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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01845-01

Fecha
26 de abril de 2018
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01845-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Modifícase la sentencia del 7 de marzo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado la cual quedará así: “Declárase improcedente la acción de tutela interpuesta contra las decisiones proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de acción de tutela que culminó con la sentencia T-1024 de 2012. Niégase la solicitud de amparo invocado frente a las Resoluciones 709 de 2016 y 583 de 2017, expedidas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y en relación con el auto del 5 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del trámite del incidente de desacato.” SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-01845-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

26 de abril de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente para controvertir la sentencia, que culminó con el trámite de revisión en la Corte Constitucional al operarse la cosa juzga constitucional / ACCIÓN DE TUTELA - Niega la solicitud de amparo frente a las resoluciones expedidas por la Sociedad demandante y en relación al trámite del incidente de desacato

En concordancia con lo considerado por el máximo órgano constitucional, la Sala considera que no es procedente estudiar los defectos invocados por la parte demandante en relación con la sentencia del 23 de noviembre de 2009, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la providencia T-1024 proferida el 28 de noviembre de 2012 de la Corte Constitucional. Esto, porque la sentencia proferida por el tribunal demandado culminó su trámite de revisión y frente a la decisión proferida por la Corte Constitucional opera la cosa juzgada constitucional. (…). En relación con [las resoluciones], la parte demandante advierte que ordenan la ejecución de la entrega de unos bienes que no son de propiedad del señor [F.M.B.]. El juez de primera instancia consideró que la solicitud de amparo interpuesta es improcedente porque para controvertir estos actos, la sociedad demandante cuenta con los mecanismos judiciales consagrados en la Ley 1437 de 2011. Frente a este cargo la Sala no comparte lo manifestado por la Sección Cuarta de esta corporación, en relación con la improcedencia de la acción de tutela, puesto que las resoluciones atacadas son actos de ejecución, los cuales no son susceptibles de ser controvertidos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. (…). La Sala considera que en el presente caso, la acción de tutela debe negarse toda vez que los actos proferidos por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. fueron expedidos en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-1024 de 2012, por lo que cualquier inconformidad frente a la propiedad de los bienes objeto de estas, debió haber sido planteada al interior del trámite constitucional. (…). La parte actora considera que el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del incidente de desacato iniciado por el señor [F.M.B.], es violatorio de sus derechos fundamentales puesto que no le permite oponerse a la entrega de los bienes que son de su propiedad. Manifestó que esta decisión contraría lo dispuesto por las mismas autoridades judiciales que en las que se indicó que las decisiones judiciales y de la Fiscalía Especializada 31 solo son vinculantes para las personas o sujetos que fueron o tuvieron la calidad de partes o terceros admitidos en esos procesos. (…). Por lo expuesto, la Sala considera que la decisión de impedir la entrega material de los predios ubicados en la Isla Tierra Bomba, está debidamente fundamentado en la decisión proferida por la Corte Constitucional, máxima autoridad de la jurisdicción constitucional y cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada, como se indicó en esta providencia, y como fue ordenado por dicha corporación.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 30 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / LEY 1437 DE 2011 / LEY 1708 DE 2014 - ARTÍCULO 106

DEVOLUCIÓN DE LOS PREDIOS OBJETO DE MEDIDAS CAUTELARES - La ley que regula el trámite de devolución de los predios no admite que se presenten oposiciones sobre la propiedad o posesión

[L]la Sala debe precisar que la devolución de los predios objeto de medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio tiene norma especial, esto es, la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. (…). De la norma antes transcrita, la Sala considera que en el trámite de devolución de los bienes ubicados en la Isla de Tierra Bomba no era procedente la oposición sobre la propiedad de los mismos, puesto que estos excede la competencia de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., autoridad que en desarrollo de las facultades establecidas en la ley, deberá asumir la administración de los bienes objeto de dichas medidas de manera inmediata y hasta tanto se enajenen o se devuelvan, de conformidad con la decisión procedente dentro del proceso de extinción de dominio. (…). Por lo tanto, la Sala concluye que la ley que regula el trámite de devolución de los predios no admite que, en ese momento procesal, se presenten oposiciones sobre la propiedad o posesión de los mismos y como bien lo consideró la Corte Constitucional, si existen controversias sobre la propiedad de los bienes objeto de la sentencia T-1024 de 2012, lo procedente era acudir a la jurisdicción ordinaria, mediante los mecanismos judiciales correspondientes para que dicho conflicto sea dirimido que, para el caso en estudio, sería el proceso posesorio contemplado en el Código Civil. Con todo, es del caso precisar que en el expediente, la sociedad Natturale y Cía S.C.A., no allegó prueba alguna sobre la presunta oposición que ejerció en la diligencia de entrega ni tampoco aportó algún medio de convicción que demuestre que la sociedad de Activos Especiales S.A.S. le impidió ejercer dicho derecho. Bajo este análisis, la Sala considera que en el caso no estudio no existe vulneración a los derechos fundamentales invocados por la sociedad actora.

NOTA DE RELATORÍA: La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015, M.P. Mauricio González, indicó la improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones de acciones de tutela. Por lo tanto, en términos de la misma sentencia, al admitirse una nueva acción de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que reglamentan la materia, ya que una vez culminado el proceso de selección opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Sin embargo, en dicha providencia, la Corte Constitucional precisó que puede, excepcionalmente, proceder una acción de tutela contra providencias proferidas en ejercicio de la acción de amparo constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01845-01(AC)

Actor: NATTURALE Y CIA. S.C.A.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. S.A.E.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la sociedad Natturale y Cia. S.C.A. en contra del fallo del 7 de marzo de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que decidió:

“(…)

1. DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la sociedad Natturale y Cía S.C.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” y la Sociedad Activos Especiales S.A.S. S.A.E.

(…)”

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La sociedad Natturale ejerció acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias del 23 de noviembre de 2009 y el auto del 5 de junio de 2017, proferidas por la autoridad judicial demandada al interior del incidente de desacato interpuesto en el proceso de acción de tutela T-1024 del 28 de noviembre de 2012 y, además, con la expedición de las Resoluciones 709 del 18 de julio de 2016 y 583 del 4 de julio de 2017, actos administrativos proferidos por la sociedad mencionada.

En consecuencia, solicitó que se ampararan los derechos fundamentales invocados y se dejara sin efectos las decisiones judiciales y administrativas aludidas.

La solicitud de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La Sala relata los siguientes hechos que servirán de sustento para la decisión:

Los señores (i) Fernando Martínez Bohórquez, en su calidad de socio de Inversiones Bocachica S.A. y representante legal de Inversiones Carey E.U. e Inversiones Portal del Sol E.U.; (ii) Nayib Fernando Fontalvo Corrales y José Borre Aguilera, en calidad de socios de Inversiones Bocachica S.A.; y (iii) Lourdes Escobar Araujo, actuando en nombre propio y como representante legal de Bray Escobar S. en C.; presentaron acción de tutela en contra de la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y la Dirección Nacional de Estupefacientes, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad, a la defensa y a la igualdad, toda vez que a pesar de haberse ordenado dentro del trámite de extinción de dominio la devolución de sus bienes embargados y secuestrados, no se ha cumplido con la entrega formal, material y definitiva.

De dicha acción conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, autoridad judicial que mediante sentencia del 23 de noviembre de 2009 concedió el amparo respecto del debido proceso de los demandantes y ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, bajo la dirección de la Fiscalía 31 ED, que en el término de 15 días hiciera entrega formal, material y definitiva de los bienes ubicados en Cartagena, Bogotá, Arjona (Bolívar) y sobre unos terrenos ubicados en la Isla Tierra Bomba.

La sentencia mencionada no fue impugnada pero fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, autoridad judicial que mediante sentencia del 28 de noviembre de 2012, decidió:

“Primero. LEVANTAR la suspensión de términos en el proceso de la referencia.

Segundo. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”. En esa medida, CONCEDER PARCIALMENTE la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. ORDENAR a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-, que si aún no lo ha hecho, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, devuelva a la sociedad Bray Escobar S en C los siguientes inmuebles: “En Cartagena Bolívar: el apartamento 1-B, ubicado en el edificio Perna, de la Carrera 7 Calle 6 Barrio Castillo Grande, matricula inmobiliaria No. 606-30921; el No. 2-B del mismo edificio y con matrícula No. 060-30923. En el municipio de Arjona (Bolívar), predio rural denominado Villa Patricia, área 117 hectáreas, siete punto cinco metros2 (7.5m2), matrícula inmobiliaria No. 060-124621”, correspondiendo a la mencionada Dirección el pago de los impuestos distritales y municipales de Cartagena y Arjona, junto con la cancelación en el registro de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena de los gravámenes que pesan sobre ellos. Lo anterior, so pena de incurrir en las sanciones correspondientes (art. 27, Decreto ley 2591 de 1991).

Cuarto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a devolver al señor Fernando Martínez Bohórquez, individual y exclusivamente, los cinco (5) lotes de terreno ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba, conforme las escrituras públicas 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000 de 20 de abril de 1999 y la 672 del 16 de marzo de 1999, que contienen las coordenadas de los bienes; lo cual habrá de ejecutarse con la participación de los técnicos topógrafos que se designen para tal fin.

Quinto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a restituir los derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba, de aquellas personas que fueron desalojadas con ocasión del fallo del juez de instancia en tutela, al haberse materializado la devolución de las acciones en Inversiones Bocachica S.A. y cuotas o partes de interés en las empresas unipersonales Inversiones Isla Carey e Inversiones Portal del Sol, en lotes o globos de terreno, en orden a lo consignado en las actas del 14 al 18 de diciembre de 2009.

Sexto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos que publique, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente de tutela, un aviso en diarios de amplia circulación nacional y local (Cartagena), como en una emisora local (Cartagena), por una sola vez, la decisión aquí adoptada a efecto de que los terceros interesados puedan hacerse partícipes en las respectivas diligencias de devolución de los cinco (5) lotes de terrenos y, con ello, la restitución de los demás bienes.

Séptimo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, asegurar el cumplimiento de esta decisión.

Octavo. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, adelante un proceso de acompañamiento destinado a verificar el adecuado cumplimiento de esta decisión. Así mismo se dispondrá remitir copia de esta decisión al Fiscal General de la Nación para los efectos a que hubiere lugar.

Noveno. DEVOLVER el expediente 672 ED (acumulado) a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos. Proceda la Secretaría General de la Corte Constitucional de conformidad con lo dispuesto.

Décimo. LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.”

Posteriormente, el señor Fernando Martínez Bohórquez promovió un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se lograra el cumplimiento efectivo de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional y obtener la entrega material de los bienes que se mencionan en el ordinal cuarto de la sentencia transcrita.

El demandante indicó que el tribunal, mediante proveído del 5 de junio de 2017, insistió en la devolución de los predios a los demandantes de la acción de tutela.

Manifestó que, por su parte, el INCODER, Seccional Cundinamarca, a través de la Resolución 4192 del 5 de agosto de 2017, resolvió el procedimiento para determinar la propiedad sobre los predios que hacen parte de la Isla Tierra Bomba, ubicada en el Distrito de Cartagena de Indias y declaró que los globos de terreno descritos en dicho acto administrativo acreditaron ser propiedad privada, por cuanto se demostró la existencia de un título originario por el Estado, pero debían mantenerse a salvo los derechos de los poseedores de buena fe, conforme a la ley civil.

Mencionó que, a su vez, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E. expidió las Resoluciones 709 del 18 de junio de 2016 y 583 del 4 de julio de 2017, con las cuales pretendió ejecutar la orden de entrega de los inmuebles incautados a través de la acción de dominio adelantada por la Dirección Nacional de Estupefacientes y dispuso ejercer las funciones de policía judicial para hacer efectiva la entrega al señor Fernando Martínez Bohórquez.

3. Fundamento de la petición

Precisó que las decisiones judiciales y administrativas proferidas vulneraron sus derechos fundamentales ya que estas se expidieron sin un soporte fáctico y jurídico cierto, pues los demandantes de la acción de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tergiversaron de manera consciente, deliberada y sistemática la realidad sobre el derecho de dominio y la posesión material, real y efectiva ejercidas por ella.

Especificó que la acción de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que luego fue avalado por la Corte Constitucional, en la sentencia T-1024 de 2012, fue producto de las maniobras fraudulentas desplegadas por los demandantes.

Explicó que, con mentiras, los demandantes en dicho proceso lograron que se ordenara la devolución, a su favor, de unos bienes que aparentemente había confiscado la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos y la Dirección de Estupefacientes, pero cuya propiedad o posesión nunca detentó el señor Martínez Bohórquez, porque estos no le fueron entregados a él por los poseedores o propietarios, ya que la transacción comercial que se intentó realizar para el efecto fue fallida.

Aclaró que, entonces, el referido fallo de tutela fue producto de un fraude desplegado por el accionante y que derivó en una sentencia favorable y en una orden de cumplimiento proferida el 5 de junio de 2017.

Alegó que la vulneración de los derechos fundamentales en relación con la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. se predica de la expedición de las Resoluciones 709 del 18 de junio de 2016 y 583 del 4 de julio de 2017, las cuales ordenan llevar a cabo la entrega de los inmuebles citados al señor Martínez Bohórquez, sin tener en cuenta que las órdenes judiciales que ejecuta fueron obtenidas a través de un fraude procesal, al describir unas circunstancias abiertamente ajenas a la realidad histórica y jurídica de dichos predios.

Sostuvo que la sociedad demandada desatendió lo dispuesto en la Resolución 709 del 18 de julio de 2016 y lo advertido por la Fiscalía 31 Especializada en Extinción de Dominio que al realizar una visita en los predios ubicados en la Isla Tierra Bomba se encontraba un grupo de personas de vigilancia privada y que estaban al servicio de la sociedad Caro y Cía. Agropisícola Carolina S.C.A. hoy Natturale y Cía S.C.A., la cual ostenta la propiedad de dichos terrenos y ejerce la posesión material de los mismos, de manera continua, pacífica e ininterrumpida dado que fueron adquiridos por compraventa hecha a los nativos de la isla y entregados de manera efectiva y real.

Señaló que al momento de proferir el auto del 5 de junio de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, ya conocía de la existencia de unos terceros en los predios y los catalogó como invasores, con lo cual contraría lo sostenido en que las decisiones judiciales solo son vinculantes para las personas o sujetos que fueron o tuvieron la calidad de partes o terceros admitidos en el proceso.

Adujo que, además, se consideró que estos terceros eran invasores porque ingresaron a ellos con posterioridad a la época en que se produjo la supuesta incautación de los mismos por la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando ni siquiera aparecen ni se exhiben las actas de la incautación u ocupación por parte de aquella entidad, para que pudiera verificarse los bienes incautados, las extensiones, las características, las condiciones en que se encontraban los ocupantes.

Expuso que la Escritura 747 del 14 de abril de 2000, trata de la protocolización de un contrato de compraventa celebrado el 23 de julio de 1999, entre los señores Fernando Martínez Bohórquez, en calidad de comprador, y Saturnino Cervantes Díaz, como vendedor, de los derechos de posesión y de dominio sobre un predio ubicado en el corregimiento de Tierra Bomba.

Aclaró que de esto se concluye que la escritura solo comprende la promesa de venta de los derechos posesorios y la existencia de varias inconsistencias entre la escritura pública y los certificados expedidos por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Reiteró que, desde la adquisición de dichos predios, ejercía actos de señor y dueño sobre los mismos bienes, de manera pública, quieta y pacífica, pues levantó cercas con postes de madera, desarrolló productos ganaderos, adelantó labores de limpieza de los terrenos con maquinaria amarilla y dispuso vigilancia permanente con personal adscrito al Departamento de Seguridad de la compañía que se encuentra legalmente constituido y autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Manifestó que, además, promovió ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito Judicial de Cartagena, el reconocimiento de la cesión de los derechos litigiosos adquiridos por esta a Carmen Yonaira Cervantes León, Alba Rosa Cervantes León y Emperatriz Cervantes de Ellles, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato promovido por estas personas contra Fernando Martínez Bohórquez, reconocimiento que fue avalado por la autoridad jurisdiccional el 22 de agosto de 2017.

Explicó que en la expedición de las providencias judiciales y de los actos administrativos demandados se incurrió en un defecto fáctico, el cual surge porque no se tuvieron en cuenta las circunstancias de hecho planteadas.

Indicó que, también, se incurrió en un defecto sustantivo, por contradicción entre los fundamentos expuestos en las respectivas actuaciones y las decisiones adoptadas y en una indebida motivación, por cuanto se basaron en fundamentos fácticos y jurídicos ajenos a la realidad.
Mencionó que la presente acción se presenta para evitar un perjuicio irremediable causado por las maniobras fraudulentas que indujeron en error a las demandadas.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto del 8 de agosto de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado requirió a la parte demandante para que indicara, con la mayor claridad posible, la acción u omisión que motivaba la acción de tutela, los derechos que consideraba vulnerados, las pretensiones y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud de amparo.

Una vez allegado el memorial correspondiente, mediante auto del 25 de septiembre de 2017, se admitió la acción de tutela, se negó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados y ordenó notificar el inicio de la actuación a los magistrados que integran la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., como parte demandada.

Adicionalmente, se ordenó la notificación a la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía 31 Especializada de Extinción de Dominio y al señor Fernando Martínez Bohórquez.

Igualmente ordenó publicar en la página web de la entidad el inicio del presente proceso, publicación que se certificó por el jefe de la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado el 4 de octubre de 2017.

5. Argumentos de Defensa

5.1. Corte Constitucional

La autoridad judicial demandada rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Señaló que la acción de tutela interpuesta era improcedente, toda vez que no es posible controvertir por esta vía las sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, en tanto se tratan de decisiones definitivas e inimutables, salvo en lo relacionado con la solicitud de nulidad ante la Sala Plena de dicha corporación, la cual procede siempre y cuando se configuren las causales que ha decantado la jurisprudencia constitucional y se interponga dentro de los 3 días siguientes a su notificación.

Precisó que la solicitud de nulidad fue estudiada en el proceso objeto de amparo constitucional mediante el Auto 170 de 2014, por medio de cual se negó la solicitud de nulidad de la sentencia T-1024 de 2012.

Concluyó que en esta ocasión la posibilidad de controvertir una sentencia de tutela no resulta posible en tanto se trata de una decisión en firme que constituye cosa juzgada constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política y, por tanto, el amparo solicitado debía ser declarado improcedente.

5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

El magistrado ponente de la decisión judicial atacada rindió el informe correspondiente, en los siguientes términos:

Manifestó que frente a las decisiones adoptadas en el proceso objeto de análisis, se han presentado varias peticiones de personas que pretenden su postulación como poseedores o propietarios, pero tanto la Corte Constitucional como dicha autoridad judicial han expuesto que una vez dictada sentencia, este carece de competencia para conocer o dirimir cuestiones que sean distintas a la verificación del cumplimiento del fallo de tutela.

Precisó que el trámite incidental se encuentra en curso, dada la complejidad que para la Fiscalía 31 y la Sociedad Activos Especiales S.A.S. S.C.A. ha implicado concluir las diligencias de entrega de los bienes, en atención a la referida invasión de los predios por terceros y que en muchas de las oportunidades programadas no han contado con el concurso de la fuerza pública, según se encuentra documentado.

Solicitó que, en consecuencia, la acción de tutela fuera declarada improcedente.

5.3. Fiscalía 31 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá

La titular del despacho de la Fiscalía General de la Nación rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Precisó que en el caso en estudio no existe un perjuicio irremediable ocasionado por parte de las entidades demandadas, frente al cual la acción de tutela podría operar como mecanismo transitorio de protección, por ser un amparo de carácter subsidiario, de modo que la parte demandante no puede alegarlo sin ningún fundamento, pues la prueba siquiera sumaria de esta circunstancia es uno de los requisitos ineludibles para el estudio de la solicitud de amparo.

Aclaró que lo que pretende la actora es utilizar el mecanismo excepcional de la acción de tutela y la petición de una infundada medida provisional, para un fin muy distinto al consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, puesto que no se le ha vulnerado o puesto en peligro algún derecho constitucional y, por el contrario, su solicitud está encaminada a obstaculizar el cumplimiento de las órdenes impartidas por las autoridades judiciales al interior del proceso de extinción de dominio mediante decisiones que ya se encuentran ejecutoriadas y que hicieron tránsito a cosa juzgada y a las decisiones adoptadas por los jueces constitucionales.

Afirmó que la sociedad demandante también controvierte los actos administrativos expedidos por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. los cuales fueron proferidos en cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas por las autoridades demandadas.

Reiteró que las actuaciones, tanto judiciales como administrativas adelantadas en el proceso de extinción de dominio y en el trámite constitucional que se cuestiona, se realizaron bajo el respeto del principio de legalidad y sin violación de los derechos fundamentales de la sociedad Natturale y Cía S.C.A.

Indicó que la sociedad demandante no tiene legitimación en la causa por activa porque no fue parte de ninguno de los procesos, actuaciones o diligencias que dieron origen a las órdenes de devolución de los bienes y, en particular, a los que sin derecho identifica como de su propiedad.

Precisó que de tener algún derecho o interés en los predios cuya entrega demanda, debió haberlo manifestado en las múltiples oportunidades que la ley contempla.

Es decir, debió presentarse (i) cuando los funcionarios de policía judicial hicieron presencia en los predios para verificar la ubicación de los predios que fueron afectados con las medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio, (ii) presentado la oposición correspondiente al momento de practicarse las medidas de secuestro y ocupación, (iii) directamente en el proceso de extinción de dominio que se adelantó y en el cual se publicaron los edictos correspondientes y se realizó el emplazamiento a los terceros con interés legítimo e indeterminados, para que hicieran valer sus derechos y, (iv) en sede de revisión de la acción de tutela la Corte Constitucional ordenó la notificación y vinculación de los terceros con interés legítimo en el asunto, así como a las demás personas que pudieran resultar afectadas y que no se habían pronunciado respecto de sus intereses.

Explicó que es ilegal lo afirmado por la parte actora en relación con la adquisición del predio consignado en la Escritura Pública 747 del 14 de abril de 2000, puesto que este predio se encontraba fuera del comercio jurídico por las medidas cautelares impuestas y mal haría la sociedad Natturale y Cía S.C.A. invocar un derecho sobre los mismos en virtud de unas escrituras públicas que carecen de objeto lícito y, por tanto, están viciados de nulidad.

Mencionó que, además, estamos en presencia de una acción de tutela que pretende enervar el cumplimiento de un fallo proferido en virtud de un proceso iniciado en ejercicio de una acción de tutela, cuando la jurisprudencia ha sido enfática en advertir que esto es abiertamente improcedente, toda vez que lo que se busca es evitar la prolongación indefinida del conflicto y, por tanto, el desmedro de la seguridad jurídica y del goce de los derechos fundamentales de las partes intervinientes.

Mencionó que las facultades de policía administrativa otorgadas a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E. le fueron conferidas en virtud de varios convenios interadministrativos suscritos con el Ministerio de Justicia y su función se limita a ejecutar las decisiones judiciales que son resorte de la Fiscalía General de la Nación.

Concluyó que las diligencias de devolución y entrega de los bienes aludidos en la sentencia de la Corte Constitucional se han adelantado en cumplimiento de lo ordenado por dicha autoridad judicial y en ellas no se pueden aceptar oposiciones, por cuanto son la culminación de un trámite procesal que se encuentra debidamente ejecutoriado, por lo que las pretensiones de la sociedad demandante no tienen fundamento jurídico ni fáctico.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia del 7 de marzo de 2018 decidió declarar improcedente el amparo solicitado, bajo los siguientes argumentos:

Manifestó que la sociedad demandante considera que tiene unos derechos de posesión sobre los bienes que están siendo motivo de entrega por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E., en cumplimiento de la sentencia T-1024 de 2012 proferida por la Corte Constitucional.

Advirtió que, en el trámite constitucional adelantado, la Corte Constitucional antes de dictar sentencia ordenó publicar un aviso en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, para que en el término de 5 días siguientes a la publicación, las personas que se consideran con interés legítimo se pronunciaran sobre la solicitud de amparo ante la Secretaría General de dicha corporación. Sin embargo, se constató que la sociedad accionante no se hizo parte en la acción de tutela.

Mencionó que, también se evidenció que en cumplimiento del ordinal sexto de la sentencia T-1024 de 2012, la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos publicó durante 5 días un aviso, con el fin de que se hicieran partícipes todos los terceros interesados en las diligencias de entrega, momento en el cual la sociedad demandante tampoco se vinculó.

Concluyó que, así las cosas, la sociedad demandante no puede pretender que mediante la acción de tutela de la referencia se subsane la omisión de no hacerse parte dentro de la actuación constitucional ni en las diligencias realizadas por las autoridades de extinción de dominio, para que mediante otra solicitud de amparo se realice un análisis de su supuesto derecho de posesión sobre un inmueble, el cual ya fue motivo de estudio por el juez constitucional, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política.

Agregó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en la providencia proferida el 5 de junio de 2017, al interior del trámite incidental, está limitado a la verificación del cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-1024 de 2012 y, en consecuencia, no podía entrar a analizar sí Natturale y Cía S.C.A. ostenta un verdadero derecho real de posesión sobre alguno de los inmuebles afectados por el fallo, pues este estudio debió ser objeto de la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos.

Destacó que, además, el auto invocado como vulneratorio de los derechos fundamentales es una providencia de trámite dentro del incidente de desacato, por lo que no es posible su estudio de conformidad con lo dispuesto en la sentencia SU-627 de 2015.

Señaló que en relación con las resoluciones proferidas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E., estos se dictaron en cumplimiento de la orden dictada por las autoridades constitucionales, pues con estos se inició el proceso de restitución de los derechos de posesión de los inmuebles ubicados en la Isla Tierra Bomba de acuerdo con el ordinal quinto de la sentencia T-1024 de 2012.

Aclaró que, si la sociedad demandante considera que las mencionadas resoluciones establecen o definen una situación jurídica que compromete sus derechos, cuenta con los mecanismos de defensa judicial establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través del cual puede plantearse el respectivo debate.

Concluyó que, en relación con la solicitud del amparo transitorio solicitado por la sociedad actora, esta no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, simplemente se limitó a afirmar que ostentaba un derecho real sobre el predio que la Corte Constitucional ordenó entregar al señor Fernando Martínez Bohórquez en la sentencia T-1024 de 2012.

7. La Impugnación

Inconforme con la decisión de primera instancia, la sociedad Natturale y Cía. S.C.A. la impugnó con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que la acción de tutela fue interpuesta con el objeto de lograr la declaratoria de nulidad o la adopción de cualquier otra medida que surta los mismos efectos de las actuaciones adelantadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E., respecto de la orden de entregar a un tercero bienes inmuebles que son propiedad de ella, lo cual está debidamente demostrado.

Precisó que, como ha ejercido y ejerce de manera única y exclusiva la posesión material de los bienes que sobre los cuales se pronunció la autoridad judicial demandada, cualquier decisión judicial o administrativa que resuelva o disponga en otro sentido a esta situación es vulneradora de sus derechos fundamentales.

Alegó que las actuaciones judiciales y administrativas atacadas desconocen los derechos que la misma Corte Constitucional le otorgó a aquellos terceros interesados (poseedores y otros titulares de derechos de buena fe) para concurrir a la diligencia de entrega de los indicados bienes e intervenir en ella, para cuyo efecto habría de informárseles a través de los medios de comunicación de amplia circulación, tal como consta en el ordinal sexto de la sentencia T-1024 de 2012.

Indicó que, pese a lo anterior, así la Corte Constitucional no se hubiese pronunciado en ese asunto, no pueden prevalecer la posición de la jurisdicción frente a la vulneración de derechos fundamentales, por el simple hecho de estar consagrado en una sentencia en firme.

Reiteró su inconformidad con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el auto del 5 de junio de 2017, y por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E., en las resoluciones que ejecutan las órdenes judiciales, pese a que la misma autoridad judicial indicó que tanto en la providencia de la Fiscalía 31 Especializada y del juez constitucional, solo son vinculantes para las personas o sujetos que fueron o tuvieron la calidad de partes o terceros admitidos en esos procesos.

Aclaró que lo que busca es que se le respete su derecho a ejercer oposición en la diligencia y entrega de los 5 lotes de terreno de la Isla Tierra Bomba, en cuanto se trata de un poseedor y propietario de buena fe y, en consecuencia, no va en contravía con lo dispuesto u ordenado en la sentencia T-1024 de 2012.

Explicó que la garantía constitucional reclamada en este asunto es la imposibilidad de hacerse parte y ejercer oposición dentro de la mencionada acción de tutela y menos dentro del proceso de extinción de dominio que se adelantó ante la Fiscalía 31 Especializadas de la Unidad de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos, pues para ese entonces, no se ostentaba el título de propiedad sobre los aludidos bienes ni había entrado en posesión de los mismos, ni fue informado o tuvo conocimiento de la existencia de ningún procedimiento judicial o administrativo existente en ese momento contra los referidos bienes.

Alegó que la afirmación realizada por la Fiscalía 31 Especializada en su contestación, en relación con la adquisición de los bienes que estaban fuera del comercio, no está sustentado con ningún documento en el expediente y que esto es irrelevante frente a la afirmación de que su adquisición de los bienes se realizó de buena fe, sin que sobre ellos pesara algún gravamen o prohibición que los sustrajera del comercio.

Reiteró que la acción de tutela fue interpuesta por las resoluciones expedidas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E. como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y que si bien existe otro medio de defensa judicial este no es idóneo, eficaz o ágil en pro de la protección de los derechos fundamentales invocados.

Aclaró que el perjuicio irremediable alegado se evidencia en el grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, el cual debe ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, pues sus bienes están en grave peligro de perderse o de ser objeto de una evicción, por ser entregado a otros que no ostentan ningún derecho sobre ellos.

Solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se decrete el amparo de los derechos fundamentales, bajo el entendido que no se tata de revivir una controversia judicial zanjada mediante la acción de tutela, como si este fuera un medio opcional o alternativo de las providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2 del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el que se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada.

3. Caso concreto

Con la presente solicitud de amparo el representante de la sociedad Natturale y Cía S.C.A. pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad, los cuales consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E. con ocasión de las decisiones contenidas en el auto del 5 de junio de 2017 y las resoluciones mediante las cuales se dispuso la entrega de los bienes que fueron objeto de la decisión T-1024 de 2012 de la Corte Constitucional, en desarrollo de un proceso iniciado en ejercicio de una acción de tutela.

Específicamente se refiere a la entrega de 5 lotes de tereno ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba, conforme las escrituras públicas 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999, 1000 del 20 de abril de 1999 y la 672 del 16 de marzo de 1999, que contienen las coordenadas de los bienes, los cuales fueron asignados al señor Fernando Martínez Bohórquez.

Esto es así porque, a su juicio, es poseedor o propietario de buena fe de uno de los predios cuya entrega fue ordenada en favor de otro, sin que haya sido posible presentar sus objeciones al respecto y pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya conocía de su situación.

En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia del 7 de marzo de 2018, decidió declarar improcedente el amparo solicitado porque la sentencia de tutela proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue revisada por la Corte Constitucional y no es procedente la interposición de una acción de tutela contra una providencia proferida dentro de una acción de la misma naturaleza.

Indicó que el auto del 5 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del trámite incidental por el presunto incumplimiento del fallo de tutela, es un auto de trámite por lo que contra dicha actuación, si bien corresponde a una actuación independiente del proceso judicial, tampoco procede la solicitud de amparo interpuesta.

Además, en relación con las Resoluciones 7019 del 18 de junio de 2016 y 4 de julio de 2017, proferidas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E., el fallo del a quo consideró que la sociedad demandante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Sociedad Natturale y Cía S.C.A. impugnó la decisión proferida en primera instancia porque, en su sentir, la providencia atacada no es la sentencia de acción de tutela T-1024 de 2012, proferida por la Corte Constitucional en desarrollo de la acción de tutela, sino el auto del 5 de junio de 2017, en el cual la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ordenó ejecutar las órdenes proferidas en la acción de tutela expedida por el mismo tribunal y modificada por la Corte Constitucional, por lo que la acción de tutela no es improcedente.

Además, precisó que la vulneración de los derechos fundamentales se circunscribe a la imposibilidad de objetar la orden de entregar unos predios que son de su propiedad, bajo el simple argumento de que existe una sentencia ejecutoriada.

Indicó que tanto las resoluciones expedidas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E. como el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconocen lo dispuesto en la acción de tutela proferida por la misma autoridad y confirmada parcialmente por la Corte Constitucional, pues en ellas se especificó esas decisiones solo eran vinculantes para las personas o sujetos que fueron o tuvieron la calidad de partes o terceros admitidos en esos proceso.

Con el objeto de desarrollar el problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta el siguiente análisis:

1. Tutela contra tutela

La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González, indicó la improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones de acciones de tutela por cuanto “la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales”.

Por lo tanto, en términos de la misma sentencia, al admitirse una nueva acción de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que reglamentan la materia, ya que una vez culminado el proceso de selección opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Sin embargo, en dicha providencia, la Corte Constitucional precisó que puede, excepcionalmente, proceder una acción de tutela contra providencias proferidas en ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:

“(…)

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

(…)” (Negrillas fuera de texto).

En concordancia con lo considerado por el máximo órgano constitucional, la Sala considera que no es procedente estudiar los defectos invocados por la parte demandante en relación con la sentencia del 23 de noviembre de 2009, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la providencia T-1024 proferida el 28 de noviembre de 2012 de la Corte Constitucional.

Esto, porque la sentencia proferida por el tribunal demandado culminó su trámite de revisión y frente a la decisión proferida por la Corte Constitucional opera la cosa juzgada constitucional.

Con todo, si los argumentos expuestos por la sociedad demandante se refieren al trámite adelantado en el proceso de la acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o ante la Corte Constitucional, esta Sala evidenció que, en sede de revisión, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional decidió poner en conocimiento de las personas que pudieran resultar afectadas en este asunto la existencia de este proceso. En consecuencia, ordenó publicar un aviso, en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, para que en el término de los 5 días siguientes a dicha publicación, las personas que se consideraran con un interés legítimo se pronunciaran, sobre la solicitud de amparo ante la Secretaría General de dicha corporación.

Por lo expuesto, la Sala concluye que, en el trámite constitucional, se protegieron los derechos fundamentales de aquellos con interés en lo decidido en este.

2. Resoluciones 709 del 18 de junio de 2016 y 583 del 4 de julio de julio de 2017

En relación con estos actos, la parte demandante advierte que ordenan la ejecución de la entrega de unos bienes que no son de propiedad del señor Fernando Martínez Bohórquez.

El juez de primera instancia consideró que la solicitud de amparo interpuesta es improcedente porque para controvertir estos actos, la sociedad demandante cuenta con los mecanismos judiciales consagrados en la Ley 1437 de 2011.
Frente a este cargo la Sala no comparte lo manifestado por la Sección Cuarta de esta corporación, en relación con la improcedencia de la acción de tutela, puesto que las resoluciones atacadas son actos de ejecución, los cuales no son susceptibles de ser controvertidos ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

En atención a lo anterior, la Sala estudiará los argumentos expuestos por la Sociedad Natturale y Cía S.C.A. en relación con la vulneración de los derechos fundamentales presuntamente ocasionada por las Resoluciones 709 de 2016 y 583 de 2017.

La Resolución 709 del 18 de junio de 2016 fue proferida por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. S.A.E. para hacer efectiva la entrega real y material de los derechos de posesión que en su condición de persona natural detentaba el señor Fernando Martínez Bohórquez sobre 5 lotes de terreno ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, las cuales debían ser comunicadas a los ocupantes de los predios y a las demás personas que se encuentren en el lugar, para que en el término de 3 días desde la fecha de comunicación entregue a la Sociedad de Activos Especiales los inmuebles allí indicados.

Adicionalmente se indicó expresamente:

“ARTÍCULO CUARTO: Prevenir a los ocupantes del bien y/o demás personas que se encuentren en el lugar, cualesquiera que sean, que en caso de no producirse la entrega real y material de los predios antes mencionados en el término establecido en el artículo tercero del presente acto administrativo, se procederá a hacer la efectiva entrega del mismo con el apoyo de la fuerza pública, si fuere necesario.”

Por su parte, en la Resolución 583 del 4 de julio de 2017, se indicó que dicha sociedad ejercería la función de policía administrativa y se ordenó la comunicación de la Resolución 709 de 2016 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Alcaldía Mayor de Cartagena, a la Personería de Cartagena, a la Defensoría del Pueblo, al Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos y a las demás autoridades que se consideren pertinentes.

La Sala considera que en el presente caso, la acción de tutela debe negarse toda vez que los actos proferidos por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. fueron expedidos en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-1024 de 2012, por lo que cualquier inconformidad frente a la propiedad de los bienes objeto de estas, debió haber sido planteada al interior del trámite constitucional.

En consecuencia, para la Sala la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. no tenía competencia para analizar si las órdenes impartidas por la Corte Constitucional estaban acordes con la realidad ni debía determinar si la propiedad de los predios objeto de entrega estaba debidamente acreditada, estas resoluciones atacadas fueron expedidas bajo las directrices dictadas por la Corte Constitucional en una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada y, en consecuencia, no se evidencia la vulneración alegada por la sociedad actora.

Por lo tanto, la Sala negará el amparo solicitado.

3. Auto del 5 de junio de 2017

La parte actora considera que el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del incidente de desacato iniciado por el señor Fernando Martínez Bohórquez, es violatorio de sus derechos fundamentales puesto que no le permite oponerse a la entrega de los bienes que son de su propiedad.

Manifestó que esta decisión contraría lo dispuesto por las mismas autoridades judiciales que en las que se indicó que las decisiones judiciales y de la Fiscalía Especializada 31 solo son vinculantes para las personas o sujetos que fueron o tuvieron la calidad de partes o terceros admitidos en esos procesos.

La Sala no comparte la decisión del a quo frente a que contra dicha providencia la acción de tutela es improcedente, puesto que el trámite incidental es una actuación independiente y susceptible de ser controvertida mediante la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional, ha considerado la procedencia de las acciones de tutela contra decisiones emitidas dentro del incidente de desacato porque eventualmente pueden vulnerar derechos fundamentales.

En estos casos, el operador judicial no puede revisar la decisión original de protección del derecho o cambiar el alcance o contenido de la orden de amparo, sino que su estudio se limita a establecer si el juez del desacato actuó conforme con la sentencia de tutela, cuyo desacato se invoca, si se respetaron las garantías inherentes al debido proceso y si la sanción, de ser el caso, no resulta arbitraria o desproporcionada.

Por lo anterior, se hará el estudio de los defectos alegados por la sociedad Natturale y Cía. S.C.A.

Al revisar el auto mencionado, se evidencia que este analizó cada uno de los informes que las autoridades encargadas del cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional y concluyó que:

“(…)

De acuerdo a lo ordenado por la Corte, se deberá notificar a las personas que este Tribunal como juez de instancia les notificó la sentencia T- 1024 de 2012 y que fueron vinculados al trámite en sede de revisión. Las demás personas, que no fueron parte en esta tutela y que se referencian en los informes de Policía Judicial del CTI de la Fiscalía de 15 de julio de 2013, 6 de septiembre de 2013, 17 de mayo de 2014, actas de entrega de 2 a 5 de diciembre de 2014, informe de actuaciones de los topógrafos del CTI realizadas del 5 al 12 de abril de 2016 y demás informes, actas, visitas de inspección resoluciones de las accionadas y demás diligencias que se encuentran en el expediente, son ocupantes ilegales y de mala fe, que ingresaron a los predios materia de entrega con posterioridad a las diligencias contenidas en las actas de diciembre de 2009 a las que se refiere el numeral quinto de la sentencia 1024 de 2012 y por tanto violatorias de las prevenciones formuladas por las autoridades. Por tanto se deberán tomar las medidas y acciones que la ley establece para cumplir el fallo de tutela.

(…)”

Bajo esta perspectiva, para la Sala es claro que la parte actora desconoce que la misma providencia, tal y como se evidencia en el aparte transcrito, consideró que las personas que no concurrieron, ni acreditaron derecho o interés, no tienen capacidad jurídica para intervenir en las diligencias de entrega, puesto que se consideran ocupantes ilegales o de mala fe.

Esto es así porque tanto la Corte Constitucional ordenó, en sede de revisión, la vinculación de los presuntos ocupantes de los predios y de los terceros con interés, la cual se realizó a través de la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional para que en el término de 5 días siguientes a la publicación se pronunciaran.

Por lo expuesto, la Sala considera que la decisión de impedir la entrega material de los predios ubicados en la Isla Tierra Bomba, está debidamente fundamentado en la decisión proferida por la Corte Constitucional, máxima autoridad de la jurisdicción constitucional y cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada, como se indicó en esta providencia, y como fue ordenado por dicha corporación, en la sentencia objeto de cumplimento:

“(…) Conclusión. A pesar de que dentro del proceso extintivo se identificaron los globos de terreno que eventualmente serían afectados con medidas cautelares, la Fiscalía dispuso la incautación y ocupación exclusivamente de 5 lotes de terreno en la Isla Tierra Bomba en cabeza del señor Fernando Martínez Bohórquez, (…)

Atendiendo al principio universal del derecho de que “las cosas se deshacen como se hacen”, la Corte encuentra que debe procederse a la desafectación de los bienes en la misma forma en que se afectaron, disponiendo la devolución material de los 5 lotes de terreno, así como levantando las anotaciones en los libros sociales.

La Fiscalía al materializar en globos de terrenos la devolución de las acciones terminó por afectar los derechos de terceros, situación que no resulta válida a la luz de la Constitución (principios de legalidad y publicidad, y debido proceso), ni de las disposiciones del Código de Comercio (art. 415) y del Código de Procedimiento Civil (art. 681), que establecen que el embargo de las acciones se consuma con la simple inscripción en el libro de registro.

Tampoco del expediente se aprecia que se hubiera cristalizado en bienes materiales la medida cautelar sobre las acciones, además de que no resultan fácilmente individualizables dentro de la totalidad del capital social. La DNE no adelantó actuación alguna de administración de los globos de terrenos pertenecientes a las citadas sociedades, ya que dicha competencia continuó en cabeza de los representantes legales de las personas jurídicas afectadas, quienes eran los encargados de hacer que la sociedad continuara siendo productiva, así como la custodia de los activos sociales.

La Sala advierte que ante conflictos presentados entre accionantes y terceros respecto a la titularidad de los derechos de posesión sobre lotes o globos de terrenos, puede acudirse a la jurisdicción ordinaria para que a través del proceso correspondiente y bajo la plenitud de las garantías procesales, se resuelvan tales asuntos.

Por último, entiende este Tribunal que existen otras decisiones que se han proferido sobre esta materia llegando a una conclusión diferente. No obstante, la posición de la Corte ha partido de su función de intérprete autorizado de la Constitución y, en esa medida, ha atendido directamente los lineamientos constitucionales para la resolución del presente caso. (…)”. (Destacado y subrayado fuera del texto).

En consecuencia, no era procedente que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiara pruebas diferentes a las allegadas por las autoridades demandadas y por los demandantes o terceros vinculados al proceso de acción de tutela, puesto que la competencia del juez en incidente de desacato se circunscribe a verificar el cumplimiento de la orden de tutela impartida por la Corte Constitucional o las razones por las que el incumplimiento se produjo.

Por lo tanto, no era posible que la autoridad judicial demandada, al interior del incidente de desacato, verificara la propiedad de los predios, pues esto fue objeto del debate en la acción de tutela. En consecuencia, frente a este aspecto, se negará el amparo solicitado.

Se agrega a lo anterior, que si bien la tutelante alega que no fue vinculada al trámite incidental, debe tenerse en cuenta que fue la misma Corte Constitucional la que delimitó que el fallo de tutela solo es oponible a poseedores anteriores al secuestro de los bienes, porque los posteriores ocuparon el inmueble cuando este ya estaba secuestrado.

Además, dicha Corporación asignó los predios de que se trata al señor Fernando Martínez Bohórquez, porque estos fueron objeto de extinción de dominio, por lo que si la sociedad tutelante pretende controvertir la titularidad que aduce tener sobre los lotes, no es esta vía la adecuada para tal efecto, dado que es una controversia de carácter privado, de cara a definir la titularidad y la legalidad de los negocios jurídicos, asunto que no ocupó la atención de la Corte Constitucional en el fallo de tutela, pues es claro que solo le correspondía analizar unas irregularidades en un proceso de extinción de dominio.

4. Oposición al trámite de devolución de los predios objeto de medidas cautelares en desarrollo de un proceso de extinción de dominio

La sociedad demandante afirmó que no pudo oponerse a la entrega de los bienes, pese a que tiene pruebas suficientes sobre la propiedad de los predios ubicados en la Isla Tierra Bomba, los cuales fueron objeto de un proceso de extinción de dominio y, en consecuencia de medidas cautelares, y que, posteriormente, fueron materia de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-1024 de 2012.

Con relación a esta asunto la Sala debe precisar que la devolución de los predios objeto de medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio tiene norma especial, esto es, la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio.

La norma mencionada en su artículo 106 establece textualmente:

“ARTÍCULO 106. DEVOLUCIÓN DE BIENES. Ejecutoriada la decisión del juez que ordena la entrega de bienes, el administrador le comunicará al interesado a la dirección que figure en el expediente del proceso de extinción de dominio, que los bienes se encuentran a su disposición y le informará del procedimiento para su devolución.

El mecanismo de administración provisional de los bienes que se haya utilizado durante el trámite del proceso de extinción deberá mantenerse, hasta que se produzca la devolución efectiva a su titular.

Así mismo se publicará en un diario de amplia circulación nacional, el primer sábado de cada mes, un aviso que enliste las sentencias que ordenan la devolución de bienes a los interesados para informarlos que se encuentran a su disposición dichos bienes. Adicionalmente el listado de las sentencias se publicará en la página web de la entidad.

PARÁGRAFO 1o. En el caso de bienes productivos, al momento de la devolución deberá hacerse entrega del bien afectado junto con sus frutos o productos, previo descuento de los costos y gastos en que haya incurrido el administrador para el mantenimiento del bien.

PARÁGRAFO 2o. Si el administrador introdujo mejoras necesarias para el mantenimiento del bien, el propietario deberá cancelar el valor de las mejoras para obtener su devolución.

PARÁGRAFO 3o. En los casos en que se instauren procesos judiciales o administrativos en su contra por el estado de los bienes objeto de devolución, el administrador del Frisco deberá llamar en garantía a los contratistas, destinatarios y depositarios provisionales de los mismos.”

De la norma antes transcrita, la Sala considera que en el trámite de devolución de los bienes ubicados en la Isla de Tierra Bomba no era procedente la oposición sobre la propiedad de los mismos, puesto que estos excede la competencia de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., autoridad que en desarrollo de las facultades establecidas en la ley, deberá asumir la administración de los bienes objeto de dichas medidas de manera inmediata y hasta tanto se enajenen o se devuelvan, de conformidad con la decisión procedente dentro del proceso de extinción de dominio.

Como bien lo advierte la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 31 Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Bogotá, la oposición en relación con la propiedad del predio debió ejercerse en los siguientes eventos:

a. Una vez decretada la medida cautelar en el proceso de extinción de dominio, cuando la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en ejercicio de sus funciones de policía administrativa, verificó la ubicación de los predios objeto de la medida.

b. Al interior del proceso judicial de extinción dominio.

c. Al interior del proceso de revisión adelantado en la Corte Constitucional, en el cual se ordenó el emplazamiento de todos aquellos terceros con interés para hacer valer sus derechos.

Por lo tanto, la Sala concluye que la ley que regula el trámite de devolución de los predios no admite que, en ese momento procesal, se presenten oposiciones sobre la propiedad o posesión de los mismos y como bien lo consideró la Corte Constitucional, si existen controversias sobre la propiedad de los bienes objeto de la sentencia T-1024 de 2012, lo procedente era acudir a la jurisdicción ordinaria, mediante los mecanismos judiciales correspondientes para que dicho conflicto sea dirimido que, para el caso en estudio, sería el proceso posesorio contemplado en el Código Civil.

Con todo, es del caso precisar que en el expediente, la sociedad Natturale y Cía S.C.A., no allegó prueba alguna sobre la presunta oposición que ejerció en la diligencia de entrega ni tampoco aportó algún medio de convicción que demuestre que la sociedad de Activos Especiales S.A.S. le impidió ejercer dicho derecho.

Bajo este análisis, la Sala considera que en el caso no estudio no existe vulneración a los derechos fundamentales invocados por la sociedad actora.

5. Conclusión

En atención a todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia proferida el 7 de marzo de 2018 y, en su lugar:

1. Declarará improcedente la acción de tutela interpuesta contra las decisiones proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de acción de tutela que culminó con la sentencia T-1024 de 2012.

2. Negará la solicitud de amparo invocado frente a las Resoluciones 709 de 2016 y 583 de 2017, expedidas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y en relación con el auto del 5 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del trámite del incidente de desacato.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Modifícase la sentencia del 7 de marzo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado la cual quedará así:

“Declárase improcedente la acción de tutela interpuesta contra las decisiones proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de acción de tutela que culminó con la sentencia T-1024 de 2012.

Niégase la solicitud de amparo invocado frente a las Resoluciones 709 de 2016 y 583 de 2017, expedidas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y en relación con el auto del 5 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del trámite del incidente de desacato.”

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folios 72 a 73 del expediente.
Folio 91 del expediente.
Folio 272 del cuaderno anexo.
Sentencias: T-343 de 1998, T-188 de 2002, T-086 de 2003, T-459 de 2003 y T-684 de 2004, entre otras.
Folio 54 del cuaderno anexo.
Parágrafo adicionado por el artículo 25 de la Ley 1849 de 2017.

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