Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01463-01
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra sentencia proferida en acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01463-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-01463-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
25 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA EN ACCIÓN POPULAR / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / SANCIÓN IMPUESTA EN INCIDENTE DE DESACATO
La Sala no evidencia una vulneración flagrante de derechos fundamentales, en tanto que las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Chocó guardan relación con las funciones a cargo del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación. En esas condiciones, se estima que la decisión del tribunal demandado no fue caprichosa y, por el contrario, las órdenes se profirieron en ejercicio de las amplias facultades otorgadas al juez de la acción popular, que, como antes se expuso, le permiten convocar a todas las autoridades que, según las competencias asignadas, deben concurrir para facilitar el cumplimiento de la sentencia.(…) Con base en los anteriores argumentos, se concluye que el tribunal Administrativo del Chocó no vulneró los derechos fundamentales del Ministerio del Interior ni del Departamento Nacional de Planeación, pues su actuar estuvo guiado por los derechos colectivos que amparó y, en todo caso, en ejercicio de una facultad que le permite el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.(…) [L]a decisión del a quo no estuvo ajustada a derecho, porque el juez popular sí podía exigirle ciertas actuaciones al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación. (…) En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada en la parte que amparó los derechos fundamentales y, en su lugar, se denegará el amparo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01463-01(AC)
Actor: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó (autoridad judicial demandada) y por José Darío Córdoba Tello (demandante en la acción popular que originó la tutela) contra la sentencia del 4 de diciembre de 2017, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió:
PRIMERO.- DECLÁRASE la carencia de objeto frente a las pretensiones formuladas en las acciones acumuladas de la referencia, correspondientes a dejar sin efectos los autos proferidos dentro del incidente de desacato surtidos dentro de la acción de popular 27001-33-31-001-2009-00211-00/01, ante el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, conforme a lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO.- AMPÁRENSE los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho a la defensa del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y los señores Amparo García Montaña y Simón Gaviria Muñoz. Como consecuencia de lo anterior, dentro de la acción popular 27001-33-31-001-2009-00211-00/01 interpuesta en contra del Municipio de Cantón San Pablo y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó, DÉJANSE sin efectos todas las actuaciones surtidas a partir del auto admisorio de la demanda de 16 de abril de 2009, inclusive. Las pruebas practicadas conservarán su validez, salvo en el evento de que sean controvertidas por las partes y se demuestre lo contrario.
TERCERO.- ORDÉNASE al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó para que en un término no mayor a diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, admita nuevamente la demanda de acción popular y efectúe la debida vinculación y notificación de todas las entidades dentro de la acción popular 27001-33-31-001-2009-00211-00/01, de las cuales se desprenda la posible protección de los derechos colectivos señalados en la acción popular, a efectos de que se integre de manera correcta el contradictorio y estas puedan ejercer su derecho a la defensa y solicitar las pruebas y dictámenes que a bien tengan.
ORDÉNASE al Juez Primero Administrativo de Quibdó que en el auto admisorio dicte la medida cautelar que considere conveniente para la protección del medio ambiente y la vida de los habitantes del Municipio de Cantón de San Pablo, acorde a lo que señaló el Tribunal Administrativo del Chocó en los numerales c) y d) de la sentencia del 25 de febrero de 2015.
EXHÓRTASE a la Procuraduría General de la Nación a efectos de que en desarrollo de sus competencias frente a asuntos ambientales y agrarios, ejerza acompañamiento y verificación, para que se materialicen las órdenes que se impartan en la medida cautelar.
Para lo anterior, la Secretaría General deberá devolver el expediente radicado con el No. 27001-33-31-001-2009-00211-00/01, allegado a estas diligencias en calidad de préstamo.
CUARTO.- SE ORDENA al Defensor del Pueblo – Director del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, la devolución de las sumas que los accionantes AMPARO GARCÍA MONTAÑA, SIMON GAVIRIA MUÑOZ y SILVANA HABIB DAZA hayan consignado por concepto de las sanciones impuestas, dentro de la acción popular 27001-33-31-001-2009-00211-00/01. (Término ocho días contados a partir de la notificación de esta providencia.
QUINTO.- SE ORDENA al Juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó que de manera inmediata haga la devolución a la Agencia Nacional de Minería, del depósito judicial que esa entidad consignó a órdenes del citado despacho judicial en el Banco Agrario el 24 de julio de 2017, por la suma de $ 1.255’448.998,10.
ANTECEDENTES
Preliminarmente, la Sala debe indicar que, mediante autos del 31 de agosto de 2017, del 20 de septiembre de 2017, del 4 de octubre de 2017 y del 25 de octubre de 2017, el magistrado sustanciador de primera instancia decretó la acumulación de los procesos 11001-03-15-000-2017-01874-00, 11001-03-15-000-2017-01878-00, 11001-03-15-000-2017-01890-00, 11001-03-15-000-2017-01896-00, 11001-03-15-000-2017-01916-00, 11001-03-15-000-2017-02052-00, 11001-03-15-000-2017-02112-00 al proceso 11001-03-15-000-2017-01463-01.
En consecuencia, le corresponde a la Sala dictar sentencia de segunda instancia en todos los procesos.
Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, Germán Arce Zapata (2017-01874), Silvana Beatriz Habib Daza (2017-01878), Elkin Antonio Palacios Palacios (2017-01890), Amparo García Montaña y el Departamento Nacional de Planeacion (2017-01896), Simón Gaviria Muñoz (2017-01916) y Teófilo Cuesta Borja (2017-02052) pidieron la protección de los derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al mínimo vital, al buen nombre y de administración de justicia, que estimaron vulnerados por el auto del 19 de julio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó la sanción que se les impuso en el incidente de desacato de la acción popular 27001-23-31-001-2009-00211. En concreto, solicitaron que se dejaran sin efectos las sanciones impuestas en el trámite del desacato.
1.2. Adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeación y la señora Amparo García Montaña (2017-01896), el señor Simón Gaviria Muñoz (2017-01916) y el Ministerio del Interior (2017-02112) pidieron que se dejara sin efecto la sentencia del 25 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó en la acción 27001-23-31-001-2009-00211.
1.3. A su turno, el Ministerio de Minas y Energía (2017-01463) solicitó que se aclarara la sentencia del 25 de febrero de 2015, en el sentido de indicar que las entidades demandadas en la acción popular no estaban obligadas a contratar el estudio ambiental con la Universidad Tecnológica del Chocó, sino que podían contratarlo con auxiliares de la justicia debidamente acreditados.
Hechos
Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. En el año 2009, el señor José Darío Córdoba Tello promovió acción popular contra el municipio de Cantón de San Pablo (Chocó) y la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) para obtener el cierre de las minas ilegales que operaban dentro de esa jurisdicción.
2.2. Por auto del 16 de abril de 2009, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó admitió la acción popular y ordenó vincular al Ministerio de Minas y Energía y al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas).
2.3. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Quibdó amparó los derechos colectivos y ordenó al Ministerio de Minas y Energía, al Servicio Geológico Colombiano, a la Agencia Nacional Minera, a Codechocó y al municipio de Cantón de San Pablo que adelantaran las acciones necesarias para frenar la minería ilegal en esa zona.
2.4. Previo recurso de apelación, el Tribunal Administrativo del Chocó, por providencia del 25 de febrero de 2015, modificó la sentencia de primera instancia. En su lugar, el tribunal dispuso, entre otras cosas: i) el cese inmediato y definitivo de la explotación minera mecanizada del recurso aurífero en el municipio de Cantón de San Pablo y, para el efecto, le ordenó al ministro de Defensa Nacional, al comandante de las Fuerzas Militares, al Ministro del Interior, al comandante del Ejército Nacional, al director de la Policía Nacional, al comandante del Batallón de Infantería No. 12, al comandante del Batallón Terrestre No. 94 y al comandante de la Policía del Chocó que planearan y ejecutaran los operativos necesarios; ii) que la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino» realizara un estudio técnico de impacto ambiental, minero y socioeconómico pasado, presente y futuro en el municipio de Cantón de San Pablo, como consecuencia de la minería ilegal, estudio que sería financiado por el Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas, Servicio Nacional de Geología, Codechocó y el municipio de Cantón de San Pablo, y iii) que el director nacional de Planeación y la Dirección Nacional de Regalías, en el ámbito de sus competencias, iniciaran acciones administrativas para determinar el monto de los recursos que dejó de percibir el Estado colombiano por concepto de regalías, a raíz de la explotación minera ilegal, los cuales debía cobrar a Hernán Martínez Torres (exministro de Minas y Energía), Mario Ballesteros Mejía (exdirector de Ingeominas) y Héctor Damián Mosquera Benítez (exdirector de Codechocó).
2.5. Mediante providencia del 15 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo del Chocó aclaró la sentencia de segunda instancia, para indicar que las órdenes impartidas a Ingeominas y al Servicio Geológico Colombiano debían entenderse dirigidas a la Agencia Nacional de Minería.
2.6. Finalizadas las medidas de descongestión, el proceso de acción popular fue remitido al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, que quedó facultado para realizar el seguimiento y la verificación de cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo.
2.7. En febrero de 2017, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino» radicó ante el Juzgado Primero Administrativo del Chocó documento denominado «propuesta técnica y económica para la realización del estudio de impacto ambiental, minero y socioeconómico de la minería ilegal pasado, presente y futuro en el municipio de Cantón de San Pablo, Chocó, Colombia». En esa propuesta, los costos del estudio fueron estimados en la suma de $ 5.021.816.146.
2.8. Con fundamento en esa propuesta, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, por auto del 6 de marzo de 2017, fijó provisionalmente los honorarios y gastos de pericia en la suma de $ 5.021.816.146, a favor de
Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino» y con cargo al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería, a Codechocó y al municipio de Cantón de San Pablo.
2.9. Por auto del 26 de abril de 2017, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó requirió a German Arce Zapata (en condición de ministro de minas y energía), a Silvana Beatriz Habib Daza (en condición de presidenta de la Agencia Nacional de Minería), a Teófilo Cuesta Borja (en su condición de director de Codechocó), a Elkin Antonio Palacios Palacios (en su condición de alcalde del municipio de Cantón de San Pablo), a Luis Carlos Villegas (en su condición de ministro de Defensa Nacional), a Juan Pablo Rodríguez Barragán (en su condición de demandante de las Fuerzas Militares), a Juan Fernando Cristo Bustos (en su condición de ministro del Interior), a Alberto José Mejía Ferrero (en su condición de comandante del Ejército Nacional), a Jorge Hernando Nieto Rojas (en su condición de director de la Policía Nacional), a Omar Castillo Aldana (en su condición de comandante del Batallón de Infantería No. 12), a Mauricio Moreno (en su condición de comandante del Batallón Terrestre No. 94, a John Milton Arévalo Rodríguez (en su condición de comandante de Policía de Chocó), a Simón Gaviria Muñoz (en su condición de director nacional de planeación), a Amparo García Montaña (en su condición de directora nacional de regalías) y a Luis Gilberto Murillo Urrutia (en su condición de ministro de ambiente, vivienda y desarrollo territorial) para que informaran las acciones afirmativas que hubieren realizado para obtener el cumplimiento de la sentencia del 25 de febrero de 2015.
2.10. Mediante providencia del 29 de junio de 2017, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó sancionó por desacato a Teófilo Cuesta Borja (en su condición de director de Codechocó), a Elkin Antonio Palacios Palacios (en su condición de alcalde del municipio de Cantón de San Pablo), a German Arce Zapata (en condición de ministro de minas y energía), a Silvana Beatriz Habib Daza (en condición de presidenta de la Agencia Nacional de Minería), a Simón Gaviria Muñoz (en su condición de director nacional de planeación) y a Amparo García Montaña (en su condición de directora nacional de regalías). El juzgado les impuso multa de 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conmutables con tres meses de arresto.
2.11. En sede de consulta, el Tribunal Administrativo del Chocó, por auto del 19 de julio de 2017, modificó la sancionó, así: a German Arce Zapata (en condición de ministro de minas y energía), una multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes; a Silvana Beatriz Habib Daza (en condición de presidenta de la Agencia Nacional de Minería), una multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes; a Teófilo Cuesta Borja (en su condición de director de Codechocó), una multa equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes; a Elkin Antonio Palacios Palacios (en su condición de alcalde del municipio de Cantón de San Pablo), una multa equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes; a Simón Gaviria Muñoz (en su condición de director nacional de planeación), una multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y a Amparo García Montaña (en su condición de directora nacional de regalías), una multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2.12. Según las autoridades judiciales demandadas, la sanción impuesta a German Arce Zapata, a Silvana Beatriz Habib Daza, a Teófilo Cuesta Borja y a Elkin Antonio Palacios Palacios era procedente porque, en condición de representantes legales de las entidades demandadas, no desembolsaron los dineros necesarios para sufragar el costo del estudio técnico que debía realizar la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino». A su vez, explicaron que la sanción impuesta a Simón Gaviria Muñoz y a Amparo García Montaña se debió a que no realizaron las acciones administrativas tendientes a determinar el monto de los recursos que dejó de percibir el Estado colombiano por concepto de regalías, a raíz de la explotación minera ilegal.
Argumentos de las acciones de tutela
3.1. En la acción de tutela 2017-01463, el Ministerio de Minas y Energía adujo que el auto del 6 de marzo de 2017, dictado por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, incurrió en defecto procedimental y en violación directa de la Constitución. En concreto, expuso que el juzgado demandado aprobó la propuesta presentada por la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino», sin que previamente se haya corrido traslado a las entidades demandadas, lo que impidió ejercer el derecho de defensa y contradicción para oponerse a aspectos técnicos y económicos de la propuesta.
3.2. En la acción de tutela 2017-01874, Germán Arce Zapata sostuvo que el auto del 19 de julio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, incurrió en defecto orgánico, en defecto procedimental absoluto y en violación directa de la Constitución. A su juicio, el tribunal no tenía competencia para decidir sobre la consulta del desacato, pues, al haber sido esa autoridad judicial la que impuso las órdenes de la acción popular, la consulta debió ser resuelta por su superior funcional, es decir, por el Consejo de Estado. Agregó que el valor de la propuesta de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino» se dio a conocer en marzo de 2017, época en la que ya se había asignado el presupuesto anual del ministerio y, por ende, no se disponía de una partida presupuestal para atender ese gasto de manera inmediata. Finalmente, explicó que el Tribunal Administrativo del Chocó, como juez de consulta del desacato, no podía agravar la sanción impuesta (artículo 31 de la Constitución).
3.3. En la acción de tutela 2017-01878, Silvana Beatriz Habib Daza alegó que la providencia del 19 de julio de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, incurrió en violación directa de la Constitución y en defecto sustantivo. En síntesis, manifestó que el juez de la consulta no podía agravar la sanción (artículo 31 de la Constitución) y que, además, no tuvo en cuenta las normas de presupuesto, que acreditaban la imposibilidad de disponer, de manera inmediata, de los recursos necesarios para pagar el valor exigido por la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino».
3.4. En la acción de tutela 2017-01890, Elkin Antonio Palacios Palacios estimó que el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó no realizaron un análisis de responsabilidad subjetiva para imponer la sanción por desacato y que, en todo caso, la multa resultaba desproporcionada.
3.5. En la acción de tutela 2017-01896, el Departamento Nacional de Planeación y la señora Amparo García Montaña (en su condición de director nacional de regalías del DNP) sostuvieron que la sentencia del 25 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, incurrió en: i) defecto procedimental absoluto, porque dictó órdenes contra el Departamento Nacional de Planeación, a pesar de que esa entidad no fue vinculada a la acción popular; ii) defecto sustantivo, por cuanto impuso al DNP una obligación que no estaba dentro de sus competencias; iii) decisión sin motivación, debido a que «no se enuncia y explica cuál es el fundamento legal para concluir que el Departamento Nacional de Planeación tiene competencia o cuenta con la experticia técnica para realizar» el cálculo de los recursos que dejó de percibir el Estado a raíz de la explotación minera ilegal.; iv) defecto fáctico, toda vez que impuso la obligación al Departamento Nacional de Planeación sin contar con el debido respaldo probatorio. Además, esos demandantes alegaron que los autos del 29 de junio y del 19 de julio de 2017, que impusieron sanción por desacato, incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, pues no analizaron la responsabilidad subjetiva, que, de acuerdo con la jurisprudencia, es una de las condiciones necesarias para sancionar.
3.6. En la acción de tutela 2017-01916, Simón Gaviria Muñoz adujo que la sentencia del 25 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, porque impuso órdenes al Departamento Nacional de Planeación, sin que se hubiere vinculado a esa entidad al trámite de la acción popular. Adicionalmente, alegó que el auto del 19 de julio de 2017 también vulneró derechos fundamentales, por cuanto: i) ya no fungía como director del DNP para la fecha en que se resolvió el incidente de desacato y, por ende, no podía sancionársele, y ii) no se realizó un análisis de responsabilidad subjetiva, que constituye requisito indispensable para sancionar.
3.7. En la acción de tutela 2017-02052, Teófilo Cuesta Borja afirmó que el auto del 19 de julio de 2017, dictado por el Tribunal Administrativo del Chocó, incurrió en defecto fáctico y en violación directa de la Constitución. En resumen, explicó que el costo del estudio técnico que debe realizar la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino» se dio a conocer mediante auto del 6 de marzo de 2017, por lo que esa obligación no estaba incluida en el presupuesto del año 2017 —que se elaboró en el año 2016— y, de todos modos, el costo del estudio, que asciende a la suma de $ 5.021.816.146, supera con creces el rubro de sentencias y conciliación presupuestado para el año 2017. Mencionó que no podía derivarse responsabilidad subjetiva en su contra, porque el no pago del estudio se debe a imposibilidad de disponer de esa cantidad de recursos, causa que resulta justificable. Finalmente, indicó que la sanción impuesta fue desproporcionada, pues no ha actuado de manera negligente.
3.8. En la acción de tutela 2017-02112, el Ministerio del Interior alegó que la sentencia del 25 de febrero de 2015 incurrió en defecto procedimental absoluto y en violación directa de la Constitución, pues le impuso una obligación, sin haberle vinculado previamente a la acción popular. Refirió que solo se le comunicó de la obligación en el año 2017, cuando fue citado al incidente de desacato, de ahí que se le haya impedido ejercer el derecho de defensa.
Intervención de las autoridades judiciales demandadas
Tribunal Administrativo del Chocó
El magistrado ponente de la sentencia del 25 de febrero de 2015 y del auto del 19 de julio de 2017 pidió que se declararan improcedente las solicitudes de amparo, por temeridad. En concreto, expuso:
Que, a raíz de tutelas interpuestas por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Minería, el Consejo de Estado revisó el fallo de la acción popular y, aunque dejó sin efectos el literal i) de la parte resolutiva, mantuvo las demás órdenes impuestas a las entidades. Que, como los fallos de tutela no fueron seleccionados para revisión, la sentencia del 25 de febrero de 2015 hizo tránsito a cosa juzgada, por lo que era obligatorio su cumplimiento.
Que, precisamente, las entidades actoras debían efectuar el pago del estudio a favor de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino», porque la realización del estudio permitiría ejecutar las actuaciones necesarias para restablecer los derechos colectivos amparados.
Que, en todo caso, las solicitudes de amparo debían ser declaradas improcedentes, por temeridad, toda vez que los actores habían interpuesto varias acciones de tutela para controvertir el fallo de la acción de la acción popular.
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó
El titular de ese despacho judicial solicitó que se denegara la tutela, porque en el trámite de la acción popular y del incidente de desacato no se vulneraron derechos fundamentales. Concretamente, adujo:
Que el fallo de la acción popular hizo tránsito a cosa juzgada y, por ende, las entidades condenadas debían acatar lo decidido. Que la sentencia del 25 de febrero de 2015 dispuso expresamente que el estudio de impacto ambiental debía ser realizado por la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino», de ahí que no pueda contratarse con otras entidades.
Que, a su juicio, al cuestionar el valor del estudio de impacto ambiental, la parte actora lo que busca es desconocer el fallo de la acción popular.
Que, por otra parte, la vinculación del Ministerio del Interior a la acción popular no era necesaria, en tanto que no se le condenó, sino que se le exigió que cumpliera las obligaciones a su cargo.
Que, en el trámite de la acción popular, las autoridades judiciales demandadas garantizaron el debido proceso de las partes e intervinientes y, por consiguiente, no podía ser objeto de reprocho. Que, en todo caso, mediante fallo de tutela del 14 de septiembre de 2017, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dejó sin efectos el trámite del incidente de desacato, por lo que, respecto de petición relacionadas con ese trámite, operaba la carencia actual de objeto.
Intervención de terceros con interés
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
La directora de Defensa Jurídica pidió que se suspendieran los autos sancionatorios proferidos en el trámite del incidente de desacato, hasta tanto se resolvieran las acciones de tutela. Para sustentar esa petición, afirmó que el Tribunal Administrativo del Chocó sí vulneró derechos fundamentales, toda vez que no podía impartir órdenes a entidades no vinculadas en la acción popular y, además, no podía agravar la sanción impuesta, en el desacato, por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó.
Servicio Geológico Colombiano
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se declarara que el Servició Geológico Colombiano carecía de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto del 15 de julio de 2015, aclaró la sentencia del 25 de febrero de 2015 y dispuso que «cualquier alusión hecha al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y al Servicio Geológico Colombiano, fijada en la parte resolutiva de la aludida sentencia, se entenderá hecho a la Agencia Nacional de Minería».
Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino»
El apoderado judicial de la universidad pidió que se desestimaran las pretensiones de las acciones de tutela. En resumen, sostuvo:
Que la sentencia del 25 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo de Chocó, fue examinada por el Consejo de Estado, que, al resolver dos acciones de tutela, mantuvo las órdenes impartidas a las entidades demandadas en la acción popular. Que, desde el año 2015, cuando fueron resueltas las tutelas contra la sentencia de acción popular, las entidades condenadas conocían que el fallo y las órdenes allí impartidas eran inmodificables. Que, de hecho, las presentes acciones de tutela eran improcedentes para cuestionar la sentencia del 25 de febrero de 2015, porque no cumplían los requisitos de subsidiariedad e inmediatez y porque lo pretendido era someter el asunto a una instancia adicional.
Que, por otra parte, del fallo de la acción popular no se desprende que la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino» debiera pedir permiso o autorización a las entidades condenadas para realizar el estudio de impacto ambiental. Que, según los lineamientos del fallo de la acción popular, el estudio de impacto ambiental tenía una temporalidad bastante amplia (daños pasados, presentes y futuros) y comprendía los componentes sociales, económicos, mineros y ambientales, de ahí que debiera considerarse como un estudio complejo. Que la importancia de la realización de ese estudio radica en que, a partir de él, se adoptaran las medidas necesarias restablecer los derechos colectivos. Que, adicionalmente, la propuesta para realizar el estudio ambiental atiende las directrices del Ministerio de Ambiente, que es la autoridad competente en esos asuntos y que, además, se incluyó una etapa de consulta previa, que resultaba indispensable para adelantar el proyecto.
Que las entidades condenadas en la acción popular han presentado múltiples peticiones y acciones de tutela para entorpecer el cumplimiento del fallo de tutela, lo que denota un abuso del derecho.
Que el Tribunal Administrativo del Chocó no vulneró los derechos fundamentales del Ministerio del Interior, por cuanto, en el fallo de la acción popular, lo único que hizo fue exigir el cumplimiento de una competencia funcional: realizar actividades para aprevenir la minería ilegal en todo el territorio colombiano. Que, en consecuencia, al Ministerio del Interior no se le impuso ninguna obligación a título de condena. Que, en ese mismo sentido, no era cierto que el Ministerio del Interior desconociera el fallo de la acción popular, pues ha estado desarrollando gestiones para prevenir la minería ilegal en el municipio de Cantón de San Pablo.
Que, por su parte, el Departamento Nacional de Planeación sostuvo que la orden impuesta en la sentencia de la acción popular —determinación de dineros dejados de percibir por concepto de regalías, a raíz de la minería ilegal— no podía cumplirla porque no estaba dentro de sus competencias, pero que luego de la sanción por desacato, el 21 de julio de 2017, sí dio cumplimiento a esa orden. Que, entonces, en gracia de discusión, si hubo vulneración de derechos fundamentales al DNP, se habría configurado la carencia actual de objeto, en tanto que esa entidad ya cumplió lo ordenado.
Que, además no era admisible que el municipio de Cantón de San Pablo se excusara en la falta de disponibilidad de recursos para pagar el estudio de impacto ambiental, toda vez que el fallo de la acción popular fue proferido en el año 2015 y, por ende, era su deber presupuestar los recursos necesarios para el cumplimiento de esa sentencia.
Ministerio de Minas y Energía
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica expuso que el magistrado José Andrés Rojas Villa, que fungió como ponente de la sentencia del 25 de febrero de 2015 y del auto del 19 de julio de 2017, debió declararse impedido para conocer y decidir de la acción popular, pues el Ministerio de Minas y Energía lo había denunciado penal y disciplinariamente por presuntas irregularidad en una anterior acción popular. Que, siendo así, la imparcialidad de ese magistrado estaba comprometida y, por ende, al participar en la aprobación del fallo de la acción popular y en el incidente de desacato, vulneró el derecho al debido proceso.
Policía Nacional
El secretario general de la Policía Nacional alegó que esa entidad no tenía ñegitimacion en la causa por pasiva, porque la tutela cuestionaba providencias judiciales, mas no una acción y omisión de la Policía Nacional.
Departamento Nacional de Planeación
La apoderada judicial del DNP manifestó que el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó notificó indebidamente el auto del 6 de marzo de 2017, que fijó provisionalmente los honorarios a la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino», lo que impidió que se ejercicio el derecho de contradicción. Agregó que el valor del estudio de impacto ambiental se dio a conocer en febrero de 2017, de ahí que, por razones presupuestales, no se disponía del dinero en ese mismo semestre.
Ministerio de Defensa Nacional
El coordinador del Grupo Contencioso Constitucional pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de ese ministerio, por cuanto la tutela iba dirigida contra actuaciones del Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y del Tribunal Administrativo de Chocó.
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
La apoderada judicial manifestó que a ese ministerio no le asistía legitimación en la causa por pasiva y, por ende, pidió que se denegara cualquier tipo de pretensión que se persiguiera en su contra.
Procuraduría 41 Judicial II Administrativa de Choco y Procuraduría Novena Judicial II Ambiental y Agraria del Chocó
El procurador 41 judicial II administrativo del Chocó y el procurador noveno judicial II ambiental y agrario del Chocó adujeron que las solicitudes de amparo no cumplen los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y, adicionalmente, destacaron que el comité de verificación, conformado para hacer seguimiento al fallo de la acción popular, está adelantando las actuaciones que le corresponden.
José Darío Córdoba Tello (demandante en la acción popular)
El demandante de la acción popular afirmó que las acciones de tutela lo que buscan es dilatar el cumplimiento del fallo y, con ese argumento, solicitó que se denegaran las solicitudes de amparo.
Ministerio de Justicia
El director jurídico alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia, pues estimó que la vulneración de derechos fundamentales se predica de providencias dictadas por autoridades judiciales, que gozan de autonomía y no están subordinas a ese ministerio.
Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado
La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se denegaran las acciones de tutela dirigidas a cuestionar la sentencia del 25 de febrero de 2015, pues fueron interpuestas después de dos años y, por esa razón, no cumplían el requisito de la inmediatez. Indicó que el uso reiterativo de recursos judiciales por parte de las entidades condenadas en la acción popular denota una actitud renuente frente al cumplimiento de las órdenes impartidas, que refleja un desconocimiento del principio de colaboración entre las entidades estatales. Sin embargo, conceptuó que debía ampararse el debido proceso del Ministerio de Minas y Energía, en tanto que el auto del 6 de marzo de 2017 —que fijó provisionalmente los honorarios a la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino»— no fue debidamente notificado y por esa circunstancia no pudo ser objeto de observaciones por parte de entidades las condenadas.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
La apoderada judicial de esa superintendencia alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque esa entidad no tenía nada que ver con la presunta vulneración de derechos fundamentales que se invocaba en la tutela.
Defensoría del Pueblo, Fondo para la protección de los derechos e intereses colectivos
El profesional universitario adscrito a la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo pidió que se denegaran las acciones de tutela relacionadas con las multas impuestas, toda vez que, en virtud de un fallo de tutela, se había ordenado la devolución de los dineros pagados.
Sentencia impugnada
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2017, adoptó las siguientes decisiones: i) declaró la carencia actual de objeto respecto de las pretensiones que perseguían dejar sin efecto las providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato y ii) amparó los derechos fundamentales del Ministerio del Interior, del Departamento Nacional de Planeación, del señor Simón Gaviria Muñoz y de la señora Amparo García Montaña y, en consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado dentro de la acción popular 27001-23-31-001-2009-00211, para que, en su lugar, se admitiera nuevamente la demanda de acción popular y se vinculara a todas las entidades involucradas en la protección de los derechos colectivos reclamados. En síntesis, las razones del a quo fueron:
Que, mediante sentencia de tutela del 14 de septiembre de 2017, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dejó sin efectos todas las actuaciones surtidas a partir de la notificación del auto del 6 de marzo de 2017, inclusive, de ahí que, consecuencialmente, hayan quedado sin efectos todas las decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, incluidas, por supuesto, las sanciones. Que, por esa razón, las pretensiones tendientes a dejar sin efectos las sanciones del desacato ya estaban satisfechos y respecto de ellas se configura la carencia actual de objeto.
Que, por otra parte, en las acciones de tutela 2017-02112, promovida por el Ministerio del Interior; 2017-01896, promovida por el Departamento Nacional de Planeación y la señora Amparo García Montaña, y 2017-01916, promovida por Simón Gaviria Muñoz se cuestionaba la sentencia del 25 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, por haber impartido órdenes sin que se les hubiere vinculado al trámite de la acción popular.
Que en esas solicitudes de amparo el término de la inmediatez no debía computarse desde la fecha de notificación de la sentencia de la acción popular, sino desde la fecha en que se resolvieron las solicitudes de nulidad contra esa sentencia, solicitudes que fueron presentadas por el Ministerio del Interior y por el Departamento Nacional de Planeación, al enterarse de que les habían impuesto órdenes sin que les hubiera vinculado al trámite de la acción popular. Que, como esas solicitudes de nulidad fueron resueltas en abril de 2017 y las tutelas fueron interpuestas en julio y agosto de 2017, se cumplía el requisito de inmediatez.
Que, en cuanto al fondo del asunto, fue la sentencia de segunda instancia de la acción popular (del 25 de febrero de 2015) la que impartió órdenes a varias entidades que no estaban vinculadas al trámite de la acción popular: Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación, Dirección Nacional de Regalías, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.
Que el Tribunal Administrativo del Chocó argumentó que no era necesario vincular a esas entidades porque no se les impuso una orden, sino que se les exigió el cumplimiento de las funciones que les correspondían. Que, no obstante, el razonamiento del tribunal era desacertado, pues «si un mandato judicial conmina u ordena a un ente administrativo desplegar una acción, como lo fue en este caso con las órdenes impartidas en la sentencia del 25 de febrero de 2015, es precisamente, en el ejercicio de funciones que las entidades deben acatarlas», en tanto que ninguna autoridad, judicial o administrativa, puede ejercer funciones que no le han sido asignadas por la Constitución y la ley.
Que, justamente, los ciudadanos acuden a las acciones populares en procura de que una decisión judicial imponga a las autoridades (o particulares) el cumplimiento de las funciones a cargo, porque muchas veces la vulneración de derechos colectivos surge por la omisión en el ejercicio de las competencias.
Que, además, contra lo dicho por el tribunal demandado, la sentencia del 25 de febrero de 2015 sí impuso órdenes, y no simplemente exhortos, toda vez que el Ministerio del Interior y Departamento Nacional de Planeación fueron vinculados al trámite de desacato, en el que resultaron sancionados algunos funcionarios del DNP.
Que, en efecto, como el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación no fueron vinculados al proceso de acción popular, se configuraba el defecto procedimental absoluto y la violación directa de la Constitución, pues no se les permitió ejercer el derecho de defensa. Que, en ese sentido, era deber del juez de la acción popular notificar a esas entidades, en los términos del artículo 21 de la Ley 472 de 1998, y, al no hacerlo, se apartaron del proceso establecido para esa clase de procesos y, de paso, afectaron en forma grave el debido proceso.
Que, sin embargo, la forma de salvaguardar los derechos fundamentales del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación no era excluirlos de las órdenes impartidas en la sentencia del 25 de febrero de 2015, por cuanto no podía desconocerse que el Tribunal Administrativo del Chocó explicó la importancia que tenían las órdenes impuestas a esas entidades para la protección integral de los derechos colectivos involucrados.
Que, en esas condiciones, lo procedente era dejar sin efecto todo lo actuado en la acción popular, incluso el auto admisorio del 16 de abril de 2009, para que se vinculara y notificara en debida forma a todas las entidades que tuvieren que ver con la protección de los derechos colectivos reclamados, aunque las pruebas practicadas conservaban validez, salvo las que lograran desvirtuarse por las partes. Que, en todo caso, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, al admitir nuevamente la demanda de la acción popular, debía dictar una medida cautelar que garantizara el cese inmediato y definitivo de la explotación minera mecanizada del recurso aurífero en el municipio de Cantón de San Pablo.
Que, por otra parte, en virtud de que el trámite del incidente de desacato quedó sin efectos, debía ordenarse la devolución de los dineros pagados por los sancionados, si aún no se hubiere hecho. Que, además, como se dejó sin efecto lo actuado en el trámite de la acción popular, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó debía devolver a la Agencia Nacional de Minera la suma de $ 1.255.448.998, dineros que fueron pagados para cubrir el dictamen de la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba Pino».
Que, por último, en atención a los hechos expuestos por el Ministerio de Minas y Energía, que daban cuenta del posible impedimento del magistrado José Andrés Rojas Villa para decidir de la acción popular —por haber sido denunciado penal y disciplinariamente por hechos relacionados con una acción popular anterior—, se dispuso que, en caso de que el citado magistrado haya sido vinculado formalmente a alguna de esas investigaciones, manifieste impedimento y se aparte del conocimiento del proceso.
Impugnaciones
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó
El titular de ese despacho judicial pidió que se revocara la decisión del a quo y que, en su lugar, mantuviera las sentencias dictadas en el trámite de acción popular o, en caso de ser procedente el amparo concedido al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación, se dejen sin efecto, únicamente, las órdenes impartidas a esas entidades. En concreto, expuso:
Que la sentencia del 14 de setiembre de 2017, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, puso fin a la vulneración de derechos fundamentales invocados por los actores, pues en esa oportunidad se dejó sin efectos todo lo actuado en el trámite del incidente de desacato.
Que la sentencia del 25 de febrero de 2015 ya fue objeto de tutela y el Consejo de Estado, a pesar de que excluyó la orden del numeral i) de la parte resolutiva de esa providencia, mantuvo las demás órdenes impartidas. Que, siendo así, el fallo de la acción popular quedó respaldado por una sentencia de tutela y, por esa razón, admitir la procedencia de una nueva acción de tutela contra ese fallo implicaría desconocer la jurisprudencia constitucional (C-590 de 2012 y SU-195 de 2012), que descarta la tutela contra sentencias de tutela.
Que, además, el a quo omitió realizar un juicio de ponderación entre los derechos en tensión, que son, por un lado, los derechos fundamentales del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación, cuya vulneración se predica de la falta de vinculación al trámite de la acción popular, y, del otro, «el derecho de las comunidades negras afrodescendientes e indígenas al disfrute de un ambiente sano, dada su condición de sujetos de especial protección constitucional, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
Que, incluso, la sentencia del 25 de febrero de 2015 no impartió órdenes al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación, porque, en realidad, se trató de un exhorto, avalado por el inciso final del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, que dispone: «también comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo».
Que, en todo caso, el Ministerio del Interior nunca fue sancionado en el trámite del desacato y si bien el Departamento Nacional de Planeación fue inicialmente sancionado, lo cierto era que, al dar cumplimiento a la orden respectiva, se le levantó la sanción mediante auto del 3 de agosto de 2017. Que, por lo tanto, carecía de sentido rehacer todo el trámite de la acción popular únicamente para vincular a esas entidades.
Que, en concordancia con lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del 25 de febrero de 2015 para vincular al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación constituye un exceso ritual manifiesto, porque se sacrifican los derechos de las victimas del daño ambiental, que lo han padecido por más de 10 años, sin que las entidades competentes hayan concurrido completamente a la solución.
Que, por último, el a quo no explicó en que consiste la relevancia constitucional del asunto, que hiciera procedente el estudio de fondo de las acciones de tutela.
José Darío Córdoba Tello
El demandante de la acción popular solicitó que se revocara el amparo concedido por el a quo. Para el efecto, sostuvo que las acciones de tutela resultaban extemporáneas e infundadas, puesto que la sentencia del 25 de febrero de 2015 ya había sido objeto de tutela, y que lo pretendido por los actores era dilatar el cumplimiento del fallo. Agregó que, a pesar del fallo de la acción popular, la minería ilegal persiste en el municipio de Cantón de San Pablo y, así, la vulneración de los derechos e intereses colectivos.
CONSIDERACIONES
La acción de tutela contra providencias judiciales
A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se cuestione una sentencia de tutela.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que se ha aplicado la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».
Planteamiento del problema jurídico
De manera preliminar, la Sala coincide con el juez de tutela de primera instancia en que las pretensiones que perseguían dejar sin efectos las actuaciones del incidente de desacato ya fueron satisfechas y, por ende, sí se configura la carencia actual de objeto.
Ahora, en efecto, las acciones de tutela 2017-02112, 2017-01896 y 2017-01916 cuestionaban, además, la sentencia del 25 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, por haber impartido órdenes sin previa vinculación al trámite de la acción popular.
Un primer reproche de la impugnación consiste en que el a quo no explicó por qué esas acciones de tutela estaban revestidas de relevancia constitucional, examen necesario para proceder al asunto de fondo en los casos de tutela contra providencia judicial.
En ese sentido, vale la pena destacar que, en las acciones de tutela 2017-02112, 2017-01896 y 2017-01916, los demandantes alegaron, entre otras cosas, que las autoridades judiciales demandadas desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, porque les impidieron intervenir en la acción popular 27001-23-31-001-2009-00211, en la que se impusieron órdenes al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación.
De ser cierta esa afirmación, el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó habrían cercenado el derecho de defensa del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación. El derecho de defensa es, como se sabe, una de las garantías principales del debido proceso.
En esos términos, la Sala estima que el presente asunto sí reviste importancia constitucional, pues involucra la efectividad de uno de los postulados constitucionales: la garantía del debido proceso (artículo 29).
En este punto, es importante precisar que la relevancia constitucional, entendida como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, no supone que se esté admitiendo la vulneración de determinado derecho fundamental, pues a esa conclusión solo puede llegarse cuando aparezcan demostradas todas las causales generales y al menos una de las específicas. En otras palabras, no es posible equiparar la relevancia constitucional a la demostración de la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, basta con que, de lo expuesto en el escrito de tutela, pueda advertirse que la providencia judicial podría llegar a vulnerar determinados intereses constitucionales que es importante analizar.
A juicio de la Sala, las acciones tutela también cumplían los demás requisitos generales y, por ende, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sí podía emitir un pronunciamiento de fondo.
En ese contexto, en los términos de la impugnación, a la Sala le corresponde resolver el siguiente problema jurídico: estuvo ajustada a derecho la decisión del a quo, al dejar sin efecto todo lo actuado en el trámite de la acción popular —incluido el auto admisorio— o, en atención a las facultades otorgadas por la Ley 472 de 1998 y a la naturaleza de derechos involucrados en ese tipo de acciones (colectivos), debió denegarse el amparo o, incluso, concederse un amparo de tutela que únicamente excluyera las órdenes impartidas al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación.
Solución del caso
La Sala destaca que —frente a eso no hay discusión— el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación no fueron vinculados al trámite de la acción de popular. Pese a ello, en la sentencia del 25 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Chocó dispuso, entre otras cosas:
TERCERO: LAS ÓRDENES A IMPARTIR:
Como ha quedado claro que se violentaron los derechos colectivos, se ordenará:
(…)
b) DECLARASE a la parte demandada, integrada por el Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas, Servicio Nacional de Geología, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco CODECHOCÓ y la Alcaldía del Cantón de San Pablo administrativa y extracontractualmente responsable en la comisión por omisión de la vulneración de derechos colectivos derivados del espacio público, del goce a un medio ambiente sano, a la prevención de desastres técnicamente previsibles, la seguridad y salubridad públicas, a la moralidad administrativa, a los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público, tal y como se describe en esta sentencia.
c) ORDÉNESE el cese inmediato y definitivo de la explotación minera mecanizada del recurso aurífero en el Municipio del Cantón de San Pablo – Chocó.
d) Para el cumplimiento de éstas órdenes, se dispone que el Señor Ministro de la Defensa Nacional, el Señor Comandante de las Fuerzas Militares, el Señor Ministro del Interior, el Señor Comandante del Ejército Nacional, el Señor Director de la Policía Nacional, el Señor Comandante del Batallón de Infantería No. 12 BG. Alfonso Manosalva Flórez, el Señor Comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 94 “Ct. Pedro Hernando Lizarazo Cruz” y el Señor Comandante del Departamento de la Policía del Chocó, tracen, planeen y ejecuten los operativos de interdicción permanente y necesarios para hacer efectivas las medidas aquí adoptadas.
e) Con cargo a los accionados (Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas, Dirección General de CODECHOCO y la alcaldía del municipio del Cantón de San Pablo, la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba Pino”, realizará el estudio de impacto ambiental, minero y socioeconómico pasado, presente y futuro en el municipio del Cantón de San Pablo – Chocó, como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal.
(…)
q) ORDÉNASE al Director Nacional de Planeación y a su Dirección Nacional de Regalías para que, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo a lo explicado en la parte motiva de esta providencia, inicie las acciones administrativas a efectos de determinar el eventual costo que por concepto de regalías dejadas de percibir por el Estado Colombiano y participación contractual por concesiones dejadas de suscribir, debe cobrarse personalmente a los siguientes servidores y exservidores públicos Señores exministro de Minas y Energía, Dr. HERNÁN MARTÍNEZ TORRES, el Señor exDirector de Ingeominas, Dr. MARIO BALLESTEROS MEJÍA y el señor exDirector General de Codechocó, Dr. HÉCTOR DAMIÁN MOSQUERA BENÍTEZ.
De conformidad con lo anterior, se advierte que el tribunal demandado declaró que la vulneración de los derechos e intereses colectivos era responsabilidad: del Ministerio de Minas y Energía, de Ingeominas, del Servicio Nacional de Geología, de Codechocó y del municipio de Cantón de San Pablo.
Además, al referirse a «los accionados», entidades que deben pagar los costos del estudio de impacto ambiental, la sentencia del 25 de febrero de 2015 no incluyó al Ministerio del Interior ni al Departamento Nacional de Planeación. Es decir, en estricto sentido, la providencia judicial cuestionada no condenó al Ministerio del Interior ni al Departamento Nacional de Planeación.
Ahora, la Sala no desconoce que el fallo de la acción popular también dispuso: i) que el Ministerio del Interior debía, en compañía de otras autoridades, planear y ejecutar operativos para impedir la explotación minera mecanizada del recurso aurífero, y ii) que el Departamento Nacional de Planeación, en el ámbito de sus competencias, debían adelantar acciones administrativas para determinar el monto de los recursos que dejó de percibir el Estado colombiano por concepto de regalías, a raíz de la explotación minera ilegal, los cuales debía cobrar a exservidores públicos.
Sin embargo, el hecho de que la autoridad judicial haya indicado esos deberes en cabeza de esas entidades públicas no implica que se esté en presencia de una grave vulneración de derechos fundamentales, que amerite dejar sin efecto todo lo actuado dentro de la acción popular. Veamos.
El inciso final del artículo 34 de la Ley 472 de 1990, al referirse a la sentencia de la acción popular, dispone que el juez que profiere fallo «también comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo».
De la expresión «también comunicará» es posible inferir que la norma hace alusión a otras entidades que no están vinculadas al proceso. Esa posible inferencia se sustenta en dos razones: i) el hecho de que la disposición normativa utilice la expresión «comunicará», en lugar de «notificará», que es el término propio que se utiliza para informar a las partes o vinculados a un proceso judicial, y ii) que se utilice la expresión «colaboren» y no la palabra «cumplan», que sería lo pertinente si se impone una orden a una entidad vinculada al proceso.
En ese contexto, al menos una posible interpretación del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 permite que el juez de la acción popular pida colaboración a entidades no vinculadas al proceso.
A juicio de la Sala, esa posible interpretación permite zanjar el conflicto de derechos que suscita la presente acción de tutela. Si se admite que el juez popular sí podía exigirle ciertas actuaciones al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación, la conclusión sería que no se están vulnerando derechos fundamentales y permanecería intacto el amparo de los derechos colectivos que otorgó la sentencia del 25 de febrero de 2015. Si, por el contrario, se acoge una interpretación distinta del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 y se descarta que el juez pueda exigir actuaciones a entidades vinculadas, entonces sí podría predicarse la vulneración de derechos fundamentales del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación y, de manera correlativa, habría que afectar el amparo concedido a los derechos colectivos.
Téngase en cuenta los derechos colectivos también corresponden a derechos constitucionales y, de hecho, desde el punto de vista de los destinarios, satisfacen, en mayor medida, el interés general, frente a los derechos de carácter individual (cuya protección piden el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación).
Adicionalmente, la Sala no evidencia una vulneración flagrante de derechos fundamentales, en tanto que las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Chocó guardan relación con las funciones a cargo del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación.
En esas condiciones, se estima que la decisión del tribunal demandado no fue caprichosa y, por el contrario, las órdenes se profirieron en ejercicio de las amplias facultades otorgadas al juez de la acción popular, que, como antes se expuso, le permiten convocar a todas las autoridades que, según las competencias asignadas, deben concurrir para facilitar el cumplimiento de la sentencia.
Por último, la Sala se permite invocar la consideración que realizó esta Sección en la sentencia del 28 de junio de 2016, en la que se dijo:
La Sala debe dejar claro que ninguna vulneración de derechos fundamentales puede derivarse de la orden que imparte un juez de la acción popular (ni ningún otro juez) para que una autoridad cumpla con sus funciones. De hecho, la entidad pública está en la obligación de actuar, así no exista orden judicial de por medio.
Con base en los anteriores argumentos, se concluye que el tribunal Administrativo del Chocó no vulneró los derechos fundamentales del Ministerio del Interior ni del Departamento Nacional de Planeación, pues su actuar estuvo guiado por los derechos colectivos que amparó y, en todo caso, en ejercicio de una facultar que le permite el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: la decisión del a quo no estuvo ajustada a derecho, porque el juez popular sí podía exigirle ciertas actuaciones al Ministerio del Interior y al Departamento Nacional de Planeación, en virtud del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, y, por lo tanto, no debía dejarse sin efecto todo lo actuado en el trámite de la acción popular, pues se trata de una orden que afecta gravemente el amparo concedido a los derechos colectivos.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada en la parte que amparó los derechos fundamentales y, en su lugar, se denegará el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, denegar las solicitudes de amparo.
Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Expedientes: 11001-03-15-000-2017-01463-01, 11001-03-15-000-2017-01874-00, 11001-03-15-000-2017-01878-00, 11001-03-15-000-2017-01890-00, 11001-03-15-000-2017-01896-00, 11001-03-15-000-2017-01916-00, 11001-03-15-000-2017-02052-00, 11001-03-15-000-2017-02112-00
Interpuesto por Germán Arce Zapata Como representante legal del Ministerio de Minas y Energía; Silvana Beatriz Habib Daza como presidenta de la Agencia Nacional de Minería; Elkin Antonio Palacios Palacios como alcalde del municipio de Cantón del San Pablo; Amparo García Montaña, como directora de Vigilancia de las Regalías del DNP; Simón Gaviria Muñoz como director del Departamento Nacional de Planeación; Teofilo Cuesta Borja Como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó. Folios 854-855 del expediente principal de la tutela. Folios 365-366 del expediente principal de la tutela. Folios 527-530 del expediente principal de la tutela. Folios 595-596 del expediente principal de la tutela. Folio 733 del expediente principal de la tutela. Folios 172 (vuelto) y 173 del expediente principal de tutela. Folio 27 del expediente principal de tutela. Folios 65-69 del expediente principal de tutela. Folios 25-30 del expediente de tutela 2017-01874. Folios 235-253 del expediente principal de tutela. ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. La iniciación de acciones administrativas para determinar el monto de los recursos que dejó de percibir el Estado colombiano por concepto de regalías, a raíz de la explotación minera ilegal.
i) La autoridad minera y ambiental iniciará las gestiones administrativas tendientes a efectuar la contratación y legalización de la explotación minera que se realiza de manera ilegal en el Municipio del Cantón de San Pablo, conforme los lineamientos de la Ley 685 de 2001, dentro de un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Folio 226 (vuelto) del expediente principal de tutela. El magistrado William Hernández Hernández Salvó el voto. A su juicio, estimó que no era necesario dejar sin efecto todo lo actuado en el trámite de la acción popular, pues el pronunciamiento de los derechos colectivos invocados en esa acción lleva cerca de 8 años y, en todo caso, podía ordenarse la vinculación de las entidades en sede de segunda instancia, para que ejercieran el derecho de contradicción. Folio 850 (vuelto) del expediente principal de tutela. Folio 914 del expediente principal de tutela. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. SU-573 de 2017. El derecho a la defensa es una de las principales garantías del debido proceso y fue definida por esta Corporación como la “oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la otorga. La doctrina ha establecido que el derecho a la defensa “concreta la garantía de la participación de los interlocutores en el discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer sus facultades de presentar argumentaciones y pruebas. De este modo, el derecho de defensa garantiza la posibilidad de concurrir al proceso, hacerse parte en el mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas. Cabe decir que este derecho fundamental se concreta en dos derechos: en primero lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, el derecho a la defensa técnica. Artículo 2 del Decreto 2893 de 2011. Funciones (del Ministerio del Interior
(…)
5.
Dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de factores que atenten contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y las autoridades departamentales y locales en lo que a estas corresponda. Artículo 9 de la Ley 1530 de 2012. Funciones del Departamento Nacional de Planeación.
(…)
4. Administrar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías. Expediente 11001-03-15-000-2015-00767-01.
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