Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01508-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01508-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-01508-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
14 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / REAJUSTE DE ASIGNACIÓN DE RETIRO DE MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA CONFORME AL IPC - Límite temporal de aplicación
[E]l Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos ha manifestado que el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública debe realizarse conforme al IPC, como lo dispone el Sistema General de Pensiones, de acuerdo a la remisión expresa que hace la Ley 238 de 1995, pero solo en el evento en que este sistema resulte más favorable que el principio de oscilación aplicado por las Fuerzas Militares. En este orden de ideas, el Tribunal accionado negó el reajuste de la asignación de retiro del actor por cuanto la misma fue solicitada y reconocida en el año 2011, fecha para la cual se corrigió la diferencia presentada entre el principio de oscilación y el IPC. Es así que para el presente caso, no es aplicable la ley 100 de 1993 por cuanto el accionante tuvo asignación de retiro en el año 2011, y el incremento de la misma para los miembros de la fuerza pública conforme al IPC, como se expuso en líneas anteriores, solo aplicaba desde la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 hasta el año 2004, fecha en que entró en vigencia la Ley 923 de 2004 reglamentada por el Decreto 4433 de 2004, el cual retornó al régimen de oscilación como sistema de reajuste de estas asignaciones de retiro. (…) En lo relacionado con el desconocimiento del precedente, es preciso advertir que en la parte actora en el escrito de impugnación citó como desatendidas unas sentencias proferidas por la Corte Constitucional que no relacionó en el escrito de tutela. No obstante, la Sala observa que no existe tal desconocimiento relacionado con la prohibición de congelar las mesadas pensionales por cuanto al demandante se le reconoció la asignación de retiro con la norma vigente para el efecto (artículo 42 del Decreto 4433 de 2004).
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 14 / LEY 238 DE 1995 / DECRETO 4433 DE 2004 - ARTÍCULO 42
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01508-01(AC)
Actor: JUAN DAVID BARRAGAN ARANGO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y OTRO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación promovida por la parte actora contra la sentencia de 17 de agosto de 2017, en la que la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación Judicial, negó la solicitud de amparo de la referencia.
ANTECEDENTES
Hechos
Del expediente, se destaca la siguiente información relevante:
Manifestó el actor que trabajó al servicio del Ejército Nacional durante 31 años, 1 mes y 21 días, por ello la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció asignación mensual de retiro mediante Resolución Nº 0379 de 3 de febrero de 2011. Agregó que el último cargo desempeñado lo fue como Coronel de la institución castrense.
Relató que la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares no tuvo en cuenta lo dispuesto en las leyes 238 de 1995 y 100 de 1993 (artículo 14), las cuales señalan la obligación de reajustar anualmente las pensiones de todo trabajador conforme al Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE.
Insistió en que su asignación de retiro debe ser actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor, en adelante I.P.C., para efectos de evitar la pérdida de su valor adquisitivo y la congelación en el tiempo, razón por la cual, mediante petición de 7 de diciembre de 2012, solicitó el reajuste de conformidad con los artículos 14, 142 y 279 de la Ley 100 de 1993. Dicha petición, sostuvo, fue resuelta de manera negativa mediante oficio CREMIL 99168 de 2 de enero de 2013, a lo que agregó que contra esa decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación con el fin de agotar la vía gubernativa correspondiente.
En tal virtud, el demandante acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares negó el reajuste, reliquidación, indexación y pago de la asignación de retiro. En primera instancia el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo Oral del Bogotá D.C., mediante sentencia de 26 de septiembre de 2014, negó las súplicas de la demanda.
Adujo que contra esa decisión interpuso la apelación correspondiente, recurso que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante proveído de 23 de febrero de 2017, que confirmó lo decidido el a quo al considerar que “la situación del demandante no se encuentra cobijada por el reajuste de su asignación de retiro con el IPC para los años 1997 a 2004, cuando fuere más favorable que el principio de oscilación, toda vez que se le reconoció asignación de retiro a partir del 12 de marzo de 2011, fecha en la cual el reajuste a esta prestación se encuentra regulado por el principio de oscilación”.
Con base en lo anterior el señor Juan David Barragán Arango, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo Oral del Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, en relación con las providencias de 26 de septiembre de 2014 y 23 de febrero de 2017, respectivamente, que negaron el reajuste de la asignación mensual de retiro con base en el IPC.
Fundamentos de la acción
A juicio de la parte actora, las decisiones judiciales objeto de tutela vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y el que denominó “no congelación de las mesadas pensionales”, al negar el reajuste de su asignación de retiro conforme al I.P.C., además, desconocieron el carácter de derecho fundamental que ostenta el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Afirmó que las providencias objeto de censura incurrieron en defecto sustantivo por grave error en la interpretación de las normas jurídicas, toda vez que, a su juicio, interpretaron de manera inadecuada el contenido del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 al afirmar que al haberse retirado de las Fuerzas Militares durante la vigencia de esa norma (año 2011) se encontraba excluida la posibilidad de actualizar las mesadas futuras con base en el IPC. Lo anterior, en su sentir, implica el congelamiento de la asignación de retiro y vulnera el artículo 48 superior.
Finalmente, señaló que existió desconocimiento del precedente relacionado con el derecho a la aplicación de la actualización de las asignaciones de retiro de los miembros de las fuerzas armadas con el IPC, antes y después del año 2004, así como el referido a la prohibición de congelar las mesadas pensionales.
Pretensiones
En el escrito de tutela el actor formuló las siguientes peticiones:
“PRIMERA: Que se declare que el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá D.C., vulneró los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al no congelamiento de la mesada pensional y/o al mínimo vital del señor Juan David Barragán Arango, al proferir la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2014, que puso fin a la primera instancia del Proceso, habida cuenta que incurrió en defecto sustantivo.
SEGUNDA: Que se declare que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al no congelamiento de la mesada pensional y/o al mínimo vital del señor Juan David Barragán Arango, al proferir la sentencia de fecha 23 de febrero de 2017, que puso fin a la segunda instancia del Proceso, habida cuenta que incurrió en defecto sustantivo.
TERCERA: Que se declare que el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá D.C., vulneró los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al no congelamiento de la mesada pensional y/o al mínimo vital del señor Juan David Barragán Arango, al proferir el auto de 9 de junio de 2017, notificado el día 12 de junio del mismo año, habida cuenta que incurrió en defecto sustantivo.
CUARTA: Que se declare que el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá D.C., vulneró los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al no congelamiento de la mesada pensional y/o al mínimo vital del señor Juan David Barragán Arango, al proferir la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2014, que puso fin a la primera instancia del Proceso, habida cuenta que incurrió en desconocimiento de precedente.
QUINTA: Que se declare que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al no congelamiento de la mesada pensional y/o al mínimo vital del señor Juan David Barragán Arango, al proferir la sentencia de fecha 23 de febrero de 2017, que puso fin a la segunda instancia del Proceso, habida cuenta que incurrió en desconocimiento de precedente.
SEXTA: Que se declare que el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá D.C., vulneró los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al no congelamiento de la mesada pensional y/o al mínimo vital del señor Juan David Barragán Arango, al proferir el auto de 9 de junio de 2017, notificado el día 12 de junio del mismo año, habida cuenta que incurrió en defecto sustantivo (sic) habida cuenta que incurrió en desconocimiento de precedente.
SÉPTIMA: Que, como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de las anteriores pretensiones, se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al no congelamiento de la mesada pensional y/o al mínimo vital de mi representado, en el sentido de revocar las Sentencias Impugnadas.
OCTAVA: Que, como consecuencia de la pretensión quinta anterior, el Honorable Consejo de Estado ordene a las Autoridades Demandadas a acoger las pretensiones de mi representado, tal y como fueron presentadas en la demanda que dio inicio al Proceso.
Pretensión subsidiaria a la pretensión Octava. Que, como consecuencia de la prosperidad de la pretensión quinta anterior, el Honorable Consejo de Estado acoja las pretensiones de mi representado, tal y como fueron presentadas en la demanda que dio inicio al Proceso”.
Pruebas relevantes
El accionante allegó con el escrito de tutela los siguientes documentos:
• Sentencia de 26 de septiembre de 2014, proferida dentro de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el actor (folios 136 a 140 del cuaderno de instancia).
• Providencia de 23 de febrero de 2017, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, confirmó la decisión de primera instancia (folios 225 a 228 del cuaderno de instancia).
Oposición
5.1. Respuesta de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil (tercero con interés)
Mediante escrito de 25 de julio de 2017, el apoderado judicial de la entidad mencionada solicitó que se declare improcedente el amparo constitucional y se disponga la desvinculación del presente asunto. Consideró que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, cual es el recurso extraordinario de revisión para efectos de salvaguardar los derechos aquí reclamados.
Precisó que el principio de oscilación de las asignaciones de retiro únicamente es aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de esa prestación, así como preservar el derecho a la igualdad entre militares en actividad y jubilados.
Agregó que a partir del año 2005 los reajustes a las asignaciones de retiro únicamente se realizan con base en el principio de oscilación, de conformidad con la Ley 923 de 2004, reglamentada por el Decreto 4433 del mismo año.
5.2. Aunque el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo Oral del Bogotá D.C. y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” fueron notificados de la admisión de la demanda, no se pronunciaron sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela de la referencia.
6. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 17 de agosto de 2017, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados al considerar que las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas no comportan la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, por el contrario, se ajustaron a la posición unificada de esta Corporación en materia de reajuste de las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Resaltó que los falladores de instancia negaron al accionante el reajuste de la asignación de retiro, porque dicha prestación fue reconocida y liquidada en el año 2011, fecha para la cual se encontraba corregida la diferencia presentada entre el principio de oscilación y el I.P.C. En tal sentido, sostuvo, que la interpretación realizada en las sentencias cuestionadas no fue arbitraria, caprichosa o carente de sustento jurídico.
Por último, aseveró que los fallos objeto de tutela se encuentran debidamente sustentados y no adolecen de los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente, ya que no es cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado haya avalado la corrección de las mesadas conforme al I.P.C., sobre aquellas reconocidas después del año 2004.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora manifestó su desacuerdo respecto a la decisión de primera instancia en memorial visible a folios 66 a 74, por las razones que se resumen a continuación:
Sostuvo que la sentencia de tutela debe ser revocada por cuanto validó una interpretación del Decreto 4433 de 2004 que es inconstitucional y vulnera el derecho al no congelamiento pensional contenido en el artículo 48 superior.
Agregó que el fallador de primera instancia “tergiversó” el precedente judicial aplicable al presente asunto, el cual consiste en la prohibición constitucional del no congelamiento de las mesadas pensionales. Al respecto, citó como desatendidas las sentencias T-418 de 2016, T-238 de 2013, T-1052 de 2008 y C-931 de 2004, así como un pronunciamiento de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado de 19 de enero de 2015, radicado Nº 3447 de 2013, según el cual “si las asignaciones no son reajustadas con posterioridad a 2004, de acuerdo con la base de liquidación que se obtenga con aplicación del reajuste con base en el IPC, por la diferencia en los periodos anteriores a 2004, seguirán viéndose reducidos o congelados debido a que progresivamente perderán su valor adquisitivo”.
Insistió en que si bien el Decreto 4433 de 2004 empezó a regir ese año, ello no significa que las pensiones que deban asignarse con posterioridad a su vigencia no se encuentren cubiertas por el derecho constitucional a la no congelación de las mesadas pensionales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el literal c, del artículo 2º del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
Problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, le corresponde a la Sala establecer si le asiste razón al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, al negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor, por considerar que las sentencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas que negaron el reajuste de la asignación mensual de retiro del accionante conforme al IPC no incurrieron en los yerros endilgados (sustantivo y desconocimiento de precedente) o si, por el contrario, debe revocarse al considerar que se han vulnerado sus garantías fundamentales, y que dichos fallos adolecen de los defectos mencionados.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
Estudio y solución del caso concreto
Verificación de los requisitos generales de procedibilidad
El caso bajo estudio ha superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto:
i) El asunto goza de relevancia constitucional porque se debe decidir si las sentencias de 26 de septiembre de 2014 y 23 de febrero de 2017, por medio de las cuales el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la accionante encaminadas a obtener el reajuste de su asignación mensual de retiro conforme al IPC, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y el que denominó “no congelación de las mesadas pensionales” cuya protección se invoca; (ii) el accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial, pues el proceso contencioso administrativo tuvo dos instancias. Si bien, contra la decisión de segunda instancia procede el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 y siguientes del CPACA, la Sala evidencia que las razones esbozadas por el demandante en su escrito de tutela no se enmarcan en alguna de las causales de revisión definidas en el artículo 250 ibídem, por tanto, no resulta idóneo ni eficaz para amparar lo reclamado, en ese sentido, está cumplido el requisito de subsidiariedad; (iii) la providencia de segunda instancia objeto de tutela fue proferida el 23 de febrero de 2017, mientras que el recurso de amparo se presentó el 13 de junio siguiente, es decir, antes de los seis (6) meses siguientes a la notificación, término que esta Corporación ha estimado razonable; (iv) los términos en los que se plantea el debate son claros, lo cual fue puesto en conocimiento en el trámite judicial ordinario y, por último, (v) la acción de tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, procede la Sala a efectuar el estudio de fondo, esto es, si la providencia judicial censurada adolece de los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente judicial.
4.2. Las decisiones judiciales objeto de reproche constitucional no incurrieron en desconocimiento del precedente y defecto sustantivo
4.2.1. Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».
Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En lo relacionado con el precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o del órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical cuando: «(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues ‘sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia’; y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo».
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:
En la tutela, el demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe una regla jurisprudencial que el juez natural hubiese dejado de aplicar.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón de la decisión (ratio decidendi). Esa razón de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad.
4.2.2. Ahora bien, en cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha sostenido que la indebida aplicación de las normas genera la configuración de ese defecto que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales y que ocurre cuando, a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final que se hace de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente lesiva de los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada).
Al respecto, en la sentencia SU-424 de 2016, el Tribunal Constitucional estableció “que se configura un defecto sustantivo cuando: (i) se aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por el ordenamiento, por ejemplo, su inexequibilidad o derogatoria por una norma posterior; (ii) se deja de aplicar una norma claramente aplicable al caso; (iii) se aplica una norma manifiestamente inaplicable al caso y la aplicable pasa inadvertida por el fallador; (iv) el juez realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada que afecta los intereses de las partes; (v) el juzgador se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (vi) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución.”
4.2.3 Descendiendo al asunto objeto de estudio, la Sala advierte que el debate constitucional se abordará frente a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, toda vez que esta fue la resolvió el recurso de apelación y, por ende, el fondo el asunto.
En el sub lite, el accionante aduce que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no tuvieron en cuenta los pronunciamientos dictados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el reajuste de las asignaciones de retiro conforme al IPC y la prohibición de congelar las mesadas pensionales. Asimismo, señala que los falladores de instancia interpretaron en forma abiertamente inconstitucional el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 al considerar que, como la asignación de retiro fue reconocida en el 2011 no había lugar al reajuste reclamado.
Para determinar si el Tribunal demandado incurrió en los yerros endilgados -defecto sustantivo y desconocimiento de precedente-, se deben verificar los argumentos expuestos en la sentencia de segunda instancia de 23 de febrero de 2017, que confirmó la decisión del fallador de primera instancia que negó las súplicas de la demanda dentro del trámite judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a lo siguiente:
“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han gozado de régimen prestacional especial y por consiguiente, en desarrollo del mismo, el legislador ha previsto el principio de oscilación como mecanismo para el reajuste de las asignaciones de retiro. Este principio se encuentra consagrado en las normas especiales contenidas en los decretos 612 de 15 de marzo de 1977 (artículo 139), 0089 de 18 de enero de 1984 (artículo 161), 95 de 11 de enero de 1989 (artículo 164), 1211 de 1990 (artículo 169) y 1212 de 1990 (artículo 151), entre otras. Dicho mecanismo se continúa manteniendo en el régimen prestacional especial de la Fuerza Pública, de conformidad con lo establecido por el Decreto 4433 de 2004, expedido en desarrollo de la Ley 923 de 2004.
Por otro lado, el legislador ha previsto como mecanismo para el reajuste de las pensiones del régimen general, tales como las establecidas en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988 (…) y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 (…), la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
De acuerdo a lo expuesto, el reajuste a las asignaciones de retiro se determina o incrementa en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de en actividad para cada grado, en tanto, las pensiones del régimen general se reajustan según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
No obstante lo anterior, como principio constitucional para la interpretación de las normas en materia laboral, el constituyente previó el principio de favorabilidad y la misma Ley 238 de 1995, expresamente señaló, que las excepciones consagradas en el ese artículo (sic) no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993. Así, el reajuste de la asignación de retiro con el índice de precios al consumidor, ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de esta jurisdicción y se ha ordenado la aplicación de ese mecanismo cuando es más favorable que el reajuste especial, como lo es el principio de oscilación (…).
Ahora bien, habrá de señalarse que el límite del derecho al reajuste de la asignación de retiro con el IPC (cuando este sea más favorable que el principio de oscilación), es hasta la entrada en vigor del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, debido a que esta norma volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la vigencia del Decreto 1213 de 1990, es decir, teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones del personal en actividad, por lo tanto, las asignaciones de retiro no se verán afectadas por la variación del IPC a partir del 1 de enero del año 2005.
Así las cosas, la situación del demandante no se encuentra cobijada por el reajuste de su asignación de retiro con el IPC para los años 1997 a 2004, cuando fuere más favorable que el principio de oscilación, toda vez que se le reconoció asignación de retiro a partir del 12 de marzo de 2011, fecha en la cual el reajuste a esta prestación se encuentra regulado por el principio de oscilación, como quedó visto.”
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada es razonable y no comporta la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor, en razón a lo siguiente:
De manera previa, es preciso advertir que para el reajuste de las pensiones de los servidores públicos el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, establece que las asignaciones de retiro se reajustarán anualmente de oficio el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del IPC, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. De igual manera, el artículo 279 de la misma, excluyó a los miembros de la fuerza pública, con excepción de los que se vincularan a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, artículo que fue adicionado por la Ley 238 de 1995.
Estima la Sala que el correcto entendimiento del problema jurídico que se suscita en torno al reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, con fundamento en la variación porcentual del IPC, y la solución planteada por esta Corporación de manera consistente y uniforme, a partir de la sentencia de 17 de mayo de 2007, consiste en precisar, que los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho al reajuste de su asignación de retiro de manera anual, y que en virtud de lo dispuesto en la Ley 238 de 1995, ese reajuste para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 tuvo lugar de conformidad con el IPC, en tanto resultaba más favorable que el establecido por el Gobierno Nacional, en aplicación del principio de oscilación.
No obstante, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, el reajuste ya no se haría más de conformidad con el IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el artículo 42 ibídem, pero que en todo caso, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con fundamento en la variación porcentual del IPC certificado por el DANE, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
En tal sentido, el Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos ha manifestado que el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública debe realizarse conforme al IPC, como lo dispone el Sistema General de Pensiones, de acuerdo a la remisión expresa que hace la Ley 238 de 1995, pero solo en el evento en que este sistema resulte más favorable que el principio de oscilación aplicado por las Fuerzas Militares.
En este orden de ideas, el Tribunal accionado negó el reajuste de la asignación de retiro del actor por cuanto la misma fue solicitada y reconocida en el año 2011, fecha para la cual se corrigió la diferencia presentada entre el principio de oscilación y el IPC.
Es así que para el presente caso, no es aplicable la ley 100 de 1993 por cuanto el accionante tuvo asignación de retiro en el año 2011, y el incremento de la misma para los miembros de la fuerza pública conforme al IPC, como se expuso en líneas anteriores, solo aplicaba desde la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 hasta el año 2004, fecha en que entró en vigencia la Ley 923 de 2004 reglamentada por el Decreto 4433 de 2004, el cual retornó al régimen de oscilación como sistema de reajuste de estas asignaciones de retiro.
La Sala observa que el proveído de 23 de febrero de 2017, en efecto tuvo en cuenta que mediante Resolución Nº 0379 de 3 de febrero de 2011, el Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció y ordenó el pago a favor del accionante de una asignación de retiro a partir del 12 de marzo de 2011, teniendo en cuenta que sirvió en la actividad militar durante 30 años, 2 meses y 10 días. Es decir, que para el periodo comprendido entre 1997 y 2004 (fechas en las que recibió reajustes anuales de sueldo), se encontraba en servicio activo y por lo tanto no contaba con la asignación de retiro.
Así las cosas, el estudio que se efectuó en la sentencia censurada, es razonable pues, (i) en primera medida verificó la actuación administrativa mediante la cual se desvinculó al accionante, esto es, por solicitud propia con baja efectiva a partir del 11 de marzo de 2011; (ii) analizó el régimen jurídico aplicable para los miembros de la Fuerza Pública en contraste con las asignaciones de retiro reconocidas antes del 2004 y, por último, (iii) concluyó que no era posible reajustar la asignación de retiro de acuerdo con el IPC porque para los años 1997 a 2004 el actor se encontraba en servicio activo toda vez que se le reconoció asignación de retiro a partir del 12 de marzo de 2011, fecha en la cual el reajuste a esta prestación se encuentra regulado por el principio de oscilación, con lo cual no es posible aseverar que se desconoció el principio de favorabilidad y los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y el que denominó “no congelación de las mesadas pensionales”, pues esa normativa no le era aplicable por no contar con la asignación de retiro, lo que desvirtúa el desconocimiento de precedente y defecto sustantivo alegados.
En lo relacionado con el desconocimiento del precedente, es preciso advertir que en la parte actora en el escrito de impugnación citó como desatendidas unas sentencias proferidas por la Corte Constitucional que no relacionó en el escrito de tutela. No obstante, la Sala observa que no existe tal desconocimiento relacionado con la prohibición de congelar las mesadas pensionales por cuanto al demandante se le reconoció la asignación de retiro con la norma vigente para el efecto (artículo 42 del Decreto 4433 de 2004), que a la letra dice:
“Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley”.
En ese sentido, no es de recibo el argumento de la parte actora según el cual el señor Barragán Arango “no tiene derecho a recibir su mesada pensional actualizada, sino congelarla en el tiempo sin posibilidad de actualización”, lo que trae como consecuencia la pérdida del valor adquisitivo, pues la misma ha sido incrementada con base en el principio de oscilación.
Tampoco se desconoció la sentencia de 19 de enero de 2015 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, en tanto al demandante de ese asunto le fue reconocida la asignación de retiro en 1994 mientras que la del señor Barragán Arango lo fue en el año 2011.
Aunado a lo anterior, es preciso tener presente el pronunciamiento de 17 de mayo de 2007, antes mencionado, en el que la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que a partir del 1º de enero de 2005, el reajuste de la asignación de retiro del personal de la fuerza pública que había cesado en la prestación de sus servicios, debía efectuarse conforme al principio de oscilación previsto en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004.
En conclusión, el reajuste de la asignación de retiro hasta el año 2004, se realiza con base en el IPC, y los incrementos a partir de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 reglamentada por el Decreto 4433 de 2004, se efectúan de acuerdo con el principio de oscilación. En consecuencia, se confirmará la decisión de 17 de agosto de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado.
Razón de la decisión
Se confirmará el fallo impugnado, pues la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrió en los yerros endilgados –defectos sustantivo y desconocimiento de precedente- por no acceder al reajuste de la asignación mensual de retiro del accionante desde la fecha de desvinculación (2011) conforme al IPC, toda vez que para esa época se encontraba vigente el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de agosto de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del de 19 de enero de 2015, radicado Nº 3447 de 2013. Corte Constitucional, sentencias SU-120-03, T-1169-03, T-663-03, T-805-04, T-815-04 y T-098-05. Folios 38 a 41. Folios 53 a 59. Además, trajo a colación las sentencias SU-120-03, T-1169-03, T-663-03, T-805-04, T-815-04 y T-098-05. Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. Folio 1. Sentencia T-158 de 2006. Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendii, que los ciudadanos legítimamente siguen”. Ver, entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003. Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica.” (Se destaca). Para la Corte Constitucional la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T 443 de 2010. Corte Constitucional sentencia T-125 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. Artículo 14. Reajuste de pensiones. <Aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE> Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno. Artículo 279. EXCEPCIONES. <Ver Notas del Editor> El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Artículo 1o. Adiciónese al artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr005.html" \l "279" 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo: "Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "14" 14 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr002.html" \l "142" 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados". Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, expediente No. 8464-2005, Actor José Jaime Tirado, M.P. Dr. Jaime Moreno García. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 15 de noviembre de dos mil doce 2012, expediente No. 25000-23-25-000-2010-00511-01(0907-11), Actor: CAMPO ELIAS AHUMADA CONTRERAS, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Folios 20 y 21 del cuaderno de instancia, Resolución Nº 0379 de 3 de febrero de 2011, por medio de la cual se ordena el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al señor Coronel ® del Ejército Nacional Juan David Barragán Arango.
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