Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00059-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00059-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-00059-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
14 de febrero de 2017
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Omisión en el agotamiento de los medios de impugnación / CONFIGURACIÓN DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
[E]l peticionario contra la decisión contraria a sus intereses tenía la posibilidad de interponer el recurso de apelación (artículos 243 de la Ley 1437 de 2011, 321 y 438 del Código General del Proceso), pero no lo hizo (…), motivo por el cual la acción de tutela es improcedente en atención a su naturaleza subsidiaria (…) al comparar la acción de tutela de la referencia y la que fue objeto de estudio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y la Sección Cuarta del Consejo de Estado (…) se tiene que respecto a los reproches realizados a la UGPP, existe identidad partes, hechos, causa y pretensiones, de manera tal hay lugar a predicar la existencia de cosa juzgada constitucional, máxime cuando la primera demanda presentada por el peticionario, fue decidida a través de sentencia del 11 de mayo de 2016 de la Sección Cuarta de esta Corporación, que fue excluida de revisión el 30 de junio de 2016.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 321 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 438 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6
NOTA DE RELATORÍA: La providencia hace un recuento jurisprudencial de la acción de tutela contra providencia judicial, resaltando el tema de la cosa juzgada, el cual se puede consultar en la sentencia T-019 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00059-00(AC)
Actor: ERASMO CIFUENTES MAYORGA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTROS
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta a través de apoderado por el señor Erasmo Cifuentes Mayorga, contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP).
ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 19 de diciembre del 2016, en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Erasmo Cifuentes Mayorga, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y la UGPP, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de defensa, debido proceso, petición, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerado por las siguientes razones:
Frente a la UGPP
Destacó que el Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra CAJANAL EICE en Liquidación, mediante sentencia del 18 de marzo de 2011, en su favor condenó a la entidad antes señalada, a reintegrar de su mesada de pensión gracia, los descuentos por concepto de salud que hayan superado el 5% del valor de esta, y a abstenerse en el futuro, a deducir un porcentaje superior al referido.
Afirmó que la UGPP dictó la Resolución RDP017966 del 19 de abril de 2013, para dar cumplimiento al fallo antes señalado, pero que con posterioridad en vulneración de los derechos invocados, profirió las Resoluciones RDP 029990 del 3 de julio de 2013 y RDP 034043 del 20 de agosto de 2015, suscritas respectivamente, por Luz Marina Parada Ballén y Clara Janeth Silva Villamil, cuando se desempeñaron como Subdirectoras de Determinación de Derechos Pensionales de la referida entidad, a través de las cuales se opusieron a atender la sentencia del Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá.
Aseveró que al emitirse las resoluciones del 3 de julio de 2013 y 20 de agosto de 2015, en especial esta última, se incurrió en falsedad ideológica en documento público, se desconoció el principio de la confianza legítima y se incurrió en una “vía de hecho prospectiva” (citó la sentencia SU-047 de 1999 de la Corte Constitucional). Alegó que el segundo de los actos administrativos señalados es totalmente contrario al ordenamiento jurídico, porque la UGPP sin competencia alguna, declaró “la objeción de legalidad del fallo judicial proferido por el JUZGADO SÉPTIMO (7°) ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN, de fecha 18 de marzo de 2011”, como si tuviera la atribución de dejar sin efectos las decisiones judiciales y negarse al cumplimiento de la mismas.
Precisó que contra las resoluciones contrarias a sus intereses, el 23 de septiembre de 2015, presentó un memorial titulado “Derecho de petición, réplica, queja y recursos por incumplimiento de jurisprudencia Administrativa, el Principio Fundamental de Excepción de Inconstitucionalidad e ilegalidad (…)”, respecto del cual afirmó, “no existe hecho superado, de conformidad con la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia Constitucional y Administrativa, que es amplia y abundante al respecto”.
Indicó que otras de las circunstancias que acreditan la intención inequívoca de la referida entidad, de no ejecutar la providencia del 18 de marzo de 2011, consistió en la acción de tutela que interpuso contra el fallo antes señalado, la cual fue negada en primera y segunda instancia respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 6 de noviembre de 2013, y la Sección Quinta del Consejo de Estado el 30 de enero de 2014, a pesar de lo cual, la UGPP continúo con su actitud renuente a dar cumplimiento a la orden en su contra, como puede constarse en la Resolución RDP 034043 del 20 de agosto de 2015.
Añadió que la entidad accionada el 23 de julio de 2013 presentó un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 18 de marzo de 2011; y como estrategia para oponerse al cumplimiento de la anterior providencia, promovió un aparente conflicto de competencias administrativas, que fue objeto de conocimiento de la Sala de Consulta y Civil del Consejo de Estado, que el 27 de noviembre de 2013, siguiendo el precedente en casos similares, confirmó que la obligación reclamada está en cabeza de la UGPP.
De otro lado argumentó, que los informes que ha suministrado la UGPP a distintas autoridades judiciales, como el Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, sobre el presunto complimiento de la sentencia 18 de marzo de 2011, no son ciertos, como puede constarse a partir de la revisión de los comprobantes de pago de su pensión.
A su juicio, las anteriores circunstancias demuestran la intención de la UGPP de evadir el cumplimiento de una orden judicial, para la cual ha acudido a todo tipo de acciones, que han congestionado la jurisdicción y lesionado los derechos invocados.
Frente al Juzgado 51 Administrativo de Bogotá
Sostuvo que ante esta autoridad judicial se adelantó el proceso ejecutivo N° 11001-33-42-051-2016-00491-00 con el fin de lograr el cumplimiento de la mencionada sentencia del 18 de marzo de 2011, pero que el juzgado accionado negó el mandamiento de pago mediante auto del 3 de octubre de 2016, a pesar de la evidente negligencia de la UGPP, que ha puesto en riesgo los derechos inalienables, imprescriptibles e irrenunciables de la seguridad social.
1.3. Frente a la Sección Cuarta del Consejo de Estado
Aunque el accionante no indicó con precisión la razón por la cual la Sección Cuarta de esta Corporación conoció del asunto, del fallo del 11 de marzo de 2016 (rad. 25000-23-42-000-2016-00997-01) dictado por dicha autoridad judicial, y que aportó el actor, se observa que este presentó una acción de tutela contra la UGPP por los hechos arriba descritos, la cual en primera instancia fue decidida en su favor por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante fallo del 7 de marzo de 2016, que posteriormente fue revocado por el Consejo de Estado - Sección Cuarta.
Hecha la anterior precisión, el peticionario consideró que la autoridad judicial antes señalada, al revocar la decisión que amparaba sus derechos fundamentales, terminó favoreciendo la actitud negligente y contraria al ordenamiento jurídico de la UGPP, y por ende, avalando que hayan transcurrido más de 5 años sin que se cumpla el fallo proferido en su favor por el Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá.
Reprochó que el Consejo de Estado - Sección Cuarta, no haya valorado los actos administrativos a través de los cuales la UGPP se ha negado a cumplir la orden judicial, ni las pruebas que fueron presentadas para demostrar la vulneración de sus derechos.
1.4. Pretensiones
Con fundamento en las razones descritas, el accionante solicitó en amparo de los derechos invocados lo siguiente:
1.4.1. Que se revoque el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2016, dentro del proceso 25000-23-42-000-2016-00997-01.
1.4.2. Se ordene al representante legal de la UGPP, que en el término de tres días, (ii) revoque la Resolución RDP 034043 del 20 de agosto de 2015, y (ii) profiera un acto administrativo en el que dé cumplimiento a la sentencia del 18 de marzo de 2011 dictada por el Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 11001-33-31-707-2010-00157-00, “confirmado indirectamente por la providencia de la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE ESTADO; según radicado 11001030600020140012200, por la cual se resolvió el conflicto de competencias suscitado por la UGPP contra el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, FOPEP, FOSYGA, y MINISTERIO DEL TRABAJO; el cual fue resuelto (…) el veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014)”.
1.4.3. Se ordene al Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, impulsar de conformidad con lo dispuesto en la ley, el proceso ejecutivo que promovió, “toda vez que el título ejecutivo debidamente ejecutoriado, reposa en la UGPP, que ha sido renuente de cumplir el fallo del JUZGADO SÉPTIMO (7°) ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ”.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. El accionante promovió contra CAJANAL EICE en Liquidación, un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (N° 11001-33-31-707-2010-00157-00), para que se dejaran de efectuar descuentos por concepto de aportes a salud, a la mesada de la pensión gracia que le fue reconocida, y por consiguiente, se le reintegraran de manera indexada las sumas de dinero que fueron deducidas.
En primera instancia, el asunto fue repartido al Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, que mediante sentencia del 18 de marzo de 2011, declaró la nulidad del acto administrativo acusado (que negó la petición de suspender la referida deducción), condenó a la entidad arriba señalada a reintegrar en favor del demandante, los descuentos por concepto de salud que hayan superado el 5% del valor de la mesada de la pensión gracia, y a abstenerse en el futuro, a deducir un porcentaje superior al referido.
2.2. En cumplimiento de la anterior sentencia, la UGPP dictó la Resolución RDP017966 del 19 de abril de 2013, en la que dispuso lo siguiente:
“(…) se ordena abstenerse de continuar descontando de la pensión gracia que devenga el señor ERASMO CIFUENTES MAYORGA, ya identificado, la suma que exceda el (cinco por ciento) 5% de la mesada pensional por concepto de salud (…).
ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección de Nómina de Pensionados informará al Consorcio FOPEP el cese de los descuentos en salud que excedan el 5% de la mesada pensional del señor ERASMO CIFUENTES MAYORGA a partir de la notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Dar traslado al Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga para efectos del reintegro ordenado por el fallo proferido por JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE DESCOGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., de fecha 18 de marzo de 2011 a partir del 25 de junio de 2006”.
2.3. Considerando que el reintegro de los aportes a salud a favor del accionante, debe estar a cargo del proceso liquidatorio de CAJANAL EICE, y no de la UGPP o cualquier otra entidad, la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de aquella, modificó el numeral tercero de la parte resolutiva del acto administrativo antes descrito, a través de la Resolución RDP 029990 del 3 de julio de 2013, que dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la parte motiva pertinente y el artículo TERCERO de la Resolución N° RDP 17966 del 19 de abril de 2013, el cual quedará así:
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente resolución al PROCESO LIQUIDATORIO DE CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN para efectos de la cancelación del reintegro ordenado por el fallo proferido por JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE DESCOGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. de fecha 18 de marzo de 2011 los cuales serán efectivos a partir del 25 de junio de 2006 y para los fines pertinentes.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes y artículos de la Resolución N° RDP 17966 del 19 de abril de 2013, no sufren aclaración, adición ni modificación alguna y deberá darse estricto cumplimiento a lo establecido en ellos”.
2.4. La UGPP presentó acción de tutela contra el Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, por haber dictado la sentencia del 18 de marzo de 2011, la cual fue negada en primera instancia por incumplimiento del requisito de inmediatez, a través del sentencia del 6 de noviembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
La anterior decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 30 de enero de 2014, que también determinó el incumplimiento del requisito antes señalado, aunque precisó que por dicha circunstancia la acción constitucional debía declararse improcedente en lugar de negarse como indicó el A quo.
2.5. La UGPP a través de la Resolución RDP 034043 del 20 de agosto de 2015, suscrita por Clara Janeth Silva Villamil, Subdirectora de Determinación de Derecho Pensionales, declaró que en el caso del accionante se “cumplen los requisitos para objetar la legalidad del fallo judicial proferido por JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, de fecha 18 de marzo de 2011(…)”, y en consecuencia manifestó “la imposibilidad jurídica de continuar con el cumplimiento del fallo judicial proferido” por la autoridad judicial antes señalada.
Lo anterior, al considerar que la referida providencia es contraria al precedente constitucional, establecido entre otras sentencias, en las T-359 de 2009 y T-546 de 2014, sobre la obligatoriedad de los docentes beneficiarios de la pensión gracia, de realizar aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud.
2.6. Contra el anterior acto administrativo, el actor presentó recurso de reposición y apelación, los cuales fueron negados por la UGPP a través de las Resoluciones RDP 043564 del 22 de octubre de 2015 y RDP 049873 del 26 de noviembre del mismo año, que reiteraron las razones por las cuales el fallo del 18 de marzo de 2011 del Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, es abiertamente contrario a la ley y a la jurisprudencia constitucional, sobre el deber de cotizar el 12% de la mesada pensional, para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2.7. Frente al fallo del 18 de marzo de 2011, proferido por el Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, la UGPP presentó recurso extraordinario de revisión, radicado 11001-03-25-000-2013-01136-00, que de conformidad con el software de gestión judicial Siglo XXI, fue admitido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante auto del 2 de septiembre de 2015, y aún se encuentra en trámite sin que se haya adoptado alguna decisión definitiva.
2.8. El peticionario en ejercicio de la acción de tutela, acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se (i) revoque la Resolución RDP 034043 del 20 de agosto de 2015 de la UGPP, y (ii) se le ordene a esta proferir un acto administrativo en el que de cumplimiento a la sentencia del 18 de marzo de 2011 dictada por el Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 11001-33-31-707-2010-00157-00, “confirmado indirectamente por la providencia de la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE ESTADO; según radicado 11001030600020140012200, por la cual se resolvió el conflicto de competencias suscitado por la UGPP contra el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, FOPEP, FOSYGA, y MINISTERIO DEL TRABAJO; el cual fue resuelto (…) el veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014)”.
Mediante sentencia del 7 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, accedió parcialmente al amparo solicitado y dispuso:
“… SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos las decisiones adoptadas por la entidad accionada mediante la Resolución RDP 034043 del 20 de agosto de 2.015, Resolución RDP 043564 del 22 de octubre de 2.015 y Resolución RDP 049873 del 26 de noviembre de 2.015, por las razones expuestas.
TERCERO: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, “suspenda el descuento de cotización por concepto de Salud que exceda el 5%, de conformidad con las Resoluciones Nº RDP 017966 del 19 de abril de 2013 y RDP 029990 del 3 de julio de 2013.
Cuarto: Negar las demás pretensiones de la tutela…”
2.9. En segunda instancia el anterior fallo fue revocado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de mayo de 2016, al considerar que el actor contra la Resolución RDP 034043 del 20 de agosto de 2015 de la UGPP, que fue confirmada por la misma entidad a través de las resoluciones RDP 043564 del 22 de octubre de 2015 y RDP 49873 del 26 de noviembre de 2015, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, tenía a disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, motivo por el cual la acción de tutela es improcedente, máxime cuando no se advierte una situación de perjuicio irremediable.
De conformidad con la información disponible en la página web de la Corte Constitucional, se tiene que la acción de tutela que fue objeto de resolución por el Consejo de Estado a través de la sentencia antes señalada, fue excluida de revisión el 30 de junio de 2016, decisión notificada por estado el 21 de julio del mismo año.
2.10. El demandante promovió un proceso ejecutivo contra la UGPP (N° 11001-33-42-051-2016-00491-00), a fin de lograr el cumplimiento de la mencionada sentencia del 18 de marzo de 2011, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, que mediante auto del 3 de octubre de 2016 negó el mandamiento de pago, de un lado, porque el referido fallo fue aportado en copia simple, y de otro, porque el mismo es contrario al precedente judicial frente a casos similares.
El referido juzgado informó, que contra el mencionado auto no se interpuso el recurso de apelación.
3. Actuaciones procesales relevantes
3.1. Admisión de la demanda
La Sección Quinta de esta Corporación, mediante auto del 18 de enero de 2017, admitió la acción de tutela y dispuso su notificación a al demandante, a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al Juez 51 Administrativo de Bogotá y a la UGPP como demandados, al Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá (o a quien actualmente cumpla sus funciones) y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, como terceros interesados, otorgándoles el término de 2 días para que rindieran informe sobre los hechos de la acción objeto de estudio.
A pesar de las actuaciones adelantadas para notificar a las autoridades antes señaladas, únicamente acudieron a la presente actuación la Sección Cuarta de esta Corporación, el Juez 51 Administrativo de Bogotá y la UGPP, en los términos que a continuación se sintetizan.
3.2. Intervención del Consejo de Estado – Sección Cuarta
Se opuso al amparo solicitado, para lo cual afirmó que la acción constitucional dirigida contra el fallo del 11 de mayo de 2016, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el proceso N° 25000-23-42-000-2016-00997-01, no cumplió con dos de las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, concretamente, el respeto del requisito de inmediatez (al dejarse transcurrir más de seis meses) y que no se trate de sentencias de tutela, sin que se advierta frente a esta última condición, algunas de las situaciones excepcionales previstas en el fallo SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional.
3.3. Intervención del Juez 51 Administrativo de Bogotá
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela interpuesta para dejar sin efecto el auto del 3 de octubre de 2016, mediante el cual negó el mandamiento de pago solicitado por el actor contra la UGPP, “habida cuenta que (i) la situación planteada no corresponde a un asunto de relevancia constitucional, pues se limita a una situación de interpretación legal a la luz de los precedentes jurisprudenciales que han abordado temas del mismo linaje, (ii) no se agotaron los medios de ordinarios de defensa judicial, habida cuenta que contra la decisión adoptada por este despacho judicial, (…) la parte actora no interpuso recurso de apelación, y, (iii) no se establece un irregularidad procesal que afecte los derechos fundamentales de la parte actora, como quiera que pudo acudir ante el juez administrativo en ejercicio de la acción ejecutiva para efectuar el cobro del monto que pretende reclamar”.
Agregó que el auto antes señalado negó el mandamiento de pago, en atención a que la parte demandante aportó la sentencia cuya ejecución se pretendía en copia simple, y además, se advirtió frente a la misma que desconoce el precedente judicial en la materia.
En ese orden de ideas, afirmó que la providencia cuestionada se dictó de conformidad con el ordenamiento jurídico.
3.4. Intervención de la UGPP
El Subdirector Jurídico Pensional de la entidad se opuso al amparo solicitado, al considerar que con la presente acción de tutela, se pretende el cumplimiento de una orden judicial que claramente está en contra del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional (sentencias C-369 de 2004, T-359 de 2009, T-546 de 2014 y T-835 de 2014), según el cual, los beneficiarios de la pensión gracia que antes de la Ley 100 de 1993, contribuía con el 5% de su mesada para la financiación del servicio de salud, pasaron a cotizar el 12%, sin excepción.
En ese orden ideas sostuvo frente al fallo cuyo cumplimiento pretende el peticionario, que se cumplen todos los requisitos establecidos en la sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional, para no acatar el mismo, al ser abiertamente contrario a la normatividad (Leyes 100 de 1993 y 812 de 2013) y a la jurisprudencia en la materia.
Resaltó que por los mismos hechos y razones que se exponen en esta oportunidad, el demandante con anterioridad interpuso una acción de tutela que fue decidida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia del 11 de mayo de 2016, razón por la cual afirmó que con la presentación de la demanda de la referencia se actuó de manera temeraria (art. 38 Decreto 2591 de 1991).
De otro lado, argumentó que la acción constitucional es improcedente, toda vez que el demandante cuenta con otros mecanismos de defensa para hacer valer los derechos invocados, en especial para reclamar prestaciones de carácter económico, máxime cuando no acreditó encontrarse en una situación de perjuicio irremediable.
II CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De acuerdo con lo dispuesto por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo No. 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección es competente para resolver el presente asunto.
Problema jurídico
De cara al examen de la situación expuesta por el accionante y del material probatorio recaudado, se evidencian los siguientes problemas jurídicos:
2.1. Frente a la sentencia de tutela del 11 de mayo de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y el auto del 3 de octubre de 2016 del Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, que el accionante controvierte en esta oportunidad, ¿se superan o no, los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra decisiones judiciales?
2.2. En caso afirmativo, ¿las providencias antes señaladas vulneraron los derechos fundamentales invocados?
2.3. ¿Teniendo en cuenta lo decidido en anterior oportunidad, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de mayo de 2016 (rad. 25000-23-42-000-2016-00997-01), hay lugar a predicar la existencia de cosa juzgada frente a los reproches realizados por el peticionario a la UGPP, alrededor del presunto incumplimiento del fallo del 18 de marzo de 2011 del Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá?
Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los referidos interrogantes, la Sala analizará los siguientes aspectos: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias y actuaciones de los jueces de tutela; (iii) naturaleza subsidiaria de esta e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces; (iv) cosa juzgada en el ejercicio de la acción constitucional; y (v) análisis del caso en concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.
Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
De la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias y actuaciones de los jueces de tutela
Como antes se mencionó, uno de los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política contra decisiones y actuaciones judiciales, es que no se trate de tutela contra tutela; sin embargo, la Corte Constitucional en sede revisión, progresivamente ha establecido algunas excepciones a la referida regla, ante la existencia de casos con características muy particulares, en los que la aplicación de la misma resulta contraria a la garantía efectiva de los derechos fundamentales y a la primacía que tienen en el ordenamiento jurídico.
En las oportunidades en que la Corte Constitucional ha inaplicado el mencionado requisito, se ha tratado de casos en los cuales de manera flagrante se advierte que en los procesos de tutela se desconocieron las garantías mínimas de quienes acudieron a la acción constitucional para la protección de sus derechos, o de las personas que debieron ser vinculadas a dicho trámite, a fin de poder predicar la validez de las decisiones adoptadas.
Por supuesto, en el desarrollo de dichas excepciones de manera permanente se ha puesto a consideración la necesidad de respetar principios como la seguridad jurídica y la cosa juzgada constitucional, y evitar el abuso en el ejercicio de la acción de tutela.
Por la importancia y necesidad de clarificar en qué eventos es procedente la acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza, la Corte Constitucional ha subrayado la pertinencia de distinguir si dicha acción se presentó contra (i) sentencias, frente actuaciones (ii) anteriores o (iii) posteriores a aquellas, e incluso, si se ejerció respecto a los (iv) los jueces de instancia o del (v) órgano de cierre en la materia.
Sobre el particular, la Sala Plena de Corte Constitucional profirió la sentencia SU-627 del 1° de octubre de 2015, en la que sintetizó y unificó en los siguientes términos, los criterios de interpretación que debe aplicarse para predicar la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias y actuaciones de los jueces de tutela:
“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”.
3.3. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, la cual se trae a colación como criterio auxiliar de interpretación, manifestó que:
“Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.”
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional manifestó que:
“Además del cumplimiento del requisito de inmediatez, la Corte ha exigido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que el actor haya ejercido los recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo.
El ejercicio de los recursos previstos en el respectivo proceso judicial cumple varias finalidades: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
No obstante lo anterior, la Corte ha permitido la procedencia de la acción de tutela, cuando la persona se ha visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, debido a circunstancias especiales que no le son imputables.”
3.4. Cosa juzgada en el ejercicio de la acción de tutela
Para la resolución del caso de autos, particularmente del tercer problema jurídico planteado, resultan pertinentes las siguientes consideraciones de la sentencia T-019 de 2016, a propósito de la cosa juzgada tratándose del ejercicio y resolución de la acción de tutela:
“2.4.1.2. La acción de tutela, como mecanismo constitucional para el reclamo de protección efectiva de derechos fundamentales, también se encuentra sujeta a los parámetros de cosa juzgada. En este sentido, con el propósito de evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991 dispusieron que todos aquellos interesados en hacer uso de la acción de tutela, deberán expresar al momento de su presentación si previamente habían ejercido este mismo recurso sobre los mismos hechos y pretensiones ante autoridades judiciales distintas, so pena de las sanciones penales previstas para el delito de falso testimonio. Esta disposición tiene como uno de sus fundamentos, la guarda y protección de la seguridad e integridad jurídica de los fallos judiciales, toda vez que las decisiones que resuelvan sobre las peticiones de protección constitucional, se consolidan como cosa juzgada una vez ocurrida alguna de estas dos circunscritas: (i) cuando la acción de tutela es excluida de su revisión por parte de la Corte Constitucional; (ii) cuando es seleccionada, analizada y resuelta por la misma corporación.
Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha definido un estándar dentro del cual se entiende que la acción de tutela viola el principio de cosa juzgada, el cual, se delimita por los siguientes elementos que deberán ser advertidos por el juez constitucional al momento de analizar el caso que aborda: (i) que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos.
2.4.1.3. Ahora bien, en el marco de acciones de tutela contra providencias judiciales, el alcance de los efectos desplegados por la configuración de cosa juzgada puede escindirse en dos planos: (i) en primer lugar, cuando la acción de tutela es presentada con posterioridad a la ejecutoria del fallo que se controvierte –culminado el proceso ordinario-, el juez constitucional deberá pronunciarse sobre la parte resolutiva y la ratio decidendi contenidas en la sentencia que se estudia, de manera que sobre lo que de ella se decida constituirá cosa juzgada sobre todo el contenido del proceso. (ii) En segundo lugar, se presenta cuando la acción de tutela es interpuesta como mecanismo transitorio y por ende antes que el proceso ordinario haya culminado mediante sentencia ejecutoriada, eventos en los cuales, la sentencia de tutela producirá efectos de cosa juzgada respecto de aquellos elementos que fueron decididos en el proceso, pero no sobre aquellos que posteriormente habrán de resolverse, aunque ello no implica que las futuras decisiones que se tomen deban ser coherentes con lo dispuesto en la sentencia de tutela. Sobre este último punto, esta Corte ha manifestado que:
“si la tutela contra providencia judicial se dicta antes de finalizar el proceso, los aspectos no tratados y la decisión de las demás instancia permanecen abiertos al debate legal (…) las decisiones posteriores deben tomarse dentro del ámbito de razonabilidad demarcado por el juez constitucional, sin que ello implique fallar en el mismo sentido de la decisión ordinaria que no se encontró vulnerara derechos fundamentales”.
2.4.1.4. En síntesis, la cosa juzgada es una figura por la cual se entiende que los procesos judiciales han culminado mediante sentencia y en consecuencia han cerrado la posibilidad de continuar el desarrollo de la Litis sobre la materia resuelta. Este esquema permite guardar la coherencia y seguridad jurídica del aparato judicial para cumplir con los postulados institucionales consagrados en la Constitución Política. No obstante, como se verá más adelante, la jurisprudencia constitucional ha permitido casos excepcionalísimos en los cuales ha considerado la necesidad de desestimar la condición como cosa juzgada, para de esta forma proteger derechos fundamentales vulnerados en casos de notoria arbitrariedad.
(…)
2.4.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela ante presunta ocurrencia de cosa juzgada.
2.4.3.1. No obstante lo expuesto en el acápite anterior, el sistema normativo nacional y la jurisprudencia constitucional, han aceptado la procedencia excepcional de acciones de tutelas que buscan resolver asuntos presuntamente semejantes a otros sometidos a consideración previa ante el juez constitucional. De esta manera, es posible identificar ciertos eventos en los cuales puede configurarse esta posibilidad, en obediencia a un sistema garantista que permite extender la protección ante una situación antijurídica. Por esta razón, el precedente constitucional ha indicado los siguientes eventos:
“i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos,
ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho,
iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y
iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una demanda de igual naturaleza”.
2.4.3.2. Adicionalmente, también se ha identificado otra circunstancia que permite admitir una acción de tutela que ha sido rechazada previamente. Esta se presenta en casos en los cuales, es necesario que el juez constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la petición que recibe, ya que a partir de este pronunciamiento se logra satisfacer el derecho a la defensa y al debido proceso del accionante. No en todas las ocasiones el rechazo por improcedencia se convierte en una respuesta judicial efectiva sobre las pretensiones del accionante y la condición que afronta. Esta circunstancia fue mencionada por esta Corporación mediante los siguientes términos:
“Lo anterior impone que exista una decisión anterior del juez constitucional para que se pueda configurar la temeridad. Entonces, no podrá calificarse de temeraria una actuación en sede constitucional, cuando la misma ha finalizado por modos diferentes a la sentencia de instancia que resuelva sobre la protección o no de los derechos fundamentales invocados en el amparo. En esos casos, al no existir un pronunciamiento de fondo, no se compromete el principio de seguridad jurídica ni la recta capacidad de la administración de justicia. No obstante, en cada caso particular, el juez deberá evaluar cuidadosamente las motivaciones de la nueva tutela y, desde allí, desentrañar si la actuación desconoce el principio de buena fe que cobija al actor”.
2.4.3.3 A partir de esta cita, debe precisarse que esta casual siempre se encuentra sujeta al análisis de cada caso concreto, mediante el cual, el juez pueda determinar la buena fe del accionante y el grado de vulnerabilidad que afronta para establecer si es procedente o no la acción de tutela. Asimismo, debe aclararse que esta circunstancia se presenta cuando con la acción de tutela previa no se adoptó una decisión de fondo”.
3.5. Análisis del caso concreto
3.5.1. Resolución de primer problema jurídico planteado. Verificación de los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales
Uno de los propósitos principales de la acción objeto de estudio, es dejar sin efectos la sentencia de tutela del 11 de mayo de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y el auto del 3 de octubre de 2016 del Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, que como se ilustró en el acápite de hechos probados, han resuelto de manera negativa, algunos mecanismos judiciales que el demandante interpuso para lograr el cumplimiento del fallo 18 de marzo de 2011 del Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, proferido al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 11001-33-31-707-2010-00157-00.
Frente a la sentencia del Consejo de Estado antes señalada, se recuerda conforme se indicó en el numeral 3.2. de la parte considerativa del presente fallo, que uno de los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias, es que mediante aquella no se controviertan decisiones de los jueces de tutela.
Asimismo, se precisó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, unificó su criterio jurisprudencial sobre los eventos en que excepcionalmente procede la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, para dejar sin efectos la decisión de un juez de tutela, estableciendo sobre el particular los siguientes requisitos:
“(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”. (Destacado fuera de texto).
Bajo el marco de análisis que antecede, en manera alguna se advierte que el Consejo de Estado al interior del proceso de tutela N° 25000-23-42-000-2016-00997-01, haya incurrido por acción u omisión en una situación de fraude, por el hecho de establecer (frente a la primera acción de tutela instaurada) que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa.
Añádase a lo expuesto, que la razón por la cual el demandante acude al referido mecanismo de protección (lograr el cumplimiento de la mencionada sentencia de 18 de marzo de 2011), no ha sido contemplada como una excepción a la regla general de improcedencia del mismo contra las decisiones de los jueces de tutela, máxime cuando estas fueron excluidas de revisión, y por ende, tienen fuerza de cosa juzgada constitucional.
Sobre el particular se reitera que la sentencia controvertida, del 11 de mayo de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, fue excluida de revisión mediante auto del 30 de junio de 2016 de la Corte Constitucional, razón por la cual no hay lugar a reabrir la controversia decidida por las autoridades judiciales antes señaladas.
Efectivamente, la naturaleza y la consecuencia jurídica de la negativa de revisión por parte de la Corte Constitucional, “constituye indudablemente una decisión jurisdiccional, en cuanto clausura una etapa procesal como es la posibilidad de una nueva decisión jurisdiccional, esto es, el respectivo fallo que la Corte debe pronunciar en el evento de que se decida por la revisión, y produce una situación de certeza con respecto a lo decidido en las instancias”. Dicho de otro modo, el efecto jurídico “es concretamente el de la firmeza del fallo correspondiente, bien que haya sido de primera instancia, no impugnado, o de segundo grado”, con fuerza de cosa juzgada constitucional, esto es “una cosa juzgada inmutable y definitiva (…) que resguarda el principio de la seguridad jurídica y (…) manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico”.
Por lo tanto, en el presente caso no se evidencia la excepción establecida por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de la misma naturaleza, y por consiguiente, no se cumple uno de los requisitos de procedibilidad adjetiva.
En ese orden de ideas, no hay lugar analizar de fondo si la referida sentencia de la Sección Cuarta de esta Corporación es contraria a los derechos invocados, como quiera que un presupuesto para abordar tal asunto era el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
A la misma conclusión se llega, pero por razones distintas, frente a la pretensión del actor de dejar sin efectos el auto del 3 de octubre de 2016 del Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, que negó el mandamiento de pago al interior del proceso ejecutivo N° 11001-33-42-051-2016-00491-00,
Lo anterior, en atención a que el peticionario contra la decisión contraria a sus intereses tenía la posibilidad de interponer el recurso de apelación (artículos 243 de la Ley 1437 de 2011, 321 y 438 del Código General del Proceso), pero no lo hizo (según informó el juzgado accionado), motivo por el cual la acción de tutela es improcedente en atención a su naturaleza subsidiaria, como se expuso en el numeral 3.3. de la parte motiva de esta providencia.
En estrecha relación con el carácter subsidiario de la acción objeto de estudio se recuerda, que la misma como lo ha precisado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, no puede ser empleada por las partes para subsanar los errores que cometieron, motivo por el cual no puede válidamente pretender el demandante la revisión del referido auto en sede de tutela, cuando omitió realizar dicha petición al interior del proceso ordinario a través del recurso de apelación.
Por lo tanto, en atención a la improcedencia de la acción de tutela, no hay lugar resolver el segundo problema jurídico planteado.
3.5.2. Resolución del tercer problema jurídico planteado. Existencia de cosa juzgada.
En cuanto a los motivos de inconformidad que el peticionario expone en esta oportunidad, relacionados con la negativa de la UGPP a dar cumplimiento a la sentencia del 18 de marzo de 2011 Juzgado 7° Administrativo de Descongestión de Bogotá, como se indicó en el acápite de hecho probados (numerales 2.8 y 2.9), se observa que el accionante con anterioridad hizo ejercicio de la acción de tutela, e incluso, que frente a la mencionada entidad administrativa solicitó lo mismo que en la demanda objeto de estudio, esto es, que se ordene a la UGPP (i) revocar la Resolución RDP 034043 del 20 de agosto de 2015 y, (ii) proferir un acto administrativo en el que de cumplimiento al fallo arriba señalado.
En efecto, al comparar la acción de tutela de la referencia y la que fue objeto de estudio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y la Sección Cuarta del Consejo de Estado (N° 25000-23-42-000-2016-00997-01), se tiene que respecto a los reproches realizados a la UGPP, existe identidad partes, hechos, causa y pretensiones, de manera tal hay lugar a predicar la existencia de cosa juzgada constitucional, máxime cuando la primera demanda presentada por el peticionario, fue decidida a través de sentencia del 11 de mayo de 2016 de la Sección Cuarta de esta Corporación, que fue excluida de revisión el 30 de junio de 2016.
Asimismo, del análisis de la situación particular del demandante, tampoco se advierte la configuración de algunas de las circunstancias excepcionales, jurisprudencialmente establecidas (numeral 3.4. de la parte motiva de esta providencia), que permitirían emprender de fondo el análisis de la segunda acción de tutela en cuanto a la UGPP se refiriere, dicho de otro modo, no hay mérito para reabrir una discusión que fue zanjada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, máxime cuando aceptar tal posibilidad implicaría dejar sin efectos una sentencia de tutela sin que se evidencie manera clara y suficiente, que la misma fue producto de una situación de fraude, como se precisó al resolver el primer problema jurídico planteado.
Con todo, a juicio de la Sala resulta necesario subrayar, que el demandante no ocultó haber interpuesto otra acción constitucional contra la UGPP, e incluso aportó al presente trámite la providencia que en segunda instancia resolvió la misma, de manera que no se evidencia mala fe de su parte, o una actitud temeraria en el ejercicio de la acción de demanda objeto de estudio.
III DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Erasmo Cifuentes Mayorga, contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la existencia de cosa juzgada frente a los reproches realizados en sede de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTA: En caso de que la sentencia no sea debidamente impugnada, ENVIAR a la Corte Constitucional este proceso para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
Folio 1. A folios 40 a 45 del cuaderno anexo, puede apreciarse que la Sala de Decisión que emitió el fallo del 20 de enero de 2014 (rad. 25000-23-42-000-2013-05941-01), estuvo conformada por los Consejeros de Estado Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Alberto Yepes Barreiro y Susana Buitrago Valencia. Folios 106-112 del cuaderno anexo. Folios 2-18 del cuaderno anexo. Folios 69-72 del cuaderno anexo. Folios 74-76 del mencionado cuaderno. Rad. 25000-23-42-000-2013-05941-01. Folios 28-39 del cuaderno anexo. Folios 40-45 del cuaderno anexo. La providencia fue suscrita por los Magistrados Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Alberto Yepes Barreiro y Susana Buitrago Valencia. Folios 78-84 del referido cuaderno. Folios 94-98. Folios 49-51 del cuaderno anexo. Folios 106-107 del cuaderno anexo. Folio 106 del referido cuaderno. Folios 106-112 del cuaderno anexo.
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ConsultaT/ (el proceso correspondiente fue ubicado a través del nombre de accionante, cuyo radicado en la Corte Constitucional correspondió al T-5596157). Folios 128-133 del cuaderno anexo. Folio 52. Folios 38-39. Folios 40-48. Folios 49-51. Folios 52-54. Folios 58-76. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. M.P. Mauricio González Cuervo. Supra II, 4.3.5. En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17 de octubre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20 de febrero de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Decreto 2591 de 1991, artículo 37: “(…) El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio”. En relación con el juramento que deben prestar los interesados en adelantar una acción de tutela, mediante sentencia T-986 de 2004, M.P. Humberto Sierra Porto, la Corte precisó que esta medida tiene como finalidad: “prevenir la utilización abusiva de la acción de tutela además de impedirla concurrencia de fallos eventualmente distintos o contradictorios en torno al mismo caso, para lo cual la propia norma legal ordena que la competencia para conocer de las acciones de tutela se radique “... a prevención en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaron la presentación de la solicitud”.
Artículo 38: Actuación temeraria. “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”. Auto 127 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería. Sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencias: T-751 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-362, T-301 y T-184 de 2007, M.P.Jaime Araújo Rentería. Sentencia T-718 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia T-425 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, auto 027 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional, sentencia T-104 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido puede apreciarse: Corte Constitucional, sentencia T-399 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Estos últimos por cuanto se trata de un proceso ejecutivo, cuyo trámite se rige por las normas del Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. Sobre la procedencia del recurso de apelación contra el auto que niega total o parcialmente el mandamiento de pago en procesos ejecutivos tramitados ante jueces administrativos, y la aplicación del CGP en dicho asunto, ver entre otras las siguientes providencias: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 9 de marzo de 2016, Rad. 25000-23-36-000-2015-00307-01(54426), C.P. Hernán Andrade Rincón. 2) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 6 de agosto de 2015, Rad. 13001-23-31-000-2008-00669-02(0663-14), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Entre otras pueden consultarse las siguientes providencias: 1) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2012, Rad. 20001-23-31-000-2012-00205-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-00714-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. 3) Corte Constitucional, sentencia T-028 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 4) Corte Constitucional, Sentencia T-834 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 5) Corte Constitucional, sentencia T-051 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería. 6) Corte Constitucional, sentencia T-577A/11, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 7) Corte Constitucional, sentencia T-871/11, M.P. Mauricio González Cuervo. Sobre los elementos a verificar para predicar la existencia de temeridad en la interposición de la acción de tutela, puede apreciarse el siguiente extracto de la sentencia T-147 de 2016 de la Corte Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: “Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte también ha señalado, como en la sentencia T-089 de 2007, que al materializarse los presupuestos de la temeridad, el juez de tutela tiene la posibilidad de declararla improcedente o negar el amparo, siempre y cuando el amparo: (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción; o (iv) se pretenda asaltar la buena fe de los administradores de justicia.”
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