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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01704-01

Improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad

Fecha
11 de julio de 2018
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-01704-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-01704-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

11 de julio de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO JUDICIAL EN TRÁMITE / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS JUDICIALES IDÓNEOS

De entrada evidencia la Sala que en los términos de la impugnación al estudiar si la demandante cuenta o no con otro medio de defensa judicial, le asiste razón al a quo dado que el proceso de acción de grupo se encuentra en estudio para eventual revisión al despacho del Consejero de Estado Alberto Yepes y además contra la sentencia atacada en el presente amparo, fue interpuesto un recurso extraordinario de revisión que se encuentra en trámite al despacho del Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas momento en el que se analizará de nuevo la providencia razón por la que la demandante cuenta con otro medio de defensa en curso. (…) No se cumplió, entonces, uno de los requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agote en debida forma el medio de defensa con el que cuenta la demandante para que se le protegieran los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01704-01(AC)

Actor: PROMIGAS S.A E.S.P

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2017, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que rechazó por improcedente la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La sociedad Promigas S.A E.S.P, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones:

“Primero: Que se DECLARE que con la sentencia proferida el 25 de mayo de 2017, en el proceso de acción de grupo identificado con el radicado No. 44-001-33-31- 002-2002-00438—01, el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la igualdad y al acceso a la justicia de PROMIGAS.

Segundo: Que se DECLARE que en dicha sentencia se configuró un defecto sustantivo, conforme se acreditó en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 de la Sección C del acápite IV del presente escrito de tutela.

Tercero: Que se DECLARE que en dicha sentencia se configuró una violación del precedente judicial, conforme logró acreditarse en los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de la Sección C del acápite IV del presente escrito de tutela.

Cuarto: Que se DECLARE que en dicha sentencia se configuró un defecto fáctico, conforme se acreditó en el numeral 3 de la Sección C del acápite IV del presente escrito de tutela.

Quinto: Que se DECLARE que en dicha sentencia se configuró una violación directa de la Constitución Política, conforme logró acreditarse en los numerales 4.1 y 4.2 de la Sección C del acápite IV del presente escrito de tutela.

Sexto: Que se DECLARE que en dicha sentencia se configuró un defecto procedimental absoluto, conforme se acreditó en los numerales 5.1 y 5.2 de la Sección C del acápite IV del presente escrito de tutela.

Séptimo: Que se DECLARE que en dicha sentencia tuvo lugar una decisión sin motivación, conforme se acreditó en el numeral 6 de la Sección C del acápite IV del presente escrito de tutela.

Octavo: Que, en consecuencia de las anteriores declaraciones, se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, al acceso a la justicia y a la igualdad de PROMIGAS, teniendo en cuenta que dicha sociedad está expuesta a sufrir un perjuicio grave e irremediable, al estar obligada a pagar una elevadísima indemnización de unos perjuicios de los cuales no es responsable.

Noveno: Que, como medio de protección a los derechos fundamentales vulnerados, se ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira realizar las siguientes actuaciones:

Decidir de nuevo sobre la responsabilidad que le es predicable a PROMIGAS, teniendo en cuenta que, en atención a las causales específicas de procedibilidad de las que adolece la sentencia controvertida, según se advirtió en los numerales 1.1 y 1.2 (defecto sustantivo), 2.1 y 2.2 (desconocimiento del precedente) y 4.1 y 4.2. (violación directa de la Constitución), el régimen de responsabilidad aplicable es el de la responsabilidad civil, consagrado en los artículos 2341 y siguientes del Código Civil.

Declarar que no es imputable responsabilidad alguna a PROMIGAS, teniendo en cuenta que, en atención a las causales específicas de procedibilidad de las que adolece la sentencia controvertida, según se advirtió en los numerales 1.3 y 1.5 (defecto sustantivo), 2.3 (desconocimiento del precedente) y 3 (defecto fáctico), los daños sufridos por los integrantes del grupo reclamante se explican única y exclusivamente por el hecho delincuencial de las FARC y por la omisión del Municipio de Riohacha en el cumplimiento de sus deberes y funciones en el ordenamiento del territorio y planeación urbana, que configuran una causa extraña - hecho de tercero - para mi representada.

Declarar que no es imputable responsabilidad alguna a PROMIGAS, teniendo en cuenta que, en atención a las causales específicas de procedibilidad de las que adolece la sentencia controvertida, según se advirtió en los numerales 1.4 (defecto sustantivo) y 2.4 (desconocimiento del precedente), se configuró una causa extraña por el hecho de la víctima.

Decidir de nuevo sobre la responsabilidad que le es predicable a PROMIGAS, teniendo en cuenta que, en atención a la causal específica de procedibilidad de la que adolece la sentencia controvertida, según se advirtió en el numeral 5.1 (defecto procedimental absoluto), el Tribunal accionado debe cumplir con el proceso deliberatorio que exige la toma de decisiones por parte de un cuerpo colegiado, como es el caso del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.

Decidir de fondo los llamamientos en garantía formulados por PROMIGAS al Municipio de Riohacha y al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, teniendo en cuenta que, en atención a la causal específica de procedibilidad de la que adolece la sentencia controvertida, según se advirtió en el numeral 5.2 (defecto procedimental absoluto), la sentencia no es la oportunidad para decidir sobre la admisibilidad de los llamamientos, como lo hizo el Tribunal, sino que es el espacio en el que se enjuicia la pretensión revérsica, desatándose así el litigio existente entre el llamante y los llamados en garantía.

Decidir de nuevo sobre la excepción de "culpa de las autoridades Municipales", teniendo en cuenta que, según se advirtió en el numeral 6 (decisión sin motivación), para determinar si las actuaciones realizadas por el Municipio de Riohacha configuraban una causa extraña, debía realizar un análisis detenido de cada una de las circunstancias que rodearon dichos comportamientos, diferente al realizado para desestimar que el hecho de la víctima era una causa extraña, pues en uno y otro evento el contexto en el que se desató el suceso dañoso es completamente disímil y, por tanto, exigen, evidentemente, una independiente caracterización de la causa extraña.

Décimo: En el remoto evento en el que se encuentre civil o administrativamente responsable a PROMIGAS, y teniendo en cuenta que, en atención a la causal específica de procedibilidad de las que adolece la sentencia controvertida, según se advirtió en los numerales 1.6, 1.7 y 1.8 (defecto sustantivo) y 2.5 (desconocimiento del precedente), la pretensión revérsica es plenamente procedente; se condene al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, así como al Municipio de Riohacha, en su calidad de llamados en garantía, por la responsabilidad que ostentan dentro de los hechos acaecidos.

Undécimo: Que se PREVENGA a la entidad accionada de no seguir incurriendo en conductas violatorias de los derechos fundamentales de PROMIGAS, en el transcurso del proceso con radicado No. 44-001-33-31-002-2002-00438-01 00 y los demás conexos a este.”

Hechos

De la lectura del escrito de tutela se extraen como hechos relevantes, los siguientes:

2.1 En 1976, la Nación - Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad PROMIGAS S.A.S E.S.P suscribieron contrato de concesión con el fin de ejecutar la obra de un gaseoducto entre la Guajira y Barranquilla.

2.2 El 21 de octubre de 2001, como consecuencia de un ataque terrorista hubo una explosión en el sector de El Patrón del Gasoducto Ballenas-Barranquilla, operado por PROMIGAS la cual provocó daños a la población civil cercana.

2.3 En razón de lo anterior, el 1º de agosto de 2002 fue presentada acción de grupo contra la sociedad PROMIGAS S.A. E.S.P. y el Ministerio de Minas y Energía con el fin de que se les ordenará indemnizar al grupo afectados por los perjuicios que habrían sufrido como consecuencia de la explosión.

2.4 Del proceso conoció por competencia en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha que en sentencia del 26 de septiembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones, declaró patrimonialmente responsable a PROMIGAS S.A. E.S.P y al Ministerio de Minas y Energía por los hechos ocurridos y le ordenó el pago de perjuicios.

2.5 La decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo de La Guajira en sentencia del 25 de mayo de 2017 la confirmó.

Argumentos de la tutela

La demandante manifestó que en la providencia atacada se interpretó y aplicó de forma desacertada las disposiciones sustanciales para dar solución al conflicto. Además, se desconoció el precedente judicial, se valoró de forma inadecuada el acervo probatorio, se incurrió en violación directa de la constitución y defecto procedimental absoluto.

Afirmó puntualmente que se incurrió en defecto procedimental pues a su juicio se actuó en inobservancia de lo estipulado en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996 y no fueron aceptados los llamamientos en garantía formulados por PROMIGAS S.A. E.S.P.

Oposiciones

La Magistrada del Tribunal Administrativo de La Guajira, Carmen Dalis Argote Solano indicó que lo pretendido por la demandante es convertir la acción de tutela en una tercera instancia para así reabrir el debate jurídico culminado, adujo que las razones jurídicas de la decisión se encuentran consignadas en la sentencia cuestionada y advirtió que la misma fue objeto del recurso extraordinario de revisión motivo por el cual el expediente se remitió a la sección tercera del Consejo de Estado.

La Juez Segunda Administrativa de Riohacha, manifestó no puede mencionar detalles precisos sobre las actuaciones procesales que se adelantaron por parte de ese despacho judicial todas vez que el expediente no se encuentra a su cargo.

La apoderada de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, en calidad de tercero interesado dentro del proceso de la referencia, solicitó que se reconsiderara la suspensión provisional requerida por la demandante pues la condena impuesta afecta el erario y constituye un perjuicio irremediable pues el hecho generador del daño no les es imputable toda vez que, es contrario a las normas superiores responsabilizarlas por un hecho que no le es imputable.

Afirmó que es necesario acceder a las pretensiones de la demandante toda vez que de conformidad a la jurisprudencia del riesgo-conflicto los actos terroristas solo son atribuibles al Estado en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional a través de sus fuerzas militares, a quienes les corresponde la guarda de la ciudadanía, bienes y derechos, sobre todo en casos de atentados terroristas, funciones que no pueden ser atribuidas al Ministerio de Minas razón por la que esta cartera ministerial debió ser exonerada de cualquier responsabilidad por encontrar configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Directora de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa del Estado solicitó que se revocará la sentencia reprochada, indicó que la terciaria del riesgo aplicada por el Tribunal Administrativo de La Guajira desconoce los mínimos postulados del derecho de daños, de la responsabilidad del Estado y contribuye a la re victimización de los afectados por los actos terroristas, toda vez que los condenados no tienen a su cargo la defensa de la infraestructura de hidrocarburos.

La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sentencia impugnada

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en sentencia del 12 de diciembre de 2017, rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia al considerar que el debate jurídico propuesto por la demandante en la actualidad se encuentra en trámite de recurso extraordinario de revisión razón por la que a su juicio no se cumplió con el carácter residual y subsidiario de la acción de la tutela contra providencia judicial.

Impugnación

El apoderado de la sociedad demandante impugnó la anterior decisión, reiteró los argumentos del escrito inicial y manifestó que la sociedad presentó solicitud de revisión eventual no recurso extraordinario de revisión razón por la que no hay forma de que sean protegidos de manera inmediata y directa los derechos violados.

Afirmó que se está en presencia de un perjuicio irremediable toda vez que se condenó injustificadamente a la actora a pagar una suma alta de dinero y en ese entendido procede la tutela como mecanismo transitorio.

Además indicó que el mecanismo de revisión eventual no es requisito previo para la presentación de la acción de tutela contra la sentencia que ponga fin a los procesos de acción de grupo, en razón de lo anterior solicitó que se revoque la providencia impugnada y en su lugar se declaré que la tutela es procedente.

Por su parte la apoderada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado impugnó la decisión y reiteró los argumentos de la contestación siendo insistente en la configuración de un perjuicio irremediable.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso la sociedad PROMIGAS S.A E.S.P solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, igualdad y acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

A la Sala le corresponde estudiar si la autoridad judicial demandada con sus actuaciones vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.

Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, exp 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
(Subraya la Sala)

Aun más, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.

Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.

En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;

Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y

Que no se trate de sentencias de tutela.

Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.

Problema jurídico

En los términos de la impugnación la Sala deberá determinar si la demandante cuenta con otro medio de defensa judicial en curso.

Caso concreto

La parte demandante solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerado por el Tribunal Administrativo de La Guajira por incurrir en defecto sustantivo, defecto procedimental, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución en la sentencia proferida el 25 de mayo de 2016.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

Del estudio del expediente, se observa:

Que PROMIGAS S.A E.S.P es la propietaria del gaseoducto llamado Ballenas- Barranquilla ubicado en el municipio de Manaure en el departamento de La Guajira que es el encargado de transportar el gas natural a varias ciudades de la costa atlántica.

El 21 de octubre de 2001, como consecuencia de un ataque terrorista hubo una explosión en el sector de El Patrón del Gasoducto Ballenas-Barranquilla, operado por PROMIGAS la cual provocó daños a la población civil cercana.

En razón de lo anterior, el 1º de agosto de 2002 fue presentado una acción de grupo contra la sociedad PROMIGAS S.A. E.S.P. y el Ministerio de Minas y Energía con el fin de que se les ordenará indemnizar al grupo por los perjuicios que habrían sufrido como consecuencia de la explosión.

Del proceso conoció por competencia en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha que en sentencia del 26 de septiembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones, declaró patrimonialmente responsable a PROMIGAS S.A. E.S.P y al Ministerio de Minas y Energía por los hechos ocurridos y le ordenó el pago de perjuicios materiales e inmateriales a los miembros del grupo bajo el título de imputación por riesgo excepcional dado que el transporte de hidrocarburos está catalogado como una actividad peligrosa.

La decisión fue apelada por el apoderado de PROMIGAS S.A E.S.P y sus argumentos fueron centrados en que el régimen de responsabilidad aplicado a la sociedad no puede equipararse al de la Nación toda vez que es una entidad privada y debió darse aplicación a la figura de la responsabilidad civil extracontractual por desempeñar una actividad peligrosa más aun cuando la actividad propia del transporte de gas no fue el hecho generador del daño.

Además en dicho recurso se indicó que existían causales eximentes de responsabilidad tales como: i) el hecho exclusivo de un tercero dado que no se les puede atribuir la autoría del atentado, ii) culpa exclusiva de las víctimas pues cuando se dio la construcción del gaseoducto en el año 1976 eran terrenos baldíos lo que hacía que el gaseoducto estuviera alejado de la población sin embargo al momento de la explosión habían viviendas ubicadas de forma cercana lo que hace que se hayan auto puesto en peligro.

Finalmente, señaló que la sentencia de primera instancia incurrió en varias imprecisiones al haber indicado que los demandados fueron condenados a título de riesgo excepcional, a su juicio debió aceptar los llamamientos en garantía hechos a la Nación - Ejército Nacional y al municipio de Riohacha dado que desde sus competencias les corresponde la protección de la población y del gaseoducto, además de la prevención y la obligación de planificar el desarrollo poblacional.

El Tribunal Administrativo de La Guajira en sentencia del 25 de mayo de 2017 confirmó la providencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esa providencia.

La demandante en esta oportunidad aseguró que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo, violación del precedente, defecto fáctico, violación directa de la constitución, defecto procedimental y decisión sin motivación.

La Sala entrará a estudiar los defectos alegados, así:

De entrada evidencia la Sala que en los términos de la impugnación al estudiar si la demandante cuenta o no con otro medio de defensa judicial, le asiste razón al a quo dado que el proceso de acción de grupo se encuentra en estudio para eventual revisión al despacho del Consejero de Estado Alberto Yepes y además contra la sentencia atacada en el presente amparo, fue interpuesto un recurso extraordinario de revisión que se encuentra en trámite al despacho del Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas momento en el que se analizará de nuevo la providencia razón por la que la demandante cuenta con otro medio de defensa en curso.

En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, establece:

“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.”
(Negrilla fuera de texto)

Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:

“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta. En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”

No se cumplió, entonces, uno de los requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agote en debida forma el medio de defensa con el que cuenta la demandante para que se le protegieran los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados.

No obstante, la Sala evidencia que la inconformidad de la demandante radica en que a su juicio en la providencia endilgada no se tuvo en cuenta:

El régimen de responsabilidad que debió ser aplicado en razón a que se estando involucrada una entidad particular el proceso debió ser conocido por la jurisdicción ordinaria.

No fueron analizadas las causales eximentes de responsabilidad como la causa extraña por el hecho exclusivo de un tercero y la culpa exclusiva de las víctimas.
Omisión de la solicitud de llamamiento en garantía a los coautores de un daño extracontractual (Nación - Ejército Nacional y municipio de Riohacha).

Es precisó indicar que estos argumentos fueron alegados por la parte actora en el recurso de apelación de la acción de grupo y en ese entendido ya fueron debatidos en el trámite de dicho proceso.

Esos argumentos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de La Guajira en providencia del 25 de mayo de 2017, de la siguiente manera:

“Corresponde a la Sala Determinar si concurren los elementos estructurales para dictaminar la responsabilidad extracontractual de la Nación – Ministerio de MINAS Y Energía – Promigas S.A E.S.P por los daños causados a los integrantes del grupo (…)

Para ello se plantean y resolverán previamente los siguientes interrogantes secundarios:

Cuál es el régimen de imputación aplicable para el juicio de responsabilidad en el presente caso, en consideración a que el extremo pasivo de la Litis se haya integrado por una entidad de naturaleza privada – PROMIGAS S.A E.S.SP y que el hecho causante del daño alegado por los demandantes provenga de un acto terrorista perpetrado por un grupo al margen de la ley.
Si concurren en el caso presente, alguna de las causales exculpativas (sic) de responsabilidad – culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.
Si hay lugar a la prosperidad de los llamamientos en garantías hechos por Promigas S.A E.S.P al municipio de Riohacha y el Ejército Nacional.

(…) las discrepancias existentes entre la jurisdicción contenciosa administrativa y la ordinaria en torno a la responsabilidad objetiva, varía de acuerdo al criterio del riesgo que gobierne el asunto.

Las actividades peligrosas que pudiera emprender el Estado tienen asidero en la consecución de los fines estatales, en gran medida relacionadas con la prestación de servicios públicos, por tanto no se predica de tal actividad la obtención de un provecho económico propiamente dicho, en cambio, este si comporta una característica especial en el plano de la responsabilidad civil extracontractual de los particulares, puntualmente en ejercicio de actividades peligrosas.

En materia de la responsabilidad por riesgo-conflicto, es oportuno acotar que, en principio, constituye una figura con plena aplicación en los juicios de responsabilidad estatal, pues se insiste, alude al riesgo que debe soportar la ciudadanía en general por el conflicto armado existente entre los grupos insurgentes y la fuerza pública. De allí la inconformidad de la entidad recurrente con el derrotero argumentativo del juez primario.

Examinando con detalle el marco jurídico regulador de la materia, a juicio del Tribunal, le asistiría razón a Promigas en tanto que su concurrencia al presente juicio se tratara de la ejecución de una actividad enteramente privada o particular, pero olvida sin mayores miramientos la relación sustancial – libremente convenida- que le asiste para con el Ministerio de Minas y Energía, de la que no se tiene duda alguna sobre su carácter estatal.

Se refiere esta colegiatura al contrato de concesión cuya naturaleza jurídica otorga a la resolución de la controversia elementos sumamente relevantes para la definición de la responsabilidad, cualquiera que sea el título de imputación empleado (…)

Lo primero que ha de puntualizarse, en razón del carácter privado de Promigas, el que a su juicio lo hace indemne de la aplicación de la jurisprudencia del máximo órgano de lo contencioso administrativo, es que bajo la conocida figura del fuero de atracción, al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y contra otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria , el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de todas las entidades demandadas.

Por lo tanto se concluye que esta jurisdicción es competente para pronunciarse respecto de la responsabilidad que le pudiere ser atribuida a cualquier de las entidades que fueron demandadas en el presente asunto.

(…)

En tal orden, no es cierto que la válvula de conducción de gas no sea un elemento representativo del Estado, pues se insiste que tratándose de la actividad de transporte y comercialización de un recurso mineral – gas natural – justamente para la prestación de un servicio público, lo hacía un claro objetivo de la insurgencia, para de esta forma atacar al gobierno aun cuando su construcción mantenimiento y funcionamiento proviene de gestiones privadas en cabeza de Promigas.

Justo aquí es donde impone identificarse el deber jurídico de Promigas de asumir las consecuencias adversas derivadas de dicho ataque, entre ellas, la indemnización de los afectados colateralmente. Atendiendo el concepto jurídico del contrato de concesión, la empresa concesionaria asume por su cuenta y riesgo el ejercicio de la actividad, obra o servicio, es decir, se aceptan con la suscripción del contrato los riesgos inherentes al objeto social del mismo.

(…)

En este caso Promigas a sabiendas de que el transporte y comercialización del gas suponía la consecución de una actividad peligrosa, la ejerció con toda liberalidad y, como quiera que la representa un provecho económico, a expensas del peligro del conglomerado, es dicha empresa la que debe asumir el riesgo cuando siniestros efectivamente se presentan, sin perjuicio claro está de la responsabilidad solidaria que le asiste también al Ministerio de Minas y Energía.

De las causales eximentes de responsabilidad.

Culpa Exclusiva de las víctimas

Promigas señaló al respecto que el trazado del gasoducto ha permanecido en el mismo lugar desde el año 1976, época para la cual eran terrenos baldíos, luego entonces, la decisión de los habitantes de ubicar sus viviendas y locales comerciales en dicho sector, es la cauda de los daños que indican haber sufrido y por tanto, asumieron el riesgo de usar tal zona restringida, según expresa el artículo 96 del código de petróleos, relativa a la servidumbre legal de oleoductos. Bajo este mismo argumento, indicó que la construcción de viviendas y locales comerciales por los demandantes en las zonas aledañas al gasoducto, se hizo de forma desorganizada.

A juicio del Tribunal, conforme a la jurisprudencia atinente y las pruebas obrantes en el plenario, la causal exculpativa de responsabilidad de hecho exclusivo de la víctima no prosperas en el presente caso, habida cuenta del incumplimiento de los requisitos establecidos para las causas extrañas.

En primer lugar, la población del sector donde se encontraba instalada la válvula de gas no era un hecho imprevisible para Promigas, en tanto que, aun cuando al momento de construirse el ducto el sector se comprendía de terrenos baldíos, era totalmente predecible que, en cuestión de tiempo el crecimiento urbano de la ciudad alcanzara las inmediaciones de la edificación. Lo anterior se robustece con el hecho de que la mayoría de bienes inmuebles afectados con la explosión corresponden a parcelas y fincas de mediana extensión, los cuales se constituyen comúnmente en la periferia de las ciudades, con gran proximidad al casco urbano.

(…)

Por último el fenómeno poblacional no puede reputarse como la causa eficiente y adecuada del daño a la luz de las bases jurisprudenciales anteriormente examinadas, en consideración a que la connotación de la voladura hacia insuperable la causación (sic) de las lamentables pérdidas humanas y materiales que surgieron con ocasión del atentado terrorista.

Hecho de un tercero

(…)

En lo tocante al primer punto, es dable afirmar que aun cuando se tiene certeza probatoria de que la explosión del gasoducto obedeció al actuar delictivo de insurgentes, quienes comportan plenamente la calidad de terceros, tal supuesto no tiene la entidad de liberar de responsabilidad a Promigas, en consideración al incumplimiento del requisito de imprevisibilidad.

(…)

Lo anterior pone de presente que, aun cuando el hecho determinante del daño – explosión del gasoducto – proviene del actuar de un tercero, este no fue absolutamente imprevisible para Promigas. Sea oportuno indicar que la empresa podía suponer que las instalaciones del gasoducto podría ser objeto de ofensivas por los grupos al margen de la ley, no solo porque parte del ducto ya había sido objeto de ataques, cabe precisar, a la altura del municipio de San Juan del Cesar, o aquel que tuvo lugar en Arroyo de Piedra, corregimiento perteneciente a la jurisdicción del municipio de Luruaco (Atlántico), entre otros, y que propició un consejo de seguridad entre las autoridades y la fuerza pública el Departamento de la Guajira a efectos de articular esfuerzos para mitigar los mismos, sino porque en realidad la conmoción de orden público para la época del insuceso, se constituía en altamente factible la consecución de tan lamentables actos. Inclusive el vigilante de la válvula que testificó en el proceso, manifestó que fue alertado de la posibilidad de un atentado.

Le estaba dado entonces a Promigas de adoptar las medidas eficaces y conducentes en aras de evitar ser cobijada por esos hechos, por ejemplo, deprecar la protección y vigilancia permanente de este punto sensible del ducto.

En punto del segundo argumento planteado, en cuanto el hecho determinante lo fue el crecimiento desordenado del casco urbano, producto de la indebida planeación territorial que le es atribuida al municipio de Riohacha, el Tribunal también considera que el mismo debe ser despachado desfavorablemente, bajo las mismas apreciaciones esgrimidas para denegar la causa de culpa exclusiva de la víctima, que ya fueron consignadas en presencia, iterando que no se constituyen tal circunstancia de la causa eficiente del daño.

Del llamamiento en garantía hecho por Promigas S.A. E.S.P.

Ahora bien, el recurrente también disiente categóricamente de la forma como fue resuelto por parte del fallador primario, el llamamiento en garantía que hizo la empresa Promigas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ejército Nacional y el Municipio de Riohacha, en cuanto no fue abordado en la respectiva sentencia por haberse declarado la responsabilidad de las entidades demandadas bajo la égida del régimen de responsabilidad objetiva.

(…)

Conforme al marco normativo y jurisprudencial evocado, se tiene que las pretensiones de la parte demandada frente al llamado en garantía no se satisfacen con la simple determinación de la existencia de un deber de resarcir o de participar en el pago de la condena, sino que debe analizarse a fondo la relación legal o contractual que liga a llamante y llamado en garantía y la tasación del porcentaje de la condena en el cual este último debe participar.

Analizados los argumentos que sustentan los llamamientos hechos a las entidades públicas, es dable determinar que más que razones para detentar una relación legal entre estos y Promigas, se constituyen en lucubraciones propicias para advertir su responsabilidad directa en los hechos, y no una obligación del reembolso de la indemnización.

Basta con ahondar en los motivos que sustentaron el llamamiento efectuado al Ejército Nacional para entender que si bien la obligación legal que se aduce esta en cabeza de la entidad como integrante de la fuerza pública, no es predecibles de una relación sustancial para con la empresa demandada, sino que es correlativa a sus funciones institucionales y que es exigible respecto de la población civil en general.

Del mismo modo, al municipio de Riohacha le corresponde cumplir con las funciones relativas al ordenamiento del territorio, así como planificar su desarrollo económico social y ambiental conforme lo señalado en los artículos 3,5, y 6 del Régimen Municipal, no porque le asista una obligación directa y legal para con Promigas, sino que se encuentra compelido a desempeñar las mismas.

(…)

En la lógica planteada, los argumentos que sustentan los llamamientos en garantía presuponen una relación sustancial y por ende, un estudio de fondo sobre lo que se alude – por cada entidad pública – como hecho generador del daño antijurídico en la presente acción de grupo, a efectos de determinar las responsabilidades individuales o solidarias que puedan configurarse, derivadas de las actuaciones u omisiones de los “llamados” o lo que se insiste, no es posible bajo los postulados jurídicos que caracterizan a la acción revérsica (sic). Por tal razón los llamamientos en garantía no tienen vocación de prosperidad.”

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que lo alegado por la actora en el proceso de la acción de grupo no puede ser objeto de estudio de nuevo en acción de tutela, siendo que los argumentos traídos a colación fueron alegados por la actora en el recurso de apelación de la acción de grupo, en ese entendido lo pretendido por la parte actora es un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela y toda vez que a la fecha cuenta con otros mecanismos de defensa judicial en curso la Sala confirmará el fallo del 12 de diciembre de 2017, proferido por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

Confirmar la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 153 a 156 del expediente.
Folios 334 a 335 del expediente.
Folios 412 del expediente.
Folios 187 a 270 del expediente.
Folios 305 a 324 del expediente.
Folios 391 a 393 del expediente.
Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01.
Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271).
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA.
Páginas 3725 a 3751 del expediente en calidad de préstamo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2018-00023-00
Demandante: Yan Carlos Beltrán de la Hoz y otros.

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