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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01654-00

Configuración de temeridad en la acción de tutela

Fecha
10 de mayo de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01654-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- DECLÁRASE improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Luis Alfredo Castro Barón. Segundo.- Por la Secretaría General del Consejo de Estado, REMÍTASE copia del expediente de tutela con radicado 2017-01654-00 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para lo de su cargo. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-01654-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

10 de mayo de 2018

CONFIGURACIÓN DE TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / CONTROVERSIA POR ELECCIÓN DE PERSONERA DE BOGOTÁ

[E]n el asunto de la referencia se cumplieron los mencionados presupuestos (identidad de partes, de objeto y de causa petendi), toda vez que el actor, en la acción de tutela con radicado (...) y que también decidió esta Sección en fallo de 12 de abril de 2018, elevó los mismos hechos y pretensiones. (...) el objeto de la anterior acción de tutela, es el mismo del asunto de la referencia, razón por la cual el actor actuó de manera temeraria. Adicionalmente, la Sala evidencia una actuación desleal por parte del demandante en la presentación de acciones de tutela idénticas, en tanto en el escrito de la solicitud objeto de estudio se observa que juramentó no haber presentado una acción constitucional por los mismos hechos, lo que refuerza la tesis de la temeridad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 29 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 38

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del fenómeno de la temeridad de la acción de tutela, consultar las sentencias T-661 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-719 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, ambas de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01654-00(AC)

Actor: LUIS ALFREDO CASTRO BARÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por el accionante contra el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, la Mesa de Negociación Colectiva de la Personería de Bogotá, Asopersonerías, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Unidad Nacional de Protección, Juzgado Cuarenta y Cinco del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal de Bogotá, Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Garantías de Bogotá, Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá, Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá, Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogotá, Juzgado Setenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, Juzgado Setenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, Juzgado Segundo de Familia de Bogotá, Juzgado Veinte de Familia de Bogotá, Juzgado Veintitrés de Familia de Bogotá, Conferencia Episcopal de Colombia, RCN Televisión S.A., Comunican S.A. (Diario el Espectador), Casa Editorial El Tiempo S.A., Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Canal Capital y Radio Televisión Nacional de Colombia, RCTV (Canal Uno), en la que solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a no ser desaparecido, al debido proceso, a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo y a la seguridad personal, toda vez que ha sido víctima de amenazas en la razón a la demanda de nulidad electoral que inició contra de la personera distrital de Bogotá y por parte de las entidades encargadas de investigar la desaparición del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro.

I. ANTECEDENTES

Hechos

De los expedientes de tutela y del ordinario, se observan como hechos relevantes los siguientes:

El actor afirmó que labora en la Personería Distrital de Bogotá, entidad en la que, supuestamente, recibió el acoso por parte de la Procuraduría General de la Nación en razón a la investigación que inició por la desaparición forzada que sufrió su primo Abel de Jesús Barahona Castro, quien fungió como sacerdote.

Por otra parte, indicó que la señora Carmen Teresa Castañeda Villamizar fue nombrada como personera distrital, siendo la esposa del señor Luis González León, quien se desempeñaba como director nacional de seccionales y de seguridad ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual el ciudadano Juan Pablo Escobar interpuso demanda de nulidad electoral, con el objeto de obtener la nulidad del acto que la nombró como personera de Bogotá.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante sentencia del 15 de junio de 2017, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que si bien la señora Castañeda Villamizar ocupó el cargo de procuradora judicial II en asuntos penales, dentro de los 12 meses anteriores al nombramiento, ese cargo no involucra funciones relacionadas con la administración del distrito, con jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar. Igualmente, agregó que se demostró que la relación marital de hecho de la demandada con el señor González León había concluido más de 12 meses antes del nombramiento como personera. Dicha decisión no fue apelada.

Posteriormente, el 10 de mayo de 2017 y 26 del mismo mes y año, el actor presentó dos acciones de tutela contra las mismas entidades que hoy se demandan, la primera con radicado Nº 11001-03-15-000-2017-01203, la que por reparto correspondió a la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, quien en sentencia de 5 de octubre de 2017, la rechazó por improcedente respecto de la solicitud de nulidad del nombramiento de la señora Carmen Teresa Castañeda Villamizar. De otra parte, amparó el derecho fundamental de petición y al debido proceso, vulnerados por la Unidad Nacional de Protección.

La anterior decisión fue confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de 12 de abril de 2018.

Por otro lado, la segunda demanda de tutela con radicado Nº 11001-03-15-000-2017-01363-00, fue repartida a la Sección Primera del Consejo de Estado, corporación que en auto 4 de julio de 2017, le concedió al accionante el término de tres días para corregir la demanda.

En memorial de 11 de julio de 2017, el demandante presentó escrito de subsanación, sin embargo, no señaló concretamente de qué forma las entidades accionadas vulneraron sus derechos, ni precisó cuáles son las órdenes que demanda por parte del juez constitucional para la protección de sus derechos fundamentales, razón por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado, en auto de 4 de agosto de 2017, rechazó la acción de tutela.

Ahora bien, el accionante indicó que es miembro del sindicato Asopersonerías y de la mesa de negociación colectiva laboral. Por consiguiente, mediante escrito del 17 de abril de 2017, dijo a esa entidad y al sindicato que, en la reunión de la mesa de negociación colectiva laboral del 4 de abril de 2017, fue amenazado con expulsión, como represalia por haber presentado un proyecto de acta de la reunión del 21 de marzo de 2017. Además, solicitó que en esas sesiones no se hiciera alusión a figuras religiosas, en virtud de la libertad de cultos.

En oficio del 24 de abril de 2017, la Personería Distrital de Bogotá dio respuesta a la solicitud e indicó que en las mesas de discusión se garantizaba el derecho a la libre expresión y que la libertad de cultos involucraba precisamente el derecho a expresar las creencias religiosas.
Finalmente, el demandante afirmó, de manera reiterada, que ha sufrido amenazas contra su vida por la investigación que inició por la desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro

2. Fundamentos de la acción

El accionante afirmó que la señora Carmen Teresa Castañeda Villamizar está inhabilitada para ocupar el cargo de personera de Bogotá, porque tiene unión marital de hecho con el señor Luis González León, que es el director nacional de seccionales y de seguridad ciudadana de la Fiscalía General de la Nación.

Sostuvo que el señor González León tiene a su cargo la seguridad de los habitantes del distrito y que la señora Castañeda Villamizar es la máxima autoridad del Ministerio Público en la ciudad, por lo que tiene potestad para controlar todos los despachos judiciales, entre esos, los que ejercen función disciplinaria frente a los funcionarios del Distrito Capital.

Por otra parte, indicó que la señora Carmen Teresa Castañeda Villamizar influye indebidamente en el sindicato de la Personería de Bogotá, pues constriñe a los miembros de la mesa de concertación laboral, para impedir que se expresen a través de comunicados.

El accionante señaló que él y el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro eran coposeedores de la finca El Carmen y que el sacerdote fue desaparecido forzosamente por la señora Castañeda Villamizar y el señor González León, el 20 de noviembre de 1996, junto con los señores Ana Lucía Bohórquez, Mario Otálora Cruz y Justo Pastor Arias, con el objeto de apoderarse de la finca, hechos que fueron denunciados el 26 de noviembre de 1996, ante la Fiscalía Treinta y Siete Seccional de Bogotá. Sin embargo, el señor González León valiéndose de la condición de fiscal ciento uno regional ante el Gaula, que ostentaba en esa época (año 1997), desvió la investigación penal, cambió el número de radicación del proceso y, luego de tres años, ordenó irregularmente el archivo de la investigación.

Por último, el demandante afirmó tener serios temores por su seguridad, pues el 27 de abril de 2017 fue víctima de un atentado por parte del conductor de un vehículo, que intentó atropellarlo, razón por la cual solicitó protección al comandante de la estación de Policía Santa Fe, pero no ha obtenido respuesta favorable.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“Primera-. Tutelar el derecho de petición, el derecho al Acceso a la Administración de Justicia, el derecho a la libre expresión, y el Derecho a No ser desaparecido, el padre ABEL DE JESÚS BARAHONA CASTRO.

Segunda.- Tutelar mi derecho a la vida, que se encuentra seriamente amenazado.

Tercera-. Ordenar adelantar la investigación genuina por el desaparecimiento del sacerdote ABEL DE JESÚS BARAHONA CASTRO, con fundamento en el control de legalidad que se debe efectuar.

Cuarta: Disponer la terminación del proceso 8671 del 2007 adelantado por el Juzgado 33 Penal Municipal con base en siete (7) hechos punibles producto del montaje del Estado en contra del suscrito”.

4. Pruebas relevantes

El demandante aportó los siguientes documentos relevantes:

Copia de la petición que presentó el 30 de junio de 2017, ante la Personería Distrital de Bogotá.
Copia de la diligencia de declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación por el obispo Augusto Trujillo Arango.
Copia del Oficio Nº 0244 de 5 de abril de 2017, emanado de la Personaría Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios dentro del proceso disciplinario que se le inició al actor.
Copia de la denuncia que radicó el actor el 6 de octubre de 2017, ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de “sabotaje, terrorismo, violación de la libertad de trabajo y otras defraudaciones a la Ley Penal”.
5. Trámite procesal

En auto de 11 de julio de 2017, se declaró la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto de la referencia, pues en el primer escrito de tutela el actor señalaba a diferentes juzgados penales del circuito de Bogotá, por lo que se ordenó la remisión al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

El accionante interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión y en proveído de 22 de agosto de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, rechazó el recurso, toda vez que no todas las instituciones procesales del proceso ordinario se aplican en la acción de tutela.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en proveído de 21 de septiembre de 2017, se abstuvo de avocar el conocimiento y propuso el conflicto de negativo de competencia ante la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional, en auto 569 de 25 de octubre de 2017 dejó sin efecto la providencia de 11 de julio de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y remitió la acción de tutela a esta Corporación judicial.

En providencia de 11 de diciembre de 2017, el despacho sustanciador requirió al demandante para que indicara con mayor claridad los hechos u omisiones que motivaron la acción de tutela.

En memorial de 22 de enero de 2018, se allegó el escrito de aclaración de la solicitud de amparo. Por consiguiente, en providencia de 29 de enero de 2018, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a las entidades y autoridades judiciales demandadas. Igualmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Por último, en auto de 22 de febrero de 2018, se ordenó vincular a la Presidencia, Vicepresidencia y a la Sección Segunda del Consejo de Estado y se desvinculó a la Sección Cuarta de esta Corporación.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá

En escrito de 15 de febrero de 2018, el titular del despacho informó que ante dicho juzgado solo cursó un proceso en el que aparece el demandante, el cual obedece a una ejecución, lo cual se aparta totalmente de los hechos y pretensiones presentados en el escrito de tutela.

6.2. Respuesta del Juzgado Veintitrés de Familia de Bogotá

En memorial de 15 de febrero de 2018, el titular del despacho manifestó que en dicho despacho judicial se tramitó el proceso de declaración de muerte presunta por desaparecimiento del señor Mario Otálora Cruz, el cual mediante providencia de 3 de agosto de 2016, accedió a las pretensiones y ordenó la expedición del certificado de defunción e inscripción de la sentencia en el registro civil.

6.3. Respuesta del Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá

En escrito de 15 de febrero de 2018, la titular del despacho indicó que en el mencionado juzgado se adelanta el proceso bajo radicado Nº 11001-31-03-014-2010-00453-00, de Julia Torres Calvo contra Abel de Jesús Barahona Castro y Cristo Lector Ltda., en el que el accionante solicitó la intervención ad excludemdum, la cual fue rechazada.

Afirmó que el actor no indicó cuál era la vulneración a sus derechos fundamentales respecto de la actuación antes mencionada, por lo que solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

6.4. Respuesta del Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogotá

En memorial de 15 de febrero de 2018, el titular del despacho indicó que en la mencionada agencia judicial cursó el proceso ejecutivo Nº 2009-00810, dentro del cual fungió como demandante el señor Andrés Mateo Junco Caro y como demandado el señor Luis Alfredo Castro Barón No obstante, dicho trámite fue rechazado mediante auto de 3 de agosto de 2009, por lo que no se surtió ninguna actuación dentro del mencionado proceso.

Por lo demás, manifestó que los hechos expuestos por el demandante no son imputados al despacho, pues de este no se produjo ninguna trasgresión a sus derechos fundamentales.

6.5. Respuesta de RCN Televisión S.A.

En memorial de 16 de febrero de 2018, el representante legal afirmó que Noticias RCN no ha divulgado información o noticia alguna relacionada con el accionante o con las personas que mencionó en el escrito de tutela. Por consiguiente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional y que se desvincule del proceso.

6.6. Respuesta de la Presidencia de la República

En escrito de 16 de febrero de 2018, la apoderada judicial solicitó que se desvincule al departamento administrativo que representa o, en su defecto, que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se le vulneró al actor derecho fundamental alguno.
Afirmó que en el asunto de la referencia se configura la temeridad o cosa juzgada, toda vez que los hechos y pretensiones ya fueron motivo de estudio en otra acción de tutela que conoció el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá.

Señaló que el actor solicitó medida de protección debido a unas presuntas amenazas en su contra, la cual mediante Oficio OFI17-00054212 de 18 de mayo de 2017, se dio traslado de la petición a la Unidad Nacional de Protección, lo que se notificó al actor el mismo día.

Sostuvo que la petición relacionada con la información sobre el estado del proceso por desaparición forzada de Abel de Jesús Barahona Castro, fue enviada a la Fiscalía General de la Nación mediante oficio OFI17-00063372.

Por último, manifestó que la Ley 489 de 1998 y el Decreto 672 de 2017, establecen unas funciones al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las cuales no tienen relación alguna con los hechos y pretensiones elevadas por el actor, razón por la cual, frente a la mencionada entidad, hay falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.7. Respuesta de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC)

En escrito de 16 de febrero de 2018, la representante legal informó que dicha entidad no ha realizado actuación alguna que vulnere los derechos fundamentales del actor. De hecho, indicó que en el escrito de tutela el accionante no menciona a la entidad.

6.8. Respuesta del diario El Espectador

En memorial de 16 de febrero de 2018, el representante legal informó que el diario El Espectador se vinculó al proceso de la referencia, porque el actor afirmó que le entregó unos datos relacionados con la desaparición de su primo a la señora Cecilia Orozco Tascón, quien es una columnista de opinión. Sin embargo, resaltó que la señora Orozco Tascón no es una periodista del mencionado medio de comunicación, pues no existe ningún vínculo por el hecho de publicar columnas de opinión.

Afirmó que el actor no allegó prueba alguna que demuestre que elevó una petición escrita o verbal ante El Espectador, por lo que considera que no se le vulneró derecho alguno al demandante.

Por último, indicó que obligar al diario a publicar una noticia relacionada con hechos relatados por el accionante referentes al señor Abel de Jesús Barahona Castro y sus tres acompañantes, constituye censura lo que desconocería el artículo 20 de la Constitución Política.

6.9. Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores

En memorial de 16 de febrero de 2018, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la mencionada cartera ministerial solicitó que se desvinculara a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues a la luz del artículo 4 del Decreto 869 de 2016, sus funciones distan de las pretensiones elevadas por el demandante.

6.10. Respuesta de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital de Bogotá

En escrito de 16 de febrero de 2018, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica informó que la secretaría no fue mencionada directamente por el actor, pero que la hicieron parte del asunto de la referencia, toda vez que el Canal Capital está vinculado a dicha entidad. Sin embargo, afirmó que mediante el Acuerdo 2 de 2001, se establecieron funciones concretas a la gerencia del mencionado canal, de las cuales se desprende este expide actos, celebra contratos y adopta decisiones en desarrollo del objeto misional encargado por el Concejo Distrital mediante el Acuerdo 19 de 1995, por lo que se está en presencia de la expresión de la autonomía administrativa y financiera que la ley le reconoce, por lo que no puede trasladar funciones, como la defensa dentro procesos judiciales a otras entidades públicas.

Sostuvo que la secretaría no ha realizado ninguna actuación que vulnere los derechos fundamentales del demandante, razón por la cual solicitó que se declare la improcedencia o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Finalmente, indicó que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano alguna disposición que obligue a los operadores o prestadores del servicio a publicar todos los contenidos recopilados en ejercicio de sus actividades o investigaciones.

6.11. Respuesta de la Unidad Nacional de Protección

En escrito de 16 de febrero de 2018, el jefe encargado de la Oficina Asesora Jurídica pidió que la entidad sea desvinculada del presente trámite, toda vez que al actor se le realizó en forma oportuna el estudio de nivel de riesgo, del cual se concluyó que el competente era la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, por lo que se remitió mediante comunicación externa Nº OFI17-00041918 de 14 de noviembre de 2017.

Refirió que el actor radicó solicitud de protección ante la UNP, la cual fue trasladada al Grupo de Solicitudes Protección de la entidad, con el fin de realizar las respectivas verificaciones. Posteriormente, afirmó que al revisar la documentación y la pertinencia de la misma, solicitó a la Coordinación de Asignaciones de Trabajo, la evaluación de nivel de riesgo como población objeto del programa de protección.

Resaltó que se asignó la orden de trabajo Nº 243203 de 13 de septiembre de 2017, para la realización del estudio del nivel de riesgo, por lo cual el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información, CTRAI, recopiló la información e insumos necesarios para elaborar la matriz del estudio de nivel de riesgo. Sin embargo, el CITRAI inactivó el estudio de nivel de riesgo que se adelantaba a favor del actor por falta de nexo causal, pues la situación del demandante se deriva de problemas laborales.

Indicó que el accionante no ha recibido amenazas por el ejercicio de sus funciones, por lo que se estableció que no cumple con el principio de causalidad del programa de protección, razón por la cual se remitió el caso a la Dirección del Área de Derechos Humanos de la Policía Nacional, mediante comunicación externa Nº OFI17-0004198 de 14 de noviembre de 2017, lo cual se notificó al actor a través de la comunicación externa Nº OFI17-00041919 de 14 de noviembre de 2017.

Por último, manifestó que el demandante interpuso una acción de tutela contra las mismas entidades accionadas en el asunto de la referencia, la cual conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, con radicado Nº 11001-22-05-000-2017-01023-01, la cual se resolvió mediante sentencia de 17 de mayo de 2017, en la que se amparó el derecho fundamental de petición del actor y se ordenó a la Fiscalía General de la Nación que diera respuesta a las solicitudes elevadas. Las demás pretensiones, se declararon improcedentes.

6.12. Respuesta del Canal Capital

En memorial de 16 de febrero de 2018, la apoderada judicial solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Afirmó que al revisar la base de datos de correspondencia y del sistema de PQRS, no se encontró registro de documento alguno que hubiese sido presentado por el accionante, en el que se informe al canal sobre los hechos referidos en el escrito de tutela.
Señaló que si el periodista Iván Gerardo Cruz Acevedo realizó algún tipo de trabajo de campo o grabación o tuvo algún contacto con el señor Castro Barón en el ejercicio de su actividad, la cual ejercía de manera autónoma e independiente, el canal no está en la obligación de publicar dicha información, pues la libertad de expresión también consiste en evaluar si es pertinente o no la publicación.

6.13. Respuesta del diario El Tiempo

En escrito de 16 de febrero de 2018, el representante legal suplente solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que dicha casa editorial no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Indicó que en la página virtual del diario El Tiempo se publicó, el 22 de noviembre de 1996, la novedad correspondiente a la desapareciendo del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro junto con tres personas más.

Sostuvo que de los hechos y pretensiones que elevó el actor, lo único que puede tener relación es la manifestación verbal que realizó al director del diario durante el Conversatorio Visita Apostólica del Santo Padre a Colombia llevado a cabo el 21 de junio de 2017.

Resaltó que el diario no hace parte de la Rama Judicial ni de los organismos de investigación de orden penal o disciplinario, por lo que carece de competencia específica para adelantar investigaciones. Que si bien es cierto corresponde a acontecimientos que aún no han sido definidos, tampoco pueden ser asumidos por los particulares, por no tener el elemento de coacción suficiente para adelantar indagaciones como las solicitadas por el actor.

Finalmente, aseveró que el accionante no aportó elemento de convicción alguno que le ayude a que las pretensiones elevadas sean concedidas por el juez constitucional.
6.14. Respuesta del Juzgado Setenta y Siete Civil Municipal de Bogotá

En memorial de 16 de febrero de 2018, la titular del despacho informó que no existe hecho generador de la presunta afectación, es decir, que no hay vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Igualmente, agregó que las actuaciones judiciales alegadas por el actor no fueron realizadas por ese despacho y que lo único que conoció el juzgado fue el proceso ejecutivo Nº 11001-40-03-733-2014-00632 de Alex Antonio Parra Parada contra Luis Alfredo Castro Barón, en el que declaró prosperas las excepciones y la terminación del proceso, de lo cual no se desprende vulneración alguna.

6.15. Respuesta del Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá

En escrito de 19 de febrero de 2018, el titular del despacho afirmó que en ese juzgado solo aparece el accionante en un proceso ejecutivo, bajo radicado Nº 2015-01421, en el que actúa como parte demandante el señor Jesús Alfonso Gómez Gómez contra la señora Emilia Perdomo Ramírez.

Indicó que en el mencionado proceso se decretaron varias pruebas, entre ellas, la solicitada por la parte demandada respecto del testigo Luis Alfredo Castro Barón, quien según la señora Perdomo Ramírez, tuvo conocimiento del negocio que se realizó y quien puede demostrar que el valor que aparece en la letra es inferior.

Señaló que en audiencia celebrada el 9 de marzo de 2017, el accionante dejó constancia de que no declaraba amparado en el artículo 33 de la Constitución Política, por lo que se le requirió de conformidad con el artículo 221 del Código General del Proceso y se le concedió tres días para que justificara su renuencia a declarar so pena de imponer la sanción respectiva.

Sostuvo que el 14 de marzo de 2017, el actor allegó escrito en el que manifestó las razones por las cuales no rendía el testimonio, pero en proveído de 24 de marzo de 2017, se determinó brindar otra oportunidad para realizar la mencionada diligencia.

Resaltó que en audiencia de 3 de abril de 2017, el demandante manifestó que no deseaba rendir testimonio conforme al artículo 33 de la Constitución Política. Por consiguiente, en auto de 27 de abril de 2017, se sancionó al señor Castro Barón con dos días de arresto y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, decisión contra la que interpuso recurso de reposición, que fue decidido en providencia de 20 de junio de 2017, en el sentido de dejar en firme la sanción impuesta.

Por último, manifestó que el 16 de septiembre de 2017 la Policía Nacional se desplazó a la Personería Distrital de Bogotá, con el fin de que el actor diera cumplimiento a lo dispuesto en las providencias mencionadas en el párrafo anterior, pero que en dicha oficina se les informó que este fue suspendido por un periodo de tres meses.

6.16. Respuesta de la Personería de Bogotá

En escrito de 19 de febrero de 2018, la apoderada judicial pidió, después de hacer referencia a 18 procesos que ha iniciado el demandante, que se aplicaran los correctivos que el ordenamiento jurídico permite, frente a las personas que hacen uso temerario de instrumentos que, como la acción de tutela, procuran la satisfacción inmediata de los derechos fundamentales amenazados o conculcados y no la satisfacción del “ego” de quien no tiene otro propósito distinto a obstaculizar la labor de las entidades públicas accionadas.

6.17. Respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá

En memorial de 19 de febrero de 2018, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se declare la temeridad o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
Relató que la oficina se pronunció respecto de la petición Nº 1-2017-2305 presentada ante la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se solicitó la reactivación de la investigación de la desaparición del señor Abel de Jesús Barahona.

Indicó que frente a la anterior petición se dio respuesta mediante radicado Nº 2-2017-2990 de 21 de febrero de 2017, en la que se dio traslado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que allí se investigaran los hechos denunciados por el actor.

Finalmente, aseveró que al consultar el sistema de la Rama Judicial, constató que la alcaldía había dado respuesta a otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones, la cual tiene el radicado Nº 2017-1023.

6.18. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Primera

En escrito de 19 de febrero de 2019, informó que el asunto de la referencia carece de objeto, toda vez que el actor inició otra acción de tutela bajo el radicado Nº 2017-01363, la cual fue rechazada por improcedente mediante auto de 4 de agosto de 2017, toda vez que en proveído de 4 de julio de 2017, se le otorgó el término de tres días para que aclarara el escrito de tutela, sin que cumpliera con el requerimiento.

Afirmó que en las actuaciones antes mencionadas no se incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados por el demandante.

6.19. Respuesta del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá

En memorial de 20 de febrero de 2018, la titular del despacho informó que el accionante ha presentado dos acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones.

Afirmó que la solicitud de amparo no es el mecanismo idóneo para solicitar el archivo, suspensión, terminación y desarchivo de los procesos penales que se adelantan en la jurisdicción penal, ni muchos menos que se estén conculcando los derechos fundamentales invocados por el demandante.

6.20. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

En escrito de 20 de febrero de 2018, la apoderada judicial pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

Refirió que la queja que presentó el demandante contra el señor Helmunt Dionei Vallejo Tunja y Plinio Daniel Fernández Sánchez no fue engavetado ni se le dio un trámite irregular, como lo indicó en el escrito de tutela. De hecho, sostuvo que el IUS E-2017-41135 IUC D-2017-952719, corresponde a su trámite disciplinario, el cual fue evaluado y se presentó el respectivo proyecto. Posteriormente, el 26 de abril de 2017, se dictó decisión inhibitoria, pues se consideró improcedente el inició de dicho proceso.

Por otra parte, resaltó que la entidad rindió un informe por los mismos hechos y pretensiones en la acción de tutela con radicado Nº 11001-22-05-000-2017-01023-01, la cual fue de conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.

6.21. Respuesta de la Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico Distrital Bogotá

En memorial de 20 de febrero de 2018, la directora solicitó que se desvinculara a la entidad por falta de legitimación por pasiva o, en su defecto, se declare la improcedencia de la acción de tutela por no existir un nexo causal, más aún, cuando no se aportó prueba alguna que demostrara algún daño o vulneración.

6.22. Respuesta de la Conferencia Episcopal de Colombia

En escrito de 22 de febrero de 2018, el presidente indicó que el demandante había presentado acción de tutela contra la entidad bajo radicado Nº 2017-00503, por lo que consideró que en el asunto de la referencia se configura la temeridad.

Indicó que el señor Castro Barón acudió al conversatorio y manifestó su preocupación frente a la desaparición del sacerdote Barahona Castro, rompiendo el objeto de la conferencia, sin embargo, no existió diferencia alguna en la forma en la que se manifestó el actor a la de todos los asistentes que se les dio el uso de la palabra, sin que se observe como tal alguna petición de tipo verbal.

Señaló que el demandante es abogado y funcionario de la Personería Distrital de Bogotá, por lo que conoce cuáles son los requisitos que establece el ordenamiento jurídico para elevar una petición de manera verbal. En consecuencia, la intervención que realizó en el conversatorio como tal no constituye una solicitud.

Agregó que la Conferencia Episcopal de Colombia no dispone de información relacionada con el paradero del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro y de unos terrenos que alega el demandante.

6.23. Respuesta del Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá

En memorial de 22 de febrero de 2018, pidió que se tomen las medidas sancionatorias que corresponda en contra del actor, toda vez que ha presentado varias acciones de diferente naturaleza (tutelas, recusaciones, denuncias penales, quejas disciplinarias, solicitudes de desarchivo), en contra de los funcionarios que conoce en las diferentes actuaciones.

Agregó que es la sexta acción de tutela que interpone el señor Luis Alfredo Castro Barón, por los mismos hechos y pretensiones, las cuales, conoció el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá (primera), la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal (segunda), la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil (tercera y cuarta) y ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” (quinta).

6.24. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”

En escrito de 22 de febrero de 2018, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia y, a manera de petición subsidiaria, se denieguen las pretensiones, toda vez que no se vulneró derecho fundamental alguno al accionante.
Sostuvo que la sentencia del 15 de junio de 2017, que resolvió la acción de nulidad electoral se basó en que no existía prueba de la unión marital entre la señora Carmen Teresa Castañeda Villamizar y el señor Luis González León, y que, en todo caso, el cargo de personero de Bogotá es de concurso, por lo que, aunque se hubiera demostrado la relación, no se habría configurado la inhabilidad.

Finalmente, argumentó que la decisión cuestionada no incurrió en ninguna de las casuales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

6.25. Respuesta de la Policía Nacional, Policía Metropolitana de Bogotá, Estación Suba

En escrito de 27 de febrero de 2018, el jefe de Oficina Asuntos Jurídicos solicitó que se desvinculara por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que mediante comunicados oficiales Nº S-2017-083005/COSEC 1 – ESTPO 11-38.10 del 12 de abril de 2017, S-2017-/COSEC 1 ESTPO 11-38.10 del 23 de junio de 2017, S-2017-264044/COSEC 1 – ESTPO 11-38.10 del 17 de octubre de 2017, y S-2017-301384/COSEC 1 – ESTPO 11-38.10 del 24 de noviembre de 2017, se analizó la implementación de medidas preventivas de seguridad relacionas con el demandante.

Señaló que la Policía Nacional ha realizado los procedimientos, frente a las medidas de protección, conforme a la Constitución y la ley. Agregó que el actor no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable ni que se le vulneraron los derechos fundamentales invocados del accionante.

6.26. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

En memorial de 13 de marzo de 2018, el vicepresidente de la corporación pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, no solo porque se han presentado otras tutelas por los mismos hechos, sino también debido a que la razón para vincular a esta autoridad judicial ya se encuentra superada, en razón a que la solicitud de amparo que conoció la Sección Primera ya fue resuelta y se ordenó su archivo.

6.27. Respuesta de la Presidencia del Consejo de Estado

En escrito de 13 de marzo de 2018, el presidente de la corporación informó que los hechos narrados por el demandante no se relacionan con ninguna actuación surtida por la Presidencia del Consejo de Estado.
Agregó que la providencia que se profirió dentro de la acción de tutela Nº 2017-01363, correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado, para lo cual la Presidencia no tiene injerencia alguna, por lo que solicitó que se desvinculara del asunto de la referencia.

6.28. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

En memorial de 14 de marzo de 2018, el magistrado Gabriel Valbuena Hernández solicitó que se prevenga al accionante para que se abstenga de incurrir en las conductas que despliega con la acción de tutela de la referencia, pues dentro del radicado Nº 2017-01203-00 conoció de un asunto similar al que plantea en la presente solicitud de amparo.

Agregó que la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto de 1 de septiembre de 2017, rechazó por improcedente otra acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo de la referencia cumple con los requisitos de procedibilidad, necesario para la procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea positiva, la Sala deberá determinar si las entidades públicas, privadas y las autoridades judiciales demandadas han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, a no ser desaparecido, al debido proceso, a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo y a la seguridad personal.

3. Improcedencia de la acción de tutela por incurrir temeridad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.

En armonía con aquél precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo de protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas”.

De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela el juez corresponde al juez constitucional establecer los siguientes elementos: identidad de partes, de hechos, de pretensiones y la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda.

En esa línea, la Corte Constitucional se ha referido a las consecuencias que se derivan del hecho de presentar acciones de tutela idénticas, ya sea de forma simultánea o sucesiva, en el sentido que corresponde al juez de tutela declarar la improcedencia sin que pueda efectuarse un estudio de fondo, pues en esos casos “la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones”.

4. Estudio y solución del caso concreto

La Sala advierte que las pretensiones de la solicitud de tutela están inmersas dentro de la figura jurídica de la temeridad, sobre la cual se refirió la Corte Constitucional en sentencia T-661 de 2013.

En dicha providencia, resaltó que en los eventos en los que una misma persona instaura tutelas de manera sucesiva en las que converge identidad de partes, hechos y pretensiones, es preciso estudiar si ha operado el fenómeno de la temeridad, establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Señaló igualmente que debe verificarse que no haya justificación para la presentación de una nueva demanda, con lo que se comprueba que lo que explica el número de acciones instauradas es el actuar de mala fe del accionante. Dicha posición fue reiterada por esa Corporación Judicial en sentencia T-001 de 2016.

En vista de los parámetros establecidos en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991 y desarrollado por la Corte Constitucional, la Sala trae a colación el siguiente cuadro comparativo, en el que se analizan los hechos, objeto y pretensiones del asunto de la referencia frente a una anterior acción de tutela, que fue resuelta por esta misma Sección:

Rad. 2017-01654
Rad. 2017-01203
Identidad de partes
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón
Accionados: Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, la Mesa de Negociación Colectiva de Personería de Bogotá, Asopersonerias, entre otros
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Personería de Bogotá, la Mesa de Negociación Colectiva de la Personería de Bogotá, Asopersonerías, la Policía Nacional (estación de Policía Santa Fe) y el Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, entre otros.
Identidad de objeto / Pretensiones
Pretensión: Primera-. Tutelar el derecho de petición, el derecho al Acceso a la Administración de Justicia, el derecho a la libre expresión, y el Derecho a No ser desaparecido, el padre ABEL DE JESÚS BARAHONA CASTRO.

Segunda.- Tutelar mi derecho a la vida, que se encuentra seriamente amenazado.

Tercera-. Ordenar adelantar la investigación genuina por el desaparecimiento del sacerdote ABEL DE JESÚS BARAHONA CASTRO, con fundamento en el control de legalidad que se debe efectuar.

Cuarta: Disponer la terminación del proceso 8671 del 2007 adelantado por el Juzgado 33 Penal Municipal con base en siete (7) hechos punibles producto del montaje del Estado en contra del suscrito
Pretensión: Primera.- Tutelar el derecho a la vida, que está siendo seriamente amenazado por cuenta de las acciones de quienes detentan el poder en Bogotá sobre la seguridad de las personas y el control judicial sobre los procesos y la administración de justicia, es decir, el Director Nacional de Seguridad Ciudadana y la Personera de Bogotá.

Segunda.- Proteger el derecho de petición, el derecho al Acceso a la Administración de Justicia, el derecho a la libre expresión, y el Derecho a No ser desaparecido PRIMO HERMANO Y COPOSEEDOR, el padre ABEL DE JESÚS BARAHONA CASTRO y al derecho fundamental a la buena administración del Estado, pues con la valoración equivocada o tardía de los medios de prueba que indican que los esposos GONZÁLEZ LEÓN y CASTAÑEDA VILLAMIZAR son cónyuges entre sí, no se administra bien el Estado al permitir continuar en sus cargos con lo cual se irroga un daño irreparable al Estado y se pone en riesgo la vida del suscrito accionante.

Tercera.- Ordenar adelantar la investigación genuina por el desaparecimiento del sacerdote ABEL DE JESÚS BARAHONA CASTRO, con fundamento en el control de legalidad que se debe efectuar
Identidad de causa
El actor pretende que se adelanten las investigaciones por la muerte del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro. Igualmente, que se declare la nulidad del nombramiento de la señora la señora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, como personera de Bogotá y, por último, que se declare que la mesa de negociación del sindicato Asopersonerías, no existen las garantías constitucionales.
El actor pretende que se adelanten las investigaciones por la muerte del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro. Igualmente, que se declare la nulidad del nombramiento de la señora la señora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, como personera de Bogotá y, por último, que se declare que la mesa de negociación del sindicato Asopersonerías, no existen las garantías constitucionales.

En ese orden de ideas, es claro para la Sala que en el asunto de la referencia se cumplieron los mencionados presupuestos (identidad de partes, de objeto y de causa petendi), toda vez que el actor, en la acción de tutela con radicado Nº 2017-01203 y que también decidió esta Sección en fallo de 12 de abril de 2018, elevó los mismos hechos y pretensiones.

Así las cosas, se constató que la petición, aunque no está redactada de la misma manera, el fin de esta es el mismo, es decir i) anular la elección de la personera de Bogotá por supuesta inhabilidad para el cargo, ii) el estudio de los delitos de desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro y iii) las supuestas amenazas contra su vida.

Por lo anterior, se observó que el objeto de la anterior acción de tutela, es el mismo del asunto de la referencia, razón por la cual el actor actuó de manera temeraria.

Adicionalmente, la Sala evidencia una actuación desleal por parte del demandante en la presentación de acciones de tutela idénticas, en tanto en el escrito de la solicitud objeto de estudio se observa que juramentó no haber presentado una acción constitucional por los mismos hechos, lo que refuerza la tesis de la temeridad. A este hecho, cabe agregar que el supuesto cambio de criterio jurisprudencial que justificaría la presentación de la misma acción carece de asidero jurídico, además de tratarse de una actuación que desgasta de manera innecesaria la administración de justicia.

Con la declaratoria de temeridad en materia de tutela, deviene a menudo la declaratoria de “cosa juzgada constitucional” sobre la primera de las acciones promovidas, hecho que una vez verificado, determina que las tutelas con misma identidad presentadas subsiguientemente sean improcedentes. Al respecto indicó la Corte Constitucional en la precitada sentencia:

“Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto en concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material. Por tanto, no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico.

2.4 En este sentido, la Corte ha precisado que, en principio, no le es dado a la jurisdicción constitucional estudiar varias acciones de tutela cuando ellas han sido puestas con el objeto de defraudar al Estado, pero tampoco está autorizada para estudiar tutelas relativas a asuntos sobre los cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional. En ambos eventos la tutela debe ser declarada temeraria y/o improcedente, pues en ellos la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones sobre los mismos” (Negrilla y subrayado de la Sala).

En consecuencia, se declarará la temeridad de la acción de tutela instaurada por el señor Luis Alfredo Castro Barón.

Por otra parte, se observó que el señor Luis Alfredo Castro Barón es un abogado titular de la tarjeta profesional Nº 59.661, por lo que conoce en buena manera el ordenamiento jurídico, específicamente, las normas procesales, así como las consecuencias que impone la ley a los profesionales del derecho cuando se actúa con fines temerarios.

Igualmente, como en el asunto de la referencia se demostró la temeridad por parte del actor, toda vez que en una ocasión anterior esta Sala resolvió una acción de tutela bajo los mismos hechos, pretensiones y causa, y además que, varias entidades y autoridades judiciales accionadas indicaron de manera reiterada que el demandante ya había presentado otras solicitudes de amparo similares, se procedió a consultar el sistema de Consulta de la Rama Judicial y se evidenció que el accionante ha interpuesto el mecanismo constitucional contra los mismos accionados, para lo cual se trae a colación la siguiente información:

En el Consejo de Estado, además de la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala, se observaron otras dos (2) solicitudes de amparo contra las mismas autoridades judiciales y entidades accionadas, las cuales fueron rechazadas.

En la Corte Suprema de Justicia se constató que el demandante ha presentado nueve (9) acciones de tutela, en las que se observó que algunas de las entidades demandadas son las mismas.

En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se observaron dos (2) acciones de tutela contra las mismas entidades administrativas que se demandan en el asunto de la referencia.

En el Tribunal Superior de Bogotá se encontraron doce (12) acciones de tutela presentadas por el accionante contra varías de las entidades aquí demandadas.

En ese orden de ideas, la Sala ordenará enviar copias del expediente de tutela a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para lo de su cargo.

5. Razón de la decisión

Se declarara la improcedencia de la acción, en razón a que no es procedente el estudio de fondo, toda vez que sobre la misma operó el fenómeno de la temeridad y se configuró la cosa juzgada constitucional, entre la presente solicitud y aquella formulada por la actora bajo el radicado 2017-01203, que esta Sala resolvió en impugnación.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- DECLÁRASE improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Luis Alfredo Castro Barón.

Segundo.- Por la Secretaría General del Consejo de Estado, REMÍTASE copia del expediente de tutela con radicado 2017-01654-00 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para lo de su cargo.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Folio 243 del cuaderno de tutela.
Folio 263 del cuaderno de tutela.
Folios 145 a 146 del cuaderno de tutela.
Folio 292 del cuaderno de tutela.
Folios 381 a 382 del cuaderno de tutela.
Corte Constitucional Sentencia T-719 de 2015, MP Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicado 25000-23-41-000-2016-02173-01 CP Stella Jeannette Carvajal Basto. En igual sentido, Radicado 17001-23-33-000-2016-00612-01 CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Corte Constitucional Sentencia T-661 de 2013 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 12 de abril de 2018, M.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez.

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