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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01639-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de abril de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01639-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de 1° de febrero de 2018, dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación, que negó la acción de tutela, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción frente al defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONFIRMAR la negativa del amparo frente al cargo por desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del tercero con interés directo en el proceso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las consideraciones expuesta en la parte motiva de este fallo. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-01639-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

26 de abril de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / LÍMITE TEMPORAL PARA ORDENAR DESCUENTO DE APORTES A PENSIÓN POR AUSENCIA DE DEDUCCIÓN LEGAL - No existe criterio unificado / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

De las sentencias citadas por el recurrente, la Sala encuentra que solo en la C-895 de 2009, la Corte Constitucional hace referencia a la prescripción de los aportes dejados de percibir para concluir que son un importante soporte financiero para la seguridad social en asuntos pensionales, y representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales. No obstante, la citada providencia no establece una regla de precedente aplicable por similitud fáctica y jurídica con la situación particular que ahora se estudia, toda vez que en dicha sentencia se demandó la inconstitucionalidad del artículo 4 (parcial) de la Ley 1066 de 2006 (…) análisis que no guarda relación con la situación fáctica del [actor] pues su inconformidad radica en la forma en que el tribunal demandado ordenó se realicen los descuentos por concepto de los aportes reconocidos en la reliquidación de su prestación pensional y de los cuales no se hizo cotización alguna durante toda su vida laboral. Al respecto, esta Sala de Decisión advierte que la Sección Segunda del Consejo de Estado , ha sostenido que “…en cuanto al período durante el cual debe efectuarse dichos descuentos no hay pronunciamiento de unificación al respecto; por lo tanto, las autoridades judiciales, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, pueden adoptar la posición que consideren es la correcta”, lo que quiere decir que las autoridades judiciales, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, pueden adoptar la posición que consideren correcta según las particularidades fácticas y jurídicas del caso concreto. Ante la diferencia de criterios de esta Corporación en cuanto a la aplicación de los descuentos de los aportes a la seguridad social durante toda la vida laboral, el Tribunal accionado adoptó su decisión con una de las posturas que consideró mejor se ajustaba al tema en cuestión.

IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO - Medio idóneo / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO

En el sub judice, la parte actora aduce la existencia de los siguientes defectos (…) Sustantivo, por cuanto la condena impuesta por el tribunal demandado, en cuanto a los descuentos por aportes de los factores salariales no cotizados, fueron previstos “…por TODA LA VIDA LABORAL”, lo que dejaría sin fundamento i) los parámetros del artículo 193 del CPACA y ii) y los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario y, de ser así, debería declararse la prescripción contenida en el artículo 817 ejusdem (…) Frente a este cargo, se debe declarar la improcedencia por subsidiariedad, habida cuenta que si la parte actora considera que, en marco del incidente de liquidación de la condena en abstracto de que trata el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011, debe declararse la prescripción a la que se refiere el artículo 817 del Estatuto Tributario, bien pudo promover el incidente de liquidación al que se refiere el antedicho artículo 193, y en el mismo exponer los fundamentos que sustentan la acción de tutela, entre ellos poner de presente cuales son los factores sobre los que aplica la prescripción de cobro, para que el juez natural provea sobre el particular.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 712 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 719 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 817 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01639-01(AC)

Actor: TULIO ENRIQUE MARTÍNEZ VELÁSQUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

Mediante escrito radicado el 27 de junio de 2017, en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Tulio Enrique Martínez Velásquez, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”, con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al trabajo.

Las citadas garantías las consideró vulneradas con ocasión de la providencia del 17 de mayo de 2017, por medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la parte actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con radicación N° 11001-33-35-023-2014-00563-01.

A título de amparo constitucional, la parte accionante pidió que se protegieran sus derechos fundamentales y en consecuencia:

“…2. Se ordene a la Sala Accionada que en un término perentorio, se modifique, aclare o adicione, la parte pertinente de la sentencia con Rdo- 11001-33-35-023-2014-00563-01 de la Sección 2° Subsección “C”, proferida el 17 de mayo de 2017, en el sentido de indicar que la acción de cobro de los aportes a los factores que se ordenan incluir en el cálculo de la pensión, deben seguir un procedimiento reglado en la ley, por ser obligaciones parafiscales deben someterse a lo dispuesto en los artículos 712, 719, y 817 del Estatuto Tributario.”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes a efectos de la decisión que se ha de adoptar:

El accionante laboró al servicio del Estado como servidor público por un periodo superior a 20 años, siendo su último lugar de servicio la Universidad Pedagógica Nacional.

CAJANAL -hoy UGPP- mediante la Resolución N° 42788 del 9 de diciembre de 2005 reconoció y pagó pensión de jubilación al actor, omitiendo la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

Por lo anterior, presentó petición ante la UGPP solicitando la reliquidación de su pensión con el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio. Dicha entidad mediante las Resoluciones N° RDP 057540 del 19 de diciembre de 2013 y RDP 002755 del 28 de enero de 2014, negó la solicitud de reliquidación, razón por la que demandó en nulidad y restablecimiento del derecho.

El proceso correspondió al Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, que con sentencia del 18 de noviembre de 2015, no accedió a las pretensiones de la demanda.

El accionante apeló la referida decisión, mediante recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección “C”, que en providencia del 17 de mayo de 2017, revocó la decisión de primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando lo siguiente:

“Segundo: Declárese la nulidad de la Resolución RDP 057540 del 19 de diciembre de 2013, por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez del actor y de la Resolución RDP 002755 del 28 de enero de 2014 que desató el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes.

Tercero: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, deberá reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Tulio Enrique Martínez Velásquez (…) con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios del primero (1°) de agosto de 2002 al treinta y uno (31) de julio de 2003 (..), efectuando el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no haya efectuado deducción legal, en la proporción que le corresponde al accionante, durante toda su vinculación laboral, debidamente indexados y sobre el monto equivalente para la financiación de la pensión, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.” (Negritas destacadas por la Sala).

El Tribunal consideró que la entidad demandada desconoció las normas en que debía fundarse el acto que negó la reliquidación de la pensión, motivo suficiente para que se revocara el fallo de primera instancia; además afirmó que la entidad debía efectuar el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordenó y sobre los cuales no haya efectuado la deducción legal durante toda la vida laboral del actor.

Así mismo, precisó que “…teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acto Legislativo N° 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Carta Superior, los descuentos por aportes obligatorios a (la) empleado (a), deben ser actualizados al valor presente y deducirse del valor retroactivo que resulte a favor del pensionado., en caso de no ser suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda que le corresponde, la entidad efectuará una serie de descuentos mensuales, iguales hasta completar el capital adeudado, los cuales deben ser establecidos de acuerdo a la capacidad económica del pensionado. Los valores a cargo del empleador igualmente deben ser indexados y la entidad demandada podrá repetir contra él con el fin de obtener dicho pago.”

3. Sustento de vulneración

Para el actor, no está en discusión los descuentos de los aportes que se deben realizar por los nuevos factores salariales que se dispuso incluir en el cálculo de la pensión, su alegato se refiere a que dicha condena debió seguir ciertos parámetros legales y jurisprudenciales.

Considera que la decisión enjuiciada incurrió en los siguientes defectos:

Sustantivo, por cuanto es una condena en abstracto que debió regularse siguiendo los parámetros del artículo 193 del CPACA, “pues no formaba parte inicialmente de la Litis de la demanda, pero que resulta como consecuencia del restablecimiento del derecho ordenado por el juez, sin embargo era una orden judicial que para su cumplimiento debía ceñirse a los postulados legales.”

Al respecto consideró que la orden de la autoridad judicial accionada de efectuar los descuentos durante toda la vida laboral del pensionado permite a la UGPP, por un lado, poner en inferioridad de condiciones a sus usuarios, lo que conlleva a transgredir el derecho a la igualdad, pues los dos extremos de la relación jurídica, administración y pensionado, deben recibir igual trato; y de otro, “adoptar un procedimiento actuario, no ordenado en la decisión judicial, distinto al establecido por el Consejo de Estado para desarrollar los artículos 178 del C.C.A y el inciso final del Art. 187 del CPACA.”

Sobre el tema sostuvo que “…la decisión de ordenar los descuentos por aportes a aquellos factores que ordenan incluir en el cálculo de la pensión, adolece de no haber advertido al ente demandado, seguir los parámetros que la honorable Corte Constitucional estableció para la acción de cobro de obligaciones parafiscales, que no son otras que las establecidas en los artículos 712, 719 y 817 del Estatuto Tributario (…) y como tal, opere de pleno derecho la aplicación de términos extintivos por prescripción (art 817).”

Desconocimiento de precedente, afirmó que la autoridad judicial accionada se aparta del término prescriptivo de tres (3) años, que hablan los postulados señalados por la Corte Constitucional en sentencias C- 895 de 2005, C-177 de 1998, C- 155 de 2004, C- 711 de 2001; las cuales son “normas de obligatorio acatamiento que definió las obligaciones del pago de aportes en pensiones, como de naturaleza parafiscal.”

Asimismo, no tuvo en cuenta el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2014, donde se dijo que operaba la prescripción de tres años para los descuentos de aportes no efectuados.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

Mediante auto del 29 de junio de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la demanda de tutela, ordenando la notificación a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección “C”.

Así mismo, ordenó la vinculación en calidad de tercero interesado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y al Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, para que en el término de dos (2) días rindieran el informe correspondiente frente a la demanda interpuesta.

4.2. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones pertinentes, obrantes del folio 54 al folio 59 del expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

4.2.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “C”

Mediante escrito del 11 de julio de 2017, el magistrado ponente de la decisión objeto de reproche, afirmó que cumplió con lo establecido en la ley para tramitar y decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto, lo que permitió concluir, teniendo en cuenta el material probatorio y la normatividad aplicable, que los descuentos de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordenó y sobre los cuales no se hubiera efectuado la deducción legal en la proporción que le corresponde al accionante, se debían realizar incluyendo todo el tiempo de relación laboral.

Señaló que la decisión estuvo suficientemente motivada y se enmarco dentro del debido proceso y con aplicación de las normas aplicables, razón por la cual, no se configuran las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Argumentó, que no se cumplió con el requisito referente a la subsidiariedad de la acción de tutela, ya que lo pretendido por el actor es que se aclare o se adicione la sentencia del 17 de mayo de 2017, sin haber efectuado previamente la solicitud en el curso del proceso respectivo.

Concluyó que no es procedente aplicar la prescripción quinquenal establecida en el Estatuto Tributario respecto del descuento de los aportes adeudados por el trabajador, pues la Sección Segunda del Consejo de Estado ha establecido, que los descuentos por aportes a la seguridad social deben efectuarse por toda la vida laboral del demandante y actualizarlos para garantizar la sostenibilidad financiera, sin que en ningún momento haya decretado la prescripción de dichos aportes, posición que fue acogida al momento de resolver el asunto objeto de estudio.

4.2.2 Unidad Administrativa Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP-

Mediante escrito radicado el 11 de julio de 2017, por el Subdirector Jurídico de Defensa Judicial Pensional de la entidad solicitó se rechace por improcedente la acción de tutela y que se desvincule a la entidad, por cuanto no es la competente para resolver la solicitud realizada por el actor.

Por otro lado, precisó que los argumentos que dio el juez de segunda instancia en el proceso ordinario, corresponden a la manera como se deben liquidar los dineros que se están cobrando por las cotizaciones que sobre los factores no incluidos en la pensión, que se dejaron de recaudar.

Concluyó que con el propósito de velar por el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, se hizo necesario adoptar una metodología para el pago de los aportes y explicó que esta metodología es la elaboración de un cálculo actuarial, a través del cual se estima el capital necesario para el pago de los factores salariales no cotizados y que fueron ordenados por el juez en la reliquidación pensional.

4.2.3 Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Pese a haber sido notificado en debida forma, no emitió respuesta alguna.

5. Fallo impugnado

En sentencia de 1° de febrero de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia. Para tal efecto, hizo un estudio sobre i) el desconocimiento del precedente judicial plasmado en la sentencia C-177 de 1998, y ii) el defecto sustantivo, al considerar que la condena impuesta por el tribunal demandado debió regularse por el artículo 193 de CPACA.

Refirió, frente al primer punto, que en dicho caso la Corte había estudiado la constitucionalidad del inciso 2º del artículo 33 y el artículo 209 de la Ley 100 de 1993, análisis que no guardaba relación fáctica con el presente caso, pues la inconformidad del actor radica en la forma en que el tribunal demandado ordenó que se realicen los descuentos por concepto de aportes reconocidos en la reliquidación de su prestación pensional y de los cuales no se hizo cotización alguna.

Por otro lado, frente a la posible configuración de un defecto sustantivo, estimó que, si bien la citada norma consagra la posibilidad de iniciar incidente cuando se profiera una condena en abstracto, en los supuestos señalados para llevar a cabo dicho trámite, no se encuentran los descuentos ordenados por concepto de factores salariales reconocidos y de los cuales no se hizo cotización alguna. Agregó que “del mismo modo es importante mencionar que el juez no está impedido para condenar de manera abstracta y, en ese orden, corresponde a la entidad que reciba la orden judicial llevar a cabo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al fallo judicial.”

Adujo que la sentencia objeto de reproche constitucional es concordante con la posición expuesta en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 dictada por el Consejo de Estado en la cual se indica que, “en virtud del principio de sostenibilidad fiscal, deben efectuarse los descuentos correspondientes a los aportes a la seguridad social que debieron realizarse durante la vida laboral del pensionado y sobre los cuales se calculó el ingreso base de liquidación.”

Por último, y con respecto a la orden del Tribunal de descontar los aportes por toda la vida laboral, reiteró en base a una sentencia de esta Corporación, “que el derecho a la inclusión de los aportes en el ingreso base de liquidación se adquiere por el hecho de haber efectuado las cotizaciones durante toda la vida laboral. Por lo tanto, el demandante no puedo pretender obtener la reliquidación pensional con los factores que no le habían sido reconocidos, pero eludir el deber de cotizar a la seguridad social en la proporción correspondiente a éstos.”

6. Impugnación

Mediante escrito del 21 de febrero de 2018, radicado en la Secretaría General de esta Corporación, el accionante impugnó la decisión de primera instancia, reiterando in extenso los argumentos y fundamentos expuestos en primera instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto por el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el Acuerdo 055 de 2003.

2. Cuestión Previa
La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP-, vinculado al proceso como tercero con interés, solicitó la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sección Quinta considera que la entidad no tiene en cuenta que no fue vinculada como parte pasiva, sino como tercero con interés directo, como claramente se advierte en el auto admisorio de la demanda del 29 de junio de 2017 que obra a folio 53 del expediente.
Así las cosas, su intervención es facultativa y está en su arbitrio y razón acudir al proceso de amparo que se incoó contra la autoridad jurisdiccional accionada, cuya parte demandada por ser tutela contra providencia judicial, está conformada precisamente por jueces de la República, en este caso, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “C”.
En consecuencia, la solicitud sustentada en la falta de legitimación en la causa por pasiva no es de recibo, en tanto la solicitante carece de la calidad de parte o sujeto procesal pasivo.
3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se procede a confirmar, modificar o revocar la providencia del 1° de febrero de 2018 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado en la acción de tutela presentada por el señor Tulio Enrique Martínez Velásquez, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al trabajo.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) se hará un especial énfasis en los aspectos relevantes de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente y; iii) se analizará el caso en concreto.

4. Razones jurídicas de la decisión

4.1 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

4.2. Generalidades del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.

4.3. Del desconocimiento del precedente

La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.

Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sino una actividad creadora del juez.”

En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.

Se destaca que existe una tendencia en los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que confunden y utilizan en forma indistinta los conceptos de jurisprudencia y precedente, como acaeció en la sentencia SU-053 del 2015 en la que se consignó que “El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

Tal definición deja por fuera un elemento esencial y determinante de la noción de precedente y es precisamente aquel referido a que la sentencia que se califica como tal debe haber creado una regla para solucionar un determinado conflicto jurídico, aspecto que fue dejado de lado por el alto tribunal, al considerar que cualquier sentencia o conjunto de sentencias podía constituir precedente.

Sin embargo, tal yerro fue corregido por la alta Corporación en la sentencia SU-288 de 2015 que en forma clara diferenció el concepto de precedente de la necesidad constante de realizar ejercicios interpretativos del ordenamiento jurídico, labor que no sólo comprende la integración del derecho, sino la creación de subreglas:

“…la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.” Sin embargo, es ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso, se ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un complejo proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la subsunción y elaboración de silogismos jurídicos”.

Así, constituyen precedente las sentencias de unificación que profiere el Consejo de Estado, cuyo fundamento normativo se encuentra en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de los cuales se unificó el concepto de sentencia de unificación y se fijaron los criterios para su proferimiento.

4.4. Caso concreto

En el sub judice, la parte actora aduce la existencia de los siguientes defectos:

4.4.1 Sustantivo, por cuanto la condena impuesta por el tribunal demandado, en cuanto a los descuentos por aportes de los factores salariales no cotizados, fueron previstos “…por TODA LA VIDA LABORAL”, lo que dejaría sin fundamento i) los parámetros del artículo 193 del CPACA y ii) y los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario y, de ser así, debería declararse la prescripción contenida en el artículo 817 ejusdem.

Frente a este cargo, se debe declarar la improcedencia por subsidiariedad, habida cuenta que si la parte actora considera que, en marco del incidente de liquidación de la condena en abstracto de que trata el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011, debe declararse la prescripción a la que se refiere el artículo 817 del Estatuto Tributario, bien pudo promover el incidente de liquidación al que se refiere el antedicho artículo 193, y en el mismo exponer los fundamentos que sustentan la acción de tutela, entre ellos poner de presente cuales son los factores sobre los que aplica la prescripción de cobro, para que el juez natural provea sobre el particular.

Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

La Corte Constitucional y esta Sala han reiterado que la acción de tutela no puede emplearse con el fin de reemplazar los procedimientos establecidos para obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia en hacer uso de ellos dentro de los términos previstos legalmente.

Así se indicó, en la sentencia T-472 de 2008 de la Corte Constitucional:

“La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás medios judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento de los demás órganos judiciales.”

Como ya se demostró, este tipo de pretensiones escapan al conocimiento del juez de la acción de tutela y hacen improcedente el amparo como mecanismo principal, porque existía otro medio de defensa judicial idóneo que la parte actora no empleó, en tal sentido, al no haberse superado en el caso concreto el requisito de la subsidiariedad respecto al defecto sustantivo alegado, no se abordará el estudio del mismo.

Del desconocimiento de precedente, indica la parte actora que al ordenar la reliquidación con base en toda su historia laboral, las providencias cuestionadas se apartaron del término prescriptivo de tres (3) años para los descuentos de aportes no efectuados, para lo cual cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional:

C- 177 de 1998: En este caso, la demandante alegó que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 desconoce los artículo 83 y 49 de la Constitución y que el artículo 209 de la Ley 100 de 1993 transgrede el 48 y 365 superiores. Afirmó que la primera norma no exige la cotización sino el traslado del aporte al sistema de seguridad social en pensiones, por lo que el beneficio de la pensión queda sometido a la diligencia del empleador y no a los aportes efectivamente descontados, los que de buena fe realiza el trabajador con el convencimiento de que se efectúe el pago.

Previo estudio, la Corte concluyó que el primer segmento del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, según el cual “el no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la atención del plan de salud obligatorio” es constitucional, cuando se trata de la suspensión de servicios en caso de personas no vinculadas a través de relación laboral, esto es, de pensionados, jubilados y trabajadores independientes, pues ellos directamente deben realizar los pagos de las correspondientes cotizaciones e indicó que cuando se trata de trabajadores dependientes y servidores del Estado, una aplicación literal puede transgredir los artículos 13, 49 y 83 de la constitución, razón por la que declaró la exequibildidad condicionada.
C- 711 de 2001: La Corte Constitucional se pronuncia sobre la acción de inconstitucionalidad impetrada contra los incisos 1° y 2° del artículo 126-1 del Estatuto Tributario y precisó, luego de efectuar un detallado análisis sobre la parafiscalidad en el país, que los aportes a salud y pensiones ostentan tal naturaleza.

C-155 de 2004: Entidad Intervenida - Bienes excluidos de la masa de liquidación/Entidad Objeto de Liquidación Forzosa Administrativa - Bienes excluidos de la masa de liquidación; Recursos de la Seguridad Social en entidad financiera en liquidación -Tratamiento/Recursos de la Seguridad Social - Destinación y utilización exclusiva; Recursos en Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones - Carácter de contribuciones parafiscales de destinación específica.

C-895 de 2009: Prescripción de la acción de cobro de cuotas partes pensionales – no vulnera la Constitución/ Prescripción del derecho al recobro de cuotas partes pensionales-término; Recursos de la seguridad social – carácter parafiscal y destinación específica; prescripción extintiva-concepto/prescripción extintiva – Principios en que se sustenta/prescripción extintiva – obligaciones derivadas del trabajo y la seguridad social.

De las sentencias citadas por el recurrente, la Sala encuentra que solo en la C-895 de 2009, la Corte Constitucional hace referencia a la prescripción de los aportes dejados de percibir para concluir que son un importante soporte financiero para la seguridad social en asuntos pensionales, y representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales. No obstante, la citada providencia no establece una regla de precedente aplicable por similitud fáctica y jurídica con la situación particular que ahora se estudia, toda vez que en dicha sentencia se demandó la inconstitucionalidad del artículo 4° (parcial) de la Ley 1066 de 2006, el que se establece que el derecho a recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá en el término de 3 años siguientes al pago de la mesada respectiva. La Corte concluyó que, la misma era exequible por cuanto la prescripción del derecho al recobro no significa autorizar un destino diferente de los recursos de la seguridad social, ni desconoce el principio de sostenibilidad financiera; análisis que no guarda relación con la situación fáctica del señor Tulio Enrique Martínez, pues su inconformidad radica en la forma en que el tribunal demandado ordenó se realicen los descuentos por concepto de los aportes reconocidos en la reliquidación de su prestación pensional y de los cuales no se hizo cotización alguna durante toda su vida laboral.

Al respecto, esta Sala de Decisión advierte que la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha sostenido que “…en cuanto al período durante el cual debe efectuarse dichos descuentos no hay pronunciamiento de unificación al respecto; por lo tanto, las autoridades judiciales, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, pueden adoptar la posición que consideren es la correcta”, lo que quiere decir que las autoridades judiciales, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, pueden adoptar la posición que consideren correcta según las particularidades fácticas y jurídicas del caso concreto.

Ante la diferencia de criterios de esta Corporación en cuanto a la aplicación de los descuentos de los aportes a la seguridad social durante toda la vida laboral, el Tribunal accionado adoptó su decisión con una de las posturas que consideró mejor se ajustaba al tema en cuestión, esto es, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y reciente jurisprudencia emanada del Consejo de Estado, donde se indicó que “la entidad demandada procederá a hacer los descuentos sobre el valor del retroactivo producto del reconocimiento del mayor valor derivado de la reliquidación pensional con la inclusión de nuevos factores; y sin con ello no se satisficiera la totalidad de la deuda que a la demandante le corresponde, se efectuará una serie de descuentos mensuales, iguales hasta completar el capital adeudado.”

Por consiguiente, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ningún momento es arbitraria, caprichosa o desconoció la posición de esta Corporación

Por otra parte, respecto del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil citado por el actor, cabe resaltar, no son vinculantes, porque no son dictados en ejercicio de la función judicial, es decir no son providencias judiciales.

Finalmente, esta Sección, en otras oportunidades ha decidido casos con supuestos fácticos similares, y ha definido que frente al tema de descuentos a aportes de seguridad social en pensiones dejados de cotizar por la administración y que fueron ordenados incluir en la pensión, que no existe un criterio de unificación y en esta medida, podrá el operador jurídico, en desarrollo de su autonomía judicial, acoger la posición que considere pertinente.

Por otro lado y frente al argumento expuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “C” en la contestación de la tutela, consistente en que no se cumplió con el requisito concerniente a la subsidiariedad, ya que lo pretendido por el actor es que se aclare o se adicione la sentencia del 17 de mayo de 2017, sin haber efectuado previamente la solicitud en el curso del proceso respectivo, la misma no tiene vocación de prosperar, toda vez que si bien el artículo 285 y 287 del Código General de Proceso prevén la posibilidad de aclarar o adicionar la sentencia, siempre y cuando la misma, i) contenga conceptos o frases que ofrezcan un verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella, y ii) cuando omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento; la alegación del accionante no se enmarca en ese supuesto normativo, ya que lo que está en discusión son los descuentos de los aportes que se deben realizar por los nuevos factores salariales que se dispuso incluir en el cálculo de la pensión.

Así las cosas, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas, se hace imperioso concluir que de las razones alegadas por la actora en su escrito de tutela, no se advierte vulneración alguna a sus derechos fundamentales, sino que las mismas pretenden abrir un debate jurídico surtido en las instancias respectivas, circunstancia que escapa al conocimiento del juez constitucional, pues debe respetar la autonomía del juez natural al resolver los asuntos que se someten a su conocimiento, razón por la que el cargo resulta impróspero.

En consecuencia, esta Sala mantiene el criterio reiterado respecto de la actividad intelectual que realiza el juzgador que parte de la autonomía e independencia de la que goza en la definición de sus procesos y que el juez de tutela debe respetar, cuando no observa la vulneración de derechos fundamentales.

En efecto, lo pretendido por la accionante no es otra cosa que reabrir el debate de instancia y revivir interpretaciones que son propias del juez natural; competencias que escapan al de tutela, por cuanto este último no puede establecer si existe un mejor criterio que el utilizado por el juzgador de instancia.

De no ser así, se desconocería el principio de autonomía judicial y la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo residual y de procedencia excepcional cuando se intenta contra providencias judiciales, para convertirse en instancia adicional de control frente a las decisiones tomadas por los jueces.

Como consecuencia de lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión de 1° de febrero de 2018, de la Sección Cuarta, en atención a que no concurren en el sub examine los presupuestos exigidos para conceder el amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de 1° de febrero de 2018, dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación, que negó la acción de tutela, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción frente al defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR la negativa del amparo frente al cargo por desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del tercero con interés directo en el proceso de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las consideraciones expuesta en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folio 1 del expediente
El señor Tulio Enrique Martínez Velásquez, otorgó poder especial, amplio y suficiente al abogado Manuel Sanabria Chacón para que la representara en la acción de tutela de la referencia, conforme al folio 46 del expediente
Folio 16 del expediente
Folios 18 a 35 del expediente.
Folio 31 del expediente
Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.
Folio 9 del expediente
Folio 11 del expediente
Folio 11 del expediente
Radicación 11001-03-06-000-2014-00057-00.

Folio 53 del expediente
Folio 71 al 75 del expediente
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 5 de junio de 2014, Expediente N° 25000-23-25-000-2012-00190-01. C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUEN. Folio 66 al 70 del expediente
Anverso del folio 94 del expediente
Folio 97 al 106 del expediente
Folio 105 del expediente
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 8 de noviembre de 2017, Expediente N° 11001-03-15-000-2017-01992-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
Anverso del folio 105 del expediente
Folio 114 al 122 del expediente
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01
Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 del 14 de mayo de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo
Esta primera norma consagra la definición de sentencia de unificación, en los siguientes términos: “Sentencias de unificación jurisprudencial.

Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
“Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público”.
“Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.” (Negritas destacadas por la Sala)

Al respecto la mencionada sentencia de la Corte Constitucional indicó que: “Poniendo en un extremo los elementos que anuncian la parafiscalidad, y en el otro los aportes para salud y pensiones, se tiene: 1. Los mencionados aportes son de observancia obligatoria para empleadores y empleados, teniendo al efecto el Estado poder coercitivo para garantizar su cumplimiento. 2. Dichos aportes afectan, en cuanto sujetos pasivos, a empleados y empleadores, que a su turno conforman un específico grupo socioeconómico.3. El monto de los citados aportes se revierte en beneficio exclusivo del sector integrado por empleadores y empleados. Consecuentemente ha de reconocerse que los aportes a salud y pensiones son de naturaleza parafiscal”.

Sentencias de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 3 de agosto de 2017, radicación No. 11001-03-15-000-2017-01534-00, y del 13 de diciembre de 2017, radicación número 11001-03-15-000-2017-03092-00, C.P. William Hernández Gómez;

Consejo de Estado- Sección Segunda. Expediente N° 25000-23-25-000-2012-0090-01. Actora: LEONOR ALCIRA PEDROZA CORTÉS. C.P.: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

Las referidas sentencias son:
Consejo de Estado, Sección Quinta. Expediente N° 11001-03-15-000-2017-02918-0. Actora: CONSUELO AMPARO PINILLA GUEVARA C.P. ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejo de Estado, Expediente N° 11001-03-15-000-2018-00045-00. Actora: ALEJANDRÍA RAMÍREZ ARIAS C.P. ROCÍO ARAÚJO OÑATE

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