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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-00314-01

Acción de tutela contra auto que resuelve incidente de desacato

Fecha
8 de junio de 2017
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-00314-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 9 de marzo de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su revisión, si dentro del término legal no fuere impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-00314-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

8 de junio de 2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

[E]l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, durante el trámite del incidente de desacato, i) no desconoció, en absoluto, la metodología establecida en la normativa de carácter procedimental, sino que la observó con el objeto de dirimir la controversia que se le planteó; ii) no omitió adelantar alguna de las etapas procesales requeridas por la ley para sustanciar el trámite incidental; y iii) no se observa que haya procedido con un apego riguroso y ceremonial al procedimiento establecido, al punto de desamparar el derecho sustancial. En consecuencia, no hubo algún tipo de vulneración al debido proceso de la [actora] con ocasión del trámite incidental de desacato.

DESAFILIACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD AL BENEFICIARIO - Por disolución del vínculo matrimonial con el cotizante / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN - No se configura

[S]e puede observar que, el 23 de agosto de 1990, los señores [J.A.T.S.] y la actora] concurrieron ante la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá para efectos de otorgar la Escritura Pública nro. 5538. En dicho documento se anotó que los comparecientes convinieron hacer uso del derecho (…) mediante el cual se les permite liquidar, por medio de escritura pública, la sociedad conyugal formada por ellos en virtud de su matrimonio. En esa medida, declararon disolver definitivamente la sociedad conyugal entre ellos existente, a partir de la fecha de suscripción del mencionado protocolo. (…) De la parte motiva de la providencia cuestionada, fácilmente puede extraerse que la decisión de rechazar por improcedente el incidente de desacato incoado por la [actora] estuvo debidamente fundamentada tanto en la contestación y las pruebas allegadas por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, como en la Escritura Pública (…) de 23 de agosto de 1990, motivo por el cual no puede hablarse de la configuración del defecto falta de motivación. (…) del acervo probatorio analizado por el Tribunal accionado se arribó a las siguientes conclusiones: En primer lugar, dicha Corporación encontró probado que la [actora] volvió a ser afiliada al sistema de salud de la Policía Nacional en calidad de beneficiaria del señor [T.S.], tal y como lo ordenó la primera parte del fallo de tutela de 25 de febrero de 2016. En segundo lugar, el Tribunal halló que la [actora] había sido nuevamente desafiliada por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, habida cuenta de que, con base en el contenido de la Escritura Pública (…) de 1990, se verificó que el derecho a permanecer afiliada se había extinguido. Finalmente, el Operador judicial demandado encontró acreditado que el procedimiento de desafiliación llevado a cabo por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, no se desarrolló con desconocimiento del derecho al debido proceso de la [actora], toda vez que ella fue debidamente notificada de tal decisión (…) lo cual, como pudo observarse, constituía la segunda parte de la orden de tutela proferida el 25 de febrero de 2016. Con base en estas valoraciones fue que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el fallo de 25 de febrero de 2016, sí había sido acatado por la entidad accionada, motivo por el cual se hacía jurídicamente inviable imponerle alguna sanción.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1820 / LEY 1 DE 1976 - ARTÍCULO 25 - NUMERAL 5 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 129 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 27 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 52

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites del juez que conoce de la acción de tutela instaurada contra el auto de un incidente de desacato, ver la sentencia T-482 de 2013, de la Corte Constitucional,

AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - Inexistencia

[L]a Sala no advierte la presentación del defecto fáctico endilgado por la [actora] a las providencias cuestionadas, toda vez que aquel tomó su decisión considerando el material probatorio allegado al proceso incidental, efectuando un análisis razonable y legítimo de la situación planteada en el marco de los principios de autonomía judicial, buena fe y sana crítica reconocidos por la Constitución a los jueces de la república (…) El hecho de que la [actora] estime que la Escritura Pública (…) fue erróneamente valorada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no implica que esta autoridad judicial haya incurrido en defecto fáctico, al considerar que la sentencia de tutela de 25 de febrero de 2016 fue cumplida por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y, por consiguiente, haya optado por no sancionarla al igual que rechazar el incidente de desacato promovido. Por todo lo anterior, la Sala concluye que el proceder de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estuvo ajustado a derecho y no vulneró derecho fundamental alguno de la [actora], motivo por el cual se descarta la configuración del defecto de violación directa a la Constitución.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00314-01(AC)

Actor: ROSA ELVIA SÁNCHEZ DE TORRES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres contra el fallo de tutela proferido el 9 de marzo de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual: i) se declaró la improcedencia del amparo deprecado respecto al cargo de falta de idoneidad de la escritura pública nro. 5538 de 26 de agosto de 1990, para efectos de demostrar la extinción de su condición de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez; y ii) se negó la solicitud de amparo en lo que atañe al cargo relacionado con el procedimiento de notificación del auto de 21 de noviembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

La señora Rosa Elvia Sánchez de Torres, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en aras de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la salud, los cuales considera conculcados por la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir los autos de 21 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, así como el de 26 de enero de 2017, mediante los cuales se rechazó por improcedente la solicitud de apertura del trámite incidental de desacato en el marco de la acción de tutela radicada bajo el número 2016-00813-00, por cuanto en tales providencias se consideró que lo dispuesto en el fallo de tutela de 25 de febrero de 2016, ya había sido cumplido.

1.2. Hechos

1.2.1. La señora Rosa Elvia Sánchez de Torres afirmó que es persona de la tercera edad y paciente de alto riesgo con seguimiento médico.

1.2.2. Informó que interpuso acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad, con el fin de que se ordenara su re-afiliación al subsistema de salud de tal entidad, en calidad de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez.

Mediante fallo de tutela de 25 de febrero de 2016, proferido por la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (proceso con radicación nro. 2016-00813), se concedió el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la continuidad en el servicio de salud y al debido proceso de la actora, ordenando al Director de Sanidad de la Policía Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del fallo, adelantara las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de afiliarla al sistema de salud de la Policía Nacional, en calidad de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, manteniéndola hasta tanto se verificara si se había extinguido o no su calidad de beneficiaria del sistema.

1.2.3. Inconforme con lo decidido, el señor Jesús Álvaro Torres Sánchez impugnó el fallo de 25 de febrero de 2016, alegando que se había separado de la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres desde hacía más de 30 años.

1.2.4. Sin embargo, mediante sentencia de 8 de junio de 2016 (C.P: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia sosteniendo que la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres era una persona que merecía especial protección constitucional, habida cuenta de su edad avanzada y de sus condiciones delicadas de salud. En este sentido, dispuso prolongar el amparo de los derechos fundamentales de la actora hasta tanto la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional determine si existe un hecho que pueda extinguir el goce de sus derechos, en su calidad de afiliada, beneficiaria del señor Torres Sánchez, caso en el cual debería desafiliarla del sistema.

1.2.5. La señora Rosa Elvia Sánchez de Torres, mediante escrito del 1º de noviembre de 2016, promovió incidente de desacato contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por considerar que no se había dado cumplimiento a las órdenes contenidas en “el fallo de tutela radicado 2016-0813”, alegando que había sido desafiliada del sistema de salud de la Policía Nacional desde el 1º de octubre de 2016.

1.2.6. La Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto de 21 de noviembre de 2016, rechazó por improcedente el incidente de desacato promovido por la actora, afirmando que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional cumplió con lo ordenado en el fallo de 25 de febrero de 2016 “[...] al proceder […] a afiliar a la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres al sistema de salud de la Policía Nacional en calidad de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez y […] (mantenerla) hasta que verificó si se extinguió la calidad de beneficiaria de la accionante, lo cual se acreditó a través de la escritura pública No. 5538 del 23 de agosto de 1990 […]”. [Resalta la Sala].

1.2.7. La señora Rosa Elvia Sánchez de Torres, posteriormente, mediante escrito allegado el 2 de diciembre de 2016, expuso ante el Tribunal accionado que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se mantenía en desacato respecto del fallo de tutela de 25 de febrero de 2016, toda vez que había sido desafiliada del sistema de salud de la Policía Nacional.

1.2.8. La Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto de 6 de diciembre de 2016, resolvió estarse a lo resuelto en auto de 21 de noviembre de 2016, recordándole a la señora Sánchez de Torres que mediante dicha providencia se rechazó por improcedente el incidente de desacato promovido, por cuanto la entidad incidentada demostró haber cumplido el fallo de 25 de enero de 2016, manteniéndola afiliada hasta que mediante la escritura pública N.º 5538 de 1990, se constató que su calidad de beneficiaria del sistema de salud de la Policía Nacional se había extinguido.

1.2.9. Nuevamente, mediante escrito aportado el 7 de diciembre de 2016, la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se aclarara el motivo por el cual no se le notificó el auto de 21 de noviembre de 2016. Expuso que el 2 de diciembre de 2016 estuvo presente en la Secretaría del Tribunal y no le fue notificada la providencia en cuestión y que, por el contrario, al consultar el Sistema Justicia Siglo XXI, no se observaba registro de esa providencia; por esa razón, manifestó que ese mismo día optó por radicar escrito solicitando la resolución del incidente de desacato promovido el 1º de noviembre de 2016.

1.2.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 26 de enero de 2017, de nuevo resolvió estarse a lo resuelto en auto de 21 de noviembre de 2016, mediante el cual rechazó por improcedente la apertura del incidente de desacato. El Tribunal le reiteró a la señora Sánchez de Torres que el fallo de tutela de 25 de febrero de 2016 fue cumplido en debida forma y que el artículo 16 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, autoriza a los jueces para ordenar la notificación de las providencias por el medio que consideren más expedito y eficaz y que, para el caso particular, la providencia cuestionada se le notificó a través del correo electrónico “jairotorres@yahoo.com”.

1.2.11. Por último, adujo que el 27 de enero de 2017 presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “solicitud pendiente de respuesta, para que se aclarara interrogantes que desdicen de las decisiones adoptadas”.

Bajo el anterior contexto, la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres considera que la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la salud, en razón a que los autos de 21 de noviembre, 6 de diciembre de 2016 y 26 de enero de 2017, incurrieron en los defectos fáctico, procedimental absoluto, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, por cuanto no dieron apertura al trámite incidental de desacato respecto al fallo de tutela de 25 de febrero de 2016 (proceso con radicación nro. 2016-00813-00), al valorar indebidamente la escritura pública nro. 5538 del 23 de agosto de 1990, por la cual quedó liquidada su sociedad conyugal (vínculo patrimonial) conformada con el señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, pero no extinguió su vínculo matrimonial ni las obligaciones alimentarias derivadas de este.

1.3. Acción de tutela contra providencia judicial

1.3.1. Pretensiones

La señora Rosa Elvia Sánchez de Torres solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la salud y que, en consecuencia, i) se dejen sin efecto los autos proferidos por la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de noviembre de 2016, el 6 de diciembre del mismo año y el 26 de enero de 2017, por medio de los cuales se negó la apertura del trámite incidental de desacato relativo a las ordenes contenidas en el fallo de tutela de 25 de febrero de 2016; y ii) se le ordene a dicha autoridad judicial que resuelva el incidente de desacato referido “teniendo en cuenta que la escritura 5538 de 1990, por la cual quedó liquidada la sociedad conyugal, no es documento idóneo que extinga las obligaciones alimentarias […]”.

1.3.2. Actuación

Por auto de 8 de febrero de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por la señora Sánchez de Torres y dispuso notificar de la existencia de la misma a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “E”, para que se refirieran acerca de sus fundamentos y allegaran las pruebas e informes que consideraran pertinentes. Asimismo, dispuso vincular al Director de Sanidad de la Policía Nacional, en su calidad de autoridad contra la cual se inició el incidente de desacato por la accionante.

1.3.3. Las contestaciones

1.3.3.1. Mediante escrito aportado el 22 de febrero de 2017, el Magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón, perteneciente a la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –sustanciador de las decisiones cuestionadas-, solicitó rechazar por improcedente el amparo solicitado por vía de tutela, en razón a que mediante la misma se busca controvertir providencias adoptadas en un proceso de acción de tutela. De manera subsidiaria solicitó que se niegue el amparo, toda vez que no se demostraron los vicios que deben sustentar la procedibilidad de la acción; por consiguiente, no se incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados.

1.3.3.2. Mediante escrito allegado el 28 de febrero de 2017, el Jefe (E) de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Bogotá, Teniente Coronel Wilson Darío Serrano Salamanca, solicitó que se desvincule a la entidad que representa de la acción de tutela de la referencia.

Adicionalmente, manifestó que la accionante fue retirada del sistema de salud de la Policía Nacional “[…] teniendo en cuenta la solicitud del afiliado cotizante señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, y por el hecho de que aportó a esta entidad la protocolización de la liquidación de la sociedad conyugal, mediante escritura pública No. 5538 del 23 de agosto de 1990 […], además de no hacer vida en común y haber adjuntado los soportes por los cuales se evidencia que no existen pruebas de un deber alimentario por parte del señor Torres Sánchez”.

1.3.4. La sentencia impugnada

Mediante sentencia de 9 de marzo de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado dirimió la controversia puesta a su conocimiento, en el siguiente sentido:

En primer orden, declaró la improcedencia del amparo deprecado por la accionante respecto al cargo de falta de idoneidad de la escritura pública nro. 5538 de 26 de agosto de 1990, para efectos de demostrar la extinción de su condición de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, debido a que el asunto ya había sido materia de discusión en el fallo que resolvió definitivamente sobre la solicitud de amparo presentada por la accionante, en contra de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. En ese sentido explicó que “[…] la improcedencia en comento resulta de la intención de la actora de querer volver sobre el punto atinente al cumplimiento de la orden de tutela en mención.”.

De otro lado, la Sección Quinta negó la solicitud de amparo en lo que atañe al cargo relacionado con el procedimiento de notificación del auto de 21 de noviembre de 2016, toda vez que la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramitó la solicitud de desacato de las órdenes emitidas en el fallo de tutela de 25 de febrero de 2016 (radicación N.° 2016-00813-01), sin vulnerar el debido proceso de la actora. Las consideraciones expuestas por el a quo fueron las siguientes:

“[…] de acuerdo con lo expuesto en el acápite de hechos probados de este fallo, la Sala encuentra que, durante el trámite incidental de desacato bajo estudio, se respetó el derecho fundamental al debido proceso del que es titular la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres.

Como pudo verse en el apartado en mención, el trámite de la solicitud de apertura del desacato […], contó con el debido rigor. […].

En ese orden de ideas, la Sección observa que éste contó con los debidos pasos. Fue por eso que el citado fallador i) requirió a la autoridad administrativa accionada para efectos de que informara si cumplió el correspondiente fallo de tutela y en qué sentido; ii) corrió traslado de ese informe a la accionante para que ésta se pronunciara al respecto; iii) notificó a las partes de las actuaciones susceptibles de ello; y iv) tomó una decisión sobre el particular.

En sentido contrario a lo considerado por la señora Sánchez, no se observa que el trámite del que trata el sub lite haya faltado con alguno de sus pasos, en orden al debido proceso, ni que se haya pretermitido alguno de los deberes de índole procesal, al ser cumplido por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En conclusión, no se encuentra reproche constitucional alguno para hacerle al auto de 21 de noviembre de 2016”.

1.3.5. La impugnación

La señora Rosa Elvia Sánchez de Torres, mediante escrito aportado el 13 de marzo de 2017, impugnó la sentencia de primera instancia, afirmando que, de conformidad con el artículo 24 del Decreto 1795 de 14 de septiembre de 2000, su condición de cónyuge beneficiaria del sistema de salud de la Policía Nacional está acreditada con el registro civil de matrimonio vigente, sin que se hayan extinguido las correspondientes obligaciones alimentarias. En esa medida, afirmó que la Escritura Pública nro. 5538 del 23 de agosto de 1990, no tiene idoneidad para probar la extinción de la condición mencionada, motivo por el cual se está incumpliendo el fallo de tutela de 25 de febrero de 2016, el cual amparó sus derechos fundamentales.

Finalmente, asegura que su condición de cónyuge beneficiaria del sistema de salud de la Policía Nacional no se ha extinguido, toda vez que no se encuentra incursa en alguna de las hipótesis planteadas por el parágrafo 2° del artículo 23 de la Ley 352 de 17 de enero 1997.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con el artículo 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

2.2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2.3. Problema jurídico

El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si, en efecto, la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la salud de la señora Sánchez de Torres, al proferir los autos de 21 de noviembre de 2016, 6 de diciembre de 2016 y 26 de enero de 2017, mediante los cuales resolvió rechazar por improcedente el incidente de desacato promovido como consecuencia del presunto incumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia de tutela de 25 de febrero de 2016, en el marco del proceso radicado con el N.º 2016-00813.

2.4. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

2.5. Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial proferida durante el curso de un incidente de desacato

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-482 de 2013 ha dicho lo siguiente:

“Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada”. (Resalta la Sala).

2.6. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que éste instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

En el caso bajo examen se advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales que exige la sentencia C-590 del 2005 para la procedencia contra providencia judicial, ya que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; ii) cumplió con el principio de inmediatez, pues el auto de 21 de noviembre de 2016, que, en definitiva, resolvió rechazar por improcedente el incidente de desacato promovido por la accionante –no obstante ser tres los autos cuestionados-, fue controvertido por medio de la acción de tutela de la referencia (incoada el 1º de febrero de 2017), dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su notificación (22 de noviembre de 2016); iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) no se trata de una presunta irregularidad procesal que pueda resultar determinante en el proceso; v) la actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

No obstante, en lo que atañe a los requisitos específicos de procedibilidad, la Sala desarrollará el análisis respectivo al estudiar el caso concreto.

2.7. El caso concreto

La señora Rosa Elvia Sánchez de Torres presentó acción de tutela contra la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque, a su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la salud, por cuenta de haber proferido los autos de 21 de noviembre y 6 de diciembre de 2016, así como el de 26 de enero de 2017.

En el entender de la accionante, dichas providencias, al rechazar por improcedente el incidente de desacato promovido respecto de las órdenes indicadas en la parte resolutiva del fallo de tutela de 25 de febrero de 2016 (proferido en el marco del proceso nro. 2016-00813), se valoró de forma indebida la escritura pública nro. 5538 del 23 de agosto de 1990, la cual sí liquidó la sociedad conyugal mantenida con el señor Jesús Álvaro Torres Sánchez (vínculo patrimonial), más no extinguió el vínculo matrimonial ni las obligaciones alimentarias derivadas de este. Por esta razón, la actora considera que los autos cuestionados incurrieron en los defectos fáctico, procedimental absoluto, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.

2.8. Análisis del caso concreto

Bajo el anterior contexto y, en lo que respecta a los defectos imputados por la señora Sánchez de Torres a las providencias proferidas por el Tribunal accionado, en primer orden, debe recordarse que la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-406 de 4 de agosto de 2016 (M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez), se refirió al defecto procedimental absoluto en los siguientes términos:

“Esta Corporación ha establecido que el defecto procedimental se enmarca dentro del derecho al debido proceso, que entraña, entre otras garantías, el respeto que debe tener el funcionario judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio y, dentro del derecho de acceso a la administración de justicia, que implica el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la justicia material en la aplicación del derecho procesal.

En especial, frente a la configuración del defecto procedimental absoluto, la Corte ha sido enfática en señalar que éste se estructura “cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto), o (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso”.

Por excepción, también ha determinado este Tribunal que el defecto procedimental puede estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando “(...) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia.”.

Por su parte, la actora fundamentó el defecto mencionado en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

“(…) profiere las decisiones que resuelve el incidente de desacato y de contera el trámite de cumplimiento, sin evaluar la realidad del incumplimiento y de valorar, de manera autónoma y amplia, si para hacer cumplir el fallo de tutela son suficientes y eficaces las demás atribuciones que le confiere al juez de instancia el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, verificando y valorando con observancia a lo dispuesto en la providencia que amparó los derechos fundamentales, es decir que se resolviera y notificara en debida forma su cumplimiento por parte de la accionada, en ultimas, no adopta las medidas para hacer cumplir el fallo y deja de ejercer su competencia, constituyéndose en una vía de hecho. (…)”.

La Sala observa que el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que, tal como lo precisó la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de primera instancia, “[…] el trámite de la solicitud de apertura del desacato, formulada por la actora, contó con el debido rigor. A la anterior conclusión se puede llegar a partir de lo contemplado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991[], el cual señala que, a la actuación bajo análisis, le corresponde el trámite incidental. Así las cosas, se tiene que los incidentes se despacharán en observancia de lo dispuesto en el artículo 129 del Código General del Proceso[]. […]. En ese orden de ideas, la Sección observa que éste contó con los debidos pasos. Fue por eso que el citado fallador i) requirió a la autoridad administrativa accionada para efectos de que informara si cumplió el correspondiente fallo de tutela y en qué sentido[]; ii) corrió traslado de ese informe a la accionante para que ésta se pronunciara al respecto[]; iii) notificó a las partes de las actuaciones susceptibles de ello[]; y iv) tomó una decisión sobre el particular[] […]”.

Como puede observarse, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, durante el trámite del incidente de desacato, i) no desconoció, en absoluto, la metodología establecida en la normativa de carácter procedimental, sino que la observó con el objeto de dirimir la controversia que se le planteó; ii) no omitió adelantar alguna de las etapas procesales requeridas por la ley para sustanciar el trámite incidental; y iii) no se observa que haya procedido con un apego riguroso y ceremonial al procedimiento establecido, al punto de desamparar el derecho sustancial. En consecuencia, no hubo algún tipo de vulneración al debido proceso de la señora Sánchez de Torres con ocasión del trámite incidental de desacato.

La señora Sánchez de Torres acusa que la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al rechazar por improcedente el incidente de desacato promovido respecto de las órdenes indicadas en la parte resolutiva del fallo de tutela de 25 de febrero de 2016 (proferido en el marco del proceso nro. 2016-00813), valoró de forma indebida la escritura pública nro. 5538 del 23 de agosto de 1990, la cual, aunque haya liquidado la sociedad conyugal mantenida con el señor Jesús Álvaro Torres Sánchez (vínculo patrimonial), no extinguió el vínculo matrimonial ni las obligaciones alimentarias derivadas de este.

En lo relativo al defecto fáctico, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-424 de 2012 (M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), sostuvo que:

“5.1.1.Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión negativa HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU424-12.htm" \l "_ftn28" \o "" , es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial. Al respecto, esta Corporación ha precisado:

“En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:

• La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.

• Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”.

Por último, la Sala Plena reitera que para que la tutela resulte procedente por la configuración de un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto. [Subraya la Sala].

Visto lo anterior, en este punto se hace necesario recordar que frente al escrito de la acción de tutela incoada el 12 de febrero de 2016 (tramitada mediante el proceso radicado bajo el nro. 2016-813), la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 25 de febrero de 2016, en la cual advirtió que, en efecto, mediante Oficio nro. S-2016-011952, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por solicitud radicada por el señor Jesús Álvaro Torres Sánchez el 21 de diciembre de 2016, le suspendió los servicios de salud a la señora Sánchez de Torres y, en tal virtud, se le brindó un mes adicional de protección, es decir, hasta el 21 de enero de 2016.

Dicha Corporación judicial anotó:

“Para la Sala no pasa inadvertida […] que la demandante contaba con los medios económicos para solventar su afiliación al sistema de seguridad social, apoyado en las pruebas de la titularidad del derecho de propiedad sobre varios inmuebles por parte de la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres. (…) [E]s evidente, que no se trata de una persona carente de recursos y que por lo tanto, pueda subsidiar los costos de los servicios asistenciales de salud que demande, lo cual contribuiría a la financiación del sistema, en virtud del principio de solidaridad al que está sujeto el servicio de la seguridad social. [Subraya la Sala].

Ahora, aun cuando es claro que la actora puede solventar los servicios asistenciales de salud que requiere, ello no obstaba, para que en garantía del derecho al debido proceso y por consiguiente, de los derechos a la salud y la continuidad de la prestación del servicio de salud, la entidad previamente le comunicara de la intención del señor Jesús Álvaro Sánchez Torres, de desafiliarla y que dejara de ser su beneficiaria en el sistema de salud, pues como lo ha sostenido el Alto Tribunal de lo Constitucional “…la suspensión abrupta de la atención… no tiene justificación constitucional…”; además, la autoridad accionada se abstuvo de exigirle al cotizante la acreditación del documento idóneo con el cual demostrara no solo la no convivencia, sino también la inexistencia de obligaciones alimentarias para con el cónyuge que figura como beneficiario, a fin de que procediera la desafiliación, en concordancia con lo precisado en el artículo 4 Decreto 1703 de 2002 y los derroteros jurisprudenciales contenidos en la sentencia T-848 de 2013 y T-035 de 2010”.

Por las anteriores razones fue que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió conceder el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la continuidad en el servicio de salud y al debido proceso de la actora y, en consecuencia, le ordenó al Director de Sanidad de la Policía Nacional:

“[Q]ue en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de éste fallo, adelante las actuaciones administrativas respectivas, con el fin de afiliar a la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres […], al sistema de salud de la Policía Nacional en calidad de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, siempre que no lo hubiere hecho y la mantendrá hasta tanto verifique en el procedimiento que deberá agotar en garantía del debido proceso, si se extinguió la calidad de beneficiaria de la accionante, para lo cual exigirá tal acreditación del cotizante, en los términos precisados en la motiva de este proveído. El Director de Sanidad de la Policía Nacional deberá acreditar el cumplimiento a lo ordenado en este ordinal, inmediatamente adelante las diligencias pertinentes” (Resalta la Sala).

Con ocasión de la impugnación presentada por el señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo de 8 de junio de 2016, decidió confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que:

“[…] resulta coherente la decisión tomada por el a quo, en el sentido de amparar el derecho a la salud en aras de garantizar la continuidad de la que habla la Corte Constitucional y bajo el entendido de que Rosa Elvia Sánchez de Torres es un sujeto de especial protección por su edad y por sus delicadas condiciones de salud. No obstante, es necesario que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con respeto del debido proceso, determine si existe un hecho que pueda extinguir el goce del derecho de la demandante, y, de ser así, deba desafiliar a Rosa Elvia Sánchez de Torres del sistema” [Resalta la Sala].

En atención a lo anterior, es un hecho evidenciado por los jueces de tutela que la señora Sánchez de Torres, por las condiciones en las que se encontraba su relación con el señor Torres Sánchez, su afiliación en calidad de beneficiaria del sistema de salud de la Policía Nacional no estaba llamada a permanecer de manera indefinida. Es de advertir que el amparo de los derechos fundamentales de la señora Sánchez de Torres no obedeció, como tal, al mero hecho de que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional haya procedido a desafiliarla del sistema de salud, sino a que esa conducta no estuvo precedida del respectivo aviso acompañado de los fundamentos correspondientes.

Así las cosas, aunque los jueces de tutela hayan ordenado la protección de los derechos fundamentales de la señora Sánchez de Torres, ello no fue obstáculo para aclararle que, en caso de que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional contara con los elementos necesarios para determinar la extinción de su derecho a permanecer afiliada, esta entidad se encontraba habilitada para proceder a excluirla del sistema de salud de la Policía Nacional, en tanto y en cuanto se le respetare su garantía fundamental al debido proceso.

Pues bien, el 1º de noviembre de 2016, la señora Sánchez de Torres promovió incidente de desacato contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional porque, a su juicio, dicha entidad no había dado cabal cumplimiento a las órdenes contenidas en la sentencia de tutela proferida el 25 de febrero de 2016.

Es por ello que, mediante auto de 21 de noviembre de 2016 –providencia controvertida-, la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió rechazar por improcedente el incidente de desacato referido, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos:

“A través de correo electrónico, el Jefe Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, allega escrito en el cual informa que la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres, estuvo afiliada hasta el 01 de octubre de 2016; indicó

“que la misma fue retirada del sistema teniendo en cuenta la solicitud del afiliado cotizante señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, y por el hecho de que aportó a esta entidad la protocolización de la liquidación de la sociedad conyugal, mediante escritura pública N.º 5538 del 23 de agosto de 1990 […], además de no haber vida en común y haber ajuntado los soportes por los cuales se evidencia que no existen pruebas de un deber alimentario por parte del señor Torres Sánchez, (…) es muy claro que el Jesús Álvaro Torres, acredita ante ésta entidad con prueba idónea que ya no tiene obligación con su ex cónyuge y que no existe ningún deber legal de alimentos entre ellos, por lo cual se procede a la desafiliación, la señora fue notificada mediante las comunicaciones oficiales N.º S-2016-015406/DISAN-ASJUR, N.º S-2016-027825/SECSA-JEFAT-ASJUR, Y el día 12 de octubre del año en curso se le responde la petición en la que claramente se le ratifica que no es viable la solicitud de afiliación dado que no cumple con los requisitos exigidos por la entidad”. […].

En ese orden de ideas [...], de conformidad con el fallo dictado el día 25 de febrero de 2016 dentro del asunto de la referencia, se dio cumplimiento al mismo al proceder la accionada a afiliar a la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres al sistema de salud de la Policía Nacional en calidad de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, y la mantuvo hasta que verificó si se extinguió la calidad de beneficiaria de la accionante, lo cual se acreditó a través de la escritura pública No. 5538 del 23 de agosto de 1990 […].

De este modo, es claro que en el caso objeto de estudio no está demostrada la negligencia o desidia por parte de la accionada en acatar la orden proferida, considerando la Sala Unitaria que se dio cumplimiento al fallo de 25 de febrero de 2016, razón por la cual no es procedente imponer sanción alguna y, en consecuencia, se ordenará el archivo de la presente actuación”. [Resalta la Sala].

Es preciso anotar que en los folios 74 y siguientes del cuaderno contentivo del incidente de desacato de la acción de tutela nro. 2016-00813, se puede observar que, el 23 de agosto de 1990, los señores Jesús Álvaro Torres Sánchez y Rosa Elvia Sánchez de Torres concurrieron ante la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá para efectos de otorgar la Escritura Pública nro. 5538. En dicho documento se anotó que los comparecientes convinieron hacer uso del derecho reconocido en el numeral 5° del artículo 25 de la Ley 1ra de 1976, mediante el cual se les permite liquidar, por medio de escritura pública, la sociedad conyugal formada por ellos en virtud de su matrimonio. En esa medida, declararon disolver definitivamente la sociedad conyugal entre ellos existente, a partir de la fecha de suscripción del mencionado protocolo.

Acto seguido, se procedió a inventariar y avaluar los bienes que los comparecientes adquirieron durante la vigencia de la sociedad conyugal, para efectos de realizar la correspondiente liquidación. Específicamente se precisó que en el haber de la sociedad conyugal existían dos bienes inmuebles, los cuales fueron estimados en un valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1´000.000) cada uno. Uno le fue adjudicado al señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, y el otro a la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres.

Por último, la cláusula octava indica “(q)ue conjuntamente se autorizan para solicitar el correspondiente registro de la presente escritura de liquidación de bienes conyugales por estar enteramente a su satisfacción. Finalmente las partes manifiestan que renuncian a cualquier situación” [Resalta la Sala].

De la parte motiva de la providencia cuestionada, fácilmente puede extraerse que la decisión de rechazar por improcedente el incidente de desacato incoado por la señora Sánchez de Torres estuvo debidamente fundamentada tanto en la contestación y las pruebas allegadas por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, como en la Escritura Pública nro. 5538 de 23 de agosto de 1990, motivo por el cual no puede hablarse de la configuración del defecto falta de motivación.

En efecto, del acervo probatorio analizado por el Tribunal accionado se arribó a las siguientes conclusiones: En primer lugar, dicha Corporación encontró probado que la señora Sánchez de Torres volvió a ser afiliada al sistema de salud de la Policía Nacional en calidad de beneficiaria del señor Torres Sánchez, tal y como lo ordenó la primera parte del fallo de tutela de 25 de febrero de 2016. En segundo lugar, el Tribunal halló que la señora Sánchez de Torres había sido nuevamente desafiliada por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, habida cuenta de que, con base en el contenido de la Escritura Pública nro. 5538 de 1990, se verificó que el derecho a permanecer afiliada se había extinguido. Finalmente, el Operador judicial demandado encontró acreditado que el procedimiento de desafiliación llevado a cabo por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, no se desarrolló con desconocimiento del derecho al debido proceso de la señora Sánchez de Torres, toda vez que ella fue debidamente notificada de tal decisión mediante las comunicaciones oficiales nros. S-2016-015406 y S-2016-027825, lo cual, como pudo observarse, constituía la segunda parte de la orden de tutela proferida el 25 de febrero de 2016.

Con base en estas valoraciones fue que la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el fallo de 25 de febrero de 2016, sí había sido acatado por la entidad accionada, motivo por el cual se hacía jurídicamente inviable imponerle alguna sanción.

Tal y como se señaló en el apartado 2.5. de ésta providencia, es deber del juez que conoce de la acción de tutela instaurada contra el auto de un incidente de desacato, limitarse a analizar la conducta desplegada por el juez que conoció de este incidente; es por ello que del examen del proceder del Tribunal accionado, la Sala no advierte la presentación del defecto fáctico endilgado por la señora Sánchez de Torres a las providencias cuestionadas, toda vez que aquel tomó su decisión considerando el material probatorio allegado al proceso incidental, efectuando un análisis razonable y legítimo de la situación planteada en el marco de los principios de autonomía judicial, buena fe y sana crítica reconocidos por la Constitución a los jueces de la república.

Es imperativo recalcar que, de conformidad con la jurisprudencia Constitucional, el juez que conoce de la acción de tutela interpuesta contra providencia judicial, tiene el deber de respetar la autonomía e independencia del juez natural del proceso, lo cual se traduce en una intervención extremadamente reducida en lo que toca a la apreciación de las pruebas que ya fueron valoradas en el trámite de desacato de acción de tutela. En otras palabras, los principios de autonomía judicial, del juez natural del proceso y de buena fe, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio ponderado y utilizado por el juez natural para efectos de resolver el debate puesto a su conocimiento.

El hecho de que la señora Sánchez de Torres estime que la Escritura Pública nro. 5538 de 1990 fue erróneamente valorada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no implica que esta autoridad judicial haya incurrido en defecto fáctico, al considerar que la sentencia de tutela de 25 de febrero de 2016 fue cumplida por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y, por consiguiente, haya optado por no sancionarla al igual que rechazar el incidente de desacato promovido.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que el proceder de la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estuvo ajustado a derecho y no vulneró derecho fundamental alguno de la señora Sánchez de Torres, motivo por el cual se descarta la configuración del defecto de violación directa a la Constitución.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual i) se declaró la improcedencia del amparo deprecado por la accionante respecto al cargo de falta de idoneidad de la escritura pública nro. 5538 de 26 de agosto de 1990; y ii) se negó la solicitud de amparo en lo que atañe al cargo relacionado con el procedimiento de notificación del auto de 21 de noviembre de 2016.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 9 de marzo de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su revisión, si dentro del término legal no fuere impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Folios 89 y siguientes del cuaderno de la acción de tutela promovida por la señora Sánchez de Torres contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y radicado bajo el nro. 2016-00813-00.
En la parte resolutiva de esa providencia se dispuso: “PRIMERO.- CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la continuidad en el servicio de salud y al debido proceso solicitado por la accionante, señora Rosa Elvia Sánchez de Torres, contra la Policía Nacional – Dirección de Sanidad (…). SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena al DIRECTOR DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, adelante las actuaciones administrativas respectivas, con el fin de afiliar a la señora Rosa Elvia Sánchez de Torres (…), al sistema de salud de la Policía Nacional en calidad de beneficiaria del señor Jesús Álvaro Torres Sánchez, siempre que no lo hubiere hecho y la mantendrá hasta tanto verifique en el procedimiento que deberá agotar en garantía del debido proceso, si se extinguió la calidad de beneficiaria de la accionante, para lo cual exigirá tal acreditación del cotizante, en los términos precisados en la motiva de este proveído. El DIRECTOR DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL deberá acreditar el cumplimiento a lo ordenado en este ordinal, inmediatamente adelante las diligencias pertinentes. (…)”. [Subraya la Sala].
Ibíd., folios 111 y siguientes.
Ibíd., folios 129 y siguientes.
Folios 1 y siguientes del cuaderno contentivo del trámite del incidente de desacato promovido por la señora Sánchez de Torres contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y radicado bajo el nro. 2016-0813.
Ibíd., folios 80 y siguientes.
Ibíd., folios 87 y 88.
Ibíd., folio 90.
Ibíd., folio 91.
Ibíd., folio 107.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
Folio 108 del cuaderno contentivo del trámite del incidente de desacato promovido por la señora Sánchez de Torres contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y radicado bajo el nro. 2016-0813.

Folio N.º 16 del expediente. Ibíd., folios 73 y siguientes. Ibíd., folios 84 y siguientes. Ibíd., folios 89 y siguientes. Ibíd., folios 97 y siguientes. Ibíd., folios 110 y siguientes.
“Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (…) ARTICULO 23. AFILIADOS. Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP: a) Los afiliados sometidos al régimen de cotización: 1. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo. 2. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o pensión. 3. <Numeral INEXEQUIBLE> 4. Los soldados voluntarios. 5. <Numeral INEXEQUIBLE> 6. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los servidores públicos y los pensionados de las entidades Descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, el personal civil activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado activo y pensionado de la Policía Nacional que se rige por la Ley 100 de 1993 y que a la fecha de la publicación del presente Decreto, se encuentren afiliados al SSMP. 7. Los beneficiarios de pensión por muerte del soldado profesional activo o pensionado de las Fuerzas Militares. 8. Los beneficiarios de pensión o de asignación de retiro por muerte del personal en servicio activo, pensionado o retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. 9. Los beneficiarios de pensión por muerte del personal civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado, activo o pensionado de la Policía Nacional. (…). Artículo 24. Beneficiarios. Para los afiliados enunciados en el literal a) del artículo 23, serán beneficiarios los siguientes:
a) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado. Para el caso del compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años. (…)”.
“Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. (…) ARTÍCULO 23. PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICÍA. (…) PARÁGRAFO 2o. El derecho a los servicios de salud para los afiliados enunciados en los numerales 5o. y 6o. del literal a) del artículo 19, y para los beneficiarios de los afiliados enunciados en el artículo 20, se extinguirá por las siguientes causas: <Literal a) modificado por el artículo 10 de la Ley 447 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> a) Para el cónyuge o compañero permanente: 1. Por muerte. 2. Por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio. 3. Por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, o cuando no hiciere vida en común con el cónyuge afiliado, excepto cuando los hechos que dieron lugar a divorcio, a la separación de cuerpos, a la ruptura de vida en común, se hubieren causa sin culpa imputable al cónyuge beneficiario de estos derechos. (…)”.
"Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela". Corte Constitucional, Referencia: expediente T-3.836.735, M.P., Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
“Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto procedimental absoluto se configura cuando; i) el juez se aparta de las normas procesales ii) desconoce el procedimiento determinado por la ley iii) o incurre en exceso ritual que anula la efectividad de los derechos fundamentales (…)”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2016, C.P: María Claudia Rojas Lasso, Rad. Núm.

2016-00139-01.
“(…) se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta abiertamente y sin justificación válida de la normatividad procesal que era aplicable al caso concreto (…) La Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue respetuoso del procedimiento establecido para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en cuanto se refiere al proceso identificado con número (…)”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de abril de 2013, C.P: Guillermo Vargas Ayala, Rad. Núm. 2013-00371-00.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. (…) Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”. LEY 1564 DE 2012. “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. (…) Artículo 129. Proposición, trámite y efecto de los incidentes. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. Las partes solo podrán promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correrá traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas necesarias. En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por tres (3) días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes. Los incidentes no suspenden el curso del proceso y serán resueltos en la sentencia, salvo disposición legal en contrario. Cuando el incidente no guarde relación con el objeto de la audiencia en que se promueva, se tramitará por fuera de ella en la forma señalada en el inciso tercero.”. Folio N.° 54 del Cuaderno del incidente de desacato promovido por Rosa Elvia Sánchez de Torres contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Ibíd., folio 74. Ibíd., folios 55 a 59 y 83 a 86. Ibíd., folios 80 a 82. Folio N.º 87 del cuaderno contentivo del incidente de desacato de la acción de tutela N.º 2016-00813-00 promovido por Rosa Elvia Sánchez de Torres.
“Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil en materia de Derecho de Familia. (…). ARTÍCULO 25. El artículo 1820 del Código Civil quedará así: ARTÍCULO 1820. La sociedad conyugal se disuelve: (…) 5o. Por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública, en cuyo cuerpo se incorporará el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación. No obstante, los cónyuges responderán solidariamente ante los acreedores con título anterior al registro de escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Para ser oponible a terceros, la escritura en mención deberá registrarse conforme a la ley. Lo dispuesto en este numeral es aplicable a la liquidación de la sociedad conyugal disuelta por divorcio o separación de cuerpos judicialmente decretados.”
Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 16 de marzo de 2017, Rad. N.º 2016-02455-00 (C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés) y 21 de enero de 2016, Rad. N.º 2015-02945-00 (C.P:

María Claudia Rojas Lasso). Corte Constitucional, sentencias T-264 de 2009; SU-159 de 2002; T-538 de 1994; T-061 de 2007; T-442 de 1994; T-567 de 1998, T-239 de 1996; y T-244 de 1997. Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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