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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-01173-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
25 de enero de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-01173-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales constitucionales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social de la señora Ana Cecilia Muñoz Medina. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el día 27 de octubre de 2016 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 19001333100120110034700, promovido por la señora Ana Cecilia Muñoz Medina en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca dictar, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, un nuevo fallo judicial dentro del proceso 190013331001-2011-00347-00, en el que se asigne de forma concurrente el porcentaje de la mesada pensional a que tengan derecho las señoras Maria Isabel Guerrero Puyo y Ana Cecilia Muñoz Medina en sus condiciones de compañera permanente y cónyuge del señor Pablo Emilio Melo Guerrero, de acuerdo con los precedentes judiciales. CUARTO: DEVOLVER el expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho nro.19001-33-31-001-2011-00347-01, allegado en calidad de préstamo al despacho de origen, esto es, al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán. QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: Notificar a las partes e intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-01173-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

25 de enero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / SUSTITUCIÓN PENSIONAL ENTRE CÓNYUGE CON SEPARACIÓN DE HECHO Y COMPAÑERA PERMANENTE

[L]a Sala concluye que la sentencia de 27 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, desconoció el precedente jurisprudencial en materia de sustitución pensional de miembros de las fuerzas militares y de policía, al negarle a la [accionante] el reconocimiento de la cuota que le correspondía en su condición de cónyuge del señor [P] con quien, como se encuentra acreditado en el expediente, mantuvo sociedad conyugal vigente hasta el momento de su deceso. Ahora bien, es necesario precisar que en el sub examine no se afecta lo decidido (…) la Sala evidencia que el Tribunal al momento de dictar el nuevo fallo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no tuvo en cuenta la jurisprudencia de esta Corporación que, en casos similares, en donde concurren los derechos de la compañera permanente y de la cónyuge supérstite separada de hecho pero con sociedad conyugal vigente, hay lugar a amparar el derecho de ambas, asignando a cada una de ellas el porcentaje que les corresponde. En consecuencia, se ampararán los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana de la accionante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el día 27 de octubre de 2016, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 2011-00347, y se ordenará dictar nuevo fallo en el mencionado proceso, en el que se asigne de forma concurrente el porcentaje de la mesada pensional a que tengan derecho la señora [M] y [la accionante], en su condición de compañera permanente y cónyuge del señor [P], respectivamente, de conformidad con la jurisprudencia citada, que responde a la postura actual sobre la materia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01173-00(AC)

Actor: ANA CECILIA MUÑOZ MEDINA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Ana Cecilia Muñoz Medina contra el Tribunal Administrativo del Cauca por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana, con ocasión de la sentencia del 27 de octubre de 2016, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 19001-33-31-001-2011-00347-01, promovido contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

I.- La Solicitud de Tutela

I.1.- Antecedentes

I.1.1.- La señora Ana Cecilia Muñoz Medina indicó que contrajo matrimonio el día 23 de septiembre de 1972 con el señor Pablo Emilio Melo Guerrero, unión que perduró hasta el día 11 de mayo de 2010, fecha en la que falleció su esposo.

I.1.2.- Afirmó que el día 24 de mayo de 2010 presentó solicitud de sustitución pensional ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, entidad que, mediante Resolución 2755 del 19 de agosto de 2010, le negó el reconocimiento con fundamento en que existía una solicitud similar presentada por la señora María Isabel Guerrero Puyo, quien manifestó haber convivido con el señor Melo Guerrero por más de 16 años.

I.1.3.- Adujo que interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, la cual fue confirmada en todas sus partes por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio de la Resolución 4524 del 26 de noviembre de 2010.

I.1.4.- Aseveró que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares concedió la sustitución de la pensión a la señora María Isabel Guerrero Puyo, sin que hubiera probado su condición de compañera permanente.

I.1.5.- Con fundamento en lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 2755 del 19 de agosto de 2010 y 4524 del 26 de noviembre de 2010, proceso con número de radicado 19001-33-31-001-2011-00347-01 del cual conoció el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Popayán, autoridad que mediante sentencia calendada el 21 de julio de 2014, decretó la nulidad de los mencionados actos administrativos y ordenó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconocer y pagar la pensión de sustitución a favor de la accionante, fallo que fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia del 20 de agosto de 2015.

I.1.6.- Indicó que la señora María Isabel Guerrero Puyo, inconforme con las decisiones judiciales, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Popayán y contra el Tribunal Administrativo del Cauca, por la supuesta violación del derecho fundamental al debido proceso con ocasión de las sentencias dictadas en el proceso 2011-00347.

I.1.7.- Dicha acción de tutela fue conocida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que mediante sentencia del 6 de julio de 2016, negó el amparo constitucional deprecado.

I.1.8.- La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la impugnación en sentencia del 15 de septiembre de 2016, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia, para en su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora María Isabel Guerrero Puyo, dejando sin efectos la sentencia del 20 de agosto de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, y ordenándole dictar un nuevo fallo en el que se valoraran los documentos obrantes en el expediente administrativo que dio origen a las Resoluciones 2755 y 4524 de 2010, especialmente los relativos a la manifestación de voluntad del señor Pablo Emilio Melo Guerrero, en las que declara que la señora Guerrero Puyo es su compañera permanente, y a la comunicación de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en relación con dichas manifestaciones.

I.1.9.- En cumplimiento de la orden de tutela contenida en la providencia del 15 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió nueva sentencia el 27 de octubre de 2016, por medio de la cual revocó la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Popayán y negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

I.1.10.- Como consecuencia de lo anterior, la actora interpuso la presente solicitud de amparo en contra del fallo de reemplazo proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca el 27 de octubre de 2016, el cual considera que vulnera sus derechos fundamentales por incurrir en desconocimiento del precedente, formulando las siguientes pretensiones:

“[…] Comedidamente solicito sea atendida la presente tutela, para que NO se configure un perjuicio irremediable, pues soy nacida el 16 de junio de 1949, por tanto cuento en la actualidad con 67 años de edad y no tengo posibilidades de trabajo, se encuentra probado que mis alimentos provenían de mi difunto esposo y el no otorgamiento del beneficio pensional como cónyuge sobreviviente me produce un daño grande en el universo de mis derechos fundamentales, desembocando en un menoscabo o detrimento de mis garantías constitucionales.

Dicha gravedad se reconoce fundada en la importancia que el ordenamiento jurídico les concede a las personas de edad como es mi caso y que están bajo su protección.

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la salud, al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana, a un nivel adecuado de vida, al no reconocerme como esposa del causante la pensión de sobreviviente, a pesar de existir dos sentencias judiciales que así lo determinaban y en consecuencia, negaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a que tengo derecho.

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, se sirva liquidar, reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a que me asiste derecho como esposa legítima de mi esposo PABLO EMILIO MELO GUERRERO, desde el 11 de mayo de 2010, fecha de su fallecimiento, con los correspondientes intereses moratorios o en su defecto la indexación.[…].

I.1.11.- Fundamentó sus pretensiones en la falta de aplicación del artículo 47 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 y en el desconocimiento del precedente, contenido, entre otras providencias, en la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el radicado 2015-00146, en la que se afirmó lo siguiente:

“[…] El cónyuge y el compañero (a) permanente tienen derecho a compartir la pensión, siempre que acrediten el lleno de los requisitos establecidos por el legislador para el efecto […]”.

I.1.12.- Así mismo, citó la sentencia T - 046 de 2016, dictada por la Corte Constitucional, en la que de conformidad con la sentencia C-1035 de 2008, se determinó que si las reclamantes acreditan convivencia simultánea con el causante durante al menos los últimos cinco años de vida, la pensión de sobrevivientes debe ser concedida a ambas en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

II. Trámite de la Tutela

II.1.- Por medio de auto calendado el 22 de mayo de 2017, se admitió la acción de tutela de la referencia, y se ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca; así mismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Ministerio de Defensa Nacional, al Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), a la señora María Isabel Guerrero Puyo y al representante legal de la Agencia Jurídica del Estado.

II.2.- Intervenciones

II.2.1.- Por medio de escrito allegado el día 1º de junio de 2017, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó ser exonerada de cualquier responsabilidad por cuanto sus actuaciones se ajustaron a la ley y a lo ordenado en las providencias judiciales que se han proferido en relación con el asunto de la referencia.

II.2.1.1.- Manifestó que la acción es improcedente por dirigirse contra otra providencia judicial que dio cumplimiento a una sentencia de tutela, sin que la accionante expusiera alguna de las causales señaladas en la sentencia SU-627 del 1º de octubre de 2015 proferida por la Corte Constitucional.

II.2.1.2.- Indicó que no existe ninguna vulneración a los derechos fundamentales alegados por la accionante y la entidad actuó siguiendo el principio de legalidad, dando aplicación al parágrafo 2º del artículo 11 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, norma que dispone lo siguiente:

“[…] PARAGRAFO 2o. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se aplicarán las siguientes reglas:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte […]”. (Negrilla fuera del texto).

II.2.1.3.- Informó que en el expediente obra oficio del día 3 de diciembre de 2007, radicado en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares bajo el número interno de correspondencia 83549 del día 13 de diciembre de 2007, en el cual el señor Pablo Emilio Melo Guerrero manifestó que la señora María Isabel Guerrero Puyo era su compañera permanente desde hacía doce años y solicitó que en caso de fallecimiento le fuera sustituida a ella su pensión de jubilación, petición que reiteró mediante oficio del día 25 de febrero de 2010, con número de radicación interno 17238 del día 5 de marzo del mismo año.

II.2.2.- Por otro lado, la señora María Isabel Guerrero Puyo mediante memorial radicado el día 9 de junio de 2017, en la oficina de correspondencia del Consejo de Estado, solicitó se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia.

II.2.2.1.- Indicó que la accionante al haber sido notificada de la tutela 11001-03-15-000-2016-00642-01, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de segunda instancia, dictada el día 15 de septiembre de 2016, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora María Isabel Guerrero Puyo, debió esgrimir allí sus argumentos, tornándose improcedente la acción de la referencia por cuanto se trata de tutela contra sentencia de tutela.

II.2.2.2.- Así mismo, afirmó que había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional de conformidad con la sentencia SU-1219 de 2001.

II.2.3.- El representante legal de la Agencia Jurídica del Estado guardó silencio.

III.- Consideraciones de la Sala

III.1.- Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, en concordancia con el numeral 6º del artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

III.2.- Requisitos generales de procedibilidad

La Sala encuentra que la presente acción cumple con los requisitos generales que se han establecido para su trámite en razón a que se invoca la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad; se agotaron todos los medios de defensa judicial en el proceso ordinario, esto es, las dos instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; la acción de tutela se incoó dentro del término de seis meses que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han considerado razonable para su presentación; la irregularidad manifestada por el accionante no es de naturaleza procesal, por lo que este requisito es inaplicable y la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

III.3.- Problema jurídico a dilucidar

Teniendo en cuenta la solicitud de la actora y las intervenciones de los demandados, previamente a la decisión que tomará la Sala, se abordará en primer término el análisis del siguiente problema jurídico, teniendo en cuenta que involucra un requisito de procedibilidad de la acción:

III.2.1.- ¿Es improcedente la solicitud de amparo que se presenta en contra del fallo ordinario de reemplazo proferido en cumplimiento de una orden judicial emitida en sede de tutela, por tratarse de una tutela contra tutela?

La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela, es decir que contra el fallo proferido como consecuencia de una acción de amparo no es procedente interponer otra demanda de esa naturaleza, pues el debate podría tornarse ad infinitum, atentando contra el principio de cosa juzgada constitucional.

Lo anterior no significa que no se pueda presentar solicitud de amparo por ninguna providencia proferida durante el trámite de una acción de tutela; es decir, aunque no procede en contra de las sentencias proferidas en esos procesos, sí procede contra actuaciones realizadas en su trámite, pues puede presentarse “contra las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de tutela […]”.

En materia de tutela contra tutela, esa Corporación estableció los siguientes parámetros cuando unificó su postura:

“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional [68].

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. […]”.

Por lo anterior, es pertinente preguntarse si la sentencia de reemplazo que se profiere en el proceso ordinario como consecuencia de un fallo de tutela es una “actuación” que “acaece con posterioridad a la sentencia” con la que “se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia”, en contra de la cual la acción de tutela resulta improcedente.

Para determinar tal punto, la Sala considera pertinente transcribir la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta de esta Corporación el 15 de septiembre de 2016 en el proceso 2016-00642:

“[…] PRIMERO: Revocase la sentencia del 6 de julio de 2016 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, ampárese el derecho fundamental al debido proceso de la señora María Isabel Guerrero Puyo y déjese sin efecto la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 20 de agosto de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ordenase al Tribunal Administrativo del Cauca proferir, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta decisión, un nuevo fallo en el cual se tengan en cuenta los documentos que conforman el expediente administrativo que dio origen a las Resoluciones 2755 y 4524 de 2010, especialmente las manifestaciones de voluntad del señor Pablo Emilio Melo Guerrero y la comunicación de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en relación con dichas comunicaciones. […]”.

Esta decisión se tomó con base en los siguientes argumentos:

“[…] Para resolver la impugnación interpuesta y el problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta los siguientes argumentos:

1. Defecto fáctico

Manifestó la parte actora que las providencias proferidas por el Juzgado Primero de Descongestión de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca incurrieron en un defecto fáctico por cuanto se dejó de valorar pruebas debidamente allegadas al expediente, como fueron los escritos suscritos por el señor Melo Guerrero en el que afirmaba que la señora Guerrero Puyo era su compañera permanente y desde hacía más de 25 años se había separado de la señora Ana Cecilia Muñoz Medina.

Afirmó que los documentos mencionados se encontraban dentro del expediente administrativo allegado al proceso oportunamente, que no fueron tachados de falsos y con estos se demostraba efectivamente: la calidad de compañera permanente de la demandante, la convivencia esta con el señor Melo Guerrero durante sus últimos años y la pérdida de la condición de beneficiaria.

Al respecto esta Sala de Decisión[9], en varios pronunciamientos, ha precisado los alcances y requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se configura cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

En el caso en estudio, en criterio de la demandante, se presenta el segundo evento, esto es, por cuanto las autoridades judiciales demandadas desconocieron las comunicaciones suscritas por el sargento viceprimero Emilio Melo Guerrero, las cuales hicieron parte del expediente administrativo, documentos con los cuales, a su juicio, se probaba en debida forma la calidad de compañera permanente de la hoy demandante, su convivencia en los últimos años y la pérdida de la condición de beneficiaria de la señora Ana Cecilia Muñoz Medina.

Para que dicho defecto tenga la vocación de vulnerar derechos fundamentales corresponde a la parte actora el deber identificar los elementos de prueba no valorados por el juez, demostrar que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso, señalar las razones por las cuales eran relevantes para la decisión y precisar, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo, requisitos que se cumplen en el caso en estudio.

Al revisar las providencias enjuiciadas [10] se evidencia que ni en la sentencia de primera ni en la de segunda instancia se tuvo en cuenta el expediente administrativo allegado al proceso con la contestación de la demanda y posteriormente mediante auto de pruebas proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán el 10 de octubre de 2011[11].

Entre los documentos allegados al expediente administrativo se encuentran:

a. Memorial del 3 de diciembre de 2007, suscrito por el sargento viceprimero Pablo Emilio Melo Guerrero, con el cual se informó al director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que la señora María Isabel Guerrero Puyo era su compañera permanente y convivía con él desde hacía 12 años, por lo que autorizaba a dicho funcionario a conceder la sustitución pensional en caso de que muriera [12].

Precisó que si bien estuvo casado con la señora Ana Cecilia Muñoz Medina, esa relación se había acabado desde hacía 25 años y no quedaban vínculos sentimentales.

b. Memorial del 25 de febrero de 2010, en el cual el señor Pablo Emilio Melo Guerrero, con el cual se (sic) informó al director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que la señora María Isabel Guerrero Puyo era su compañera permanente y convivía con él desde hacía 15 años, por lo que autorizaba a dicho funcionario a conceder la sustitución pensional en caso de que muriera [13].

Igualmente, indicó que estuvo casado con la señora Ana Cecilia Muñoz Medina pero que se separó desde hacía 28 años y que no tenía con ella ninguna relación sentimental ni material. Además, afirmó que se encontraba en uso de sus facultades mentales y psicomotoras.

c. Oficio del 26 de marzo de 2010, suscrito por el subdirector de prestaciones sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en el que le informó al señor Melo Guerrero que en relación con la comunicación allegada a la entidad el 5 de marzo del mismo año donde manifestó que en caso de su fallecimiento, la sustitución pensional debía ser reconocida a la señora Guerrero Puyo quien era su compañera permanente, la normatividad aplicable era la contenida en el artículo 11 del decreto 4433 de 2004 y que estas manifestaciones harían parte del expediente para que surtieran efectos en el futuro[14].

Para la Sala estos documentos podrían tener la fuerza suficiente para probar la calidad de compañera permanente de la señora María Isabel Guerrero Puyo y en consecuencia, la posibilidad de que se le otorgara la pensión de beneficiaria, tal y como lo advierte la parte demandante, pero será el juez la autoridad competente para revisar nuevamente todas las pruebas allegadas al proceso y el expediente administrativo para tomar la decisión que en derecho corresponda. […]

En atención a todo lo expuesto, en el caso en estudio sí se configuró el defecto fáctico alegado y por tanto, revocará la decisión de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 6 de julio de 2016 y, en su lugar, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la señora María Isabel Guerrero Puyó.

Para conculcar la vulneración del derecho fundamental alegado, la Sala dejará sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y ordenará a esa autoridad judicial que profiera una nueva decisión teniendo en cuenta el expediente administrativo que dio origen a las Resoluciones 2755 y 4524 de 2010, especialmente los documentos relacionados.

Es del caso advertir que en el proceso 19001333100120110034700, en el cual se profirió la sentencia que ahora se deja sin efectos, solo se discutió el reconocimiento del derecho de sustitución pensional de la señora María Isabel Guerrero Puyó y no se afectó el derecho reconocido a la menor Merly Meladi Melo Sánchez, por lo que la sentencia de reemplazo únicamente podrá pronunciarse sobre la prestación en cabeza de la hoy demandante. […]”. (Negrilla fuera de texto)

De lo anterior se colige que la Sección Quinta le ordenó al Tribunal proferir un nuevo fallo en el que valorara el expediente administrativo que dio lugar a las Resoluciones atacadas en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, haciendo especial énfasis en los memoriales del 3 de diciembre de 2007 y del 25 de febrero de 2010, documentos en los que el señor Pablo Emilio Melo Guerrero manifestó que la señora María Isabel Guerrero Puyo era su compañera permanente desde hacía más de diez años; así como en el oficio del 26 de mayo de 2010, en el que el subdirector de prestaciones sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le informó que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la sustitución pensional a su compañera permanente era la contenida en el artículo 11 del decreto 4433 de 2004.

En este orden de ideas, resulta pertinente analizar el fundamento jurídico que sirvió al Tribunal Administrativo del Cauca para dictar la sentencia del 27 de octubre de 2016, el cual se sustentó en el Decreto 4433 de 2004, norma vigente al momento de la muerte del señor Pablo Emilio Melo Guerrero, al respecto sostuvo:

“Si bien la parte actora enfatiza en el hecho de que no existe una declaración judicial de divorcio que disuelva el vínculo jurídico que como cónyuge ostentaba al momento del deceso del pensionado, lo que en principio le otorgaría la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional conforme al numeral 1º del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004-, lo cierto es que en el artículo 12 ibídem se consignan como eventos en los cuales ocurre la pérdida de la condición de beneficiario, entre otros: cinco años o más de separación de hecho”. (Negrilla fuera del texto).

De lo anterior se concluye que el Tribunal otorgó prevalencia al vínculo material al momento de la muerte del causante, esto es, adjudicó la pensión de sobreviviente a la señora María Isabel Guerrero Puyo, respecto de quien encontró probada la convivencia con el señor Melo Guerrero y negó las pretensiones de la accionante aduciendo lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta que al tenor del artículo 12 del Decreto 4433 de 2004 se configuró una de las causales de pérdida de la condición de beneficiario del derecho a la sustitución de la asignación, y que, además, no se acreditó la existencia de un vínculo afectivo, moral, de convivencia, ni de apoyo mutuo –considerando que llevaban más de veinticinco años separados de hecho-, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda”. (Negrillas fuera del texto).

La Sala observa que el Tribunal valoró las pruebas que había omitido en la oportunidad anterior, de conformidad con lo señalado en la sentencia de tutela que amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Guerrero Puyo en su condición de compañera permanente del señor Melo Guerrero, y, en consecuencia, emitió la siguiente orden:

“[…] REVOCAR la sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil catorce (2014) proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, al tenor de las razones expuestas en la presente providencia. En su lugar se dispone:

PRIMERO.- NEGAR la pretensiones de la demanda. […]”.

Dicho mandato se fundamentó así:

“[…] De esta manera, se encuentra acreditado en el expediente que la vida en común entre el pensionado fallecido y la demandante se interrumpió casi 25 años antes a la muerte del señor MELO GUERRERO, sin que se acreditara una nueva convivencia o apoyo mutuo durante los últimos años de vida del causante.

Es menester indicar que el Consejo de Estado ha dado prevalencia a un criterio material de familia respecto del netamente formal, para privilegiar ‘la convivencia de la pareja al momento de la muerte y no tanto al del vínculo matrimonial para indicar quién tiene derecho a gozar de la pensión en caso de muerte del titular’[29].

En sentencia del 20 de septiembre de 2007[30], el Máximo Tribunal estableció que era necesario interpretar las disposiciones legales atendiendo lo previsto en la Constitución Política de 1991, esto es bajo un marco de igualdad jurídica y social, para hacer hincapié en que en casos de sustitución pensional los ‘factores como el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la compresión y la vida en común al momento de la muerte son los que legitiman el derecho reclamado’. Ello por cuanto el ‘criterio material de convivencia y no el criterio formal de un vínculo ha sido el factor determinante reconocido por la reciente jurisprudencia de la Sala para determinar a quién le asiste el derecho a la sustitución pensional’.

Es así como la subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado [31], en un caso donde se otorgó la asignación de retiro en su totalidad a la compañera permanente porque se probó la convivencia exclusiva con el causante durante los últimos años de vida, sostuvo:

‘[…] Cabe aquí precisar, que lo anterior no implica conferir derechos civiles a quien no ha contraído matrimonio, sino conferir derechos que devienen de los principios propios de la seguridad social.

Tratándose de sustitución pensional, esta situación se liga de manera innegable a la familia, en términos de la importancia que tiene el núcleo que la conforma respecto de los lazos de solidaridad y apoyo que se presenta entre sus miembros, es decir, que, sin perjuicio de las condiciones puramente legales que afecten a sus miembros, debe privilegiarse a aquel que de manera directa se afecta con la desaparición por muerte del pensionado. […]

Es decir que, la familia puede ser entendida como un núcleo que genera derechos de carácter puramente civil y otros de carácter sociológico, entendido este último factor como aquel que se privilegia cuando de examinarla se trata frente a los derechos que devienen de la seguridad social.

La igualdad no es pues, absoluta sino relativa al asunto que la afecta, pero no existe duda que tratándose del análisis relativo a los efectos de la seguridad social, contemplada constitucionalmente, ellas deben ser tratadas bajo los mismos parámetros, y en esas condiciones toda consideración del legislador tendiente a diferenciarlas al momento de hacer exigibles los derechos propios de la seguridad social, no se aviene a la interpretación adecuada del canon constitucional, lo cual podría aceptarse cuando se trata de discutir derechos civiles.

En este orden de ideas, es apropiado afirmar que la convivencia efectiva, al momento de la muerte del titular de la pensión, constituye el hecho que legitima la sustitución pensional y que, por lo tanto, es el criterio rector material o real que debe ser satisfecho, tanto por la cónyuge como por la compañera permanente del titular de la prestación social, ante la entidad de seguridad social, para lograr que sobrevenida la muerte del pensionado, la sustituta obtenga la pensión y de esta forma el otro miembro de la pareja cuente con los recursos económicos básicos e indispensables para subvenir o satisfacer las necesidades básicas. […]’.

Así, en criterio de la Alta Corporación, cuando se presente conflicto entre los posibles titulares del derecho a la sustitución pensional, debe valorarse el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte, que son los factores que legitiman el derecho reclamado.

En igual sentido, destacando el auxilio o apoyo mutuo y efectivo entre los cónyuges, esto es, haciendo énfasis en un vínculo material, el Consejo de Estado explicó que era ‘el querer del legislador que quienes pretendan ser beneficiarios de la prestación que recibía la persona que ha fallecido lo hayan acompañado en sus últimos años de vida’ [32].

Y la Corte Constitucional, en sentencia C-1035 del 2008, reiterando el principio material para la definición de beneficiario de la sustitución pensional, expuso que ‘[…] la legislación colombiana acoge un criterio material – esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte- como elemento central para determinar quién es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido’.

De esta manera, apelando a la óptica de un vínculo material, el cual prima al momento de reconocer la pensión de sobreviviente, no podría tenerse como beneficiaria a la hoy demandante, pues no fue quien estuvo al lado del causante y le brindó apoyo en sus últimos días de vida, tanto así que se encontraban separados de hecho, incluso veinticinco años antes de su fallecimiento.

Si bien en la sentencia proferida por un juez de familia se estableció una obligación alimentaria a favor de la demandante correspondiente al 16.6 % de la asignación de retiro que recibía el causante, se precisa que dicha obligación tiene una naturaleza civil, diferente a la sustitución pensional que ahora se reclama. Así lo entendió la H. Corte Constitucional cuando en Sentencia T-802 de 2000 explicó:

[…] Pues bien, como se puede evidenciar del texto transcrito, la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria difiere de la naturaleza jurídica de la sustitución de la asignación de retiro, ya que aquella es una obligación de naturaleza civil cuyo reconocimiento requiere de la necesidad del alimentado y la capacidad del obligado, mientras que la solicitada por la accionante para ser sustituida, es una prestación social que busca garantizar el derecho a la seguridad social de los familiares de los miembros de la fuerza pública que hubieren fallecido en goce de la asignación de retiro. […]’.

De esta manera, el hecho que se haya reconocido un porcentaje de alimentos descontando de la asignación de retiro que en vida recibía el señor MELO GUERRERO, no influye en nada en la decisión que aquí se adopta, pues la causa petendi de la demanda deriva del derecho a la seguridad social alegado por la señora ANA CECILIA MUÑOZ MEDINA y no propiamente de la obligación de naturaleza jurídica netamente civil como lo son los alimentos.

Sin embargo, la Sala evidencia que para llegar a la conclusión de que la señora Guerrero Puyo era la beneficiaria total de la sustitución pensional, el Tribunal únicamente analizó precedentes jurisprudenciales anteriores al 2010, dejando por fuera la postura actual del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en materia de sustitución pensional de miembros de las fuerzas militares y de policía en los casos en que concurren la cónyuge y la compañera o compañero permanente, y existe sociedad conyugal vigente.

Lo anterior evidencia que en el sub examine lo demandado no es un fallo de tutela, sino el fallo ordinario de reemplazo por medio del cual se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la providencia del 15 de septiembre de 2016.

En consecuencia, al constatar que con la providencia de reemplazo proferida el 27 de octubre de 2016 en el expediente radicado 2011-00347 “se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas” en la referida sentencia de tutela de la Sección Quinta de esta Corporación, se encuentra que para dar cumplimiento a dicha orden el Tribunal tiene la carga de aplicar la jurisprudencia reciente sobre la materia en discusión, por lo que la Sala, en segundo término, analizará el siguiente problema jurídico, teniendo en cuenta que involucra una causal específica de procedibilidad de la acción:

III.2.2.- ¿Incurre en desconocimiento del precedente con vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad, la sentencia de reemplazo proferida en cumplimiento de orden de tutela sí, al proferir el fallo de reemplazo no tiene en cuenta la jurisprudencia en materia de sustitución pensional cuando coexisten cónyuge con separación de hecho y sociedad conyugal vigente, y compañero permanente?

En la sentencia C - 336 de 2014, la Corte Constitucional analizó la demanda de constitucionalidad parcial presentada contra el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la que se pretendía la declaratoria de inconstitucionalidad, por vulneración del artículo 13 de la Constitución, del aparte en el que se estableció que a la cónyuge con la que el causante mantuvo sociedad conyugal vigente le corresponde una cuota parte de la pensión de sobreviviente, aun cuando no existiere convivencia simultanea entre aquella y la compañera permanente durante los últimos cinco años de vida de aquel, concluyendo que la norma es exequible en la medida en que “[…] busca equilibrar la tensión surgida entre el último compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se disolvieron los vínculos jurídicos. […]”.

Posteriormente, en la sentencia T-504 de 2015, dicha alta corte sostuvo lo siguiente:

“[…] 5. Derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge separado de hecho que haya conservado vigente la sociedad conyugal con el miembro de la Fuerza Pública fallecido

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que la misma define. Sin embargo, la Constitución Política y la mencionada ley reconocieron la necesidad de establecer un régimen especial para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el cual está definido actualmente por la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.

Así entonces, aquel régimen consagra distintas prestaciones económicas, entre las cuales se encuentra la pensión de sobrevivientes, cuyo derecho nace para los beneficiarios con la muerte en servicio activo del miembro de la Fuerza Pública. En este sentido, según lo establece el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, el orden de los beneficiarios de dicha prestación se establece teniendo en cuenta los integrantes del grupo familiar y el parentesco con el miembro fallecido. Asimismo, aquella disposición afirma que el monto de esta pensión se fija de acuerdo con las circunstancias en que se produce el deceso del uniformado.

Por su parte, el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 señaló que la pensión causada por la muerte de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, es decir, la pensión de sobrevivientes, se reconoce y paga en el siguiente orden:
“11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que dependían económicamente del causante.

11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran económicamente del causante.

11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos”.
En lineamiento con lo anterior, tal y como quedó visto, si bien en el primer orden de beneficiarios para obtener la pensión de sobrevivientes se encuentran, entre otros, el cónyuge o la compañera o compañero permanente del agente de la Fuerza Pública fallecido, el numeral 11.1 del citado artículo no específica qué sucede cuando respecto del causante concurren cónyuge y compañera(o) permanente. Sin embrago, el mismo artículo 11 en su parágrafo segundo dispone que:
`Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se aplicarán las siguientes reglas: (…) En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente´.
De esta manera, si bien aquel parágrafo establece dicha regla para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de vejez cuando existe cónyuge y compañera(o), ello no es óbice para que el citado criterio no sea aplicado al momento de analizar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes […]
En consecuencia, según el régimen especial para los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, si respecto de un miembro de la Fuerza Pública fallecido concurren cónyuge y compañera o compañero permanente, pero no existió convivencia simultánea entre el causante y aquellos durante los últimos cinco años de vida del uniformado, tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes el cónyuge supérstite separado de hecho que conserve vigente la sociedad conyugal con el miembro de la Fuerza Pública fallecido, en proporción al tiempo convivido con el causante.

Sin perjuicio de lo anterior, no sobra advertir que en términos generales tanto el parágrafo 2º del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 como el numeral 3.7 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, son, prima facie, una extrapolación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "13" 13 de la Ley 797 de 2003. En este orden de ideas y en lineamiento con lo sostenido por el mismo Consejo de Estado, si bien es claro que el ordenamiento jurídico colombiano acoge un criterio material, esto es la convivencia efectiva con el causante, como regla general y elemento central para determinar quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional cuando concurren cónyuge y compañera(o) permanente, también es cierto que el legislador confirió la condición de beneficiario al cónyuge separado de hecho que conserve vigente la sociedad conyugal, precisamente teniendo en cuenta la convivencia efectiva durante todo el tiempo en el que el causante pudo aportar al sistema para adquirir una prestación pensional, motivo por el cual el ordenamiento jurídico reconoce a este cónyuge supérstite el derecho a la pensión en proporción al tiempo de convivencia con el causante.

En consecuencia, la norma objeto de estudio no protege, per se, la institución matrimonial propiamente dicha, sino que reconoce la comunidad de vida que subyace a ésta, materializando así el criterio de la convivencia efectiva […]”.

La anterior posición fue acogida por esta Corporación, entre otras en la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual fue esgrimida como desconocida por la actora, en la que se afirmó:

“En este sentido, la Sala siguiendo la interpretación sistemática de los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política y de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, considera que la cónyuge y la compañera (o) permanente tendrán derecho a compartir la pensión, siempre que acrediten el lleno de los requisitos establecidos por el legislador para el efecto.

Esos requisitos tienen sustento en el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte, factores estos que analizados en conjunto legitiman el derecho reclamado, y cuya finalidad es ofrecer una protección a los allegados al afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte“. (Negrilla fuera del texto).

Así mismo, la Sala recuerda que el Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre la concurrencia en el reconocimiento de la asignación de pensión de sobreviviente entre la compañera permanente y la cónyugue en los casos en los que existió separación de hecho con esta última. Al respecto, en providencia del 15 de septiembre de 2016 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” se afirmó:

“[…] La cónyuge separada de hecho como beneficiaria en forma proporcional de la sustitución pensional cuando el pensionado tenía una unión marital de hecho por más de 5 años al momento del fallecimiento.

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en el inciso 3 del literal b), igualmente reguló en la segunda parte, quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes cuando en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante `no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente´.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta norma en la sentencia C-336 de 2014, en donde se determinó que el precepto en comento no viola el derecho a la igualdad de la compañera permanente que debe compartir la pensión de sobrevivientes con la cónyuge separada de hecho, pues no se está frente a idénticos supuestos fácticos, pues la cónyuge con sociedad conyugal vigente y que no convivía al momento de la muerte con el causante, y la última compañera permanente, pertenecen a grupos diferentes. A este respecto se retomó la jurisprudencia constitucional que indica la diferenciación existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho.

Se explicó que la separación de hecho, aunque suspenda la convivencia y el apoyo mutuo, no limita los efectos de la sociedad patrimonial conformada en razón del matrimonio, de ahí que no nazca a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes. Así, se expone en la providencia que el legislador en la norma demandada `ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la convivencia efectiva consolida (sic) con antelación al inicio de la unión marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión´.

Resaltó la Corte que es constitucionalmente justificada la medida adoptada `en tanto que ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio´.

Finalmente se concluyó que `en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional y será declarada exequible´.

Así pues, atendiendo las anteriores consideraciones, la Sala señalará la modalidad de la pensión de sobrevivientes que se otorga al beneficiario en caso de que se cumplan con las condiciones establecidas para ello:

Beneficiario
Modalidad de la pensión
Condiciones
Cónyuge o Compañero permanente mayor de 30 años de edad.
Vitalicia
Edad cumplida al momento del fallecimiento y demuestre vida marital durante los 5 años anteriores a la muerte.
Compañero permanente
Cuota parte
Sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y Compañero permanente
Partes iguales
Convivencia simultánea durante los 5 años anteriores a la muerte.
Cónyuge con separación de hecho y Compañero permanente
Partes iguales
Inexistencia de convivencia simultánea, acreditación por parte del cónyuge de la separación de hecho, compañero permanente con convivencia durante los 5 años anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero permanente menor de 30 años de edad.
Temporal
-20 años-
No haber procreado hijos con el causante.
Cónyuge o Compañero permanente menor de 30 años de edad.
Vitalicia
Haber procreado hijos con el causante y demuestre vida marital durante los 5 años anteriores a la muerte […]”
(Subrayado y negrilla fuera del texto)

Igualmente, resulta pertinente recordar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 11 de mayo de 2017 sostuvo lo siguiente:

“[…] La Ley 797 de 2003 «por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», consagró en su artículo 13, en lo que interesa para el presente caso, lo siguiente:

`Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente´.

Como se ve, la norma prevé quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (aquí se referirá únicamente al cónyuge y compañero permanente) y los requisitos que deberán acreditar para acceder a la misma, así:

• En forma vitalicia: la cónyuge o compañera permanente. En este evento, la ley prevé que si el causante (pensionado) tenía para el momento de su muerte cónyuge o compañera permanente supérstite, ésta deberá acreditar que convivió con el fallecido los últimos cinco años antes de su deceso.

• En forma temporal (mientras el beneficiario viva y con una duración máxima de 20 años). La cónyuge o compañera permanente que tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con el causante

Además, en el mismo artículo se señalaron los eventos especiales que se suscitan cuando respecto del causante hay un cónyuge y un compañero permanente, es decir, cuando existe más de un reclamante del derecho a la pensión de sobrevivientes. En esos casos, se dispuso que la pensión se dividiría en proporción al tiempo de convivencia, conforme con las siguientes reglas:

• Si existió convivencia simultánea en los cinco años anteriores al fallecimiento del causante, entre un cónyuge y compañero permanente, el beneficiario será el esposo o esposa (cónyuge).

• Si no existió convivencia simultánea, estuvo vigente la unión conyugal, pero había una separación de hecho , el compañero permanente también tendrá derecho a porcentaje de la pensión de sobrevivientes, en proporción al tiempo convivido con el causante y la otra cuota parte será del cónyuge, con el cual existe la sociedad conyugal vigente.

La Corte Constitucional en sentencia C-336 de 2014, estudió la constitucionalidad de la expresión «la otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente», contenida en la norma en cita. En esa oportunidad, señaló lo siguiente:

`La jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los efectos jurídicos de la unión marital del hecho son diferentes a los del matrimonio, por ende son instituciones jurídicas disímiles y no necesariamente equiparables.

1.3. La separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por lo cual, no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, cuando uno de éstos mantiene en vigor la sociedad patrimonial del matrimonio.

1.4. El Legislador dentro del marco de su competencia, en desarrollo del derecho a la seguridad social en pensiones, puede regular lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En ese orden de ideas, en el caso de la convivencia no simultánea entre el cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente, ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la convivencia efectiva consolidada con antelación al inicio de la unión marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión.

1.5. Al analizar el aparte acusado a la luz de los presupuestos del juicio de igualdad, se pudo constatar que los sujetos en comparación -cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente- pertenecen a grupos diferentes y por ello la norma demandada no otorga un trato diferente a quien es diferente, en tanto que ambas figuras no son necesariamente equiparables. (…)

No puede predicarse una discriminación de trato por parte de la ley cuando los grupos sujetos de comparación no pertenecen a la misma categoría jurídica o no son asimilables. En ese sentido, el legislador en los eventos de convivencia no simultánea no discriminó al compañero o compañera supérstite al incluir como beneficiario de la pensión de sobrevivientes al cónyuge con sociedad conyugal vigente y separación de hecho, sino que en reconocimiento del tiempo de convivencia acreditado por este último se le faculta como beneficiario de la prestación económica´.

Bajo las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declaró exequible el aparte de la norma demandado. Aclaró que el legislador, en el marco de su competencia, podía determinar quiénes eran los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y, entre ellos, en el caso de convivencia no simultánea entre cónyuges y compañero permanente, incluyó a los cónyuges con separación de hecho y sociedad conyugal vigente. Sostuvo que ese razonamiento surgió de una ponderación entre el criterio de sociedad patrimonial de consortes y el de convivencia efectiva y, por lo tanto, no vulneraba el derecho a la igualdad del compañero permanente frente al cónyuge. [...]“.

Así las cosas, la Sala concluye que la sentencia de 27 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, desconoció el precedente jurisprudencial en materia de sustitución pensional de miembros de las fuerzas militares y de policía, al negarle a la señora Ana Cecilia Muñoz Medina el reconocimiento de la cuota que le correspondía en su condición de cónyuge del señor Pablo Emilio Melo Guerrero con quien, como se encuentra acreditado en el expediente, mantuvo sociedad conyugal vigente hasta el momento de su deceso.

Ahora bien, es necesario precisar que en el sub examine no se afecta lo decidido en sede de tutela por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 15 de septiembre de 2016, dentro del expediente identificado con número de radicación 2016-00642, en el cual se amparó el derecho al debido proceso de la señora María Isabel Guerrero Puyo, en calidad de compañera permanente, fallo que se encuentra vigente y conserva plenos efectos jurídicos.

Sin embargo, la Sala evidencia que el Tribunal al momento de dictar el nuevo fallo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no tuvo en cuenta la jurisprudencia de esta Corporación que, en casos similares, en donde concurren los derechos de la compañera permanente y de la cónyuge supérstite separada de hecho pero con sociedad conyugal vigente, hay lugar a amparar el derecho de ambas, asignando a cada una de ellas el porcentaje que les corresponde.

En consecuencia, se ampararán los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana de la accionante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el día 27 de octubre de 2016, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 2011-00347, y se ordenará dictar nuevo fallo en el mencionado proceso, en el que se asigne de forma concurrente el porcentaje de la mesada pensional a que tengan derecho las señoras Maria Isabel Guerrero Puyo y Ana Cecilia Muñoz Medina, en su condición de compañera permanente y cónyuge del señor Pablo Emilio Melo Guerrero, respectivamente, de conformidad con la jurisprudencia citada, que responde a la postura actual sobre la materia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales constitucionales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social de la señora Ana Cecilia Muñoz Medina.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el día 27 de octubre de 2016 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 19001333100120110034700, promovido por la señora Ana Cecilia Muñoz Medina en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca dictar, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, un nuevo fallo judicial dentro del proceso 190013331001-2011-00347-00, en el que se asigne de forma concurrente el porcentaje de la mesada pensional a que tengan derecho las señoras Maria Isabel Guerrero Puyo y Ana Cecilia Muñoz Medina en sus condiciones de compañera permanente y cónyuge del señor Pablo Emilio Melo Guerrero, de acuerdo con los precedentes judiciales.

CUARTO: DEVOLVER el expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho nro.19001-33-31-001-2011-00347-01, allegado en calidad de préstamo al despacho de origen, esto es, al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán.

QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: Notificar a las partes e intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Folio 106. Folio 106. Folio 106. Folio 107. Folio 108. Folio 107. Folio 108. Folio 109. Folio 109. Folio 112.
“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 27 de agosto de 2015. CP. Alberto Yepes Barreiro. Exp. 47001-23-31-000-2015-00146-01. Actor: Teresa del Carmen Borras de Johnson. Folio 111. Corte Constitucional Sentencia T-046 del 10 de febrero de 2016. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Accionante: Luz Amanda Pabón. Folio 116Vº. Folio 131. M.P. Mauricio González Cuervo. Folio 129Vº. Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Folio 130. Folio 200. Folio 200. Corte Constitucional. Sentencia SU-1219 del 21 de noviembre de 2001. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, “por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado. Ver sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente: María Elizabeth García González, sentencia del 31 de julio de 2012, radicado: 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello y Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia del treinta (5) de agosto de 2014, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. El término es establecido por la Sala Plena de Corporación, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha determinado que, si bien en principio no puede crearse una caducidad de la acción de tutela fijando términos inamovibles, debido a que debe encontrarse un equilibrio entre los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, y el derecho fundamental al debido proceso en acciones de tutela contra providencia judicial; encontraba que, en principio, era razonable que se presentara el amparo, máximo seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de que se estudiaran, en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez. Corte Constitucional, Sentencia SU- 590 de 2015: “[…] 4.3.3. La regla de la no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, fijada en la Sentencia SU-1219 de 2001, se reitera en las Sentencias T-021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013.[…]”. En la sentencia SU-1219 de 2001, en la que se unificó este asunto, se planteó el problema así: “[…]“¿Puede interponerse una acción de tutela contra una sentencia de tutela, alegando que se ha incurrido en una vía de hecho?”. La respuesta fue negativa. […]”. Aparte tomado de Corte Constitucional, Sentencia SU- 590 de 2015. Corte Constitucional, Sentencia SU- 590 de 2015, en este aparte se etá citando la sentencia T-474 de 2011. Nota original de la sentencia en cita: [68 ]Supra II, 4.3.5. Corte Constitucional, Sentencia SU- 590 de 2015.

Esta sentencia también establece la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela en casos de fraude, aspecto que excede el quid de ésta providencia, pero que debe ser mencionado. Nota original de la providencia en cita: [9]Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No. 11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y recientemente una providencia del 7 de julio de 2015, Expediente No. 11001-03-15-000-2016-00075-01, actores: María del Pilar Uricoechea Marín y otros, Consejero Ponente Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio. Nota original de la providencia en cita: [10]Visibles en los folios 173 a 185 del cuaderno principal 1 y 242 a 304 del cuaderno principal 2. Nota original de la providencia en cita: [11]Visible en los folios 122 a 124 del cuaderno principal 1
Nota original de la providencia en cita: [12]Folio 111 del cuaderno principal 1. Nota original de la providencia en cita: [13] Folio 158 y 159 del cuaderno principal 1
Nota original de la providencia en cita: [14] Folio 113 del cuaderno principal 1. Folio 101. Folio 101. Folio 103. Folio 104Vº. Folio 331 del expediente. Nota original de la sentencia en cita: [29] Consejo de Estado, sentencia del 10 de noviembre de 2005. Exp. No. 3496-04. Consejera Ponente Ana Margarita Olaya Forero. Criterio reiterado por la Alta Corporación en sentencia de 2 de octubre de 2008, Exp. 0757-04, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Nota original de la sentencia en cita: [30] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de octubre de 2008. Rad.6857-05; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de julio de 2008. Rad.6857-05; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2009. Rad.0638-08; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2011, Rad. 5470-05. Nota original de la sentencia en cita: [31] Sentencia del 31 de enero de 2008, M.P., Dr. Alfonso Vargas Rincón, Exp. No. 0437-00, Actora: Bertilda Peña Bermúdez. Nota original de la sentencia en cita: [32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 22 de julio de 2010, radicación número: 25000232500020060665701 (1785-085), Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Corte Constitucional, sentencia SU-590 de 2015. Constitución Política, artículo 48: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. // Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. […] // A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo. […]”. Ley 100 de 1993, artículo 279. “Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. […]”.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”. Ley 923 de 2004, artículo 1: “Alcance.

El Gobierno Nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen de la asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública.”. A su vez dicha norma fue reiterada en el artículo 4 del Decreto 4433 de 2004, de la siguiente manera: “Alcance. El régimen especial de asignación de retiro y de pensiones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, regula los derechos a las prestaciones económicas periódicas de quienes prestan sus servicios a la Nación como miembros de la Fuerza Pública que comprende la asignación de retiro, la pensión de invalidez, y su sustitución, así como la pensión de sobrevivencia”. El artículo 3 en comento dispone que, en general, el orden de los beneficiaros de la sustitución de la asignación de retiro, de la pensión de sobrevivencia y de la sustitución de la pensión de invalidez, se establece teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular. Teniendo en cuenta que esta misma disposición se encuentra transcrita en el numeral 3.7.2. del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, resulta pertinente aclarar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-456 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, declaró exequible la expresión “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo” del artículo 3º -tercer inciso del numeral 3.7.2- de la Ley 923 de 2004, bajo el entendido de que también son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, de invalidez y de la sustitución de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, la compañera o el compañero permanente del causante, y que dicha pensión o sustitución se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el difunto. Por ejemplo, al resolver un problema jurídico similar la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de enero 28 de 2010, rad. N° 25000-23-25-000-2004-03633-01 (2042-08), reiteró lo expuesto por esta Corporación en la sentencia C-1035 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, de la siguiente manera: // “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; texto… declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional C-1035 de 2008, en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido…”. // De igual forma, en la sentencia de abril 8 de 2010 rad. N° 25000-23-25-000-2004-09096-02(2262-08), la misma Sección abordó la concurrencia de cónyuge supérstite y compañera(o) permanente y fundó su decisión en el principio material para la definición del beneficiario, es decir, en la convivencia efectiva al momento del fallecimiento del causante. // Cfr. Sentencia T-217 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.

Sentencia del 27 de agosto de 2015. CP. Alberto Yepes Barreiro. Accionante: Teresa del Carmen Borras de Johnson. Rad. 47001-23-31-000-2015-00146-01
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia del 15 de septiembre de 2016, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandante: María Carlina Sierra de Zapata. Rad. 25000-23-42-000-2013-04442-01. En el mismo sentido puede verse la Sentencia de 28 de octubre de 2016, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandante: Ida Isaak Nieto, Rad. 2500234200020140190501. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de mayo de 2017. CP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Accionante: María Carlina Sierra de Zapata. Rad. 11001-03-15-000-2016-03761-00. Esta providencia fue confirmada por la Sección Quinta de la Corporación en sentencia del 22 de junio de 2017 con ponencia del Consejero Alberto Yepes Barreiro.

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