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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01785-01

Vulneración del derecho a la consulta previa del consejo comunitario afrodescendiente del alto caribona

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01785-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: MODIFICAR la sentencia del 13 de febrero de 2018, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo del derecho a la dignidad humana de los accionantes. En su lugar: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela solicitada en contra del Auto de 20 de abril de 2016 proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. Con base en estas últimas, REMITIR copia de este fallo a dicha Sub-sección, para lo que estime conveniente. SEGUNDO: CONCEDER EL AMPARO PLENO de los derechos de la Comunidad de Afrodescendientes de la vereda de Alto Caribona y de los mineros tradicionales de la mina Walter a la consulta previa y a la participación ciudadana, respectivamente, así como de los derechos fundamentales a la vida y subsistencia dignas, el mínimo vital, el trabajo, la autonomía, integridad e identidad cultural y social. En consecuencia, TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el título de concesión minera de referencia JG4-1653, otorgado el 7 de octubre de 2008 por la Secretaría de Minas del Departamento de Bolívar a la Cooperativa Multiactiva del Caribona – Coopcaribona, con base en las consideraciones expuestas en esta sentencia, en particular, las expuestas en el apartado correspondiente a “la síntesis de la decisión y el remedio judicial a adoptar”. CUARTO: ORDENAR al Ministerio del Interior, para que, dentro de un (1) mes a partir de la notificación de esta sentencia, a través de las Direcciones de Consulta Previa y Asuntos de Comunidades Negras, realice, garantice y coordine el trámite de la consulta previa, en cuyo desarrollo participarán las comunidades afrodescendientes de la vereda Caribona del Municipio de Montecristo (Bolívar), comunidad que deberá ser plenamente informada y escuchada, por conducto de sus representantes autorizados, desde la etapa de preconsulta hasta la finalización del proceso, sobre el contrato de concesión que se concederá en la zona correspondiente a la mina Walter. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-01785-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

5 de julio de 2018

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DEL CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE DEL ALTO CARIBONA / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA CARIBONA Y DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO BOLÍVAR / OTORGAMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - En zona de actividad minera tradicional / TITULARIDAD DE DERECHOS ÉTNICOS - Elementos

[L]a normatividad minera aplicable al caso concreto, señalaba claramente que los actores, como miembros de un pueblo afrodescendiente gozaban de una protección especial sobre su identidad cultural y formas tradicionales de producción minera (…) y tenían un derecho de prelación (…) frente a las medidas de exploración y explotación que fueran a desarrollarse sobre su territorio. Para la Sala resulta, además, censurable que tanto las autoridades administrativas, como el propio solicitante del contrato de concesión omitieran el reconocimiento de la presencia de la comunidad actora, cuando se desprende del material probatorio, que conocían y compartían las actividades de minería tradicional que se desarrollaban en la zona de Mina Walter. Dicha actitud contraviene no solo el reconocimiento de los derechos a la participación y a la consulta previa de los actores, sino que también implica una vulneración del mandato de acceso democrático a la explotación de los recursos naturales que pretende proteger la normatividad minera (…) Con base en estos elementos de juicio, la Sala encuentra que el otorgamiento del contrato de concesión a través del título (…) se constituyó en una medida administrativa que afectó directamente la supervivencia cultural y económica de las comunidades de la vereda Caribona del municipio de Montecristo y, particularmente, de los mineros tradicionales afrodescendientes quienes habitan y trabajan en la Mina Walter (…) la jurisprudencia constitucional ha señalado que es una obligación constitucional y convencional consultar aquellas medidas legislativas y administrativas relacionadas con el ejercicio de la exploración y explotación minera, debido a los impactos directos que dicha actividad genera sobre los derechos fundamentales de los pueblos étnicos. Específicamente, ha determinado que la entrega de los contratos de concesión afecta intensamente los derechos de las comunidades, razón por la que estas tienen derecho a ser consultadas de forma previa, libre e informada. Adicionalmente, (…) señala que respecto de aquellas comunidades que no hacen parte de grupos étnicamente diferenciados (indígenas y afrodescendientes), si bien no procede el derecho a la consulta previa, sí les asiste el derecho a la participación en los asuntos que las afectan directamente. Por tal motivo, los mineros artesanales no afrodescendientes de la vereda Caribona y del municipio de Montecristo (Bolívar) tienen derecho a ser informados y a participar en los trámites de titulación minera que se adelanten en su territorio y que inciden directamente en sus actividades y subsistencia.

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL / DESALOJO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE MINERÍA EN TRÁMITE DE AMPARO ADMINISTRATIVO - Improcedente al tener carácter de minería tradicional / AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE AMPARO ADMINISTRATIVO - Vulneración del derecho al debido proceso administrativo

En primer lugar, como lo expresó el Defensor del Pueblo Regional del Magdalena Medio en el trámite de amparo no se estaba hablando de personas indeterminadas, pues Coopcaribona conocía de la presencia de las asociaciones y cooperativas accionantes, lo que constituye un claro desconocimiento del debido proceso administrativo. Tal actuación contraviene el artículo 310 de la Ley 685 del 2001 según el cual la presentación de la solicitud de amparo administrativo debe notificarse al presunto causante del hecho (…) En segundo lugar, Coopcaribona al conocer de la presencia de los actores en la zona del título minero, conocía también de su carácter de mineros artesanales y tradicionales, el cuál ocultó desde el trámite de solicitud de la concesión minera y hasta la solicitud de amparo administrativo elevada a la Agencia Nacional de Minería. Dicho dato era relevante porque, no solamente indicaba la necesidad de realizar el trámite de procedimiento consultivo de la comunidad, sino que también permitía valorar la protección legal que ofrecía el Código Minero a los trabajadores artesanales. Finalmente, la determinación del carácter de mineros tradicionales probado el mismo trámite del amparo administrativo, tenía como consecuencia lógica la improcedencia de cualquier medida administrativa de desalojo y prohibición de trabajo, por parte de la autoridad minera. Como se ha recabado a lo largo de esta sentencia, la minería artesanal es una actividad admitida y protegida por el ordenamiento jurídico colombiano, que se diferencia diametralmente de las actividades de minería ilícita sancionadas por el propio Código minero y por el Código Penal. De esta manera, la Sala constató que se vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, el trabajo, la subsistencia digna, la autonomía, integridad e identidad cultural de los accionantes, por parte de las autoridades administrativas accionadas (Agencia Nacional de Minería y Alcaldía de Montecristo), al dar trámite al proceso de amparo administrativo GSC N° 000861, dentro del cual, además, se ordenó el desalojo y cancelación de actividades desarrolladas por los accionantes en la Mina Walter de la verada Caribona del municipio de Montecristo (Bolivar).

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / AUTO DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL / RECURSO DE SÚPLICA - En trámite / SOLICITUD DE COADYUVANCIA EN PROCESO DE NULIDAD - Medio de defensa idóneo

Los recurrentes sostienen que la providencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que suspendió los efectos del Decreto 933 de 2013, en el marco del proceso de nulidad simple que contra dicha norma actualmente se adelanta, vulneró sus derechos fundamentales (…) respecto al requisito de subsidiaridad, la Sección considera que este no se encuentra cumplido comoquiera que el proceso ordinario se encuentra en trámite y, dentro de este, el actor puede solicitar su vinculación para coadyuvar y, posteriormente, interpelar y controvertir las diferentes actuaciones del proceso a través de los recursos ordinarios y extraordinarios que para el efecto les provee el ordenamiento jurídico. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia respecto a este cargo debido a que no se ha cumplido con la exigencia del agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios respecto a la providencia judicial atacada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 40 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTICULO 330 / LEY 1382 DE 2010 - ARTÍCULO 12 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 165 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 121 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 130 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 133 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 250 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 257 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 306 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 307 / CÓDIGO DE MINAS - ARTÍCULO 316 / LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 107 / DECISIÓN 774 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTÍCULO 5 / CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - ARTICULO 6

NOTA DE RELATORÍA: La Sala aborda los dos formas en las que la jurisprudencia constitucional ha protegido el principio democrático y de participación: de una parte, a través del derecho a la consulta previa que tienen las comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales; y de otra, el derecho a la participación ciudadana, propiamente dicha, de manera activa y efectiva en la adopción de decisiones que los afectan, aunque no se reivindique la diversidad étnica en estricto sentido. En relación con minería tradicional como actividad legalmente protegida y su relación con los derechos a la participación y la consulta previa, la sentencia enuncia casos en los cuales la corte constitucional ha amparado dichos derechos y las sub-reglas que de dichos pronunciamientos se destacan.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01785-01(AC)

Actor: ASOCIACIÓN DE MINEROS DE MINA WALTER - ASOMIWA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTROS

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 1° de marzo del 2018, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió parcialmente el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

Mediante escrito radicado el 14 de julio del 2017, la Asociación de Mineros de Mina Walter (Asomiwa), el Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Alto Caribona y la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, la Nación – Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería –ANM–, el Ministerio del Interior, la Cooperativa Multiactiva del Caribona –Coopcaribona–, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, la Alcaldía y la Personería de Montecristo (Bolívar), con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, el mínimo vital, al trabajo, al debido proceso y a la consulta previa de los mineros tradicionales que las citadas organizaciones representan.

La parte demandante consideró vulneradas las citadas garantías, con ocasión del auto del 20 de abril de 2016, dictado por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 933 de 2013, que dictó disposiciones sobre la formalización de la minería tradicional, así como también por los actos de la Agencia Nacional de Minería que concedieron el amparo administrativo a Coopcaribona, como titular del contrato de concesión minera JG4-16531.

En consecuencia, solicitaron:

“(…) sírvase ordenar al Ministerio del Interior impartir instrucciones para que se realice el proceso de consulta, en cuyo desarrollo deberían participar los accionantes, el Consejo Comunitario de Afrodescendientes de Alto Caribona y los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan y/o ejercen la actividad de minería tradicional, artesanal e informal en Mina Walter.”

TERCERO: “(…) se DECLARE la nulidad del Auto de fecha 20 de abril de 2016 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección ‘C’, con ponencia del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, por medio del cual se ordenó la suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013, dado que, aunque este Alto Tribunal señala que la medida cautelar que contiene dicho auto no se encuentra en firme y sus efectos pueden ser modificados, en (sic) base al mismo se han suspendido por parte de la autoridad minera las solicitudes de legalización de minería tradicional.

CUARTO: Que, de manera subsidiaria a la anterior petición, se ORDENE al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, modular los efectos de la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 933 de 2013, en el sentido de diferir los mismos hasta tanto no se realice el proceso de consulta previa.

QUINTO: Sírvase disponer dejar SIN EFECTOS toda orden de cierre y desalojo de los trabajadores que adelanta (sic) los mineros tradicionales en Mina Walter, especialmente aquellos que se adelantan por ASOMIWA, hasta tanto se realizara (sic) la consulta previa.

SEXTO: Sírvase ordenar a la ALCALDÍA DE MONTECRISTO realizar las gestiones necesarias para que en el término de tres (3) meses a partir de la notificación de la sentencia, inscriba a los accionantes y a los demás mineros de Mina Walter, especialmente aquellos que hacen parte de ASOMIWA, en programas de formación en seguridad industrial, salud ocupacional y desarrollo ambiental, con el fin de que se les instruya en el desempeño responsable de esta actividad.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería que, de manera inmediata, sin más dilaciones, dé trámite expedito a la solicitud de legalización de Minería Tradicional, radicada por ASOMIWA el día 10 de mayo de 2013 (Exp. Código OEA-15501), en el marco jurídico de legalización contenido en el Decreto 933 de 2013, hasta la suscripción del respectivo contrato de concesión minera.

OCTAVO: ORDENAR a la NACIÓN – Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia nacional de Minería suspender los trámites de amparo administrativo que actualmente adelantan y que adopten las medidas transitorias necesarias para garantizar a los mineros informales, tradicionales o de hecho, la continuación de la actividad minera, hasta que se expida una norma clara y definitiva en materia de formalización de minería tradicional.

NOVENO: En igual sentido ordenar a las autoridades competentes que se abstengan de realizar contra los miembros de la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE MINA WALTER – ASOMIWA cualquier medida de desalojo, suspensión de los trabajos y obras mineras, decomisos, etc, hasta tanto no se adelante el proceso de consulta previa.

DÉCIMO: ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que, a través de sus seccionales o delegados, ofrezcan un acompañamiento en este caso de manera que ejerzan las labores tendientes a garantizar el cumplimiento de la providencia que tutele los derechos en este caso conculcados, en el marco de sus funciones legales y misión institucional.

DÉCIMOPRIMERO: INSTAR al CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA a que inicien el proceso de creación de una reforma al Código de Minas, atendiendo entre otros, criterios de participación de las comunidades y garantía y respeto de un ambiente sano.”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia.

2.1. La Cooperativa Multiactiva del Caribona (en adelante Coopcaribona) y el Departamento de Bolívar suscribieron el contrato de concesión minera JG-16531 registrado el 5 de septiembre de 2008, para la explotación técnica y económica de un yacimiento de oro, plata, cobre y otros minerales, ubicado en el municipio de Montecristo, Bolívar, por el término de 30 años. El título minero fue registrado el 7 de octubre de 2008.

2.2. La Ley 1382 de 2010 modificó algunas disposiciones de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). En particular, en el artículo 12, consagró la posibilidad de legalizar la explotación de minas de propiedad estatal, sin necesidad de título inscrito en el Registro Nacional Minero. Dicha norma fue reglamentada –parcialmente– mediante los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de 2012.

2.3. Mediante sentencia C-366 de 2011, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010, por haber omitido el trámite de consulta previa a las comunidades étnicas que por ella se veían afectadas, y difirió los efectos de la decisión por el término de 2 años para su nueva expedición.

2.4. Por la inexequibilidad declarada en la sentencia C-366 de 2011, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933 del 9 de mayo de 2013 con el fin de establecer los mecanismos para seguir evaluando, la procedencia de otorgar los contratos de concesión minera, a los mineros que habían iniciado el trámite bajo el amparo de la Ley 1382 de 2010, y sobre los procesos de formalización que se habían presentado en el término señalado por la norma.

2.5. El 10 de mayo de 2013, la Asociación de Mineros de la Mina Walter (en adelante Asomiwa), con fundamento en el Decreto 933 de 2013, presentó una solicitud de legalización minera, para explotar mina Walter, ubicado en la vereda Caribona del municipio de Montecristo (expediente OEA-15501).

2.6. En escrito presentado el 29 de noviembre de 2013, Coopcaribona solicitó a la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM) un amparo administrativo (arts. 306 a 316, Ley 685/01 - Código de Minas) por la perturbación del área minera objeto de la concesión, por parte de terceros.

2.7. El 12 de agosto de 2014, la entidad efectuó una visita técnica a la zona, en la que participó como querellado, el señor Ángel Custodio Luque Delgado, como representante legal de Asomiwa.

2.8. Mediante Resolución 026 del 27 de enero de 2015, la Agencia Nacional de Minería concedió el amparo administrativo a Coopcaribona y comisionó al alcalde del municipio de Montecristo para efectuar el cierre de las actividades perturbadoras y el decomiso de los materiales extraídos.

2.9. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. Mediante Resolución 036 del 2 de septiembre de 2016, la Agencia Nacional de Minería confirmó la resolución recurrida.

2.10. El ciudadano Nelson Enrique Díaz Gutiérrez presentó una demanda de nulidad simple (radicado 11001-03-26-000-2014-00156-00, R.I.-: 52506) en contra del Decreto 933 de 2013.

2.11. Mediante auto del 20 de abril de 2016, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, suspendió provisionalmente los efectos de dicho decreto, con fundamento en las siguientes razones:

El Decreto 933 de 2013 es una reproducción casi completa del Decreto 1970 de 2012, que es inconstitucional por consecuencia de la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010; y

La legalización de actividades mineras sin título no tiene sustento legal en el Código de Minas, sino que fue introducida por el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, por lo que, al ser declarada inexequible esa ley, era improcedente reglamentarla, por carencia de materia y objeto.

2.12. Como consecuencia de la medida provisional de suspensión del Decreto 933 de 2013, el trámite de legalización minera iniciado por Asomiwa quedó, igualmente, suspendido.

2.13. El 3 de mayo de 2016, el Ministerio de Minas y Energía interpuso recurso de súplica contra el auto del 20 de abril de 2016. Hasta la fecha, el mencionado recurso no ha sido resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2.14. El 7 de diciembre de 2016, Coopcaribona presentó a la ANM una nueva solicitud de amparo administrativo por la perturbación o explotación sin título de la mina Walter, por parte de terceros.

2.15. El 28 de agosto de 2017, la ANM llevó a cabo la diligencia de verificación de la perturbación y, el 18 de septiembre de 2017, rindió informe en el que se constató la realización de labores de explotación por parte de terceros diferentes a la cooperativa titular de la concesión.

2.16. Mediante Resolución 0861 del 28 de septiembre de 2017, la ANM concedió el amparo administrativo a Coopcaribona y ordenó, nuevamente, el desalojo de los perturbadores (terceros indeterminados) y la suspensión inmediata de los trabajos de explotación que adelantaban en la zona, para lo que comisionó al alcalde del municipio de Montecristo.

2.17. A través de oficio del 17 de enero de 2018, el Alcalde del municipio de Montecristo (Bolívar) solicitó al Ministerio de Defensa Nacional el apoyo de la Fuerza Pública para llevar acabo el desalojo ordenado por la Agencia Nacional de Minería.

2.18. Mediante oficio OFI18-6376 MDN-DVPAIDSPI del 25 de enero de 2018, el director de Seguridad Pública e Infraestructura le respondió que se estaba definiendo con la Fiscalía General de la Nación, la fecha para efectuar la intervención.

3. Sustento de la vulneración

3.1. De manera preliminar, los demandantes explicaron que en la vereda Caribona del municipio de Montecristo - Bolívar, existe un asentamiento informal llamado mina Walter, en el que habitan 797 personas aproximadamente. Señalan que la mayoría de los habitantes son sujetos de especial protección constitucional: afrodescendiente, desplazados por la violencia, menores de edad, discapacitados, adultos mayores, madres cabeza de familia. Todos ellos dependen, para su subsistencia, de la explotación artesanal y tradicional a pequeña escala de esa mina.

3.2. Sus reproches se enfocan en tres tipos de actuaciones:

3.2.1. En primer lugar, demandaron el auto del 20 de abril de 2016, proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que decretó la suspensión provisional del Decreto 933 de 2013, por considerar que los dejó en estado de indefensión al sacar del ordenamiento jurídico la única regulación que regía los procedimientos de legalización para los mineros tradicionales.

Alegaron que la decisión judicial desconoció la confianza legítima que Asomiwa tenía, porque desde hace varios años venía adelantando el trámite de legalización de su actividad minera. Indicaron que la providencia generó un cambio abrupto que frustró su expectativa legítima y los dejó sin ningún otro mecanismo para formalizar su trabajo de subsistencia.

Adujeron que el proceso de nulidad simple no era un mecanismo eficaz para la defensa de los derechos de los mineros tradicionales, pues luego de 3 años de iniciado, se encuentra en primera instancia sin que se haya celebrado la audiencia inicial, ni resuelto el recurso de súplica contra el auto que decretó la medida cautelar que suspendió los efectos.

Agregaron que tampoco es posible iniciar acciones ante la jurisdicción ordinaria civil debido a que los predios en los que ejercían la minería no puedes ser objeto de prescripción adquisitiva.

3.2.2. Respecto al procedimiento de amparo administrativo adelantado por la Agencia Nacional de Minería, señalaron, de manera general, que antes de la concesión minera JG4-16531 de 2008, suscrita entre el Departamento de Bolívar y Coopcaribona, ya existían otras comunidades en la vereda Caribona que se dedicaban a la explotación minera artesanal, de manera similar a Asomiwa.

Comentaron que se intentó celebrar diferentes “subcontratos” de formalización minera con Coopcaribona, pero que no fue posible porque esta última ofreció condiciones injustas que desmejorarían aún más la precaria situación de los mineros tradicionales.

Alegaron que Coopcaribona, luego de la suspensión provisional del Decreto 933 de 2013, instauró varias denuncias penales contra los mineros artesanales de la mina Walter, lo que ocasionó capturas masivas de trabajadores por parte de la fuerza pública.

Agregaron que, de acuerdo con el artículo 316 de la Ley 685 de 2001, la solicitud de amparo administrativo instaurada por Coopcaribona ante la ANM prescribe a los 6 meses a partir de la consumación de los actos o hechos perturbatorios, por lo que el derecho al amparo administrativo sobre la zona materia de controversia se encuentra prescrito.

Indicaron que la medida de desalojo ordenada por la Agencia Nacional de Minería desconoce el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de los directos afectados. Argumentaron que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-068 de 2010 y T-239 de 2013), las autoridades no pueden practicar desalojos, sin antes contar con un albergue provisional para reubicarlos y, posteriormente, incluirlos en un plan de vivienda que garantice su derecho fundamental a la vivienda digna.

Resaltaron que la medida de desalojo es ilegal porque fue tramitada mientras estaba vigente el parágrafo del artículo 14 del Decreto 933 de 2013, que prohibía aplicar las medidas de amparo administrativo, mientras estaba en proceso la solicitud de formalización minera. Agregó que el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, era el vigente y que la Agencia Nacional de Minería no podía abstraerse de su cumplimiento.

Señaló que, de existir otros medios de defensa judicial contra la decisión adoptada en el trámite administrativo, las circunstancias del caso evidencian que los demandantes se encuentran bajo la amenaza de sufrir un perjuicio irremediable, por lo que el juez de tutela debe analizar el tema de fondo, para ordenar suspender la diligencia de desalojo, hasta que se les garantice un albergue provisional a la población afectada.

Por otra parte, alegaron que el Gobierno Nacional no ha cumplido el artículo 107 de la Ley 1450 de 2011 y el numeral 1º del artículo 5º de la Decisión 774 de la Comunidad Andina de Naciones, que establecen el deber de proteger a los mineros tradicionales y de formalizar su actividad, lo que implicaba diferenciarlos de los mineros ilegales.

Consideraron que las políticas de formalización minera que se han intentado implementar han tenido una eficacia menor al 1% y que la normativa vigente no establece ninguna protección para los mineros tradicionales, frente a las situaciones en las que un titular de un título minero interpone una solicitud de amparo administrativo.

En su criterio, la norma ampara únicamente a los titulares de contratos de concesión minera, “en contraste con la absoluta desprotección de los derechos que les asisten a las comunidades que ejercen minería de manera informal y tradicional desde tiempo atrás”.

3.2.3. Consideraron que se vulneró el derecho a la consulta previa señalaron que al momento de solicitar el título minero Coopcaribona omitió deliberadamente señalar la presencia de mineros tradicionales en la zona concesionada, entre los cuales había afrodescendientes. En este sentido, resaltó que se entregó el título señalando que el área estaba libre, desconociendo las áreas de trabajo de asociaciones de mineros artesanales como Asomiwa y dando origen a un conflicto que persiste hasta la actualidad.

Adicionalmente, adujo que el Ministerio del Interior también debería realizar los trámites necesarios para adelantar la consulta previa, en la que deberían participar los demandantes, como requisito para expedir la normatividad que consagre nuevamente el procedimiento de formalización de la explotación minera tradicional.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Solicitud de medida provisional

En el escrito de demanda, los accionantes solicitaron como medida provisional la suspensión de la posible diligencia de desalojo y decomiso de materiales extraídos, que estaba por adelantar la Agencia Nacional de Minería, con ocasión del amparo administrativo solicitado por Coopcaribona.

Mediante auto del 2 de agosto de 2017, el Despacho sustanciador denegó la medida provisional por considera que no estaba configurada una situación de amenaza que pudiera materializarse mientras se dictaba la sentencia. Contra esta decisión, los actores presentaron recurso de reposición, el cual fue rechazado por improcedente mediante auto del 23 de agosto de 2017.

4.2. Admisión de la demanda

Inicialmente, la acción de tutela de la referencia había sido admitida mediante auto del 2 de agosto de 2017, dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación. No obstante, mediante auto del 23 de noviembre de 2017, la Sección Quinta dispuso declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, por haberse constatado la no vinculación al proceso de la Corporación Autónoma Regional del Sur del Bolívar.

Posteriormente, en auto del 19 de diciembre del 2017, el Consejero Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado dispuso la admisión del amparo; ordenó la notificación de las partes; y la vinculación, como terceros con interés, al señor Nelson Enrique Díaz, como demandante del proceso de nulidad simple que se instauró en contra del Decreto 933 de 2013; y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.3. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones del caso, obrantes del folio 54 al 63 del expediente de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

4.3.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

El magistrado sustanciador del proceso de nulidad simple en contra del Decreto 933 de 2013, explicó que dicha norma fue suspendida provisionalmente debido a que era una reproducción del Decreto 1970 de 2012, que reglamentó el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, que había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Indicó que contra el auto del 20 de abril de 2016, que había decretado la medida provisional, el Ministerio de Minas y Energía interpuso recurso de súplica, que se encontraba pendiente de decisión. Por lo anterior, consideró que existía otro medio de defensa judicial en curso, en el cual los accionantes podían hacerse parte, por lo que la tutela era improcedente.

4.3.2. Ministerio de Minas y Energía

La citada autoridad ministerial, por intermedio de apoderada judicial, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.

Sostuvo que los accionantes no allegaron ninguna prueba que demostrara que la mina Walter correspondiera al área del contrato de concesión minera conferido a Coopcaribona, o que estuviera ocupada por personas que fueran sujetos de especial protección constitucional.

En particular, destacó que los accionantes no habían probado haber “reclamado por ninguna vía el presunto desconocimiento de la presencia de comunidades afro y de especial protección en el área del Contrato de Concesión minera N° JG4-16531 de agosto de 2006 y registrado el 7 de octubre de 2008”, razón por la que la tutela no cumplía con el requisito de subsidiaridad.

Indicó que el Código de Minas establece distintas medidas de protección para las diferentes actividades que se realizan en un área que corresponda a un contrato de concesión minera. En este sentido, alegó que los demandantes no indicaron qué tipo de actividades desarrollaban en el área objeto del título minero otorgada a Coopcaribona, razón por la que no es posible determinar las medidas de protección que se tendrían que asumir.

En particular, señaló que de continuar con el desarrollo de actividades de explotación minera, los actores cometerían el delito de exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros y de aprovechamiento ilícito de recursos mineros, lo que llevaría al consecuente cierre de las actividades de explotación y decomiso del mineral.

Adujo que el artículo 58 de la Ley 141 de 1994 consagró la posibilidad de legalizar la actividad de pequeña minería, actividad que fue reglamentada en el Decreto 2636 de 1994.

Agregó que el artículo 165 de la Ley 685 de 2001 estableció un procedimiento especial de legalización para explotadores de minas de propiedad estatal, que no tuvieran título inscrito en el Registro Minero Nacional. En dicha norma se fijó un término de 3 años, desde el 1º de enero de 2002, para solicitar la legalización.

Adicionalmente, el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 creó un procedimiento especial de legalización para los grupos y asociaciones de explotadores de minería tradicional, que acreditaran haber explotado minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Nacional Minero, incluso para actividades anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001. En dicha norma se fijó un plazo de 2 años contados a partir de su promulgación para iniciar dicho trámite, el cual se cumplía el 2 de febrero de 2012.

Anotó que la decisión objeto de tutela no podía dejar desprovisto de regulación jurídica al trámite de formalización minera, cuando hay situaciones de hecho existentes y expectativa legítimas de los mineros tradicionales e informales, que iniciaron trámite durante la vigencia de la Ley 1382 de 2010, y que se habían sometido a los requisitos allí establecidos.

Sostuvo que el Decreto 933 de 2013 se había expedido para dar cumplimiento a los artículos 106 y 107 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011), que disponía la necesidad de establecer límites a la explotación ilícita de minerales y ordenó al Gobierno Nacional implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la ilegal.

Argumentó que el Decreto 933 ayudó a cumplir con lo ordenado por la Decisión 774 del 30 de junio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, que adoptó la política de lucha contra la minería ilegal. Señaló que contar con un trámite de legalización de la minería hacía más fácil determinar quiénes hacían parte de la ilegalidad.

Concluyó que la acción de tutela era improcedente, porque actualmente había un recurso de súplica en curso en contra del auto del 20 de abril de 2016, y que los demandantes no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable.

Por último, indicó que el Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Alto Caribona carece de legitimación en la causa por activa, porque en el año 2013 solicitó el registro al Ministerio del Interior, pero no se había expedido una resolución de fondo.

4.3.3. Coopcaribona

El representante legal de la empresa titular del contrato de concesión minera, solicitó que se negaran las pretensiones del amparo.

Sostuvo que los demandantes no tenían título inscrito en el Registro Nacional Minero para operar en el territorio de la concesión minera reconocida en el título JG4-16531 del 5 de septiembre de 2008.

Señaló que los actores eran los vulneradores de los derechos fundamentales de la comunidad, pues estarían utilizando químicos nocivos para el medio ambiente. Aseveró que la extracción realizada por los demandantes es “bastante industrializada, con capacidad para procesar más de 100 toneladas diarias de minas, lo que les arroja grandes utilidades, que son utilizadas para patrocinar a terceros, con el fin de que inicien nuevos trabajos dentro del polígono concesionado a Coopcaribona (…) sin que por eso estén tributando al estado (sic)”.

Comentó que la mina Walter fue descubierta en el año 2004, por lo que no es cierto que haya sido habitada desde hace muchos años, menos aún por mineros tradicionales. Por su parte, Coopcaribona fue constituida en 2005 y en 2006 solicitó la concesión minera a la Secretaría de Minas del Departamento de Bolívar, que le confirió el contrato mencionado.

Finalmente, añadió que Coopcaribona, con base en el Decreto 480 de 2014, solicitó a la Agencia Nacional de Minería la suscripción de sub-contratos de formalización minera con los explotadores, posibilidad que no se concretó, debido a que éstos decidieron seguir en la ilegalidad.

4.3.4. Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior sostuvo que los accionantes no son titulares de los derechos a la consulta previa y que carecen de legitimación en la causa por activa, debido a que no tenían características particulares que los distinguieran del resto de la sociedad y porque no perseguían los mismos objetivos que las comunidades étnicas de la región.

4.3.5. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

La mencionada autoridad administrativa indicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues no tuvo ninguna participación en la adopción de la providencia judicial controvertida ni en el curso del trámite administrativo de formalización de la producción minera que inició la organización actora.

4.3.6. Agencia Nacional de Minería –ANM–

La ANM, a través de apoderado judicial solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela por estimar que dicha entidad adelantó todas las acciones orientadas a cumplir con sus competencias, hasta el momento que se suspendió el Decreto 933 de 2013.

Sostuvo que el artículo 3º de la Ley 685 de 2001 estableció que las autoridades administrativas no podían dejar de resolver, por deficiencias en la ley, los asuntos que se les proponen en el ámbito de su competencia, por lo que debían acudir a otras normas y a la Constitución Política.

Citó los artículos 257 de la Ley 685 de 2001, 107 de la Ley 1450 de 2011 y la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones para indicar que una vez declarada la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, se expidió el Decreto 933 de 2013 como un mecanismo normativo para continuar con el trámite de las solicitudes de formalización de minería tradicional que habían sido presentadas en el plazo establecido en esta última ley.

Anotó que antes de la suspensión del Decreto 933 de 2013, se tramitaron un sinnúmero de solicitudes de formalización, que permitieron la tecnificación del trabajo minero y la garantía del mínimo vital y la vida digna de los trabajadores formalizados y sus familias. Por tanto, consideró, que la suspensión de esa norma afectaba los derechos fundamentales que el Estado debe proteger.

Reiteró la improcedencia de la presente acción de tutela y consideró que los accionantes debían esperar a que la jurisdicción contencioso-administrativa tomara una decisión de fondo acerca de la legalidad del Decreto 933 de 2013.

Finalmente, el jefe de la Oficina Jurídica sostuvo que la entidad carecía de legitimidad en la causa por pasiva.

4.3.7. Procuraduría General de la Nación

El Ministerio Público presentó el concepto remitido por la Procuradora 188 Judicial I Agraria y Ambiental de Magangué. En dicho pronunciamiento se coadyuvaron las pretensiones de los demandantes, manifestando que en las minas objeto de la tutela, existían comunidades afrodescendientes desde antes de la concesión del título minero a Coopcaribona. De esta manera, se consideró que era un deber del Estado la protección de los derechos de las comunidades vulnerables.

4.3.8. Agencia Nacional de Tierras –ANT–

La citada autoridad solicitó que se le desvinculara del proceso debido a que carecía de legitimidad en la causa por pasiva. Señaló que dentro de sus funciones no se encontraba la de conceder licencias, ni celebrar contratos de concesión minera. Agregó que no había tenido injerencia en la providencia que se demandaba.

4.3.9. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE–

La ANDJE solicitó ser desvinculada del presente proceso, por considerar que los hechos y las pretensiones de la demanda no tenían relación con sus competencias.

4.3.10. Autoridades e interesados que guardaron silencio

El municipio de Montecristo, la Personería de Montecristo, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República, fueron notificados, no obstante, guardaron silencio.

4.4. Nulidad decretada el presente proceso

Mediante auto del 23 de noviembre de 2017, esta Sección declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, debido a que no se había vinculado a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar.

4.5. Vinculación del Departamento de Bolívar

A través de auto del 31 de mayo de 2018, esta Sección dispuso la vinculación del Departamento de Bolívar y, en particular, de su Secretaría de Minas, debido a que hizo parte en la adjudicación del título minero inicialmente conferido a Coopcaribona. Para el efecto, se puso en su conocimiento la existencia de una eventual nulidad saneable por la ausencia de su vinculación y se le otorgó el término de 2 días para que se pronunciara sobre la solicitud de amparo.

Mediante escrito allegado el 8 de junio de 2018, la Secretaria de Minas y Energía del Departamento de Bolívar sostuvo que no carecía de competencia para pronunciarse sobre el asunto de la referencia debido a que:

“El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 18 0253 del 10 de marzo de 2003, delegó en el Gobernador del Departamento de Bolívar, dentro del ámbito territorial de su jurisdicción y para todos los minerales, por el término de cinco (5) años, las funciones de tramitación, suscripción y otorgamiento de títulos mineros de la ley 685 de 2001 y de los que continúen en trámite de conformidad con el decreto 2655 de 1988.

Mediante resolución No. 180304 del 6 de marzo de 2008, el Ministerio de Minas y Energía prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2008 la delegación de funciones otorgadas al Gobernador del Departamento de Bolívar, mediante resolución 180253 de 2003.

Mediante resolución No. 182332 del 15 de Diciembre de 2008, el Ministerio de Minas y Energía prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2010 la delegación de funciones otorgadas al Gobernador del Departamento de Bolívar mediante resolución 180253 de 2003.

Las funciones de CONTRATACIÓN fueron delegadas hasta el 15 de noviembre de 2011, a partir de esa fecha estas funciones, el Ministerio de Minas y Energía las delegó en la Agencia Nacional de Minería PAR ANTIOQUIA.

Las funciones de FISCALIZACIÓN fueron delegadas hasta el 24 de septiembre de 2012. Desde el 25 de septiembre de ese mismo año, las funciones le fueron delegadas a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA PAR CARTAGENA.

Por lo anterior ante todo queremos aclarar que desde el 25 de septiembre de 2012 hasta la fecha la responsable del control y seguimiento de los títulos mineros en el Departamento de Bolívar, es la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA con su sede operativa PAR CARTAGENA. ”

5. La sentencia de primera instancia

En fallo del 1° de marzo del 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo del derecho fundamental a la dignidad humana de las personas que habitan la vereda Caribona del municipio de Montecristo y en la mina Walter; y declaró la improcedencia de la acción de tutela, en relación con la controversia planteada en contra del auto del 20 de abril de 2016, dictado por la Subsección C de la Tercera Segunda de esta Corporación, así como contra las Resoluciones de la Agencia Nacional de Minería que habían concedido el amparo administrativo a Coopcaribona y ordenado el desalojo y la suspensión de los trabajos y obras realizados por terceros en la zona de la concesión.

Respecto al amparo concedido, se ordenó al alcalde del municipio de Montecristo que garantizara que en la diligencia de desalojo se cumplieran con las condiciones establecidas en la observación general N° 7, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Especificó que la autoridad municipal debía efectuar un censo de las personas que habitaban irregularmente la mina Walter, es decir, sin ningún derecho legítimo sobre el respectivo inmueble, con el fin de establecer quiénes necesitaban albergue temporal.

Precisó que las medidas ordenadas se ejecutarían sin perjuicio de la suspensión inmediata de las labores irregulares de explotación minera, conforme con lo ordenado en las Resoluciones 026 de 2015 y 0861 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería.

En este sentido, ordenó a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería de Montecristo que realizara el acompañamiento y la veeduría a las medidas de protección ordenadas en el fallo.

En los fundamentos de la decisión, la Sección a-quo explicó que, en relación con el auto del 20 de abril de 2016 que suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 933 de 2013, el juez constitucional no se encontraba habilitado para pronunciare de fondo sobre dichas cuestiones porque estaba pendiente de decisión por la autoridad judicial competente.

Precisó que en el trámite del proceso de nulidad simple impetrada contra el Decreto citado, los accionantes bien podían solicitar a la Sección Tercera que los tuviera como coadyuvantes de la parte demandada, forma en la que podían ayudar a la defensa de la presunción de legalidad del acto demandado, e incluso obtener el levantamiento, la modificación o la revocatoria de la medida cautelar de suspensión provisional.

De otra parte, consideró que no se presentaba un perjuicio irremediable frente a la ejecución de la medida de desalojo ordenada por la Agencia Nacional de Minería, debido a que, frente a la frustrada solicitud de formalización minera, los accionantes solamente tenían una mera expectativa, mientras que Coopcaribona contaban con un concesión vigente inscrita desde el 7 de octubre de 2008 en el Registro Nacional Minero.

En este sentido, explicó que las resoluciones de la Agencia Nacional de Minería habían constatado que la minería ejercida por terceros como los accionantes, no cumplía con los presupuestos mínimos de seguridad, lo que generaba una clara amenaza para la integridad de las personas y del medio ambiente, especialmente, por el uso de mercurio, que contaminaba las fuentes hídricas de las que dependían varias viviendas y una escuela ubicada en el sector.

Por lo anterior, estimó que si los actores consideraban que las Resoluciones de la ANM les habían ocasionado algún perjuicio, debían instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para exponer las razones jurídicas y de hecho señaladas en la presente tutela. Explicó que en dicho proceso se podían solicitar, incluso las medidas provisionales y de urgencia que se consideraran pertinentes.

No obstante lo anterior, y con base en los elementos probatorios que daban cuenta de la existencia de población vulnerable que estaba asentada en el caserío de la mina Walter, esto es, cerca de 1450 personas que incluían 145 niños, la Sección a-quo decidió adoptar unas medidas de protección.

Por lo anterior, ordenó que se siguieran los parámetros para desalojos de viviendas establecidos en la Observación General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ordenó la realización de un censo; y dispuso el seguimiento de la orden por parte de las autoridades del Ministerio Público.

Finalmente, respecto al derecho a la consulta previa, el a quo sostuvo que los accionantes perseguían el amparo de tal derecho con el fin de lograr la expedición de una nueva normativa que permita la formalización de la minería tradicional y, en particular, para dar nuevamente viabilidad al “trámite de formalización minera que iniciaron el 10 de mayo de 2013, y que concluya con el otorgamiento de un contrato de concesión minero”.

6. Impugnación

6.1. A través de escrito del 12 de marzo del 2018, el apoderado de la accionante impugnó la decisión de primera instancia con el fin de que se revocaran los numerales cuarto y quinto y, en su lugar, se conceda el amparo solicitado.

En particular, en su escrito señaló que la solicitud presentada en impugnación tendría como consecuencia:

“(…) i) SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO JG4-16531 de 2008, por haberse otorgado con desconocimiento de las comunidades negras que habitan y trabajan de manera tradicional en actividades mineras en la Mina Walter; ii) REALIZAR LA CONCULTA PREVIA con el fin de determinar si es viable o no otorgar un título minero en favor de Coopcaribona dentro de un territorio que históricamente ha sido explotado por comunidades negras; iii) DEJAR SIN EFECTOS, por las razones señaladas en este escrito, las Resoluciones 026 del 27 de enero de 2015 y 0861 del 28 de septiembre de 2017, por medio de las cuales se resuelve ordenar los amparos administrativos; iv) LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DEL DECRETO 933 DE 2013, con el fin de avanzar en los procesos de formalización minera que durante años le han sido negados y entorpecidos a las comunidades que representamos, y las que su Honorable Despacho disponga para la efectiva tutela de los derechos invocados.”

Sobre la vulneración del derecho a la consulta previa señaló lo siguiente:

6.1.1. Reiteró que en la Mina Walter había presencia de afrodescendientes, que han conformado el Consejo Comunitario del Alto Caribona, y que en el trámite de la solicitud del título minero, Coopcaribona omitió deliberadamente informar que en el área existían personas que dependían de la minería, como las comunidades Afro, razón por la que no se agotó el trámite de la consulta previa.

Señaló que, prueba de ello, eran: (i) el informe suscrito por la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar -CSB-, titulado: “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO QUE SE PRESENTA DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA DEL CARIBONA N° JG - 416531 OTORGADA A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA”, correspondiente a las visitas efectuadas entre el 29 y el 30 de septiembre de 2011; (ii) la “Nota de Seguimiento N° 007-15, Informe de Riesgo No. 008-12 A.I.” del 22 de junio de 2012, proferida por la Defensoría del Pueblo; (iii) la certificación expedida por la Alcaldía de Montecristo, que daba cuenta de la existencia del Consejo Afrocolombiano del Alto Caribona; y (iv) la respuesta entregada por la Corporación Autónoma Regional del Sur del Bolívar a un derecho de petición presentado por la organización apoderada de la parte actora.

Señaló que, contrario a lo planteado por el a quo, la consulta previa que reclaman se refiere al contrato de concesión suscrito con Coopcaribona, y no para “efectuar una reforma al Código de Minas”.

En particular, adujo que la consulta se planteó en dos vías: (i) respecto a la suscripción del contrato de concesión, sin contar con la participación de las comunidades afrodescendientes que habitan la Mina Walter; y (ii) respecto a las órdenes de desalojo promovidas en el marco de trámites administrativos ilegales, que constituyeron vías de hecho.

6.1.2. En relación con las resoluciones que concedieron el amparo administrativo y que ordenaron el desalojo y suspensión de los trabajos y obras de minería que realizan los terceros indeterminados, planteó:

La solicitud de amparo administrativo presentada por Coopcaribona se presentó cuando ya estaba prescrita. En este sentido explicó que el artículo 316 de la Ley 685 de 2001, establece un término de 6 meses “contados desde la consumación de los actos o hechos perturbatorios” y que, en el caso concreto, la petición de amparo fue presentada el 29 de noviembre de 2013, en tanto, el proceso de legalización solicitado por Asomiwa había sido presentado el 10 de mayo de 2013. Es decir, habían transcurrido 6 meses y 19 días.

Destacó que la mina ya estaba activa para la fecha en que se concedió el título minero a Coopcaribona, razón por la que las solicitudes de amparo administrativo son claramente extemporáneas.

Señaló que existía una controversia sobre la interpretación de la norma que consagra la prescripción del amparo, esto es, el artículo 316 de la Ley 685 de 2001, pues la ANM empieza a contarla a partir de la “cesación” de los presuntos actos perturbatorios, en tanto, la norma establece que la solicitud prescribe “desde la consumación” de dichos actos. Respecto a este último argumento, señaló que el alcance del verbo consumar implica hacer algo en su totalidad y no dejar de hacer -cesar-, como interpreta la ANM.

Alegó que la solicitud de legalización presentada por Asomiwa fue tramitada cuando el Decreto 933 estaba vigente (antes de la suspensión de sus efectos). Y que dicho Decreto, establecía en su artículo 14 que en tanto se resolvían las solicitudes de formalización, no procedían las medidas de decomiso provisional y acciones penales, salvo las medidas preventivas y sancionatorias de tipo ambiental o relacionadas con la seguridad minera.

No obstante, la ANM a través de la Resolución GSC-ZN N° 000026 del 27 de enero de 2015, concedió el amparo administrativo a Coopcaribona y dispuso de las medidas referidas como prohibidas por el Decreto 933 de 2013, desconociendo el proceso -en trámite- de legalización minera. Vulneración que se reiteró con la Resolución 00816 del 28 de septiembre de 2017, que nuevamente ordenó ilegalmente el desalojo, decomiso de materiales y la suspensión de actividades. Reiteró que dichas órdenes trasgreden sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de oficio de los demandantes y sus familias, quienes dependen de la pequeña minería que tradicionalmente han adelantado en la mina Walter.

Mencionaron que el 24 de febrero de 2018 se adelantaron acciones para efectuar el desalojo, decomiso de materiales y cierre de trabajos, pero que la comunidad de la mina presentó un derecho de petición al Alcalde de Montecristo en el que solicitó revocar tales medidas.

Citaron una presunta respuesta, vía correo electrónico, del Alcalde de Montecristo, en la que señala que la orden de desalojo fue dada por la Agencia Nacional de Minería y que, por tanto, no existe orden propia que el funcionario pueda revocar.

6.1.3. En relación con vulneración de derechos por la suspensión de los efectos del decreto 933 de 2013, expusieron:

La suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013 fue ordenada desconociendo la realidad minera de Colombia y de las comunidades que, como la Asociación accionante, dependen de la explotación tradicional de oro. Por tanto, se generó una violación masiva de derechos humanos con la referida decisión.

Indicaron que el Decreto suspendido era la única vía para formalizar la minería sin título, y que al adoptarse tal decisión se amenazaron sus derechos fundamentales al trabajo, la libertad de oficio y su mínimo vital, pues su actividad es de subsistencia.

Adujeron que Asomiwa presentó su solicitud de formalización minera desde el 10 de mayo de 2013 y que luego de varios años de estar avanzando en el trámite, sus expectativas y confianza legítima fueron eliminadas, sin ningún tipo de aviso y protección frente a la que era su única posibilidad de asegurar una subsistencia digna.

Controvirtieron la afirmación del a quo según la cual la actividad de los mineros tradicionales de Asomiwa representa una afectación grave al medio ambiente, para lo cual, citaron jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-259 de 2016) en la que se ha señalado que las sanciones ambientales están establecidas en la normatividad correspondiente, y que las medidas de amparo administrativo, como el desalojo y la suspensión de labores, no son propiamente los mecanismos para la protección del medio ambiente.

En el mismo sentido, recabaron en que ante la suspensión del Decreto 933 de 2013, se les ha vulnerado el principio de confianza legítima y se han quedado sin la forma de ejercerla formalmente, conllevando a la concentración de la propiedad minera y contraviniendo la distribución democrática de los recursos minerales, como el aurífero.

Destacaron que la Ley 1450 de 2011 y la Decisión 774 de 2012 han diferenciado la minería informal de la ilegal, y que han propendido por la protección de los mineros artesanales y tradicionales para garantizar su mínimo vital y su vida digna.

Concluyeron que contrario a lo expresado por el a quo no cuentan con ningún mecanismo eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, pues la suspensión del Decreto 933 de 2013, los dejó en situación de indefensión, y el recurso de súplica ha cumplido 2 años en el mes de abril sin que sea resuelto.

En este sentido, alegaron que la dilación del procedimiento contencioso-administrativo ha significado un grave perjuicio para sus derechos y que, además, al tratarse de un juicio abstracto de nulidad por inconstitucionalidad, no constituye una vía idónea para restablecer la afectación a sus derechos pues, por el contrario, afecta el acceso a la administración de justicia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 13 de febrero de 2018, adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el Acuerdo 055 de 2003.

2. Presentación del asunto objeto de impugnación, problemas jurídicos y metodología de la decisión

2.1. Como se puso de presente en los antecedentes del proceso, en esta oportunidad la Sala conoce la impugnación de la acción de tutela presentada por la Asociación de Mineros de la Mina Walter -Asomiwa-, quienes alegan que se les vulneraron sus derechos fundamentales por parte de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por las autoridades administrativas que otorgaron la concesión minera de la zona en la que trabajan y habitan, y que adelantaron el amparo administrativo a favor del titular de dicha concesión.

En sede de impugnación, plantean que la afectación de sus derechos se deriva de tres tipos de situaciones:

La ausencia de consulta previa respecto del contrato de otorgado minera concedido a Coopcaribona que no contó, en esencia, con la participación de las comunidades afrodescendientes que habitan y trabajan en la mina Walter;

Por las órdenes de desalojo y suspensión de actividades de trabajo y obras de minería, que se produjeron por los actos administrativos -resoluciones- de la autoridad minera -ANM-, al conceder el amparo administrativo solicitado por Coopcaribona en contra de los terceros que realizan actividades de minería por fuera del contrato de concesión que le fue concedido a esta última; y

La suspensión de los efectos que ordenó como medida provisional la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, respecto del Decreto 933 de 2013, la que alegan, los dejó en situación de indefensión y en un limbo jurídico porque no existe otro instrumento que permita la legalización y formalización de su trabajo, tramites que se encontraban en curso.

En primera instancia, la Sección Cuarta, como juez constitucional de primera instancia, concedió el amparo del derecho a la dignidad humana y a la vivienda digna, y ordenó que la diligencia de desalojo decretada por la ANM cumpliera con las condiciones previstas en la Observación General N° 7 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En particular, dispuso que se realizara un censo de las personas que habitaban la zona para determinar quiénes necesitaban un albergue temporal, sin perjuicio de las medidas de suspensión de labores irregulares. Adicionalmente, dispuso que la Personería de Montecristo, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación acompañaran y verificaran las medidas de protección ordenadas.

Finalmente, declaró improcedente la solicitud de tutela respecto a la controversia planteada contra el auto del 20 de abril de 2016 debido a que el proceso se encuentra en curso.

2.2. Con base en el contexto fáctico, la Sala encuentra que le corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia, para lo que es necesario dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos:

Se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad de afro-descendientes que habitan la mina Walter de la vereda Caribona del municipio de Montecristo - Bolívar, al otorgar el contrato de concesión JG4-1653, a Coopcaribona sin la participación de la primera.

Constituyen una vulneración de los derechos a la dignidad humana, el trabajo y la vivienda digna las órdenes emitidas por la Agencia Nacional de Minería que, en el marco de los amparos administrativos resueltos en la Resolución GSC-ZN 000026 del 27 de enero de 2015 y GSC N° 000861 del 28 de septiembre de 2017, que ordenaron el desalojo, y la suspensión de actividades y obras de minería que se realizaran en la zona correspondiente al área concesionada a Coopcaribona.

Se configura una vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al ordenar la suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013, debido a que es el único medio judicial para tramitar la legalización de la actividad minera desarrollada por los accionantes.

2.3. Para resolver los problemas jurídicos planteados la Sala encuentra que debe hacer algunas precisiones metodológicas.

La controversia planteada por los actores en realidad se divide en dos tipos de actuaciones: unas administrativas y otras judiciales. Los problemas jurídicos (i) y (ii) hacen referencia a actuaciones administrativas que presuntamente vulneraron los derechos a la consulta previa y al trabajo, dignidad humana y vivienda digna de los actores, sus familias y la comunidad que habita y trabaja en la mina Walter. Por otra parte, el problema jurídico (iii) censura la decisión de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el marco de un proceso de nulidad simple del Decreto 933 de 2013, proceso que se encuentra en desarrollo.

Esta delimitación de las actuaciones que plantean las presuntas afectaciones de los derechos fundamentales de los actores, implica dos tipos de análisis distintos:

De una parte, el estudio de la solicitud de tutela frente a la afectación de actuaciones administrativas involucra un análisis de procedibilidad formal y material del amparo en relación con el actuar de las autoridades –igualmente– administrativas. De otra parte, la petición de amparo en relación con la providencia que suspendió los efectos del Decreto 933 de 2013, conlleva un estudio de la posible procedibilidad de la acción de tutela contra la providencia judicial accionada.

En estos términos, la Sala deberá analizar estos aspectos, haciendo referencia a algunos temas que ya han sido tratados por la jurisprudencia constitucional en casos relativos al tratamiento de la minería como una actividad económica que genera diversas tensiones con bienes constitucionalmente protegidos.

Por esta razón, se abordarán los referidos problemas con base en el siguiente marco teórico: inicialmente, (i) se reiterará la posición de la Sección en relación a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, con un breve énfasis en el requisito de la subsidiaridad; posteriormente, (ii) se citará la jurisprudencia constitucional que ha estudiado el tema de la participación y la consulta previa y su relación con la minería tradicional; seguidamente, (iii) se harán algunas precisiones sobre el contexto normativo de la Ley 685 de 2001 (Código Minero), en relación con algunos remedios judiciales que se han adoptado en casos similares al ahora analizado; posteriormente, (iv) se reiterará la jurisprudencia relativa. Finalmente y con base en el anterior marco jurisprudencial, se (v) analizará el caso concreto

3. Cuestión previa

En las intervenciones dentro del proceso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Tierras solicitaron ser desvinculadas del proceso por no tener legitimación en la causa por pasiva, asunto que no fue estudiado por el a quo. Esta petición será negada por la Sala debido a que dichas entidades no fueron vinculadas al proceso en calidad de demandadas sino como terceras interesadas, por haber sido parte en el proceso ordinario, razón por la cual, cualquier decisión que se adopte resulta de su interés.

I. RAZONES JURÍDICAS RELATIVAS A LA PROCEDIBILIDAD FORMAL

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO), para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Con base en los anteriores criterios, la jurisprudencia ha señalado que para que una acción de tutela proceda contra una providencia judicial deben concurrir la totalidad de los requisitos adjetivos –o generales– de procedencia y, al menos, uno de los defectos –o requisitos– específicos de procedibilidad que generan la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

En relación con los requisitos adjetivos, esta Sección, de manera reiterada, ha indicado como parámetros para realizar su estudio, los siguientes: (i) que no se trate de tutela contra tutela; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Una vez constatada la concurrencia de los requisitos adjetivos, el juez debe analizar la posible configuración de alguno de los defectos específicos de procedibilidad en los que pudo haber incurrido la providencia enjuiciada. Tales causales o defectos han sido sintetizados por la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

Ahora bien, por resultar pertinente para el análisis del caso sometido a impugnación, se hará un breve énfasis en el requisito adjetivo de subsidiaridad como causal parte del estudio de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Énfasis en la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

II. RAZONES JURÍDICAS RELATIVAS A LA PROCEDIBILIDAD MATERIAL

5. El principio de la participación ciudadana, la consulta previa y su relación con la minería tradicional

El principio de participación ciudadana es uno de los elementos esenciales de la Constitución de 1991. La Carta señala que Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista (art. 1° C.P.), en el que uno de sus fines esenciales es el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (art. 2° C.P.).

Dicho principio se concreta en el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos a participar en el ejercicio y control del poder político (art. 41 C.P.), así como en la posibilidad que reconoce la Constitución de discutir en ciertos escenarios que garanticen la participación, como por ejemplo en la adopción de ciertas decisiones en materia ambiental (art. 79 C.P.), la explotación de recursos naturales en territorios indígenas (art. 330 C.P.) y en la definición y adopción de los planes de desarrollo (art. 342 C.P.).

Más aún, la participación es una expresión del principio democrático, cuyo carácter transversal, universal y expansivo irradia “todos los escenarios público y privados en los que se adopten decisiones que interesan a la comunidad.” Por lo tanto, la participación surge como un derecho y una garantía que se debe desarrollar en una multiplicidad de contextos.

Para los efectos del tema que concierne a la Sala en esta oportunidad, se deben destacar dos formas en las que la jurisprudencia constitucional ha protegido el principio democrático y de participación: (i) de una parte, a través del derecho a la consulta previa que tienen las comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales; y (ii) de otra, el derecho a la participación ciudadana, propiamente dicha, de manera activa y efectiva en la adopción de decisiones que los afectan, aunque no se reivindique la diversidad étnica en estricto sentido. En ambos escenarios.

La consulta previa en relación con temas mineros

La jurisprudencia constitucional ha explicado que la consulta previa desarrolla el derecho a la participación, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 40 y 330 de la Constitución, así como del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dispuso que los Estados miembros de dicho instrumento estaban obligados a los pueblos indígenas y tribales “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

Los titulares de la consulta son los pueblos tanto indígenas como tribales que reúnen características particulares que los distinguen del resto de la sociedad y que reivindican tal diferencia, en ejercicio de su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia, de conformidad con sus propias costumbre y tradiciones.

Con base en el Convenio 169 de la OIT se plantea la existencia de dos elementos para identificar a los destinatarios de la Consulta previa. Un elemento objetivo, dado por las características particulares que los distinguen del resto de la sociedad. Y otro subjetivo, dado por la reivindicación de tal diferencia, en ejercicio de su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia, de conformidad con sus propias costumbres y tradiciones.

Desde esa perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha entendido como titulares del derecho a la consulta previa a las comunidades que presentan rasgos culturales y sociales compartidos u otra característica que la distinga de la sociedad mayoritaria y que tienen conciencia sobre su pertenencia a un grupo humano étnicamente diverso.

No obstante, la determinación de la titularidad de derechos étnicos presenta desafíos asociados al dinamismo de los procesos de construcción de la identidad y a la manera en que pueden ser moldeados por distintos fenómenos institucionales, sociales, políticos y culturales. Como se señaló en la sentencia SU-133 de 2017 “esto supone que los registros censales, las certificaciones estatales y los títulos colectivos de propiedad ostenten un valor indicativo, no constitutivo ni exclusivo de la existencia de una comunidad étnica.”

En cuanto al ámbito de aplicación de la consulta previa, se ha dicho que esta depende del grado de afectación directa que tiene determinada medida sobre una comunidad. En este sentido, una medida puede afectar directamente a una comunidad y ser objeto de consulta previa en los siguientes casos:

cuando interviene sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales;
se orienta a desarrollar el Convenio 169;
impone cargas o le atribuye beneficios a la comunidad, modificado su situación o posición jurídica;
interfiere en elementos definitorios de su identidad o cultura; o
cuando se trata de una medida legislativa o administrativa de carácter general, que afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicamente diferenciados.

En relación con los criterios de aplicación la jurisprudencia constitucional ha señalado que el procedimiento consultivo debe llevarse a cabo a través de: (i) procedimientos apropiados; (ii) mediante las instituciones representativas de las comunidades; (iii) de buena fe; de una manera apropiada a las circunstancias; y (iv) con la finalidad de llegar a un acuerdo o de lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Finalmente, es importante destacar que en algunos casos en los que se ha amparado el derecho a la consulta previa, se ha cuestionado si un grupo en particular constituye una comunidad étnicamente diferenciada, casos en los cuales la jurisprudencia ha señalado que de cualquier manera los ciudadanos tiene derecho a la participación en las decisiones que los afectan.

b. El derecho a la participación ciudadana activa y efectiva en las decisiones que afectan a las comunidades

De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha indicado que las comunidades tienen derecho a participar directamente en la adopción de decisiones que pueden afectarlos.

Así por ejemplo, en relación con el impacto al ambiente se han amparado los derechos a la participación de comunidades campesinas cuya subsistencia se ve comprometida por los efectos de la construcción de obras de infraestructura o por la implementación de políticas públicas. Lo mismo ha pasado en relación con medidas que han ordenado medidas de planeación urbana o de interés cultural.

A continuación se reseñan algunas decisiones que constituyen antecedentes directos y precedentes judiciales que, como jurisprudencia constituyen criterios auxiliares de interpretación para la actividad judicial (art. 230 C.P.) para el caso que se estudia en la presente oportunidad. En estos casos, la Corte Constitucional ha amparado los derechos tanto a la participación -en general- de las comunidades en los proyectos que los afectan, como a la consulta previa -participación especial- de las comunidades étnicamente diferenciadas.

Especial mención merece el caso analizado en la sentencia T-047 de 2011 en el que la Corte Constitucional conoció de una demanda en contra de la alcaldía de Yumbo (Valle de Cauca), en la que la administración municipal le había ofrecido un albergue a los habitantes de un grupo afrodescendiente tradicional cuyas viviendas habían sido destruidas por el desbordamiento de una quebrada. En el caso la Corte consideró que no era competente para referirse a la identidad étnica de los accionantes, pero amparó el derecho a la vivienda digna y ordenó la ejecución de un plan de reubicación que garantizara la participación de los afectados, que no había sido respetada por las entidades accionadas.

En otro caso especialmente relevante para el proceso que se estudia, en la sentencia T-348 de 2012, se analizó una acción de tutela promovida por una asociación de pescadores, que reclamaban el derecho a la consulta previa por la ejecución de un proyecto en el Anillo Vial del Malecón de Crespo en la ciudad de Cartagena. En ese caso, la Corte encontró que los accionantes no eran titulares del derecho a la consulta previa porque no eran parte de un “grupo culturalmente diferenciado titular de este derecho especial de participación, como son los indígenas y los afrodescendientes”. No obstante lo anterior, aclaró que tal circunstancia no implicaba que no tuvieran derecho a ser informados sobre los efectos positivos y negativos del proyecto y sobre las medidas adoptadas para mitigar los daños. La Corte decidió amparar el derecho a la participación de los demandantes y ordenó diseñar, en conjunto con la comunidad, las medidas para compensarlos por el impacto que supuso la obra para el ejercicio de la pesca artesanal, actividad de la que se derivaba su sustento.

En la sentencia T-294 de 2014, se estudió un caso en el que organizaciones tanto indígenas como campesinas demandaron el otorgamiento de una licencia ambiental para la construcción de un relleno sanitario en Ciénaga de Oro (Córdoba), por el impacto que les generaba dicho proyecto.

En ese proceso, el Tribunal Constitucional determinó que el derecho a la participación debía garantizarse a ambos sectores, tanto a los indígenas -a través de la consulta previa- como a los campesinos. En particular, el amparo a la participación debía girar en torno a “la evaluación de los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos, así como sobre el diseño de medidas de prevención, mitigación y compensación correspondientes.” Así mismo, precisó que las deliberaciones debían respetar el principio de buena fe y orientarse a lograr “acuerdos que plasmen una adecuada ponderación de los derechos cuya efectividad está en juego, procurando evitar posturas adversariales y de confrontación que bloqueen la toma de una decisión definitiva”.

Finalmente, se destaca la sentencia T-550 de 2015, en la que la Corte Constitucional estudió una tutela que perseguía la protección de los derechos a la consulta previa de las comunidades afrodescedientes por la construcción de un proyecto de espacio público en el Malecón Perimetral del Mar de Buenaventura. En ese caso se protegieron los derechos al a participación y a la vivienda digna de las personas -que reivindicaran o no una identidad étnica diversa- contra la orden de desalojo que se había decretado por el mencionado proyecto.

La minería tradicional como actividad legalmente protegida y su relación con los derechos a la participación y la consulta previa

Tanto en materia de derecho Internacional de los Derechos Humanos, como en materia constitucional, la jurisprudencia ha señalado que, cuando en el desarrollo de las diferentes actividades de diseño, ejecución y evaluación de proyectos de minería, se evidencien potenciales afectaciones a los derechos de las comunidades, se debe garantizar el derecho a la participación de forma real, libre, informada y efectiva.

Así por ejemplo, a nivel regional (Sistema Interamericano de Derechos Humanos), en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a los casos Pueblo Saramaka vs. Surinam, Pueblo Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Comunidad Garífuna de Punta Piedra y otros vs. Honduras y Pueblo Kaliña y Lokono vs. Surinam, se declaró la responsabilidad de los Estados demandados por las violaciones a los derechos humanos derivadas de las entregas de concesiones madereras mineras y petroleras para la exploración y extracción de recursos naturales, y en las que no se había agotado el proceso consultivo previo de las comunidades demandantes.

Así mismo, existen varias decisiones que a nivel interno han determinado que la minería implica una serie de actividades en todas sus ramas y fases que genera impactos ambientales, culturales y sociales que deben ser consultadas –previamente- en favor de quienes se ven afectados por ellos. Dentro de estas, se pueden resaltar los siguientes pronunciamientos.

En la sentencia T-1045A de 2010, precedente especialmente importante para el caso que se analiza, estudió el caso de la comunidad negra del Consejo Comunitario del corregimiento “La Loma” en el municipio de Suárez, Departamento del Cauca. En ese caso, los demandantes solicitaron el amparo de su derecho a la consulta previa por la entrega de una concesión -por 10 años- para la explotación de un yacimiento de oro en sus territorios ancestrales.

Particularmente alegaban que la zona había sido habitada y explotada de manera artesanal por las comunidades negras, que estaban presentes en el lugar –como esclavos– desde la época de la colonia. Sostenían que la minería artesanal que desarrollaban, constituía el sustento económico de 1300 familias.

En dicha decisión, se señaló que la concesión minera suponía un impacto directo para la supervivencia cultural y económica de la comunidad accionante.

La Corte cuestionó que el titular del contrato de concesión hubiera desistido de llevar a cabo la consulta previa, bajo el argumento según el cual, el Ministerio del Interior había conceptuado que no había presencia de comunidades en el área del proyecto minero, cuando el concesionario claramente tenía certeza de su presencia en el área.

Incluso, en el caso que se comenta, la Cooperativa de Mineros de Suárez había radicado una solicitud de legalización, debido a que las comunidades negras desarrollaban la minería artesanal en la zona. Por tal motivo, la Corte consideró contradictorio que no se hubiera realizado la consulta previa, pero que el titular de la concesión hubiera iniciado el trámite de un amparo administrativo para desalojar a las comunidades que presuntamente no se encontraban en la zona en donde se ejercía la minería tradicional.

Además, teniendo en cuanta que la cooperativa accionante había iniciado una solicitud de legalización, incluso antes de la entrada en vigencia del Código Minero, el Tribunal constitucional consideró que se debía valorar el “derecho de prelación” que tenía la comunidad afrodescediente para el ejercicio de la minería en la zona, razón por la cual amparó los derechos a la consulta previa, la subsistencia, la autonomía, integridad e identidad cultural y social de la comunidad accionante. En consecuencia, ordenó la realización del proceso consultivo, la suspensión de actividades de explotación realizadas en el ámbito de la concesión, y dejó sin efectos la resolución de amparo administrativo que había ordenado la suspensión de las actividades de explotación minera y el desalojo de las personas que las estaban llevando a cabo.

Por otra parte, en la sentencia T-129 de 2011 se amparó el derecho a la consulta previa de las comunidades Embera Katío de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito, por unas actividades que incluían el otorgamiento de concesiones para la explotación para la explotación minera en Acandí. La Corte consideró que la entrega de las concesiones mineras afectaba directamente a las comunidades debido a que abarcaba su territorio, incluido el río Toló, en donde se ubicaban los asentamientos del pueblo indígena. La decisión ordenó suspender todas las actividades -legales o ilegales- de prospección y exploración que se estuvieran adelantando en la zona, gasta tanto se agotaran los procedimientos consultivos.

En la sentencia C-366 de 2011 se señaló que, con base en los mandatos de la propia Constitución de 1991, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existe una obligación de consultar aquellas medidas legislativas y administrativas relacionadas con el ejercicio de la exploración y explotación minera, debido a los impactos directos que dicha actividad genera sobre los derechos fundamentales de los pueblos étnicos.

En la sentencia T-256 de 2015, se amparó el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad de afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta de Barrancas (Guajira) frente al diseño de los planes de reubicación de las comunidades asentadas en las zonas aledañas a los proyectos de minería a cielo abierto desarrollados por la empresa Carbones Cerrejón, por los procesos extractivos carboníferos que esta última adelantaba.

Ese mismo año, en la sentencia T-766 de 2015, se analizó el caso de un conjunto de comunidades que demandaron las resoluciones que delimitaron y declararon las áreas estratégicas mineras, que correspondían a más de 20 millones de hectáreas de 20 departamentos del país. La Corte recabó en que los actos administrativos de contenido general pueden implicar escenarios de afectación directa a las comunidades étnicamente diferenciadas, razón por la que procede la consulta previa.

En el caso concreto señaló que las resoluciones demandadas habían modificado unilateralmente el destino económico y productivo de los territorios colectivos de las comunidades actoras ubicadas dentro o cerca de las zonas estratégicas mineras. La afectación que concretamente se detectó consistía en la imposición de un modelo de desarrollo basado en la industria extractiva que puso en riesgo la subsistencia, la identidad étnica y cultural, así como los usos, costumbres y valores, formas de producción, cosmovisión e historia de las comunidades accionantes.

Finalmente, se debe destacar, por el especial interés para el proceso que se estudia, la sentencia SU-133 de 2017 en la que la Corte Constitucional analizó la presunta vulneración de los derechos a la participación de los mineros tradicionales y a la consulta previa de las comunidades negra de Asojomar e indígena de Catarma.

En este pronunciamiento, la Corte precisó de manera clara y expresa que la entrega de los contratos de concesión, tienen la virtualidad de afectar a los pueblos étnicamente diferenciados y que, por tanto, las comunidades tienen derecho a ser consultadas al respecto. Adicionalmente, se expresó que las personas, familias y comunidades potencialmente afectadas por la minería tienen derecho a participar en la adopción de las decisiones relacionadas con la planeación y ejecución de proyectos, aún si no reivindican una identidad étnicamente diversa.

El caso revisado por el Tribunal Constitucional tenía que ver con un conjunto de decisiones, actos y omisiones, relacionadas con la explotación de oro que se producía en el cerro denominado “El burro” en el municipio de Marmato en Caldas, en donde se ubica la mina “Villonza”.

En particular, los accionantes demandaban el acto de cesión de los derechos mineros emanados de un título -que a su vez incorporaba 38 títulos mineros- que se había otorgado a unas compañías que realizaban minería a gran escala y que hacían parte del Grupo Empresarial “Gran Colombia Gold”. Adicionalmente, se había proferido una resolución que concedía un amparo administrativo y ordenaba el cierre y desalojo de las comunidades étnicas de la zona que cubría a la mina.

El fallo señaló que las minas de la parte alta del cerro, que históricamente permitieron el acceso democrático al recurso, habían quedado, en su mayoría, destinadas a servir de respiraderos de la gran mina de la parte baja que se había cedido a las compañías. De tal manera, que los peticionarios, mineros tradicionales y las comunidades étnicas se vieron privadas, no solo de la parte alta del cerro, sino también de su sustento y su particular identidad minera.

La Corte consideró que las diferentes actuaciones y omisiones, habían dado lugar a una afectación, no solo directa sino además intensa de los derechos de las comunidades accionantes y de la población de Marmato, su cultura y su modo de vida.

De manera especial, se destacó que la minería es una actividad permitida por la Constitución, pero bajo estrictos estándares ambientales, laborales, de planificación estatal y de participación. Esto último, debido a que se trata de una actividad en la que resulta imprescindible la participación de las comunidades en las decisiones que los afectan, razón por la cual procede la consulta previa.

En este sentido, la Corte concluyó que la participación de los mineros tradicionales, como población vulnerable, protegida constitucionalmente, con evidente interés en lo que sucedía en el cerro “El Burro”, se debía desarrollar por medio de un espacio idóneo que diera lugar, incluso, a la consulta de las comunidades étnicamente diferenciadas que hacían parte de la zona de la cesión.

Por lo anterior, concedió el amparo de los derechos invocados, ordenó la realización del proceso consultivo y de participación de las comunidades afectadas, y emitió un conjunto de órdenes adicionales encaminadas a garantizar el amparo integral y efectivo del remedio judicial decretado.

Síntesis de las sub-reglas decisionales-jurisprudenciales en materia de consulta previa, derecho a la participación y minería tradicional

Con base en los anteriores pronunciamientos, la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos han señalado que:

La consulta previa es un derecho de los pueblos étnicamente diferenciados (indígenas y comunidades afrodescendiente) que se encuentra garantizado en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional.

El derecho a la consulta previa debe garantizarse en los casos que se vayan a adoptar medidas administrativas o legislativas que afecten directamente los derechos e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

En materia de minería se debe realizar el proceso de consulta previa frente a la incidencia y afectación que generan las actividades de exploración y explotación en los territorios indígenas y afrodescendientes. Dichas actividades afectan intensamente la identidad étnica y cultural, así como ponen en riesgo los usos, costumbres, valores, formas de producción, cosmovisión e historia de las comunidades.

Se debe valorar el “derecho de prelación” que tienen las comunidades étnicamente diferenciadas para el ejercicio de la minería en sus territorios.

Las concesiones mineras constituyen afectaciones directas a la supervivencia cultural y económica, tanto de las comunidades étnicamente diferenciadas, como de las comunidades en general, debido a los graves impactos que se causan en sus territorios.

Por lo anterior, las actividades mineras también deben respetar el derecho a la participación de aquellas comunidades que no siendo étnicamente diferenciadas, efectivamente se ven afectadas por dichas actividades, debido a sus impactos sociales, económicos, ambientales y culturales.

Frente a la vulneración del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes procede el amparo para ordenar el agotamiento de dicho procedimiento consultivo y, dado el caso, (i) la suspensión de actividades de explotación en el territorio, (ii) dejar sin efectos las medidas administrativas (como los amparos administrativos) otorgadas sin agotamiento de la consulta, (iii) y la invalidación de las órdenes de desalojo o suspensión de actividades de minería artesanal o de subsistencia.

6. La minería tradicional y su marco normativo. La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la relación entre minería y los derechos a la participación y consulta previa

En la actualidad, la actividad minera está regulada en la Ley 685 de 2001, que derogó, de manera especial, el Decreto 2655 de 1988, anterior Código Minero. Dicha ley tiene tres objetivos de interés público (art. 1º, L. 685/01): (i) fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; (ii) estimular estas actividades para satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa; y (iii) garantizar que el aprovechamiento de esos recursos se lleve a cabo en armonía con la protección del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.

Posteriormente, se aprobó la Ley 1382 de 2010, como una reforma a la Ley 685 de 2001 que pretendía adoptar medidas encaminadas a incentivar una mejor y más racional explotación de los recursos mineros y a corregir algunas deficiencias que llevaban a que, pese a los niveles de seguridad jurídica alcanzados “los proyectos serios y eficientes de desarrollo sostenible y racional del recurso minero”, siguieran siendo escasos.

En su artículo 12, la Ley 1382 concedió un término de dos años para que los mineros tradicionales que estuvieran explotando minas sin título inscrito en el Registro Nacional Minero, solicitaran su formalización y se les otorgara un contrato de concesión minera como resultado de un proceso de verificación de la tradicionalidad de los trabajos mineros.

No obstante, la Ley en comento fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-366 de 2011) debido a que incluía disposiciones que afectaban de forma directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, las cuales no fueron previamente consultadas.

Dentro de las normas proferidas para reglamentar la Ley 1382 de 2010, se habían expedido los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de 2012, que regularon varios aspectos de la “minería tradicional” y su proceso de legalización. No obstante, la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, implicó la pérdida de validez de estos decretos.

Debido a esta última situación, el gobierno nacional decidió expedir el Decreto 933 de 2013, que quiso llenar el vacío normativo por la desaparición de los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de 2012, regulando nuevamente el trámite de legalización de con el fin de instaurar los mecanismos para seguir evaluando las solicitudes de formalización radicadas bajo dicha norma.

Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió suspender los efectos del decreto de 2013, por encontrar que se trataba de una reproducción de los decretos anteriores que habían desaparecido del ordenamiento jurídico.

Por tanto, la regulación que sustenta en la actualidad la actividad minera, y en especial la minería tradicional, está soportada en las disposiciones que sobre la materia establece directamente la Ley 685 de 2001. Razón por la que la Sala considera pertinente precisar algunas de las normas que hacen referencia a la materia.

Sobre el particular, dicha ley establece en su artículo 121 la protección de los derechos de las comunidades en general y de los pueblos étnicamente diferenciados en particular, al señalar que “todo explorador o explotador de minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de propiedad privada del subsuelo.” (Subrayado adicionado al texto).

Adicionalmente, el artículo 130 indica que los pueblos afrodescendientes tienen una protección especial al referir que “[l]as comunidades negras a que se refiere la Ley 70 de 1993 o demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan, para los efectos de este Código, son también grupos étnicos en relación con los cuales, las obras y trabajos mineros se deberán ejecutar respetando y protegiendo los valores que constituyen su identidad cultural y sus formas tradicionales de producción minera. Este principio se aplicará en cualquier zona del territorio nacional donde se realicen los trabajos de los beneficiarios de un título minero, siempre y cuando estas áreas hubieren sido poseídas en forma regular y permanente por una comunidad o grupo negro.” (Subrayados adicionados al texto).

Ligado a la norma anterior, el artículo 133 establece que las comunidades negras tendrán un derecho de “prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera de comunidad negra. Esta concesión podrá comprender uno o varios minerales y le serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo.” (Subrayados adicionados al texto).

Sobre el mencionado derecho de prelación, la Corte Constitucional en la sentencia C-389 de 2016, señaló que “el derecho de prelación por parte de las comunidades étnicas o afrocolombianas, no constituye justificación alguna para omitir la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, cuando la afectación sea intensa por el desplazamiento de una comunidad, por amenaza de extinción física o cultural, o por el uso de materiales peligrosos en sus tierras y territorios.”

De otra parte, el artículo 250, establece los beneficios y prerrogativas a las que tienen derecho las asociaciones comunitarias de mineros, al afirmar que “[l]os mineros que se identifiquen dentro de las políticas de apoyo social del Estado, podrán organizarse en asociaciones comunitarias de mineros que tendrán como objeto principal participar en convenios y proyectos de fomento y promoción de la investigación y su aplicación, la transferencia de tecnología, la comercialización, el desarrollo de valor agregado, la creación y el manejo de fondos rotatorios. (…) Estas asociaciones comunitarias también serán beneficiarias de las prerrogativas especiales previstas en el presente Código.” (Subrayados adicionados al texto).

Finalmente, la ley recaba en la protección y regulación especial sobre las explotaciones tradicionales desarrolladas por las comunidades y las asociaciones que las componen, al disponer en el artículo 257 que “[l]as medidas y acciones estatales sobre proyectos mineros especiales, desarrollos comunitarios y asociaciones comunitarias de mineros (…), se adelantarán también en aquellas áreas en las cuales haya yacimientos de minerales que vengan siendo explotados tradicionalmente por numerosas personas vecinas del lugar y que, por sus características y ubicación socioeconómicas, sean la única fuente de abastecimiento regional de los minerales extraídos. (…) En estos casos la autoridad minera delimitará las mencionadas áreas y dentro de ellas dará prelación para otorgar contrato de concesión a las asociaciones comunitarias y/o solidarias que los explotadores tradicionales formen para tal efecto. (…) Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados o reconocidos o en trámite.”

El anterior, marco normativo, servirá de referente para analizar el caso concreto que se estudia en esta oportunidad.

-ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO-

En el presente asunto, la Sala estudia la impugnación presentada por la parte demandante, en contra de la decisión de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que decidió amparar el derecho a la dignidad humana y a la vivienda digna de los accionantes. Previo a realizar el análisis de los argumentos de la impugnación, la Sala realizará algunas precisiones.

Precisiones metodológicas del análisis del caso concreto

Como se indicó al momento de presentar el objeto de la impugnación que se estudia, la Sala debe resolver, básicamente, dos problemas jurídicos:

De una aparte, el relativo a la presunta vulneración de derechos derivada de las actuaciones administrativas que dieron lugar a (i) la concesión de un título minero en favor de Coopcaribona, sobre la zona de la Mina Walter en la que habitan y trabajan los actores, y que fue concedida con presunto desconocimiento de sus derechos a la participación y consulta previa; y (ii) por el amparo administrativo que concedió la ANM a Coopcaribona y con base en el cual se ordenó el desalojo y suspensión de las actividades de trabajo de minería artesanal que desarrollan los accionantes en la Mina Walter.

Por otra parte, se debe analizar si existe una violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los actores, por la suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013 que ordenó la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del trámite de nulidad simple de la referida norma.

Para abordar el análisis del caso concreto, la Sala dividirá el estudio de estos problemas jurídicos delimitándolos, a su vez, en dos cargos. No obstante, con el fin de simplificar la exposición, se empezará por el problema relativo a la solicitud de amparo frente a la providencia de esta Corporación que suspendió el Decreto 933 de 2013, debido a que, respecto a este cargo se declarará la improcedencia de la acción de tutela.

En contraste, la valoración de los cargos frente a las actuaciones administrativas censuradas por los accionantes, conllevará a un análisis de fondo, razón por la cual se realizará de manera posterior.

-Análisis del primer cargo-
La presunta vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por parte de la providencia judicial demandada -auto del 20 de abril de 2016 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado-

Los recurrentes sostienen que la providencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que suspendió los efectos del Decreto 933 de 2013, en el marco del proceso de nulidad simple que contra dicha norma actualmente se adelanta, vulneró sus derechos fundamentales.

Para analizar los presuntos yerros específicos en los que incurrió la providencia censurada, es necesario constatar la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales enunciados en los fundamentos de esta sentencia.

• El primer requisito de procedencia adjetiva señala que la decisión que se demanda mediante acción de amparo no corresponda a otra acción de tutela, pues esto implicaría una afectación al principio de seguridad jurídica y a la cosa juzgada de la que gozan las decisiones judiciales.

En este caso, la providencia enjuiciada es el auto emitido dentro del proceso ordinario de nulidad simple (proceso 11001-03-26-000-2014-00156-00) que ordenó la suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013. Dicho proveído no corresponde a una acción de tutela razón por la que el requisito se encuentra satisfecho.

• La segunda exigencia adjetiva hace referencia a la inmediatez con la que se instaura la acción de tutela, puesto que esta debe presentarse dentro de un plazo razonable con el fin de evitar la indefinición temporal de las controversias judiciales.

La Sala encuentra que en el caso concreto, el auto que se demandó fue proferido el 20 de abril de 2016, en tanto que la acción de amparo se presentó el 14 de julio de 2017, razón por la que prima facie no se cumpliría con el requisito.

No obstante, dicho auto fue objeto de un recurso de súplica presentado el 4 de mayo de 2016, el cual no ha sido resuelto hasta la fecha. Sobre este tema, la parte actora expresó en el escrito de tutela que se habían interpuesto diferentes mecanismos judiciales ordinarios y tutelares con el fin de lograr una decisión que hasta el momento no ha sido resuelta.

Al respecto, la Sala considera que no sería admisible ni razonable trasladar a los demandantes la carga de agotar, con rigurosa diligencia, la prontitud de una demanda contra una providencia cuyo trámite se ha dilatado en el tiempo. Por tal motivo, se tomará por satisfecho el requisito de inmediatez en tanto no se ha proferido la decisión de súplica, que correspondería a la última actuación desarrollada en el proceso.

• Finalmente, respecto al requisito de subsidiaridad, la Sección considera que este no se encuentra cumplido comoquiera que el proceso ordinario se encuentra en trámite y, dentro de este, el actor puede solicitar su vinculación para coadyuvar y, posteriormente, interpelar y controvertir las diferentes actuaciones del proceso a través de los recursos ordinarios y extraordinarios que para el efecto les provee el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia respecto a este cargo debido a que no se ha cumplido con la exigencia del agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios respecto a la providencia judicial atacada.

-Análisis del segundo cargo-
La afectación de los derechos a la consulta previa, la participación, la dignidad humana, el trabajo, la propiedad colectiva, la autonomía, integridad e identidad cultural por parte de las actuaciones administrativas

Procedibilidad formal de la acción de tutela respecto a las actuaciones administrativas demandadas

En cuanto a los requisitos formales en relación con la acción de tutela de la referencia, la Sala encuentra que estos están cumplidos, según el análisis que se expondrá a continuación.

Legitimación en la causa

En relación con la legitimación en la causa por activa para promover el amparo, según lo previstos en el artículo 86 Constitucional y 10 del Decreto 2591 de 1991, se evidencia que los actores son los afectados por las decisiones administrativas demandadas. Tanto de manera individual, debido a que se trata de habitantes y trabajadores de la Mina Walter, ubicada en la vereda Caribona del municipio de Montecristo (Bolívar), como de manera colectiva, en tanto se representa a los mineros tradicionales y a la comunidad afrodescendiente que habita y labora en la zona, según consta en los certificados de existencia y representación legal de la Asociación de Mineros de la Mina Walter -Asomiwa-, y de inscripción del Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Alto Caribona.

Inmediatez

La inmediatez en la presentación de la acción de tutela está cumplida, pues las actuaciones: (i) relativas a la controversia de la concesión minera se basaban en la solicitud de legalización que se quedó sin piso jurídico por la suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013, y que no ha tenido definición debido a que el recurso de súplica en contra de tal proveído no se ha resuelto; y (ii) las correspondientes al amparo administrativo y consecuentes órdenes de desalojo y suspensión de actividades de los actores se han materializado en diferentes actos administrativos, en los que se había programado la diligencia inicialmente el 8 de mayo de 2017 y, posteriormente, el 12 de junio de 2017. Bajo este entendido, la tutela se presentó con evidente celeridad (14 de julio de 2017), y por tanto dentro de un plazo razonable.

Sobre este punto, es necesario reiterar el criterio expuesto por esta Sección según el cual el transcurso prolongado del tiempo entre el hecho que generó la vulneración y la presentación de la acción de tutela resulta admisible siempre que se presenten dos circunstancias: (i) cuando se demuestra que la afectación es permanente en el tiempo y (ii) cuando se pueda establecer que “la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.

Ahora bien, como manifestó la parte accionante, la amenaza de vulneración de sus derechos, es continua y permanente en el tiempo. Muestra de ello es que la decisión judicial relativa a la suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013, no ha sido resuelta hasta el momento por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Y, en cuanto a las actuaciones administrativas encaminadas a materializar el desalojo se han reiterado, incluso, con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, y constituyen un riesgo actual. Así por ejemplo, a través de la Resolución GSC N° 00861 del 27 de septiembre de 2017 se reiteró la decisión de conceder el amparo administrativo, y ordenar el desalojo y suspensión de actividades de los mineros tradicionales y, más aún, a través del oficio del 28 de junio de 2017 emitido por la ANM se comunicó al Alcalde de Montecristo que la diligencia -de desalojo- quedaba programada para el 27 de agosto de 2017, en compañía de la fuerza pública.

De esta manera, y teniendo en cuenta que la acción de tutela se instauró el 14 de julio de 2017 la acción de tutela cumple con la inmediatez.

• Subsidiaridad

Respecto al presupuesto de la subsidiaridad la Sala encuentra que este también se encuentra satisfecho.

Esta Sección ha señalado reiteradamente que cuando se alega la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa, el medio de defensa judicial idóneo y eficaz a emplear es la acción de tutela, “incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, lo cierto es que en casos como el sub judice en los que se pretende la tutela del derecho a la consulta previa, la protección debe darse de forma definitiva, y en el evento en que se requiera la suspensión de los efectos de un acto administrativo, como medida tutelar de protección de un derecho fundamental, ella deberá extenderse por el tiempo que tome restablecer el derecho vulnerado”.

No obstante lo anterior, la Sala considera importante recabar en que los accionantes no contaban con mecanismos judiciales para defender sus derechos fundamentales frente a las actuaciones administrativas demandadas, debido a que la propia suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013 los dejó sin fundamento normativo para adelantar los procedimientos administrativos para la legalización de su actividad minera.

En efecto, los actores habían optado por iniciar los trámites –administrativos– para la discusión sobre su inclusión como mineros tradicionales bajo la figura de legalización de la minería tradicional que regulaba el Decreto suspendido, razón por la que, sin dicha norma se encuentran en una evidente situación de indefensión al no contar con medios administrativos ni judiciales para culminar su proceso de regularización.

Adicionalmente, es importante reiterar, como lo hizo la sentencia SU-133 de 2017 -en un caso con identidad fáctica y jurídica al que ahora se estudia- que la acción de tutela es procedente contra las órdenes de desalojo de mineros artesanales, debido a la relevancia constitucional y la intensidad de la afectación de derechos que se ven comprometidos en este tipo de situaciones.

Finalmente, en el caso concreto se debe destacar que la comunidad afectada está compuesta por un grupo de más de 1450 personas, dentro de las cuales se encuentran 145 niños, así como adultos mayores, personas en situación de desplazamiento y personas con condiciones de discapacidad, razón, por demás, por la que el juez constitucional de primera instancia amparó los derechos de los accionantes.

En consecuencia, la Sala constata que están reunidos todos los requisitos de procedibilidad formal de la acción de tutela, señalados por la jurisprudencia constitucional y las normas concordantes (art. 86 C.P. y Dcto. 2591/91), lo que habilita el estudio de fondo en el caso concreto.

La Cooperativa Multiactiva del Caribona -Coopcaribona- y el Departamento de Bolívar vulneraron los derechos fundamentales a la consulta previa del Consejo Comunitario Afrodescendiente del Alto Caribona, y a la participación de la Asociación de Mineros de Mina Walter y sus integrantes, al pretermitir el trámite de consulta previa y la participación de la comunidad afectada al otorgar el título de concesión minera JG4-16531 del 5 de septiembre de 2008.

Como se señaló en los antecedentes de este proveído, un grupo de los accionantes son miembros de las comunidades afrodescendientes que han desarrollado la minería tradicional por décadas en la región que compone la vereda de Caribona en el municipio de Montecristo (Bolívar).

Respecto a su reconocimiento como una comunidad afrodescediente, los demandantes señalaron que el Consejo Comunitario del Alto Caribona fue constituido e inscrito ante la Alcaldía, mientras se adelantaba el trámite de inscripción ante la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

Este hecho, se encuentra probado dentro de proceso debido a que se aportó certificación emitida por la Secretaría General y del Interior de la Alcaldía de Montecristo del 28 de octubre de 2015, en la que se indica:

“Que el Consejo Afro Colombiano se encuentra situado en la Vereda Mina Walter Alto Caribona, jurisdicción del Municipio de Montecristo, Departamento de Bolívar, cuyo Representante legal es el señor Alirio Rojas Villegas (…)”.

Ahora bien, la Secretaría de Minas del Departamento de Bolívar otorgó a Coopcaribona la concesión minera JG4-1653 el 7 de octubre de 2008, por un término de 30 años. Frente a esta actuación los demandantes señalan que no se surtió el trámite de consulta previa, pese a que se trata de una comunidad afrodescendiente.

En las pruebas obrantes en el expediente se señala que los afrodescendientes que habitan la zona de la concesión minera llegaron al lugar mucho antes (hace 50 años) de la suscripción del contrato, e incluso, antes de la creación de la propia Mina Walter.

Los accionantes explicaron que Coopcaribona se creó por iniciativa de algunos miembros de la propia comunidad de la zona, pero que posteriormente, por interés en el negocio, ingresaron nuevos socios que impusieron medidas inequitativas en contra de la comunidad.

Así mismo, se adujo que tanto la Corporación Autónoma Regional del Sur del Bolívar -CSB-, como la Defensoría del Pueblo han probado la permanencia previa de los afrodescendientes en el área concesionada. Así por ejemplo, se cita el Informe de Riesgo N° 030-12 del 30 de noviembre de 2012, de la Defensoría del Pueblo, en el que al referirse a la situación de la Mina Walter en la vereda Caribona del municipio de Montecristo, se señala:

“(…) Las asociaciones han explotado de manera artesanal las minas desde hace treinta años aproximadamente y están reconocidas legalmente (desde 2006 y 2010, respectivamente. Por su parte, Coopcaribona se constituyó en 2008 y solicitó concesión minera, que le fue otorgada a través del título JG4-16431. Según organizaciones de derechos humanos, Coopcaribona habría omitido enunciar la existencia de otros mineros en la zona, desconociendo las zonas de trabajo de otras asociaciones de mineros artesanales (…).” (Resaltado adicionado al texto)

En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo señaló en la Nota de Seguimiento N° 007-05 sobre el Informe de Riesgo N° 008-12 A.I. del 11 de mayo de 2015, indicó:

“Las disputas en torno a los derechos de explotación minera y la creciente injerencia de grupos armados como mediadores de las mismas, ha provocado situaciones conflictivas como la que tiene lugar en Mina Walter, en límites entre el corregimiento Canelos del municipio de Santa Rosa del Sur y la vereda Caribona, jurisdicción de Montecristo. En este sector los campesinos han explotado artesanalmente por más de treinta años un yacimiento aurífero, por la cual se organizaron en un primer momento en la Asociación de Mineros del Caribona ASOMCA, posteriormente la Asociación de Mineros de Mina Flórez ASOMIFLOREZ y Asociación de Mineros de Mina Walter en Alto Caribona ASOMIWA, acompañada por la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó AHERAMICUA.” (Resaltados adicionados al texto)

Las aseveraciones de la Defensoría del Pueblo corresponden con las declaraciones surtidas por los integrantes y líderes de las comunidades y asociaciones actoras, dentro del proceso de amparo administrativo y que se citan en el apartado correspondiente.

De esta manera, y con base en los mandatos del Convenio 169 de la OIT, se encuentra acreditado que (i) una parte de los actores reúnen las características particulares que los distinguen del resto de la sociedad (elemento objetivo) como afrodescendientes; y (ii) reivindican tal diferencia, en ejercicio de su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia, de conformidad con sus propias costumbres y tradiciones (elemento subjetivo).

Adicionalmente, la normatividad minera aplicable al caso concreto, señalaba claramente que los actores, como miembros de un pueblo afrodescendiente gozaban de una protección especial sobre su identidad cultural y formas tradicionales de producción minera (arts. 121 y 130, Ley 685/01) y tenían un derecho de prelación (art. 133, Ley 685/01) frente a las medidas de exploración y explotación que fueran a desarrollarse sobre su territorio.

Para la Sala resulta, además, censurable que tanto las autoridades administrativas, como el propio solicitante del contrato de concesión omitieran el reconocimiento de la presencia de la comunidad actora, cuando se desprende del material probatorio, que conocían y compartían las actividades de minería tradicional que se desarrollaban en la zona de Mina Walter.

Dicha actitud contraviene no solo el reconocimiento de los derechos a la participación y a la consulta previa de los actores, sino que también implica una vulneración del mandato de acceso democrático a la explotación de los recursos naturales que pretende proteger la normatividad minera (Ley 685 de 2001).

Con base en estos elementos de juicio, la Sala encuentra que el otorgamiento del contrato de concesión a través del título JG4-16531 se constituyó en una medida administrativa que afectó directamente la supervivencia cultural y económica de las comunidades de la vereda Caribona del municipio de Montecristo y, particularmente, de los mineros tradicionales afrodescendientes quienes habitan y trabajan en la Mina Walter.

Como se expuso en los fundamentos de esta decisión, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es una obligación constitucional y convencional consultar aquellas medidas legislativas y administrativas relacionadas con el ejercicio de la exploración y explotación minera, debido a los impactos directos que dicha actividad genera sobre los derechos fundamentales de los pueblos étnicos. Específicamente, ha determinado que la entrega de los contratos de concesión afecta intensamente los derechos de las comunidades, razón por la que estas tienen derecho a ser consultadas de forma previa, libre e informada.

Adicionalmente, la jurisprudencia citada en esta decisión, señala que respecto de aquellas comunidades que no hacen parte de grupos étnicamente diferenciados (indígenas y afrodescendientes), si bien no procede el derecho a la consulta previa, sí les asiste el derecho a la participación en los asuntos que las afectan directamente. Por tal motivo, los mineros artesanales no afrodescendientes de la vereda Caribona y del municipio de Montecristo (Bolívar) tienen derecho a ser informados y a participar en los trámites de titulación minera que se adelanten en su territorio y que inciden directamente en sus actividades y subsistencia.

Por las anteriores, razones la Sección concederá el amparo de los derechos a la consulta previa y a la participación debido a que se constató que están siendo vulnerados.

La Agencia Nacional de Minería vulneró los derechos fundamentales dignidad humana, el trabajo, la subsistencia digna, la autonomía, integridad e identidad cultural de los accionantes al ordenar el desalojo y cancelación de actividades con base en el amparo administrativo concedido en la resolución GSC N° 000861 del 28 de septiembre de 2017.

Los demandantes afirman que el amparo administrativo concedido por la Agencia Nacional de Minería, en el que se ordena su desalojo y suspensión de labores, vulnera sus derechos fundamentales debido a que les prohíbe desarrollar la única actividad que provee su subsistencia, afectando gravemente a sus familias y a la comunidad en general.

Del examen del expediente se evidencia que en la Resolución GSC N° 000861 del 28 de septiembre de 2017 se resuelve la solicitud de amparo administrativo dentro del expediente N° JG4-16531, en el que la ANM concede dicho amparo y ordena el desalojo y suspensión inmediata y definitiva de los trabajos y obras de minería realizados por terceros dentro de la zona del contrato de concesión otorgado a Coopcaribona. Para el efecto, el acto administrativo dispone comisionar al alcalde de Montecristo para adelantar la actuación.

Adicionalmente, se encuentra el oficio N° OFI18-6376 MDN-DVPAIDSPI del 25 de enero de 2018, en el que el Director de Seguridad Pública y de Infraestructura del Ministerio de Defensa le comunica al Alcalde de Montecristo, que:

“En atención a la solicitud allegada con fecha 17/01/2018 mediante la cual solicita apoyo de la Fuerza Pública para llevar a cabo el desalojo y suspensión inmediata y definitiva de los trabajos realizados por mineros ilegales dentro del área concesionada por medio del contrato JG4-16531 a la Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona ‘COOPCARIBONA’, pongo en su conocimiento que se está definiendo con la Fiscalía General de la Nación la fecha de intervención en esa jurisdicción.

Una vez se determine la fecha por parte de la Fiscalía, estaremos haciendo las coordinaciones con esa Alcaldía para los fines pertinentes.”

Al respecto, la Sala encuentra que si bien los accionantes no están cobijados por un título minero que los habilite para desarrollar sus actividades de manera formal, dicha situación no es imputable a su negligencia o se deriva de la evasión a la ley, pues como se señaló en el apartado anterior, el trámite de concesión minera se concedió sin haberlos consultado y, adicionalmente, sus actuaciones encaminadas a legalizar sus trabajos artesanales y tradicionales quedaron sin sustento jurídico por la suspensión judicial de los efectos del Decreto 933 de 2013.

Como se precisó en los fundamentos de esta decisión, la normatividad que regula la materia es clara en señalar que las formas de minería de subsistencia artesanal y tradicional están admitidas por el ordenamiento jurídico, y que no corresponden a actividades de minería ilícita, las cuales sí son susceptibles de medidas sancionatorias y de prohibición (arts. 159, 160 y 161, L. 685/01, y 338 del Código Penal –L.599/00–).

Por lo anterior, las autoridades administrativas demandadas no podían imputar sanciones de desalojo o prohibición de actividades sobre los accionantes pues, como se encuentra acreditado en el proceso, desarrollaban actividades de subsistencia a través de minería artesanal.

En particular, la Sala considera que la actuación de la ANM resulta contradictoria pues adelantó un proceso de amparo administrativo en el que ella misma evidenció la presencia de mineros tradicionales, integrantes de comunidades afrodescendientes, dentro de la zona del título minero. Motivo suficiente para invalidar las actuaciones por falta de agotamiento del proceso de consulta previa y participación ciudadana.

En tal sentido, la autoridad administrativa tampoco valoró la solicitud de legalización de los trabajos que presentaron los accionantes el 10 de mayo de 2013 con fundamento en el Decreto 933 de 2013, quienes, como anteriormente se mencionó, tenían un derecho de prelación (art. 133, Ley 685 de 2001), el cual palmariamente había sido desconocido.

Para la Sala, contrario a lo afirmado por la Sección a quo, la orden de desalojo decretada por la ANM constituye una grave afectación de los derechos de los accionantes pues ellos derivan su subsistencia de sus trabajos de minería artesanal, trabajo del cual dependen alrededor de 1450 personas.

Sobre los anteriores aspectos, se destacan las siguientes pruebas aportadas al plenario.

En el expediente se encuentra el Acta N° 033 del 28 de agosto de 2017, de la audiencia celebrada por los delegados de la Agencia Nacional de Minería, dentro del trámite de amparo administrativo presentado por Coopcaribona, con los representantes de la Alcaldía de Montecristo, Coopcaribona y Asomiwa. En dicha diligencia consta la declaración de los querellados, en particular la del señor Angel Custodio Luque de Asomiwa, quien manifestó lo siguiente:

“Mina Walter es un terreno ancestral de décadas cuando fue colonizado se nos desconoció la tradición como habitantes de la zona y entregaron una concesión desconociendo una comunidad donde existe un asentamiento desde hace años, el 20 de octubre de 2009 piden una explotación anticipada, el 13 de abril de 2009 solicitan la licencia ambiental el (sic) cual fue negada por CSB, nosotros hemos estado adelantando el PMA en 2015 incluso tenemos estudios para realizar una minería limpia, es aquí donde miro que en el 2015 dan la sustracción de áreas y licencias ambientales si eso está congelado. Con respecto a la solicitud presenté copia ya en terreno aportaré documentos que harán parte de la diligencia. (…) ”

Adicionalmente, consta la intervención del señor Alirio Rojas Villegas del Consejo Comunitario Afrodescediente, quien declaró:

“Soy el presidente de JAC de Mina Walter y representante legal del concejo comunitario Afrodescendientes del alto Caribona, la comunidad es la que ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de esta problemática quiero expresar a la ANM que antes de un amparo administrativo se debe mirar la vida y los derechos, el alto Caribona es una comunidad que ha estado antes de que se creara Mina Walter existen personas que tiene más de cincuenta (50) años de estar asentados en esta zona.

Este título de Coopcaribona lo hicimos porque también aporté ya que este fue fundado desde la misma comunidad siendo presidente el señor Gerardo Muñoz Murillo y esta cooperativo fue creada para el beneficio de la comunidad minera tradicional de Mina Walter y es triste ver tantos cambios hoy en día.

El 18 de febrero de 2012 llegaron seis (6) helicópteros a la comunidad con CTI, Fiscalía, Ejército, pateando las puertas donde habían mujeres, niños, destruyeron varias máquinas de los mineros tradicionales ya teniendo una solicitud vigente.

Me gusta la idea de que vayan a la comunidad para que vean la población que se encuentra protegida por el gobierno ‘víctimas del conflicto, desplazados, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados’ y a pesar de todo esto hemos surgido solo no hemos contado con apoyo del gobierno, además hemos sido criminalizados solo por defender nuestro territorio y nuestro derecho

Hemos construido con esfuerzo propio canchas, carreteras, colegios, puentes, actualmente pagamos tres profesores para brindarle la educación a nuestros pequeños. Aparte de esto día a día nos vemos humillados, amenazados por parte de grupos al margen de la ley. Mañana en el terreno le explico por qué los niños viven cerca de los trabajos aquí no porque no es el espacio.”

Dichas aseveraciones coinciden con las manifestaciones realizadas en el Acta 018 de la mesa de trabajo municipal del 25 de mayo de 2017 celebrada con representantes de la defensoría del pueblo y la Gobernación de Bolívar, en la que se trató el tema del amparo administrativo adelantado por Coopcaribona en contra de los actores.

En esta actuación se señaló que la comunidad está integrada por 1450 personas dentro de las que se encuentran 145 niños, además de ancianos, personas en situación de desplazamiento forzado, madres cabezas de familia y personas en condición de discapacidad. Así por ejemplo, consta la intervención del señor Alírio Rojas Villegas, Presidente del Consejo Comunitario del Alto Caribona, quien afirmó:

“Desde el año 2002 venimos asentados como caserío. Coopcaribona se creó por nosotros y la Junta para beneficio de la mina. Hemos sido engañados, nosotros siempre hemos pertenecido a estas tierras desde hace más de 30 años, somos étnicos, víctimas del conflicto, comunidades Afrodescendientes. Luego de esto se presenta el amparo administrativo, nosotros respetamos el título que se ha otorgado a la cooperativa, porque sabemos que tiene sus derechos sin importar de donde sean, solo pedimos que se respeten nuestros derechos y nuestra comunidad.

Solicitamos ayuda al gobierno y a las autoridades que nos apoyen, que no permitan que nos maten de esta forma por decirlo así, ya que es difícil para nosotros que somos una comunidad con más de 1450 personas, donde tenemos actualmente estudiando 145 niños, algunos reciben sus clases en el piso porque no tenemos los recursos para suplir del todo la necesidad, contamos con cinco docentes, dos pagados por el Estado y tres por la comunidad, cuatro aulas escolares, dos canchas múltiples, construidas con esfuerzos nuestro, hemos surgido solos, pertenecemos al Municipio de Montecristo, pero el acceso acá es muy difícil, ya que ellos en vez de ayudarnos nos atacan, ya que una persona concejal, se convirtió en Gerente de esta cooperativa e hizo dictar 17 órdenes de captura en contra de ASOMIWA, donde estuvimos presos en Santa Rosa como delincuentes, dijeron que nosotros habíamos pagado a grupos armados para que minaran las instalaciones de Coopcaribona, cosa que es totalmente falsa porque en ningún momento nosotros nos hemos interpuesto queja a ningún grupo y si se da este desalojo nosotros no tenemos para dónde coger, sino para la cabecera Municipal, ya que a ella pertenecemos, situación que se volverá embarazosa ya que estoy seguro que el Municipio no tiene fuerza para alojar este número de personas.

No es cierto lo que dicen que COOPCARIBONA existe primero que nosotros, esta nació de Mina Walter. En 2006 nuestra junta tuvo personería jurídica de la Gobernación de Bolívar y el título de Coopcaribona fue adjudicado en 2008, nos hemos reunido en varias ocasiones, hemos hecho cientos de propuestas como junta de acción comunal, como asociaciones mineras, como concejo, para buscar una solución pacífica a esta problemática, realizando un trabajo mancomunado de manera limpia y responsable. Hemos realizado tres solicitudes al Estado ante el Ministerio, pero estas se encuentran congeladas para crédito al pequeño minero pero al titular, si se le conceden las solicitudes pero si se nos aplica un amparo administrativo en contra, cosa que nos parece injusta.

Ellos presentan unas propuestas que son inamovibles y no son viables, se le debe dar el 10% del valor adquirido, no tiene que ver si uno tiene gastos.

Quiero proponer que la próxima mesa de trabajo se realice en Mina Walter, para que vean por vista propia la realidad de la comunidad que no es lo que dicen.”

Por otra parte, en la misma actuación el representante de Asomiwa, también se pronunció sobre la problemática del amparo administrativo solicitado por Coopcaribona. En particular adujo:

“Tenemos solicitudes vigentes, desde el año 2012 radiqué una solicitud, luego para dialogar con Coopcaribona. Desde el año 2010 tengo pruebas donde buscamos la manera de dialogar para buscar una salida a este problema. (…) Yo he estado preso por defender mis derechos, me capturaron como si fuese un delincuente y quiero que esto se tenga en cuenta los matoneos, hemos luchado para que la comunidad permanezca en su territorio, los derechos se defienden no se mendigan.

Pienso que se debe hacer una consulta previa, debido a que no sé por qué le aprobaron el título a Coopcaribona. El mes pasado se consultó en la ANM (AGENCIA NACIONAL MINERA) porque no se le da viabilidad a las solicitudes de ASOMIWA, solicitamos que por favor se nos de viabilidad a nuestras solicitudes.
(…)
Nosotros tenemos la voluntad de seguir avanzando, este título le pertenece a la comunidad y se lo han arrebatado; hemos realizado varios proyectos pero hemos tenido problemas a la hora de realizarlos, debido a que no contamos con la aprobación del gobierno.

Pedimos comedidamente se nos concedan las solicitudes, que por favor se nos devuelva nuestro territorio y que el matoneo por dinero se acabe, yo he sufrido atentados por defender lo que nos pertenece.”

Finalmente, resulta pertinente citar la intervención del señor Defensor del Pueblo Regional del Magdalena Medio, Jaime Jovany Díaz, quien señaló respecto al problema del amparo administrativo lo siguiente:

“(…) El tema de Mina Walter en realidad este es complejo, conocí un comunicado que de forma conjunta me hizo llegar algunas asociaciones, donde solicitan que las autoridades intervengan para atender en la brevedad posible la solicitud acerca de la existencia de este amparo administrativo, en el que la Agencia Nacional Minera ha decretado en beneficio de esta cooperativa. Muy importante es escuchar y conocer la realidad que se vive, no es igual haber leído yo este informe, el cual prendió las alarmas a nivel de la Defensoría del Pueblo para entrar en el trabajo de monitoreo, el cual consideramos importante. Primeramente por la existencia de este título minero, del cual presumo fue obtenido por parte de la cooperativa habiendo acreditado a la Agencia esta concepción, se argumenta que prosperan debido a las actividades ilegales que se vienen desarrollando por parte de personas indeterminadas, considero que hay cierta inconsistencia en este punto, ya que no se está hablando de personas indeterminadas, sino de personas con permanencia de muchos años, que realizan actividades artesanales de tipo minero, no es posible que a fondo de este proceso se vea como desconocido y que se les atribuya calidad de personas indeterminadas.

Así como en su momento la cooperativa Coopcaribona logró obtener la licencia, las personas que de manera artesanal y de acuerdo a la norma, la ley 685 contempla la posibilidad de que las personas asentadas en un territorio que realicen actividades mineras de manera artesanal y además con cualidades específicas de comunidades étnicas, tienen un amparo especial frente al hecho de beneficiarse con la expedición de contratos de concepción.

Cuando se menciona, la forma como la cooperativa que cuenta con título minero viene realizando afectaciones a los recursos naturales, contaminando el agua y al final a la comunidad. Existen obligaciones para quienes poseen un título minero a la hora de realizar la actividad minera. Nos damos a la tarea con mi equipo de trabajo de construir documentos que sirvan de insumo a través de la delegada de acciones Constitucionales y Legales de la Defensoría, para que se logre intervenir en la primera infancia frente al tema del amparo administrativo.

Dado que no se conoce la realidad del expediente y bajo qué características legales los solicitantes del amparo logran que se falle a su favor.

Solicitar a la delegada en qué términos se decretó a través de auto este amparo administrativo y además que quiénes realizan la actividad:
No lo hacen de manera ilegal.
No son personas indeterminadas.
Son mineros artesanales que tiene unas solicitudes en trámite.

Estamos hablando de una comunidad dentro de su idiosincrasia e identidad cultural, con permanencia que es el CIAT, se pronuncien.” (Resaltados adicionados al texto).

La Sala estima importante enfatizar algunos aspectos. En primer lugar, como lo expresó el Defensor del Pueblo Regional del Magdalena Medio en el trámite de amparo no se estaba hablando de personas indeterminadas, pues Coopcaribona conocía de la presencia de las asociaciones y cooperativas accionantes, lo que constituye un claro desconocimiento del debido proceso administrativo.

Tal actuación contraviene el artículo 310 de la Ley 685 del 2001 según el cual la presentación de la solicitud de amparo administrativo debe notificarse al presunto causante del hecho, “citando a secretaría o por comunicación entregada a su domicilio si fuere conocido o por aviso fijado en el lugar de sus trabajo mineros de explotación y por edicto fijado por dos días en la alcaldía.”

En segundo lugar, Coopcaribona al conocer de la presencia de los actores en la zona del título minero, conocía también de su carácter de mineros artesanales y tradicionales, el cuál ocultó desde el trámite de solicitud de la concesión minera y hasta la solicitud de amparo administrativo elevada a la Agencia Nacional de Minería. Dicho dato era relevante porque, no solamente indicaba la necesidad de realizar el trámite de procedimiento consultivo de la comunidad, sino que también permitía valorar la protección legal que ofrecía el Código Minero a los trabajadores artesanales.

Finalmente, la determinación del carácter de mineros tradicionales probado el mismo trámite del amparo administrativo, tenía como consecuencia lógica la improcedencia de cualquier medida administrativa de desalojo y prohibición de trabajo, por parte de la autoridad minera. Como se ha recabado a lo largo de esta sentencia, la minería artesanal es una actividad admitida y protegida por el ordenamiento jurídico colombiano, que se diferencia diametralmente de las actividades de minería ilícita sancionadas por el propio Código minero y por el Código Penal.

De esta manera, la Sala constató que se vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, el trabajo, la subsistencia digna, la autonomía, integridad e identidad cultural de los accionantes, por parte de las autoridades administrativas accionadas (Agencia Nacional de Minería y Alcaldía de Montecristo), al dar trámite al proceso de amparo administrativo GSC N° 000861, dentro del cual, además, se ordenó el desalojo y cancelación de actividades desarrolladas por los accionantes en la Mina Walter de la verada Caribona del municipio de Montecristo (Bolivar).

En consecuencia, respecto a este cargo, también se concederá el amparo de los derechos solicitados por los demandantes.

Síntesis de la decisión y remedio judicial a adoptar

En el asunto de la referencia la Sala estudio, en sede de impugnación, la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, respecto de dos tipos de actuaciones:

• De una aparte, por la afectación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los actores, por la suspensión de los efectos del Decreto 933 de 2013 ordenado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del trámite del medio de control de nulidad simple que se adelanta contra la referida norma.

Frente a este primer cargo, la Sala consideró que no se cumplieron los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción de tutela, en particular el relativo a la subsidiaridad, comoquiera que el trámite del proceso ordinario de nulidad simple se encuentra en curso y, la parte actora puede intervenir en el mismo a través de su vinculación como coadyunante, con el fin de ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios que establece el ordenamiento jurídico.

De esta manera y debido a que los actores no hacen parte en dicho medio de control, la Sección declarará improcedente el primer cargo. No obstante, y debido a la afectación a los derechos que puede causar la mora en la resolución de la legalidad del Decreto 933 de 2013 en casos similares al estudiado en el proceso de la referencia, se pondrá en conocimiento de la Sección Tercera de esta Corporación la presente decisión, con el fin de que, dentro del marco de su autonomía como juez ordinario del proceso de nulidad simple, tenga en cuenta la afectación de derechos que implica la mora en la definición de la súplica y la nulidad simple del Decreto 933 anteriormente citado.

• De otra parte, la Sala estudio la afectación de derechos fundamentales por las actuaciones administrativas que dieron lugar a (i) la concesión de un título minero en favor de Coopcaribona, sobre la zona de la Mina Walter en la que habitan y trabajan los actores, y que fue concedida con presunto desconocimiento de sus derechos a la participación y a la consulta previa; y (ii) por el amparo administrativo que concedió la ANM a Coopcaribona y con base en el cual se ordenó el desalojo y suspensión de las actividades de trabajo de minería artesanal que desarrollan los accionantes en la Mina Walter.

En relación con este segundo cargo, la Sala determinó que, (A.) en relación con la concesión del título minero, no se cumplió con el trámite de consulta previa a la comunidad afrodescendiente y de participación a la población restante que habita y trabaja en la mina Walter, al momento de otorgar la concesión JG4-1653, por parte de la Secretaría de Minas del Departamento de Bolívar.

En concreto, se evidenció que se vulneró el derecho –a la consulta previa– de la comunidad afrodescendiente de la zona, que en este caso fue representada por el Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Alto Caribona. Respecto de esta comunidad se concederá el amparo del derecho a la consulta previa y, en consecuencia, se ordenará realizar el proceso consultivo. Para el efecto, y con base en las sub-reglas decisionales expuestas en esta sentencia, se dejarán sin efectos las actuaciones administrativas surtidas en el trámite de concesión, las cuales podrán ser reiniciadas.

En segundo lugar, se consideró vulnerado el derecho a la participación de los demás integrantes de la comunidad de mineros y del municipio de Montecristo que no son parte de la comunidad afrodescendiente, debido a los impactos que genera la actividad minera en su territorio y a la población. En este caso, se concede el amparo, razón por la que se ordenará a las autoridades administrativas responsables, el desarrollo de las correspondientes actividades para garantizar la participación efectiva de los habitantes y trabajadores de la población que puedan resultar afectados por el proceso de concesión minera.

Frente a la decisión de invalidar las actuaciones administrativas que dieron lugar a la concesión, la Sala hace dos precisiones:

De una parte, que al rehacer la actuación administrativa, no se prohíbe el desarrollo de la actividad minera por parte de los accionantes, así como de la Cooperativa Multiactiva de Caribona –Coopcaribona–, pues lo que se está amparando es el derecho a la consulta y a la participación de las comunidades que fueron excluidas inicialmente del proceso de concesión.

Y, de otra parte, que la re-iniciación de las actuaciones administrativas del proceso de concesión es el remedio judicial adecuado en este caso, pues al no existir un mecanismo jurídico para la legalización del trabajo de los accionantes, la única alternativa para salvaguardar su derecho al trabajo y a la subsistencia es su integración en la eventual titulación de concesión para la explotación de la mina Walter.

(B.) En lo que tiene que ver con el amparo administrativo que concedió la ANM a Coopcaribona y las órdenes de desalojo y suspensión de las actividades de trabajo de minería artesanal que desarrollan los accionantes en la Mina Walter, la Sala concluyó que constituían una vulneración a los derechos fundamentales a la dignidad humana, el trabajo, la propiedad colectiva, la autonomía, integridad e identidad cultural de los accionantes.

El análisis de las actuaciones adelantadas por las autoridades administrativas, en especial la Agencia Nacional de Minería, así como del material probatorio obrante en el proceso, dieron cuenta de la vulneración de los derechos de los accionantes por el continuo y sistemático desconocimiento de su calidad de mineros artesanales y tradicionales asentados en la mina Walter, incluso mucho tiempo antes del otorgamiento de la concesión minera.

En este caso, las pruebas demostraron que tanto la ANM como Coopcaribona tenían conocimiento de la presencia de afrodescendientes y mineros tradicionales que ejercían la actividad de subsistencia en la zona del título concesionado, quienes, además, merecían especial protección bajo los propios mandatos legales de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).

Por tal motivo, y con base en las sub-reglas decisionales recabadas en esta sentencia la Sala ordenará el amparo pleno de sus derechos fundamentales de los actores y, adicionalmente, dejará sin efectos las actuaciones administrativas surtidas dentro del amparo administrativo adelantado por la ANM en contra de los accionantes.

• Finalmente, y con miras a lograr un amparo integral, se ordenará el acompañamiento y verificación de las órdenes dictadas en la presente sentencia, por parte de los órganos de control y del ministerio público. Lo anterior, con el fin de garantizar tanto los derechos de las partes, como el adecuado cumplimiento de los estándares legales, en lo que a la minería corresponde.

Sobre este último punto, la Sala enfatiza en que la minería es una actividad permitida por la Constitución, pero bajo estrictos estándares ambientales, laborales, de planificación estatal y de participación. Dichos estándares dan, igualmente, sentido y fundamento a este fallo. Por tal motivo, el Consejo de Estado, y esta Sección en particular, considera que la minería es una actividad en la que resulta imprescindible la participación de las comunidades en las decisiones que los afectan, incluida de manera especial la consulta previa, la que a su vez, implica importantes responsabilidad con miras a lograr la protección de un ambiente sano y el cumplimiento de los estándares técnicos y jurídicos en materia minera.

En consecuencia, el acompañamiento ordenado a los órganos de control, conlleva, igualmente, un seguimiento al cumplimiento de los estándares medio-ambientales en la materia.

En suma, al haberse constatado la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, esta Sección modificará la decisión adoptada en primera instancia para, en su lugar, decretar el amparo pleno de los derechos invocados.

III.DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia del 13 de febrero de 2018, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo del derecho a la dignidad humana de los accionantes. En su lugar:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela solicitada en contra del Auto de 20 de abril de 2016 proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. Con base en estas últimas, REMITIR copia de este fallo a dicha Sub-sección, para lo que estime conveniente.

SEGUNDO: CONCEDER EL AMPARO PLENO de los derechos de la Comunidad de Afrodescendientes de la vereda de Alto Caribona y de los mineros tradicionales de la mina Walter a la consulta previa y a la participación ciudadana, respectivamente, así como de los derechos fundamentales a la vida y subsistencia dignas, el mínimo vital, el trabajo, la autonomía, integridad e identidad cultural y social. En consecuencia,

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el título de concesión minera de referencia JG4-1653, otorgado el 7 de octubre de 2008 por la Secretaría de Minas del Departamento de Bolívar a la Cooperativa Multiactiva del Caribona – Coopcaribona, con base en las consideraciones expuestas en esta sentencia, en particular, las expuestas en el apartado correspondiente a “la síntesis de la decisión y el remedio judicial a adoptar”.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio del Interior, para que, dentro de un (1) mes a partir de la notificación de esta sentencia, a través de las Direcciones de Consulta Previa y Asuntos de Comunidades Negras, realice, garantice y coordine el trámite de la consulta previa, en cuyo desarrollo participarán las comunidades afrodescendientes de la vereda Caribona del Municipio de Montecristo (Bolívar), comunidad que deberá ser plenamente informada y escuchada, por conducto de sus representantes autorizados, desde la etapa de preconsulta hasta la finalización del proceso, sobre el contrato de concesión que se concederá en la zona correspondiente a la mina Walter.

QUINTO: ORDENAR al Alcalde municipal de Montecristo (Bolívar) y a la Agencia Nacional de Minería realizar, dentro de un (1) mes a partir de la notificación de esta sentencia, una Audiencia Pública con la participación de la comunidad y, especialmente, a los demás mineros tradicionales de la vereda Caribona de la localidad, para garantizar su derecho a la participación efectiva, en relación con la concesión del título minero sobre la zona en la que se encuentra la mina Walter. Para el efecto, las autoridades administrativas mencionadas deberán presentar cada una un informe en el que señalen los impactos territoriales, ambientales, sociales, económicos y culturales que puedan derivarse de la concesión del título minero en la zona de la verada Caribona en donde se ubica la mina Walter.

SEXTO: DEJAR SIN EFECTOS todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso de amparo administrativo tramitado por la Agencia Nacional de Minería, bajo el expediente administrativo con radicado JG4-16531 y que dio lugar a la Resolución GSC N° 000861 del 28 de septiembre de 2017, que ordenó el desalojo de las personas que venían realizando las actividades de minería artesanal en la zona y la suspensión de las actividades de explotación minería.

SÉPTIMO: SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo, Delegada para Asuntos Indígenas y las Minorías Étnicas y a la Procuraduría General de la Nación, Delegada para Asuntos Étnicos, que, junto con sus delegadas con competencia en la región, apoyen, acompañen y vigilen el pleno cumplimiento de lo determinado en el presente fallo, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos aquí protegidos, y para que se adopten, si es del caso, medidas de protección a la comunidad de la vereda Caribona del municipio de Montecristo (Bolívar). Dicho seguimiento deberá, adicionalmente, verificar el cumplimiento y respeto de los estándares legales y ambientales en materia de minería.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones formuladas en la demanda de tutela de la referencia.

NOVENO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

DÉCIMO: REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ausento con permiso

Folio 1 del expediente. La Asociación de Mineros de Mina Walter -Asomiwa- es una organización sin ánimo de lucro constituida con el objeto de “contribuir al avance y desarrollo regional a partir de la exploración y explotación de yacimientos auríferos y en consecuencia para el mejoramiento del nivel de sus asociados y de la comunidad en general, mediante la identificación, formulación, gestión y ejecución de proyectos técnicos y tecnológicos relacionados con la minería". Cfr. Certificado de existencia y representación, que obra en el CD de anexos a folio 46 del expediente. El Consejo Comunitario del Alto Caribona fue constituido e inscrito ante la Alcaldía, mientras se adelantaba el trámite de inscripción ante la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Cfr. certificación emitida por la Secretaria General y del Interior de la Alcaldía de Montecristo del 28 de octubre de 2015 (Folio 521 -vuelto- del expediente de tutela), en la que se certifica: “Que el Consejo Afro Colombiano se encuentra situado en la Vereda Mina Walter Alto Caribona, jurisdicción del Municipio de Montecristo, Departamento de Bolívar, cuyo Representante legal es el señor Alirio Rojas Villegas (…)”. La Corporación Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez” es una organización sin ánimo de lucro que tiene por objeto “propender por la transformación social, contribuir a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y de los pueblos, en los términos de los artículo 93, 95 numeral 3, 4, 5, 214 numeral 2 de la Constitución Nacional y de los convencios y pactos internacionales que tengan el mismo objeto.” Cfr. Certificado de existencia y representación, que obra en el CD de anexos a folio 46 del expediente. Al respecto, los hechos que se describen en el presente acápite, derivan tanto del contenido de la demanda, como de los elementos materiales probatorios aportados al proceso. La decisión de la Corte se fundó, básicamente, en los siguientes aspectos: (i) La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, reconocido por la Constitución Política de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, que hace parte de nuestro ordenamiento constitucional por vía de bloque de constitucionalidad; (ii) dicho derecho ordena que la adopción de medidas legislativas que afecten los intereses de las comunidades indígenas y afrodescendientes deben ser consultadas previamente; (iii) las actividades reguladas en la reforma del Código de Minas (Ley 1382/10), relacionadas con la exploración y explotación minera en los territorios indígenas y afrodescendientes, afectan e incidente intensamente en los derechos de dichas comunidades; (iv) debido a que la reforma preveía algunas medidas para mitigar los efectos ambientales de la actividad minera, se hacía necesario diferir los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la ley.
“Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de formalización de la minería tradicional y se modifican unas definiciones del glosario minero”. Resolución 0861 del 28 de septiembre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, que concedió el amparo administrativo a Coopcaribona. Folio 509. Decreto 933 de 2013, artículo 14. “Parágrafo. Desde la presentación de la solicitud de formalización y hasta tanto la Autoridad Minera competente no resuelva de fondo el trámite, y se suscriba el respectivo contrato de concesión minera, no habrá lugar a proceder a la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de la Ley 685 de 2001, sin perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental, así como las relacionadas con la seguridad minera. La explotación y comercialización de minerales, se realizará conforme a las leyes vigentes que regulen la materia.”
Ley 685 de 2001, artículo 165: “Legalización.

Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero (1°) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta no sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados, mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código.”
Folio 374. Como entidades demandadas, se notificó a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a los ministros de Minas y Energía y del Interior, al presidente del Senado, a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, al Director de la Agencia Nacional de Tierras, al Director General de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, al Alcalde de Montecristo –Bolívar–, al Personero municipal de Montecristo, a Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al representante legal de Coopcaribona. Folio 67. Folios 69 a 79. Folios 205-207. Folios 107-111. Folios 443 a 449. Folios 135 a 140. Folios 235 a 236. Folios 165 a 167. Folios 343 a 344. Folio 746. Folios 648-660. Folio 660 del expediente de tutela. La decisión de primera instancia le fue notificada en correo electrónico del 7 de marzo del 2018, por lo que la impugnación fue presentada dentro del término legamente establecido para el efecto. Señalaron como vulnerados sus derechos a la vida, al mínimo vital, la dignidad humana, la vivienda digna, el debido proceso, la consulta previa, la igualdad, la participación, el territorio y la propiedad colectiva de la tierra, la administración de justicia, al trabajo, a la libertad para ejercer una profesión u oficio, a no ser desplazados del territorio, a la libre asociación, a presentar y obtener una pronta resolución a sus peticiones, y a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. La Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía, la Alcaldía de Montecristo (Bolívar), la Personería de Montecristo, así como por la Cooperativa Multi-activa del Caribona –Coopcaribon. Cfr. Sentencias SU-133 de 2017, C-389 de 2016, T-256 de 2015 y T-1045A de 2010. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la que se adoptaron los criterios expuestos en la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005. En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.

Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
Cfr. Sentencia C-127 de 2004 y SU-133 de 2017. Artículo 6º del Convenio 169 de la OIT. Cfr. Sentencia SU-133 de 2017. Cfr. Sentencia SU-133 de 2017. Cfr. Sentencias T-294 de 2014, T-576 de 2014 y SU-133 de 2017. Cfr. Sentencia C-389 de 2016. Cfr. Sentencia SU-133 de 2017. En la sentencia T-194 de 1999 se amparó el derecho a la participación de una comunidad de pescadores frente a la construcción de la hidroeléctrica Urra 1. En la sentencia T-606 de 2015 se amparó el derecho de los pescadores artesanales del parque Tayrona frente a la decisión administrativa que ordenó la prohibición de la pesca artesanal. En la sentencia T-244 de 2012 se amparó el derecho a la participación de los trabajadores informales del mercado Bazurto de Cartagena por la construcción de obras de infraestructura en dicha ciudad. Por su parte en la sentencia T-537 de 2013 protegió el derecho de participación de los ciudadanos de Bogotá por el cambio de la destinación de un inmueble que era de interés cultural. Especial mención merece el caso analizado en la sentencia T-047 de 2011 en el que la Corte Constitucional conoció de una demanda en contra de la alcaldía de Yumbo (Valle de Cauca), en la que la administración municipal le había ofrecido un albergue a los habitantes de un albergue tradicional cuyas viviendas habían sido destruidas por el desbordamiento de una quebrada. En el caso la Corte consideró que no era competente para referirse a la identidad étnica de los accionantes, pero amparó el derecho a la vivienda digna y ordenó la ejecución de un plan de reubicación que garantizara la participación de los afectados, que no había sido respetada por las entidades accionadas. En relación con los conceptos de antecedente y precedente judicial, la Corte Constitucional ha explicado que el primero hace referencia a aquellas decisiones de una controversia anterior que pueden tener una similitud, desde el punto de vista fáctico, y que guían, desde el punto de vista jurídico, al juez para resolver un caso posterior. Por tanto, el antecedente tiene un carácter orientador para la actividad judicial. Por su parte, el segundo concepto, precedente judicial, se refiere a la providencia o conjunto de decisiones que guardan identidad fáctica y jurídica (problema jurídico) con un caso nuevo a resolver, y en los que se fijó una regla de decisión (ratio decidendi) que resulta vinculante (argumentativamente hablando) para la solución de los casos futuros. Al respecto, se pueden consultar las sentencia T-292 de 2006, T-830 de 2012, T-285 de 2013, T-102 DE 2015, C-621 de 2015, SU-449 de 2016 y SU-406 de 2016. Cfr. Sentencia SU-133 de 2017. En la sentencia C-327 de 2017, se explicó que “la jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe tener en cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno. No obstante, también ha dicho que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos fundamentales debe ser sistemática, en concordancia con las reglas constitucionales y que además cuando se usen precedentes de derecho internacional como criterio hermenéutico se deben analizar las circunstancias de cada caso particular para establecer su aplicabilidad.”
Cfr. CorteIDH, sentencia del 28 de noviembre de 2007. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Cfr. CorteIDH, sentencia del 27 de junio de 2012. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Cfr. CorteIDH, sentencia del 8 de octubre de 2015.

Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. En esta decisión, Honduras había omitido adoptar una serie de medidas para sanear los territorios de la comunidad Garífuna que había sido titulada en 1993 y que habían sido ocupados irregularmente por terceros desde 1999. En el caso, la situación se veía agravada porque en diciembre de 2014 se había otorgado una concesión para la exploración de minerales no metálicos por un periodo de 10 años, en 800 hectáreas que incluían los territorios titulados a los Garífuna. El Estado Hondureño alegaba que la concesión se encontraba en fase de exploración y recolección para constatar la factibilidad del proyecto; que el mineral se encontraba a 1,25 kms del asentamiento de la comunidad indígena y que la ley relativa a la actividad minera solamente exigía los estudios de impacto ambiental y la consulta previa cuando se superara la etapa exploratoria. La Corte encontró que el Estado había incumplido con sus obligaciones de respeto, garantía y adopción de medidas en el derecho interno (arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos) respecto de los derechos a la identidad cultural, a la propiedad colectiva y a la consulta previa de las comunidades, debido a que el objeto de la concesión -el uso del subsuelo y la realización de las actividades mineras, geológicas y geofísicas- producía una afectación directa a las comunidades, que debía ser consultada. En particular, señaló que “la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier proyecto de exploración que pueda afectar el territorio tradicional de las comunidades indígenas y tribales” y que “la consulta debía realizarse de forma previa a la autorización y programas de prospección o exploración.”
Cfr. CorteIDH, sentencia del 25 de noviembre de 2015. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. En este caso, la Corte conoció de una demanda presentada por los pueblos Kaliña y Lokono por la concesión otorgada por un periodo de 75 años para la extracción de mineral bauxita de su territorio en un área que abarcaba entre 100 y 144 hectáreas de su territorio; adicionalmente, alegaban que la declaración de zona de reserva natural en su territorio, restringía sus actividades de caza y pesca. En el asunto, el estudio de “sensibilidad ambiental” de 2005, había recomendado terminar las actividades de explotación tan pronto fuera posible, sin embargo, estas solo fueron concluidas en el año 2009. El Estado de Surinam alegaba que la reserva protegía a las comunidades; que la concesión se había entregado cuando estas no habitaban la zona; que la distancia entre el pueblo indígena y el área de concesión era de 6.3 kms; que ya no se realizaban actividades de exploración, ni de explotación; y que las que se llevaron a cabo no tuvieron efectos nocivos sobre las presuntas víctimas, las cuales fueron compensadas por los posibles daños, e incluso se vieron beneficiadas por las actividades madereras. La Corte determinó que la delimitación de áreas protegidas debía armonizarse con el respeto por el uso y goce de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Razón por la que el Estado demandado debía adoptar mecanismos para garantizar la participación de los pueblos en la conservación de las reservas y sus beneficios. Respecto a la concesión minera, la Corte señaló, en particular, que sin importar el momento en que se habían ejecutado las acciones que podrían afectar los intereses de las comunidades, el Estado tenía el deber de agotar el procedimiento de consulta con antelación a la extracción o explotación de recursos, que había iniciado tiempo después, cuando se había establecido el lugar en donde se realizarían las actividades extractivas. Además de las decisiones que se mencionan en esta providencia, se pueden consultar las siguientes: T-769 de 2009, T-129 de 2011 y T-849 de 2014.

En tales sentencias, se amparó el derecho a la consulta previa por el impacto ambiental que implicó la entrega de concesiones mineras y operaciones de exploración y explotación sobre las tierras ancestrales de las comunidades que eral demandantes en cada proceso. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-1045A de 2010 y SU-133 de 2017. Este Decreto en su artículo 17 señalaba que el otorgamiento de licencias y contratos de concesión no se oponía a la actividad minera de susbsistencia, que recogía el mismo Código en su capítulo XVII. En este último, señalaba como formas de minería artesanal “el barequeo” (art. 134), el cual era permitido de forma popular de subsistencia en zonas auríferas (art. 136), quienes desarrollaran dicha actividad debían inscribirse en las correspondientes alcaldías, para fines de vigilancia y control. Por su parte, en el artículo 287, señalaba que estaba prohibida y que eran susceptibles de desalojo, las formas de explotación ilícita o irregular de los minerales. Exposición de motivos del proyecto de Ley 10 de 2007, que dio lugar a la Ley 1082 de 2010. En dicha sentencia el Tribunal Constitucional señaló que: “(…) la Ley 1382/10 contiene decisiones legislativas que inciden directamente en la explotación de recursos mineros en los territorios de las comunidades étnicas, su expedición debió estar precedida de espacios de participación para dichos pueblos, en los términos del parágrafo del artículo 330 C.P. y los artículos 6º y 15 del Convenio 169 de la OIT. Esto se sustenta en el hecho que tales disposiciones son aplicables a las actividades de exploración y explotación minera en dichos territorios. En consecuencia, al tratarse de medidas legislativas que afectan directamente a las comunidades, de conformidad con lo expuesto en este fallo, debieron someterse al trámite de consulta previa (…) ”. Cfr. Supra, “2. Presentación del asunto objeto de impugnación, problema jurídico y metodología de la decisión”. Cfr. Supra, “Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales”. Decreto 2591 de 1991, artículo 10: “Legitimación en interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”. Al respecto se pueden consultar la sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicado 50001-23-33-000-2016-00507-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Folio 118 -anverso- del expediente-
Al respecto, se pueden consultar las siguientes decisiones: Sentencia del 4 de agosto de 2016, radicado 25000-23-41-000-2015-000873-01, C.P. Rocío Araújo Oñate (accionante: Comunidad Muisca de Bosa); Sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicado 50001-23-33-000-2016-00507-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro (accionante: Resguardo Indígena Alto Unuma – Meta); y Sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicado 44001-23-33-000-2016-00155-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Al respecto, obra a folios 522 a 526 el Acta de la mesa de trabajo municipal que se desarrolló el 25 de mayo de 2017, en donde se indicaron estos aspectos. Cfr. Supra: “Sentencia de primera instancia”. Folio 521 -vuelto- del expediente de tutela. Actualmente, la competencia para otorgar los títulos en áreas mineras está en cabeza de la Agencia Nacional de Minería (artículo 4º, numeral 3º), según lo dispuesto en el Decreto 4143 del 3 de noviembre de 2011, “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, se determina su objetivo y estructura orgánica.”
Informe de Riesgo en CD anexo a folio 47 del expediente. Informe de Riesgo en CD anexo a folio 47 del expediente. Ver infra, citas correspondientes al pie de página 59. Cfr. Supra, “La minería tradicional y su marco normativo. La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la relación entre minería y el derechos a la participación y consulta previa”.

Ley 685 de 2001, artículo 133: “Derecho de prelación de las Comunidades Negras. Las comunidades negras tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera de comunidad negra. Esta concesión podrá comprender uno o varios minerales y le serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo.”. Cfr. sentencias C-366 de 2011. Cfr. sentencia SU-133 de 2017. Supra. “5. El principio de la participación ciudadana, la consulta previa y su relación con la minería tradicional”. Folios 513 a 515 del expediente. Folio 509 del expediente. Cfr. Supra, “La minería tradicional y su marco normativo. La Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la relación entre minería y el derechos a la participación y consulta previa”. Folios 421 a 427 del expediente de tutela. Folios 522 a 526 del expediente. Ley 685 de 2001, artículo 310: “Notificación de la querella. De la presentación de la solicitud de amparo y del señalamiento del día y hora para la diligencia de reconocimiento del área, se notificará al presunto causante de los hechos, citándolo a la secretaría o por comunicación entregada en su domicilio si fuere conocido o por aviso fijado en el lugar de sus trabajos mineros de explotación y por edicto fijado por dos (2) días en la alcaldía.”. Supra, “d. Síntesis de las sub-reglas decisionales-jurisprudenciales en materia de consulta previa, derecho a la participación y minería tradicional”
Supra, “d. Síntesis de las sub-reglas decisionales-jurisprudenciales en materia de consulta previa, derecho a la participación y minería tradicional”

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