RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2017-01537-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-01537-00

Fecha
6 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-01537-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social —UGPP—contra la sentencia del 13 de julio de 2006 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture. Segundo. Por Secretaría, previa constancia, devuélvase el expediente con radicado 760012331000200700397 00 remitido en calidad de préstamo por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tercero. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-01537-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

6 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIUNO ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2017-01537-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL —UGPP—
Demandado: JUAN MANUEL GUTIÉRREZ LACOUTURE

Temas: Requisitos del recurso extraordinario de revisión
__________________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social
—UGPP— contra la sentencia del 13 de julio de 2006 proferida por la Sección

Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que confirmó y modificó la sentencia
proferida el 15 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala
de Descongestión, de la Sección Segunda, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

El señor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que se declarara la nulidad del acto presunto negativo por medio del
cual la Caja Nacional de Previsión Social no accedió a las peticiones tendientes a
obtener el reajuste de su pensión de jubilación en el mismo valor de la de los ex
congresistas, con indexación de las sumas dejadas de pagar a partir del 1 de enero
de 1994 y por todos los años posteriores.

La petición formulada se sustentó en la sentencia T-1752 de 2000 proferida el 15 de
diciembre de 2000, que ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social, reconocer a
los demandantes —entre los que se encuentra el actor— desde la fecha del fallo y

2

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

hasta que la justicia contenciosa administrativa decida definitivamente, una pensión
de jubilación equivalente a una suma que en conjunto con la actualmente liquidada a
su favor no sea inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último
año de servicios devenguen los congresistas en ejercicio, incluyendo dentro del
respectivo cálculo el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de
localización y vivienda, las primas de transporte, de salud, de navidad y toda otra
asignación de la que gozare.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicitó que se condenara a la
Caja Nacional de Previsión Social a reajustar la pensión de jubilación que se le
reconoció como ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de
enero de 1994 y al reconocimiento y pago de las mesadas adicionales, de forma tal
que su valor resulte nivelado desde esa fecha y en adelante, de forma vitalicia con
las pensiones de jubilación que desde entonces han venido percibiendo los ex
miembros del Congreso de la República.

Igualmente, solicitó se condene a pagar los valores que resulten a su favor,
debidamente indexados, mes a mes, con aplicación de los índices de precios al
consumidor certificados por el DANE y en la forma ordenada por los artículos 176 y
178 del C.C.A.

1.1.1. Los hechos de la demanda

Como hechos y fundamentos de derecho relevantes se señalaron los siguientes:

i) El señor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture en condición de pensionado como
ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución 6188 de
1990, promovió acción de tutela que fue resuelta de forma favorable por la Corte
Constitucional mediante sentencia T-1752 de 2000, emitida el 15 de diciembre de
2000. En consonancia con la citada sentencia y con otras que ha proferido la citada
Corporación, quedó definido que las pensiones de jubilación de los magistrados de
altas cortes deben ser equivalentes a la de los congresistas a partir del 1 de enero de
1994 y, en consecuencia, se liquidarán con el 75% del ingreso promedio desde el
año 1993 y, sucesivamente, del ingreso promedio del año anterior a cada reajuste.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

ii) El 13 de febrero de 2001, la Caja Nacional de Previsión Social se negó a
recibir una solicitud con las mismas pretensiones a las que se refiere la demanda y
por ese motivo, acudió ante la Procuraduría General de la Nación para que se
corrigiera ese procedimiento irregular y arbitrario. El órgano de control remitió la
documentación a la entidad de previsión y como transcurrieron tres meses sin que se
emitiera respuesta quedó configurado el silencio administrativo y agotada la vía
gubernativa.

1.1.2. Los fundamentos de derecho de la demanda

En el concepto de violación se invocó el preámbulo y los artículos 11, 12, 13, 16, 46,
47, 48 y 53 de la Carta Política; los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 4ª de 1992; los
artículos 5, 6, 7, 16 y 17 del Decreto 1359 de 1993; el artículo 3 del Decreto 1293 de
1994; el artículo 28 del Decreto 0104 de 1994 y el artículo 28 del Decreto 47 de
1995.

Se expresó en el concepto de violación que la Corte Constitucional definió que el
reajuste impetrado debe ser equivalente al 75% del sueldo que por todo concepto
hayan devengado y devenguen los congresistas, para que se cumpla la voluntad de
la ley en el sentido de que las pensiones sean de igual valor. En ese orden de ideas,
se adujo que la igualdad debe tener vigencia desde el 1 de enero de 1994 y hasta
cuando subsista la obligación de pagar la pensión.1

1.2. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión de la Sección
Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 15 de abril de 2004, declaró la
ocurrencia del silencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto negativo, y
ordenó a Cajanal a reajustar la pensión de jubilación en una suma que en su
conjunto con la actualmente liquidada al señor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture no
sea inferior al 75% de lo que se le hubiere pagado mensualmente a un congresista
en el año 1994.

1 Folios 401 a 417 del cuaderno recurso extraordinario de revisión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

Igualmente, dispuso que Cajanal debía establecer la diferencia de la cuantía de lo
que se canceló efectivamente al señor Gutiérrez Lacouture y lo que correspondía
pagar, a partir del 22 de febrero de 1998, sumas sobre las cuales ordenó el pago de
la indexación.

En sustento de la decisión, indicó que la intención del legislador en los artículos 2 y
17 de la Ley 4ª de 1992; los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 1359 de 1993; el artículo
28 del Decreto 104 de 1994 y el artículo 28 del Decreto 47 de 1994, fue la de
equiparar los derechos salariales de los congresistas y magistrados de las altas
cortes, lo cual efectúo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y que fue ampliado con
el artículo 28 del Decreto 104 de 1994. Por ende, en lo atinente a esta prestación
social los congresistas y magistrados están colocados en una misma situación
jurídica.2

1.3. La sentencia objeto de revisión

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 13
de julio de 2006 confirmó la sentencia apelada del 15 de abril de 2004 emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, excepto el numeral segundo que se
modificó para disponer que se declara la prescripción de las diferencias resultantes
anteriores al 13 de febrero de 1998.

En sustento de la decisión, expuso que con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4
de 1992 declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-608
de 1999, el Gobierno Nacional quedó facultado para establecer un régimen de
pensiones, reajustes y sustituciones para los representantes y senadores de la
República.

Con fundamento en dicha facultad, el ejecutivo expidió el Decreto 1359 del 12 de
julio de 1993, que en sus artículos 1, 5, 6 y 7, 18 y 19, en consonancia con el artículo
28 del Decreto 104 de 1994, el artículo 28 del Decreto 47 de 1995 y la sentencia T-
1752 de 2000, constituyen el marco normativo de la pensión del señor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture por su condición de ex magistrado pensionado antes de la
expedición de las normas sobre homologación. En síntesis, le asiste el derecho a

2 Folios 261 a 280 del cuaderno en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

que la prestación social le sea reajustada al 75% de los emolumentos que por todo
concepto reciben los congresistas so pena de incurrir en trato discriminatorio.3

1.4. Las causales de revisión invocadas

La parte actora estimó que la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado del 13 de julio de 2006, se subsume en las causales de revisión
previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003: «cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».

1.5. Pretensiones de la demanda de revisión

La recurrente en este acápite solicitó:

1) Revocar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, de fecha 13 de julio de
2006, que confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala de Descongestión, la cual ordenó reajustar la pensión de jubilación del
señor GUTIERREZ LACOUTURE JUAN MANUEL (causante), a una suma que en
conjunto con la actualmente liquidada a su favor, no sea inferior al setenta y cinco
(75%) de lo que se hubiese pagado mensualmente a un Congresista en el año 1994.

2) Declarar que existió falta de legitimación en la causa en la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho instaura (sic) por del (el) señor GUTIERREZ
LACOUTURE JUAN MANUEL (causante), pues CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN no
era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, habida cuenta de
no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudad (sic) para
la Seguridad Social en Salud.

1.6. Fundamentos de hecho del recurso extraordinario

i) En cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado la extinta Cajanal
EICE expidió la Resolución 001742 del 16 de julio de 2018 y, en consecuencia,
reliquidó la pensión de vejez del causante, aplicando el 75% de lo pagado
mensualmente a un congresista en el año 1994, reajustando la cuantía a la suma de
$3.501.036,50, efectiva a partir del 1 de enero de 1994, pero con efectos fiscales
desde el 22 de febrero de 1998 por prescripción trienal sin aplicación de topes
pensionales de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.

3 Folios 352 a 378 del cuaderno en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

ii) Posteriormente mediante la Resolución 002624 del 1 de diciembre de 2008, la
extinta Cajanal EICE modificó el artículo 1 de la Resolución 001742 del 16 de julio de
2008, en el sentido de indicar que la fecha de efectividad de la prestación reconocida
es el 1 de enero de 1995 pero con efectos fiscales a partir del 13 de febrero de 1998
por prescripción trienal, de conformidad con lo ordenado en la sentencia objeto de
cumplimiento.

iii) Con ocasión del fallecimiento del señor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture se
expidió la Resolución UGM 028849 del 24 de enero de 2012, que reconoció la
pensión de sobrevivientes a la señora Stella Lacouture de Gutiérrez en calidad de
cónyuge y en cuantía del 100% a partir del 27 de julio de 2011, día siguiente al
fallecimiento del causante.

1.7. Fundamentos de derecho del recurso extraordinario

Se indican en el concepto de violación los siguientes argumentos:

i) La decisión judicial objeto del recurso extraordinario transgrede el artículo 4 de
la Ley 4 de 1966; el artículo 6 del Decreto 546 de 1971; el artículo 17 de la Ley 4 de
1992; los artículos 7 y 17 del Decreto 1359 de 1993 y los artículos 2, 3 y 7 del
Decreto 1293 de 1994.

ii) De conformidad con la fecha del fallecimiento del causante, la normatividad
vigente para obtener la pensión de sobrevivientes era el artículo 46 de la Ley 100 de
1993 modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y en cuanto a los
beneficiarios, se prevé en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

iii) Procede la revisión de la sentencia pues la orden judicial se obtuvo con
vulneración al debido proceso en tanto existía falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto a la entidad demandada CAJANAL hoy UGPP en la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Ana Beatriz González Jiménez
(sic) por no ser la citada entidad la llamada a satisfacer las pretensiones de la
demanda en tanto que no es esta la destinataria o depositaria de los fondos que
recaudan para la seguridad social en salud.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

iv) De no acogerse la causal anterior procede la revisión de la sentencia la cual
«ordenó el reajustar (sic) de la pensión de jubilación del señor GUTIERREZ
LACOUTURE JUAN MANUEL, a una suma que, en conjunto con la actualmente
liquidada a su favor, no sea inferior al setenta y cinco (75%) de lo que se hubiese
pagado mensualmente a un congresista en el año 1994 toda vez que la cuantía del
derecho reconocido excede lo debido de acuerdo a la ley, al haberse accedido a que
ordenó (sic) reconocer y pagar al señor GUTIERREZ LACOUTURE JUAN
MANUEL».4

1.8. Oposición

A través de apoderado debidamente constituido, la señora Stella Lacouture de
Gutiérrez en su condición de cónyuge sobreviviente del ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia, doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, se opuso a la
prosperidad del recurso con fundamento en las razones que seguidamente se
exponen:

i) El argumento de la entidad recurrente para pretender configurar la causal de
revisión consagrada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe ser
desestimado toda vez que la entidad llamada a efectuar el reconocimiento de la
pensión de jubilación del doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture era en su
momento la Caja Nacional de Previsión Social por haber prestado el mayor tiempo
de servicios a la Rama Jurisdiccional y, en razón, a que el último cargo que
desempeñó fue el de magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.

ii) Tampoco está llamado a prosperar el sustento invocado para considerar que
se incurrió en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
porque los fallos proferidos tanto por el Consejo de Estado como por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca reconocieron el derecho pensional con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 4 de 1992 y 5, 6 y 7 del Decreto 1359 de
1993 en virtud de que al doctor Gutiérrez Lacouture en su condición de ex
magistrado pensionado antes de la expedición de las normas sobre homologación, le

4 Folios 401 a 417 del cuaderno recurso extraordinario de revisión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

asiste el derecho a que su pensión fuera reajustada al 75% de los emolumentos que
por todo concepto reciben los congresistas so pena de incurrir en un trato
discriminatorio, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia T-1742
del 5 de diciembre de 2000 y el Consejo de Estado en la sentencia del 13 de julio de
2006.5

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda que ocupa la atención de la Sala se interpuso el 12 de abril de 2017, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —CPACA—, cuyo artículo 249, confiere a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo la competencia para conocer de los recursos
extraordinarios de revisión, «sin exclusión de la sección que profirió la decisión».6

Sin embargo, le corresponde a esta Sala Especial proferir el fallo correspondiente, en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que implementó las Salas Especiales de Decisión para resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado.

Cabe resaltar que dicho Acuerdo se dictó con base en las facultades otorgadas por los
artículos 237 numeral 6 de la Constitución Política, 35 de la Ley 270 de 1996 y 107 del
CPACA, que permite la creación de Salas Especiales de Decisión para resolver asuntos

atribuidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. El cómputo de caducidad de la revisión

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión se profirió el 13 de julio de
2006 y la demanda se instauró el 15 de junio de 2017, es decir por fuera del lapso

5 Folios 45 a 51 ibidem
6 Esta expresión fue declarada exequible en la sentencia C-450 de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

previsto en el artículo 250 del CPACA.7 Sin embargo, la Corte Constitucional en la
sentencia SU-427 de 20168 estableció que los cinco años para contabilizar el plazo
para instaurar el recurso extraordinario de revisión, tiene por parámetro la fecha en la
que la UGPP asumió las funciones de Cajanal, esto es, desde el 12 de junio de 2013.

Sobre el particular, en la sentencia referida se indicó lo siguiente:

7.21. En ese orden de ideas, respecto del término para interponer el mecanismo de
revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del
derecho existió un vacío legal que sólo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005, y que estableció de forma expresa que “el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia

7 «ARTÍCULO 251 DEL CPACA. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos
contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de
los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no
se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio».
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que establece la revisión de reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, se encuentra vigente salvo en lo atinente
al término para instaurar la revisión La norma es del siguiente tenor:. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el
respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en
el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables ».
La expresión en cualquier tiempo fue declarada inexequible mediante sentencia del 23 de septiembre
de 2003, C-835 de 2003, referencia: expediente D-4515, demanda de inconstitucionalidad de los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.
8 Sentencia SU 427 de 2016, referencia: expediente T-5.161.230 acción de tutela interpuesta por la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social –UGPP- contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín y otro, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. En la referida sentencia se
dispuso en el numeral séptimo: «ADVERTIR a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado
que el desconocimiento del precedente fijado en esta providencia en relación con la procedencia del
recurso de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, habilita a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP- para acudir a la acción de tutela y salvaguardar sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”

7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales
que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la
disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en
esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el
instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó
como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como
referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de
cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente
entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes
del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir,
con posterioridad al 12 de junio de 2013.

En ese orden de ideas, la Sala observa que el plazo para instaurar el recurso
extraordinario de revisión vencía el 12 de junio de 2018 y como esta actuación se
llevó a cabo el 15 de junio de 2017, no se advierte la extemporaneidad.

2.2.2. Legitimación en la causa por activa de la UGPP

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP se encuentra legitimada en la causa por
activa para formular el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 con fundamento en el siguiente marco normativo:

i) La Ley 1151 de 2007 «[p]or la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010», artículo 156, numeral 1.9

9 La norma citada es del siguiente contenido. Artículo 156 Gestión de Obligaciones Pensionales y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo: i) El reconocimiento de derechos
pensionales, tales como: pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad
de la Nación, así como los auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de
Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su
cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su
liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales
como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Declarada exequible mediante sentencia C-376 de 2008.
Referencia: expedientes D-6914 y D-6926 (acumulados), demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2006-2010”, actores: Jorge Humberto Valero Rodríguez (Expediente D-6914) y Luis Alberto Cáceres
Arbeláez (Expediente D-6926), sentencia del 23 de abril de 2008. magistrado ponente: Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

ii) El Decreto 575 de 2013 «[p]or el cual se modifica la estructura de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias»,
artículo 6, numeral 6.10

Con fundamento en las disposiciones anteriores, se aprecia que a diferencia de lo
señalado por la parte demandante, existe legitimación en la causa por activa de la
UGPP para instaurar la revisión de la sentencia del 13 de julio de 2006 proferida por
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que confirmó y modificó
la sentencia proferida el 15 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala de Descongestión, de la Sección Segunda, Subsección B.

Problema jurídico

El planteamiento del problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A del 13 de julio de 2006, está
inmersa en las causales de revisión de que tratan el literal a) del artículo 20 de la Ley
707 de 2003, esto es, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso» y del literal b) ibidem, «[c]uando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Para dar respuesta al anterior problema, la Sala considera necesario abordar el
estudio de los siguientes temas: 2.3) aspectos generales del recurso extraordinario
de revisión necesarios para definir el asunto de la referencia; 2.4) la acción de
revisión contemplada en la Ley 797 de 2003; 2.5) la causal de revisión invocada; 2.6)
análisis del caso concreto; y, 3) conclusión.

2.3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión necesarios para
definir el asunto de la referencia

10 La norma citada es del siguiente contenido. Artículo 6. FUNCIONES. La Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá
las siguientes funciones: (…) 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y demás normas que la adicionen o modifiquen.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

En reiterada jurisprudencia11 se ha dicho que este medio de impugnación, más que un
recurso extraordinario es una acción de revisión que se interpone para invalidar, a
través de una nueva decisión judicial, una sentencia anterior, ante la configuración
inequívoca de alguna de las causales prescritas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011.12

En consonancia con lo anterior, se exigen casi los mismos requisitos de una demanda
ordinaria13, entre ellos, la designación de las partes y los hechos que la fundamentan
junto con las pruebas que sirvan de sustento para demostrar con toda precisión la
causal invocada.

Siendo así, la carga argumentativa de la demanda de revisión debe estar dirigida a
demostrar con nuevas pruebas la causal invocada y no a controvertir las razones
fácticas, jurídicas o probatorias que soportaron la decisión recurrida, en razón a que las
instancias ordinarias del proceso, se entiende, se encuentran agotadas.

Por supuesto, resulta inadmisible para ayudar a la causa petendi argumentar en la
demanda de revisión otros hechos, presentar otras pruebas o proponer nuevas
excepciones no alegadas en la demanda ordinaria primigenia.

A propósito de las pruebas legalmente aportadas al proceso objeto de revisión, razón
ha tenido la jurisprudencia en señalar que, bajo este mecanismo extraordinario de

11 Corte Constitucional: sentencia C-004 de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett y

sentencia C-520-09, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa
12 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: son

causales de revisión:
1.Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3.Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4.Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia.
5.Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
13 Artículo 252 CPACA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

revisión —que opera igualmente para las jurisdicciones laboral, civil y penal—, es
inaceptable pretender una nueva apreciación de los medios probatorios.14

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional15 ha señalado lo siguiente:

[…] la revisión no pretende corregir errores in iudicando ni puede fundamentarse en
las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al
proceso, pues para estos yerros están previstos los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del propio proceso. La revisión, que no es un recurso sino una
acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la medida en que afecta la
certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir
otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de «una figura que
modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada», y por ello «las
causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido»
[…].

A su turno, el Consejo de Estado, siguiendo la misma línea, ha advertido que en la
revisión no es posible reabrir el debate probatorio ni controvertir las razones jurídicas
de la sentencia que se depreca inválida.

Así, en providencia del 29 de mayo de 2014,16 se dijo:

[…]
La doctrina judicial dictada por la Sala Plena de esta Corporación ha establecido que
el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional de las
sentencias, que procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente
en la ley, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa juzgada, según la cual, una vez
en firme la sentencia no es procedente una nueva discusión sobre el asunto resuelto,
para, en caso de prosperar, reabrir el proceso y dictar la sentencia que en derecho
habrá de sustituir a la sentencia revocada. De igual modo, ha señalado que este
recurso no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible reabrir
el debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse,
únicamente, a las precisas causales señaladas en el artículo 188 del C.C.A., cuyo
examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. El
recurso extraordinario de revisión es un medio extraordinario de impugnación y
constituye una excepción al principio de la firmeza de las sentencias que hacen
tránsito a cosa juzgada; con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo
ejecutoriado, por considerar que no se encuentra ajustado al derecho, de acuerdo
con las causales consagradas en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo. Debido a este carácter especialísimo y excepcional, el recurso sólo

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente radicación núm: 11001-02-03-000-

2009-02177-00
15 C-509-09, magistrada ponente: María Victoria Calle
16 Sección Cuarta, consejera ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, expediente radicación

2019387-70001-23-31-000-2005-01422-01- 18915.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

admite los eventos que el Código, en el artículo 188, contempla expresamente como
causales y que, en esencia, refieren a vicios o errores de carácter procedimental.

Igualmente, la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la sentencia C-450 de 2015,17 reiteró que el recurso extraordinario de
revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,18 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada ».

2.4. La acción de revisión contemplada en la Ley 797 de 2003

La entidad demandante invocó como soporte de la acción de revisión, las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 «[p]or la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales».

Artículo 20..Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo19hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias,
a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

17 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
18 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de

revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos
379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la
Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso
Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las
causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa están previstas,
en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
19 La expresión en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835

de 2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo20por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. (Resalta la
Sala).

En la exposición de motivos que dio origen a la ley antes citada,21 en especial, en lo
referente a la consagración de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión allí previstas, se consideró que su propósito consistía en
afrontar graves casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar
los perjuicios que por esa causa pueda sufrir el erario.

La siguiente fue la explicación que se adujo sobre ese particular:

Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las
transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no
corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las
pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación. (Se resalta).

Es decir, que el objeto del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas,
se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.22

20 Ibidem.
21 Que se puede consultar en la Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003, páginas 12 a 17.
22 Sala Especial de Decisión No. 6, sentencia del 6 de abril de 2020, Referencia: Recurso
Extraordinario de revisión, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación: 11001-03-15-
000-2020-05191-00, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales -UGPP, demandado: Gloria Inés Cedeño Gómez:
«En segundo lugar, y a diferencia del marco conceptual ordinario de la revisión, esta causal constituye
la excepción a la regla que prohíbe el análisis de errores “in judicando”, por cuanto permite al
revisionista controvertir la interpretación de la ley aplicable al caso, cuando tal valoración da lugar al
reconocimiento de una cuantía que excede la que bien debía inferirse del precepto.
Tesis que corresponde con el criterio de la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación de
acuerdo con el cual “el objeto del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consistió en incluir causales
cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones
reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter
patrimonial al erario.” (Destacado por la Sala)
Por lo tanto, la causal bajo análisis faculta al juez extraordinario para descender al análisis de los
razonamientos bajo los cuales el juez ordinario concedió una pretensión pensional, para así
determinar si la cuantía de la misma se ajustó a los parámetros legales que rigen la materia».
En esta decisión se cita la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del 5 de julio de 2018,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

2.5. Las causales de revisión invocadas

En la sentencia del 17 de septiembre de 2020, la Sección Segunda, Subsección A,23
al examinar las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
sobre el particular, expuso lo siguiente:

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimados para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20
de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas, cuando se reconocieron en un
valor mayor al que corresponde, con vulneración del debido proceso o de la ley.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento (pensional)

consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 11001 03 25 000 2013 00124-00
(0279-2013), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales -UGPP, demandado: José Lizardo Mateus Sánchez. Gloria Inés Cedeño Gómez.
23 Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación:

11001032500020160029700 (1715-2016). demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), demandado: Carmen Cecilia
Sarmiento de Barroso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley.24

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

Conforme a la exposición efectuada en esta providencia sobre los «Aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión necesarios para definir el asunto
de la referencia», «la acción de revisión contemplada en la Ley 797 de 2003» y la
«causal de revisión invocada», la Sala advierte que el recurso propuesto no reúne
las exigencias necesarias para que se proceda a su análisis porque la parte
recurrente no formula ninguna carga argumentativa, vale decir no motiva las
causales de revisión dado que se limita a efectuar un listado de las normas sin
realizar explicación alguna.

En efecto, en el sub-lite, la UGPP en el acápite V que titula «NORMAS JURIDICAS
VULNERADAS» indica que la decisión objeto de la acción de revisión «trasgrede lo
dispuesto por la ley 100 de 1993 artículo 36, el artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
(sic) El artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, Artículo 48, (sic), el Decreto
Reglamentario 1158 de 1994 de la Ley 100 de 1993, en su artículo 1 (sic) Ley 4 de
1966, artículo 17 de la Ley 4 de 1992, Decreto 1359 de 1993».

A renglón seguido, la recurrente transcribe el contenido de las siguientes normas: el
artículo 4 de la Ley 4 de 1966; el artículo 6 del Decreto 546 de 1971; el artículo 17 de la
Ley 4 de 1992; los artículos 7 y 17 del Decreto 1359 de 1993 y los artículos 2, 3 y 7 del
Decreto 1293 de 1994.

A su turno, expone que para la fecha del fallecimiento del causante, el señor Juan
Manuel Gutiérrez Lacouture, la normatividad vigente eran los artículos 1 y 2 del artículo
46 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los
artículos 47 y 74 de la mencionada Ley.

24 Sobre el punto consignado en el numeral i): se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la

Corte Constitucional.; respecto del numeral ii) consultar la sentencia SU 427 de 2016 de la Corte
Constitucional; en lo atinente al numeral iii), acudir a la sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1.° de agosto de
2017, radicación: radicación: 110010315000201602022 00 (REV) y respecto del numeral v) a la
sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión N.° 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00,
demandante: UGPP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

En el numeral VI que denominó «CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN-
DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN» transcribió el contenido del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y expresó, que mediante este mecanismo judicial,
pueden ser revisadas las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimientos que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza.

Igualmente, señaló lo siguiente:

1. Transcripción:

«Procede la revisión de la sentencia que motiva la presente acción, pues la orden
judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso, en tanto que existía falta de
legitimación por pasiva respecto a la entidad demandada CAJANAL hoy UGPP, en la
acción de Nulidad y restablecimiento del derecho insta (sic) por ANA BEATRIZ
GONZÁLEZ JIMENEZ (sic) CON CC 40.018.872 (BENEFICIARIA), por no ser la
entidad a satisfacer (sic) las pretensiones de la demanda, por ser esta (sic) la
destinataria ni depositaria de los fondos que recaudan para la Seguridad Social en
Salud: (sic)»

Y más adelante se afirma:

2. Transcripción:

«De no acogerse la primera causal antes argumentada, igualmente procede la revisión
de la sentencia de la (sic) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda- Subsección A, de fecha 13 de Julio de 2006, que confirmó la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda-Sala de
Descongestión, la cual ordeno (sic) el (sic) reajustar la pensión de jubilación del señor
GUTIÉRREZ LACOUTURE JUAN MANUEL, a una suma que en conjunto con la
actualmente liquidada a su favor, no sea inferior al setenta y cinco (75%) de lo que se
hubiese pagado mensualmente a un Congresista en el año 1994 toda vez que la
cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo a la ley, al haberse
accedido a que ordenó reconocer y pagar al señor GUTIÉRREZ LACOUTURE JUAN
MANUEL».

De conformidad con lo expuesto, la excepcionalidad del recurso extraordinario de
revisión dado que su finalidad es dejar sin efectos la cosa juzgada y la seguridad
jurídica, exige que la parte recurrente efectúe la correspondiente sustentación de las
razones por las cuales se configuran las causales especiales de revisión previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en ese sentido, la Sala observa que no se cumple
con ese requisito porque ningún argumento se expuso en el escrito de demanda que
permita examinar si el reconocimiento pensional del doctor Juan Manuel Gutiérrez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

Lacouture efectuado a través de la sentencia recurrida, se hizo con desconocimiento de
la citada norma.

Sobre el particular, cabe precisar que la parte actora para sustentar la causal de
revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, afirma en la
primera transcripción del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión, que
se vulnera el debido proceso porque la UGPP no es la entidad llamada a responder por
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se
interpuso contra CAJANAL, afirmación que resulta contradictoria con la exposición que
se hizo en el texto del recurso, al afirmar que ostentaba la legitimación en la causa por
activa bajo el entendido de que la UGPP asumió las obligaciones de CAJANAL.

En ese sentido, la Sala aprecia que en la obtención del derecho pensional no ocurrió la
violación al debido proceso, puesto que el argumento mediante el cual se soporta la
pretendida adecuación de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, dada la evidente contradicción que se dejó expuesta, no tiene la virtualidad de
subsumirse en las diferentes situaciones que estructuran la afectación del mentado
derecho y, en ese sentido, la pretensión tendiente a que se revise por la vía del recurso
extraordinario de revisión la pensión decretada mediante pronunciamiento judicial a
favor del señor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, no tiene vocación de prosperidad.

En síntesis, era necesario que se expusiera en el proceso para sustentar la causal de
revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la violación al
debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen. 25

Ahora bien, en lo atinente a la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, que contempla la revisión del reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública: (…)
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», se

25 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2018- 01884-00, consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro, citada en la sentencia
proferida por la Sala Especial de Revisión, Sección Segunda, Subsección A del 27 de enero de 2022,
radicado 11001-03-25-000-2018-01011-00 (3257-2018), consejero ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), demandado: Juan Antonio Segura Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

aprecia, de la segunda transcripción efectuada en esta providencia, que la única
manifestación que la parte actora hizo al respecto, es que el reconocimiento
realizado en la sentencia del Consejo de Estado del 13 de julio de 2006, excede lo
debido, al ordenar reajustar la pensión de jubilación del doctor Juan Manuel Gutiérrez
Lacouture a una suma que en conjunto con la actualmente liquidada a su favor no
sea inferior al 75% de lo que se hubiese pagado mensualmente a un congresista en
el año 1994.

En ese orden de ideas, se aprecia con nitidez que tampoco en lo atinente a la citada
causal el recurso extraordinario de revisión tiene vocación de prosperidad puesto que
no se satisfacen las exigencias, plasmadas en esta providencia, para proceder a su
análisis, dado que la parte recurrente se limitó a efectuar un listado de normas y omitió
aportar elementos de juicio que le permitan a la Sala establecer las razones por las
cuales la UGPP considera que el medio excepcional es el adecuado para dejar sin
efectos la cosa juzgada de la que goza la sentencia proferida el 13 de julio de 2006 por
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que confirmó y modificó
la sentencia emitida el 15 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala de Descongestión, de la Sección Segunda, Subsección B.

Fluye de todo lo expuesto, que la recurrente no proporcionó ningún elemento fáctico
o jurídico del cual pueda derivarse que la sentencia objeto de revisión fue
desproporcionada por reconocer una cuantía que excedía lo debido, dado que se
limitó a efectuar un listado de las normas que prevén el derecho pensional de los
congresistas y su ámbito de aplicación para definir dicha prestación respecto de los
magistrados de altas cortes.

Desde esta perspectiva jurídica, se infiere que la pensión reconocida por vía judicial
al doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, ante la carencia de argumentos jurídicos
que le permitan al fallador llevar a cabo el juicio de subsunción en la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no puede ser calificada de
abusiva o lesiva del erario y, por el contrario, es dable afirmar que está revestida de
los principios de buena fe y confianza legítima.26

26 Sobre los elementos que configuran la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003, se cita la sentencia proferida por la Sala Especial de Revisión, Sección Segunda, Subsección A
del 27 de enero de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-01011-00 (3257-2018), consejero ponente:
Rafael Francisco Suárez Vargas, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

En síntesis, si bien es cierto la finalidad de las causales de revisión previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es garantizar que la administración pueda insistir
en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas por vía judicial con violación al
debido proceso o de forma fraudulenta, esto es, cuando de forma injusta se afecte
gravemente el erario, para el caso sub-lite ese análisis no resulta posible, puesto que
como se señaló, la recurrente solamente se limitó a realizar un listado de normas que
prevén el reconocimiento de la pensión de los congresistas y su aplicación respecto
de los magistrados de altas cortes.

2.6.1. De la condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que ordenó
el reajuste de una pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la entidad demandante.

3. Conclusión

La Sala concluye que el recurso extraordinario de revisión debe declararse
infundado, toda vez que son insuficientes los argumentos jurídicos expuestos por la
parte recurrente para analizar si la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A del 13 de julio de 2006, se subsume en las causales
del recurso extraordinario de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es, «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso y «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

No procede la condena en costas

En mérito de lo expuesto, la Sala Veintiuno Especial de Decisión de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), demandado: Juan Antonio Segura
Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001-0315-000-2017-01537-00 (REV)
actora: UGPP

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección
Social —UGPP—contra la sentencia del 13 de julio de 2006 proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el doctor Juan Manuel Gutiérrez
Lacouture.

Segundo. Por Secretaría, previa constancia, devuélvase el expediente con radicado
760012331000200700397 00 remitido en calidad de préstamo por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Tercero. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Especial en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Salvamento parcial de voto

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de Voto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.