonio autoincriminatorio. La compulsión para conseguir una
declaración es inadmisible: tanto la física, como la psíquica. La directa o la
indirecta. Es decir, las alegaciones del imputado sólo pueden obtenerse en los
expedientes sancionadores de una forma: cuando dicho sujeto decida prestarlas
libre y espontáneamente ya sea manifestándose oralmente ante el instructor que lo
cite para tomarle declaración, ya presentando por escrito su pliego de descargos.
El derecho al silencio le otorga la libertad de decidir si quiere o no realizar
alegaciones>> 27
27
Ibidem, p. 190 y 192.

9.- Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones sobre el alcance del
derecho a la no autoincriminación, no comparto la conclusión expuesta en la
sentencia según la cual en los procesos de pérdida de investidura es inaplicable o
improcedente la confesión por apoderado judicial, en los términos del artículo 193
del CGP, dado que:

9.1.- En el presente caso, no puede señalarse que existió una autoincriminación,
toda vez que la confesión del apoderado del señor Villamizar Laguado no recayó
en la aceptación de un hecho punible ni en la aceptación de que su representado
incurrió en la causal de pérdida de investidura que se le imputó en la demanda.

9.2.- La aplicación de la normatividad procesal civil (CGP) no es un argumento
suficiente para sostener que en este caso se violó el principio de la no
autoincriminación.

10.- De acuerdo con lo expuesto, considero que en el presente caso no se
configuró el defecto por violación de la Constitución Política señalado por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo.

2. La conducta del señor Villamizar Laguado no se adecúa típicamente a la
causal endilgada por el juez de pérdida de investidura

11.- Estimo que no era necesario estudiar la culpabilidad del demandado porque
considero que la conducta del actor no se adecuaba a la causal de indebida
destinación de dineros públicos (Nl. 4 de artículo 183 de la C.P.) por la cual fue
sancionado. Tal y como se advierte en las consideraciones del fallo, esta
circunstancia desconoce el principio de legalidad, pero no solo porque no está
probado que el Concejal hubiese votado el acuerdo <<por medio del cual se
crearon unos factores salariales en beneficio de los empleados públicos de la
administración central y descentralizada del municipio>>, con el exclusivo
propósito de favorecer intereses económicos propios o de terceros, estando
demostrado que en ese momento no había claridad sobre la legalidad aprobar
tales beneficios. Se violó el principio de legalidad porque – aunque se hubiese
demostrado lo anterior – tal circunstancia no configura la causal de indebida
destinación de dineros públicos.

12.- Si se demuestra que un concejal o cualquier servidor público adopta una
decisión a sabiendas de que con ella está violando la ley, éste no incurre en
causal de pérdida de investidura, sino que comete el delito de prevaricato en el
cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 414 del Código Penal, incurre <<el
servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a
la ley>>. Y esto no significa confundir la responsabilidad penal con la disciplinaria o
considerar que el juicio de pérdida de investidura esté siempre sujeto a las
resultas del proceso penal. Es posible que una misma conducta tenga los dos
tipos de sanciones sin que ello viole el non bis in idem porque con los dos tipos de
responsabilidad se persiguen finalidades distintas. Lo que ocurre con el
prevaricato es que tal conducta está prevista como delito y no como causal de

pérdida de investidura, razón por la cual sólo si el demandado es condenado por
ella, o por cualquier otro delito, puede incurrir en violación del régimen de
inhabilidades y perder la investidura con fundamento en la causal prevista en el
numeral primero del artículo 183 de la Constitución Política.

La destinación indebida de dineros públicos solo se tipifica cuando se incurre
específicamente en tal conducta, la que supone que el demandado tenga atribuida
la función de manejarlos y lo haga indebidamente.28 No puede concluirse que
cualquier conducta que tenga como consecuencia indirecta la afectación del
patrimonio público tipifica esta causal. Con un razonamiento similar podría decirse
que la inasistencia a las sesiones, que afecta al patrimonio público porque implica
recibir el salario sin cumplir la labor que se le remunera con el mismo, también
constituye indebida destinación de recursos públicos.

El principio de legalidad y particularmente la prohibición del non bis in idem se
violan al no advertirse que, en los casos de concurso aparente de causales o de
tipos de conducta sancionable, que ocurre cuando <<un supuesto de hecho es
subsumible a la vez varios preceptos sancionadores que protegen el mismo bien
jurídico…el principio general de derecho conocido como el non bis in idem impide castigar
dos veces un acto que supone un ataque a idéntico bien jurídico protegido. Por tanto,
habrá de determinarse la norma sancionadora aplicable, que será la que castigue todo el
desvalor del ilícito, conforme a los criterios penales de la especialidad, la subsidiariedad,
la consunción y la alternatividad (…). El concurso aparente de normas plantea el
problema de la especificación de la norma en la que puede subsumirse la conducta del
infractor>>.29

13.- Debido a que la conducta del señor Villamizar Laguado no se adecuaba
típicamente a la indebida destinación de dineros públicos, considero que no se
requería determinar si la sentencia dictada por la Sección Primera del Consejo de
Estado que decretó su pérdida de investidura incurrió en el defecto por
desconocimiento de los precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado relativas al estudio de la culpabilidad, puesto que dicha autoridad judicial ni
siquiera debió haber descendido al estudio de este presupuesto, por no haberse
configurado objetivamente la causal de desinvestidura bajo examen.

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

28
Esta postura ha sido acogida en diversos fallos de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, entre los cuales se destacan los siguientes: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de mayo de 1997, exp. AC4539, M.P. Nicolás Pájaro
Peñaranda; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de
febrero de 2001, exp. AC12340, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.
29
Redondo Andreu Ignacio, Tabaoda García Alba, Manual de derecho administrativo sancionador,
Tomo I, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2009.

SALVAMENTO DE VOTO – Por considerar que había lugar a denegar la
acción de tutela

[E]l fallador de instancia analizó las razones jurídicas que en su criterio
posibilitaban tener por acreditada la confesión y ello responde a la interpretación
autónoma del juez especializado en la materia, sin que se observara que haya
incurrido en el aludido defecto fáctico; pues es evidente que, dentro de su
especialidad, expresamente manifestó los fundamentos por los cuales profirió la
respectiva decisión, por lo que era improcedente que el juez de tutela declarara que
el juez natural incurrió en éste, simplemente porque tiene una visión distinta del
mismo punto. A ello precisamente se refiere el ordenamiento cuando deja en manos
del juez natural el análisis de la prueba bajo los principios de la “sana crítica”, de tal
manera que el juez constitucional tiene la carga de establecer porque ella fue
desatendida, y no revocar la decisión con base en su disentimiento. Como en este
evento, en ejercicio de la autonomía judicial y en desarrollo del principio de la sana
crítica, el razonamiento que hizo el juez natural del proceso para llegar a la
conclusión de que la prueba de confesión daba lugar a declarar la pérdida de
investidura por la indebida destinación de dineros públicos fue congruente y se
ajustó a las reglas procesales, este defecto no podía prosperar. En conclusión, los
pretendidos defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente no se
configuraban en el caso bajo análisis, y por ello, no había lugar a que fuera
revocado el fallo de tutela de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

SALVAMENTO DE VOTO

Por haber sido derrotado el proyecto que presenté en Sala Plena Contenciosa, de
manera respetuosa expongo las razones por las cuales debió revocarse la
sentencia proferida el 18 de enero de 2017, por la Sección Segunda, Subsección
B, de esta Corporación, que amparó el derecho al debido proceso del señor
William Villamizar Laguado, y en su lugar, había lugar a denegar la acción de

tutela; salvamento que recoge los fundamentos puestos a consideración de la
Sala.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor William Villamizar Laguado, por conducto de apoderado, promovió acción
de tutela contra la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Consejo de
Estado, Sección Primera, por considerar vulnerados el derecho fundamental al
debido proceso, así como los derechos a la no autoincriminación, a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político e incurrir en “error sustantivo” y
en desconocimiento del precedente judicial.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones30:
“[…]

Pido señores Magistrados que mediante la sentencia que decida la presente
acción de tutela, se deje sin efectos la sentencia de 28 de Julio de 2016
proferida por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado por
medio de la cual decretó la pérdida de investidura de William Villamizar
Laguado Concejal del Municipio de San José de Cúcuta – periodo 2001-
2003.

En su lugar se deje en firme la sentencia de 6 de octubre de 2015 proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual
denegó la solicitud de pérdida de investidura.

La pretensión de dejar sin efecto, comprende la sentencia de 28 de Julio de
2016, proferida por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado y
la providencia de 13 de octubre de 2016 que resolvió la solicitud de
aclaración de la misma.

[…]”

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El apoderado del accionante manifestó que el señor William Villamizar Laguado
fue elegido concejal del municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander,
para el período 2001-2003.

Que el Concejo Municipal de San José de Cúcuta aprobó el Acuerdo 0073 del 29
de octubre de 2002, por el cual se creó como factor salarial, la bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios, el subsidio de alimentación y el auxilio

30
Folios 1 a 20 cuaderno 1 de la acción de tutela.

de transporte para los empleados públicos de la administración central y
descentralizada del mismo municipio.

Con fundamento en lo anterior fue radicada demanda de pérdida de investidura en
contra del concejal William Villamizar Laguado, por indebida destinación de
dineros públicos, causal prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, debido a que participó y votó en la sesión que aprobó el referido acuerdo,
considerando el demandante que se presentó un detrimento del patrimonio público
a favor de terceros, consistente en que a los empleados del ente territorial se les
reconocieron prestaciones sociales, cuya determinación es competencia exclusiva
del Congreso de la República y del Gobierno Nacional.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en providencia del 6 de octubre
de 2015, negó la solicitud de pérdida de investidura, afirmando, entre otros
aspectos, que “… el actor no logró ni siquiera probar que el señor William
Villamizar Laguado votó favorablemente para la aprobación del proyecto 0088 de
2002, que se convirtió posteriormente en el Acuerdo 073 de ese año, pues el acta
de 22 de octubre de 2002, solo da cuenta de que el demandado asistió a la
plenaria del respectivo debate.”

El accionante explicó que, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el
demandante, el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 28 de
julio de 2016, la revocó y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura del señor
William Villamizar Laguado, al tener por demostrado que votó favorablemente para
la aprobación del acuerdo, con fundamento en lo manifestado por su apoderado
en la contestación de la demanda.

Advirtió que la sentencia concluyó que el demandante, como integrante del
concejo municipal, emitió su voto favorable para la aprobación del Acuerdo nro.
0073 de 2002 y permitió que se destinaran dineros públicos a objetos o
actividades no autorizados por la Constitución, la ley o el reglamento, con lo cual
incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos, razón por la que
revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda, decretando la pérdida de investidura.

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA

El apoderado del accionante manifestó que las razones que justifican el presente
mecanismo constitucional son las siguientes:

3.1. El Acuerdo nro. 0073 del 29 de octubre de 2002 es un acto general que creó
factores de salario y no se ocupó de crear prestaciones sociales, tratándose de
materias distintas.

3.2. El Concejo Municipal de Cúcuta, mediante el precitado acuerdo, no estableció
un sistema salarial, pues éste lo define el artículo 3 de la Ley 4 de 1992;
simplemente previó unos factores de salario y, por ende, para decretar la pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos, la Sección Primera del
Consejo de Estado “debió precisar qué consiste (sic) la facultad de establecer la
escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo
(C.N. art. 313-6) y, señalar porqué en la órbita de esa competencia no cabía la
posibilidad de contemplar factores de salario.”

3.3. Las funciones que son indelegables en las corporaciones públicas territoriales
y no pueden arrogarse, son las señaladas por el numeral 19 literal e) del artículo
150 Carta Política31; el Acuerdo nro. 0073 de 2002 no estableció un sistema
salarial sino unos factores de salario.

3.4. En el proceso de pérdida de investidura no se demostró la participación del
concejal William Villamizar Laguado y se partió de una ficción legal al aplicar el
artículo 193 del Código General del Proceso, asumiendo que el demandado
participó con su voto favorable en la aprobación del Acuerdo 0073 de 2002
expedido por el Concejo Municipal de San José de Cúcuta, con lo cual desestimó
el derecho fundamental de la No autoincriminación establecido por el artículo 33
de la Constitución Política.

31
“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(…)

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. (…)”

3.5. El Acuerdo 0073 de 2002 no lo expidió el demandado sino el Concejo
Municipal de San José de Cúcuta.

3.6. No se determinó con la precisión jurídica de rigor, por qué la materia no podía
ser regulada por el concejo municipal, gozando el Acuerdo 0073 de 2002 de
presunción de legalidad, pues no ha sido declarado nulo por la autoridad
competente.

3.7. “La prohibición de delegación en las corporaciones públicas territoriales, lo
mismo que la prohibición de arrogarse es la competencia para regular el régimen
de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.”

3.8. No se ha esclarecido si en la atribución dada a los concejos municipales en el
numeral 6 del artículo 313 de la Carta Política32, de establecer la escala de
remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo, pueda estar o
no prevista la posibilidad de indicar si en esa escala se puede hacer mención a
factores de salario.

Por las razones anotadas, el apoderado del accionante manifestó que el asunto
revestía relevancia constitucional, por cuanto la sentencia cuestionada violaba y
amenazaba derechos constitucionales fundamentales, incurrió en error sustantivo
al darle primacía a la norma procesal prevista en el artículo 193 de Código
General del Proceso y desconoció el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-501 del 6 de agosto de 2015.

4. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN PRIMERA INSTANCIA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

4.1. La tutela fue radicada el 16 de noviembre de 201633 y correspondió en reparto
a la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que por auto del 21 de

32
El cual prevé: “artículo 313. Corresponde a los concejos: (…) 6. Determinar la estructura de la
administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde,
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de
sociedades de economía mixta.(…)”.
33
Folio 1 cuaderno tutela.

noviembre del mismo año la admitió y ordenó notificar a la Sección Primera del
Consejo de Estado, así como también dispuso la vinculación, por tener interés
directo en el resultado del proceso, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y
al señor Héctor Alfonso Oviedo Lozano34. Tal orden se cumplió el 28 de noviembre
de 201635.

En el citado proveído también se solicitó a la Sección Primera del Consejo de
Estado y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que remitieran, en
original, copia o magnético, el expediente correspondiente al proceso de pérdida
de investidura con radicación número 54001233300020150030701.

4.2. El señor Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, magistrado del
Consejo de Estado, Sección Primera y ponente de la decisión cuestionada,
rindió informe en oportunidad, solicitando se negara el amparo solicitado; para ello
expuso los siguientes argumentos36:

El demandante no precisó cuáles fueron los defectos previstos por la
jurisprudencia constitucional que se presentaban en este caso y al parecer aludió
a la eventual configuración del defecto sustantivo.

Frente al principio de no autoincriminación consagrado por el artículo 33 de la
Carta Política, el actor simplificó los argumentos esbozados por la Sala de la
Sección Primera, en los cuales se analizó el alcance del mismo; afirmó que la
providencia del 28 de julio de 2016 hizo eco de las decisiones judiciales proferidas
por la Corte Constitucional, específicamente las sentencias C-102 de 2005 y C-
258 de 2011, para concluir que no se vulneró dicha garantía cuando el
demandado dentro del proceso, de forma libre y en ejercicio del derecho de
defensa, aceptó como ciertos todos los hechos alegados en la demanda; luego, la
aceptación que se presentó en el caso controvertido cumplió los requisitos de
confesión previstos en los artículos 191 y 193 del Código General del Proceso.

Aseveró que el estudio normativo y jurisprudencial que hizo la Sección acerca del
contenido del Acuerdo 0073 de 2002 fue acertado, e insistió en que las entidades

34
Folio 98 cuaderno tutela.
35
Folios 54-61 cuaderno de la acción de tutela.
36
Folios 104 a 117 cuaderno tutela.

del orden territorial no tienen competencia para crear salarios ni prestaciones,
porque, de hacerlo, vulneran la Constitución Política y la ley.

Por último, afirmó que no se desconoció la sentencia SU-501 de 2015, pues en el
proceso se probó que la actuación del señor William Villamizar Laguado fue
culposa, por lo que se atendieron los requisitos de la responsabilidad subjetiva que
determinó la Corte Constitucional, y añadió que el aquí actor no alegó en el trámite
del proceso algún tipo de causal de exclusión.

4.3. La Jefe de la Oficina Jurídica (E) de la Registraduría Nacional del Estado
Civil alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela porque la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, hizo tránsito a cosa juzgada.

4.4. El señor Héctor Alfonso Oviedo Lozano, demandante dentro del proceso de
pérdida de investidura, guardó silencio.

5. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del
18 de enero de 2017, amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor
William Villamizar Laguado y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia del
28 de julio de 2016, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
ordenando que se profiriera una nueva decisión37.

Como problema jurídico a resolver determinó: “(…) si la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente jurisprudencial al decretar la pérdida de
investidura del señor William Villamizar Laguado, como Concejal del Municipio de
San José de Cúcuta para el periodo 2001-2003, en la sentencia del 28 de julio de
2016 (…)”.

Consideró que la acción de pérdida de investidura corresponde al ejercicio del
poder punitivo del Estado, en donde se sanciona aquella conducta que pugna con
el deber de ejercer un cargo de representación popular de manera pulcra,

37
Folios 141 a 159 cuaderno de tutela.

decorosa e intachable; siendo, en últimas, una acción de tipo ético y debido a su
carácter sancionatorio, ello impide que se acuda a todas las normas previstas por
el Código General del Proceso, porque la naturaleza de los procesos que allí se
regulan no es compatible en todo con el de pérdida de investidura que se adelanta
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Agregó que, por ende, lo propio es aplicar el régimen probatorio del proceso
disciplinario, “no porque la pérdida de investidura tenga la naturaleza de un
proceso disciplinario, sino porque siendo ambas acciones de tipo sancionatorio,
resulta la regulación más próxima a esta tipología de proceso.”

Razonó que, dado que el propio proceso disciplinario, en cuanto a la regulación de
los medios de prueba, remite al Código de Procedimiento Penal, dada la afinidad
de su naturaleza sancionadora, también debía acudirse al mismo ordenamiento,
que es la normativa que regula integralmente el medio de prueba de la confesión;
para concluir que, en materia penal, la confesión o aceptación de responsabilidad
es válida, pero debe hacerla la persona implicada, sin que haya norma que
permita la confesión hecha por otro, pues se trata de un acto reservado a la
persona misma, no al defensor; por ello estimó que la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo al aplicar indebidamente al
proceso de pérdida de investidura el artículo 193 del Código de Procedimiento
Civil, cuando dicha disposición no es compatible con la naturaleza de este proceso
sancionatorio.

En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que también se configuraba, toda vez que
la Sección Primera de esta Corporación, además de haber aplicado de manera
indebida el artículo 193 del Código General del Proceso, el resultado de su
examen no daba lugar a considerar probado el siguiente hecho: “el demandante
votó afirmativamente el proyecto de acuerdo que se convirtió en el Acuerdo
No. 073 de 2002.”38. ( negrillas en la providencia citada)

“Lo anterior, por cuanto el hecho narrado en la demanda dentro del proceso de
pérdida de investidura solo decía que: “El 22 de octubre de 2002, siendo las 5: 10
pm se reunió el Honorable Concejo Municipal de Cúcuta y aprobó en su segundo
debate reglamentario el proyecto Nº 088 del 2002” y que “En la aprobación de

38
Folio 530 c.ppal 2 exp. 2015-00307 PI.

este acuerdo participó y voto el Honorable Concejal WILLIAM VILLAMIZAR
LAGUADO (…) declarado elegido por la Registraduría Municipal del Estado Civil y
posesionado ante el Concejo en Pleno para el periodo Constitucional 2001 –
2003”39 (Negrilla y subrayado en el fallo de tutela).

Concluyó que, comoquiera que la manifestación del apoderado del demandado en
la contestación a la demanda de pérdida de investidura fue: “Es cierto, y de eso
data ya trece años, son circunstancias objetivas que efectivamente sucedieron y
que este extremo procesal no desconoce, por cuanto ello está certificado en las
actas y documentos que acompañan la demanda, sin embargo, de ahí a que con
ello se configure una indebida destinación de dineros púbicos, deberá ser objeto
de prueba por parte del demandante (…),” la supuesta confesión del voto
afirmativo en la aprobación del Acuerdo No. 073 de 2002 por parte del entonces
Concejal William Villamizar perdía su sustento, con lo cual, se desvirtuaba la
conclusión a la que llegó la Sección Primera, sobre la responsabilidad directa y
personal del ahora tutelante en la decisión administrativa que derivó en una
indebida destinación de dineros públicos.

Por último, señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado impuso la
máxima sanción de muerte política al entonces Concejal Villamizar Laguado con
fundamento en una supuesta ilegalidad del Acuerdo 073 de 2002, cuando la
presunción de legalidad no fue desvirtuada dentro del medio de control de nulidad
y ni siquiera en el evento de declararse tal nulidad constituía una sanción
definitoria para decretar la pérdida de investidura de un concejal, toda vez que se
requería el estudio de otros aspectos que permitieran advertir la responsabilidad
del demandado en la causal invocada.

6. IMPUGNACIÓN

El Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, mediante escrito radicado el 17 de
febrero de 2017, impugnó la sentencia del 18 de enero del mismo año, por
considerar que40:

39
Folio 1 del c. de pérdida de Investidura.
40
Folios 166 a 177 cuaderno tutela.

La providencia cuestionada no incurrió en defecto sustantivo porque el régimen
probatorio aplicable a las pérdidas de investidura de concejales es el previsto en el
Código General del Proceso; en efecto, al no existir norma específica de
regulación, debía darse aplicación a lo previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en el artículo 211 remite al
Código de Procedimiento Civil y no al Código de Procedimiento Penal.

Aclaró que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ya había definido que el
régimen probatorio de la acción de pérdida de investidura es, por remisión, el del
Código General del Proceso; para ello citó el auto del 6 de julio de 2015, M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente nro. 110010315000201501564,
así como la providencia del 6 de octubre de 2015, expediente nro.
110010315000201401602.

Advirtió que la sentencia de tutela no respetó los límites propios del juez de tutela
y fue “absolutamente arbitrario” por resolver un conflicto de interpretación del
derecho legislado, propio del juez ordinario, y resaltó que el régimen probatorio
aplicable no fue cuestionado en la acción de tutela.

Resaltó que el señor William Villamizar Laguado, en la contestación de la
demanda de pérdida de investidura, afirmó que votó a favor el Acuerdo 0073 de
2002, y sostuvo que, de haber votado en forma negativa el concejal, debió
mencionarlo así, pero no lo hizo.

Consideró que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional
en la que se cuestione el análisis probatorio que realizó el juez natural y, aún más,
cuando la valoración no fue irregular y se siguió el precedente fijado por esta
Corporación.

Adujo que, si bien es cierto se citó la posición vigente hasta el momento del
Consejo de Estado, Sección Segunda, respecto del régimen prestacional de los
empleados del orden nacional y territorial, en ningún momento se hizo un estudio
de la legalidad del Acuerdo 0073 de 2002.

Por lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

7. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 9 de marzo de 2017,
profirió una nueva decisión en la que atendió lo ordenado en el fallo de tutela y, en
consecuencia, confirmó la adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que había negado las pretensiones de la demanda de pérdida de
investidura presentada contra el señor William Villamizar Laguado.

8. HECHOS RELEVANTES

En el proceso se acreditó lo siguiente:

8.1. El señor William Villamizar Laguado fue elegido concejal del Municipio de San
José de Cúcuta, Norte de Santander, para el período 2001-200341.

8.2. El Concejo Municipal de San José de Cúcuta aprobó el Acuerdo 0073 del 29
de octubre de 2002, por el cual fue creada como factor salarial, la bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios, el subsidio de alimentación y el auxilio
de transporte para los empleados públicos de la administración central y
descentralizada del mismo municipio42.

8.3. El 31 de julio de 2015 fue interpuesta demanda de pérdida de investidura en
contra del concejal William Villamizar Laguado por indebida destinación de dineros
públicos, con fundamento en la causal señalada por el numeral 4° del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, bajo la consideración de que participó y votó en la sesión
que aprobó el referido acuerdo, afirmando el demandante que se presentó un
detrimento del patrimonio público a favor de terceros, consistente en que a los
empleados del ente territorial se les reconocieron prestaciones sociales, cuya
determinación es competencia exclusiva del Congreso de la República y del
Gobierno Nacional43.

8.4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en providencia del 6 de
octubre de 2015, negó la solicitud de pérdida de investidura, y dentro de los
argumentos base de la decisión se destaca la consideración de que “… el actor no
logró ni siquiera probar que el señor William Villamizar Laguado votó

41
Folios 24 a 27 cuaderno 1 del proceso de pérdida de investidura.
42
Folios 39 a 42 del cuaderno 1 del proceso de pérdida de investidura.
43
Folios 1 a 22 del cuaderno 1 del proceso de pérdida de investidura.

favorablemente para la aprobación del proyecto 0088 de 2002, que se convirtió
posteriormente en el Acuerdo 073 de ese año, pues el acta de 22 de octubre de
2002, solo da cuenta de que el demandado asistió a la plenaria del respectivo
debate”44.

8.5. Frente a la anterior decisión el demandante interpuso recurso de apelación y
el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 28 de julio de 2016,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura del
señor William Villamizar Laguado, al tener por demostrado que, como integrante
del concejo municipal, votó favorablemente para la aprobación del Acuerdo 0073
de 2002, incurriendo en indebida destinación de dineros públicos45.

8.6. El actor, mediante memorial radicado el 8 de agosto de 201646, solicitó
aclaración de la precitada sentencia y la Sección Primera del Consejo de Estado,
en proveído del 13 de octubre del mismo año, denegó la aclaración, bajo la
consideración que ésta no tenía por objeto esclarecer conceptos o frases que
ofrecen verdadero motivo de duda que estuvieran consignados en la parte
resolutiva de la sentencia, o influyeran en ella.

No obstante, dijo lo siguiente en el mismo auto acerca de los efectos de las
decisiones judiciales emitidas en los procesos de pérdida de investidura, luego de
citar el artículo 189 de la Ley 1437 de 201147:

“[…] El demandante en este tipo de acciones busca, como consecuencia de la
comprobación de una[s] causales previstas en la ley, que se altere una
situación original en la que un ciudadano ostenta (u ostentó) la condición de
congresista, diputado, concejal o edil, para despojarlo de ella, esto es, que el
juez emita una sentencia constitutiva, en la que extinga una situación jurídica
existente creando una nueva que no existía, razón por la que sus efectos se
surtan a partir de la ejecutoria de la misma y hacia futuro.

En tal medida, la sanción derivada de la sentencia constitutiva que despoja a
un ciudadano de su investidura tendrá efectos a partir de su ejecutoria y hacia
el futuro y no debería afectar, en consecuencia, situaciones consolidadas
ocurridas con anterioridad a la ejecutoria de la decisión judicial. […]”

44
Folios 364 a 375 del cuaderno 2 del proceso de pérdida de investidura. Aparte en comillas en
folio 374 ibídem.
45
Folios 514 a 567 cuaderno 2 del proceso de pérdida de investidura.
46
Folios 573 a 581 cuaderno 2 del proceso de pérdida de investidura.
47
Folios 587 a 591 cuaderno 2 del proceso de pérdida de investidura.

8.7. El concejal demandado interpuso acción de tutela contra la sentencia
proferida el 28 de julio de 2016 por la Sección Primera de la Corporación 48, y la
Sección Segunda, Subsección B, en fallo del 18 de enero de 2017, amparó el
derecho fundamental al debido proceso del señor William Villamizar Laguado; en
consecuencia, dejó sin efectos la providencia cuestionada del 28 de julio de 2016,
ordenando que, en el término de 30 días, la Sección Primera profiriera nueva
decisión49.

8.8. La Sección Primera del Consejo de Estado dictó sentencia sustitutiva el 9 de
marzo de 2017, mediante la cual dio cumplimiento a lo ordenado por la Sección
Segunda, Subsección B, y en su lugar confirmó la sentencia del a quo50.

9. ANÁLISIS DEL CASO

Dado que la presente tutela fue asumida por importancia jurídica, estimo que era
el espacio propicio para que la Sala Plena Contenciosa se pronunciara sobre los
siguientes aspectos: i) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y iii) descender a los defectos
invocados en el caso concreto.

9.1. Frente a los requisitos de procedencia adjetiva de la acción de tutela
contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional adoptó los siguientes requisitos de carácter
general para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales han sido acogidos por esta Corporación51:

“[…] a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a

48
Folios 1 a 20 cuaderno 1 del expediente de tutela.
49
Folios 141 a 159 cuaderno 1 del expediente de tutela.
50
Folios 638 a 650 cuaderno 2 del proceso de pérdida de investidura.
51
Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

otras jurisdicciones52. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable53. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración54. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución
de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora55. No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con
los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de
la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible56.
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

52
Sentencia 173/93.
53
Sentencia T-504/00.
54
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.
55
Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
56
Sentencia T-658-98.

f. Que no se trate de sentencias de tutela57. Esto por cuanto los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas. […]”

Por consiguiente, era procedente referirse a cada uno de los citados elementos,
así:

9.1.1. Relevancia constitucional:

La Corte Constitucional ha sostenido que los asuntos sometidos al juez de tutela
deben ser constitucionalmente relevantes; es decir, el debate que se plantea en la
demanda debe versar respecto de derechos fundamentales. En ese sentido, se
indicó en la sentencia C-590 de 2005:

“Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública.”58 (Subrayas fuera del texto)

De lo anterior se colige que al juez constitucional únicamente le está permitido
estudiar cuestiones que cuenten con una clara importancia constitucional; ello, con
el fin de impedir que éste se inmiscuya en materias propias de otras jurisdicciones,
lo que desbordaría el ámbito de aplicación de la acción de tutela.

Así las cosas, al analizar la procedencia, el primer punto que debe abordar el juez
será el de examinar si el asunto puesto a su consideración se encuentra revestido
de relevancia constitucional, determinando la razón por la cual esa situación afecta
realmente los derechos fundamentales de las partes. Al respecto la Corte
Constitucional ha sostenido59:

“(…) Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia
constitucional, esta Corte ha dicho que obedece al respeto por la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás

57
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01.
58
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño
59
Corte Constitucional, Sentencia SU172 de 2015, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.

jurisdicciones. Debe el juez de tutela argumentar clara y expresamente por
qué el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión de
relevancia constitucional, que afecta los derechos fundamentales de las
partes.” (Subrayas fuera del texto)

Por ende, la relevancia constitucional tiene como finalidad: (i) proteger el principio
de autonomía judicial, y (ii) que el juez constitucional no se inmiscuya en materias
propias de otras jurisdicciones; en ese sentido, la Sala Plena de esta Corporación
ha señalado60:

“La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde
dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la
Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de
la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)”61; por
otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que
supone la conjunción de dos elementos necesarios62.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por
la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal

60
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014. Rad.:11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A.; M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
61
Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
62
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.

requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional63.

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la
acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente.” (Subrayas fuera del texto)

De lo dicho se deduce que, para entender acreditado el requisito de relevancia
constitucional, el juez lo primero que debe advertir en la demanda es que el
interesado invoque derechos de orden constitucional y que, adicionalmente,
explique las razones por las cuales los entiende transgredidos. En tal virtud, si el
derecho invocado no cuenta con dicho carácter, no hay lugar a emprender el
estudio de los requerimientos que siguen, pues la acción de tutela ha sido erigida
precisamente sobre la idea de protección de esos y no otros derechos.

Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del derecho
acontece en lo que se conoce como su núcleo esencial, pues sólo de esta manera
el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía
de la acción prevista en el artículo 86, se logre exceptuar en un juicio
constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el
juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con
la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo
con los argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o
violación efectiva de un derecho fundamental constitucional.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial de un
derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de
la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse
el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho

63
En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49
(“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del
numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte
del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”)
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de
amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.

deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o
tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O,
también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su
ejercicio o su necesaria protección”64.

Esto significa que el núcleo esencial de un derecho fundamental es el contenido
intocable que determina su posible vulneración; por ende, si éste es afectado, se
estará ante su violación; para ello, la Corte Constitucional ha establecido los
criterios para determinar su contenido, al señalar65:
“[…] Los criterios que sirven de apoyo para determinar el contenido esencial
de un derecho fundamental, son principalmente dos: i) hacen parte del núcleo
esencial las características y facultades que identifican el derecho, sin las
cuales se desnaturalizaría y, ii) integran el núcleo esas atribuciones que
permiten su ejercicio, de tal forma que al limitarlas el derecho fundamental se
hace impracticable.[…]”.

Con miras a establecer los aspectos que deben ser puntualizados para resolver si
una demanda de tutela contra providencia judicial tiene o no relevancia
constitucional, la Sala destaca: (i) que el escrito invoque la vulneración de
derechos fundamentales, (ii) que se expongan las razones de vulneración de esos
derechos fundamentales, y (iii) que la transgresión suponga un atentado contra el
núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de la
tutela un examen de las razones del actor para afirmar que hay amenaza o
vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo fundamental
del mismo.

9.1.2. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la
tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales del
solicitante, ésta debe formularse en un plazo razonable y proporcionado, contado
a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración de tales derechos, pues
aceptar lo contrario desvirtuaría el carácter excepcional de la misma.

64
Corte Constitucional, sentencia C-756 del 2008.
65
Ibídem.

Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 201466, en lo concerniente a
la verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en los casos que se
controvierten providencias judiciales, consideró que este requisito, por regla
general, se debe tener por cumplido cuando la acción se interpone dentro de los
seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia que se pretende
controvertir. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los términos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas y la
necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado en cada
caso particular, teniendo en consideración las circunstancias especiales de modo,
tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.

Por lo anterior, la regla general que determinaron la Corte Constitucional67 y esta
Corporación respecto al requisito de inmediatez es que, dada la naturaleza de
urgente e inmediata, la acción de tutela debe ser interpuesta en un término
razonable que, en principio, no puede ser mayor a seis (6) meses siguientes a los
hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos fundamentales. Esto es
así por cuanto el juez constitucional debe tener mayor rigor en el examen de este
requisito de procedibilidad, ya que permitir su procedencia meses o aún años
después de proferida la decisión, sacrificaría los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, así como eventualmente los derechos de terceras personas.

Así mismo, la Corte Constitucional ha señalado como criterios excepcionales para
evaluar el término de presentación de la acción de tutela los siguientes casos68:

“[…] 10. Entre los criterios que permiten valorar si el lapso de tiempo entre una
y otra circunstancia es razonable, oportuno y justo se cuentan: “(i) si el
ejercicio inoportuno de la acción implica una eventual violación de los
derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo trascurrió entre la expedición de una
sentencia de unificación novedosa de esta Corte sobre una materia discutida y
la presentación del amparo; (iii) cuánto tiempo pasó entre el momento en el

66
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014. Rad.:11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A.; M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
67
Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-391 del 27 de julio de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo y T-246 del 30 de abril de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Mendez;
68
Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de esta
última; o (iv) cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha
juzgado irrazonable en casos similares al que está por resolverse” 69. En este
mismo sentido, la sentencia T-043 de 2016 se refirió a los siguientes criterios:
“(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío
de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;
(iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición”70.71.”

De igual manera, la sentencia T-069 de 2015 señaló que le corresponde al
juez de tutela analizar el cumplimiento del principio de inmediatez “en relación
con las circunstancias que rodean el caso concreto, entre las cuales se
encuentran: i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; ii) las situaciones
personales o coyunturales que le hayan impedido acudir de forma inmediata
ante la jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv) la
vulnerabilidad económica, además de la persistencia o agravación de la
situación del actor; v) la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la
ausencia absoluta de diligencia por parte del afectado; y vii) la posibilidad de
que el amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica”72.

11. Esta Corporación ha considerado los siguientes criterios para
valorar la admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que
hubiese transcurrido un largo periodo de tiempo respecto de la vulneración o
amenaza de derechos: “(i) [q]ue se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera
vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es
actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros”73. Las circunstancias mencionadas previamente conllevan a que no sea

69
Corte Constitucional, Sentencia SU-407 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
70
En ese sentido, ver sentencias T-172 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-743 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-814 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y SU-961 de
1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
71
Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Estos criterios
también han sido aplicados en las sentencias: T-759 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-243 de
2008, M.P. Manuel José Cépeda Espinosa, entre otras.
72
Corte Constitucional, Sentencia T-069 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
73
Corte Constitucional, Sentencia T-158 de 2006, M.P. Estas consideraciones fueron reiteradas en
las sentencias T-590 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-069 de 2015, M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez; T-205 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-043 de 2016, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. En este sentido también se ha pronunciado esta Corporación en las
sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-468 de 2006, T-654 de 2006, T-692
de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-593 de 2007, T-696
de 2007, T-792 de 2007, T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-189 de 2009, T-265 de 2009, T-299 de
2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-328 de 2010, T-1028 de 2010, y SU-168 de 2013, entre
otras. Ver entre otras, las Sentencias T- 1110 de 2005, T- 593 de 2007, T-425 de 2009, T-1028 de

exigible de manera estricta el principio de inmediatez; puesto que, “la acción
de tutela tiene como objetivo la protección cierta y efectiva de derechos
fundamentales que se encuentran amenazados, bien por acción o bien, por
omisión de autoridad pública o particular cuando a ello hay lugar. Ese objetivo,
no se agota con el simple paso del tiempo, sino que continua vigente mientras
el bien o interés que se pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado para
evitar que se consume un daño antijurídico de forma irreparable”. […]
(Subrayas fuera de texto).

En ese contexto, tratándose de los criterios excepcionales para evaluar la
presentación proporcional en el tiempo de la acción de tutela, en primer lugar el
demandante debe exponer en el escrito de amparo un mínimo de carga
argumentativa en aras de acreditar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad
en el ejercicio de la tutela; (ii) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados y, iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales. De
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición74.

Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer si
éstas se adecuan en los criterios excepcionales fijados por la Corte Constitucional
expuestos anteriormente; estos criterios excepcionales pueden responder a
parámetros de índole subjetiva u objetiva según corresponda; veamos:

El subjetivo, es aquel que se circunscribe a las condiciones especiales del sujeto o
sujetos que instauran la acción de tutela. Así pues, el juez constitucional deberá
evaluar: (i) si el demandante pertenece a un grupo vulnerable; (ii) si de
conformidad con la situación personal o coyuntural del actor no era posible acudir

1010, T-187 de 2012 y SU-158 de 2013. Ver entre otras, las Sentencias T- 593 de 2007, T-158 de
2006, T-792 de 2009, T-1028 de 1010, T-187 de 2012 y T-844 de 2013. Ver Sentencias T-1110 de
2005, T-158 de 2006, T- 429 de 2011, T-998 de 2012, SU-158 de 2013, T-521 de 2013, T-447 de
2013, y T-841 de 2014. Allí la Sala Plena y las diferentes Salas de Revisión han hecho alusión a
estas situaciones excepcionales al abordar la procedibilidad de acciones de tutela mediante las
cuales se pretendía obtener acceso a una defensa técnica, a un recalculo del monto base de la
pensión, a la indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión de
sobreviviente, a la pensión de invalidez, reintegro derivado de estabilidad laboral reforzada y pago
de acreencias laborales a trabajadores sindicalizados respectivamente.

74
En ese sentido, ver sentencias T-172 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-743 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-814 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y SU-961 de
1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

de forma inmediata al juez constitucional; (iii) si el accionante se encuentra en
condiciones de aislamiento geográfico o de vulnerabilidad económica que le
impidieron ejercer la tutela; (iv) si está en estado de indefensión que le impidió
hacer uso de la acción de tutela, y (v) si la vulneración a los derechos
fundamentales ha sido permanente en el tiempo.

Por su parte, el criterio objetivo, hace referencia a aquellos eventos en que la
Corte Constitucional haya expresamente determinado un plazo especial para la
interposición del amparo dada las condiciones propias del caso en concreto, como
sucede cuando se discuten pensiones de sobrevivientes.

En conclusión, este requisito implica como regla general que la acción de tutela
debe interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la
providencia que se pretende controvertir; sin embargo, si de conformidad con la
carga argumentativa expuesta por el demandante en el escrito de tutela, el juez
constitucional evidencia que existe una causal de justificación para que el
demandante no haya acudido al procedimiento de amparo en ese plazo, deberá
acudir a los criterios excepcionales para el cumplimiento del requisito de
inmediatez, esto es, el objetivo o subjetivo, para analizar si el tiempo de
presentación y la fecha en que fue instaurada la tutela es proporcional a las
condiciones del caso en concreto.

9.1.3. Subsidiariedad
También ha definido la jurisprudencia constitucional que es necesario agotar, a
efectos de que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, todos los
medios –ordinarios y extraordinarios, de defensa al alcance de la persona
afectada, salvo que el mecanismo no resulte idóneo o se trate de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con esto, no puede acudirse a la acción de tutela como un mecanismo
de protección alterno, puesto que ello implicaría desnaturalizar los otros
instrumentos judiciales que para la protección de derechos se han diseñado,
agotando las competencias del respectivo juez natural.

En este sentido, precisó la Corte Constitucional en sentencia T-504 de 2000,
referenciada en el fallo C-590 de 2005:

“[…] La acción de tutela entonces es subsidiaria, procede sólo cuando los
derechos que se invocan como vulnerados no puedan ser protegidos por
medios judiciales ordinarios, que tienen preferencia. Cuando el juez incurre en
una vía de hecho, es posible corregir el error mediante los recursos
establecidos dentro del proceso, la reposición, la apelación y el extraordinario
de casación, reservándose la tutela para un momento posterior, cuando se
han agotado los medios de defensa ordinarios, conservándose así su carácter
residual.

No es posible entonces, entablar la acción de tutela como si la jurisdicción
constitucional fuera una jurisdicción paralela, para proteger derechos
fundamentales cuya protección también se ha solicitado por otro instrumento
procesal idóneo, desplazando al juez natural que existe para resolver el
asunto en litigio, sobre todo tratándose de una interpretación judicial que en sí
misma es una facultad del juez de conocimiento, y por consiguiente debe ser
definido dentro de las instancias y las jerarquías establecidas dentro de la
jurisdicción ordinaria.

-Tampoco puede aceptar la Sala el argumento mediante el cual el apoderado
de la actora afirma que el recurso extraordinario de casación no es el
mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales que considera
vulnerados por la reconocida mora judicial de la Corte Suprema de Justicia
para tomar sus decisiones, considerando que la decisión que se tomase sería
tardía e inútil respecto del perjuicio eventualmente causado de producirse la
efectiva captura que se pretende evitar con la suspensión de la orden.

Es cierto que el trámite de la acción de tutela es más rápido que el de los
recursos interpuestos ante otras jurisdicciones, pero si este fuera un criterio
para la procedibilidad de esta acción, todos los procesos terminarían
tramitándose por esa vía, desconociendo su finalidad de mecanismo
subsidiario y residual, siendo por el contrario el agotamiento de los recursos
ordinarios un requisito indispensable para poder acudir a la tutela.
[…]”

Tal pronunciamiento fue recogido en sentencia de unificación SU-695 de 2015, en
la que se reiteró que el fundamento de este presupuesto es prevenir la intromisión
indebida de una autoridad distinta al juez natural, de tal forma que no se suplanten
de manera fraudulenta las competencias propias de cada juicio y, además, que los
ciudadanos cumplan con la carga mínima de diligencia en la defensa de sus
intereses agotando los medios de defensa con los que cuente; veamos:

“[…]

4.3.5. “La subsidiariedad como requisito genérico de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales

4.3.5.1. Tal como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación 75, la
acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual,

75
Sentencias T-335 de 2007; T-764 de 2007; T-266 de 2008 y T-655 de 2009, entre otras.

subsidiario y cautelar, encaminado a la protección inmediata de los derechos
fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política que
consagra la acción de tutela como un mecanismo de naturaleza subsidiaria
para la protección de los derechos fundamentales que “sólo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.”76 De lo anterior se
colige, que no es la finalidad de esta acción ser un mecanismo alternativo a los
otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda utilizarse uno u
otro sin ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los jueces
ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias.

4.3.5.2. Sin embargo, la existencia de otro medio judicial no hace de por sí improcedente
la intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta dos
circunstancias especiales a saber: primero, que los medios alternos con que
cuenta el interesado deben ser idóneos, esto es, aptos para obtener la
protección requerida, con la urgencia que sea del caso77 y; segundo, que a
pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, será procedente la
acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Así, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la
Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las
peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más
aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas
acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que
integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus
derechos.78

4.3.5.3. Esta Corporación ha señalado frente al requisito de subsidiariedad cuando se
atacan decisiones judiciales, que el mismo se debe estudiar en dos
escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) cuando el proceso se
encuentra en curso. Al respecto, la Sentencia T-113 de 201379 estableció:

“En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se
pueden presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido; o ii)
que el proceso judicial se encuentre en curso. Lo anterior constituye un
factor para diferenciar el papel del juez constitucional en cada caso, de
una parte, si se enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un
proceso concluido deberá asegurarse que la acción de amparo no se
está utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas, que se
agotaron todos los recursos previstos por el proceso judicial para
cuestionar las decisiones impugnadas y que no se emplea la acción de
amparo como una instancia adicional. De otra parte, si el proceso se

76
En este sentido se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias T-600 del 1 de agosto
de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1198 del 15 de noviembre de 2001. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-1157 del 1 de noviembre de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
T-321 del 21 de marzo de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
77
Sentencia T-384 del 30 de julio de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
78
Sentencia T-301 de 2009.
79
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en
principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un
mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales.”

En este sentido, la Corte ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de
conflictos, por lo que no es dable la intromisión del juez constitucional
en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas
especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo80.

[…]”

Aun cuando el accionante disponga de otro medio de defensa judicial, la tutela
puede ser ejercida como mecanismo transitorio siempre y cuando se utilice para
evitar la causación de un perjuicio irremediable. Al respecto, en la sentencia SU-
394 de 2016, se precisó:

“[…] 14.3. Con todo, ha dicho la Corte que “la sola existencia de otro
mecanismo judicial [de defensa] no constituye una razón suficiente para
declarar la improcedencia de la acción”81. El medio previsto debe ser idóneo,
es decir, válido y conducente para producir el efecto garante de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca. Además, debe ser eficaz, lo que
implica que debe llevar realmente a la protección oportuna del derecho que se
estima vulnerado.

14.5. En el caso de la tutela contra sentencias judiciales, el requisito de
subsidiariedad puede ser reivindicado en dos momentos diversos: el primero,
cuando el trámite procesal ha concluido, caso en el cual debe verificarse el
agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por el
ordenamiento para cuestionar las decisiones impugnadas, y, eventualmente,
evaluar si la tutela está siendo utilizada o no para revivir oportunidades
procesales vencidas82.

14.6. Un segundo momento ocurre cuando el proceso judicial se encuentra en
curso. En esta última circunstancia, la tutela en principio no procede, teniendo
en cuenta que, como ya se mencionó, el amparo constitucional no puede
operar como un mecanismo paralelo a la protección judicial ordinaria.

15. Sin embargo, la tutela puede ser eventualmente procedente en aquellos
casos en que se dé la existencia efectiva de un perjuicio irremediable y se

80
Sobre el particular pueden verse las sentencias T-083 de 2007, T-1103 y 076 de 2003, T-1316 de
2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de
2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de
1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T-637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de
1992, entre otras.
81
Entre otras sentencias SU-961 de 1999, T-972 de 2005, T-068 de 2006 y T-580 de 2006.
82
Sentencia T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

requiera evitar que se consolide dentro de un proceso, la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

16. En tales circunstancias, esta Corporación ha señalado que la protección
constitucional se debe dar de forma transitoria, acogiendo las siguientes
consideraciones:

“…el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio de
defensa iusfundamental, implica que, aun existiendo medios de
protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar
un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la acción de
tutela. En este caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a
que la acción de tutela se conceda en forma transitoria, hasta tanto la
jurisdicción competente resuelva el litigio en forma definitiva”83.

17. La exigencia del perjuicio irremediable para la procedencia de la tutela en
tales casos, se deriva normativamente del tercer inciso del artículo 86 superior
que dispone que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” y del artículo 6°
del Decreto 2591 de 1991 que también prevé que la tutela no procederá
“[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.

18. En esta última hipótesis, esta Corporación ha reconocido la existencia de
un perjuicio de tal entidad y naturaleza, cuando concurren los siguientes
presupuestos:

(i) El perjuicio es cierto e inminente. Ello supone la existencia de una
amenaza cierta al derecho fundamental invocado, en el evento de no frenarse
el hecho generador de la afectación que se alega. En otras palabras, la
“existencia actual o potencial [del perjuicio] debe inferirse objetivamente a
partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras
conjeturas”84 subjetivas.

(ii) El perjuicio es grave. Ello implica que el daño o menoscabo material o
moral que se espera, debe ser de gran intensidad para la persona, en la
medida en que lesiona o amenaza con lesionar, un bien que objetivamente
considerado como de alta significación para el afectado.

(iii) Se requieren medidas urgentes e impostergables para conjurar la
amenaza. Ello significa, que las medidas que son necesarias para conjurar el
perjuicio irremediable invitan a la pronta ejecución o remedio.

19. Aunado a estos elementos configurativos de la noción de perjuicio
irremediable, la Corte ha exigido, para que proceda la tutela como
mecanismo de defensa transitorio, que tal perjuicio se encuentre probado.

83
Sentencia T-235 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
84
Sentencia T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería.

Por ende, no basta con afirmar en la tutela que un derecho se encuentra
sometido a un perjuicio irremediable, sino que es necesario, además, que
el afectado “explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las
condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de
juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento
en cuestión”85[…].”

Sobre el punto, es clara la línea jurisprudencial al establecer que la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales debe diferenciarse en dos escenarios: el
primero, cuando el proceso se encuentra en curso; y el segundo, cuando éste ha
culminado.

La hipótesis inicial supone que en el proceso respecto del cual se solicite la
protección ius fundamental, no se haya proferido una decisión que defina la
situación jurídica en litigio. Al respecto, la regla es que no es viable, salvo que se
haya alegado la existencia de un perjuicio irremediable, contando con las
características propias de esta figura, cuales son, que sea cierto e inminente,
grave e impostergable.

El segundo aspecto se traduce en un proceso en donde existe decisión judicial en
firme y frente al cual se han ejercido los mecanismos de defensa judicial
procedentes de manera previa a acudir al juez constitucional, pues la acción del
artículo 86 Superior no se erigió como un mecanismo paralelo al de las otras
jurisdicciones, sino subsidiario de éstos.

Siendo ello así, es menester ahora definir cuáles son los medios de defensa
judiciales a los que alude la jurisprudencia. En efecto, todos los pronunciamientos
de la Corte Constitucional se han referido a que son los ordinarios y
extraordinarios.

Los ordinarios se encuentran establecidos en el Capítulo XII del Título V de la Ley
1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; estos son, el recurso de reposición, apelación, queja y súplica; los
extraordinarios, por su parte, están regulados en el Título VI ibídem, y
corresponden al extraordinario de revisión, el de unificación de jurisprudencia, en
lo que toca a la Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativa y el especial de
revisión en los asuntos que se pretenda la pérdida de investidura de congresista.

85
Sentencia T-290 de 2005.M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Sobre los extraordinarios, era necesario precisar su alcance. Así pues, la
procedencia de la tutela contra providencia judicial está supeditada a que no
concurran ninguna de las causales señaladas por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, o las reguladas en normas especiales o en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, para la viabilidad del recurso el extraordinario de revisión; estas últimas
son:

“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada”.

En relación con la causal señalada en el numeral 5, esta Corporación ha
coincidido en afirmar que la nulidad se debe predicar de la sentencia como acto
jurídico individualmente considerado, esto es, producida por tal decisión o que
sobrevenga; por ende, no debe ser la que se origine en la nulidad del proceso
(artículos 132 y siguientes del Código General del Proceso), porque en ese caso
debieron ser alegadas en la instancia correspondiente. Están cobijadas en este
supuesto, eventos tales como: en el cual se condena a quien no ha sido parte en

el proceso; o cuando se dicta sentencia en proceso archivado; se dicta sentencia
por juez impedido; o cuando se profiere sin el número de votos necesario; o
cuando se dicta sin quórum; o cuando carece de motivación; o se condena por
cantidad superior; o se condena por objeto o causa diferente.

La jurisprudencia también abrió la posibilidad de que el recurso extraordinario de
revisión proceda con la invocación de la causal señalada en el anotado numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, cuando quiera que se evidencie la
vulneración del derecho al debido proceso; para ello es pertinente traer a colación
lo dicho por la Sección Quinta en fallo del 16 de enero de 2017, dentro del proceso
número 11001-03-28-000-2016-00070-00, en cuyo contenido también se aludió a
la postura de la Sala Especial de Revisión nro. 26, donde se decidió el recurso
extraordinario de revisión radicado con el número 11001-03-15-000-2011-01639-
00. El siguiente fue el discernimiento:

“[…]

“1. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso86
Corresponde al numeral quinto del artículo 250 del CPACA:

“Son causales de revisión:

“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.”

Una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo87 es la relativa a la nulidad
originada en la sentencia, dado que en razón de su redacción, ha
correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance, por
cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar la
nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco.

En ese sentido, desde la idea de que este recurso no se puede emplear o
utilizar para reabrir el debate que originó el respectivo proceso, la causal en
estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir
su alcance para evitar, precisamente, que ella se emplee para que el juez de
revisión se convierta en un juez de instancia.

86
En cuanto al alcance de esta causal, Cfr. Sentencia de la Sala Especial de Decisión No. 26 del
Consejo de Estado, proferida el 7 de abril de 2015, dentro del expediente
110010315000201300358-00, Demandante: Luis Facundo Maldonado Granados, Demandado:
Universidad Pedagógica Nacional.
87
Ibídem.

En un fallo de revisión de la Sala Especial de Revisión 2688, se indicó cómo,
en la Sala Plena de lo Contencioso, se originaron tres corrientes o tendencias
para entender este causal, según las cuales i) las razones de la nulidad de la
sentencia las define el juez; ii) las causales de nulidad de la sentencia son las
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil -hoy en día 133 del Código
General del Proceso- y iii) las causales de nulidad de la sentencia provienen
de la combinación de los dos criterios anteriores.

La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General del
Proceso, que por su contexto pueden originar la nulidad de la providencia,
para no confundirlas con aquellas generadas en las instancias o etapas
anteriores a esta, dado que el recurso de revisión solo se puede presentar
cuando la nulidad se materialice en el fallo y no en una fase que lo anteceda.

Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue fijando las
circunstancias que podían configurar la causal de revisión en estudio, para lo
cual analizó cada una de las causales establecidas en el artículo 140 del C. de
P. C., hoy 133 del Código General del Proceso, para indicar, entre otras
cosas, lo siguiente:

“…la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en
conformidad con la disposición referida – se hace alusión al artículo 140
del C. de P.C.-, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene
el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin
ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la
invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso,
porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente
la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad
debida (numeral 5), entre otros eventos.”[…]89

En un pronunciamiento posterior precisó:

“[…] Las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se
originan en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran
cuando quiera que se dan los motivos consagrados taxativamente en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, partiendo del contenido

88
Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Sentencia de 3 de febrero de 2015, Expediente:
11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario
de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle de de la Hoz.
89
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente:
REV-93. Actor: Gabriel Mejía Vélez. C.P.: Dr. Mario Alario Méndez.

de la misma disposición, las segundas deben interpretarse
restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos que esta
Corporación ha precisado y que conducen a determinar que la nulidad
originada en la sentencia puede ocurrir:

a) cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece
de jurisdicción o competencia;
b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que
terminó normalmente por sentencia en firme;
c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado
el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o,
declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso
legalmente concluido;
d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite
previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra
de la instancia;
e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la
invocada en ésta,
f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso,
porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia;
g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en
éstos casos, antes de la oportunidad debida.”

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado, que pueden existir otros
motivos no contemplados en los códigos procesales como causales de
nulidad, pero que surgen de la vulneración del artículo 29 constitucional.
Es decir, que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia
puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez
determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar
la causal de revisión en comento.

Así lo entendió la Especial de Decisión 26, al indicar “… las causales de
nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las
condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la
sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29.”90
En este caso, el juez no está creando una causal, pues se reconoce que la
nulidad originada en el fallo, se deriva del desconocimiento de un mandato
constitucional, en donde el operador judicial será el encargado de determinar
si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la
sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad
de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso.”

90
Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00
Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente,
doctora Olga Melida Valle de de la Hoz. En dicha sala, se aprobaron otras dos decisiones en igual
sentido. Radicación: 11001-03-15-000-1998-00157-01 (Rev. 157). Demandante: Sociedad de
Mejoras Públicas de Cali.

Al encontrar entonces que la alegación gira en torno a una causal de nulidad
originada en la sentencia, esta inconformidad se puede invocar como una
causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión y en vista de
lo anterior, para este juez constitucional es evidente que la parte actora tuvo a
su disposición otro mecanismo judicial para la protección de sus derechos
fundamentales, razón que no corresponde con el requisito de la subsidiariedad
de la tutela.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T-291 de 2014, afirmó que
el recurso extraordinario de revisión “En cuanto al derecho a la tutela judicial
efectiva, el hecho de que su naturaleza sea la de proteger la justicia material
pese a que el trámite judicial haya finalizado, concede a los ciudadanos un
recurso efectivo que permite ‘propugnar por la integridad del orden jurídico y
por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos”.

Agregó que, el recurso de revisión está encaminado a garantizar el derecho al
debido proceso en cuanto vela porque las actuaciones judiciales se
desarrollen observando plenamente las formas propias de cada juicio, aun
cuando ello implique cuestionar la ejecutoriedad de las sentencias”. […]”
(Subrayas de la Sala).

Vistas así las cosas, y dada la nítida postura que sobre el particular han adoptado
las dos Corporaciones Judiciales de cierre, cuando los argumentos de la acción de
tutela se enmarquen en alguna de las causales atrás estudiadas, devendría en
improcedente por no agotar el recurso extraordinario de revisión.

De otra parte, el legislador previó un nuevo mecanismo extraordinario en la Ley
1437 de 2011 para los eventos en que la sentencia impugnada “contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado” (artículo 258
ibídem), que deben entenderse como (i) aquellas que son emitidas por la Sala
Plena que deciden recursos extraordinarios de revisión contra sentencias de las
Secciones del Consejo de Estado y extraordinarios de unificación; las que
resuelven revisiones eventuales y de importancia jurídica y (ii) las proferidas por
las Secciones cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión contra
sentencias de Tribunales o para sentar jurisprudencia o por importancia jurídica o
social (artículo 270 y 271 ibídem).

Este mecanismo extraordinario tiene como fin asegurar la unidad de interpretación
del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de
los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida, o cuando fuere
el caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales (artículo 256 Ley

1437 de 2011) y procede contra las sentencias dictadas en única y segunda
instancia por los Tribunales Administrativos (artículo 257 ejusdem).

Bajo tales premisas sería improcedente la acción de tutela impetrada con ese
mismo objeto porque existe para el caso un recurso extraordinario que hace que
no se cumpla con el requisito de subsidiariedad.

El último de los recursos extraordinarios corresponde al especial de revisión de
pérdida de investidura regulado por el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, que
remite a las causales previstas en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo (que corresponde al artículo 250 de la Ley 1437 de 2011),
agregando para ese efecto las de vulneración al debido proceso y derecho de
defensa que se enlistan a continuación:

“Artículo 17. Recurso extraordinario especial de revisión. Son
susceptibles del Recurso Extraordinario Especial de Revisión, interpuesto
dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante
las cuales haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las
causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo, y por las siguientes:

a) Falta del debido proceso;

b) Violación del derecho de defensa;”

Sobre el particular, es importante aclarar que la procedencia de este recurso
contra las decisiones de pérdida de investidura de concejales fue negada en los
procesos adelantados en vigencia del Decreto 01 de 1984, por las razones
contenidas en la sentencia del 14 de diciembre de 2001 proferida en el proceso
número 05001 23 15 000 2002 02388 01, por la Sección Primera de esta
Corporación, que resultan pertinentes traer a colación:

“[…] A los efectos de la decisión a adoptarse en esta providencia, es del caso tener
en cuenta que bajo el régimen de la Ley 136 de 1994 y hasta la entrada en vigencia
de la Ley 617 de 2000 (9 de octubre) el proceso de pérdida de investidura de
Concejales era de única instancia. A partir de la Ley 617 dicho proceso es de dos
instancias.

Hasta la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, la sentencia que decidía la
solicitud de pérdida de investidura era pasible del recurso especial extraordinario de
revisión previsto en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994. A partir de la citada Ley
446, es procedente el recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 185
y siguientes CCA.

Así lo ilustra la secuencia normativa que ha regulado el proceso de pérdida de la
investidura de Concejales, y establecido los recursos contra la sentencia que lo
decide, a saber:

 El parágrafo del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 a cuyo tenor:

«La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido
para los congresistas, en lo que corresponda.»

 El artículo 17 de Ley 144 de 1994 que instituyó el recurso extraordinario especial
de revisión respecto de las sentencias que decretaran la desinvestidura de los
parlamentarios, aplicable a los concejales por la remisión prevista en el parágrafo
del artículo 55 de la Ley 136. El citado precepto dispuso:

«Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro
de los 5 años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya
sido levantada la investidura de un Parlamentario (sic), por las causales
establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y por las
siguientes:

a. Falta del debido proceso;

b. Violación del derecho de defensa;

c. No haberse agotado el procedimiento interno en la respectiva Corporación y
proferido las declaraciones de ambas Cámaras conforme al trámite establecido en
el Reglamento del Congreso contenido en la Ley 5ª del 17 de junio de 1992.»

 El artículo 39, numeral 4º de la Ley 446 de 1998, que modificó el 131 del Código
Contencioso Administrativo, mantuvo el proceso de pérdida de investidura como de
única instancia, al determinar la competencia de los Tribunales Administrativos y
señalar que éstos conocerían privativamente y en única instancia, entre otros
asuntos:

«…
4. De las acciones sobre pérdida de investidura de los miembros de los concejos
municipales y distritales, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley.
En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del Tribunal.

 Por su parte, el parágrafo del numeral 4º del citado artículo 39 de la Ley 446, que
modificó el artículo 131 CCA, eliminó toda mención al recurso especial de revisión
regulado en el artículo 17 de la Ley 144 y señaló que procedería el recurso
extraordinario de revisión previsto en los artículos 185 y ss. CCA. Su tenor literal es
el siguiente:

«Contra las sentencias que pongan fin a estas controversias sólo procederá el
recurso especial de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 185 y
siguientes de este Código y la competencia será de la Sección de la Sala Plena
Contenciosa del Consejo de Estado que determine el reglamento de la
Corporación...»

En sentencia de 13 de septiembre de 200191 la Sala sostuvo:
«Del contenido de las normas anteriores se deduce que mientras la Ley 144 de
1994, estableció causales nuevas para el recurso especial de revisión, adicionales
a las contempladas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, la Ley

91
C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Radicación 6389. Actor: Héctor Felipe Gutiérrez
Cardona. Recurrente: Bayro de Jesús Valverde.

446 de 1998 aparentemente lo instituyó únicamente por las causales contenidas
específicamente en el artículo 188 del C.C.A., lo que quiere decir que no se trata
de un recurso especial, sino del recurso extraordinario contemplado en las
normas mencionadas.»

 El artículo 48 de la Ley 617 de 2000 introdujo la segunda instancia en los
procesos de pérdida de investidura de los Concejales, al instituir el recurso de
apelación. Dicho precepto dispuso:

«La pérdida de investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley,
con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la
Mesa Directiva de la Asamblea Departamental o del Concejo Municipal o por
cualquier ciudadano.

La segunda instancia se surtirá ante la Sala o Sección del Consejo de Estado que
determine la Ley en un término no mayor de quince (15) días.»

De lo anterior se colige que desde la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000 (9
de octubre) las sentencias que decidan las solicitudes de pérdida de la investidura
de concejales ya no son de única instancia, pues son susceptibles del recurso
apelación.
Y, por razón de lo preceptuado en el artículo 131 CCA, según fue modificado por el
artículo 39 numeral 4º de la Ley 446 de 1998 tampoco es procedente el recurso
especial extraordinario de revisión que preveía el artículo 17 de la Ley 144 de 1994,
pues como quedó expuesto, aquel lo eliminó.

El recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 185 ss. CCA resulta
improcedente en este caso, puesto que la sentencia proferida por el Tribunal de
Antioquia el 27 de agosto de 2002 no fue dictada en única instancia. […]”

Vistas las anteriores consideraciones, y con miras a fijar los lineamientos de esta
causal general de procedencia, es procedente indicar: (i) en relación con la tutela
contra una providencia dictada en el curso de un proceso, sólo es procedente su
amparo de manera transitoria cuando se demuestre la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; (ii) frente a providencias judiciales emitidas en procesos con decisión
definitiva debieron interponerse los recursos ordinarios (reposición, apelación,
queja y súplica) y los extraordinarios (de revisión ordinario y el especial de pérdida
de investidura y unificación de jurisprudencia), en cuanto fueren procedentes.

9.1.4. Irregularidad procesal con efecto determinante en la decisión que se
impugna

Este requisito supone que, cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta
deba tener la entidad suficiente de ser concluyente o determinante en la decisión
judicial que se impugna y de la cual se predica la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.

Lo anterior significa que no cualquier irregularidad es fundamento suficiente para
lograr que en sede de tutela se revisen las decisiones que adopten otros jueces en
el marco de los procesos judiciales, siendo necesario que éste se aparte de los
constitucionales, y que en tal situación se afecten otros derechos fundamentales
que deben ser objeto de protección por el juez constitucional; salvo que esa
afectación sea grave, supuesto en el cual, sin importar el criterio de incidencia,
debe el juez constitucional intervenir.

En sentencia T-323 de 2012, la Corte Constitucional puntualizó:

“[...] 4.2.2. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora

En relación con dicho presupuesto de procedibilidad, la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado que “la autonomía conferida por la Constitución
Política a los jueces no puede convertirse en un pretexto para que estos
incurran en arbitrariedades. El derecho al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución, es un límite obvio a la actividad judicial. Así
pues, la autonomía del juez se debe ajustar a la observancia de este derecho
de carácter fundamental. Es ante el evento –en el que el juez ordinario no
observa el derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta- cuando el juez
constitucional está llamado a intervenir por vía de tutela. De verificar que en el
trámite de cualquier proceso el juez, bien se trate de un individuo o de un
cuerpo colegiado, incurrió en un exceso, en una separación de su decisión de
los preceptos legales y constitucionales, el mecanismo de amparo
contemplado en el artículo 86 de la Constitución será procedente.”92

En consecuencia, en el evento en que dentro del trámite de un proceso
ordinario se incurra en excesos o arbitrariedades, apartándose abiertamente
de los postulados legales y constitucional, es deber del juez constitucional
entrar a corregirlos. Sin embargo, cualquier error u omisión en el curso del
proceso no constituye una causal de procedencia de la acción de tutela.

La sentencia C-543 de 199293, se refirió al error judicial, señalando lo
siguiente:

“La sentencia no es simplemente un documento suscrito por el juez sino
el resultado de una génesis que tiene lugar en dos planos diversos: el
objetivo, que es propiamente el proceso considerado en sentido
jurídico, integrado por las varias etapas que la ley contempla, y el
subjetivo, que corresponde a la operación mental efectuada por el

92
Corte Constitucional, T-1056 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería.
93
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

fallador, en cuyo fondo lógico hay un silogismo que tiene como premisa
mayor la norma general y abstracta de la ley, por premisa menor los
hechos controvertidos y por conclusión la parte resolutiva del fallo, que
se constituye en mandato concreto, obligatorio para quienes fueron
partes dentro del proceso.

Tal razonamiento, sin embargo, no encierra únicamente el desarrollo de
una operación lógica sino que requiere, para alcanzar el nivel de lo justo,
como exigen los fines del Derecho, de una interpretación sobre el
contenido de las normas aplicables y de una valoración consciente de
las pruebas llevadas al proceso para definir la solución que, en el sentir
del juez, se acomoda a las exigencias de la Constitución y de la ley.
Habida cuenta de las dificultades inherentes a esta actividad, mal
pueden desconocerse las posibilidades de error judicial por apreciación
equivocada de los hechos tanto como por indebida interpretación de las
leyes y aún por violación abierta de sus disposiciones. El principio de la
cosa juzgada no parte del supuesto de la perfección del juez, ya que
resulta imperativo el reconocimiento de su naturaleza humana y, por
tanto, falible.

Tampoco podría negarse que las equivocaciones de los jueces, cuando
en ellas incurren, constituyen fuente de injusticias y de violaciones a los
derechos de quienes tienen interés en los resultados del proceso, razón
que justifica la existencia de múltiples medios de control previos,
concomitantes y posteriores a la adopción de los fallos, a fin de asegurar
que quien se considere lesionado en sus derechos pueda obtener que
se corrija el rumbo del proceso, impugnar el fallo que le es adverso y
verificar en diferentes momentos procesales si el juicio se ajusta a las
prescripciones constitucionales y legales, dentro de un conjunto de
garantías que nuestra Carta Política cobija bajo la institución del debido
proceso consagrada en su artículo 29. La ley en su desarrollo,
establece recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, impedimentos,
recusaciones, principios de valoración y contradicción de las pruebas,
nulidades y oportunidades de impugnación contra las providencias
proferidas por el juez, entre otros medios cuyo objeto es el de verificar la
observancia de la legalidad, la imparcialidad del juzgador, el respeto a
los derechos de los afectados por sus decisiones y el mayor grado de
justicia en el contenido de éstas, además de las formas de
responsabilidad patrimonial del Estado y del propio juez por los
perjuicios que ocasione un yerro judicial debidamente establecido por la
jurisdicción correspondiente.”

Por consiguiente, el juez constitucional, al estudiar la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, debe observar que las
irregularidades procesales alegadas, sean de cierta magnitud, que con ellas
se vulneren derechos fundamentales, que, solo con la protección por vía del
mecanismo de amparo puedan restablecerse.[…]” (Se destaca).

En otro pronunciamiento se sostuvo:

“[…] 2.1.4. Pronunciamiento sobre irregularidades procesales

2.1.4.1. De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación,
en los casos que la demanda de tutela alegue la configuración de una
irregularidad procesal, “debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora”.94 También se ha sostenido que,
“si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal
como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello [habría]
lugar a la anulación del juicio”. 95 En otras palabras, a la hora de examinar la
procedibilidad del recurso de amparo, el juez de tutela debe advertir que, de
alegarse una irregularidad procesal, dicha situación sea de tal magnitud que
involucre gravemente garantías iusfundamentales96.”97[…]”.

(Subrayas fuera de texto).

De lo descrito se desprende que la procedencia de este presupuesto está
condicionado a que la irregularidad sea de tal trascendencia que determine la
decisión final del juez; y además, que no sean efectivos los mecanismos judiciales
pertinentes para subsanarla, tales como los recursos, las recusaciones, etc.

9.1.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible:

Este requisito lo componen dos elementos; de un lado, deben identificarse de
forma razonada los hechos y los derechos en que se fundamenta la solicitud de
amparo; y por el otro, que dicha alegación se haya efectuado en el proceso judicial
de haber sido posible. Al respecto sostuvo la Corte que:

“[...] 3.6.1. Este requisito está encaminado a asegurar que quien interpone la
acción de tutela identifique de manera clara y razonable cuáles fueron las
actuaciones u omisiones que condujeron a la vulneración alegada. El segundo
elemento que compone este criterio, es que dichos argumentos se hubiesen
presentado de manera reiterada en el proceso judicial que fue impugnado con
la tutela”98. […]

94
Sentencia C-590 de 2005.
95
Sentencias C-590 de 2005 y T-586 de 2012.
96
Sentencia SU-537 de 2017.
97
Sentencia T-074 del 2 de marzo de 2018.
98
Corte Constitucional, sentencia T-401 del 31 de mayo de 2012. M.P. (e) Adriana María Guillén
Arango. Actor: Clovis Barrios de Chicó. Demandado: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia.

Ahora bien, resulta relevante recordar que el Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 31 de julio de 201299, adoptó de manera expresa la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales conforme con lo decidido por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, frente a este requisito, ha
sostenido lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en tratándose de acciones de tutela contra providencia
judicial y de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado100, se exige, como requisito de procedibilidad, que quien solicita el
amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados con la
providencia judicial que controvierte, identifique debidamente los hechos que
generaron la vulneración, los derechos afectados y que hubiere alegado tal
vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido
posible” 101[…]”

Así pues, a manera de premisa, la viabilidad de este requerimiento está orientada
por la necesidad de que se identifiquen de manera clara los argumentos que se
ponen de presente en la acción de tutela y que además hayan podido ser
valorados por la instancia ordinaria correspondiente, siempre que ello fuese
posible para la parte que impugna la decisión judicial mediante la mencionada
acción.

9.1.6. Que no se trate de sentencias de tutela

La Corte Constitucional, en la mencionada sentencia C-590 de 2005, definió este
requisito así:

“[…] f. Que no se trate de sentencias de tutela102. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de

99
Consejo de Estado.Sala Plena. Sentencia del 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: María
Elizabeth García González. Rad. No. 2009-01328- 01 (IJ).
100
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de julio 31 de 2012.
Radicado: 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ). Consejera Ponente: María Elizabeth García
González; y Sentencia del 05 de agosto del 2014. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
101
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de abril de 2018.
CP. Oswaldo Giraldo López, Actor: Luz Nelly Moreno de Galvis, Demandado: Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y otros, número de radicación 11001-03-15-000-2018-00124-
00(AC).
102
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01.

manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas. […]”.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional sostuvo en el año 2007 que, desde la
sentencia de unificación SU-1219 de 2001, se decidió que la acción de tutela
contra un fallo de tutela resultaba improcedente. Al respecto afirmó:

“[…] En el presente caso dado que la sentencia de tutela que se ataca no fue
objeto de revisión por la Corte y que ese era el momento procesal indicado
para que la vía de hecho identificada fuera puesta en evidencia y corregida y
que la única alternativa procesal que resultaba pertinente era solicitar la
selección de la sentencia de tutela objeto de controversia por parte de la
Corte Constitucional para su revisión, la acción de tutela sub examine resulta
improcedente. En apoyo de dicha opción podría afirmarse así mismo que en
tanto la Corte en la Sentencia SU-1219 de 2001 afirmó que no es posible
interponer acción de tutela por vías de hecho contra fallos de tutela, y que en
este caso lo que se invoca es precisamente una vía de hecho respecto de un
fallo de tutela, la acción es por esa razón igualmente improcedente. Podría
afirmarse también que no puede desconocerse que luego de la decisión de
tutela que es atacada en el presente proceso y como consecuencia de ella se
produjeron otras decisiones de tutela que tampoco fueron objeto de
revisión, mediante las cuales se negaron las pretensiones del actor y en este
sentido no es posible ya retrotraer una situación que independientemente de
los errores en que se haya podido incurrir en el fallo atacado produjo
ya efectos jurídicos a favor de la contraparte del actor, la cual podría invocar
igualmente en relación con dichos fallos la configuración de la cosa juzgada
constitucional. Tales consideraciones llevarían entonces en principio a
considerar improcedente la tutela examinada en el presente proceso y a
confirmar la decisión del juez de tutela de primera instancia en aparente
armonía con la sentencia de unificación tantas veces invocada. Declarar la
improcedencia en el presente caso llevaría en efecto a que la decisión
proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Consejo de
Estado a pesar de contradecir evidentemente todos los criterios citados
sentados en la sentencia SU-1219 de 2001 mantenga sus plenos efectos.

Evidentemente entonces la única manera de hacer respetar el principio de
que no existe tutela contra tutela, la cosa juzgada constitucional y la
competencia exclusiva de la Corte constitucional en materia de revisión de las
acciones de tutela señalados a partir de los mandatos constitucionales en la
Sentencia SU-1219 de 2001, es mediante un pronunciamiento de la propia
Corte en sede de revisión para dejar sin efectos la decisión que los
contradice y que se encuentra en el origen de una cadena de decisiones que
los referidos principios buscaban precisamente evitar”103. […] (Subrayas fuera
del texto).

103
Corte Constitucional, sentencia T-104 del 15 de febrero de 2007, MP. Álvaro Tafur Galvis. Actor:
Álvaro Marín Díaz.

Posición que la Corte ha mantenido, entre otras providencias, en la T-272 de
2014, en los siguientes términos:

“[…] Los precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra
otra tutela no es procedente. No es procedente la tutela contra tutela porque
de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la
revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría
crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el
principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la
tutela perdería su efectividad, pues quedaría indefinidamente postergada
hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar
otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición
coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a
vencer”104. […]”(Subrayas fuera del texto).

Por otro lado, en la sentencia SU-654 de 2017, la Corte indicó que este requisito
se justificaba en el hecho de impedir que los procesos judiciales estén
indefinidamente expuestos a un control posterior, a saber:

“[…] Que no se trate de sentencias de tutela: a través de esta exigencia se
busca evitar que los procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un
control posterior. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las
sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual selección y
revisión en esta Corporación, trámite después del cual se tornan
definitivas”105[…]”. (Subrayas fuera del texto).

Ahora bien, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó la
jurisprudencia constitucional respecto de este requisito advirtiendo que debía
distinguirse si se dirigía contra el fallo mismo o contra una actuación previa o
posterior a ella, circunstancias que ameritaban, a su juicio, un trato distinto;
veamos:

“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.

104
Corte Constitucional, sentencia T-272 del 6 de mayo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
Actor: Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE – en liquidación.
105
Corte Constitucional. Sentencia SU-654 del 26 de octubre de 2017, MP. Antonio José Lizarazo
Ocampo. Demandante: Pedro Antonio Montoya Medina. Demandado: Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional106.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional” 107. […]”

(Subrayas fuera del texto).

En ese orden, es posible concluir lo siguiente:

• Por regla general la acción de tutela contra sentencias de tutela es
improcedente, en procura de salvaguardar el principio de seguridad jurídica
y de que la acción de tutela no pierda su efectividad.

106
Supra II, 4.3.5.
107
Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015, MP. Mauricio González Cuervo.

• Así mismo, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación, resolvió que
la acción de tutela procede excepcionalmente contra sentencias de tutela
cuando han sido proferidas por otro Juez o Tribunal diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto
de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit), y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

• Finalmente, debe distinguirse si la tutela se dirige a atacar una actuación
previa al fallo de tutela o una posterior a éste. En el primer caso, se ha
ligado tal aspecto con la omisión del deber del juez de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda. En el último
supuesto, esto es, el de pretender el cumplimiento de órdenes impartidas
en la sentencia de tutela, procedería sólo si en el trámite del incidentes de
desacato se vulnera un derecho fundamental. Apunta la Corte que, en
cualquiera de los dos escenarios, deben cumplirse los demás requisitos de
procedibilidad.

9.2. LAS CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

A partir de la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional unificó su
jurisprudencia respecto de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y precisó que la procedibilidad de la solicitud de
amparo se encuentra supeditada, además del cumplimiento de los denominados
requisitos generales de procedencia, a la verificación de al menos una de
“causales específicas de procedibilidad”. Con ello, el máximo órgano de la
jurisdicción constitucional dio por superada la doctrina de la procedencia de la
acción de tutela ante vías de hecho judiciales, para en su lugar, admitir específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se está ante una
burda transgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

En efecto, el antecedente remoto de la doctrina sobre las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales radica en
la sentencia C-543 de 1992. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional declaró
la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que
consagraban reglas de caducidad y competencia de las tutelas interpuestas para
atacar decisiones judiciales. Dicha circunstancia propició, durante la primera etapa
de evolución jurisprudencial, el entendimiento de que se había descartado de
manera absoluta la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

No obstante, en dicha Corporación se empezó a gestar la tesis de las vías de
hecho judiciales como medio de procedencia de la acción de tutela en contra de
las acciones u omisiones de los jueces, luego de reconocerse que éstos, en tanto
autoridades públicas, pueden vulnerar o amenazar derechos fundamentales al
desplegar actuaciones manifiestamente arbitrarias y abiertamente contrarias a la
Constitución Política. En este orden, las actuaciones judiciales podían catalogarse
como vía de hecho, susceptibles de control constitucional a través la acción de
tutela, “(…) cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo,
obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración
de los derechos fundamentales de la persona (…)”108. Dicha doctrina se
encontraba soportada en los principios del Estado Social de Derecho, los fines
sociales del Estado y el principio de igualdad ante la ley, como triada axiológica
que proscribe las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneran los
derechos fundamentales de las personas.

Ahora bien, como se dijo, la expedición de la sentencia C-590 de 2005 representó
la superación definitiva del concepto de vías de hecho, ante el reconocimiento de
que decisiones judiciales ilegítimas pueden afectar derechos fundamentales, aun
cuando no en todos los casos se enmarcan dentro del criterio de “violación
flagrante y grosera de la Constitución”. Así, la evolución de la jurisprudencia
constitucional decantó los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los
que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho, para concluir que “(…) no
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su

108
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 1993, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). (…)”109.

Por tal motivo, la Corte Constitucional optó por reemplazar el aludido concepto por
el de “causales específicas de procedencia de la acción” y redefinió dicha regla
jurisprudencial en los siguientes términos: “(…) Todo pronunciamiento de fondo
por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos
fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible,
solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la
existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la
jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del
precedente y (vi) violación directa de la Constitución (…)”110.

De esta forma, las causales específicas de procedencia representan las razones
concretas por las cuales se puede acusar una providencia judicial de infringir
derechos fundamentales. En la actualidad, dichas anomalías se enmarcan dentro
de las siguientes categorías: a) El defecto material o sustantivo; b) La violación
directa de la Constitución; c) El defecto fáctico; d) El defecto procedimental; e) La
decisión sin motivación; f) El defecto orgánico; g) El desconocimiento del
precedente, y h) El error inducido.

Son éstos, por tanto, los parámetros fundamentales que enmarcan el análisis que
debe realizar el juez constitucional cuando, a través de una acción de tutela, se
cuestiona la conformidad de una providencia judicial con los principios
constitucionales y derechos fundamentales. En ese orden, para que proceda una
tutela contra una sentencia se requiere que acredite configurado, al menos, uno de
los vicios o defectos antes enlistados.

109
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
110
Ibídem.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 31 de julio
de 2012111, con ponencia de la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth
García González, aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando resulten violatorias de derechos fundamentales, “observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente”. Entre tales
parámetros, deben entenderse incluidos los fijados por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-590 de 2005 en relación con las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues a este
pronunciamiento se remitió la Sala Plena cuando abordó el análisis de la evolución
jurisprudencial sobre la materia en dicha Corporación.

Igualmente, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014112, la Sala Plena,
con ponencia del Consejero de Estado, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por el Consejo de Estado en cuanto vulneren derechos
fundamentales, acogiendo expresamente la jurisprudencia de la Corte
Constitucional fijada en la citada Sentencia C-590 de 2005, en tratándose tanto de
los requisitos generales como de los específicos de procedibilidad de esta acción
constitucional frente a providencias judiciales.

En relación con estos últimos señaló en efecto que: “Siguiendo la línea trazada por
la Corte Constitucional, son requisitos o causales especiales para la prosperidad
de la acción de tutela, los siguientes113: “a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que
se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por

111
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de julio 31 de 2012. Radicado: 2009-01328-01(IJ),
Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
112
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de agosto 5 de 2014. Radicado: 2012-02201-01(IJ),
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
113
Nota original: Sentencia C-590 de 2005.

parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado; i. Violación directa de la Constitución”.

Las subreglas jurisprudenciales sobre los supuestos y parámetros de
configuración de cada uno de estos requisitos específicos se explican a
continuación.

9.2.1. Defecto material o sustantivo

Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales y
se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces
para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los
principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una
atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por
los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social
de Derecho114.
Ahora bien, los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe
ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de
derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede
darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una
decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural
en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso,
y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de
pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para

114
Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su
labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.

Ciertamente, a manera de ejemplo, puede señalarse que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado115, al examinar la causal de
pérdida de investidura establecida en el numeral 2 del artículo 183 de la
Constitución Política, referida a la inasistencia, en un mismo período de sesiones,
a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley
o mociones de censura, hizo un análisis de dicha norma constitucional a la luz,
entre otros, de los métodos exegético y sistemático, a efectos de comprender el
sentido y alcance de la expresión “inasistencia”.

En otra oportunidad, la Sección Tercera Subsección B de esta Corporación, al
resolver un recurso de apelación contra la providencia que rechazó una demanda
de reconvención por caducidad, dio aplicación a los artículos 331 y 354 del Código
de Procedimiento Civil y a partir de una comprensión de estas normas con
fundamento en los métodos exegético, teleológico y sistemático, concluyó que
cuando en un solo auto o sentencia se consignan varias determinaciones, el
término de ejecutoria corre de manera uniforme para todas ellas, y se suspende
cuando se ha solicitado la aclaración o complementación, aunque ésta verse
sobre una parcialidad de la providencia, y no respecto de la totalidad de las
decisiones en ella contenidas116.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se
han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un
defecto material en una providencia judicial117. En atención a los presupuestos que
las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que
plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se
ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la
norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:

115
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1º de
agosto de dos 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Expediente radicación número 11001-
03-15-000-2014-00529-00(PI). Proceso de Pérdida de investidura.
116
Auto de 29 de octubre de 2015, proferido en el proceso con radicación número 25000-23-
26-000-2008-00411-02(40926) B, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth.
117
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera
lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de
2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050
de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

 Defecto sustantivo respecto de la fuente:

Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que
indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es
inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y
por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma
manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a
la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante
el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario
judicial que dictó la providencia.

 Defecto sustantivo en torno al método:

Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma
aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la
hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
[…]”118, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática.

9.2.2. Violación directa de la Constitución

Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales se
fundamenta en el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 4
de la Constitución Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí
dispuestos son normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y
eficacia directa, cuya fuerza normativa impone a todos los operadores judiciales el
deber de velar por su cumplimiento y prevalencia119.

118
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
119
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el actual
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores,
al punto en que de ellos se derivan mandatos y previsiones cuya aplicación
corresponde a las distintas autoridades y, en determinados eventos, a los
particulares. En esas circunstancias, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados120.

En esa medida, el defecto por violación directa de la Constitución se asienta en el
modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y parte de la obligación
“(…) que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento
del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales (…)’”121.

En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez
ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma
constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango inferior
al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución122.

La Corte ha identificado casos en los que típicamente procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución, que de igual modo
pueden agruparse en consideración a si el conflicto se suscita a partir de la fuente
o del método de interpretación, a saber123:

 Violación directa de la Constitución por razón de la fuente

120
Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
121
Corte Constitucional, Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
122
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo
sentido pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de
2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
123
En la sentencia SU – 168 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional
recoge varios supuestos que a lo largo de la jurisprudencia se han reconocido como causales de
violación directa de la Constitución.

(i) cuando se presenta una violación evidente a un derecho fundamental, por
naturaleza, de aplicación inmediata;

(ii) cuando no existiendo precepto legal directamente aplicable a la situación, deja
de acudirse directamente a las normas constitucionales124.

(iii) cuando el juez encuentra una norma manifiestamente incompatible con la
Constitución y adopta su decisión sin aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
evento en el cual, de igual forma, la providencia incurriría en defecto sustantivo.
Ello por cuanto, en un supuesto tal, solo podría concluirse que el juez fundamentó
su decisión en normas que, siendo de menor jerarquía, contravienen los principios
y derechos establecidos en la Carta y, en definitiva, adoptó una decisión que de
acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, no podría
existir en el ordenamiento jurídico125.

En todo caso, dada la naturaleza de la acción de tutela, solo procede si hay
vulneración de un derecho fundamental, pues son ellos los llamados a ser
protegidos por esta figura.

 Violación directa de la Constitución en torno al método

Cuando los jueces desconocen el principio de interpretación conforme con la
Constitución, que les exige una actitud reflexiva sobre la compatibilidad entre el
contenido normativo cuya aplicación se demanda y la Constitución, para preferir,
ante comprensiones diferentes de una misma disposición, aquella que resulte
incompatible con los postulados Constitucionales126, vulnerando derechos
fundamentales.

Ante la evidencia de que muchas de las situaciones caracterizadas coinciden con
las causales de configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que entre las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial “no

124
Corte Constitucional, Sentencia T-927 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
125
Corte Constitucional, Sentencia SU-132 de 2013, M.P.: Alexei Julio Estrada
126
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

existe un límite indivisible” y que una misma circunstancia bajo análisis puede
encuadrarse dentro de varios de ellos.

La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser
entendida como una causal específica autónoma de procedencia del amparo
constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de razonabilidad y de
proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan los jueces o autoridades
administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre otros aspectos, a la
concordancia con la Carta Política127.

Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el desconocimiento
de cualquier norma constitucional sino concretamente la infracción de normas
superiores relativas a derechos y garantías fundamentales, en consideración a
que es precisamente para el amparo de éstos que se encuentra instituida en la
Carta Política la acción de tutela. Por ende, es indispensable que el análisis que
efectúe el juez al examinar esta causal se circunscriba a las citadas normas
constitucionales.

9.2.3. Defecto fáctico

Es importante resaltar que sólo es factible sustentar una acción de tutela por
defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por la
autoridad judicial en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria.
En ese sentido, el error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”128.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto fáctico
tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el
juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado.”129 Así, la
jurisprudencia ha entendido que el mencionado defecto surge: “(…) cuando el juez

127
Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
128
Cfr. sentencia T-442 de 1994.
129
Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del
proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de
tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las
amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el
análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de
la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. (…).”130

Considera el Alto Tribunal Constitucional que la evaluación del acervo probatorio
jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria y que por ello la valoración
que éste realice, necesariamente implica “la adopción de criterios objetivos131, no
simplemente supuestos por el juez, racionales132, es decir, que ponderen la
magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos133, esto
es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas”.134

Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible se
configure el defecto fáctico, a saber135:

130
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
131
Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró
perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia
anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento
objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de
actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto
concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se
consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él
usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los
archivos de las empresas constructoras de la familia”.

132
Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
133
Cfr. sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió
la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por
una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del
juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso
penal.
134
Corte Constitucional, Sentencia SU-159-2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
135
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

a) Una dimensión negativa, que surge cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa136, situación que se
presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa
de la prueba137, y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho
que emerge claramente.

b) Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia
pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia
cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por
ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o ineptas, o (ii) da
por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que
fundamente su decisión138.

Sobre esta última perspectiva, en reciente pronunciamiento el intérprete
constitucional indicó139: “La dimensión positiva del defecto fáctico por indebida
apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y
valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso.
Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha
sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada
juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba
inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los
preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y
afrenta de derechos fundamentales.”

Igualmente, se han precisado las siguientes modalidades que puede asumir el
defecto en estudio: (i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de
pruebas, (ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio, y (iii)
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Las anteriores
categorías se han analizado ampliamente en las sentencias T-902 de 2005, T-458
de 2007 y T-747 de 2009, de la cuales se ha concluido lo siguiente140:

136
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
137
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
138
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre
otras.
139
Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
140
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.

 Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta
circunstancia se presenta cuando el funcionario judicial excluye el decreto y
la práctica de pruebas, lo cual impide la debida conducción al proceso de
hechos que son indispensables para el análisis y solución del asunto
jurídico bajo revisión.

 Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Esta situación
sobreviene cuando el juez no realiza el análisis y valoración de elementos
probatorios que reposan en el proceso, debido a que no los advierte o
sencillamente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su
decisión, los cuales, de haberse contemplado, habrían cambiado
sustancialmente la solución del asunto jurídico debatido141.

 Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Esta
hipótesis se configura142, entre otros, en los siguientes supuestos: (i)
cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a
su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva; o (iii) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con ningún soporte probatorio dentro del proceso.

Igualmente, puede tener lugar este defecto cuando el funcionario judicial
valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y
pretensiones debatidos en un proceso ordinario; tal situación debe
deducirse de manera evidente del solo texto de la sentencia, por ser
completamente ajenas a la controversia, toda vez que al juez constitucional
no le es permitido, so pretexto de evaluar esta causal, adentrase en nuevas
valoraciones probatorias reservadas al juez de conocimiento.

9.2.4. Defecto procedimental

141
Corte Constitucional, Sentencia T-747 de 2009, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
142
Corte Constitucional, Sentencia T-1100 de 2008, Humberto Antonio Sierra Porto.

El defecto procedimental se presenta en eventos donde la autoridad judicial se
aparta de manera evidente de las normas procesales aplicables, o de manera
excepcional cuando se presenta un exceso de ritualismos, en el cual el operador
judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos
excesivamente formales143.

El fundamento normativo del denominado defecto procedimental se encuentra en
los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, normas que consagran los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.

La jurisprudencia Constitucional ha reconocido dos modalidades de defecto
procedimental, a saber:

i) Absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto
concreto, ya sea porque sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente
o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido144,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso, y

ii) Por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario, por
el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia,
sus actuaciones se convierten en una clara denegación de justicia 145.
Se incurre en esta modalidad del defecto analizado cuando, entre varias
interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el
principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la
administración de justicia.

Respecto del defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha señalado:
“[…] [E]l defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez
se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso
respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la

143
Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto
144
Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
145
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

mencionada acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que,
como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los
derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la
defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial
o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no
podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso. […]”146
De igual manera esta Corporación147 ha indicado que el defecto procedimental
absoluto se puede configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia (desvía el cauce del
asunto)148; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes149 o (iii)
“pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el
derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a
los derechos fundamentales”150.

Con todo, la jurisprudencia constitucional151 ha precisado que, para que sea
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto
procedimental, deberán concurrir los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el
carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales152; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias
del caso específico153, y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente
una vulneración a los derechos fundamentales.”154

146
Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
147
Corte Constitucional, Sentencia T-020 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
148
Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
149
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
150
Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
151
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luís Ernesto Vargas Silva.
152
Ibidem
153
Op. Cit., Sentencia C-590 de 2005.
154
Ver las Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.

Asimismo, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se alega puede ser una deficiencia atribuible al afectado155.

9.2.5. Decisión sin motivación

A partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005, la Corte Constitucional
estableció como criterio específico autónomo de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la falta de motivación de tales decisiones. Al
respecto precisó que la motivación de las decisiones judiciales es, por una parte,
una barrera a la arbitrariedad judicial y, por otra, una herramienta que permite
garantizar tanto la sujeción del juez al ordenamiento jurídico como el posterior
control sobre la razonabilidad de la providencia.156

Sin embargo, en términos de la propia Corte, la intervención del juez de tutela en
estos casos se encuentra limitada por el principio de autonomía judicial y en esa
medida, su accionar está supeditado únicamente a aquellos casos en que la
argumentación sea decididamente defectuosa, manifiestamente insuficiente o
simplemente es inexistente157. En síntesis, “la competencia del juez de tutela se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación

155
Al respecto, ver las Sentencias T-781 de 2011 y T-1049 de 2012, entre otras.
156
Corte Constitucional. Sentencias T-453 de 2017, SU-424 de 2012, T-395 de 2010.
157
Para ilustrar la forma en que la Corte ha abordado esta causal de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, se tiene por ejemplo que en la sentencia T-709 de 2010
se señaló que una sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de un
proceso disciplinario, incurrió en el defecto aludido al omitir pronunciarse sobre los argumentos
presentados a lo largo del proceso y que fueron reiterados en el recurso de apelación, relacionados
con la verificación del término de prescripción de la acción disciplinaria y el presunto
desconocimiento del derecho a la igualdad. De igual forma, en la sentencia T-302 de 2008 precisó
el Alto Tribunal que en el marco del proceso de custodia y cuidado personal adelantado por la
accionante respecto de sus nietos, se adoptó una decisión por la Juez Catorce (14) de Familia de
Bogotá que presentaba el defecto de decisión sin motivación, toda vez que decidió ampliar
considerablemente la frecuencia de los encuentros del padre con los nietos de la accionante, sin
plasmar las razones que lo llevaron a adoptar tal determinación; al respecto se dijo: “De otra parte,
como se puede observar en el apartado transcrito, no se presentaron argumentos que motivaran
esta decisión por parte de la Jueza Catorce de Familia de Bogotá. En ese sentido, dentro de la
providencia, la decisión del aumento de la frecuencia de las visitas aparece, sencillamente, como
producto de la libre voluntad del fallador del proceso de custodia y cuidado personal y no como
resultado de un razonamiento judicial serio y ponderado, basado en los elementos recaudados en
el transcurso de un proceso judicial. (…) Por estas razones, para la Sala es evidente, dada la
carencia de razones, que frente a este punto también estamos en presencia de una ‘decisión sin
motivación’.”

decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir,
en una arbitrariedad.”158

Por lo anteriormente señalado, una providencia judicial incurre en la causal
examinada y, por consiguiente, desconoce el derecho fundamental al debido
proceso de una persona, cuando en su parte resolutiva pasa por alto los
argumentos esgrimidos por las partes en sustento de sus pretensiones y
excepciones, omitiendo sin razón alguna pronunciarse sobre ellos.

No obstante, cuando se trata de sentencias, la prosperidad de esta causal está
supeditada, en todo caso, al agotamiento previo del recurso extraordinario de
revisión, medio extraordinario de defensa establecido para atacar la sentencia
ejecutoriada viciada de nulidad, entre otras razones, por carencia de motivación.

9.2.6. Defecto orgánico

La Corte Constitucional159 ha precisado que esta causal de procedencia de la
acción de tutela encuentra su fundamento en el respeto de la garantía del juez
natural establecido en el artículo 29 de la Constitución y se configura cuando una
persona o un asunto objeto de litigio es juzgado por alguien que carece de
competencia, de conformidad con las normas que regulan los procedimientos
judiciales. El mismo Tribunal ha indicado que la falta de competencia constituye un
defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso en la medida en que
ésta delimita el campo de acción de la autoridad judicial para garantizar el principio
de seguridad jurídica.160

Según la jurisprudencia constitucional dos son los momentos a partir de los cuales
se puede configurar este defecto, a saber: “(i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene
otro mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en firme y
que fue dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de competencia;
y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de presente las

158
Corte Constitucional. Sentencia T-233 de 2007.
159
Corte Constitucional. Sentencias SU-210 de 2017, SU-565 de 2015 y SU-198 de 2013.
160
Corte Constitucional. Sentencias SU-210 de 2017 SU-198 de 2013 y T-522 de 2016.

circunstancias de incompetencia y dicha situación fue desechada por los jueces de
instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios,
validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente.”161

Igualmente, la misma Corte ha señalado que existen dos hipótesis a partir de las
cuales se configura el defecto aludido: “(i) la funcional, cuando la autoridad judicial
extralimita en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y
legales162; y (ii) la temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o
competencias, la autoridad judicial las ejerce por fuera del término previsto para
ello.”163

9.2.7. Desconocimiento del precedente

I. De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar que
la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como precedente
judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que
por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo”164. Al respecto, estableció como criterios para concluir cuando se está
ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que
esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y
iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.”165

161
Corte Constitucional. Sentencias SU-565 de 2015, T-309 de 2013, T-313 de 2010 y T-058 de
2006.
162
Por ejemplo, en la sentencia T-522 de 2016 , se encontró que se configuraba la causal en
mención debido a que en un proceso ejecutivo, el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral ordenó
el secuestro, embargo, remate y adjudicación de unos bienes no siendo el funcionario judicial
competente para ello pues los implicados eran miembros de la comunidad indígena Yaguara y los
bienes que se afectaban con la medida cuestionada hacían parte de esta comunidad, siendo por
tanto los competentes para dirimir el conflicto, las autoridades de la propia comunidad indígena. Así
también, en la sentencia T-313 de 2010 se concluyó que se configuraba la causal en razón a que
el Juzgado Promiscuo Municipal de Sincé, Sucre no tenía la jurisdicción y menos la competencia
para juzgar y condenar al pago de una cuantiosa suma de dinero a una entidad pública como el
INVIAS.
163
Corte Constitucional. Sentencias SU-565 de 2015, T-309 de 2013 y T-313 de 2010.
164
. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de
2014.
165
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.

Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo
que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos
relevantes, probados y debidamente connotados e iguales fundamentos en
derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para
que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente,
impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la
sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el
precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el
derecho.

Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada
se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la
pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha
pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces
desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de
los aspectos indicados.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional166 ha hecho la distinción
entre precedente horizontal y precedente vertical, entendiendo por el primero
aquellas decisiones proferidas por el mismo funcionario, mientras que el segundo
se refiere a las decisiones que son emitidas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. La fuerza vinculante del
precedente horizontal se predica de las decisiones de la misma autoridad y se
genera en atención a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza
legítima y al derecho a la igualdad167; mientras que el precedente vertical, al
provenir de la autoridad de cierre dentro de cada jurisdicción, limita la autonomía
del juez, en tanto se debe respetar la postura del superior.168

II. Sobre la obligatoriedad de las decisiones que son proferidas por los Altos
Tribunales, la Corte ha precisado que, de conformidad con los artículos 234, 237 y
241 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,

166
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-460 de 2016.
167
Corte Constitucional. Sentencia T-049 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
168
Corte Constitucional. Sentencia SU-354 de 2017, M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.

como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso
administrativa, y la Corte Constitucional, como entidad que tiene la función de
salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución, tienen el deber de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de sus jurisdicciones, convirtiendo de
tal forma en precedente de obligatorio cumplimiento169, con fuerza de fuente
formal, las decisiones que por ellas sean emitidas.170

La función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado
como órgano de cierre de la jurisdicción concreta el derecho a la igualdad en la
aplicación de la ley.

La Corte Constitucional, al realizar el control de constitucionalidad del artículo 257
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-
Ley 1437 de 2011, relativo al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, regulado en los artículos 256 a 268 ibídem, y pronunciarse sobre el
artículo 270 ejusdem, relacionado con las sentencias de unificación, precisó en la
sentencia C-179 de 2016, que “[…] uno de los principales objetivos del CPACA se
enfocó en la necesidad de fortalecer la función de unificación jurisprudencial del
Consejo de Estado, de manera que sus providencias sean tenidas en cuenta por
la administración y por los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en su condición de órgano de cierre y máxima autoridad de la
justicia administrativa. […]” y que, con el propósito de materializar este objetivo, el
legislador consideró oportuno establecer una categoría especial de providencia
denominada sentencia de unificación jurisprudencial, cuya creación se justificó en
la necesidad de brindar absoluta claridad a la administración y a los jueces, sobre
las líneas jurisprudenciales plenamente vinculantes.

169
Así por ejemplo, en la sentencia T-656 de 2011, la Corte encontró que se configuró la causal
denominada “desconocimiento del precedente” debido a que las decisiones objeto de revisión no
tuvieron en cuenta los pronunciamientos que se han emitido con relación a la motivación de los
actos que declaran la insubsistencia de un funcionario en provisionalidad. De igual forma, en la
sentencia T-410 de 2014, se encontró que incurrió en desconocimiento del precedente el Tribunal
Superior de Bogotá al no exponer claramente las razones por las que no tomaba en consideración
la regla constitucional establecida en la sentencia T-784 de 2010 sobre acumulación de tiempos
laborados ante empleadores privados que antes de la ley 100 de 1993 tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de una pensión.

170
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-354 de 2017.

La citada ley le otorga a las sentencias de unificación una especial preponderancia
en los procesos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. En efecto, “(…) desde el punto de vista judicial, las sentencias de
unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de
derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de
decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el
precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la
obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre,
en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (…)”; en ese orden, “(…) las sentencias de unificación producen, de
un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas
involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la
operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en
la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes,
brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o
criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que
integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)”171.
La obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación no excluye, en todo
caso, el deber genérico de seguir el precedente respecto de las decisiones del
Consejo de Estado que no tienen dicha condición. En ese sentido, la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-588 de 2012172, señaló que: “(…) Las demás
sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del
órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de
providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador,
en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser
aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de
evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de
Estado (…)”.

En consideración a la función de unificación de la jurisprudencia que tiene el
Consejo de Estado como Tribunal Supremo de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sus fallos constituyen parámetro de interpretación y precedente
vinculante para los Tribunales y Jueces de la mencionada Jurisdicción, de tal

171
Corte Constitucional. Sentencia C-179 de 2016.
172
Corte Constitucional, M.P. Mauricio González Cuervo. Énfasis por fuera del texto original.

suerte que su desconocimiento injustificado permite configurar el defecto que aquí
se analiza.

En cuanto al alcance y obligatoriedad de las decisiones emitidas por la Corte
Constitucional, ese Tribunal ha señalado que ello varía, según se trate de fallos de
constitucionalidad o de tutela.

El primer evento se suscita con ocasión de las demandas presentadas en ejercicio
de la acción pública de control de constitucionalidad, del control previo de
constitucionalidad, o del control constitucional de leyes aprobatorias de tratados
internacionales; en este caso, el carácter de precedente se deriva de los efectos
erga omnes y de la cosa juzgada constitucional de los fallos que deciden tales
asuntos (art. 243 de la C.P).

La jurisprudencia constitucional, con apoyo en los artículos 230 y 243 de la
Constitución Política, ha determinado que las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las
normas tienen un carácter obligatorio en relación con la parte resolutiva y con
aquellos apartes de la motivación que guardan relación necesaria e inescindible
con aquella, pues son los que constituyen su fundamento esencial, y que las
demás consideraciones, argumentos o análisis de los cuales no dependa la
decisión de exequibilidad o inexequibilidad de la norma sometida a control, son
criterios auxiliares y no obligatorios para los tribunales y jueces173.

En lo relativo a los fallos de revisión de tutela, en los que la citada Corte ejerce el
control concreto de constitucionalidad, también se reconoce su carácter
vinculante, en cuanto dichas decisiones, determinen el contenido y alcance de los
derechos fundamentales174.

En consideración a lo anterior, el Tribunal Constitucional ha determinado que se
desconoce su precedente entre otros eventos, cuando: “i) se aplican disposiciones
legales que han sido declaradas inexequibles; ii) se contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un

173
Sentencia C-037 de 2006.
174
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.

precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del Texto
Superior; iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada; o iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o
de revisión de tutela”175 , lo que implica la interpretación de la norma constitucional
que lo contiene.

III. En criterio de la Corte, el respeto de la ratio decidendi de sus fallos de revisión
de tutela es necesario para lograr la concreción de los principios de igualdad en la
aplicación de la ley y de confianza legítima y para garantizar los mandatos
constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su intérprete
autorizado, por lo que ha considerado que la interpretación y alcance que se le dé
a los derechos fundamentales en dichas providencias deben prevalecer sobre la
llevada a cabo por otras autoridades judiciales, aún sean altos tribunales de cierre
de las demás jurisdicciones176. En la sentencia C-539 de 2011, al analizar la
constitucionalidad de unas disposiciones normativas que le dan alcance al
precedente judicial de los órganos de cierre ordinario y de lo contencioso
administrativo, concluyó que dichos precedentes deben respetar la interpretación
vinculante que realice el Tribunal Constitucional, “la cual es prevalente en materia
de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general”.

Bajo los parámetros indicados, lo que se entiende por precedente vinculante de la
Corte Constitucional, debe ajustarse a las previsiones de los artículos 230, 237,
241 y 243 de la Constitución Política, en tanto que las decisiones de revisión de
tutela, incluso las de unificación en materia de tutela, tienen carácter prevalente
respecto de las adoptadas por los órganos de cierre de otras jurisdicciones, solo
en “materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución
en general”, por manera que esta prevalencia no aplica respecto de aquellas
consideraciones que involucran la interpretación estrictamente legal que pueda
hacer la Corte Constitucional al entrar a resolver una solicitud de amparo en
concreto. En tales casos, y atendiendo a la función de unificación de la
jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, serán sus fallos los que constituyen el

175
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, SU-395 de 2017 y SU-091 de 2016.
176
Corte Constitucional. Sentencia SU-230 de 2015.

parámetro de interpretación y precedente vinculante para los Tribunales y Jueces
de la mencionada Jurisdicción, conforme se indicó previamente.

Esta conclusión no solo se desprende del alcance dado a la atribución contenida
en el artículo 237, numeral 1º de la Constitución al Consejo de Estado, como
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, sino, además, porque
considerar que mediante un fallo de revisión de tutela la Corte Constitucional
puede definir cuál es la aplicación e interpretación, con criterio de autoridad, que
debe tener un texto legal – no la Constitución –, vaciaría las competencias de los
demás órganos de cierre que integran la rama judicial; lo que también genera,
como ha sucedido en algunos eventos, inseguridad jurídica y rompe con el
equilibrio derivado del respeto al principio de juez natural, que implica la resolución
de los conflictos con sujeción a las competencias especializadas y a las funciones
atribuidas a las distintas Corporaciones judiciales de cierre.

IV. Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los
precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del
deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de
autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).

Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien
sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera
clara y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó
que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les
reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente;
pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se
aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –
requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación
alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y
valores constitucionales –requisito de suficiencia-177.

177
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.

Sobre la regla de la carga de argumentación como condición necesaria para que
una autoridad judicial pueda apartarse de un precedente, resultan pertinentes las
siguientes anotaciones de ALEXI178:

“[…] 2.5.1. La regla de la carga de la argumentación

El fundamento del uso de los precedentes lo constituye el principio de
universabilidad, la exigencia que subyace a toda concepción de la justicia, en
cuanto concepción formal, de tratar de igual manera a lo igual. Con ello
ciertamente se revela de una manera inmediata una de las dificultades decisivas
del uso de los precedentes: nunca hay dos casos completamente iguales.
Siempre cabe encontrar una diferencia. El verdadero problema se traslada, por
ello, a la determinación de la relevancia de las diferencias. Sin embargo, antes
de entrar en ello, es importante otro punto. Es posible que un caso sea igual a
otro caso anteriormente decidido en todas las circunstancias relevantes, pero
que sin embargo se desee decidir de otra manera porque, entre tanto, ha
cambiado la valoración de estas circunstancias. Si se quisiera adherirse sólo al
principio de universabilidad sería imposible tal diferente decisión. Pero esta
exclusión de cualquier cambio sería entonces incompatible con el hecho de que
toda decisión plantea una pretensión de corrección. Por otro lado, el
cumplimiento de la pretensión de corrección forma parte precisamente del
cumplimiento del principio de universabilidad, aunque sea sólo una condición.
Condición general es que la argumentación sea justificable. En esta situación
aparece como cuestión de principio la exigencia del respeto a los precedentes,
admitiendo el apartarse de ellos, pero endosando en tal caso la carga de la
argumentación a quien quiera apartarse. Rige pues el principio de inercia
perelmaniano que exige que una decisión sólo puede ser cambiada si pueden
aducirse razones suficientes para ello. Cuándo resulte satisfecha la carga de la
prueba sólo puede, desde luego, determinarse a la vista de los participantes,
reales o imaginarios, en el discurso.

(…)

Como se mencionó antes, las reglas del discurso no permiten siempre encontrar
precisamente un resultado correcto. Con frecuencia queda un considerable
espacio de lo discursivamente posible. El llenar este espacio con soluciones
cambiantes e incompatibles entre sí contradice la exigencia de consistencia y el
principio de universabilidad. La introducción de una carga de la argumentación
en favor de los precedentes no puede, por otro lado, contemplarse como una
contravención de las reglas del discurso mientras no se excluya la posibilidad de
que seguir el precedente puede suponer adoptar una máxima de decisión
reconocida como equivocada. La limitación del espacio de lo discursivamente
posible así efectuada debe verse, por ello, como racional. Se puede formular
pues como reglas más generales del uso del precedente las siguientes reglas:

(J.13) Cuando pueda citarse un precedente en favor o en contra de una decisión
debe hacerse.

(J.14) Quien quiera apartarse de un precedente, asume la carga de la
argumentación.

[…]”.

178
ALEXI, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid. 2007. Páginas 262 a 265.

En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez
desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a
determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en
la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la
administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del
precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando
tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.

V. Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las
cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el
defecto en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia
de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y
distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar
que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales
precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de
igualdad; iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del
precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera
para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios
constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.”179

9.2.8. Error inducido

Este defecto fue mencionado por primera vez en la sentencia SU-014 de 2001180 y
ha sido definido como aquél que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y tal engaño lo condujo a la toma de una

179
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.
180
Corte Constitucional. Sentencia SU-014 de 2001 “Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar
al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado
con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario
judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación
inconstitucional de otros órganos estatales.”

decisión que afecta derechos fundamentales181. De igual manera precisó que el
error inducido se presenta en aquella providencia judicial que no tiene defectos
endógenos, esto es, se adoptó con respeto al debido proceso, con base en los
elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento en una
interpretación razonable de la ley, pero que sí presenta vicios exógenos, ya que, si
bien la decisión se profiere con fundamento en aspectos correctamente aportados
al proceso, éstos fueron irregulares en la medida en que contienen información
falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos
fundamentales182.

Por lo dicho, el mismo Alto Tribunal ha sostenido que se trata de un defecto que
no se puede atribuir al funcionario judicial accionado, puesto que en la providencia
éste es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa, por
lo que la actuación judicial resulta lesiva de derechos fundamentales.

En la sentencia T-863 de 2013 se precisa que, de acuerdo con el desarrollo
jurisprudencial, la Sala Octava de Revisión de ese Tribunal ha determinado los
siguientes requisitos para la ocurrencia de esta causal: “a) La providencia que
contiene el error está en firme; b) La decisión judicial se adopta siguiendo los
presupuestos del debido proceso, de tal forma que no es consecuencia de una
actuación dolosa o culposa del juez; c) No obstante el juez haber actuado con la
debida diligencia, la decisión resulta equivocada en cuanto se fundamenta en la
apreciación de hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error; d) El error
no es atribuible al funcionario judicial si no al actuar de un tercero (órgano estatal u
otra persona natural o jurídica), y e) La providencia judicial produce un perjuicio ius
fundamental.”183.

9.3. EL CASO CONCRETO

181
Corte Constitucional. Sentencias T-863 de 2013 y 590 de 2005.
182
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 2016.
183
A modo de ilustración, la Corte en la sentencia T-863 de 2013 encontró que una decisión
adoptada por el Juez Cuarto de Familia de Santa Marta dentro de un proceso de cesación de los
efectos civiles de matrimonio católico, si bien se adoptó con base en las normas aplicables,
teniendo en cuenta el material probatorio aportado y en garantía del derecho fundamental al debido
proceso, se omitió por una de las partes información relevante y se dio otra en el sentido
equivocado que llevó a que finalmente se hubiera adoptado una decisión violatoria de derechos
fundamentales.

Se recuerda que la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación,
mediante fallo de tutela del 18 de enero de 2017, amparó el derecho fundamental
al debido proceso del señor William Villamizar Laguado, por considerar que se
configuraron los defectos sustantivo y fáctico en la sentencia proferida el 28 de
julio de 2016, por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso
de pérdida de investidura instaurado por el señor Hernán Alfonso Oviedo Lozano
contra el señor Willamizar Laguado y, en consecuencia, la dejó sin efectos,
ordenando que se profiriera una nueva decisión.

9.3.1. De acuerdo con los parámetros planteados, se observa que, en este caso,
se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional que también ha desarrollado esta Corporación, a la cual se hizo
relación in extenso en líneas precedentes, en razón a que:

9.3.2. La relevancia constitucional: El actor estimó que con la decisión
cuestionada se veían comprometidos derechos de orden fundamental, como son
el debido proceso, la no autoincriminación y a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político.

Ello se sustentó en que, comoquiera que se le decretó la pérdida de investidura de
concejal de San José de Cúcuta, Norte de Santander, para el periodo
constitucional 2001-2003, dada la naturaleza y consecuencias que tal decisión
comporta, puesto que implica la cesación del cargo, la pérdida del mandato de
representación popular y una inhabilidad de carácter permanente a la que
comúnmente se le denomina muerte política, ello causa afectación a sus derechos
fundamentales.

Por esta razón, refiriéndose a cada de estos derechos en aras de determinar si en
el asunto se ve o no comprometido su núcleo esencial se tiene lo siguiente:

En cuanto al debido proceso: se trata de un derecho previsto en el artículo 29 de
la Constitución Política184, definido por la jurisprudencia constitucional como: “(…)

184
El artículo 29 de la Carta Política prevé: “El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.// Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la

el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia.”(…)”.185 En la misma sentencia citada se indica que hacen parte de las
garantías del debido proceso, los derechos a la jurisdicción, al juez natural, a la
defensa, a un proceso público y a la independencia del juez.

En el caso bajo examen, no se atentó contra el núcleo fundamental del debido
proceso, en la medida que se respetaron las garantías que se derivan del mismo;
es decir, el proceso fue adelantado por la jurisdicción contenciosa administrativa y
por el juez competente, ya que la demanda de pérdida de investidura fue conocida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y en
segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, que según las
reglas de reparto establecidas por el Acuerdo 55 de 2003186, distribuyó los
negocios entre las secciones atendiendo un criterio de especialización y asignó a
la citada Sección el conocimiento del recurso de apelación contra las sentencias
de los Tribunales sobre pérdida de investidura.

Adicionalmente, se adelantaron las correspondientes etapas previstas para esta
clase de procesos, las actuaciones surtidas fueron notificadas en debida forma a
las partes y no se vio comprometida la independencia de los funcionarios
judiciales que conocieron del caso. En suma, atendiendo los fundamentos
alegados por el accionante, la Sala no observa que resulte comprometido el
núcleo esencial del debido proceso.

Por otra parte, frente a los argumentos del accionante referidos a la falta del
análisis subjetivo de la conducta del demandado en el proceso de pérdida de
investidura a la luz de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de

plenitud de las formas propias de cada juicio.// En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.// Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.// Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso”.
185
Corte Constitucional. Sentencia C-341 del 4 de junio de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
Al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 1437 de
2011.
186
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Modificado por el
Acuerdo nro. 377 del 11 de diciembre de 2018.

Unificación 501 del 6 de agosto de 2015, dicho examen no implica la vulneración
al debido proceso sino que se trata de una discusión propia del debate.

Lo mismo puede decirse respecto del derecho a la no autoincriminación,
previsto por el artículo 33 de la Constitución Política187, que no ha sido reconocido
como un derecho fundamental independiente sino que, como en el caso del
análisis subjetivo, podría hacer parte de un defecto fáctico o sustantivo por
considerarse que de una declaración de la parte o su apoderado no es posible
deducir la confesión.

No obstante lo dicho sobre el derecho al debido proceso, se observa que se
invocó adicionalmente el derecho a la participación en la conformación, ejercicio y
control del poder político como garantía fundamental prevista por el artículo 40 de
la Constitución Política188 y, dado que la Sección Primera de esta Corporación
decretó la pérdida de investidura del actor, tal decisión afectó de manera real la
posibilidad de que el señor Villamizar Laguado participara a futuro en procesos
electorales como aspirante, lo que comprometió de manera directa este derecho
fundamental y permitía tener por acreditado el requisito de la relevancia
constitucional.

Frente al alcance de este derecho la Corte Constitucional ha expresado189:

“[…] Esta Corporación ha definido los derechos políticos como instrumentos
ciudadanos para incidir en la estructura y el proceso político facilitando la
consolidación de una democracia participativa. De esta manera, el ciudadano
tiene derecho no solo a conformar el poder (democracia representativa), sino

187
El artículo 33 de la Carta Política establece: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí
mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”
188
“ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido.2. Tomar
parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática.3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.4. Revocar el mandato de los
elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.5. Tener iniciativa en las
corporaciones públicas.6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.7.
Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por
adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los
casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”.
189
Corte Constitucional. Sentencia C-027 del 18 de abril de 2018. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.

también a ejercerlo y controlarlo, esto es, está llamado a hacer parte de la toma
de decisiones en asuntos públicos (democracia participativa), indispensable para
la efectividad de la democracia constitucional.

(…)

Ahora bien, en materia de democracia participativa pluralista la Corte ha
identificado dos etapas en las relaciones electores y elegidos. La primera,
referida al acto de elección a través del ejercicio del sufragio, es decir, cuando
los ciudadanos escogen y confieren legitimidad democrática a sus
representantes. La segunda, se concreta en el derecho de la ciudadanía
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para lo cual
el ordenamiento constitucional dispone de diversos mecanismos para su
efectividad. […]”.

9.3.3. En cuanto a la inmediatez: la sentencia proferida por la Sección Primera
en el medio de control de pérdida de investidura adelantado por el señor Hernán
Alfonso Oviedo Lozano, es de fecha 28 de julio de 2016190 y fue notificada el 4 de
agosto de 2016191; el actor, en ese asunto, solicitó su aclaración, que se resolvió
en proveído del 13 de octubre de 2016, notificada el 4 de noviembre del mismo
año192 y, como quiera que la acción de tutela se interpuso el 16 de noviembre de
2016193, se acreditó el cumplimiento de este requisito.

9.3.4. Acerca del presupuesto de la subsidiariedad, en este caso, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en los debates que se
surtieron sobre la procedencia de otros mecanismos judiciales de defensa, se
pronunció por mayoría que no es posible concluir que el recurso extraordinario de
revisión fuese el medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales de manera que se agotaran todos los recursos que el actor tenía a
su alcance para cuestionar la sentencia de pérdida de investidura, argumentando:

La demanda de pérdida de investidura fue radicada el 31 de julio de 2015 y los
procesos de esa naturaleza que para la fecha se adelantaran se regían por la Ley
144 de 1994, toda vez que la Ley 1881, que la derogó, entró en vigencia el 15 de
enero de 2018.

190
Folios 514 a 567 del cuaderno 2 del proceso de pérdida de investidura.
191
Folios 568 a 572 cuaderno 2 del proceso de pérdida de investidura.
192
Folios 597 a 607 cuaderno 2 proceso de pérdida de investidura.
193
Folio 1 cuaderno 1 acción de tutela.

Ahora bien, la Ley 144 de 1994 establecía el recurso extraordinario especial de
revisión contra las sentencias de pérdida de investidura de congresistas,
disponiendo lo siguiente:

“[…] Artículo diecisiete. Recurso extraordinario especial de revisión. Son
susceptibles del Recurso Extraordinario Especial de Revisión, interpuesto dentro de
los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales
haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales
establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las
siguientes:

a) Falta del debido proceso;

b) Violación del derecho de defensa

[…].” (se destaca)

En lo que tiene que ver con la procedibilidad del recurso especial de revisión de la
Ley 144 de 1994 y el extraordinario de revisión del Código Contencioso
Administrativo frente a sentencias que resolvían demandas de pérdida de
investidura de concejales antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011,
como en líneas precedentes se dijo, la Sección Primera del Consejo de Estado
consideraba que éste último no era procedente desde la expedición de la Ley 617
de 2000194.

Precisamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en las discusiones
que precedieron a la votación del primer proyecto de fallo195, analizó que,
comoquiera que para la fecha en que la Sección Primera de esta Corporación
profirió la decisión de segunda instancia en el proceso de pérdida de investidura
seguido en contra del señor William Villamizar Laguado, la tesis de dicha Sección
era que el recurso extraordinario de revisión procedía en contra de las sentencias
de única instancia y no en contra de las de segunda instancia, como ocurre en
este caso, dicha situación permitiría considerar cumplido el requisito de la
subsidiariedad ante la improcedencia del recurso, puesto que no se trataba de un
mecanismo idóneo para el estudio del asunto.

194
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14
de diciembre de 2004. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente radicación 05 001 2315 5000
2002 02388 01 (PI).
195
Cuyo ponente fue el Consejero de Estado Milton Chaves García. Según consta en las Actas
números: 15 del 16 de mayo, 17 del 29 de mayo y 20 del 19 de junio, todas del año 2018, de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

A ello se agrega que, aunque pudiese considerarse su procedencia, el mecanismo
constitucional sería viable dadas las características del perjuicio, que tendría la
condición de grave, inminente e impostergable; puesto que se declaró la pérdida
de investidura del señor Villamizar Laguado y en esa medida podría configurarse
una inhabilidad sobreviniente. En tales condiciones, la tutela constituiría un
mecanismo para evitar el perjuicio irremediable derivado de la inhabilidad.

Acorde con lo anterior, como para la fecha en que se radicó la demanda de
pérdida de investidura del concejal demandado, la jurisprudencia de la Sección
Primera de esta Corporación calificaba como improcedente el recurso
extraordinario especial de revisión, emergía con claridad que dicho mecanismo no
era idóneo ni eficaz y permitía concluir que el requisito de subsidiariedad estaba
superado.

9.3.5. La irregularidad manifestada por el demandante es de naturaleza
interpretativa y jurisprudencial (defecto material o sustantivo y desconocimiento del
precedente)196.

Lo anterior teniendo en cuenta que en el escrito de tutela el actor afirmó que “el
presente asunto reviste relevancia constitucional, la sentencia viola y amenaza
derechos constitucionales fundamentales, incurre en error sustantivo y desconoce
el precedente judicial”197. Y “En cuanto al cumplimiento de los requisitos
especiales invoco: Desconocimiento del precedente judicial y la violación directa
de la Constitución”.

9.3.6. La situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue
debidamente puntualizada en el escrito de tutela; al efecto el accionante a través
de su apoderado dijo198:

“[…] La sentencia de la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado por
medio de la cual decretó la pérdida de Investidura de William Villamizar Laguado,

196
Se observa que pese a que la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación en la
sentencia de tutela de primera instancia analizó el defecto fáctico el accionante no lo invocó.
197
Folio 2 escrito de tutela.
198
Folio 13 cuaderno 1 tutela.

Concejal del Municipio de San José de Cúcuta, para el periodo 2001-2003
constituye amenaza o violación, entre otros del derecho al Debido Proceso (C.N.
art. 29), Derecho a la autoincriminación (C.N. art. 33), derecho a la participación
en la conformación, ejercicio y control de poder político (C.N. art. 40). Igualmente
incurre en desconocimiento del precedente judicial.

El desconocimiento del precedente obedece a que, la Corte Constitucional, entre
otras, en la sentencia SU 501/15 Expediente T-3.756.821 de 6 de agosto de
2015, al exponer las razones por las cuales en estos procesos no es posible
modular la sanción, por tratarse de un sistema que establece una sanción rígida
y única, la pérdida de investidura, (…)

La sentencia de la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado por medio
de la cual se decretó la pérdida de investidura de William Villamizar Laguado
Concejal del Municipio de San José de Cúcuta- periodo 2001—2003, lo hizo
desde la perspectiva de la determinación de la responsabilidad objetiva, sin
establecer un mínimo de dolo o culpa. […]”. (Destacado en la providencia)

9.3.7. Por último, no se trató de una providencia contentiva de una sentencia de
tutela.

En tal virtud, era procedente descender al análisis del caso, teniendo en cuenta lo
decidido en la primera instancia sobre los requisitos de procedencia y los
argumentos de la impugnación.

9.4. En el escrito de tutela se afirmó que los defectos en que incurrió la Sección
Primera de esta Corporación en la sentencia cuestionada fueron el sustantivo y el
desconocimiento del precedente al decretarse la pérdida de investidura del señor
William Villamizar Laguado, como Concejal del Municipio de San José de Cúcuta
para el periodo 2001-2003.

En aras de descender al análisis de estos defectos, se considera que era
necesario examinar lo siguiente:

9.4.1. En relación con el defecto sustantivo:

Dicho examen comporta dos aspectos relacionados entre sí: el primero vinculado
con la aplicación del artículo 193 del Código General del Proceso y el segundo
sobre la endilgada violación del derecho a la no autoincriminación del accionante.

9.4.1.1. La aplicación del artículo 193 del Código General del Proceso:

9.4.1.1.1. La demanda de tutela:

El accionante afirmó que, al aplicarse en la sentencia cuestionada la ficción legal
de que trata el artículo 193 del Código General del Proceso, se sacrificó el
derecho fundamental a la no autoincriminación y con ello, se le dio primacía a la
citada norma procesal por encima de este derecho; pasando por alto que, por
mandato constitucional, el Estado reconoce la superioridad de los derechos
inalienables de la persona.

Para analizar el cargo, se transcribirá lo que dijo la sentencia censurada sobre el
particular, en los siguientes términos:

9.4.1.1.2. La sentencia de segunda instancia de pérdida de investidura:

“[…] 2.4.1.- La participación del demandado en la aprobación del Acuerdo
No. 073 de 2002.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander consideró en la decisión de
primera instancia que “(…) el actor no logró siquiera probar que el Señor
WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO votó favorablemente para la aprobación del
Proyecto 088 de 2002, que se convirtió posteriormente en el Acuerdo 073 de ese
año, pues el acta del 22 de octubre de 2002, sólo da cuenta de que el
demandado asistió a la plenaria del respectivo debate (…)”.

En relación con esta afirmación de la primera instancia, resulta necesario acudir
a la demanda de pérdida de investidura. En ella, el demandante relata como un
hecho que sustenta su solicitud que “(…) En la aprobación del este acuerdo
participó y voto el Honorable Concejal WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO (…)”.

En la contestación de la demanda, la defensa del concejal claramente afirma,
frente a los hechos esbozados por el demandante, que “(…) Es cierto, y eso data
ya trece años, son circunstancias objetivas que efectivamente sucedieron y que
este extremo procesal no desconoce, por cuanto ello está certificado en las actas
y documentos que acompañan la demanda (…)”.

Dicha manifestación, conforme los lineamientos del artículo 191 del Código
General del Proceso199 se hizo libre y conscientemente sobre hechos personales
del demandado, respecto de los que la ley no exige otro medio de prueba y que
claramente le producen consecuencias jurídicas adversas al concejal, además

199
Código General del Proceso. ARTÍCULO 191. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La
confesión requiere:
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte
de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.
La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de
apreciación de las pruebas.

de que el apoderado judicial del demandado se encuentra autorizado para
hacerla conforme el artículo 193 del Código General del Proceso200.

Esta Sala, entonces, encuentra probado que el demandante votó
afirmativamente el proyecto de acuerdo que se convirtió en el Acuerdo No.
073 de 2002.

La conclusión a la que arriba esta Sala en modo podría desconocer el artículo 33
de la Carta Política y la correlativa improcedencia del interrogatorio de parte en
los proceso de pérdida de investidura, prohibición de la cual dan cuenta
numerosas decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo201 y de
esta Sala202.

(…)

En la medida en que lo que proscribe el artículo 33 de la Carta Política es que se
obligue al concejal demandado a confesar, resulta evidente y claro que se
prohíba su citación al proceso para que rinda declaración de parte, el cual tendrá
como objeto precisamente forzar una declaración contra sí mismo.

Sin embargo, nada obsta para que el demandado, libremente, y en ejercicio de
su derecho de defensa, se refiera a la solicitud de pérdida de investidura y en
ella acepte como ciertos todos o algunos hechos alegados por la parte
demandante, en la medida en que: (1) la ley no prevé que dicho pronunciamiento
sea obligatorio para el concejal; y (2) al referirse a la solicitud de pérdida de
investidura, aquel puede abstenerse de referirse sobre ciertos hechos que
impliquen responsabilidad penal y disciplinaria suya.

[…]” (destacado en la providencia)

9.4.1.1.3. El fallo de tutela de primera instancia:

Consideró que la acción de pérdida de investidura corresponde al ejercicio del
poder punitivo del Estado, en donde se sanciona la conducta que pugna con el
deber de ejercer un cargo de representación popular de manera decorosa e
intachable; por lo que se trata, en últimas, de una acción de tipo ético y debido a
su carácter sancionatorio, ello impedía acudir a las normas previstas en el Código
General del Proceso, porque la naturaleza de los procesos que allí se regulan no

200
Código General del Proceso. Artículo 193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La
confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su
poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes
contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier
estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
201
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero
Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Auto de seis (6) de octubre de dos mil
quince (2015), Radicación número: 11001-03-15-000-2014-01602-00(A), Actor: PABLO BUSTOS
SANCHEZ, Demandado: HOLGER HORACIO DIAZ HERNÁNDEZ.
202
Ver CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA, Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON, Sentencia de veintisiete (27) de
marzo de dos mil ocho (2008), Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00521-01(PI), Actor:
ZAFARIS SEÑAS SIERRA, Demandado: CARLOS SEGUNDO DURAN B. Referencia:
APELACION SENTENCIA. PERDIDA DE INVESTIDURA

es compatible en todo con el de pérdida de investidura que se adelanta ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Agregó que, por ende, lo propio era aplicar el régimen probatorio del proceso
disciplinario, y dado que éste, en cuanto a la regulación de los medios de prueba,
remite al Código de Procedimiento Penal por la afinidad de su naturaleza
sancionadora, debía acudirse al mismo ordenamiento, que es la normativa que
regula integralmente el medio de prueba de la confesión.

Concluyó que, en materia penal, la confesión o aceptación de responsabilidad es
válida, pero debe hacerla la persona implicada, sin que exista norma que permita
la confesión hecha por otro, pues se trata de un acto reservado a la persona
misma, no al defensor; por ello estimó que la Sección Primera del Consejo de
Estado incurrió en un defecto sustantivo al aplicar indebidamente al proceso de
pérdida de investidura el artículo 193 del Código de Procedimiento Civil, cuando
dicha disposición no es compatible con la naturaleza de este proceso
sancionatorio.

9.4.1.1.4. La impugnación

El Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, en su escrito de impugnación,
frente a este punto estimó que la providencia cuestionada no incurrió en defecto
sustantivo porque el régimen probatorio aplicable a las pérdidas de investidura de
concejales es el previsto en el Código General del Proceso; manifestó que, al no
existir norma específica de regulación, debía aplicarse lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en el artículo
211 remite al Código de Procedimiento Civil y no al Código de Procedimiento
Penal.

Aclaró que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ya había definido que el
régimen probatorio de la acción de pérdida de investidura es, por remisión, el del
Código General del Proceso; para ello citó el auto del 6 de julio de 2015, M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente nro. 110010315000201501564,
así como la providencia del 6 de octubre de 2015, expediente nro.
110010315000201401602.

9.4.1.1.5. El análisis

Se destaca que no cualquier diferencia de criterio es fundamento suficiente para
que en sede de tutela se revisen las decisiones que adopten los jueces naturales
de la causa en el marco de los procesos judiciales, por lo que es necesario que se
aparten de manera flagrante de la Constitución y la ley, y en tal situación se
afecten derechos fundamentales que deban ser objeto de protección por el juez
constitucional.

En ese sentido, en la medida en que este defecto supone que la irregularidad que
se invoca deba ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una
decisión violatoria de los derechos fundamentales, para la Sala no era procedente
que, en el caso bajo análisis, se diera prosperidad a este defecto, habida cuenta
que su configuración no puede darse a partir de cualquier diferencia de criterio
sobre las fuentes formales en que se fundó la decisión judicial, puesto que
precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de
administración de justicia cuya garantía está constitucionalmente protegida por el
artículo 228 Superior203.

Tratándose del defecto sustantivo respecto de la fuente, por la aplicación de una
norma legal que, según lo consideró el fallo de tutela impugnado, no se adecúa a
la situación fáctica del caso, la Sala observa que el predicado defecto no se
edifica, pues de lo sostenido en la providencia cuestionada, se deduce una
apreciación razonable de la aplicación de la ley204.

En estricto rigor entonces, lo que existe es una disparidad de criterios, ambos
respetables; por ende, el hecho de que el juez natural del proceso de pérdida de
investidura se hubiese apoyado en las normas procedimentales civiles, no en las

203
El artículo 228 de la Constitución Política establece: “(…) La Administración de Justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. (…)”.
204
Aunque para la fecha de los hechos aún no había entrado a regir la Ley 1881 del 15 de enero
de 2018, que reguló el procedimiento de pérdida de investidura de los Congresistas, ilustra por su
importancia para el entendimiento del sustento normativo en que se apoyó el fallo ordinario, que
precisamente en el artículo 22 indique que las disposiciones contenidas en dicha ley, son
aplicables en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y
diputados.
A su vez, el artículo 21 ejusdem, de manera expresa consagró que, en los demás aspectos no
regulados en esa ley, se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

penales, argumentando las razones por las cuales las primeras eran las
aplicables, no constituye un motivo que permita la estructuración del defecto
sustantivo al que aludió el fallo de tutela impugnado, de manera que este defecto
no podía sustentarse en una diferencia de juicios, pues lo contrario implicaría
desconocer la autonomía del juez llamado a decidir.

9.4.2.1.2. Frente a transgresión del derecho a la no autoincriminación:

9.4.2.1.2.1 La demanda de tutela:

El apoderado del accionante manifestó: “es cierto que el apoderado de William
Villamizar Laguado al dar respuesta a la solicitud de pérdida de investidura, a los
hechos respondió que eso era cierto y que se trataba de circunstancias acaecidas
hacía trece años, no obstante, en modo afirmativo y puntual respondió que
Villamizar Laguado había votado positivamente el citado acuerdo”.

Indicó que se vulneró el derecho a la no autoincriminación establecido en el
catálogo de los derechos fundamentales, al darle primacía a la norma procesal
prevista en el artículo 193 del Código General del Proceso.

9.4.2.1.2.2. La sentencia de segunda instancia de pérdida de investidura:

Señaló que, en la medida que el artículo 33 de la Constitución Política lo que
proscribe es que se obligue al concejal demandado a confesar, resultaba evidente
que se prohibiera su citación al proceso para que rindiera declaración de parte, lo
que tendría como objeto forzar una declaración contra sí mismo; pero nada
obstaba para que aquél de forma libre y en ejercicio de su derecho de defensa, se
refiriera a la solicitud de pérdida de investidura y en ella aceptara como ciertos
todos o algunos de los hechos alegados por la parte demandante, puesto que la
ley no previó que dicho pronunciamiento fuese obligatorio para el concejal y, en
todo caso, al referirse a la solicitud de pérdida de investidura, aquél podía
abstenerse de hacer alusión sobre hechos que implicaran su responsabilidad
penal o disciplinaria.

9.4.2.1.2.3. El fallo de tutela de primera instancia:

Estimó que, dada la naturaleza sancionatoria del proceso de pérdida de
investidura, debían respetarse de manera exigente las formas propias de esta
clase de juicio, conforme lo ordena el artículo 29 de la Constitución Política, lo que
impedía sin excepción que se acudiera a todas las normas consagradas en el
Código General del Proceso, y lo procedente era aplicar el régimen probatorio del
proceso disciplinario que, en cuanto a la regulación de los medios de prueba,
remite al Código de Procedimiento Penal; que, en cuanto al derecho a la no
autoincriminación y derecho de defensa del imputado, señala el artículo 8 de la
Ley 906 de 2004 que, en desarrollo de la actuación una vez se adquiere la
condición de imputado, éste tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano
de persecución penal, entre otros, a no ser obligado a declarar en contra de sí
mismo o a no autoincriminarse, pudiendo renunciar a tal derecho; sin embargo,
conforme a la normatividad aplicable en materia penal la confesión o aceptación
de responsabilidad era válida, pero debía hacerla la persona implicada, al no
existir norma que permita la confesión hecha por otro.

9.4.2.1.2.4. El análisis del caso

La sentencia de segunda instancia que decretó la pérdida de investidura, dijo
sobre la materia lo siguiente:

“[…] La conclusión a la que arriba esta Sala en modo podría desconocer el artículo
33 de la Carta Política y la correlativa improcedencia del interrogatorio de parte en
los proceso de pérdida de investidura, prohibición de la cual dan cuenta numerosas
decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo205 y de esta Sala206.

El artículo 33 de la Carta Política señala:

“(…) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (…)”.

La Corte Constitucional, en distintas providencias ha establecido el alcance de este
artículo constitucional. En la Sentencia C- 258 de 2011, la Corporación indicó:

“(…) 3. Alcance del derecho a la no autoincriminación

205
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero
Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Auto de seis (6) de octubre de dos mil
quince (2015), Radicación número: 11001-03-15-000-2014-01602-00(A), Actor: PABLO BUSTOS
SANCHEZ, Demandado: HOLGER HORACIO DIAZ HERNÁNDEZ.
206
Ver CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA, Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON, Sentencia de veintisiete (27) de
marzo de dos mil ocho (2008), Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00521-01(PI), Actor:
ZAFARIS SEÑAS SIERRA, Demandado: CARLOS SEGUNDO DURAN B. Referencia:
APELACION SENTENCIA. PERDIDA DE INVESTIDURA

Al margen de esas consideraciones, lo cierto es que, en la medida
en que el derecho disciplinario es una expresión del ius puniendi
del Estado, la garantía del artículo 33 de la Constitución tiene plena
aplicación en todos los procesos, judiciales o administrativos,
orientados a establecer la responsabilidad disciplinaria de quienes
desempeñen funciones públicas. Así, la Corte, en Sentencia C-431
de 2004 expresó que “(…) la garantía constitucional de no auto
incriminación opera dentro del contexto de la actuación punitiva del
Estado, de la cual el derecho disciplinario es una de sus
manifestaciones”. De manera más general la Corte había
puntualizado que “[e]l derecho disciplinario, por su naturaleza
sancionadora, es una especie del derecho punitivo (...)” y que“[e]llo
implica que las garantías sustanciales y procesales del derecho
más general, el penal, sean aplicables al régimen disciplinario.”207

3.2. En cuanto hace al contenido de la garantía, cabría señalar
que, de acuerdo con la norma constitucional, las personas no
pueden ser obligadas a declarar contra sí mismas o contra sus
allegados. Esa aproximación ubica el asunto, en principio, en el
ámbito del proceso, de la indagación, de la averiguación, para
excluir la posibilidad de que la persona sea compelida, por
cualquier, medio a declarar contra sí misma o contra sus allegados.

(…)

De este modo, la garantía de la no incriminación implica un derecho
al silencio, a utilizar las estrategias que se consideren más
adecuadas para la defensa, pero no se extiende hasta las
conductas fraudulentas u obstructivas.

La garantía se orienta a evitar que la decisión adversa a la persona
provenga de su propia declaración obtenida mediante cualquier
tipo de presión o coacción física o moral. En ese contexto se
consagró un derecho a guardar silencio, del cual, a su vez, se
deriva la consecuencia de que tal situación, esto es la negativa a
declarar, en cuanto que se encuentra constitucionalmente
amparada, no puede tener repercusiones negativas en el ámbito del
proceso, en cuanto no puede tomarse como indicio de
responsabilidad.

(…)

De este modo, a partir de las disposiciones de derecho interno, de las
previsiones de los tratados internacionales, y de la doctrina de derecho
comparado, se ha tratado de definir el alcance de la garantía,
identificando entre sus componentes, con distintos matices, el
presupuesto fundamental conforme al cual la persona no puede ser
obligada a declarar en su contra, proscribiendo toda modalidad de
tortura o de presión física o sicológica, así como la posibilidad de
conminar a una persona declarar o de sancionarla por abstenerse
de hacerlo amparada en esta garantía; la exigencia de que, en los
ámbitos en los cuales opere la garantía, la persona sea advertida de
su derecho a no declarar, o la prohibición de hacer inferencias
negativas a partir del silencio de quien se ampara en esta garantía.
Además de esos elementos, en torno a los cuales existe amplio

207
Sentencia C- 769 de 1998, M.P Antonio Barrera Carbonell.

consenso, también se ha avanzado en la discusión de algunas aristas de
la cuestión que presentan no pocas dificultades, como aquellas relativas
a si la declaración voluntaria puede o debe hacerse bajo juramento, o si
la garantía de la no incriminación comprende un derecho a faltar a la
verdad en las declaraciones.

En ese contexto, la Corte Constitucional, en distintos pronunciamientos,
ha ido delineando, en una perspectiva general, el alcance de la garantía.

En la Sentencia C-024 de 1994, la Corte señaló que el artículo 33 de
la Constitución se refiere a que nadie -sin excepción alguna-, podrá
ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y que la
intención del Constituyente estaba encaminada a la proscripción e
invalidación de todo procedimiento que produzca la confesión
forzada o no voluntaria de quien declara ante las autoridades.
Agregó la Corte que una de las consecuencias de esta prohibición
es que ninguna autoridad puede exigir a persona alguna que preste
declaración, contra sí o contra alguno de sus parientes en los
grados que indica la norma.

(…)

Esa garantía, por otra parte, se vincula de manera indisoluble con la
presunción de inocencia, contenida en el artículo 29 de la
Constitución, porque quien decide no declarar, debe tenerse como
inocente y le corresponde al Estado establecer, fuera de toda duda,
la responsabilidad, y con la previsión del mismo precepto Superior
que excluye toda prueba obtenida con violación del debido
proceso, como sería la declaración del sujeto investigado en cuya
producción se hubiese desconocido la prescripción del artículo33
de la Carta. Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia ha dicho
que “(...) la prohibición de declarar contra sí mismo, su cónyuge o
compañero permanente y sus parientes más allegados, está
íntimamente vinculada con la presunción de inocencia que respecto de
las personas juzgadas por delitos establece el artículo 29 de la misma
Constitución, mientras no se les haya declarado judicialmente culpables,
por reputarse consustancial a esta clase de procesamientos que sea el
Estado el obligado a probar la culpabilidad de la persona en la comisión
de un hecho calificado previamente como delictuoso.”208

Es decir, dentro del proceso penal, el silencio voluntario del individuo se
constituye en un derecho de carácter fundamental que hace parte del
debido proceso209. En efecto, en la Sentencia C-621 de 1998, la Corte
puntualizó que “[c]on base en la garantía constitucional sobre no
autoincriminación, el silencio voluntario del individuo llamado a
indagatoria se constituye en una forma de defensa y por tanto en un
verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido
proceso.” Agregó la Corporación que “[a]nte la evidencia de que contra
la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar
en una sentencia en su contra, aquélla cuenta con la garantía
constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con
la carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la
actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a

208
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 129 de 17 de octubre de 1991.
209
Cfr. C-776 de 2001

desvirtuar, si las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del
proceso se lo permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí
resulta que éste, quien no está en la posición jurídica activa, se
halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su
inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o
dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que
el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Y en esa
actitud, que es justamente la que el debido proceso protege, le es
permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede
ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente
comprometido, confesar o incriminar a sus allegados.”(…)”

La garantía de la no autoincriminación pretende, entonces, que las personas no
sean obligadas a declarar contra sí mismas o contra sus allegados, esto es,
proscribir toda actuación de las autoridades que pretenda la confesión no
voluntaria de quien es parte en un proceso y por ello, en los proceso de proceso
de pérdida de investidura, se ha protegido esta garantía rechazando las solicitudes
probatorias que han tenido por objeto la declaración de la parte demandada en la
medida en que por esta vía se pretende obligarlo a declarar contra sí mismo
provocando su confesión.
En manera alguna la jurisprudencia constitucional, seguida por la jurisprudencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha proscrito
de manera absoluta la confesión. En esa medida, ha indicado la misma Corte
Constitucional, en la Sentencia C- 102 de 2005 que:

“(…) 4.3 Para la Corte es claro que conforme a lo expuesto en la
sentencia C-422 de 2002, ya citada, la garantía constitucional a la no
autoincriminación no se opone en ningún caso a la confesión como
medio de prueba, siempre que ésta sea libre, es decir, sin que de
manera alguna exista coacción que afecte la voluntad del
confesante, requisito igualmente exigible en toda clase de
procesos. La confesión, esto es la aceptación de hechos
personales de los cuales pueda derivarse una consecuencia
jurídica desfavorable, como medio de prueba no implica por sí
misma una autoincriminación en procesos civiles, laborales o
administrativos. De la misma manera, ese medio de prueba es
admisible en el proceso penal, pero en todo caso, en ninguna clase
de procesos puede ser compelida la persona a la aceptación de un
hecho delictuoso, que es en lo que consiste la autoincriminación,
que la Constitución repudia. (…)”

(Negrillas y subrayas en la sentencia de pérdida de investidura)

Y más adelante agregó:

“[…] En la medida en que lo que proscribe el artículo 33 de la Carta Política es que
se obligue al concejal demandado a confesar, resulta evidente y claro que se
prohíba su citación al proceso para que rinda declaración de parte, el cual tendrá
como objeto precisamente forzar una declaración contra sí mismo.

Sin embargo, nada obsta para que el demandado, libremente, y en ejercicio de su
derecho de defensa, se refiera a la solicitud de pérdida de investidura y en ella

acepte como ciertos todos o algunos hechos alegados por la parte demandante, en
la medida en que: (1) la ley no prevé que dicho pronunciamiento sea obligatorio para
el concejal; y (2) al referirse a la solicitud de pérdida de investidura, aquel puede
abstenerse de referirse sobre ciertos hechos que impliquen responsabilidad penal y
disciplinaria suya.
Por ello, entonces, se precisa la tesis expuesta en la sentencia de 26 de junio de
2013210, pues, se reitera, la garantía de no autoincriminación se protege
adecuadamente prohibiendo la práctica del interrogatorio de parte en esta
clase de procesos, lo que no excluye que el demandado, en ejercicio de su
derecho de defensa, se refiera a la solicitud de pérdida de investidura y en ella
acepte como ciertos todos o algunos hechos alegados por la parte demandante,
conforme se ha expuesto extensamente.
[…]” (negrillas originales en la providencia citada)

En este asunto, lo decidido en la sentencia de pérdida de investidura proferida el
28 de julio de 2016 tampoco conllevaba a que se hubiese incurrido en el defecto
sustantivo, en la medida que lo que se presentó es una discrepancia sobre el
alcance del derecho a la no autoincriminación previsto por el artículo 33 de la
Constitución Política, en especial cuando el implicado no está obligado a declarar
en interrogatorio de parte, sino que se trató de su apoderado pronunciándose de
forma libre y voluntaria.

En tales circunstancias, entre la sentencia de pérdida de investidura y el fallo de
tutela se observaba simplemente una diferencia de criterios sobre el alcance del
artículo 33 de la Carta Política y el ordenamiento jurídico que debe regir la prueba
en la pérdida de investidura (si el procesal civil o el penal), asunto que está
reservado al juez natural del proceso, pues, amparado por el principio de la
autonomía judicial, precisamente debe decidir sobre tales asuntos dada su
especialidad.

Por tales motivos, contrario a lo afirmado por el fallo de tutela que se impugna, el
defecto sustantivo no se configuraba.
9.4.2.2. En relación con el desconocimiento del precedente:

9.4.2.2.1. La demanda de tutela:

210
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA, Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., veintiséis (26) de
junio de dos mil trece (2013), Radicación número: 15001-2331-000-2012-00228-01(PI), Actor: LUIS
ÁNGEL BORDA ROJAS, Demandado: VICENTE ANIBAL OJEDA MARTÍNEZ, Referencia:
APELACION SENTENCIA

El accionante aseveró que el desconocimiento del precedente judicial “obedece a
que, la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia SU 501/2015 Expediente
T-3.756.821 del 6 de agosto de 2015, al exponer las razones por las cuales en
estos procesos no es posible modular la sanción, por tratarse de un sistema que
establece una sanción rígida y única, la pérdida de investidura, puntualizó:(…) que
se requiere el mínimo de responsabilidad para que sea impuesta la sanción más
severa a los derechos políticos. (…)”, mientras que la sentencia cuestionada, que
decretó la pérdida de investidura del señor William Villamizar Laguado como
Concejal del Municipio de San José de Cúcuta para el periodo 2001-2003, lo hizo
desde la perspectiva de la determinación de la responsabilidad objetiva, sin
establecer un mínimo de dolo o culpa.

9.4.2.2.2. La sentencia de segunda instancia de pérdida de investidura, para
analizar la conducta del demandado, dijo lo siguiente:

“Es por ello que el demandante, como integrante del concejo municipal y
emitiendo su voto favorable para la aprobación del Acuerdo No. 073 de 2002,
permitió que se destinaran dineros públicos a objetos, actividades no autorizados
por la Constitución, la ley y el reglamento211, incurriendo en indebida destinación
de dineros públicos, lo que amerita la revocatoria de la providencia de primera
instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

9.4.2.2.3. El fallo de tutela de primera instancia:

El fallo de tutela impugnado, frente a este defecto, lo que expuso fue lo siguiente:
“[…]

En lo que tiene que ver con el desconocimiento del precedente la Corte
Constitucional ha destacado que lo que se reprocha consiste en que una
autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se
separare del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso
del precedente en la materia y, aún más, que, a pesar de reconocer la existencia
de éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese
proceder se desconocen principios de relevancia constitucional como la

211
De folio 196 – 285 del Expediente, se encuentra “(…) relación del Libro de Definitivas donde
se evidencia el monto de los pagos por concepto de BONIFICACIÓN POR SERVICIOS
PRESTADOS Y PRIMA DE SERVICIOS de enero a diciembre de las vigencias 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y con corte a julio de 2015
(…)”, remitida por el señor Carlos Arturo Parra Luna, Subsecretario de Despacho, Área de Gestión
Financiera de la Alcaldía de San José de Cúcuta. (negrillas y subrayas en la providencia citada).

igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están
directamente relacionados con el respeto del precedente.

(…)

Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud
del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un
precedente pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es
absoluta. Y en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente,
se produce una violación a los derechos fundamentales a la igualad, al acceso a
la administración de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a
través de la acción de tutela.

[…]”

Sin embargo, al descender al caso concreto, no analizó si se atendió o no en este
evento la sentencia SU- 501 de 2015 de la Corte Constitucional, citada como
desconocida, por cuanto dio prosperidad a los defectos sustantivo y fáctico.

9.4.2.2.4. La impugnación

El Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, en el escrito de impugnación, no
hizo mención a este defecto en la medida que no fue amparado en el fallo de
tutela impugnado; sin embargo, en el informe rendido con destino a esta acción 212,
indicó que el precedente constitucional que en concepto del demandante fue
transgredido, es el contenido en la Sentencia SU-501 de 2015 y que el actor citó
un extracto de la misma que corresponde al estudio que hizo la Corte
Constitucional acerca de la naturaleza de la acción de pérdida de investidura.

Agregó que la decisión materia de cuestionamiento en momento alguno
transgrede el precedente judicial, dado que analizó que el señor Willamizar
Laguado voluntariamente emitió su voto favorable para expedir el respectivo
acuerdo pese a que existían normas constitucionales y legales que le impedían
crear factores salariales, y que no alegó en la respectiva instancia procesal
circunstancias que le permitieran excluir el mínimo de culpabilidad y por lo tanto
era evidente su actuar culposo.

9.4.2.2.5. El análisis del caso

Como en la primera parte se analizó, este defecto exige que la sentencia objeto de

212
Folios 104 a 117 cuaderno tutela.

cuestionamiento difiera en su objeto (pretensión jurídica) o causa (hechos en que
se funda la pretensión y los fundamentos de derecho de la misma), de una
providencia anterior que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos
resueltos constituya precedente.

En el caso bajo estudio el aludido defecto no fue amparado en la decisión de tutela
de primera instancia. Sin perjuicio de ello, el actor en el escrito de tutela manifestó
que el fallo de pérdida de investidura cuestionado pasó por alto que la Corte
Constitucional, en distintos pronunciamientos, al examinar la naturaleza de la
pérdida de investidura, parte de la base de que se trata de un proceso de
responsabilidad subjetiva y no cabe la responsabilidad objetiva, destacando para
ello el contenido de la Sentencia SU-501 del 6 de agosto de 2015; de manera
específica, el siguiente párrafo:

“[…] Para la Corte, la justificación de esta particularidad del sistema de
responsabilidad de la pérdida de investidura se deriva de su carácter excepcional
dentro de “ius puniendi estatal”, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos políticos. En síntesis, tratándose
del proceso de pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura.[…]”

Pues bien, el análisis que se hizo en la sentencia del 28 de julio de 2016 de
pérdida de investidura, comporta un examen de las razones en que se sustentó
para indicar que el concejal William Villamizar Laguado, como integrante del
concejo del Municipio de San José de Cúcuta para el periodo 2001-2003, al emitir
su voto favorable para la aprobación del Acuerdo nro. 073 de 2002213, permitió que
se destinaran dineros públicos a objetos o actividades no autorizados por la
Constitución, la ley o el reglamento, incurriendo en indebida destinación de dineros
públicos.

Sobre el análisis subjetivo de la conducta, se refirió a la manera voluntaria en la
cual el implicado manifestó su voto positivo, sin profundizar en tal aspecto, por
cuanto no fue objeto de debate por parte de la defensa.

213
“Por el cual se crean como factor salarial, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la
prima de servicios, el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte para los empleados
públicos de la administración central y descentralizada del Municipio de San José de Cúcuta”.

Desde la óptica del desarrollo del proceso, no resultaría procedente afirmar que el
fallo ordinario de pérdida de investidura haya fundamentado sus conclusiones en
una responsabilidad objetiva, desconociendo los precedentes de la Corte
Constitucional, pues lo que allí se afirmó es que votó positivamente el Acuerdo
0073 de 2002, desconociendo disposiciones constitucionales y legales, que era el
centro de la discusión, y no se profundizó en el análisis de la culpa, por cuanto el
implicado no alegó hecho alguno que le permitiera excluir el mínimo de
culpabilidad.

Conforme a lo anterior, era dable concluir por la Sala, que la sentencia del 28 de
julio de 2016 de pérdida de investidura objeto de tutela, hizo un examen claro y
coherente de las razones por las cuales dedujo que el concejal William Villamizar
Laguado, como integrante del concejo del Municipio de San José de Cúcuta para
el periodo 2001-2003, al emitir su voto favorable para la aprobación del Acuerdo
nro. 073 de 2002214, permitió de manera voluntaria que se destinaran dineros
públicos a objetos o actividades no autorizados por la Constitución, la ley o el
reglamento, incurriendo en indebida destinación de dineros públicos, sin que se
pudiera deducir que dicho examen solo aludió a una responsabilidad objetiva y se
hubiese desconocido el precedente aplicable a la materia.

9.4.2.3. En relación con el defecto fáctico:

9.4.2.3.1. La demanda de tutela:

El actor no lo invocó de manera expresa; no obstante indicó que, contrario a lo
señalado por el fallo ordinario de pérdida de investidura, no se demostró que el
Concejal William Villamizar Laguado votara de forma favorable la expedición del
Acuerdo nro. 0073 de 2002 y que obtuviera un beneficio particular con ello.

9.4.2.3.2. La sentencia de segunda instancia de pérdida de investidura, dijo
lo siguiente:

214
“Por el cual se crean como factor salarial, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la
prima de servicios, el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte para los empleados
públicos de la administración central y descentralizada del Municipio de San José de Cúcuta”.

Analizó que estaba probado que el demandante votó afirmativamente el proyecto
de acuerdo que se convirtió en el Acuerdo No. 073 de 2002.

Lo anterior teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda, la defensa
del concejal afirmó frente a los hechos esbozados por el demandante, que “(…) Es
cierto, y eso data ya trece años, son circunstancias objetivas que efectivamente
sucedieron y que este extremo procesal no desconoce, por cuanto ello está
certificado en las actas y documentos que acompañan la demanda (…)”.

9.4.2.3.3. El fallo de tutela de primera instancia:

La providencia cuestionada indicó que este defecto también se configuraba, toda
vez que al examinar el fallo ordinario observa que, además de aplicar de manera
indebida el artículo 193 del Código General del Proceso, el resultado no daba
lugar a considerar probado el siguiente hecho: “el demandante (sic) votó
afirmativamente el proyecto de acuerdo que se convirtió en el Acuerdo No.
073 de 2002.”215

“Lo anterior, por cuanto el hecho narrado en la demanda dentro del proceso de
pérdida de investidura solo decía que: “El 22 de octubre de 2002, siendo las 5: 10
pm se reunió el Honorable Concejo Municipal de Cúcuta y aprobó en su segundo
debate reglamentario el proyecto Nº 088 del 2002” y que “En la aprobación de
este acuerdo participó y voto el Honorable Concejal WILLIAM VILLAMIZAR
LAGUADO (…) declarado elegido por la Registraduría Municipal del Estado Civil y
posesionado ante el Concejo en Pleno para el periodo Constitucional 2001 –
2003”216 (Las negrillas y subrayas son del fallo de tutela).”

Concluyó que, comoquiera que la manifestación del apoderado del demandado en
la contestación a la demanda de pérdida de investidura fue: “Es cierto, y de eso
data ya trece años, son circunstancias objetivas que efectivamente sucedieron y
que este extremo procesal no desconoce, por cuanto ello está certificado en las
actas y documentos que acompañan la demanda, sin embargo, de ahí a que con
ello se configure una indebida destinación de dineros púbicos, deberá ser objeto
de prueba por parte del demandante (…),” la supuesta confesión del voto

215
Folio 530 c.ppal 2 exp. 2015-00307 PI.
216
Folio 1 del c. de pérdida de Investidura.

afirmativo en la aprobación del Acuerdo No. 073 de 2002 por parte del entonces
Concejal William Villamizar perdía su sustento, con lo cual se desvirtuaba la
conclusión a la que llegó la sentencia de pérdida de investidura, sobre la
responsabilidad directa y personal del ahora tutelante en la decisión administrativa
que derivó en una indebida destinación de dineros públicos.
9.4.2.3.4. La impugnación

Frente a este defecto el Consejero recurrente afirmó que el demandante no aludió
a la existencia de un defecto fáctico en la sentencia el 28 de julio de 2016; no
obstante y al margen de ello, consideró que, conforme con lo acreditado, se probó
que el demandante votó afirmativamente el proyecto que se convirtió en el
Acuerdo No. 073 de 2002, sin que el régimen probatorio aplicable fuese
cuestionado en la acción de tutela.

Argumentó que resultaba claro que el actor no cuestionó de modo alguno el
análisis del hecho expuesto en la demanda y la aceptación que hizo en la
contestación, de donde resultaba claro que de tal aceptación se desprendía de
manera inequívoca que el señor Villamizar Laguado aceptó su participación en la
sesión del concejo municipal votando de manera afirmativa el proyecto de
acuerdo; aseveró que de haberlo votado de manera negativa así lo habría
expresado en la contestación.

9.4.2.3.5. El análisis del caso:

Como se analizó en precedencia, este defecto se estructura cuando la valoración
probatoria hecha por la autoridad judicial en la correspondiente providencia es
manifiestamente arbitraria. Es decir, que el error en el juicio “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia”217.

217
Cfr. sentencia T-442 de 1994.

Para establecer si la valoración que hizo la sentencia del proceso de pérdida de
investidura incurrió en un error de tal entidad, es necesario traer a colación lo
analizado en la providencia cuestionada; allí se dijo218:

“[…] 2.4.1.- La participación del demandado en la aprobación del Acuerdo No.
073 de 2002.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander consideró en la decisión de
primera instancia que “(…) el actor no logró siquiera probar que el Señor WILLIAM
VILLAMIZAR LAGUADO votó favorablemente para la aprobación del Proyecto 088
de 2002, que se convirtió posteriormente en el Acuerdo 073 de ese año, pues el
acta del 22 de octubre de 2002, sólo da cuenta de que el demandado asistió a la
plenaria del respectivo debate (…)”.

En relación con esta afirmación de la primera instancia, resulta necesario acudir a la
demanda de pérdida de investidura. En ella, el demandante relata como un hecho
que sustenta su solicitud que “(…) En la aprobación del este acuerdo participó y
voto el Honorable Concejal WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO (…)”.

En la contestación de la demanda, la defensa del concejal claramente afirma, frente
a los hechos esbozados por el demandante, que “(…) Es cierto, y eso data ya trece
años, son circunstancias objetivas que efectivamente sucedieron y que este extremo
procesal no desconoce, por cuanto ello está certificado en las actas y documentos
que acompañan la demanda (…)”.

Dicha manifestación, conforme los lineamientos del artículo 191 del Código General
del Proceso219 se hizo libre y conscientemente sobre hechos personales del
demandado, respecto de los que la ley no exige otro medio de prueba y que
claramente le producen consecuencias jurídicas adversas al concejal, además de

218
Fallo de pérdida de investidura de segunda instancia. Folios 529 a 536 cuaderno 2 proceso de
pérdida de investidura.
219
Código General del Proceso. ARTÍCULO 191. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La
confesión requiere:
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte
de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.
La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de
apreciación de las pruebas.

que el apoderado judicial del demandado se encuentra autorizado para hacerla
conforme el artículo 193 del Código General del Proceso220.

Esta Sala, entonces, encuentra probado que el demandante votó afirmativamente
el proyecto de acuerdo que se convirtió en el Acuerdo No. 073 de 2002.

[…]” (negrillas y destacado en la providencia que se cita)

De esta manera, era dable colegir que el fallador de instancia analizó las razones
jurídicas que en su criterio posibilitaban tener por acreditada la confesión y ello
responde a la interpretación autónoma del juez especializado en la materia, sin que
se observara que haya incurrido en el aludido defecto fáctico; pues es evidente que,
dentro de su especialidad, expresamente manifestó los fundamentos por los cuales
profirió la respectiva decisión, por lo que era improcedente que el juez de tutela
declarara que el juez natural incurrió en éste, simplemente porque tiene una visión
distinta del mismo punto. A ello precisamente se refiere el ordenamiento cuando deja
en manos del juez natural el análisis de la prueba bajo los principios de la “sana
crítica”, de tal manera que el juez constitucional tiene la carga de establecer porque
ella fue desatendida, y no revocar la decisión con base en su disentimiento.
Como en este evento, en ejercicio de la autonomía judicial y en desarrollo del
principio de la sana crítica, el razonamiento que hizo el juez natural del proceso
para llegar a la conclusión de que la prueba de confesión daba lugar a declarar la
pérdida de investidura por la indebida destinación de dineros públicos fue
congruente y se ajustó a las reglas procesales, este defecto no podía prosperar221.

220
Código General del Proceso. Artículo 193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La
confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de
su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las
correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario.
Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
221
Frente al alcance de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos, la Sala recuerda que la Corporación ha señalado que ésta se realiza “(…) cuando un
congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando autorizados no correspondan a
la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros. Cita textual en sentencia del 28 de
marzo de 2017. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI), en la donde se citó la sentencia
del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-
2013-00865-00, accionante: Carlos Mario Isaza, accionado: Roy Leonardo Barreras Montealegre.

En conclusión, los pretendidos defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente no se configuraban en el caso bajo análisis, y por ello, no había lugar a
que fuera revocado el fallo de tutela de primera instancia.

Por último, también se observa que en el fallo de tutela motivo del presente
salvamento se sostuvo en el punto 48. “En esa medida, se colige que la Sección
Primera del Consejo de Estado incurrió en violación directa de la Constitución
porque la decisión de aplicar el artículo 193 del Código General del Proceso,
implicó la falta de garantías para salvaguardar el derecho al debido proceso”; sin
embargo, como líneas atrás se indicó, esta causal tiene lugar cuando el juez
ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma
constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango inferior
al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución222; lo que en este
evento no ocurrió, y en consecuencia, no era procedente que se alegara la
violación directa de la Constitución.

En estos términos dejo expuesto mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019)

222
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo
sentido pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de
2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

SENTENCIA – ACLARACIÓN DE VOTO

Con el debido respeto, manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en el fallo
proferido por la Sala Plena el 19 de marzo de 2019, en el proceso de la referencia
advirtiendo que comparto la decisión a la que se arribó pero, considero necesario hacer
las siguientes precisiones:

Respecto de la confesión

En el estudio de la configuración de la causal, la Sección accionada, en la sentencia
cuestionada, al analizar la participación del demandado en la aprobación del acuerdo,
concluyó que de la contestación de la demanda se advierte que su apoderado judicial
afirmó que es lo cierto que su defendido participó y votó en la aprobación del Acuerdo No.
0073 de 29 de octubre de 2002223.

Entonces, concluyó que esa manifestación, de conformidad con el “…artículo 191 del
Código General del Proceso224, se hizo libre y conscientemente sobre hechos
personales del demandado, respecto de los que la ley no exige otro medio de prueba
y que claramente le producen consecuencias jurídicas adversas al concejal, además
de que el apoderado judicial del demandado se encuentra autorizado para hacerla
conforme el artículo 193 del Código General del Proceso225…”.

Al respecto, debe recordarse que el Constituyente primario estableció la pérdida de
investidura con la intención de imponer una sanción disciplinaria; por tanto, para su

223
“(…) POR EL CUAL SE CREAN, COMO FACTOR SALARIAL, LA BONIFICACIÓN POR
SERVICIOS, LA PRIMA DE SERVICIOS, EL SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN Y EL AUXILIO DE
TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y
DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA (…)”.
224
Código General del Proceso. artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión
requiere:
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte
de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.
La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de
apreciación de las pruebas.
225
Código General del Proceso. Artículo 193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La
confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de
su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las
correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario.
Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.

trámite en casos como la confesión debe darse aplicación a las normas del proceso
disciplinario que remiten al procedimiento penal.

En efecto, de la revisión de la normativa disciplinaria, Ley 734 de 2002, art. 130, se
advierte que la confesión es un medio de prueba aceptado pero se practicará
“…conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean
compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario”.

En relación con la confesión es conveniente manifestar que respecto de los elementos
necesarios para su configuración en la sentencia de la Corte Constitucional en la
sentencia C-782 de 2005, se expuso:

“Desde siempre en el proceso se ha exigido como requisito de la confesión que sea
voluntaria, libre y espontánea, tanto en el proceso penal, como en los demás
procesos, comoquiera que ella se encuentra destinada a obrar como prueba en
contra de la parte que confiesa. Sin embargo, dos características especiales ha
tenido la confesión en lo penal: la primera, que no puede ser provocada
mediante interrogatorio de parte sometido a la formalidad previa del
juramento, y la segunda, que ha de ser corroborada por otros medios de
prueba, características éstas que se encuentran ausentes en lo civil, materia en
la cual ha sido posible siempre provocar la confesión como ocurría en la antigua
absolución de posiciones, hoy transformada en el interrogatorio de parte con
ritualidades y consecuencias específicas, entre ellas la confesión ficta o
presunta, lo que no ocurre en materia penal, en la cual la confesión ha de ser
siempre expresa, de un lado; y, de otro, en cuanto la confesión en materia
procesal civil, no requiere ser corroborada por otros medios de prueba, en
aquellos casos en que el hecho sobre el cual versa es susceptible de prueba por
medio de ella, pero siempre podrá ser infirmada por cualquier medio de prueba, lo
que, como se ve, es diferente de lo que sucede en el proceso penal”.

De entrada se advierte claras y notables diferencias en materia de la confesión en el
proceso penal, entiéndase para el presente caso trámite disciplinario, y el
procedimiento ordinario civil, como lo es: i) no puede ser provocada mediante
interrogatorio y; ii) debe ser corroborada con otros medios de prueba.

Lo anterior sin dejar de tener en consideración que se concluyó que en todos los
procesos, la confesión debe ser “libre, consciente, voluntaria y debidamente informada”.

En la misma decisión -C-782 de 2005- se concluyó que “…al juez le corresponderá
valorar ese medio de prueba, pero solamente sobre el supuesto de la absoluta
libertad y espontaneidad de quien confiesa, pues en caso contrario se trataría de la
provocación forzada de una confesión, circunstancia que se traduce en un verdadero
atentado contra la dignidad humana, la libertad y la autonomía de la voluntad. Para
la Corte es claro que la persona a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo,
tiene el derecho de guardar silencio y de reservarse datos o hechos que puedan resultar
perjudiciales para sus intereses y los de sus allegados…”.

Del anterior aparte, es necesario destacar que, en materia penal, la confesión debe
provenir del acusado.

Debo precisar que los anteriores elementos configurativos de la confesión no
fueron tenidos en consideración en el fallo de la pérdida de investidura que se
tuteló, pues de su texto se advierte que le bastó la presunta confesión del apoderado
del demandado para concluir que “…esta Sala, entonces, encuentra probado que el

demandante votó afirmativamente el proyecto de acuerdo que se convirtió en el
Acuerdo No. 073 de 2002”.

Entonces, desconoció que no se trataba de una confesión libre, consciente, voluntaria y
debidamente informada del demandado, pues debo insistir que partió del exclusivo dicho
de su apoderado judicial, además, tampoco la presunta confesión fue corroborada por
otros medios de prueba, aspectos que claramente demuestran la vulneración de debido
proceso y que en mi criterio debieron quedar consignadas en la providencia en la cual
aclaro mi voto, como argumentos adicionales a los allí esbozados.

Sumado a lo anterior quiero reiterar mi postura frente a la improcedencia de la remisión
a la Corte Constitucional de las acciones de tutela contra decisiones dictadas en
procesos de pérdida de investidura.

La pérdida de investidura dispone de un origen remoto y de uno próximo. El primero de
ellos relacionado con el artículo 3º226 del Decreto 3485 de 1950 –por el cual se establecen
unas incompatibilidades227 –, en el que se estableció que la infracción de las prohibiciones
contenidas en los artículos 1 y 2 de este mismo cuerpo normativo, produciría la vacante
del cargo a solicitud de cualquier ciudadano, declaratoria que sería dictada por el Consejo
de Estado cuando se trataba de senadores y representantes a la Cámara y de los
tribunales administrativos en los casos de los diputado o concejales.

No obstante lo anterior, el Decreto 3485 de 1950 sólo tuvo vigencia hasta el año de 1958,
época para la cual el artículo 5º228 de la Ley 8ª – Por la cual se establecen unas
incompatibilidades – lo derogó expresamente, reemplazando el proceso jurisdiccional de
vacancia en el cargo, por la declaratoria de nulidad de las actuaciones que materializaran
las conductas allí contenidas229, nulidad que podía ser solicitada por el Ministerio Público o
cualquier interesado.

En lo que respecta a su origen próximo, el Acto Legislativo 01 de 1979, en su artículo 13,
dispuso las causales de pérdida de investidura en contra de los congresistas y atribuyó la
competencia para su declaratoria al alto Tribunal de lo contencioso administrativo. No
obstante ello, la referida reforma constitucional fue declarada inexequible por parte de la
Corte Suprema de Justicia, en fallo de 3 de noviembre de 1981.

226
Artículo 3º. La contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores producirá la vacante del
cargo. A solicitud de cualquier ciudadano, el Consejo de Estado, en Sala Plena, hará la declaración
de vacancia cuando se trate de Senadores o de Representantes, y el respectivo Tribunal
Administrativo, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2046 de 1950, hará
dicha declaración cuando se trate de Diputados o de Concejales.

227
En ese sentido, les estaba prohibido a los senadores y representantes a la Cámara “…hacer por
si (sic) ni por interpuesta persona, contrato alguno con la administración, ni gestionar en nombre
ajeno negocios que tengan relación con el gobierno de la Nación, de los Departamentos o de los
Municipios.” (Art. 1º Decreto 3485 de 1950) De esa manera, los congresistas que recaían en estas
conductas podían ser objeto de sanción, consistente en la vacancia del cargo.
228
“Deróganse los Decretos extraordinarios números 3485 de 1950, 2089 de 1953, y las demás
disposiciones que sean contrarias a la presente ley.”
229
Artículo 4. La contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores producirá la nulidad de las
actuaciones respectivas la cual será declarada a petición de cualquier interesado o del Ministerio
Público.

Más allá de las vicisitudes históricas que pudo afrontar el juicio de responsabilidad política
de la pérdida de investidura con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991, un denominador común se revela de ello: en todos los estadios evolutivos del
instituto, la competencia para su declaración fue atribuida al Consejo de Estado, luego de
que la acción era dirigida en contra de los congresistas.

Lo anterior, se mantuvo igualmente con el cambio de paradigma fundamental operado por
la Carta Política de 1991, quien confió en esta misma autoridad jurisdiccional la
sustanciación y decisión de pérdida de investidura de congresistas, a las voces del
artículo 184.

Para estos efectos es necesario revisar la Gacetas de la Asamblea Nacional para poder
entender porque se le asignó la competencia a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y más precisamente al Consejo de Estado, para el caso de los congresistas
que es en verdad el tema regulado en la Carta Política de 1991.

Para dilucidar tal cuestión, es necesario recordar cómo la discusión giró en torno a qué
Corporación debería ser la competente230 para conocer del proceso de pérdida de
investidura, saliendo a flote tres propuestas.

La primera señalaba que debía ser la Corte Suprema de Justicia la encargada de conocer
de la pérdida de la investidura, esto porque si bien no se trataba de un proceso penal, la
misma se equipararía a un a un enjuiciamiento del actuar de los Congresistas231.

En la segunda propuesta232, se le asignaba el conocimiento de la pérdida de investidura a
la Corte Constitucional o a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.233

Y la tercera, siendo esta la propuesta que finalmente acogió la Asamblea Nacional
Constituyente234, se encaminaba a que la competencia correspondiese al Consejo de
Estado puesto que la pérdida de la investidura tiene naturaleza administrativa. Los
ponentes de esta propuesta, señalaban que no era conveniente que la Corte
Constitucional conociera de la pérdida de la investidura, ya que la conformación de esa
Corporación se dada por la elección que realizaba el Senado de la República235. Por lo
que, sostenían, que al ser el encargado el Consejo de Estado se aseguraba una mayor
independencia e imparcialidad en el juzgamiento, puesto que, esta Corporación que no
dependía en su integración del Congreso de la República.

Más concretamente, el Constituyente Hernando Herrera propuso que la competente fuera
la Sala Electoral por ser ella la especializada en el tema electoral, precisó que:

230
Revisadas las transcripciones de los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente y
de la exposición de motivos realizada por el doctor Luis Guillermo Nieto Roa.
231
Ver folio 38 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 184 – Sesión Comisión
Tercera 28 de mayo
232
Asamblea Nacional Constituyente. Sesión Plenaria Comisión Cuarta, de junio 15 de 1991.

Para la época de discusión aún no se tenía claro si existirá una “Corte Constitucional”, o si la
233

Corte Suprema de Justicia tendría una “Sala Constitucional”
234
Ver folio 52 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 183 – Sesión Comisión
Tercera de 29 de abril y pág. 46 sección del 28 de mayo.
235
Congresistas que serían juzgados en el proceso de pérdida de investidura.

“… pues me parece lo más indicado, lo más lógico es que esa pérdida de la
investidura de que se habla sea asignada, no a la Corte porque no conozco que
ninguna de la Salas de Casación de la Corte, a menos que se refiera a la posibilidad
de la Corte Constitucional como sistema nuevo, tenga que ver con el sistema
electoral, quedaría en mi sentir más ajustado de que en el proyecto que está a la
consideración de la comisión se le diera ese competencia al Consejo de
Estado, si vamos a conservar la Sala Electoral para que sea ella la que tenga la
facultad de determinar la pérdida de investidura…”236

Sobre el particular, la Comisión Accidental que se ocupaba del tema de la Corte
Constitucional señaló:

“Nosotros Señor Delegatario Pastrana Borrero, precisamente al medio día de hoy,
en la Comisión accidental que se ocupa del tema de la Corte Constitucional o del
reforzamiento de la actual Sala Constitucional, analizamos este punto, al hablar de
las atribuciones y dijimos que todo quedaba condicionado al origen de la Corte
o al origen de la sala, porque es claro que si el Congreso interviene en la
designación de los magistrados de la Sala o de la Corte, pues no convendría
darle a ese tribunal la facultad de conocer de la pérdida de la investidura de
los miembros de las cámaras, entonces por eso la decisión que había tomado
esta comisión de hablar de Consejo de Estado, que tampoco es propuesta por la
Comisión Accidental, de Estatuto del Congresista, si así venía la tercera, nos
pareció válida, pero usted tiene razón si se aprueba una Corte Constitucional o una
Sala Constitucional, en las que no intervenga el Congreso para efectos de su
escogencia, de su designación, bien puede pasarse esta función a esa Corte o a
esa Sala Constitucional, pero yo diría que eso sólo lo podemos saber si el 19 de
este mes cuando estemos terminando el primer debate y que la Comisión
Codificadora dentro de la facultad que tiene de sugerir cambios bien podría
hacerlo.”237

Además, los Constituyentes238 que avalaban esta tesis sostenían que la pérdida de la
investidura, al sancionar a un Congresista que incurre en unas determinadas faltas o
incumple sus deberes, es en esencia un proceso disciplinario del cual debe conocer el
Consejo de Estado, comoquiera que conoce de las demandas electorales. Y en efecto,
fue esta la propuesta que finalmente acogió la Asamblea Nacional Constituyente.

El producto de las deliberaciones de los Constituyentes fue la configuración de una
institución jurídica mucho más compleja, pero al mismo tiempo precisa, que cualquiera de
las que había sido considerada hasta el momento en materia de pérdida de investidura,
sobre todo en cuanto concierne a causales, procedimiento y consecuencias.

Es a partir de este aserto que considero que la Corte Constitucional no puede entrar a
conocer bajo ninguna acción, recurso o actuación de la pérdida de investidura, habida
cuenta que, de conformidad con lo previsto por el artículo 239 de la Carta Política el
acceso a esta Corporación se logra por postulación que hagan el Presidente de la

Ver folio 48 y 49 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 183 – Sesión
236

Comisión Tercera de 29 de abril.
237
Ver folio 139 Asamblea Nacional Constituyente, antecedentes artículo 184 – Sesión Plenaria 6
de junio
238
Ver folio 52 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 184 – Sesión Comisión
Tercera 25 de abril

República (3), la Corte Suprema de Justicia (3) y el Consejo de Estado (3), ante el
Senado de la República quienes eligen a los 9 Magistrados.239

Así, atendiendo lo que ya señalaba en torno a que fue voluntad expresa de la Asamblea
Nacional Constituyente que ningún juez en el que tuviera injerencia el Congreso de la
República conociera de la acción a través de la cual se decreta la muerte política de los
congresistas, es palmario que ni siquiera puede hacerlo a través de la tutela y, por ende,
en el evento de considerarse la afectación de un derecho fundamental será del
conocimiento exclusivo y excluyente del Consejo de Estado por medio del recurso
extraordinario especial de revisión (si la afectación o peligro recae en el congresista) o por
medio de la acción de tutela si la alegada violación recae en el miembro de Corporación
por circunstancia que no encuadre en las causales previstas en la ley 144 de 1994 o por
algún otro sujeto procesal.

En los anteriores términos dejo expuestas las razones que me llevaron a aclarar mi voto.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ.
Magistrada

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ)

Actor: WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA

Asunto: Aclaración de voto a la sentencia proferida el 19 de marzo de 2019 por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

239
El artículo 239 de la Constitución Política establece que “la Corte Constitucional tendrá el
número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de
designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho. Los
Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos
individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los Magistrados de la Corte Constitucional no
podrán ser reelegidos.”

Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el
asunto de la referencia, manifiesto que, aunque comparto la decisión adoptada en
la sentencia proferida el 19 de marzo de 2019, aclaro mi voto en los siguientes
términos:

1. La Honorable Sala Plena, en la sentencia indicada supra, consideró, en suma,
que se debía amparar el derecho fundamental del debido proceso del señor
William Villamizar Laguado porque “[…] la Sección Primera del Consejo de
Estado, al decretar la pérdida de investidura, incurrió en violación directa de la
Constitución Política al aplicar inapropiadamente el artículo 193 del Código
General del Proceso y al omitir el análisis del elemento cognitivo de la culpabilidad
[…]”.

2. La presente aclaración tiene como eje de gravedad los siguientes tres aspectos:
i) sobre la aplicación del artículo 193 del Código General del Proceso a los
procesos de desinvestidura; ii) sobre la obligación de la parte accionada en cuanto
a realizar el análisis del elemento subjetivo de la culpabilidad en el proceso de
desinvestidura sub examine y iii) sobre el estudio del defecto fáctico.

Aplicación del artículo 193 del Código General del Proceso a los procesos de
desinvestidura

3. La Sala Plena consideró que, en el caso sub examine, no se debía aplicar el
artículo 193 del Código General del Proceso, el cual admite la confesión mediante
apoderado judicial. Señaló que “[…] la Sección Primera del Consejo de Estado
aplicó rigurosamente el artículo 193 del Código General del Proceso, el cual
admite la confesión mediante apoderado judicial, a pesar de que dicha norma no
se ajusta, ni es compatible con un proceso sancionatorio […]” como el de pérdida
de investidura.

4. Al respecto, considero que las normas aplicables a la solicitud de desinvestidura
sub examine son las leyes 617 de 6 de octubre de 2000240, 1437241 de 18 de enero
de 2011242 y 1564243 de 12 de julio de 2012244, sin perjuicio de la aplicación de los
principios que rigen los trámites y procesos sancionatorios.

5. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-551 de 12 de octubre de 2016
declaró exequible la expresión que se resalta a continuación y que se encuentra
contenida en el artículo 193 de la Ley 1564: “[…] La confesión por apoderado
judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la
cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las
correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del
proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no
escrita”. Para llegar a dicha conclusión, la Corte Constitucional consideró, sobre la
norma, en síntesis, lo siguiente:

i) Se trata de una decisión del legislador “[…] en el marco de la amplia
configuración legislativa en cuanto al diseño de los procedimientos […]”;

ii) “[…] [N]o se aprecia prima facie una amenaza para el derecho invocado en
la demanda –es decir, el derecho al debido proceso previsto en el
artículo 29 constitucional- que justifique un más estricto cuestionamiento
del principio democrático y de la presunción de constitucionalidad de las
decisiones legislativas […]” (Destacado fuera de texto);

iii) “[…] [N]o se aprecia una actuación arbitraria por parte del Congreso que
afecte el debido proceso del poderdante […]”;

240 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
241 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

242 Normativa aplicable conforme con los criterios jurisprudenciales sobre la competencia y el procedimiento a

seguir contenidos, entre otras, en la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado el 8 de septiembre de 1992, dentro del expediente AC-175“
243 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

244En virtud de, entre otros, los artículo 211 y 306 de la Ley 1437, régimen probatorio y aspectos no
regulados.

iv) “[…] no representa ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, ni
afectan a un grupo marginado o discriminado […]”;

iv) “[…] [P]ersigue fines legítimos y constitucionalmente importantes, en
razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta […]”
(Destacado fuera de texto);

v) “[…] [N]o infringe ninguna prohibición expresa que haya consagrado
el constituyente en el texto constitucional […]” (Destacado fuera de texto);

vi) “[…] [B]usca la satisfacción del ejercicio más completo de la garantía
de una mayor eficiencia en la administración de
justicia, responsabilizando en un grado elevado y generando un
compromiso inescindible –aunque mediara la voluntad de hacerlo- entre la
parte y su apoderado respecto de lo que se confiesa en ciertas
actuaciones que resultan definitorias para el adecuado trámite del
proceso, como son las previstas en el artículo demandado […]”, cuestión
que, según explica, se encuentra “[…] íntimamente [relacionado] con la
posibilidad de alcanzar los fines del Estado previstos en el artículo 2.º de la
Carta, en especial con el propósito de llegar un orden justo […]”
(Destacado fuera de texto);

vii) Se trata de una “[…] medida adecuada […]” que “[…] contribuye
efectivamente a la finalidad propuesta […]” y “[…] persigue fines legítimos y
constitucionalmente importantes, en razón a que promueve intereses
públicos valorados por la Carta […]”.

viii) Establece un “[...] compromiso de veracidad […]” según el cual “[…]
quien otorga poder y su apoderado deberán ser especialmente cautos
en el proceso, en especial porque no podrán disponer libremente en el
poder si este último está en capacidad o no de confesar en las actuaciones
procesales que estructuran el litigio; asumirlo con mayor responsabilidad,
so pena de confesar lo que no se quiere y respecto de lo que no hay
posibilidad de retractación y que será tenido como prueba de
confesión. El legislador ha considerado, en buen sentido, que las
afirmaciones y negaciones realizadas en juicio por el abogado tienen la

posibilidad de comprometer probatoriamente la posición de la parte que
representan. Ello es consecuencia directa de la responsabilidad que conlleva
el mandato y una corolario del deber de colaborar con la justicia. La mayor
responsabilidad entre cliente y abogado propugna porque la
administración de justicia sea más eficiente, evitando dilaciones
injustificadas o, como se expresó en las consideraciones generales,
teniendo que someter eventualmente a las partes a probar por otros
medios lo que ya se confesó […]”.

ix) “[…] [L]a realizada por apoderado es una confesión en toda regla y
por tanto se debe sujetar a las exigencias del Código. Esto es, aunque se
surta a través del abogado, debe ceñirse a los requisitos –ya explicados-
del artículo 191 para que pueda ser tenida como válida. Además, al ser
otro medio de prueba de los previstos en el ordenamiento, su apreciación
se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del
Estatuto Procesal; esto es, en conjunto con los demás y de acuerdo con
la sana crítica. Además, como se indicó, este medio judicial de establecer la
verdad del proceso no equivale a ella; es decir, es una de los múltiples
elementos a considerar para dictar sentencia y podrá, por expresa
disposición del legislador, ser infirmada; esto es, como se explicó, que
admitirá prueba en contrario […]” (Destacado fuera de texto).

6. Considero que las razones que expuso la Corte Constitucional en la sentencia
C-551 de 12 de octubre de 2016 son suficientes para concluir que el mandato
contenido en el artículo 193 de la Ley 1564 establece las garantías suficientes
para concluir que se trata de una norma aplicable a los procesos de desinvestidura
y que no contraría el mandato constitucional establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política. Además, porque la confesión se debe valorar, en primer
orden, en forma estricta, restrictiva y, sobre todo, armónica con las demás pruebas
decretadas y practicadas en el proceso; en segundo orden, con fundamento en las
reglas y principios de la sana crítica y, finalmente, teniendo en cuenta que la
solicitud de desinvestidura es un proceso sancionatorio al que se deben aplicar los
principios que rigen esta materia.

7. Bajo esa misma línea argumentativa, si bien me aparto de la consideración
relacionada con que el artículo 193 ejusdem no es aplicable a los procesos de
desinvestidura, considero acertada la afirmación que realiza el proyecto en los

párrafos 40 y 41 en cuanto señala, por un lado, que: “[…] la confesión [por
apoderado] no es suficiente cuando obra como prueba insular en litigios de la
justicia ordinaria, y por supuesto, menos en un juicio sancionatorio, porque solo
tendrá valor si el conjunto probatorio apunta en el mismo sentido de la
confesión […]” y, por el otro, en cuanto concluye que de lo afirmado en los
hechos de la demanda “[…] no podía concluirse que el apoderado confesó
haber votado afirmativamente el proyecto de Acuerdo, ni de lejos, que su
defendido había incurrido en la causal de pérdida de investidura descrita como
“indebida destinación de dineros públicos”. Lo único que admitió es que
participó y votó. No es más, ni menos […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre la obligación de la parte accionada en cuanto a realizar el análisis del
elemento subjetivo de la culpabilidad en el proceso de desinvestidura sub
examine

8. La Sala Plena consideró, en el asunto de la referencia, que: “[...] La Sección
Primera del Consejo de Estado [en la sentencia proferida, en segunda instancia, el
28 de julio de 2016] no analizó el elemento de culpabilidad en la conducta
desplegada por el concejal William Villamizar Laguado, el cual es ineludible en el
juicio de pérdida de investidura por estar guiada bajo los principios propios de la
responsabilidad subjetiva, lo cual implica que las faltas solo pueden ser
sancionadas a título de dolo o culpa, para lo cual debe analizarse el elemento
volitivo y cognitivo de la conducta reprochada […]”. Además, la Sala Plena explica
que el mencionado requisito había sido desarrollado vía jurisprudencial y legal.

9. Considero que es a partir de la notificación de la sentencia SU-424 de 11 de
agosto de 2016 que resulta obligatorio el estudio del elemento subjetivo de
culpabilidad establecido en las solicitudes de pérdida de investidura. Con
anterioridad a esta fecha, no existía un criterio uniforme en el Consejo de Estado
sobre la obligación de realizar el estudio del elemento subjetivo de culpabilidad en
los procesos de desinvestidura.

10. La Corte Constitucional, mediante Auto 269 de 14 de junio de 2017245, precisó
que la sentencia SU-424 de 2016 fue notificada al Presidente del Consejo de

245 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Estado el 21 de noviembre de 2016. En su parte considerativa, la providencia
señaló lo siguiente:

“[…] según las certificaciones remitidas por la Secretaría General del Consejo
de Estado246, la sentencia SU-424 de 2016 fue notificada al presidente de
la Corporación el 21 de noviembre de 2016 y a los magistrados ponentes
de las sentencias de pérdida de investidura, el 21 y 23 de noviembre de
2016. No obstante, la sentencia no fue notificada a cada uno de los
magistrados que conforman la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, es decir, no existe prueba de que ésta haya sido
comunicada al solicitante.

La Sala Plena advierte que, de conformidad con el artículo 7º del Reglamento
Interno del Consejo de Estado, la oportunidad debe contarse a partir de la
notificación de la sentencia al representante de los integrantes de la
Corporación, es decir, en este caso lo procedente sería determinar si la
solicitud fue presentada dentro de los tres días hábiles siguientes al 21 de
noviembre de 2016, fecha en la cual se notificó la decisión al Presidente de la
Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado […]” (Destacado fuera de
texto).

En se orden de ideas, atendiendo a que la sentencia objeto de la solicitud de
amparo se profirió el 28 de julio de 2016 y que la sentencia SU-424 de 2016 se
notificó “[…] al presidente de la Corporación [Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado] el 21 de noviembre de 2016 […]”, considero
que no era exigible el estudio del elemento subjetivo y cognitivo de culpabilidad en
la solicitud de desinvestidura supra.

11. Asimismo, es importante resaltar que, para la fecha en que se profirió la
sentencia en el proceso de desinvestidura, el 28 de julio de 2016, no se había
promulgado la Ley 1881 de 15 de enero de 2018247; normativa que, en su artículo
primero estableció que “[…] El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es
un juicio de responsabilidad subjetiva […]”.

Sobre el estudio a realizar en el caso sub examine

12. Considero que la sentencia proferida el 19 de marzo de 2019 debió realizar el
estudio del caso concreto y de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación teniendo en cuenta que se invocó una indebida valoración probatoria.
En ese orden de ideas, la sentencia debió realizar el estudio de los siguientes

246 Folios 90, 91, 93 y 96 del Cuaderno del incidente de nulidad.

247 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS

CONGRESISTAS, SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS
DISPOSICIONES”.

defectos: i) defecto sustantivo, ii) desconocimiento del precedente; iii) violación
directa de la Constitución y iv) defecto fáctico, por indebida valoración probatoria.

En estos términos dejo expuesta la aclaración de voto.

Fecha ut supra

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

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