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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-00972-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
20 de junio de 2017
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-00972-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 0 Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso invocados por la señora Ana Elvira Rojas de Ospina, conforme a la parte motiva. 2.0

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-00972-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

20 de junio de 2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia de un criterio unificado AUSENCIA DE DEFECTO POR VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN / DEPARTAMENTO DEL TOLIMA / RELIQUIDACIÓN DE PENSION DE JUBILACION DE DOCENTE - Improcedente / ORDENANZA 57 DE 1966 / REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS - Su fijación es atribución del Congreso / FALTA DE COMPETENCIA PARA CREAR Y REGULAR SALARIOS O PRESTACIONES SOCIALES - De las entidades territoriales

En el asunto sub examine, la accionante sostiene que en el fallo objeto de la acción de tutela del epígrafe se desconoce el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual si bien es cierto que la pensión de jubilación se reconoció en virtud de la Ordenanza 57 de 1966, la cual fue anulada, también lo es que ello no le quita el carácter ordinario a dicha mesada, por lo que es procedente su reliquidación, ya que lo que se discute es su reajuste, mas no su reconocimiento. (…) Al respecto, resulta oportuno anotar que el Consejo de Estado, con sentencia de 29 de noviembre de 1993, confirmó la decisión de 13 de diciembre de 1990 del Tribunal Administrativo del Tolima de declarar la nulidad de los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza 57 de 1966, con base en la que se le reconoció la pensión de jubilación a la actora, al estimar que la asamblea departamental del Tolima no era competente para regular prestaciones sociales (…) De la jurisprudencia transcrita se tiene que, como se anotó, el Consejo de Estado ha emitido dos pronunciamientos disímiles frente al asunto materia de controversia: en uno de ellos se niega, al considerar que el origen de la mesada pensional es ilegal, lo que hace improcedente el estudio de su reajuste, y en el otro se accede, en razón a que, pese a la mencionada ilegalidad, se equipara la pensión de jubilación reconocida con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966 a una ordinaria en virtud de la Ley 33 de 1985. Ahora bien, revisado el contenido del fallo proferido el 25 de noviembre de 2016 (…), se observa que se acogen los lineamientos del Consejo de Estado planteados en la sentencia de 7 de junio de 2007, al considerar que «[...] la accionante adquirió su derecho pensional según la Ordenanza 057 de 1966, expedida por la Asamblea Departamental del Tolima, acto que fue declarado nulo por esta Corporación y confirmado por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta que las Asambleas Departamentales no tienen facultades para regular prestaciones sociales. Así las cosas, la pensión reconocida con base en dicha disposición se mantiene por tratarse de un derecho adquirido o lo que se denomina una situación consolidada, pero en lo que atañe con la reliquidación está [sic] no es viable debido al origen ilegal de dicha prestación». En este orden de ideas, se colige que en efecto sobre el referido tema no existe una línea jurisprudencial unánime del Consejo de Estado que imponga a los jueces y tribunales administrativos asumir un rumbo determinado, lo que ha generado que en algunas oportunidades se acceda a la reliquidación de la pensión de jubilación con base en la Ordenanza 57 de 1966, mientras que en otras se niegue, en atención al principio de autonomía judicial. (…) Al respecto, la Sala considera que en el asunto sub examine no se incurrió en la aludida causal, ya que al analizar el presunto desconocimiento del precedente judicial, quedó claro que los accionados no pretermitieron disposición alguna de carácter ius fundamental o aplicaron la ley al margen de los dictados de la Constitución, motivo por el cual, se reitera, el hecho de que acogieran uno de los criterios trazados por el Consejo de Estado frente a la controversia objeto de estudio, el cual no comparte la demandante, no implica per se desconocimiento de garantías superiores.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Acción Tutela

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00972-00 (AC)

Actor: ANA ELVIRA ROJAS DE OSPINA

Demandado: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Ana Elvira Rojas de Ospina contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso.

ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo (ff. 1 a 21). La señora Ana Elvira Rojas de Ospina, a través de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales a los que se hizo referencia, presuntamente vulnerados por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.

Como consecuencia de lo anterior, solicita ] dejar sin efectos la Sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, proferida en [su] contra l, calendada el 21 de noviembre de 2016, dentro del Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIWENTO DEL DERECHO [...] 73001-33-33-004-2015-00168-01 .], que CONFIRMÓ la sentencia preferida [...] por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO [...] DE IBAGUE, en donde se negaron las pretensiones de la demanda relacionadas con la revisión de la reliquidación de [su] pensión ordinaria de jubilación[...]», para que en su lugar los magistrados accionados emitan «l. ] una nueva decisión, en la que [...] aplique[n] el criterio más favorable sobre el tema de los dos (2) existentes en la Sección Segunda del Consejo de Estado; en lo referente a la procedencia de la reliquidación de una pensión de jubilación reconocida con base en la Ordenanza 057/66».

1.2 Hechos. Relata la actora que «[...] por haber reunido los requisitos de la Ordenanza No. 057 de 1966 de la Asamblea Departamental del Tolima, EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA, mediante la Resolución No. 0428 del 23 de agosto de 1978, retroactiva al 01 de junio de [ese año], fecha en la cual adquirió el derecho, le concedió pensión mensual vitalicia de jubilación», reliquidada con Resolución 620 de 18 de junio de 1997, «[...] por retiro definitivo del servicio docente, ] pero sin tenerle en cuenta en el ingreso base de reliquidación pensional, los factores salariales devengados […] en el último año de servicios por lo que solicitó el correspondiente reajuste, el cual se le negó con oficio 1637 de 4 de agosto de 2014; decisión contra la que interpuso recurso de apelación, desatado a través de Resolución 343 de 11 de diciembre de esa anualidad, en el sentido de confirmar el aludido acto administrativo.

Que por lo anterior, acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la reliquidación de su mesada pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios; del citado trámite conoció el Juzgado Cuarto (4.0) Administrativo de Ibagué, que con sentencia de 28 de junio de 2016 negó las pretensiones de la demanda, confirmada el 21 de noviembre siguiente, por el Tribunal Administrativo del Tolima, con fundamento en que dicha prestación tenía origen ilegal, ya que se basó en la Ordenanza 57 de 1966, que fue declarada nula por el Consejo de Estado.
Dice que la providencia censurada desconoce el precedente jurisprudencial trazado por el Consejo de Estado, según el cual si bien es cierto que la pensión de jubilación se reconoció en virtud de la Ordenanza 57 de 1966, que fue anulada posteriormente, también lo es que ello no le quita el carácter ordinario a esa mesada, por lo que es procedente su reliquidación, puesto que lo que se discute es su reajuste, mas no su reconocimiento; asimismo incurre en violación directa de la Constitución Política, toda vez que no aplica el principio de favorabilidad en materia laboral, consagrado en el artículo 53 superior.

TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 17 de mayo de 2017 (ff. 106 y 106 vuelto), el consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez envió a este despacho el expediente para que se decidiera sobre la posible acumulación con el 11001-03-15-000-201700971-00, sin embargo, a pesar de que no existía identidad de partes, se advirtió que gozaban de similar objeto, por lo que en armonía con los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica y en aras de propender por la homogeneidad de decisiones judiciales en casos análogos, con proveído de 22 de los mismos mes y año (ff. 108 y 109), se dispuso asumir el conocimiento de la presente acción, admitirla, notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y vincular a los señores gobernador y directora del fondo territorial de pensiones del Tolima, en los términos previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción (ff. 120 y 120 vuelto), Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima aseveran que «[...] de la solicitud de amparo [...], lo que se evidencia es que existen criterios de interpretación de normas legales disímiles entre e[sle tribunal y [la] accionante, lo cual desecha de plano la vulneración de los derechos fundamentales alegados; en consecuencia, solicit[an] [...] negar las pretensiones, pues, [...] no se incurrió en vía de hecho, ni en error judicial al expedir la decisión que aquí se controvierte; tampoco se hicieron interpretaciones inconstitucionales, ni se avizora una violación directa e inmediata de algún derecho fundamental por falta de aplicación de una disposición, aplicación indebida interpretación errónea, ni existe una carencia de motivación o un desconocimiento del precedente jurisprudencial, ni mucho menos una violación directa de la Constitución y, por el contrario, la decisión se ajustó a la normatividad legal vigente y a lo dispuesto en la jurisprudencia de es[t]a alta corporación».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por la accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 21 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se decidió en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-33-33-004-2015-00168-01 incoado por la tutelante contra el departamento del Tolima — fondo territorial de pensiones, en el sentido de confirmar la providencia del Juzgado Cuarto (4.0) Administrativo de Ibagué, que negó las pretensiones de la demanda; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad y debido proceso invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales…

Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engañó por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos .

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de la actora; (ii) la sentencia controvertida no es susceptible de otro mecanismo de defensa judicial, ya que fue proferida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se identificaron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías constitucionales; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación atacada fue adoptada el 21 de noviembre de 2016 y la solicitud de amparo fue instaurada el 19 de abril de 2017, es decir, dentro de un término prudencial; y (v) el fallo acusado no fue dictado en una acción de tutela.

En razón a que se colman los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, la Sala analizará el fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, alegadas por la demandante.

3.5.1 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe .

Asimismo, en relación con esta última modalidad se han diferenciado los conceptos de antecedente y precedente, así:
28. El precedente judicial es la figura jurídica, que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, al conllevar la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de sus actos, que más que en las disposiciones jurídicas, se encuentra en la interpretación que de ellas se hace . En tal sentido, se concibe como "la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.”

Sin embargo, el precedente no debe identificarse plenamente con la sentencia, sino con la regla que de ella se desprende, aquella decisión judicial que se erige, no como una aplicación del acervo normativo existente, sino como la consolidación de una regla desprendida de aquel y extensible a casos futuros , con identidad jurídica y fáctica.

Con ocasión de la citada definición, y bajo el entendimiento de que "no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto esta Corporación ha hecho una distinción entre lo que se denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto. En las Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013 se ha precisado al respecto que:
"El (...) —antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.

[Entretanto, el] —precedente-[ ] por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
Puede predicarse la existencia de un precedente, en los eventos en los cuales:
"(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente.
la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación
Ahora bien, conforme la entidad frente a la que debe conservarse la univocidad de la decisión, se habla de un precedente horizontal y uno vertica1 . Este último se considera como aquel que se impone en virtud de
las competencias jerárquicas que se desprenden de la organización del aparato de administración de justicia, a causa del cual el sentenciador debe acatar los lineamientos fijados por "las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”

29. De tal forma aquel que puede considerarse precedente para un caso posterior, debe consultar la materia del debate que se ventila y la fuente a la que obedece. Como quiera que la fuente puede ser constitucional y no situarse en el rango legal, es posible considerar que la aplicación del precedente de la jurisdicción ordinaria no resulte suficiente en sede constitucional para integrar todos los elementos de juicio relevantes para un caso concreto.

La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que esta en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción. (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que separarse del precedente fijado en sus propias sentencias', del vertical que implica 'que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.

En palabras de la Corte Constitucional: «La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión "ley", pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía». Cfr, Sentencia C-372 de 2011 tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente

Así, se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en atención a la línea jurisprudencial vertical u horizontal, ya que constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.

Por lo anterior, el precedente es el elemento esencial para verificar si con una decisión judicial se han vulnerado o no los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, toda vez que los jueces deben acoger, en procesos con similares fundamentos fácticos, las directrices impartidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones o apartarse razonadamente de ellas.

En lo atañedero a la posibilidad de apartarse del precedente, la Corte Constitucional ha precisado que es dable siempre que se empleen argumentos jurídicamente razonables y suficientes que protejan en mayor medida el ordenamiento jurídico, en especial las normas constitucionales. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:

32. No obstante lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa.

En el asunto sub examine, la accionante sostiene que en el fallo objeto de la acción de tutela del epígrafe se desconoce el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual si bien es cierto que la pensión de jubilación se reconoció en virtud de la Ordenanza 57 de 1966, la cual fue anulada, también lo es que ello no le quita el carácter ordinario a dicha mesada, por lo que es procedente su reliquidación, ya que lo que se discute es su reajuste, mas no su reconocimiento.

Al respecto, resulta oportuno anotar que el Consejo de Estado, con sentencia de 29 de noviembre de 1993, confirmó la decisión de 13 de diciembre de 1990 del Tribunal Administrativo del Tolima de declarar la nulidad de los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza 57 de 1966, con base en la que se le reconoció la pensión de jubilación a la actora, al estimar que la asamblea departamental del Tolima no era competente para regular prestaciones sociales; no obstante, precisó que . ] el anterior pronunciamiento no afecta pensiones hasta ahora reconocidas».

En relación con el asunto materia de controversia, esta Corporación ha emitido dos criterios, uno plasmado en providencia de 7 de junio de 2007 en los siguientes términos:

Por ser aplicable a este caso, es pertinente transcribir apartes de la sentencia del 29 de noviembre de 1993, Consejero Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna, Expediente # 5579, Actor: Armando Bonilla Triana, que confirmó la sentencia del 13 de diciembre de 1990 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad de los artículos 250., 260., y 27 de la Ordenanza 57 del 30 de noviembre de 1966 expedida por la Asamblea de dicho departamento — Ordenanza en la que la parte actora sustenta en el presente caso sus pedimentos-:
"Ahora bien, estudiando la Sala con más detenimiento la cuestión planteada, surge que cuando la Asamblea del Tolima, el 30 de noviembre de 1966 produjo los artículos 25, 26 y 27 de la Ordenanza 57, en los cuales se establecieron las condiciones para que los maestros del departamento aludido tuvieran derecho a pensión de jubilación, lo hizo en ejercicio de una facultad aparentemente válida, al tenor del art. 97, numeral 4 de la ley 4 de 1913. Sin embargo, ya para ese entonces el artículo 62 de la original Constitución de 1886 reservaba al legislador lo atinente a las pensiones de jubilación; en otras palabras, la reforma constitucional de 1968, no hizo otra cosa que reafirmar, de una manera más clara y precisa dicha atribución para la ley, o sea el Congreso o al presidente de la república extraordinariamente, de lo que se deduce que, constitucionalmente hablando, la Asamblea del Tolima jamás tuvo la facultad de la que hizo uso..."
Conforme a lo expuesto, si la reliquidación de la pensión a la que aspira el demandante tiene su fundamento en lo establecido por la Asamblea del Tolima, y tal acto por ser contrario a la Constitución fue declarado nulo por esta jurisdicción, la petición no puede prosperar. Como ya se indicó, a las asambleas departamentales no les correspondía regular las materias relativas a las prestaciones de los empleados al servicio de los departamentos ni de sus entidades descentralizadas. Por este aspecto las pretensiones de la demanda no podrían prosperar. La demanda en el presente caso fue presentada el 30 de noviembre de 2000, luego de la declaratoria de nulidad de la Ordenanza 57 de 1966.
De las situaciones jurídicas consolidadas
Sobre este aspecto jurídico en particular, debe decir la Sala que el inciso 6 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 no legalizó los actos que crearon prestaciones extralegales para los servidores públicos sino que, se limitó a respetar las situaciones de carácter individual consolidadas.
De otra parte, el artículo 146 de la ley 100 de 1993 dispuso que las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a dicha ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados continuarían vigentes.
Sobre este artículo precisó la Corte Constituciona1 que las únicas situaciones que merecían ser respetadas eran las definidas con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley pues ellas no podían ser desconocidas por norma posterior; agregó, que frente a quienes no habían consolidado el derecho existía nada más que una expectativa que podía ser legítimamente variada por el legislador.
Los efectos de la sentencia C-410/97 avalaron situaciones jurídicas de carácter particular definidas con fundamento en normas territoriales que regularon materia pensional, pero no se extendieron a declarar la legalidad de las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales.

Una es la situación frente al derecho consolidado cuyo respeto debe operar por virtud del artículo 146 de la ley 100 de 1993, y que para el caso concreto corresponde a la pensión de jubilación reconocida a favor del actor mediante la Resolución No. 715 del 28 de febrero de 1989, prestación que de acuerdo con lo certificado por la Secretaria Administrativa de la Gobernación del Tolima, disfruta a cargo del Fondo Territorial de Pensiones del departament0, situación jurídica que no se discute en el presente caso, y otra la que se presenta cuando se invoca un derecho pensional con fundamento en actos declarados nulos por la jurisdicción por cuanto fueron proferidos por entes que carecían de competencia para fijar prestaciones sociales, como ocurre con la solicitud de reliquidación formulada por el demandante luego de la declaratoria de nulidad de la Ordenanza 57 de 1966, y que dio origen a la decisión que se acusa. La disposición ordenanzal que le sirve de sustento a la parte actora — la petición formulada ante la administración en vía gubernativa se fundamenta en la Ordenanza No. 57 de 1966 desapareció del marco jurídico ya que la declaración de nulidad deja sin efectos el acto desde su expedición. Los efectos de la declaración de nulidad se produjeron, como es obvio, a partir de la ejecutoria de la providencia que la declaró pero se extendieron retroactivamente desde el momento mismo del nacimiento del acto a la vida jurídica, vale decir, "ex tunc" (desde entonces), porque la nulidad de los actos administrativos "devuelve las cosas al estado que antes tenían", como reiteradamente y sin rectificación alguna lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado (ver sentencia de 22 de junio de 1955; Anales, Tomo LXI 3 82-386 página 88). En estas condiciones mal podría la Sala reconocer un emolumento con base en una norma que ya fue declarada nula. En otras palabras, la Ordenanza no le sirve al demandante de sustento de su pretensión. La administración en el acto administrativo demandado negó el derecho al peticionario, entre otros, bajo el argumento de que la liquidación pensional se efectuó con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966. El estudio de legalidad del acto conforme a los argumentos que expresa el demandante y que adujo ante la administración, tendientes a que se incluyan en su liquidación todos los sueldos devengados en el último año de servicios, incluidos la prima de navidad y académica, implicaría para la Sala, necesariamente, revisar la decisión acusada a la luz de la disposición ordenanzal que sirvió de sustento al acto de reconocimiento y liquidación de la prestación, disposición que ya ha desaparecido del ordenamiento jurídico, motivo por el cual no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda. Y, por otra parte, en la sentencia de 18 de febrero de 2010, se determinó: La actora fue pensionada al cumplir el requisito "tiempo de servicio" que la Ordenanza 057 de 1966 estableció, pero esta sola circunstancia no le otorga el carácter de especial al derecho pensional que en todo caso está sujeto a las normas que regulan la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, en cuanto a factores que conforman la base liquidatoria. Sobre este punto y como la actora fue pensionaba bajo la vigencia de la Ley 33 de 1985, ha de precisarse que la normatividad aplicable para determinar la base liquidatoria, es la Ley 62 de 1985, frente a la cual no logró demostrar haber percibido además de la asignación básica; las primas de antigüedad, técnica, ascensional, de capacitación, dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna en día de descanso obligatorio.

Por el contrario, acorde con la certificación anexa al expediente y suscrita por la Técnica Administrativa del Fondo Educativo Regional Tolima, la señora Ana Lindelia Valderrama de Rubio percibió en el año anterior al reconocimiento pensional, esto es, 24 de marzo de 1987 a 23 de marzo de 1988, prima de navidad, de alimentación y auxilio de transporte (Fol. 72) los cuales a la luz de la normatividad que le resulta aplicable; no constituyen factor salarial para liquidar el derecho pensional. En un punto a la solicitud de reliquidación de la mesada pensional destaca la Sala que no se comparten los argumentos consignados en la providencia recurrida sobre la imposibilidad de peticionar esta reliquidación y el reajuste del derecho pensional por haberle sido reconocida en virtud de la Ordenanza 057 de 1966 que finalmente fue anulada por la autoridad administrativa, porque, a pesar de que el reconocimiento se dio bajo unos requisitos especiales (los previstos en la referida ordenanza) ello no le resta el carácter de ordinaria a dicha pensión, máxime cuando la petición procura la aplicación de las normas reguladoras de la pensión ordinaria de jubilación. Distinto sería que se solicitara la aplicación del acto departamental que consagró requisitos especiales, pues en este evento, no habría lugar a acceder a ello, por el tantas veces citado argumento, de que solo el Congreso es el autorizado constitucionalmente para fijar el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos.

De la jurisprudencia transcrita se tiene que, como se anotó, el Consejo de Estado ha emitido dos pronunciamientos disímiles frente al asunto materia de controversia: en uno de ellos se niega, al considerar que el origen de la mesada pensional es ilegal, lo que hace improcedente el estudio de su reajuste, y en el otro se accede, en razón a que, pese a la mencionada ilegalidad, se equipara la pensión de jubilación reconocida con fundamento en la Ordenanza 57 de 1966 a una ordinaria en virtud de la Ley 33 de 1985.

Ahora bien, revisado el contenido del fallo proferido el 21 de noviembre de 2016 (ff. 35 a 42), se observa que se acogen los lineamientos del Consejo de Estado planteados en la sentencia de 7 de junio de 2007, al considerar que «[...] la accionante adquirió su derecho pensional según la Ordenanza No. 057 de 1966, expedida por la Asamblea Departamental del Tolima, acto administrativo que fue declarado nulo por es[a] Corporación el 13 de diciembre de 1990, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta que las Asambleas Departamentales no tiene[n] facultades para regular prestaciones sociales, es decir, que las pensiones reconocidas con base en esa disposición no podrán ser desconocidas, ya que se tratan de derechos consolidados; sin embargo, no es posible acceder a la reliquidación de esas mesadas pensionales debido al origen ilegal de dicha prestación».
En este orden de ideas, se colige que en efecto sobre el referido tema no existe una línea jurisprudencial unánime del Consejo de Estado que imponga a los jueces y tribunales administrativos asumir un rumbo determinado, lo que ha generado que en algunas oportunidades se acceda a la reliquidación de la pensión de jubilación con base en la Ordenanza 57 de 1966, mientras que en otras se niegue, en atención al principio de autonomía judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo:
[…] la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el precedente no puede convertirse en una restricción a la autonomía del juez, por ello el juzgador puede apartarse del mismo, siempre y cuando, cumpla con ciertos requisitos: transparencia y suficiencia.

Como se señaló en la parte motiva [...] ante la falta de unidad en la jurisprudencia sobre un determinado tema le corresponde el juez exponer en su providencia la diversidad de criterios y, tomar partida sobre la decisión que interprete mejor el imperio de la ley. En el asunto bajo estudio, si bien el tribunal accionado no hizo explícita la diversidad de criterios, considera la Sala que ello no tiene la entidad ni la trascendencia para constituir una violación del precedente vertical, por cuanto: (i) esbozó de manera integral los argumentos que defienden una de las posiciones que el Consejo de Estado ha adoptado sobre el tema; e (ii) hizo referencia parcial a la diversidad de criterios, en la medida que citó providencias del alto tribunal de lo contencioso administrativo que respaldaban su tesis. Por lo tanto, se concluye que no se configuró la causal por desconocimiento del precedente vertical, en la medida que, el tribunal accionado en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, por medio de una interpretación razonada y justificada, tomó partida de la posición que sostiene una parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado.[…]

Así las cosas, en la sentencia acusada, los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, en virtud de su autonomía, escogieron el pronunciamiento de esta Corporación que estimaron razonable y explicaron los argumentos de su juicio, con lo que cumplieron los correspondientes criterios de suficiencia y transparencia que se exigen para motivar las decisiones judiciales, por lo que no incurren en desconocimiento del precedente judicial.

3.5.2 Violación directa de la Constitución. Este defecto se estructura cuando el juez ordinario adopta una postura que desconoce la Carta Política, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en esta se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin aplicar el principio de interpretación conforme a la Constitución.

En el presente caso, la tutelante alega que los magistrados accionados no aplicaron en el fallo atacado el principio de favorabilidad en materia laboral, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, el cual prevé:

El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. […] [destaca la Sala].

Al respecto, la Sala considera que en el asunto sub judice no se incurrió en la aludida causal, ya que al analizar el presunto desconocimiento del precedente judicial, quedó claro que los accionados no pretermitieron disposición alguna de carácter ius fundamental o aplicaron la ley al margen de los dictados de la Constitución, motivo por el cual, se reitera, el hecho de que acogieran uno de los criterios trazados por el Consejo de Estado frente a la controversia objeto de estudio, el cual no comparte la demandante, no implica per se desconocimiento de garantías superiores.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que la providencia de 21 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, con la cual se decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-33-33-004-2015-00168-01, en el sentido de confirmar la providencia del Juzgado Cuarto (4. 0) Administrativo de Ibagué, que negó las pretensiones allí formuladas, no incurre en las causales específicas de desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución, que dieron pábulo al ejercicio de la presente acción, la Sala negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:
0 Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso invocados por la señora Ana Elvira Rojas de Ospina, conforme a la parte motiva.

2.0 Notifiquese esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3.° Si el fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado: l) 29 de enero de 1992, AC — 009, CP. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 3 1 de enero de 1992, AC — 016, CP. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC — 015, CP. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004,• exp. 2000-10203-01, CP. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-027001, cp. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, CP. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, CP. Rafael E. Ostau De Lafont maneta.
Expediente 11001-03-15-0000009-01328-01. CP. María Elizabeth García González.
Entre Otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, cp. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, cp. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, CP. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, cp. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 20103 exp. 2010-0029300, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, CP. Gerardo Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve.

T-360 de 2014: «[...] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
Ver sentencia T-087 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio y SU-448 de 201 1 M.P. Mauricio González Cuervo.
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 201 1 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 201 1 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la Seguridad Jurídica. lus et Praxis, 2012, vol. 18, no I, p. 249-266.
Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
ARRÁZOLA JARAMILLO, Fernando, La seguridad jurídica ante la obligatoriedad del precedente judicial y la constitucionalización del derecho. Universidad de los Andes. Revista de Derecho Público. 34, 1-28, Enero de 2015. ISSN: 19097778.
Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Sentencia T-714 de 2013.
Sentencia T-794 de 2011.
Sentencias T-360 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Sentencia SU-298 de 2015 Op. Cit. "sin duda, el precedente es una herramienta que cohesiona el sistema judicial porque conecta las decisiones individuales a través de una misma línea argumentativa para la resolución de los mismos asuntos. Conecta las decisiones de un mismo nivel jerárquico con las de los funcionarios superiores. Al respecto se distingue entonces el precedente horizontal que 'supone que, en principio, un juez —individual o colegiado- no puede
Sentencia T-360 de 2014.
En palabras de la Corte Constitucional: «la misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión pues la Constitución se convierte en una verdadera norme jurídica que debe servir como parámetro de control de validez, de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía. Cfr. Sentencia C- 372 de 2011.
Cfr. sentencia T-794 de 201 1, M. P. Jorge Iván Palacio: el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente) […]
Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 7 de marzo de 2013, M.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente: 11001-03-15-000-2013-00131-00 (AC).
Sentencia T-737 de 2015, M, P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sección segunda, subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente: 73001-23-3 1-000-200003669-01 (4016-05),
C-410/97
(fis. 99 y 100)
Véanse los folios 3 a 5 del expediente.
Véase sentencia del 29 de noviembre de 1999 Exp. No. 5579 Actor: Armando Bonilla Triana. Magistrado Ponente: Alvaro Lecompte Luna.
De acuerdo con la Resolución No. 715 del 28 de febrero de 1989, la cuantía de la pensión corresponde al
Sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente: 73001-23-31-000-200402509-01.
Corte Constitucional, sentencia T-354 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
En ese mismo sentido se pronunció esta Corporación en sentencia de 26 de abril de 2017, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente: 11001-03-15-000-2017-00687-00 (AC).

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