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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01305-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
21 de marzo de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01305-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE el fallo de tutela de 18 de julio de 2017, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-01305-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

21 de marzo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO / INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA / PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA - Requisitos / INGRESO AL SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS

[L]a Sala observa que (…) el actor fue nombrado en el cargo de profesional en ingresos públicos III nivel 32 grado 24, por haber superado satisfactoriamente el concurso abierto de méritos convocado mediante la Resolución N 7269 de 1995. No obstante, como bien lo afirmó el juez constitucional de primera instancia, dicho acto administrativo es impreciso toda vez que resulta incompatible efectuar el nombramiento ordinario con un empleo de carrera administrativa. En efecto, existe una incongruencia en la interpretación que realizó la autoridad judicial accionada, teniendo en cuenta que con la Resolución N 0834 de 1996, la DIAN realizó el nombramiento de las personas que conformaron la lista de elegibles (…) en los cargos que fueron convocados por un concurso abierto de méritos, como se indica expresamente en el precitado acto administrativo. De esta manera, pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, tuvo en cuenta la Resolución Nº0834 de 1996, no analizó sistemáticamente dicha prueba, pues como se mencionó, allí se expresa que el actor cursó y superó satisfactoriamente un concurso de méritos abierto convocado por la entidad, pero el nombramiento, como se evidencia, se realizó con carácter ordinario, dicotomía que se hubiera podido aclarar con los poderes oficiosos que en materia probatoria le entrega el ordenamiento jurídico al juez. De igual forma, valga indicar que la referida resolución acredita que el actor no fue incorporado de manera automática en los términos del artículo 116 del Decreto 2117 de 1992. En tal virtud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, incurrió en un defecto fáctico en su dimensión negativa.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 125 / DECRETO 2117 DE 1992 - ARTÍCULO 116

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la posición unificada del Consejo de Estado en la que se precisó que no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada los empleados incorporados a la DIAN automáticamente en carrera administrativa, por medio del Decreto 2117 de 1992, en la medida que no desempeñaron el cargo en propiedad y como quiera que su inscripción en carrera administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos, consultar la sentencia del 19 de mayo de 2016, exp. 05001-23-33-000-2012-00791-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01305-01(AC)

Actor: RÓMULO RODRÍGUEZ MEDINA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación promovida por la apoderada de la DIAN, contra la sentencia dictada el 18 de julio de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que resolvió:.

“AMPÁRENSE los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del señor RÓMULO RODRÍGUEZ MEDINA. En consecuencia,

DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 30 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido con el radicado Nº 11001333502420120026001.

ORDÉNASE Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, que en el término de treinta (30) días contados partir de la notificación de esta providencia, en ejercicio de sus poderes oficiosos, precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que el señor RÓMULO RODRÍGUEZ MEDINA fue nombrado en el cargo de Profesional en ingresos Públicos III Nivel 32 Grado 24 (resolución Nº 834 de 23 de febrero de 1996) en la DIAN, y a partir de ello, dicte una decisión de reemplazo, con base en los nuevos elementos de prueba que sean recaudados en el expediente (…)”.

ANTECEDENTES

Hechos

El demandante afirmó que acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

Adujo que, por reparto administrativo, el proceso le correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia de 16 de enero de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. En consecuencia, ordenó a la DIAN reconocer y pagar la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

Sostuvo que contra la anterior decisión, la DIAN interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, a través de fallo de 30 de noviembre de 2016, en el que revocó la decisión y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda, al considerar que “si bien en la Resolución de nombramiento consta que el señor Rómulo Rodríguez Medina fue nombrado en el cargo de Profesional antes anotado por encontrase en la lista de aprobados del concurso convocado mediante la Resolución Nº 7269 de 1995, lo cierto es que dicha lista fue usada para efectuar un nombramiento ordinario que tiene la característica de ser un nombramiento discrecional – libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, no resulta viable afirmar que el actor se encontraba en propiedad como quiera que no está acreditado que ostentara derechos de carrera administrativa. La DIAN en calidad de administrador del sistema específico de carrera de la misma entidad, certificó que no se encontró documento que comprobara la inscripción en carrera administrativa”.

Fundamentos de la acción

El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con la sentencia de 30 de noviembre 2016, en tanto la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo al negar el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, con base en una interpretación errónea de las normas.

Expuso que cuenta con “derechos de carrera” toda vez que su vinculación con la entidad fue a través de concurso de méritos, que se demuestra con la Resolución Nº 0834 de 23 de febrero de 1996, “mediante la cual es nombrado con carácter ordinario en el cargo de Profesional en Ingresos Públicos III nivel 32 grado 24, por estar en la lista de aprobado, del concurso convocado mediante la Resolución Nº 7269 de 1995”.

Indicó que la autoridad judicial demandada tomó como base la sentencia de unificación del Consejo de Estado, en que la que se hizo un análisis de la incorporación automática a la planta de personal de la DIAN, pero aseveró que en el presente caso, ingresó a la entidad por concurso abierto, por lo que cumple con el requisito de desempeñar el cargo en propiedad.

Manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, también basó su decisión en el Decreto 2117 de 1992, sin tener en cuenta que su incorporación a la DIAN fue anterior al concurso abierto en el que participó.

A su turno, sostuvo que el Decreto 1661 de 1991 que dio origen a la prima técnica, no exigió que el funcionario debía estar en carrera administrativa, pues el artículo 3º de la precitada normativa establecía:

“Artículo 3º.-"Niveles en los cuales se otorga Prima Técnica. Para tener derecho al disfrute de Prima Técnica con base en los requisitos de que trata el literal a) del artículo anterior, se requiere estar desempeñando un cargo en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo. La Prima Técnica con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles".

Aseveró que fue por medio del Decreto 2164 de 1991, que se incluyó “la exigencia en propiedad” y que mediante el artículo 1 del Decreto 1724 de 1997 se señaló que “la prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder Público”. Por lo anterior, refiere que cumple con el requisito de estar en carrera administrativa.

Por otra parte, expuso que la accionada incurrió en una errónea interpretación de los documentos aportados como pruebas del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para obtener el reconocimiento de la prima técnica, pues con los mismos se demuestran que el señor Rodríguez Medina fue nombrado en propiedad. De igual forma, alegó el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales, de manera específica el del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, con radicado Nº 54001-23-33-000-2012-00151-01.

Pretensiones

El actor formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “C”, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2016, dentro del expediente Nº 1100 1333 5024 2013 00260 01, Magistrado Ponente: Dr. CARLOS ALBERTO ORLANDO JAIQUEL.

2. Que la Sección Segunda, Subsección “C” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, deberá realizar las gestiones necesarias para dictar una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta todo el material probatorio existente en el expediente, la reglamentación de la entidad y el precedente jurisprudencial”.

Pruebas relevantes

El accionante allegó con el escrito de tutela los siguientes documentos:

Copia de la sentencia de 30 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” (folios 18 a 29 del expediente de tutela).
Copia de la Resolución Nº 0834 de 23 de febrero 1996, expedida por la DIAN (folios 30 a 33 ibídem).

Oposición

Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”

Mediante escrito de 31 de mayo de 2017, el magistrado ponente se opuso a los argumentos expuestos en la acción de tutela, pues consideró que la sentencia acusada no incurrió en vía de hecho, en defecto fáctico y sustantivo, ni en violación de los derechos fundamentales del accionante, en tanto las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se resolvieron con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que corresponde.

Indicó que el fallo fue proferido con la prevalencia de los principios de sana crítica y buena fe y que en la decisión se consignaron ampliamente los motivos que llevaron a la Sala a revocar la sentencia del Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, toda vez que el demandante no cumplió con la totalidad de las exigencias que consagran los Decreto 1661 y 2164 de 1991, para acceder a la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la aplicación del régimen de transición que establece el Decreto 1724 de 1997.

Por último, precisó que no se configuraron los requisitos de la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y que el actor pretende usar el amparo constitucional como una tercera instancia.

Respuesta de la DIAN (tercero con interés)

A través de apoderado, la entidad expuso que el demandante estuvo amparado por todas las garantías legales y procesales para ejercer en debida forma su derecho a la defensa y al debido proceso. Agregó que la acción de tutela no puede prosperar toda vez que, en su concepto, existe cosa juzgada por haber cursado con anterioridad el proceso judicial, toda vez que se desconocería la decisión judicial adoptada por la jurisdicción laboral respecto del caso concreto.

Manifestó que no aparecen acreditados los requisitos generales expuestos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Así mismo, consideró que la decisión adoptada por el tribunal demandado no evidencia que haya incurrido en algún defecto, por lo que la autoridad judicial demandada no se apartó de la ley, pues a su juicio, la decisión fue consecuencia del examen de los elementos fácticos y jurídicos a la luz de la normatividad aplicable.

Finalmente, solicitó que se denegara el amparo solicitado toda vez que la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2016, por la autoridad judicial accionada, no vulneró los derechos fundamentales del actor.

Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 18 de julio de 2017, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva del actor, al considerar que existió una errónea valoración en las pruebas, en tanto surgió una grave contradicción en perjuicio de los intereses del demandante.

Expuso que se demostró que el actor cursó y superó satisfactoriamente un concurso de méritos iniciado por la entidad a través de la Resolución Nº 7269 de 1995 y que fue designado en el cargo de profesional en ingresos públicos III nivel 32 grado 24, pero que dicho nombramiento fue incongruente pues se efectuó con carácter ordinario, es decir, de libre nombramiento y remoción.

Manifestó que el tribunal demandado no ignoró la Resolución Nº 834 de 1996, pero sí se abstuvo de ejercer la facultad oficiosa para esclarecer la imprecisión contenida en ese acto administrativo, que cobra mayor relevancia cuando con el mismo pretende acceder a la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

Concluyó que la autoridad judicial accionada debió decretar las pruebas que estimara necesarias, a fin de esclarecer los puntos oscuros o difusos en la contienda.

Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la DIAN impugnó la decisión y sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, pasó por alto que el fallo acusado analizó lo relativo a desempeñar en propiedad un cargo perteneciente a los niveles susceptibles de dicho reconocimiento.

Sostiene que conforme con el material probatorio allegado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se probó que el actor fue nombrado el 25 de octubre de 1978 con carácter ordinario en el cargo de ayudante y caja de la división de recaudo de la DIAN y que el 22 de agosto de 1991 fue incorporado en la planta de personal de la entidad, en el cargo de técnico administrativo nivel 20 grado 9.

Agregó que para el momento en que entró en vigencia el Decreto 1724 de 1997 (11 de julio de 1997), el actor se encontraba nombrado con carácter ordinario en la DIAN desde el 23 de febrero de 1996, en el cargo de profesional de ingresos públicos III nivel 32 grado 24.

Anotó que el demandante no solicitó la calificación de su experiencia como tampoco solicitó el reconocimiento de la prima técnica peticionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991 y antes del Decreto 1724 de 1997, por lo que, a su juicio, al haber desaparecido la prestación para los empleados del nivel profesional y no haber sido reclamada, el actor no es beneficiario del referido régimen de transición.

Sostuvo que no se encuentra acreditado que el actor haya reunido los requisitos para obtener la prima técnica. Agregó que el título de especialización en derecho tributario y aduanero lo obtuvo el 14 de marzo de 1996, por lo que la formación avanzada y la experiencia altamente calificada exigida para el reconocimiento del beneficio debe contarse desde la obtención del título, pues entre el 15 de marzo de 1996 al 11 de julio de 1997 transcurrió 1 año, 3 meses y 26 días, y la experiencia altamente calificada debe ser de tres (3) años.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el literal c, del artículo 2º del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

Problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, le corresponde a la Sala establecer si le asiste razón al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “C”, en cuanto amparó los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva o si, por el contrario, le asiste razón a la entidad demandada al considerar que no han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, en tanto el actor no acreditó las condiciones para acceder al reconocimiento y pago de la prima técnica por experiencia altamente calificada.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

Estudio y solución del caso concreto

Verificación de los requisitos generales de procedibilidad

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional pues debe definirse si se vulneraron al accionante los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con la decisión dictada el 30 de noviembre de 2016, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del actor dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento adelantado contra la DIAN; (ii) el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues la referida entidad interpuso el recurso de apelación contra el fallo que accedió a las pretensiones de la demanda; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia atacada se dictó el 30 de noviembre de 2016, notificada por correo electrónico el 25 de enero de 2017 y la acción de tutela se presentó el 19 de mayo de 2017, esto es, 3 meses y 24 días después, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación; (iv) el accionante identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará al estudio de fondo del asunto bajo consideración.

La sentencia de primera instancia que accedió al amparo constitucional, se debe confirmar

El actor ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se anularan los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada.

En primera instancia, el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, mediante fallo de 16 de enero de 2015, accedió a las súplicas de la demanda. La DIAN presentó recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en sentencia de 30 de noviembre de 2016, en la que revocó la decisión del a quo, en tanto consideró que el actor no cumplió con los requisitos para acceder a la prima técnica, pues no logró demostrar que estaba inscrito en la carrera administrativa de la entidad.

El actor afirmó que la decisión proferida por la autoridad judicial demandada incurrió en defectos sustantivo, fáctico y en el desconocimiento del precedente judicial, para lo cual se apoyó en pronunciamientos de los tribunales administrativos del país y del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, radicado Nº 54001-23-33-000-2012-00151-01.

La DIAN en el escrito de impugnación sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “C”, como juez de tutela de primera instancia, incurrió en error al pasar por alto lo consignado en la sentencia del tribunal demandado donde se analizó el desempeño del cargo en propiedad.

Descendiendo al asunto objeto de estudio, la Sala considera pertinente traer a colación la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, en pleno de 19 de mayo de 2016, que expuso:

“(…) Así las cosas, se evidencia la necesidad de fijar una posición unificada de la Sección Segunda sobre este tema, el cual resulta de vital importancia, dado que uno de los requisitos –y primero que se debe verificar- de la persona que aspira a ser beneficiario de la prima técnica es acreditar que desempeña el cargo en propiedad, es decir, que está inscrito en carrera administrativa.

En vista de lo anterior, esta Sala anuncia desde ya, que la incorporación automática realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con base en el Decreto 2117 de 1992 es inconstitucional, y que por ende las personas que se beneficiaron con tal medida no ostentan derechos de carrera administrativa. Veamos:

El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, a excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, exigencia que se deriva del mejoramiento del servicio público, de la necesidad de preservar los derechos de los empleados públicos y del respeto del derecho a la igualdad en el acceso a la función pública.

Por su parte, el artículo 116 del Decreto 2117 de 29 de diciembre de 1992, norma expedida en vigencia de la Constitución Política de 1991, dispuso:

“ARTICULO 116. PLANTA DE PERSONAL E INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS. La planta de personal que se expida para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá recoger las plantas de las dos entidades que se fusionan, más los cargos necesarios para el cumplimiento de las funciones que en materia de control cambiario y de impuestos territoriales se asumen.

La planta seguirá la nomenclatura señalada en el Decreto 1865 de 1992, en cuanto a los funcionarios de carrera.
Los cargos de secretario general se asimilan al cargo de subdirector, los cargos de subsecretarios se asimilan al de jefe de oficina para efectos del reconocimiento de prima de dirección.

Para efectos de la incorporación a la nueva planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se entenderá realizada el primero de junio de 1993, los funcionarios de las Direcciones de Impuestos Nacionales y de Aduanas Nacionales, quedarán automáticamente incorporados e incluidos en carrera, sin ninguna formalidad ni requisito adicional.

La dirección de Impuestos Nacionales previamente a la fecha de incorporación a la nueva entidad, adoptará la nomenclatura y clasificación señalada en los incisos anteriores, con el concepto previo y favorable de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para efectos de esta incorporación no se tendrán en cuenta los requisitos para ingreso, escalafonamiento, y el sistema de concursos de que trata el Decreto 1647 de 1991 y sólo se exigirá para la posesión la firma de la respectiva acta” (Negrillas de la Sala).
De la simple lectura de los artículos 125 de la Constitución Política y 116 del Decreto 2117 del 29 de diciembre de 1992, se encuentra de manera evidente su contradicción, pues mientras la primera disposición establece como regla general el concurso público para el ingreso y ascenso a los cargos de carrera, el artículo 116 dispuso una incorporación automática a los cargos que integran la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, sin ninguna formalidad ni requisito adicional.

Sobre el particular, es preciso señalar que la Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de los sistemas de inscripción automática a carrera administrativa, para concluir que el fundamento de la carrera administrativa está en el mérito y la capacidad de quienes ingresan a ella y por esa razón la verificación de requisitos, la utilización de mecanismos idóneos para la selección de las personas, constituye un elemento fundamental de la función pública, en tanto que con ellos se determina la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus aptitudes personales, su solvencia moral y sentido social de acuerdo con el empleo y necesidades del servicio.

Esta misma tesis es la que debe adoptarse en esta oportunidad, y que corresponde a la línea jurisprudencial que en su momento tuvo el Consejo de Estado “incluso antes de las primeras sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia, advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de los sistemas de inscripción automática a carrera administrativa, puesto que “para gozar el amparo inherente a una carrera deben cumplirse las etapas y llenarse los requisitos que la ley señala y que carecían de sentido y no tendrían razón de ser si existiese la llamada incorporación automática” ”.

Lo anterior, en razón a que los derechos derivados de la carrera como el derecho a la estabilidad laboral, provienen no del hecho mismo de la inscripción, sino de que la misma ocurra como consecuencia de la superación de un concurso abierto y objetivo que asegure la libre e igual competencia; y una vez surtido y superado dicho concurso, tiene sentido la defensa del derecho a la estabilidad en el cargo, del cual no son titulares los funcionarios de libre nombramiento y remoción, ni quienes son incorporados de manera automática.

En consecuencia, la Sala unifica su posición en el sentido de precisar que los empleados incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del decreto 2117 de 1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que no desempeñaron el cargo en propiedad, como quiera que su inscripción en carrera administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos” (negrillas de la Sala).

Ahora bien, la Sala observa que Tribunal Administrativo, Sección Segunda, Subsección “C”, en la decisión atacada, señaló:

“Se encuentra establecido a partir del material probatorio allegado al expediente que el libelista fue nombrado en la entidad accionada el 25 de octubre de 1978 con carácter ordinario en el cargo de Ayudante de Oficina 5155 Grado 3, de los Grupos de Recaudo de la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, el 22 de agosto de 1991 fue incorporado en la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos Nacionales en el Cargo de Técnico Administrativo Nivel 20 Grado 9.

Se constata igualmente que para el momento en que entró en vigencia el Decreto 1724 de 1997, esto es, el 11 de julio de 1997, se encontraba nombrado con carácter ordinario en la DIAN desde el 23 de febrero de 1996 en el cargo de Profesional en Ingresos Públicos II Nivel 32 Grado 24.

Según se indica tanto en el libelo de la demanda como en la contestación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2117 de 1992, entre otros, los funcionarios de las Direcciones de Impuestos Nacionales y de Aduanas Nacionales, quedaron incorporados en la nueva planta de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales e incluidos en carrera.

Si bien en la Resolución de nombramiento consta que el señor Rómulo Rodríguez Medina fue nombrado en el cargo de Profesional antes anotado por encontrarse en la lista de aprobados del concurso convocado mediante la Resolución Nº 7269 de 1995, lo cierto es que dicha lista fue usada para efectuar un nombramiento ordinario, que tiene la característica de ser un nombramiento discrecional – libre nombramiento y remoción-.

(…)

Vale la pena reiterar que en el plenario no aparece probado que el demandante se encuentre inscrito en el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, luego de superar las etapas y requisitos de un concurso de méritos al interior de la citada entidad.

(…)

De acuerdo con el criterio jurisprudencial unificado contenido en la sentencia a la cual se ha hecho referencia surge con total claridad que la incorporación automática que tuvo lugar al interior de la DIAN con base en el Decreto 2117 de 1992 es inconstitucional y que por tanto las personas que se beneficiaron con tal medida no ostentan derechos de carrera. En este sentido y de acuerdo con el Alto Tribunal, los dos empleados de la DIAN que fueron incorporados automáticamente a dicha entidad en virtud del mentado decreto, no pueden acceder al beneficio de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, dado que no desempeñan el respectivo cargo en propiedad, pues su inscripción en carrera administrativa no se dio como resultado de un proceso de selección público y abierto que garantizara la igualdad de condiciones de los aspirantes.

Dando aplicación entonces a dicha sentencia unificadora, proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, como Sala especializada en la materia y que constituye un precedente obligatorio en los términos de los artículo 10, 102 y 270 del C.P.A.C.A., la Sala advierte que la inscripción automática de la cual fue objeto el demandante en virtud del artículo 116 del Decreto 2117 de 1992, no le confiere los derechos de los cuales gozan los empleados de carrera, razón por la cual se concluye que aquel no satisface el requisito de desempeñar en propiedad un cargo perteneciente a los niveles susceptibles de dicho reconocimiento.

Así las cosas, como se encuentra plenamente establecido que el demandante no cumple con el presupuesto relativo con la vinculación en propiedad siendo este requisito sine que non para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, resulta innecesario que la Sala entre a estudiar el cumplimiento de los demás requisitos que la normativa pertinente consagra para efectos de obtener el estímulo económico pretendido.

(…)”.

Para resolver el problema jurídico, es importante transcribir la Resolución Nº 0834 de 23 de febrero de 1996, que indica:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 0834

23 DE FEBRERO DE 1996
Por la cual se efectúan unos nombramientos

EL DIRECTOR DE IMPUESTOS NACIONALES

En uso de la facultad conferida en los artículos 15, 22, 23 y 38 del Decreto 1647 de 1991 Y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 7258 del 31 de octubre de 1995 se convocó a concurso abierto para la provisión de los cargos mencionados en la parte resolutiva de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que en la Lista de elegibles de fecha de expedición a partir del 26 de enero de 1996, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 54 del Decreto 1647 de 1991 y el artículo 25 de la Resolución Nº 1522 del 29 de abril de 1994 y vigencia de seis (6) meses, figuran las personas que en la parte resolutiva se mencionan e identifican.

Que en virtud de lo anterior se procede a efectuar los nombramientos respectivos

RESUELVE

ARTÍCULO 7º Nombrar con carácter ordinario, en el cargo de PROFESIONAL EN INGRESOS PÚBLICOS III NIVEL 32 GRADO 34, C, con una asignación básica mensual de (…), a RÓMULO RODRÍGUEZ MEDINA con C.C. 10.756.965 (…)” (negrillas de la Sala)

Ahora bien, como consta en el precitado documento, el actor fue nombrado en el cargo de profesional en ingresos públicos III nivel 32 grado 24, por haber superado satisfactoriamente el concurso abierto de méritos convocado mediante la Resolución Nº 7269 de 1995. No obstante, como bien lo afirmó el juez constitucional de primera instancia, dicho acto administrativo es impreciso toda vez que resulta incompatible efectuar el nombramiento ordinario con un empleo de carrera administrativa.

En efecto, existe una incongruencia en la interpretación que realizó la autoridad judicial accionada, teniendo en cuenta que con la Resolución N° 0834 de 1996, la DIAN realizó el nombramientos de las personas que conformaron la lista de elegibles (entre ellos el del accionante) en los cargos que fueron convocados por un concurso abierto de méritos, como se indica expresamente en el precitado acto administrativo.

De esta manera, pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, tuvo en cuenta la Resolución Nº 0834 de 1996, no analizó sistemáticamente dicha prueba, pues como se mencionó, allí se expresa que el actor cursó y superó satisfactoriamente un concurso de méritos abierto convocado por la entidad, pero el nombramiento, como se evidencia, se realizó con carácter ordinario, dicotomía que se hubiera podido aclarar con los poderes oficiosos que en materia probatoria le entrega el ordenamiento jurídico al juez.

De igual forma, valga indicar que la referida resolución acredita que el actor no fue incorporado de manera automática en los términos del artículo 116 del Decreto 2117 de 1992. En tal virtud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, incurrió en un defecto fáctico en su dimensión negativa.

Por lo expuesto, extraña la Sala que la autoridad judicial demandada afirmara que “en el plenario no aparece probado que el demandante se encuentre inscrito en el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, luego de superar las etapas y requisitos de un concurso de méritos al interior de la citada entidad”.

Finalmente, respecto de la valoración de los restantes requisitos, como lo indicó la DIAN en el escrito de impugnación, se trata de un asunto del resorte exclusivo del juez natural, razón por la cual escapa del ámbito de competencia de esta instancia constitucional.

En este orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, en tanto es claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, pese a que estudió los documentos aportados por el actor, no analizó en debida forma la Resolución N° 0834 de 1996, documento que es determinante para la decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Razón de la decisión

La Sala confirmará el amparo, pues vislumbra que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, no analizó en debida forma la Resolución Nº 0834 de 23 de febrero de 1996, por medio de la cual el actor fue nombrado en el cargo de profesional en ingresos públicos III nivel 32 grado 24, con carácter ordinario, pese a que en el mismo acto administrativo se indica que realizó concurso de méritos abierto y objetivo.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE el fallo de tutela de 18 de julio de 2017, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

El expediente ingresó al despacho el cuatro (4) de septiembre de 2017.
Folio 2 del expediente de tutela.
Folio 3 ibídem.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Consejo de Estado, Sección Segunda, en pleno, Consejero Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. Demandante: Yolima de los Ángeles Ramírez Bernal. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
El artículo 4 del Decreto 2164 de 1991 dispone: De la prima técnica por formación avanzada y experiencia. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo, que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente Decreto y que acrediten título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años.
“Por el cual se fusiona la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan disposiciones complementarias”.
Véase las Sentencias C-317 de 1995 y 037 de 1996, en las cuales se declararon inexequibles los sistemas de inscripción automática en la Aeronáutica Civil y en la Rama Judicial.
Véase la Sentencia del 25 de febrero de 2016 Exp. 2619-14 Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez
Consejo de Estado, Sección 2ª, Sentencia No.4577 del 8 de junio de 1992, M.P. Clara Inés Forero de Castro. Así mismo, sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 10 de abril de 1997, expediente 12198, M.P. Doctora Dolly Pedraza de Arenas y del 16 de julio de 1998, Expediente 12429, M.P. Clara Inés Forero; igualmente, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 5 de septiembre de 2002, M.P. Alberto Arango Mantilla y Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 2003-00165 del 8 de mayo de 2003, M.P. Jesús María Lemos (acción popular).

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