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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-00746-00

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por incumplimiento del requisito de inmediatez

Fecha
8 de febrero de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-00746-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia y en caso que no sea impugnada, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente de tutela identificado con el radicado nro. 11001-03-15-000-2015-01829-00 a la Sección Cuarta de esta Corporación. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-00746-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

8 de febrero de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

[E]l accionante promovió la acción de amparo de la referencia, el 22 de marzo de 2017, habiendo dejado transcurrir un lapso superior al de ocho (8) meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona; término que resulta desproporcionado para solicitar la protección de los derechos fundamentales que consideran vulnerados, derivados de una providencia judicial. En tal virtud, el lapso transcurrido entre la providencia controvertida y la presentación de la acción de tutela supera el tiempo razonable para deprecar la protección inmediata de los derechos fundamentales y desnaturaliza el principio de inmediatez que inspira ésta acción. (...) el [actor] no aduce circunstancia alguna que le hubiere impedido hacer uso del mecanismo constitucional con anterioridad a la fecha en la que efectivamente la ejerció. En tal virtud, la Sala no encuentra justificada la demora para promover la acción de amparo, puesto que para enervar el término de inmediatez debe alegarse y probarse alguna circunstancia que amerite efectuar tal excepción.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 37 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00746-00(AC)

Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIONES CUARTA Y QUINTA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada, al haberse proferido la sentencia de tutela de 26 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y el auto de 9 de junio de 2016, proferido por la señora Magistrada integrante de la Sección Quinta, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, mediante el cual rechazó la impugnación contra la anterior providencia por haber sido presentado en forma extemporánea.

Por ser necesario para el análisis y resolución de la solicitud de tutela, se realizará un recuento de las actuaciones procesales desarrolladas en el trámite de la presente acción.

El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, interpuso acción de tutela recibida en la Secretaría General del Consejo de Estado el día 22 de marzo de 2017.

El Despacho sustanciador, por auto de 20 de abril de 2017, requirió al actor para que estableciera con claridad cuál era la presunta actuación vulneradora de sus derechos fundamentes y cuáles eran las pretensiones que perseguía con la presente acción constitucional, debido a que el escrito de demanda de tutela contenía argumentos difusos e indeterminados.

El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, en contestación al requerimiento hecho por el Despacho sustanciador, allegó memorial de 24 de abril de 2017.

Posteriormente, el Despacho Sustanciador, de conformidad con los hechos y argumentos expuestos, tanto en la demanda de amparo como en el escrito de aclaración a la tutela, profirió auto de 20 de agosto de 2017 en el que admitió la acción de constitucional interpuesta por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL únicamente: “…contra las providencias de la Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015 y el auto de 9 de junio de 2016, que resolvieron la acción de tutela número 11001031500020150829-01…” y la rechazó “…contra las providencias judiciales proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado nro. S-404 de 1996, por la Sección Tercera de esta misma Corporación en el proceso nro. 6976 de 1999 y en el recurso de súplica en el proceso nro. 100103150002000006976-00 de 2012”, toda vez que estos fallos ya fueron estudiados por la Sección Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, al resolver la acción de tutela interpuesta por el actor, en el marco del proceso número 11001-03-15-000-2015-01829-01 que culminó con la sentencia de 26 de noviembre de 2015.

En consecuencia, la Sala deberá decidir la acción de tutela interpuesta por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, en contra de del CONSEJO DE , por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada, con ocasión de las providencias proferidas por el Consejo de Estado dentro de la acción de tutela radicada con el nro. 11001031500020150829-01 a saber: i) la sentencia de tutela de 26 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Cuarta, mediante cual denegó por improcedente la acción constitucional al no cumplir con el requisito general de procedibilidad referente a la inmediatez y, ii) el auto de 9 de junio de 2016, proferido por la señora Magistrada integrante de la Sección Quinta, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, mediante el cual rechazó la impugnación contra la sentencia de 26 de noviembre de 2015, dictada por la Sección Cuarta, por haber sido presentada en forma extemporánea.

II.- LA SOLICITUD DE TUTELA

Dado que la presente solicitud de tutela se admitió exclusivamente en contra de: i) la sentencia de tutela de 26 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la que se denegó por improcedente la acción de tutela por falta del requisito general de procedibilidad de inmediatez; y ii) del auto de 9 de junio de 2016, proferido por la señora Magistrada integrante de la Sección Quinta, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, mediante el cual se rechazó la impugnación contra la anterior providencia por haber sido presentada en forma extemporánea, la Sala observará los hechos que enmarcar la supuesta violación de los derechos fundamentales del accionado, respecto de las providencias anteriormente descritas.

II.1 Hechos probados

1º: El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL presentó demanda de tutela el 6 de julio de 2015 ante los Juzgados Civiles y de Familia del Circuito de Bogotá, correspondiéndole por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá.

2º: El Juzgado Quito Civil del Circuito de Bogotá, en providencia de 8 de julio de 2015, ordenó remitir la demanda de tutela promovida por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL al Consejo de Estado, considerando lo siguiente:

“[…]Dentro de los hechos se indica, que la sentencia del 13 de septiembre de 1999, de la Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativo del Consejo de Estado (expediente No. 6976), declaró la nulidad de las escrituras públicas 5565, 5576, 5577, 5578, 5579, 5590 y 6227 de 1971 de la Notaria 7ª del Círculo de Bogotá, por las cuales se protocolizó la trasferencia del dominio del suelo y del subsuelo, a comuneros del citado predio, además, declaró la invalidez de los contratos 15, 15A, 16 16ª. Que en otra sentencia del 29 de octubre de 1996, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, declaró parcialmente nulas las Resoluciones Nos 1181 de 1940 y 113 de 1971, proferidas por el señor presidente de la República, en cuanto a la cesión del subsuelo de los terrenos, conocidos como SANTIAGO DE LAS ATALAYAS y PUEBLO VIEJO DE CUSIANA.
“[…]Dentro de los supuestos fácticos y argumentación jurídica (sic) la queja promovida, se cuestionan las decisiones de la jurisdicción contenciosa administrativa, tanto de la Sección Tercera, como de la Sala Plena del Consejo de Estado, pues en el sentir del pretenso tutelante, con las nulidades declaradas también se configura la expropiación sin indemnización, vulnerándose los derechos consagrados en los artículos 29 y 58 de la Constitución Nacional, en la medida que el actor insiste en que tiene la propiedad al menos de parte del suelo de los predios SANTIAGO DE LAS ATALAYAS y PUEBLO VIEJO DE CUSIANA[…]”.
“[…] esta Agencia Judicial considera que la presente demanda de tutela tiene que ver con decisiones judiciales que ha tomado el honorable Consejo de Estado, en contra de los cuales se endereza la presente acción de tutela.
“Considerándose por este Juzgado que la Citada Corporación es parte accionada, habiéndose remitir allí la demanda para su conocimiento […]” (subrayas y negrilla fuera de texto)

3º: En consecuencia el proceso fue remitido y recibido en el Consejo de Estado el 10 de julio de 2015.

4º: El expediente de la acción de tutela fue repartido a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual resolvió la solicitud de tutela, mediante la sentencia de 26 de noviembre de 2015, denegando por improcedente el amparo solicitado por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL al no cumplir con el requisito general de procedibilidad de la acción de tutela referente a la inmediatez, motivando dicha decisión de la siguiente manera:

“[…]Recientemente, la Sala Plena de esta Corporación estableció que 6 meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, es un término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales oportunamente, en consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. […]”
“[…]
“[…]En el caso concreto, el señor Luis Enrique Martínez Villamil alegó que la Sala Plena y la Sección Tercera del Consejo de Estado desconocieron el principio de cosa juzgada y, de contera, vulneraron su derecho de propiedad sobre los predios denominados Santiago de Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana. En concreto, cuestiona las siguientes decisiones judiciales:

[…] Sentencia del 29 de octubre de 1996, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado, que declaró parcialmente nulas las Resoluciones 1181 de 1940 y 113 de 1997, “en cuanto autorizan la cesión del cuarenta y cinco por ciento (45%) proindiviso del subsuelo de los terrenos conocidos como Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana, para pagarle al general Jorge Martínez Landínez, a sus herederos, cesionarios y causahabientes, los derechos resultantes del contrato de denuncia de bien oculto suscrito por aquél con la Nación, el 22 de diciembre de 1.920”.

Sentencia del 13 de septiembre de 1999, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, que decidió estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de octubre de 1996, respecto de la nulidad de la Resolución No. 113 de 1971, y (I) declaró la nulidad de las escrituras números 5.565 del 16 de septiembre de 1971, 5.576, 5577, 5578, 5579 y 5.590 del 17 de septiembre de 1971, y 6227 de 19 de octubre de 1971, otorgadas ante la Notaría 7ª del Círculo de Bogotá, en cuanto estaban dirigidas a transferir el dominio del subsuelo de los predios denominados Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana; (II) declaró de oficio la nulidad, por objeto ilícito, de los contratos 15, 15 A, 16 y 16 A, celebrados entre Ecopetrol y los comuneros de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana, “en cuanto se relacionan con el subsuelo de los predios allí señalados”, y (III) ordenó a los comuneros que restituyeran a Ecopetrol el dinero que recibieron en virtud de los contratos mencionados.

En ese orden, la Sala determinará si la acción de tutela interpuesta por el actor se presentó oportunamente.

3.1. Del requisito de inmediatez frente a la sentencia del 29 de octubre de 1996, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado

En el expediente está probado que la sentencia del 29 de octubre de 1996 fue notificada mediante edicto desfijado el 9 de diciembre de 1996. También se acreditó que la acción de tutela de la referencia fue presentada el 6 de julio de 2015. Lo anterior demuestra que la solicitud de amparo se presentó después de más de 18 años, lo que, sin duda, desconoce el requisito de inmediatez que rige la acción de tutela.

La Sala no advierte ni el actor alega que existan circunstancias de tiempo, modo y lugar que le hubiesen impedido ejercer la acción de tutela en tiempo. Todo lo contrario, no cabe duda que desde que se notificó la providencia del 29 de octubre de 1996, el demandante pudo advertir la vulneración que ahora alega y, por lo tanto, la tutela debió presentarla tan pronto tuvo conocimiento de esa decisión.

La falta de inmediatez en la tutela también desvirtúa la vulneración grave de derechos a la que alude el demandante, pues lo lógico era que ejercieran la acción de tutela en un término razonable y no esperar 18 años para buscar la protección de esos derechos. Es decir, “la larga espera para acudir ante el juez constitucional desvirtúa la necesidad de garantizar los derechos fundamentales por vía de tutela, por la inactividad, negligencia o indiferencia de quienes debieron buscar en tiempo la defensa de sus derechos y no lo hicieron”.

En conclusión, la acción de tutela interpuesta contra la sentencia del 29 de octubre de 1996 no cumple el requisito de inmediatez y, por lo tanto, no es posible realizar un estudio de fondo frente a esa decisión.

3.2. Del requisito de inmediatez frente a la sentencia del 13 de septiembre de 1999, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado

Frente a la sentencia del 13 de septiembre de 1999, el actor alegó que la acción de tutela sí cumple el requisito de inmediatez porque “mediante diferentes acciones jurídicas, como la interposición del Recurso de Súplica, con fallo desfavorable del Consejo de Estado, en diciembre de 2012, negando todas las pretensiones y mediante acción de tutela, contra las sentencias del Consejo de Estado, proceso 11001031500020130116301 con fallo desfavorable en octubre de 2014, en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, quedaron en firme las sentencias proferidas por esa institución en el fallo de Sala Plena de 1.996 y el fallo de la Sección Tercera en 1.999”. También alegó que se trata de un daño continuado, toda vez que “el daño ocasionado por la expropiación y el derecho a la indemnización no ha sido reparado al igual que los daños ocasionados por el desconocimiento de los contratos y de los derechos a las compensaciones derivadas de la propiedad del suelo, se siguen produciendo y presentando”.

Sobre el particular, la Sala debe precisar que el hecho de que contra la sentencia del 13 de septiembre de 1999 se hubiese interpuesto recurso extraordinario de súplica, no desvirtúa ni justifica la presentación tardía de la acción de tutela, pues lo cierto es que para determinar la oportunidad de la solicitud de amparo debe tenerse en cuenta el momento en que se notificó la providencia cuestionada, habida cuenta de que esa es la forma en que las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales.

Y si bien en el sistema de gestión judicial no aparecen registradas las actuaciones adelantadas en el expediente 11001-03-26-000-1996-06976-00 y la Sala no cuenta con dicho expediente para saber con precisión la fecha en que se notificó la sentencia del 13 de septiembre de 1999, lo cierto es que, en este caso, basta con conocer la fecha en que se profirió la sentencia acusada (año 1999) y la fecha en que se interpuso la acción de tutela (año 2015) para concluir que no se cumple el requisito de inmediatez, toda vez que han transcurrido más de 16 años.

Incluso, de aceptarse que para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción de tutela debe tenerse en cuenta la notificación de la providencia que resolvió el recurso de súplica interpuesto contra la sentencia del 13 de septiembre de 1999, la solicitud de amparo tampoco cumple el requisito de inmediatez, si se tiene en cuenta que, conforme con la información del sistema de gestión judicial, la sentencia que resolvió los recursos de súplica se notificó mediante edicto desfijado el 23 de enero de 2013. La demanda de tutela, por su parte, se presentó el 6 de julio de 2015, esto es, después de dos años, término que, sin duda, desconoce el requisito de inmediatez.

En cuanto al argumento de que se trata de un daño continuado y que, por consiguiente, se cumple con el requisito de inmediatez, la Sala debe decir que es cierto que existen casos en los que la violación o amenaza no se concreta en un solo hecho, sino que son varios los hechos que la configuran y, por ende, la vulneración se extiende en el tiempo, es continua. Incluso, puede ocurrir que el paso del tiempo agrave la violación y que, por tanto, la intervención del juez sea, con mayor razón, urgente e improrrogable.

No siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía. Pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Esto es, la violación sigue existiendo y, por tanto, debe aceptarse la procedencia de la acción de tutela, así el hecho inicial hubiese ocurrido hace mucho tiempo.

Sin embargo, en el caso concreto, la Sala no encuentra que la supuesta vulneración alegada por el actor sea continua, permanente en el tiempo. En realidad, la presunta violación del derecho a la propiedad surgió con la expedición de la sentencia acusada y, por lo tanto, la acción de tutela debió presentarse tan pronto se tuvo conocimiento de la vulneración o amenaza del derecho fundamental, es decir, tan pronto conoció la decisión controvertida. Empero, el demandante esperó más de 16 años para presentar la solicitud de amparo y, por lo tanto, la solicitud de amparo es improcedente[…]”.

6º: El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, el 9 diciembre de 2015, presentó solicitud de nulidad de las actuaciones llevadas a cabo dentro de la acción de tutela radicada con el número 11001-03-15-000-2015-01829-00 incluyendo la sentencia, por supuestos impedimentos de los magistrados que intervinieron en el proceso.

7º: La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 7 de abril 16 de 2016, denegó la nulidad procesal alegada.

8º: El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, el 25 de abril de 2016 presentó impugnación contra el fallo de 26 de noviembre de 2015.

9º: El trámite de la impugnación fue repartido el 19 de mayo de 2016, correspondiéndole a la señora Magistrada LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, por auto de 9 de junio de 2016, decidió “[…] RECHAZAR, por extemporánea, la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 26 de noviembre de 2015[…]”, motivando esta decisión de la siguiente manera:

“[…] Así las cosas, resulta evidente que en el presente caso la impugnación presentada por el actor deviene extemporánea, porque pretende revocar el fallo de 26 de noviembre de 2015, que se notificó el 3 de diciembre de 2015 y el recurso de apelación solo se interpuso hasta el 25 de abril de 2016, lapso que supera de manera considerable el término legalmente dispuesto para esta actuación.
Conviene precisar, como antes se explicó, que la parte actora en la oportunidad debida contrario a impugnar el fallo del a quo solicitó la nulidad del mismo, situación que no obsta para que en este término mediante escrito separado o como petición subsidiaria hubiere solicitado que se revocara la decisión adoptada, lo que no ocurrió.
Tampoco resultaría plausible afirmar que el término para impugnar la sentencia debe contabilizarse luego de notificado el auto que resolvió la nulidad deprecada, primero, porque esto contradeciría el contenido del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, antes transcrito, segundo, porque pasada esta oportunidad procesal el fallo queda ejecutoriado y, finalmente, en razón de que las nulidades se tramitan como incidentes y de conformidad con el inciso cuarto del artículo 129 del C.G. del P., “los incidentes no suspenden el curso de proceso[…]”.
“[…]En conclusión la impugnación de la parte actora, contra la sentencia de primera instancia, se presentó fuera del término legalmente establecido, situación que genera el rechazo de su recurso y que el expediente sea remitido a la Corte Constitucional[…] ”.

10º: El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, por escrito de 16 de junio de 2016, solicitó que la decisión que declaró extemporánea la impugnación fuera revocada.

11º: La Magistrada sustanciadora doctor Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, por auto de 29 de junio de 2016, consideró:

“[…] Así las cosas, correspondería pronunciarse sobre la petición del actor, sin embargo, de conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992 “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto”, ahora Código General del Proceso, codificación que en su artículo 331 prevé que contra la decisión que resuelve sobre la admisión de la apelación procede el recurso de súplica y corresponderá su resolución al “magistrado que sigue en turno al que dicto la providencia”.
En consecuencia, resulta claro que la suscrita ponente carece de competencia para pronunciarse respecto de la solicitud de revocatoria presentada por el actor; por lo tanto, se ordena a la Secretaría General de esta Corporación que REMITA, inmediatamente, el expediente al magistrado de esta Sección, que siga en turno, para que profiera la decisión que en derecho corresponda […]. (Subraya y negrilla fuera de texto)

12º: En obedecimiento al anterior auto, el expediente fue enviado el 6 de julio de 2016 al Despacho del señor Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, quien por auto de 11 de julio de 2016, rechazó por improcedente el recurso de súplica contra el auto de 9 de junio de 2016, considerando:

“En relación con la procedencia de recursos contra el auto que rechaza la impugnación, la Corte Constitucional, en la misma providencia citada anteriormente, [] recalcó que “(…) frente al auto que niega la impugnación de un fallo de tutela no procede ningún recurso (…)”.
Ahora bien, en el presente caso la parte actora impugnó el auto de junio nueve (9) de dos mil dieciséis (2016), proferido por la consejera de Estado Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, a través del cual rechazó por extemporánea la impugnación contra fallo de primera instancia, emitido por la Sección Cuarta de esta Corporación.
Si bien la consejera ponente ordenó dar trámite de súplica a este recurso, se advierte que conforme a lo consagrado en el Decreto 2591 de 1991, y, en atención a que por vía jurisprudencial no se ha reconocido la procedencia de los recursos contra el auto que rechace la impugnación contra la sentencia de primera instancia, dicho mecanismo procesal resulta improcedente”.

13º: El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, por escrito de 14 de julio de 2016, manifestó: “rechazó totalmente el fallo de súplica”, e insistió en que se presentó la impugnación en término y expuso, además, que la Magistrada doctora Jucy Jeannette Bermúdez Bermúdez estaba impedida “[…] para estudiar esta tutela por haber participado como ponente en el fallo de tutela de mi sobrino, Sr. Enrique Martínez Afanador[…]”.

14º: La Consejera doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, por auto de 22 de julio de 2016 decidió “RECHAZAR la petición el tutelante mediante la que pretende cuestionar el auto que resolvió el recurso de súplica” además, dentro de esta providencia la Consejera consideró:

“[…] Frente a la presunta inhabilidad, lo primero que debo advertir es que, esta petición ya se realizó en el curso de la presente tutela, el 4 de diciembre de 2015, en la que el actor incluyó, también, a todos los integrantes de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
La anterior solicitud, fue resuelta mediante en providencia de 7 de abril de 2016, en la que el a quo preciso que “…la Sala debe decir que es cierto que la Sección Cuarta del Consejo de Estado conoció la actuación de tutela interpuesta por el señor Luis Enrique Martínez Afanador en la que también se cuestionaban las sentencias de 29 de octubre de 1996, del 13 de septiembre de 1999 y adicionalmente, el fallo del 12 de diciembre de 2012, pero a juicio de la Sala, esto no significa que se hubiese configurado un impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, pues la Sección Cuarta del Consejo de Estado no dictó las providencias objeto de revisión ni mucho menos participó en los procesos que dieron origen a las sentencias aquí acusadas”.

Por las mismas razones que expuso la Sección Cuarta, antes transcritas, considero que no debí manifestar mi impedimento para conocer de la presente tutela pues es lo cierto que no participé en la discusión y menos suscribí las sentencias de 29 de octubre de 1996 de la Sala Plena del Consejo de Estado y de 13 de septiembre de 1999 de la Sección Tercera de la misma Corporación judicial, que cuestiona el tutelante porque presuntamente vulneran sus derechos fundamentales[…]”.

II.2. Argumentos de la presente acción de tutela

En el escrito el accionante indica:

“[…] A raíz de la aceptación de la demanda por el NO del Plebiscito del pasado octubre de 2016, por parte de la Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, salió a la luz pública y se conoció que su esposo, Dr. Carlos Augusto Galvez Argote, había celebrado con la empresa Ecopetrol S.A. dos (2) contratos, El Primero, Contrato No. 5224751 por $125.000.000, firmado en agosto de 2015 y con una duración de 146 días y el segundo contrato, número 5336945 firmado el 23 de febrero de 2016 y con fecha de terminación el 30 de noviembre de 2016, por valor de $160.000.000.
Así las cosas, la Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, se debió declarar impedida a sabiendas que su esposo tenía contratos con la empresa Ecopetrol S.A y había igualmente fallado en segunda instancia y en contra la tutela que presentó mi sobrino Luis Enrique Martínez Afanador, Rad. 1100-103-15000-2013-01163-01 después de la firma del primer contrato del Dr. Carlos Augusto Galvez Argote, con Ecopetrol S.A Posteriormente y durante el fallo de segunda instancia de la tutela presentada por el suscrito Rad. 1100-103-15000- 2015-0182901 que igualmente le correspondió a la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, su esposo, el Dr. Carlos Augusto Galvez Argote, tenía en ejecución el segundo contrato celebrado con la empresa Ecopetrol S.A.
Por consiguiente, la Consejera en una actitud deshonesta, incurrió en prevaricato por omisión, violando el artículo 39 del decreto 2591/91 que establece que los impedimentos en las acciones de tutela de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del decreto 2591/91, se rigen por las causales del Código de Procedimiento Penal:
“Artículo 39- Recusación: En ningún caso será procedente la recusación. El Juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El Juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso”.
Y el artículo 56 de la Ley 906 de 2004 dice
“Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguineidad o civil o segundo grado de afinidad tenga interés en la actuación procesal”
De otro lado, presuntamente, la empresa Ecopetrol S.A. y el Dr. Carlos Augusto Galvez Argote, en calidad de cónyuge de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez, incurrieron en el delito de cohecho, al celebrar el primer contrato después del fallo de tutela presentada por mi sobrino Luis Enrique Martínez Afanador, Rad. 1100-103-15000-2013-01163-00 en la cual también estaba demandada la empresa Ecopetrol y firmar el segundo contrato durante el fallo de segunda instancia de la tutela presentada por el suscrito.
Independientemente del objeto que tengan los contratos que haya celebrado la empresa Ecopetrol S.A con el Dr. Carlos Augusto Galvez Argote, no se podían celebrar ningún tipo de contratos mientras la Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, tenía a su cargo el estudio de las mencionadas tutelas.
También llama la atención que en las dos tutelas presentadas le haya correspondido a la misma Consejera el fallo de segunda instancia.
Estos hechos los denuncié ante la Fiscalía General de la Nación, para que inicie las investigaciones del caso, porque obviamente afectaron nuestros derechos.
Por lo anterior, la Consejera violó el debido proceso y los principios de independencia e imparcialidad que rigen las decisiones judiciales y pido al Consejo de Estado, declarar la nulidad y la revocatoria de todo lo actuado en las acciones de Tutela presentadas y estudiar la presente tutela […]”.

Además, dedica la mayor parte de su argumentación a controvertir las decisiones de 29 de octubre de 1996 de la Sala Plena del Consejo de Estado y de 13 de septiembre de 1999 de la Sección Tercera de esta misma Corporación, que, como ya se advirtió no será objeto de la presente acción de tutela.

Por otra parte, se refiere al requisito de la inmediatez como un intento de refutar la decisión contenida en el fallo cuestionado con la presente acción de 26 de noviembre de 2015, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado indicando que:

“[…] la inmediatez no opera en este caso porque existe una CLARA Y GRAVÍSIMA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, por cuanto todos los fallos del Consejo de Estado están fundamentados en fraude procesal y fraude a resolución judicial” y que “Tampoco opera el criterio de inmediatez establecido en el Decreto 2591/91, en este caso, por cuanto existe una gravísima violación al derecho fundamental del debido proceso y a la propiedad que es continua, persiste en el tiempo y en el espacio y el daño no ha cesado, por cuanto la Sala Plena del Consejo desconoció las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo en la misma sentencia declaró la nulidad parcial de las Resoluciones Ejecutivas 1.181 de 1.940 y 113 de 1.971, que estaban fundamentadas en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que daban cumplimiento a lo ordenado en estas sentencias. El Ponente de la sentencia, indujo a la Sala Plena a desconocer las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 1.927 y 1939, debidamente, ejecutoriadas, que son cosa juzgada, que conservan su validez jurídica y los atributos de inmutabilidad, ininpugnabilidad que les otorga la ley y son de obligatorio cumplimiento. Al desconocer las sentencias de la Corte Suprema de Justicia por motivos tácticos y jurídicos la Sala Plena incurrió en fraude procesal y en fraude a resolución judicial, pues, el Ponente de la Sala Plena, no demostró que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia tenían aspectos ¡lícitos o un objeto ilícito constitucional y por lo tanto no podía declarar su nulidad, ni parcial ni absoluta, lo que quiere decir en otras palabras que las sentencias de la Corte Suprema de 1.927 y 1.939, están vigentes conservan toda su validez jurídica, y que los derechos de propiedad privada de los terrenos de Santiago de las Atalayas y Pueblo viejo del Cusiana, quedaron definitivamente reconocidos en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.[…]”

III.- TRÁMITE DE LA TUTELA

El despacho sustanciador por auto de 20 de agosto de 2017, resolvió:

“Primero.- Admitir la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Enrique Martínez Villamil contra las providencias de la Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015 y el auto de 9 de junio de 2016, que resolvieron la acción de tutela número 1100-103-15000-2015-01829-01, por las razones anteriormente expuestas.

Segundo.- Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Enrique Martínez Villamil contra las providencias judiciales proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado nro. S-404 de 1996, por la Sección Tercera de esta misma Corporación en el proceso nro. 6976 de 1999 y en el recurso de súplica en el proceso nro. 100-103-15000-20000-06976-00 de 2012, por las razones anteriormente expuestas”

Por lo anterior dispuso notificar a los magistrados de las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado y se les concedió un término de tres (2) días para que rindieran informe sobre las pretensiones de la solicitud de amparo.

Igualmente vinculó al Ministro de Minas y Energía, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Gerente de Ecopetrol S.A., en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de tres (3) para rendir informe y allegar los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.

El Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, mediante escrito radicado el 24 de octubre, solicitó a la Sala analizar si se encuentra incurso en alguna de las causales de impedimento establecidas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que su cónyuge, se desempeña como Jefe de la Unidad de Entorno de la Vicepresidencia Jurídica de la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL, y, además, porque es beneficiario del sistema de salud de la misma entidad

La Sala, mediante auto de 1º de diciembre, declaró infundado el impedimento manifestado por el doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, al considerar que la pertenecía de su cónyuge a la planta de personal de ECOPETROL, como en este caso, nada tiene que ver con el fondo del asunto planteado.

III.1. INFORMES DE LAS PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

• La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por intermedio de la Magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, como encargada del Despacho que dictó la sentencia de 26 de noviembre de 2015, objeto de tutela, indicó que la presente acción no cumple con el requisito inmediatez que debe acreditarse cuando se cuestionan decisiones dictadas en otro proceso de amparo, pues se trata de una causal general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Refirió que en el sub lite, la solicitud de amparo carece del requisito de inmediatez porque la sentencia de tutela del 26 de noviembre de 2015 se notificó el 3 de diciembre de 2015, mientras que la demanda de tutela fue presentada el 23 de marzo de 2017; es decir, el demandante dejó transcurrir un año y 4 meses para solicitar la protección de los derechos al debido proceso y a la propiedad presuntamente vulnerados por la providencia de tutela dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, circunstancia que desconoce el requisito de inmediatez.

Por lo anterior, estima que debe declararse improcedente el amparo solicitado por el señor Luis Enrique Martínez Villamil.

• La Magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez indica que la presente acción de tutela es improcedente por la falta de requisito de inmediatez pues la última decisión que se pide dejar sin efecto se notificó en junio de 2016, mientras que la demanda constitucional solo la presentó hasta marzo de 2017, lapso que supera lo establecido por el Consejo de Estado, para que el actor promoviera la defensa de sus derechos fundamentales.

Igualmente manifiesta que deviene en improcedente la acción porque pretende rebatir decisiones proferidas en sede de tutela que no fueron dictadas de manera fraudulentas, debido a que dichas decisiones tienen el debido sustento fáctico y probatorio.

Adicionalmente indica que el accionante no cumplió con la carga de enervar en debida forma y con el correspondiente sustento los defectos que, en su criterio, padecen las providencias judiciales que pretende dejar sin efectos, pues la totalidad de su carga argumentativa se dirige a cuestionar las decisiones dictadas en el proceso ordinario, por lo que es claro que no existe reparo alguno contra el trámite de la tutela radicada con el número 11001-03-15-000-2015-01829-01, razón por la cual carece de vocación de prosperidad sus pretensiones constitucionales.

Respecto del posible impedimento en el que pudiera estar incursa, debido a que el accionante indicó que, “[…] su esposo [el de la consejera] habría celebrado contratos con Ecopetrol, siendo esta última una de las partes demandadas en la acción de tutela[…]”, manifiesta que la acción constitucional radicada con el número 11001-03-15-000-2015-01829-01 pretendía dejar sin efectos las sentencias de 29 de octubre de 1996 y de la Sala Plena del Consejo de Estado y de 13 de septiembre de 1999 de la Sección Tercera de la misma Corporación Judicial, destacando que la tutela no se dirigía contra ECOPETROL, además, precisa que a pesar de que los fallos ordinarios si resolvieron un pleito jurídico del que hacia parte dicha sociedad, no debió manifestar su impedimento para conocer de la tutela porque no participó en la discusión ni suscribió las sentencias tuteladas.

Añade la señora Consejera, que no debió manifestar su impedimento en los términos que refiere el tutelante, con fundamento en los presuntos contratos suscritos por su cónyuge, primero, porque la tutela que conoció no se dirigía contra ECOPETROL, y segundo, porque no es cierto que tenga interés directo que la obligara a separarse de su conocimiento pues, como bien lo anota el actor, se trata de un vínculo contractual que no la involucra ni la obliga en medida alguna y del cual no le asiste interés, mucho menos en el presente caso que el tutelante en el proceso ordinario intentó cuestionar actos administrativos y actuaciones que datan de 1941 y 1971.

Advierte que se trata solo de otro intento del actor para desgastar el aparato de justicia y un claro abuso del derecho, pues refiere a un presunto interés directo de la Consejera sin ni siquiera mencionar los objetos de los contratos a que alude y como podría afectar su imparcialidad al momento de decidir la acción de tutela que procuraba dejar sin efectos decisiones judiciales, la que dicho sea de paso, era improcedente por faltar el requisito de inmediatez como lo concluyó la Sección Cuarta de esta Corporación.

Además, destaca que en la acción de tutela no dictó decisión de fondo ni se pronunció respecto de los fundamentos de su demanda, en virtud de la extemporaneidad de su impugnación, lo que le conllevó a su rechazo.

Concluye poniendo de presente que con posterioridad a la decisión que adoptó en el proceso que pretendía la nulidad del resultado del Plebiscito por la Paz, que se votó en octubre de 2016, a su esposo le dieron por terminados los contratos que suscribió con ECOPETROL, siendo esta razón adicional para concluir que no le asiste interés alguno en las actividades o en los procesos judiciales en que dicha sociedad sea parte.

• El Ministerio de Minas y Energía, por intermedio de apoderada, indicó que esa entidad no tiene la potestad de satisfacer las pretensiones del actor por lo que no hay lugar a tenerse al Ministerio de Minas y Energía como responsable de una eventual indemnización al actor por hechos que han sido desplegados por entidades diferentes, al Ministerio de Minas y Energía.

Además, advirtió que no hay lugar a la procedencia de la acción de tutela contra sentencia que resolvió igual acción constitucional, por lo que solicita sea declarada improcedente la presente acción.

• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por intermedio de apoderada, indicó que del escrito de tutela no se evidencia causa o hecho respecto de los cuales el Ministerio de Hacienda deba responder, pues el asunto está referido al trámite desplegado u omitido por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, en el ejercicio pleno de las competencias a ellos atribuidas.

Manifiesta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no está legitimado para cuestionar si fueron o no ajustados a derecho, los pronunciamientos que emitieran las referidas salas del Consejo de Estado; toda vez que constitucional y legalmente no está atribuida a esta Cartera Ministerial, competencia para señalar si las afirmaciones y juicios emitidos por el tutelante están o no ajustadas a la verdad procesal.

• La Empresa Colombiana de Petróleos, en adelante -ECOPETROL, por intermedio de apoderada, manifiesta que esa entidad no incurrió en el delito de cohecho por haber contratado al doctor Carlos Gálvez Argote, su contratación obedeció a la necesidad de la compañía de tener asesorías en casos penales del alto impacto. Los servicios que prestó el doctor Gálvez a ECOPETROL S.A. nunca han tenido relación ni directa ni indirectamente con los procesos judiciales de “Los Comuneros de Santiago de las Atalayas”, así como tampoco su contratación obedeció a que su cónyuge conociera de la impugnación extemporánea de una acción de tutela, que dentro de la compañía siempre ha sido calificada como de remoto perder, pues con ellas se pretenden dejar sin efectos sentencias judiciales emitidas en 1996 y 1999, esto es, decisiones tomadas hace más de 16 años por la Justicia Colombiana.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) generalidades de la acción de tutela; iii) los problemas jurídicos; iv) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; v) análisis de los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial en el caso concreto; vi) los requisitos especiales de procedibilidad de tutela contra sentencia de tutela; vii) el caso concreto; y viii) conclusiones de la Sala.

IV 1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 58 de 1999, modificado por el artículo 1 del Acuerdo nro. 55 de 2003.

IV. 2. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política define la acción de tutela en el siguiente sentido:

“[…] ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

[…]”.

Conforme con la norma anterior, la acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido vulnerados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados.

Finalmente, se resalta que la acción de tutela procede a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable.

IV.3. El problema jurídico

El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se deben amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada del señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, presuntamente vulnerados por las siguientes providencias: i) la sentencia de tutela de 26 de noviembre de 2015 proferida por la Sección Cuarta, mediante cual denegó por improcedente la acción constitucional al no cumplir con el requisito general de procedibilidad referente a la inmediatez y, ii) el auto de 9 de junio de 2016 proferido por la señora Magistrada integrante de la Sección Quinta, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, mediante el cual rechazó la impugnación contra la sentencia de 26 de noviembre de 2015 proferida por la Sección Cuarta, por haber sido presentada en forma extemporánea.

En primer orden, la Sala analizará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial y, en segundo orden, en caso de encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, la Sala estudiará los argumentos específicos de la solicitud de amparo presentada por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL.

IV. 4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que, por importancia jurídica, fue objeto de estudio de la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, esta Corporación admitió que se debe acometer el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se controviertan providencias judiciales –sin importar la instancia y el órgano que las profiera-, siempre y cuando se alegue la vulneración de derechos fundamentales.

El estudio mencionado deberá observar los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia y los que determina la ley y la propia doctrina judicial.

IV.5. Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisión judicial

Esta Sección adoptó, como parámetros a seguir, los requisitos de procedencia señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 de la Corte Constitucional; sin perjuicio de los demás requisitos que surjan de los pronunciamientos que esta Corporación ha elaborado sobre el tema.

Por lo anterior y con el fin de hacer eficaz la nueva posición jurisprudencial, la Corporación estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales, los siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que no se trate de tutela contra sentencia de tutela.

Además de estas exigencias, la Corte Constitucional precisó que para efectos del estudio de la acción de tutela contra providencia judicial era necesario acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha denominado como las causales concretas que “[…] de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial […]”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedencia, por cuanto resulta necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 110010315000201202201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

IV.5.1. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial en el caso concreto

En el sub lite el actor considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada, con ocasión de las siguientes providencias proferidas por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela radicada con el nro. 11001-03-15-000-2015-0829-00/01: i) la sentencia de tutela de 26 de noviembre de 2015 proferida por la Sección Cuarta, mediante cual denegó por improcedente la acción constitucional al no cumplir con el requisito general de procedibilidad referente a la inmediatez y, ii) el auto de 9 de junio de 2016 proferido por la señora Magistrada integrante de la Sección Quinta, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, mediante el cual rechazó la impugnación contra la sentencia de 26 de noviembre de 2015 proferida por la Sección Cuarta, por haber sido presentada en forma extemporánea.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si las mencionadas autoridades judiciales, quebrantaron los referidos derechos fundamentales de la parte actora, con las providencias cuestionadas.

De conformidad con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala, al examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la presente acción de tutela contra providencias judiciales, de acuerdo con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, encuentra que no se cumple con el requisito de inmediatez.

Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que, para establecer el cumplimiento del presupuesto de inmediatez en las acciones de tutela promovidas contra providencias judiciales, la Sala acogió el criterio plasmado en el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en la Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez, relativo a la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado, en el que, además de reiterar la necesidad de realizar el estudio estricto de cada uno de los requisitos de procedibilidad de las acciones de amparo contra sentencias, determinado por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, se estableció que, en general, el término razonable, era de seis (6) meses contados desde la notificación del proveído que se ataca y la interposición de la acción de tutela.

Así, el término prohijado por la Sala (el de los 6 meses), establece un indicativo del plazo considerado como apropiado para promover la solicitud de amparo al controvertir una providencia judicial, lo que no implica que se constituya en un término fijo, toda vez que éste deberá ser analizado en cada caso particular, teniendo en consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar del actor.

Por ende, para el análisis del requisito de inmediatez como presupuesto de procedibilidad para la acción de tutela contra providencias judiciales, el referido plazo de los seis (6) meses resulta ilustrativo de lo que se considera como razonable; porque éste, además de recoger el criterio establecido como oportuno y adecuado por la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos sobre el tema, permite garantizar un balance entre los diferentes derechos fundamentales en disputa, como lo son el debido proceso, la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Es por lo anterior que la Sala, atendiendo la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el análisis del principio de inmediatez en tutelas contra providencias, debe ser más riguroso, puesto que la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre de manera indefinida.

En igual sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en establecer que el “[…]ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional en cualquier momento, sin límite de tiempo[…]”. Por tanto, para preservar los principios antes referidos, se mantiene el criterio de la Sala, según el cual resulta necesaria la rigurosidad en el estudio del requisito de inmediatez en las tutelas contra providencias judiciales, el cual se reitera en esta oportunidad.

En el sub examine, el actor controvierte la sentencia de 26 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el trámite de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2015-0829-00, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez y el auto de 9 de junio de 2016 proferido por la Magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, con juez constitucional de segunda instancia, por el cual rechaza la impugnación contra la sentencia de 26 de noviembre de 2015 por haberse interpuesto en forma extemporánea.

Es importante precisar que el actor interpuso recurso de súplica contra la providencia de 9 de junio de 2016, el cual que fue decidido por el Magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado doctor, Carlos Enrique Moreno Rubio, mediante auto de 11 de julio 2016, rechazando el recurso de súplica por improcedente; auto que fue notificado el 13 de julio de 2016.

Por su parte, el accionante promovió la acción de amparo de la referencia, el 22 de marzo de 2017, habiendo dejado transcurrir un lapso superior al de ocho (8) meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona; término que resulta desproporcionado para solicitar la protección de los derechos fundamentales que consideran vulnerados, derivados de una providencia judicial.

En tal virtud, el lapso transcurrido entre la providencia controvertida y la presentación de la acción de tutela supera el tiempo razonable para deprecar la protección inmediata de los derechos fundamentales y desnaturaliza el principio de inmediatez que inspira ésta acción.

Ahora bien, comoquiera que el término no es inmutable, debe el juez constitucional analizar, en cada caso, las circunstancias o los motivos alegados para justificar la demora.

El actor hace alusión al requisito de inmediatez, referente a la presente acción de tutela, indicando que la inmediatez no procede porque la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, estaba impedida para conocer de la tutela radicada con el número 11001-03-15-000-2015-0829-00/01.

Respecto de la anterior afirmación, la Sala considera, en primer término, que el hecho de que el actor alegue un impedimento de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez no prescinde del incumplimiento del requisito de la inmediatez, por cuanto ese señalamiento no prueba un hecho relevante que justifique la tardanza en la interposición de la acción por parte del actor, y, en segundo lugar observa la Sala que la señora Magistrada, dentro del auto de 9 de junio de 2016, aplicó objetivamente la norma que establece el término para impugnar el fallo de tutela, sin entrar en ningún momento al fondo del asunto, rechazando por extemporánea la impugnación contra la sentencia de 26 de noviembre de 2015.

Así, en el presente asunto, el señor Martínez Villamil no aduce circunstancia alguna que le hubiere impedido hacer uso del mecanismo constitucional con anterioridad a la fecha en la que efectivamente la ejerció.

En tal virtud, la Sala no encuentra justificada la demora para promover la acción de amparo, puesto que para enervar el término de inmediatez debe alegarse y probarse alguna circunstancia que amerite efectuar tal excepción.

Cabe resaltar que el requisito de inmediatez lo que busca es evitar desnaturalizar la acción de tutela y que ésta se emplee “[…] como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica[…]”, y, para el caso de que ésta se presente en contra de una providencia judicial, no puede ser entendida como un último recurso o tercera instancia de los medios ordinarios de control jurisdiccional.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo que respecta a la acción de tutela contra providencias judiciales, ha indicado que para determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo, el juez constitucional debe tener en cuenta los siguientes factores: “[…] 1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y, 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados […]”. (Surbayado fuera de texto)

La Sala encuentra, entonces, que la parte actora no acredita las circunstancias que le hubieren impedido hacer uso de la acción de amparo con anterioridad, por tanto, considera no acreditado el cumplimiento del requisito de inmediatez, en razón a que el plazo transcurrido entre la providencia cuestionada y la presentación de la acción de amparo, supera el término admitido como razonable y aceptable.

Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente, SU 354 de 2017, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso.

Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela contra la sentencia de sentencia de tutela de 26 de noviembre de 2015 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el auto proferido por la Magistrada integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 9 de junio de 2015. y la sentencia de reemplazo de 15 de diciembre de 2016.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia y en caso que no sea impugnada, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente de tutela identificado con el radicado nro. 11001-03-15-000-2015-01829-00 a la Sección Cuarta de esta Corporación.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folio 1 del expediente tutela nro. 11001031500020170074600
Auto de 20 de abril de 2017 (Folio 40 del expediente de tutela)
Folio 42 del expediente tutela nro. 11001031500020170074600
Folios 175 al 182
Folios 60 a 80 del expediente de tutela nro. 2015-00361-00
Auto de 8 de julio de 2015 (folio 82 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00).

Oficio 3030 del juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá (folio 85 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00).
Reparto de 14 de julio de 2015, al despacho del Magistrado Sustanciador doctor: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (folio 87 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00)
Sentencia de 26 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente doctor: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (folios 175 a 182 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00)
Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014.
Folio 578 ib.
Folio. 75.
Folio. 598 del expediente S-404.
Folio. 80 del expediente de tutela.
Sentencia T 691 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Folio. 63.
Folio 196 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00.
Folio 214 a 217 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00.
Folio 230 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00.
Folio 247 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-01.
Folios 249 a 250 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-01.
Folios 263 a 272 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-01
Folio 277 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-01
Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991.
Folios 278 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00
Folios 279 a 280 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00
Corte Constitucional T-162 de 1997.
Folio 296 del expediente de la tutela número 11001-03-15-000-2015-01829-00
Folios 214 y 217
Folio 100 del expediente de tutela nro. 11001031500020170074600

Folios 107 a 115 del expediente de tutela (Apoderada especial del Ministerio de Minas y Energía, Laura Camila Sepúlveda Martín).
Folios 79 a 82 del expediente de tutela (Apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Carolina Jiménez Bellicia).
Folios 83 a 97 del expediente de tutela (Poder general, Doctora Diana María Ceballos Sánchez).
Reglamento del Consejo de Estado.
Consejo de Estado, Sala Plena, accionante Nery Germania Álvarez Bello, Rad.: 2009-01328, M.P. María Elizabeth García González, el 31 de julio de 2012.
Magistrado Ponente: Doctor Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sobre el término que la Corte Constitucional ha considerado como razonable para interponer una acción de tutela contra providencias judiciales, ver sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-825 de 2007, T-594 de 2008, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009 y T-246 de 2015, entre otras.
Criterio reiterado por la Corte Constitucional en sentencia T-246 de 2015.
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 22 de noviembre de 2012. Acción de Tutela radicación: 2012–00651-01. Actor: Andrés Felipe Gutiérrez Rincón. C.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
Ibídem.
Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada en las Sentencias T-541 de 2006 y T-1009 de 2006, entre otras.
Principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica.
Folio 28 A del expediente de tutela nro. 11001-03-15-000-2015-01829-00
Corte Constitucional. Sentencia T-530 de 2009. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
Ibídem.
Corte Constitucional. Sentencia T-1229 de 2000. M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
M.P.: Iván Humberto Escrucería.

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