Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00161-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00161-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-00161-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
20 de abril de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL / IMPOSIBILIDAD DE ANTEPONER LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA A LA INDEXACIÓN DE PRIMERA MESADA PENSIONAL
[S]e observa que ni el fallo de primera instancia del presente trámite, ni la providencia controvertida, tuvieron en cuenta la jurisprudencia constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional, máxime cuando en el caso de autos existen circunstancias que imponen analizar con detenimiento si la referida pensión al reconocer y reliquidarse se otorgó en la suma debida, pues no puede pasarse por alto que el demandante adquirió el estatus pensional en el año 2004, la pensión se reconoció en el 2006 con lo devengado en el último año de servicios (2003-2004) y tal prestación se reliquidó en el 2008 incluyendo más factores salariales, cuya cuantía fue tomada según lo devengado en la última etapa de la actividad laboral (2003-2004), sin que prima facie se evidencie que se haya efectuado la actualización correspondiente (…) pese a que si bien es cierto lo relativo a la indexación de la primera mesada pensional del demandante fue un asunto ventilado a través del proceso de nulidad y restablecimiento (…) que finalizó mediante sentencia del 6 de agosto de 2014 del Tribunal Administrativo del Chocó, también lo es que la jurisprudencia constitucional (…) ha subrayado que no puede anteponerse la existencia de la cosa juzgada al respeto de la indexación de la primera mesada pensional, por ser esta una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados (…) En conclusión, como el análisis que se llevó a cabo en la providencia controvertida no tuvo en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada constitucional, que debe ser conocido y considerado por todas las autoridades judiciales, vulneró los derechos al acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad del accionante.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86
NOTA DE RELATORÍA: La sentencia estudia los requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad para controvertir una providencia judicial, cuando la misma vulnera derechos fundamentales, en especial el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente. También hace alusión a la indexación de la primera mesada pensional, en asuntos con decisiones negativas con fuerza de cosa juzgada, al respecto, ver las sentencias C-862 de 2006, C-891A de 2006, T-745 de 2011, T-1086 de 2012, SU-1073 de 2012, -529 de 2014, T-114 de 2016, entre otras, de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00161-01(AC)
Actor: FELICIANO ENRIQUE PALACIOS VALOYES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, mediante la cual se negó la acción de tutela instaurada.
ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 19 de diciembre del 2016, en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Feliciano Enrique Palacios Valoyes, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra Tribunal Administrativo de Chocó, con el fin de obtener la protección de sus derechos a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, seguridad social, “mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones” y acceso a la administración de justicia.
Consideró vulnerados estos al proferirse al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 27001-33-33-002-2014-00745-01, el auto del 31 de octubre de 2016 del Tribunal accionado, que confirmó la providencia del 22 de octubre de 2015 del Juzgado 2° Administrativo Oral de Quibdó, que en la audiencia inicial declaró probada la excepción de cosa juzgada.
Solicitó que en lugar de la providencia controvertida se ordene al Tribunal Administrativo del Chocó, proferir una nueva decisión “en la cual se atienda el precedente de la Corte Constitucional, aplicando las sentencias: SU-120 del 2003, C-862 del 2006, C-891A del 2006, T-014 del 2008, T-130 de 2009, T-366 del 2009, T-745 del 2011, T-813 de 2012, T-1086 del 2012, T-529 del 2014, T-119 del 2015 y T-114 del 2016”.
Fundamentó la solicitud de amparo en las siguientes razones:
Afirmó que al declararse probada en el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho la excepción de cosa juzgada, teniendo en cuenta un proceso judicial (rad. 27001-33-31-704-2011-0029-01) que fue decidido con anterioridad de manera adversa a sus intereses por el Tribunal Administrativo del Chocó, y en el que se analizó la legalidad de las Resoluciones N° 29162 del 20 de junio de 2006 y 18988 del 8 de mayo de 2008 proferidas por CAJANAL, mediante las cuales respectivamente se reconoció y reliquidó su pensión gracia, se incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.
Lo anterior, porque si bien es cierto los dos procesos ordinarios tienen identidad de objeto y pretensiones, la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha reconocido el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, dejando sin efectos las decisiones que declararon la excepción de cosa juzgada como ocurrió en su caso. En respaldo de su dicho citó los fallos de tutela arriba señalados.
Alegó que se encuentra en la misma o similar situación de las personas que promovieron las acciones de tutela que fueron decididas a través de las referidas sentencias de la Corte Constitucional (para lo cual realizó un cuadro comparativo), respecto de las cuales el Tribunal accionado no cumplió con la carga argumentativa requerida para separarse de la tesis defendida en ellas.
Agregó que “existiendo decisiones judiciales sobre la materia, que dan cuenta de la legalidad de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, cuantas veces sea necesario para lograr la reliquidación de la pensión de mi prohijado, como muchas veces lo ha sentenciado el Consejo de Estado, al ser un derecho irrenunciable e imprescriptible, no era dable y mucho menos legal cercenar la acción propuesta con la excepción previa de cosa juzgada. Es decir, la autoridad judicial se excedió en sus facultades; pero perjudicando a la persona ávida de justicia”.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. Mediante la Resolución N° 29162 del 20 de junio de 2006, CAJANAL EICE reconoció en favor del actor una pensión gracia, efectiva a partir del 22 de marzo de 2004.
En el mencionado acto administrativo se indicó que el demandante prestó sus servicios para el Departamento del Chocó, hasta el 30 de junio de 2004.
2.2. La anterior prestación fue reliquidada por la misma entidad, a través de la Resolución N° 18988 de 8 de mayo de 2008. Para tal efecto se dispuso tener en cuenta el 75% de lo devengado en los últimos 12 meses de servicio, particularmente las siguientes prestaciones: asignación básica, prima de navidad, prima de vacaciones, sobresueldo, prima de alimentación y “otras primas”.
En la parte resolutiva del anterior acto administrativo se indicó que la actualización monetaria de la pensión es un asunto que debe ventilarse en sede judicial.
2.3. El demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL EICE, formulando las siguientes pretensiones:
“1ª) Declarar la nulidad parcial de las resoluciones Nos. 29162 y 18988 del 20 de junio de 2006 y 08 de mayo de 2008, mediante las cuales se reconoció y ordenó pagar la pensión mensual vitalicia de jubilación al Lic. FELICIANO ENRIQUE PALACIOS VALOYES, con efectos fiscales desde el 22 de marzo de 2004, en cuantía de $ 1.627.095 y la segunda resolución que niega la reliquidación, dictadas por CAJANAL, incluyendo algunos factores de salario y sin indexación alguna.
2ª) Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, se dicte un nuevo acto administrativo, reconociendo y ordenando pagar a mi poderdante Lic. FELICIANO ENRIQUE PALACIOS VALOYES, una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir de la fecha ya anotada, teniendo en cuenta un ingreso base de liquidación indexado de $ 3.117.355, para determinar la tasa de reemplazo del setenta y cinco (75%) por valor de $ 2.338.016, efectiva a partir del 22 de marzo del 2004, incluyendo todos los factores de salario durante el último año de servicio y la indexación de la primera mesada pensional.
3ª) Las entidades demandadas, pagarán a mi poderdante las diferencias resultantes del valor de la pensión reconocida, por la entidad accionada y la pensión legal, liquidada con todos los factores de salario, la indexación del ingreso base de liquidación y los ajustes de ley, por la suma de $ 54.285.022, desde el 22 de marzo del 2004 hasta el 31 de mayo del 2011.
4ª) Se le dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 ibídem. Además, se condenará al pago de los intereses moratorios (Artículo 141, Ley 100 de 1993) y condenará en costas a la demandada, en virtud del artículo 55 de la ley 446 de 1998” (destacado fuera de texto).
2.4. Del resumen de la contestación de la demanda por parte de CAJANAL EICE, contenido en la sentencia del 6 de agosto de 2014 del Tribunal Administrativo del Chocó, se evidencia que dicha entidad argumentó que no es facultad de la administración la indexación que reclamó el demandante.
2.5. Dicha demanda, a la que le correspondió el radicado 27001-33-31-704-2011-00029-00, fue decidida en primera instancia por el Juzgado 4° Administrativo de Descongestión de Quibdó, que mediante sentencia 30 de septiembre de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda, en atención que los actos administrativos acusados, reconocieron y reliquidaron la pensión sin tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados y sin la indexación del ingreso base de liquidación.
2.6. Contra la decisión antes señalada CAJANAL EICE en Liquidación interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de sentencia del 6 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que revocó el fallo de primera instancia argumentando lo siguiente:
“(…) el señor FELICIANO PALACIOS VALOYES, laboró ininterrumpidamente como docente en el Departamento del Chocó desde 11 de abril de 1975 hasta el 30 de junio de 2004, para un total de 29 años, 09 meses y 19 días, igualmente se tiene que nació el 22 de marzo de 1954, cumpliendo los 50 años de edad el mismo mes y día del año 2004, que mediante escrito radicado el 07 de julio de 2004, solicitó el reconocimiento y pago de su pensión y la entidad a través de resolución N° 29162 del 20 de junio de 2006 le reconoció y ordenó pagar la prestación en cuantía de $ 1.627.095.000, efectiva a partir del 22 de marzo de 2004, en dicha liquidación le tuvieron en cuenta el 75% de la asignación básica y el sobresueldo devengado en los doce meses anteriores a la adquisición del estatus, igualmente se observa que mediante Resolución N° 18988 del 08 de mayo de mayo de 2008, la demandada reliquidó la prestación por nuevos factores salariales, elevando la cuantía de la prestación a la suma de $1.877.457.48, efectiva a partir del 22 de marzo de 2004, lo que permite concluir que en momento alguno el poder adquisitivo del salario, que después se convirtió en pensión, sufrió la depreciación que dé lugar al reconocimiento de la indexación reclamada, pues el cumplimiento de todos los requisitos para acceder al derecho pensional se cumplieron en el mismo año”.
2.7. Con posterioridad el actor promovió un segundo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (N° 27001-33-33-002-2014-00745-01), contra la UGPP, en el que solicitó lo siguiente:
“1ª) Declarar la nulidad parcial de la resoluciones Nos. 29162 del 20 de junio de 2006 y 18988 del 08 de mayo de 2008, mediante las cuales se reconoció y ordenó pagar la pensión mensual vitalicia de jubilación al Sr. FELICIANO ENRIQUE PALACIOS VALOYES en cuantía de $ 1.627.095, efectiva a partir del 22 de marzo de 2004, y se reliquida la prestación pensional, en cuantía de $1.877.457, efectiva a partir del 22 de marzo de 2004, sin indexación del ingreso base de liquidación para determinar el valor real de la pensión gracia.
2ª) Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, se dictará un nuevo acto administrativo, reconociendo y ordenando pagar a mi poderdante Sr. FELICIANO ENRIQUE PALACIOS VALOYES, su pensión gracia, con la indexación del ingreso base de liquidación ($2.503.277), para determinar la tasa de reemplazo del 75%, equivalente a $2.338.021, a partir del 22 de marzo del 2004.
3ª) La entidad demandada, pagará a mi poderdante las diferencias resultantes del valor de la pensión reconocida, por la entidad accionada y la pensión legal, liquidada con la indexación del ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo ya señalado (sic), los reajustes de ley, por la suma $44.585.652, desde el mes de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2014, conforme al artículo 157-5° del CPACA.
4ª) La sentencia, ordenará cumplir lo dispuesto en los artículos 188, 192, 195-4 del CPACA” (El destacado es nuestro).
2.8. Mediante auto del 22 de octubre de 2015, en la audiencia inicial, el Juzgado 2° Administrativo Oral de Quibdó, declaró probada la excepción de cosa juzgada, al determinar que “el actor pretende enjuiciar los mismos actos administrativos con la mismas pretensiones; las cuales fueron denegadas mediante sentencia N° 134 del 08(sic) de agosto de 2014”.
2.9. Contra la anterior decisión la parte accionante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante auto del 31 de octubre de 2016, a través del cual se confirmó la decisión de primera instancia, “toda vez que los casos demandados en uno y otro caso son idénticos al igual que las pretensiones, por lo cual la excepción de cosa juzgada está llamada a prosperar”.
3. Actuaciones procesales relevantes
3.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 18 de enero del 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso su notificación a la autoridad judicial demandada, al Juzgado 2° Administrativo Oral de Quibdó (que guardó silencio) y a la UGPP como terceros interesados en el proceso, otorgándoles el término de 2 días para que rindieran informe sobre los hechos de la acción objeto de estudio.
De otro lado ordenó la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
3.2. Intervención de la UGPP
El Subdirector Jurídico Pensional de la entidad se opuso al amparo solicitado, al considerar que la presente acción de tutela es improcedente, toda vez que a través de la misma la parte demandante pretende generar una tercera instancia para continuar con la controversia judicial que fue decidida conforme al ordenamiento jurídico. Además, señaló que en el presente caso no se acreditaron los requisitos jurisprudencialmente establecidos para predicar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias.
En tal sentido sostuvo que el fallo acusado acertadamente aplicó el principio de cosa juzgada y determinó que no había lugar a la reliquidación de la pensión.
Agregó que tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable y que la parte accionante ejerció incorrectamente la acción constitucional para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones de carácter laboral, desconociendo la naturaleza especial de aquella.
4. Fallo impugnado
La Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó sentencia del 23 de febrero de 2017 negando la acción de tutela por las razones que a continuación se sintetizan:
Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias y comparar los aspectos principales de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el demandante, concluyó que de manera razonada la autoridad judicial accionada determinó la identidad de causa, objeto y partes, y por ende, sin vulnerar los derechos invocados declaró probada la excepción de cosa juzgada.
En ese orden de ideas sostuvo que “no se advierte que el Tribunal Administrativo del Chocó hubiera adoptado una decisión arbitraria o caprichosa, ni transgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama”.
5. Impugnación
El demandante impugnó la anterior decisión considerando que el juez de primera instancia no se pronunció frente a los argumentos que sustentaron el escrito de tutela, particularmente el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.
En ese orden de ideas procedió a reiterar varias de las razones que expuso en el escrito de tutela, haciendo énfasis en que el segundo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, obedeció al evidente error en que incurrió el Tribunal Administrativo del Chocó al proferir la sentencia del 6 de agosto de 2014, y al hecho que la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados y la indexación de aquella, constituyen asuntos de relevancia constitucional.
Insistió en que las sentencias de la Corte Constitucional que invocó en su favor son plenamente aplicables a su situación, y que fueron desconocidas totalmente al declararse probada la excepción de cosa juzgada.
Argumentó que la ausencia de análisis por parte de la Sección Cuarta de esta Corporación de las razones expuestas en el escrito de tutela, le impidió identificar que entre los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió existe una diferencia relevante en cuanto a la causa petendi, consistente que el segundo “incluía la pretensión de aplicar directamente la Constitución, situación ésta con pleno apoyo de la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, especial con la sentencia C-862 de 2006 y otras providencias del mismo linaje, como se explica en la sentencia T-1086 del 2012, dictada a favor del Sr. JOSÉ ANTONIO FUENTES MANRIQUE Y OTROS”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 23 de febrero de 2017, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 23 de febrero de 2017, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, para lo cual se deberá resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulneraron los derechos invocados el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado 2° Administrativo Oral de Quibdó, al declarar probada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 27001-33-33-002-2014-00745-01, la excepción de cosa juzgada frente a la controversia relativa a la indexación de la primera mesada pensional?
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) generalidades de los defectos invocados; (iii) jurisprudencia constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional, en asuntos con decisiones negativas con fuerza de cosa juzgada; y (iv) análisis del caso concreto.
3. Razones jurídicas de la decisión
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
3.2. Generalidades de los defectos invocados
3.2.1. Del defecto sustantivo
La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
Cuando se deja de aplicar una norma exigible para el caso.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre y cuando el accionante cumpla con su carga argumentativa de indicar claramente la norma que considera fue desconocida o interpretada de forma arbitraria por el fallador de instancia, así como la incidencia que dicho defecto tiene en el sentido de la decisión judicial cuestionada.
3.2.2. Del desconocimiento del precedente
La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.
Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”
En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.
3.3. Jurisprudencia constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional, en asuntos con decisiones negativas con fuerza de cosa juzgada
El principal argumento en que sustentó el demandante la interposición de la acción de tutela consiste, en el presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en casos similares, en los cuales las personas afectadas promovieron dos procesos ordinarios para obtener la indexación de la primera mesada pensional, donde en el primero se emitió una decisión definitiva negando las pretensiones de la demanda, y en el segundo se declaró probada la excepción de cosa juzgada, a pesar de lo cual, el Tribunal Constitucional en atención al precedente existente en materia de indexación, en buena parte desarrollado en sentencias de constitucionalidad como las C-862 de 2006 y C-891A de 2006 (también citadas por el demandante), ha accedido al amparo solicitado, por supuesto, en los eventos en que hay lugar a predicar el ajuste de la mesada pensional.
De la revisión de las sentencias citadas por el demandante, que en efecto se ocuparon de casos con las características antes señaladas, estima la Sala pertinente traer a colación las conclusiones del fallo T-114 de 2016, en el que se hace un recuento de la línea jurisprudencial respectiva y se concluye lo siguiente:
“En conclusión, esta Sala advierte que, de acuerdo con el precedente constitucional sobre la materia, la Corte en múltiples oportunidades ha reprochado las providencias judiciales que declaran probada la excepción de cosa juzgada cuando las personas acuden nuevamente a la jurisdicción ordinaria alegando, ya no la mera actualización de la primera mesada o del salario base de liquidación de la pensión, sino la aplicación de las sentencias a partir de las cuales se estableció con certeza el carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, con el fin de hacer efectiva dicha garantía. Así, cuando ocurre el fenómeno atrás descrito y, por ejemplo, un juez declara la existencia de cosa juzgada en asuntos en los que una persona pensionada acude por segunda vez a la jurisdicción ordinaria solicitando aquello, según el precedente constitucional objeto de estudio, dicha decisión incurre en un defecto cuestionable a través de la acción de tutela, siendo necesaria la intervención del juez constitucional para garantizar, entre otros, los derechos al debido proceso y a la seguridad social, haciendo efectiva, de ser el caso, la indexación de la primera mesada pensional.
(…)
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al confirmar en marzo 12 de 2015 el auto dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, mediante el cual se encontró probada la excepción de cosa juzgada debido al proceso ordinario laboral iniciado por el actor en el año 2009, desconoció el alcance del derecho fundamental a la seguridad social y al debido proceso fijado por esta Corte a través de la ratio decidendi de aquel conjunto de sentencias de tutela, en virtud de las cuales esta Corporación precisamente ha reprochado las providencias que declaran acreditada la excepción de cosa juzgada cuando las personas pensionadas acuden nuevamente a la jurisdicción ordinaria alegando, ya no la mera actualización de la primera mesada o del salario base de liquidación de la pensión, sino la aplicación de sentencias como la SU-1072 de 2012, a partir de las cuales se ha desarrollado y establecido con certeza el carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, con el objeto de hacer efectiva dicha garantía.
Por lo anterior, dado que, como se dijo, el señor Barrera Jiménez acudió nuevamente a la Jurisdicción Ordinaria solicitando aquello y la Sala Laboral del Tribunal accionado confirmó la declaratoria de la excepción de cosa juzgada, dicha decisión hace necesaria la intervención del juez constitucional para garantizar los derechos al debido proceso y a la seguridad social. En este orden de ideas, la Sala dejará sin efecto la providencia proferida el 12 de marzo de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó el auto dictado el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha.
Ahora bien, teniendo en cuenta que existe un precedente pacífico en torno el asunto objeto de discusión, esta Sala, con el fin de no dilatar más en el tiempo el goce del derecho, le ordenará a las empresas Cristalería Peldar S.A., Industrial de Materias Primas S.A.S. y Vidriería Fenicia S.A.S., que, en el ámbito de sus competencias, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente providencia: (i) reliquiden la pensión sanción del actor indexando su primera mesada pensional de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la sentencia T-098 de 2005; y (ii) cancelen el retroactivo correspondiente a los tres años anteriores a la fecha de esta providencia”. (Destacado fuera de texto).
Ahora bien, vale la pena precisar que la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional para arribar a la anterior conclusión, hace referencia aquellos casos en los cuales existen diferencias significativas de tiempo (superiores un año), entre el momento en que los ciudadanos cumplieron los requisitos legalmente establecidos para obtener la pensión (tiempo de servicio y edad), y el momento en que efectivamente se reconoció esta, de manera tal que la cuantía de los factores salariales tenidos en cuenta para calcular dicha prestación, corresponden a la época en la que se presentó el servicio, cuantía que por no coincidir con el momento en que se profiere la resolución que reconoce la primera mesada pensional está devaluada (por el paso del tiempo y los fenómenos inflacionarios), de manera tal que debe actualizarse al instante en que se otorga la pensión.
Por ejemplo, en el caso resuelto por la sentencia T-745 de 2011 (citada por el accionante), se trató de un ciudadano que dejó de trabajar el 15 noviembre de 1991, cumplió la edad necesaria para obtener la pensión el 14 de julio de 1997, y esta solo le fue reconocida (con efectos desde la fecha antes señalada) mediante una resolución del 25 de noviembre de 1997, de manera tal que para calcular el valor de dicha prestación, se tuvo en cuenta lo que el demandante percibió hasta el año 1991, cifras que debían actualizarse al momento en que se reconoció la primera mesada pensional, es decir en el año 1997, so pena de reconocer esta (como inicialmente ocurrió) de manera devaluada.
La principal razón para acceder al amparo solicitado pese a la existencia de decisiones que declararon probada la excepción de cosa juzgada, sustentadas en pronunciamientos anteriores que negaron la indexación de la primera mesada pensional, ha sido el carácter vinculante del precedente constitucional en la materia, que de manera diáfana ha reconocido dicho derecho, que no puede ser desconocido por decisiones formales que han pasado por alto el mismo, so pena de afectar de manera desproporcionado a los titulares del derecho a la pensión y brindarles un trato discriminatorio respecto de quienes han recibido sus mesadas aplicando los correctivos respectivos para combatir la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero por el transcurso del tiempo.
Finalmente, se estima pertinente insistir que en los casos con las características descritas, la Corte ha hecho énfasis en las decisiones de constitucionalidad (C-862 de 2006, C-891A de 2006) y unificación (SU-1073 de 2012) a través de las cuales ha reconocido la indexación de la primera mesada pensional como una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados, incluso de aquellos que adquirieron tal calidad con anterioridad a la Constitución de 1991. Sobre el particular resultan especialmente ilustrativas las siguientes consideraciones:
“En este orden de ideas, si bien es a partir de 1991 que se constitucionalizó el derecho a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo, esta Corte sostiene que todas las personas beneficiarias del sistema pensional, incluso aquellas que causaron su mesada con anterioridad a la actual Constitución Política, tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de sus prestaciones. La anterior posición fue asumida por el pleno de la Corporación en la sentencia SU-1073 de 2012, a través de la cual la Corte resolvió las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales respecto a la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de 1991. En este sentido, en aquella oportunidad se concluyó que “pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible” (negrilla incorporada en el texto original), en virtud del cual la indexación de la primera mesada es predicable de las personas pensionadas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la Carta Política de 1991. Complementando lo atrás dicho, la mencionada sentencia SU-1073 de 2012 realizó la siguiente acotación:
“[E]s a través de esta sentencia de unificación que la Corte Constitucional consolida la jurisprudencia con el fin de proteger el principio de seguridad jurídica respecto de los fallos judiciales divergentes que han proferido distintas jurisdicciones, los cuales han impedido la realización del derecho universal de la indexación. En este sentido, es sólo hasta esta sentencia de unificación que la Corte ha resuelto las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales respecto a la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de 1991. // De ahí que, sólo hasta este momento exista claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, de manera que desde la fecha hay certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento”, motivo por el cual, “el alcance de este derecho, para las pensiones causadas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, está siendo determinado hasta este momento por la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Norma Superior” (negrilla incorporada en el texto original). De igual manera, en relación con el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional -pero ya no en lo que respecta a la obligatoriedad de indexar las pensiones causadas antes de la Carta de 1991- esta Corporación, a partir de las sentencias C-862 y C-891A de 2006, sostuvo que “el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio”. Motivo por el cual, se desconocerían los postulados superiores si se niega el derecho a aquel reajuste con base en distinciones relacionadas con la clase, la naturaleza o el origen de la prestación, como cuando no se concede dicha garantía por tratarse, por ejemplo, de una pensión sanción o de pensiones cuyo origen es convencional. Así lo reiteró la citada sentencia SU-1073 de 2012, cuando adujo que “sólo hasta que fue expedida la sentencia C-862 de 2006, la Corte definió con carácter erga omnes que a partir de la interpretación de los artículos 48 y 53 de la Constitución de 1991 debía entenderse que existe un derecho constitucional de todos los pensionados a que el monto de la primera mesada pensional se calcule sobre un salario base indexado, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor.
Por lo tanto, sólo a partir de tal fallo llegó a admitirse que dicho derecho beneficiaba a todos los pensionados, sin que sobre el particular pudieran hacerse distinciones discriminatorias entre beneficiarios de pensiones legales, convencionales, ordinarias, pensiones sanción, etc.”. Ahora bien, la Sala también advierte que con base en las providencias anteriormente mencionadas, a partir de las cuales se estableció con certeza la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, esta Corporación en múltiples ocasiones ha abordado casos en lo que personas pensionadas acuden nuevamente a la jurisdicción ordinaria solicitando la aplicación de aquellas sentencias y las autoridades judiciales declaran probada la excepción de cosa juzgada”.
3.4. Análisis del caso en concreto
Al revisar la providencia cuestionada, esto es, el auto del 22 de octubre de 2015 del Tribunal Administrativo del Chocó, advierte la Sala que en el mismo se realizó una comparación de las dos demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por el accionante, análisis del cual se concluyó, que estaban acreditados los elementos de la cosa juzgada, toda vez que en ambos procesos (i) las partes fueron las mismas (teniendo en cuenta que la UGPP asumió los asuntos pensionales que antes de su liquidación le correspondían a CAJANAL EICE), y (ii) se solicitó la nulidad parcial de los mismos actos administrativos para obtener la indexación del ingreso base de liquidación (identidad de pretensiones), (iii) debido al tiempo que transcurrió entre la adquisición del estatus pensional, el reconocimiento de la pensión y su reliquidación, sin que se realizara la actualización correspondiente (identidad de causa).
Llama la atención de la Sala que a pesar de que el actor en los dos procesos que promovió, especialmente en el segundo, hizo referencia a la jurisprudencia constitucional relativa a la trascendencia de la indexación de la primera mesada pensional, la autoridad judicial no dedicó algún aparte de la providencia cuestionada para tal efecto.
En el mismo sentido se advierte, que le asiste razón al accionante al afirmar que el juez constitucional de primera instancia si bien fundamentó su análisis en la existencia de cosa juzgada, a partir de la comparación de las dos demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas, no se pronunció sobre las sentencias de la Corte Constitucional citadas en el escrito de tutela, que como se expuso en numeral 3.3. de la parte motiva de este fallo, dan cuenta de la jurisprudencia de aquella en materia de indexación de la primera mesada pensional, existiendo de por medio decisiones judiciales que negaron la misma, e incluso, que declararon probada la excepción de cosa juzgada.
En suma, se observa que ni el fallo de primera instancia del presente trámite, ni la providencia controvertida, tuvieron en cuenta la jurisprudencia constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional, máxime cuando en el caso de autos existen circunstancias que imponen analizar con detenimiento si la referida pensión al reconocer y reliquidarse se otorgó en la suma debida, pues no puede pasarse por alto que el demandante adquirió el estatus pensional en el año 2004, la pensión se reconoció en el 2006 con lo devengado en el último año de servicios (2003-2004) y tal prestación se reliquidó en el 2008 incluyendo más factores salariales, cuya cuantía fue tomada según lo devengado en la última etapa de la actividad laboral (2003-2004), sin que prima facie se evidencie que se haya efectuado la actualización correspondiente.
Por lo tanto, pese a que si bien es cierto lo relativo a la indexación de la primera mesada pensional del demandante fue un asunto ventilado a través del proceso de nulidad y restablecimiento N° 27001-33-31-704-2011-00029-00, que finalizó mediante sentencia del 6 de agosto de 2014 del Tribunal Administrativo del Chocó, también lo es que la jurisprudencia constitucional como arriba se expuso, ha subrayado que no puede anteponerse la existencia de la cosa juzgada al respeto de la indexación de la primera mesada pensional, por ser esta una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados, incluso de aquellos que adquirieron tal calidad con anterioridad a la Constitución de 1991.
En conclusión, como el análisis que se llevó a cabo en la providencia controvertida no tuvo en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada constitucional, que debe ser conocido y considerado por todas las autoridades judiciales, vulneró los derechos al acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad del accionante, en virtud de los cuales el asunto planteado por este debe estudiarse teniendo en cuenta los parámetros legal y jurisprudencialmente establecidos para la resolución de controversias con supuestos de hecho y derecho similares, por supuesto, sin perjuicio de la autonomía que le asiste a los jueces al adoptar sus decisiones, siguiendo para tal efecto los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico.
4. De las órdenes a proferir
Por lo considerado, se revocará el fallo de primera instancia para en su lugar tutelar los derechos arriba señalados del señor Feliciano Enrique Palacios Valoyes; se dejará sin efectos el auto del 31 de octubre de 2016 del Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó la providencia del 22 de octubre de 2015 del Juzgado 2° Administrativo Oral de Quibdó, que en la audiencia inicial declaró probada la excepción de cosa juzgada; y se le ordenará al Tribunal accionado, que en el término de 5 días siguientes a la notificación de este fallo, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 27001-33-33-002-2014-00745-01, en remplazo de la decisión cuestionada dicte una nueva providencia, en la que tenga en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional, de conformidad con lo expuesto en esta oportunidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia del 23 de febrero de 2017, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la acción de tutela. En su lugar, SE TUTELAN los derechos a la administración de justicia, debido proceso e igualdad del señor Feliciano Enrique Palacios Valoyes, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: SE DEJA sin efectos el auto proferido 31 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Chocó, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 27001-33-33-002-2014-00745-01.
TERCERO: SE ORDENA al Tribunal antes señalado que al interior del mencionado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en reemplazo del auto que se dejó sin efectos y en el término de 5 días siguientes a la notificación de esta decisión, dicte una nueva providencia en la que tenga en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional, de conformidad con lo expuesto en el presente fallo de tutela.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
(Ausente con permiso)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Aclaro voto
Folio 83. En otros apartes del escrito de tutela cita la sentencia T-183 de 2012. Resolución visible a folios 14-16. Resolución visible a folios 17-20. De conformidad con la copia de la demanda visible a folios 22 a 30 del expediente y de la sentencia del 6 de agosto de 2014 del Tribunal accionado (folios 43-43-54). Folios 46-47. Folios 31-42. Folios 43-54. Según la copia de la demanda respectiva visible a folios 57-70. Folios 72-73. Folios 74-78. Folio 87. Folios 98-112. Folios 172-179. Folios 188-192.
"Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado". Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia SU-918 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. M.P. Rodrigo Escobar Gil. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Del ejercicio emprendido por la Corte, la misma destacó las siguientes providencias, que coinciden con las citadas por el demandante: T-014 de 2008, T-130 de 2009, T-366 de 2009, T-745 de 2011, T-183 de 2012, T-1086 de 2012 y T-529 de 2014. M.P. Jaime Araujo Rentería. En cuanto al procedimiento para efectuar la indexación de la primera mesada pensional, en la Sentencia SU-1073 de 2012 se acogió el establecido en la providencia T-098 de 2005, en la cual se dispuso que “[e]l ajuste de la mesada pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula:
R= Rh índice final
índice inicial
Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión [data que en el caso objeto de estudio correspondería a octubre de 1993], entre el índice inicial, [que en el sub judice sería el existente a junio de 1983]. Y así se “procederá a reconocer y liquidar los reajustes pensionales de los años posteriores, conforme a la normatividad aplicable. // Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos fueron pagados. // La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia , dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh índice final
índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional. // Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones”.
Conforme lo ratificó la sentencia SU-415 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa, “la garantía de indexación de la primera mesada pensional de prestaciones causadas antes de la Constitución de 1991 se extiende retroactivamente para todas las mesadas no prescritas, causadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición del fallo que estudia el caso actual, conforme a lo reglado en las sentencias de unificación de jurisprudencia SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013”, en otras palabras, “la garantía del derecho a la indexación se extiende a las mesadas no prescritas, comprendidas en los tres (3) años anteriores al fallo que estudia el respectivo caso”.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. // En esta providencia la Corte sostuvo que “la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada es predicable de todas las personas pensionadas, y por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedición de la Constitución Política. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situación y por tanto, deben recibir igual tratamiento”. Motivo por el cual, “resulta vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones posteriores”.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Este precisión resulta necesario hacerla, pues tal y como la sentencia SU-1073 de 2012 lo advirtió: “ni siquiera en 2006 [es decir cuando fueron proferidas las sentencias de constitucionalidad que a continuación se citarán] existía una posición uniforme en relación con las pensiones causadas bajo el marco constitucional de 1886”.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Con todo, sobre el particular la Sala aclara que, sin perjuicio del derecho a la indexación de la primera mesada pensional que, por regla general, se entiende de carácter universal, existen eventos en los cuales dicha prerrogativa no es predicable de algunas prestaciones periódicas. Por ejemplo, en los casos en los que se solicita el reajuste de beneficios similares a una pensión otorgados por mera liberalidad del empleador. Cfr. Sentencia T-529 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Folios 43-54.
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