Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02022-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por incumplimiento del requisito de inmediatez
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02022-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-02022-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
15 de febrero de 2018
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa / RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO - Recurso extraordinario de revisión
Como se precisó en los antecedentes de la presente providencia, la decisión de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y a través de la cual se confirmó lo decidido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, se adoptó el 13 de junio del 2014, decisión que cobró ejecutoria el 8 de abril del 2015 (…) La petición de amparo se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado, el 9 de agosto del 2017, por lo que la misma se presentó más de dos años con posterioridad a la ejecutoria de la decisión judicial cuestionada (…) frente a la UGPP se han aceptado circunstancias excepcionales que permiten la flexibilización del requisito de inmediatez, especialmente, aquellas relacionadas con que sólo hasta determinada fecha -12 de junio del 2013-, asumió la defensa de los procesos en los cuales era parte la extinta CAJANAL. Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso concreto, dado que la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico fue dictada el 13 de junio del 2014, por lo que se asume que la misma fue notificada a la entidad tutelante como sucesora procesal de CAJANAL (…) Adicional a lo anterior, dentro de la misma documentación aportada por la entidad tutelante en su escrito inicial, se observa que esta adelantó actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento del fallo (…) siendo claro que en todas ellas, la entidad señala conocer el contenido de la decisión que ahora se cuestiona vía tutela (…) Bajo estas circunstancias, si bien en el presente caso no se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad adjetiva relativo a la inmediatez, ello no lo es por las razones que se expuso por la Sección Cuarta en el fallo impugnado, sino por aquellas que fueron expuestas en precedencia, sumado a que del análisis del expediente no se encuentra probada circunstancias alguna que permita establecer una situación justificante frente a la UGPP para interponer, en un plazo razonable, la petición de amparo (…) Precisado lo anterior, la Sala expone también a la parte actora (…) puede acudir al recurso extraordinario de revisión (…) Lo anterior es procedente si se tiene en cuenta que precisamente lo que se cuestiona a través de la presente acción, es el reconocimiento por fuera del marco constitucional y legal de un derecho pensional, situación para la cual fue expresamente consagrado el recurso antes mencionado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02022-01(AC)
Actor: UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la entidad accionante en contra del fallo del 16 de noviembre del 2017, por medio de la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 9 de agosto del 2017, ante la Secretaría General de esta Corporación, el apoderado judicial de la entidad administrativa tutelante presentó acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Consideró vulneradas las citadas garantías y principio, con ocasión de las sentencias adoptadas por las autoridades judiciales accionadas el 22 de marzo del 2013 y el 13 de junio del 2014, dictadas en primera y en segunda instancia, respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-31-002-2011-00316-01, incoado por el señor Hernando Duarte Chinchilla contra la Caja Nacional de Previsión Social – en liquidación – (hoy UGPP).
Solicitó que se deje sin efectos las providencias atacadas, y como consecuencia de ello, se profiera una decisión en la que se nieguen las pretensiones de la demanda.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se expondrán en primer lugar, a fin de precisar con mayor claridad los motivos de inconformidad de la accionante.
2.1. A través de la Resolución No. 00694 del 23 de enero del 2001, la Caja Nacional de Previsión reconoció a favor del señor Hernando Duarte Chinchilla pensión vitalicia de vejez por el valor de $3.574.637. El referido acto administrativo fue objeto de las siguientes modificaciones:
Acto Administrativo
Decisión
Resolución No. 027433 del 26 de septiembre del 2002
Reliquidación del derecho pensional, en cumplimiento de fallo de dictado por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional. El monto de la pensión quedó en $3.808.323.
Resolución No. 7200 del 17 de agosto del 2006
Reliquidación del monto de la pensión, para un total de $6.593.853. Lo anterior en cumplimiento de orden dada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cual se declaró la nulidad de la Resolución No. 694 del 23 de enero del 2001
Resolución PAP 026614 del 18 de noviembre del 2010
Se dispone la reliquidación de la pensión, en un total de $12.875.000, dada la inclusión de nuevos factores salariales devengados en el último año de servicios.
Resolución UGM 002494 del 28 de julio del 2011
Se reliquida el derecho pensional del actor a la suma de $12.875.000. Este acto administrativo fue modificado mediante la Resolución No. UGM 59532 del 28 de noviembre del 2012, en sus numerales 5º y 6º relacionado con el descuento por aportes a pensión.
2.2. El señor Hernando Duarte Chinchilla interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. PAP026614 de noviembre 25 del 2010, considerando que dicho acto administrativo era nulo parcialmente, en cuanto en el mismo no se ordenó la reliquidación del derecho pensional conforme a lo ordenado por el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación mensual más elevada que devengó en el último año de servicios como magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, sin límite alguno en su labor.
2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, en sentencia del 22 de marzo del 2013 accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Duarte Chinchilla.
2.3.1. La referida autoridad judicial consideró para el efecto, que en el expediente se demostró que el demandante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, gozaba del derecho adquirido a que su pensión se regulara con las normas anteriores a la vigencia del referido cuerpo legal.
2.3.2. En esta medida, encontró que le era aplicable el régimen especial de la Rama Judicial consagrado en el Decreto 546 de 1971. Por lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados eran nulos parcialmente, en tanto la liquidación del derecho pensional se realizó por fuera de los parámetros consagrados en dicho decreto, siendo claro que tiene derecho a que el mismo sea igual al 75% de la asignación mensual más elevada recibida durante el último año de servicios.
2.3.3. Adicional a lo anterior, indicó que para la inclusión de los factores salariales, debía acudirse a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, del cual se concluye que tendrán tal calidad los allí enlistados, así como todo lo que habitual y periódicamente recibe el funcionario como retribución del servicio prestado, salvo que se trate de algún aspecto salarial que expresamente haya sido excluido de ser considerado como tal.
2.3.4. Así las cosas, concluyó que al demandante le asiste el derecho a que su derecho pensional sea “el correspondiente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios dentro de la Rama Judicial, para lo cual deberán incluirse en dicha reliquidación además de su asignación básica, todos los factores salariales de que trata el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y en general todas las sumas que habitual y periódicamente recibió el funcionario como retribución de sus servicios, sin tope o límite alguno en su cuantía”.
2.4. Tras la apelación interpuesta por el apoderado de la Caja Nacional de Previsión, el Tribunal Administrativo del Atlántico, previo el trámite de segunda instancia, dictó fallo el 13 de junio del 2014 en el cual confirmó los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 9º de la sentencia de primera instancia; así como adicionó y modificó el numeral 6º de la misma.
2.4.1. La entidad impugnante, alegó que si bien es cierto el Decreto 546 de 1971 no establece límites frente al monto de la pensión, lo cierto es que la pensión fue reconocida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, toda vez que adquirió el estatus el 19 de abril del 2000, por lo que, en atención a la modificación efectuada al artículo 18 ejusdem por parte del artículo 5º de la Ley 797 de 2003 el cual fijó el monto de las mesadas pensionales a 25 s.m.l.m.v, aspecto que fue reiterado por el Acto Legislativo 01 de 2005, era procedente la aplicación de un tope a la mesada pensional.
2.4.2. Así mismo, se indicó en la apelación que de confirmarse la sentencia de primera instancia con la inclusión de todos los factores salariales, especialmente aquellos sobre los cuales no se realizó la correspondiente cotización por parte del empleador, conllevaría a un desconocimiento del principio de sostenibilidad presupuestal consagrado en el referido acto legislativo.
2.4.3. Frente a los argumentos de inconformidad antes señalados, la autoridad judicial accionada reiteró que la pensión del señor Duarte Chinchilla, estaba enteramente regulada por lo fijado en el Decreto 546 de 1971, con la inclusión de los factores salariales que fueron señalados por el a quo en la sentencia de primera instancia. Frente a los topes alegados por CAJANAL en su apelación, precisó que el referido decreto no fijó límite alguno frente al monto de la pensión, e incluso, la Corte Constitucional, en la sentencia C-258 del 2013, determinó que el Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto hace al monto de 25 s.m.l.m.v que debe respetar toda pensión, empezaría ser aplicado a partir del 1º de julio del 2013.
2.4.4. De otro lado, precisó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del 21 de noviembre del 2013, señaló que frente a los funcionarios cuyo derecho pensional se rige exclusivamente por lo fijado en el Decreto 546 de 1971, no le son aplicables las restricciones determinadas en la sentencia C-258 del 2013, pues allí se hizo referencia sólo a las pensiones de los congresistas y a los magistrados de altas cortes cuyas prestaciones se regulan por el Decreto 104 de 1994. Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la financiación del monto de la pensión, para lo cual se deberá determinar los factores efectivamente cotizados por el jubilado, lo que a su turno debe coincidir con los que determine la entidad administradora de pensiones correspondiente.
2.4.5. Dicho todo lo anterior, concluyó lo siguiente:
“Por consiguiente, como el señor Hernando Duarte Chinchilla consolidó su situación pensional bajo el Decreto 546 de 1971, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, su mesada pensional deberá liquidarse sin las restricciones establecidas en la sentencia C-258 de 2013, pero con observancia de lo consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a partir del 25 de julio del 2005 se procederá a establecer por parte de la demanda, las cotizaciones que actuarialmente se requerían, a fin de evitar la desfinanciación del sistema, con la advertencia de que si dichos aportes no resultares suficientes para financiar esta mesada pensional objeto de reliquidación, habrá lugar por parte de la entidad a realizar los aportes respectivos.”
2.5. El cumplimiento del fallo antes referido, se dio a través de la Resolución RDP000350 del 10 de enero del 2017, en donde se reliquidó el monto de la pensión por un valor de $13.390.000. A la fecha de la presentación de la solicitud de amparo, el señor Duarte Chinchilla se encuentra en nómina del FOPEP, recibiendo una pensión por valor de $16.976.180.
3. Sustento de la vulneración
3.1. En cuanto hace a los requisitos de procedibilidad adjetiva relativo a la subsidiaridad y a la inmediatez, señaló que (i) en el caso concreto se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, que debe ser atendido de forma urgente por la jurisdicción constitucional, en la medida en que se está cancelando una pensión de jubilación por encima de los topes fijados en una sentencia de constitucionalidad (C-258 del 2013), lo que causa una grave afectación al erario público; y (ii) la acción se presenta en un término razonable, si se tiene en cuenta la situación específica de recibo de los procesos de la extinta CAJANAL.
3.2. Respecto de las providencias judiciales cuestionadas, la parte actora señaló que la misma incurrió, tanto en un defecto sustantivo, como en un defecto por desconocimiento del precedente, dada las siguientes consideraciones:
3.2.1. Respecto al primero de los defectos alegados, indicó que se desconoció que la Ley 100 de 1993 incorporó al régimen general de pensiones a los funcionarios de la Rama Judicial, por lo que ellos se rigen por lo señalado en el artículo 18 ejusdem, en donde se fijó un monto de las pensiones que se causen con cargo a recursos públicos. Así mismo, resultaba aplicable lo fijado en el artículo 5º inciso 3º de la Ley 797 de 2003, que modificó la norma antes señalada, sin establecer excepción alguna para su aplicación.
3.2.2. De otro lado, precisó que se desatendió la ratio contenida en la sentencia C-258 de 2013, en donde se determinó con toda claridad que a partir del 1º de julio del 2013, ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el tope de 25 s.m.l.m.v. A su vez, fundamentó su argumentación en lo señalando en las sentencias T-392 del 2015, T-892 del 2013, T-615 del 2015 y C-078 del 2017.
3.2.3. Finalmente, argumentó que con las decisiones cuestionadas, se desconoció que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo legal es que la determinación del ingreso base de liquidación –IBL- era con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en los fallos C-168 de 1995, C-258 del 2013, T-078 del 2013, SU-230 del 2015, T-615 de 2015 y C-078 de 2017. De esta manera, resultó errada la orden proferida por la autoridad judicial, en el sentido de disponer la reliquidación del derecho pensional conforme al 75% de la asignación más elevada devengada en el último año de servicios.
3.3. Concluyó su escrito inicial, precisando que (i) las decisiones judiciales cuestionadas implican un abuso del derecho, en tanto se realiza una interpretación de las normas que no es conforme al ordenamiento jurídico; (ii) conllevan a una grave afectación al erario público y (iii) implican un fraude a la ley.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
Con auto del 10 de agosto del 2017, el [Magistrado] Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dispuso la admisión de la petición de amparo de la referencia, ordenando la notificación de las partes y ordenando la vinculación, como tercero con interés, del señor Hernando Duarte Chinchilla.
Así mismo, se negó la solicitud de medida provisional, en tanto no se observó la ocurrencia de un perjuicio o situación grave que implicara la necesidad de intervención inmediata del juez constitucional.
4.2. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones del caso, obrantes del folio 136 al 143 del expediente de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
4.2.1. Tribunal Administrativo del Atlántico
Con escrito allegado el 4 de septiembre del 2017, se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela, alegando en primer lugar, que la misma no cumplió con el requisito de inmediatez, en tanto se presentó 3 años después de la notificación de la decisión de segunda instancia.
En relación con el fondo del asunto, hizo referencia a la posición jurisprudencial adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se ha precisado que a los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, les aplica en forma íntegra el régimen anterior al cual pertenezcan, por lo que en atención a que el derecho pensional del señor Duarte Chinchilla se rige por el entonces régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial, lo cierto es que tanto la edad, el tiempo, el monto y el ingreso base de liquidación, deben establecerse conforme a lo señalado en el Decreto 546 de 1971.
Por lo anterior, precisó que con su decisión no se desconocieron los derechos fundamentales de la entidad accionante.
4.2.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
En su informe se limitó a reseñar la actuación adelantada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, concluyendo que el fallo dictado se encuentra sustentado en la jurisprudencia del Consejo de Estado y en las normas aplicables al caso.
4.2.3. Los demás vinculados, a pesar de su efectiva notificación, guardaron silencio.
4.3. Sentencia de primera instancia
4.3.1. Con fallo del 16 de noviembre del 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado (i) declaró infundado el impedimento presentado por el Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez y (ii) declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la UGPP.
4.3.2. En relación con el segundo de los aspectos arriba señalados, la Sala a quo precisó que en el caso concreto, la petición de amparo se radicó más de tres años después de la notificación de la providencia judicial cuestionada, sin que sea de recibo el argumento relativo a que solamente hasta el 12 de junio del 2013 la UGPP asumió el conocimiento de los asuntos de la extinta CAJANAL, en la medida en que ello no excusa el hecho de que la última de las citadas entidades estaba en la obligación de defender sus derechos.
4.3.3. De otro lado, indicó que así se aceptara el anterior argumento, desde el 12 de junio del 2013 también ha transcurrido un plazo que resulta a todas luces irrazonable, por lo que de todas maneras, no se atendería el requisito de la inmediatez.
4.4. Impugnación
4.4.1. Con escrito del 24 de noviembre del 2017, el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP, presentó escrito en el que se limitó a señalar que impugnaba el fallo de primera instancia, precisando que sus inconformidades serían sustentadas en escrito posterior.
4.4.2. En memorial del 28 de noviembre del mismo año, encontrándose dentro del término de 3 días que consagra el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, se presentó la siguiente argumentación por parte de la entidad accionante:
4.4.2.1. En primer lugar, hizo referencia a que la entidad recibió los procesos judiciales que se incoaron en su momento frente a la extinta CAJANAL, aspecto que ha sido tenido en cuenta por la jurisdicción como un elemento para flexibilizar el requisito de inmediatez, en la medida en que sobre dicha entidad se configuró un estado de cosas inconstitucional, aspecto que fue reiterado en la sentencia SU-427 del 2016.
4.4.2.2 De otro lado, trajo nuevamente a colación los argumentos por los cuales consideró que frente a las providencias judiciales cuestionadas, se incurrió en el defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente, en los mismos términos del escrito inicial de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la UGPP contra el fallo del 16 de noviembre del 2017, adoptado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el Acuerdo 055 de 2003.
2. Problemas jurídicos
2.1. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
2.1.1. ¿Resultó acertada la decisión del juez constitucional a quo, al concluir que la tutela presentada por la UGPP no atendió los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de amparo?
2.1.2. De ser negativa la respuesta, ¿se incurrió en las providencias judiciales cuestionadas en los defectos alegados por la entidad tutelante?
3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver las preguntas precedentes, se seguirá el siguiente orden metodológico (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) criterio de la Sección en relación con el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva en los casos de peticiones de amparo presentadas por la UGPP y (iii) caso concreto.
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
3.1.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.1.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
3.1.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
3.1.5 A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
3.2. Criterio de la Sección en relación con el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva en tutelas contra providencias judiciales presentadas por la UGPP.
3.2.1. De manera general, esta Sección ha considerado que de conformidad con el carácter residual y la finalidad de la pronta protección de derechos fundamentales de la acción de tutela, dicho mecanismo debe cumplir con dos requisitos que, jurisprudencialmente, han sido denominados como de subsidiaridad e inmediatez.
3.2.2. Frente al primero de los referidos, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, se debe acudir al juez constitucional cuando en forma previa, se han agotado todos los mecanismos ordinarios que sean pertinentes y eficaces, pues sólo de esta forma se garantiza que en efecto la acción de tutela sea medio excepcional y extraordinario de garantía y protección de los derechos constitucionales fundamentales reconocidos a toda persona, labor que en primera instancia debe ser llevada a cabo por todas las autoridades, de conformidad con el contenido del artículo 2º constitucional.
3.2.3. Lo anterior, salvo que se pretenda la protección de un perjuicio irremediable, evento en el cual, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
3.2.4. De otra parte, frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un plazo razonable, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.
3.2.5. De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha considerado como plazo prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia, frente a lo cual se deberá analizar en cada caso concreto si concurren circunstancias particulares que permitan dar por superado el requisito en comento.
3.2.6. A pesar de lo anterior, es de resaltar que esta Sala de Decisión, acogiendo criterios previamente expuestos por la Corte Constitucional, ha señalado que en los casos en que la UGPP presente acciones de tutela en contra de decisiones judiciales por medio de las cuales se ordena el reconocimiento de un derecho pensional, existen situaciones y circunstancias particulares que deben ser analizadas y pueden llegar a flexibilizar la aplicación de los referidos requisitos.
3.2.7. Sobre el particular se recuerda, como se indicó en forma previa, en el análisis de la inmediatez debe evaluarse si existió un motivo válido para la inactividad de los accionantes y/o si la situación de vulneración alegada permanece en el tiempo, en tanto en caso afirmativo, habría lugar a la flexibilizar la aplicación del mencionado requisito.
3.2.8. En lo que respecta a la UGPP, en reiteradas oportunidades ha invocado los problemas estructurales que presentó CAJANAL en su funcionamiento, y por consiguiente, en la defensa de los intereses del Estado en procesos judiciales, que aunados a otras deficiencias, conllevaron a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional y a la liquidación de la entidad.
3.2.9. Sin perder de vista lo anterior, la UGPP resaltó que desde el 12 de junio de 2013 asumió la defensa jurídica de CAJANAL, y por ende, de un número significativo de asuntos que durante mucho tiempo fueron desatendidos, la mayoría de ellos, relativos a prestaciones que implicaron el reconocimiento y pago de mesadas pensionales en valores mayores a los que legalmente corresponde.
3.2.10 En consideración a las anteriores circunstancias, esta Sección frente a varias de las acciones de tutela interpuestas por la UGPP contra providencias dictadas en procesos judiciales que fueron iniciados contra CAJANAL, optó por flexibilizar la exigencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y por ende, abordó el análisis de fondo de las controversias planteadas, pese a que la entidad antes señalada no agotó en debida forma los mecanismos ordinarios de defensa, y/o aunque la acción constitucional se interpuso transcurridos más de 6 meses desde la ejecutoria de las decisiones judiciales cuestionadas.
3.2.11 No obstante lo anterior, en otras oportunidades esta Sección precisó que la flexibilización de los requisitos antes señalados no puede llegar al punto de su inaplicación, particularmente frente asuntos que la UGPP asumió directamente en sede administrativa o judicial, respecto de los cuales no hay lugar predicar el estado de cosas inconstitucional en el que se vio involucrada CAJANAL.
3.2.12 Ahora bien, al interior de la Corte Constitucional se presentó una dinámica similar, pues las salas de revisión segunda y novena “estimaron que las acciones de tutela interpuestas por la UGPP eran improcedentes, por cuanto no se satisfacían los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, y porque los argumentos presentados para justificar dichas situaciones no resultaban suficientes para exonerar a la entidad demandante de dichas cargas”; mientras las salas tercera, quinta, sexta y séptima “estimaron que las acciones de tutela interpuestas por la UGPP eran procedentes, por cuanto a pesar de que no se habían agotado los recursos ordinarios ni extraordinarios que tuvo en su momento a disposición Cajanal y aunque los recursos de amparo fueron interpuestos años después del momento en el cual fueron proferidos los fallos controvertidos, los argumentos presentados para justificar dichas circunstancias resultaban suficientes para exonerar a la entidad demandante de dichas cargas.” (Destacado fuera de texto).
3.2.13 Consciente de la anterior diferencia, la Corte Constitucional dictó el fallo SU-427 de 2016 (que ha sido aplicado por esta Sección), en el que unificó su jurisprudencia respecto de la exigencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, cuando las acciones de tutela son interpuestas por la UGGP contra providencias que reconocieron derechos pensionales.
3.2.14 En síntesis, la mencionada sentencia de unificación de un lado estableció como regla general, que la acción de tutela es improcedente cuando es ejercida por las entidades que administran pensiones, toda vez que cuentan con el recurso extraordinario de revisión para controvertir las decisiones judiciales que reconocieron mesadas pensionales que exceden lo debido de acuerdo a la ley, salvo que se evidencie de manera palmaria que a través de las providencias atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de dichas prestaciones.
3.2.15 De otro lado, la Corte determinó que si bien es cierto el término de 5 años para interponer el referido recurso se contabiliza desde la firmeza de la providencia en cuestión, también lo es que dicho plazo en el caso de la UGPP, por las circunstancias especiales arriba mencionadas, particularmente las relacionadas con CAJANAL, no puede contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo esta. En ese orden, concluyó que la UGPP podrá ejercer el recurso de revisión hasta el 11 de junio de 2018, sin perjuicio de que en casos excepcionales la acción de tutela se interponga contra decisiones jurisdiccionales que de manera palmaria desconocieron el ordenamiento jurídico y pueden afectar el patrimonio público.
3.2.16 Para mayor ilustración de las reglas establecidas por la Corte en materia de subsidiariedad e inmediatez, frente acciones de tutela interpuestas por las administradoras de pensiones, y particularmente la UGPP, se traen a colación las consideraciones más relevantes del fallo de unificación:
“7.13. En resumen, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional existen dos líneas argumentativas para solucionar casos como el estudiado en esta oportunidad, la primera que se inclina por la supremacía del principio de seguridad jurídica que le otorga inmutabilidad a las decisiones judiciales una vez quedan ejecutoriadas, así como por la protección del derecho a la confianza legítima de las personas beneficiarias de éstas, y la segunda que teniendo en cuenta los perjuicios gravosos que generan las prestaciones periódicas reconocidas de manera jurídicamente cuestionable en los fallos reprochados, opta por avalar su revisión con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y de contera salvaguardar las prerrogativas fundamentales de sus afiliados.
(…)
7.15. La Sala Plena estima pertinente acoger una tesis que permita armonizar los principios en tensión y superar, en la mayor medida de lo posible, los conflictos surgidos entre los derechos de los sujetos implicados en esta clase de causas. Al efecto, en primer lugar, esta Corporación deberá establecer si la acción de tutela es procedente para revisar las prestaciones reconocidas con abuso del derecho, frente a lo cual este Tribunal advierte que, en principio, el recurso de amparo no sería viable puesto que el Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó un inciso al artículo 48 superior, en el cual se indica que “la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados”, por lo que en atención al principio de subsidiariedad debería acudirse a dicho instrumento especializado para examinar las prestaciones periódicas sobre las cuales se cierna duda en torno a su legalidad. 7.16. Sin embargo, la Corte evidencia que no se ha expedido una ley que desarrolle dicho mandato, por lo que se ha acudido al instrumento contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como vía para la revisión de las pensiones reconocidas mediante providencias judiciales en las hipótesis de abuso del derecho, tal y como se dispuso en la Sentencia C-258 de 2013. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente realizar las siguientes precisiones en torno a la posible aplicación de dicho mecanismo: 7.17. En primer lugar, hay que destacar que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagró la competencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia para revisar, por petición del Gobierno, las providencias judiciales que “en cualquier tiempo” hayan decretado la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza al tesoro público o a fondos de naturaleza estatal. Dicho procedimiento procede cuando: (a) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, o (b) la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
(…)
7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero. 7.24.
Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal. 7.25. Así las cosas, ante la existencia (sic) otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución. 7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo que en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas. 7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la posible configuración de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los derechos fundamentales de los implicados en la causa, por lo que en caso de verificarse la existencia de dicha irregularidad, deberá disponer que el reajuste de la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la decisión judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe. 7.28.
La aplicación de las reglas establecidas por la Corte en esta providencia tiene las siguientes ventajas sobre las tesis que previamente se habían adoptado por las diversas salas de revisión:
(i) No anula el principio de seguridad jurídica, pues si bien permiten que se controvierta una sentencia ejecutoriada lo hacen, por regla general, a través de un mecanismo especializado, cuya naturaleza precisamente es servir de instrumento procesal para remediar decisiones injustas y, de manera excepcional, mediante la acción de tutela en casos de palmarios abuso del derecho.
(ii) No desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que le permite a la UGPP acudir hasta el 11 de junio de 2018 ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado para controvertir las decisiones judiciales que considere lesivas para el tesoro público y frente a las cuales no precedía recurso alguno.
(iii) Permite atender al principio general del derecho según el cual de la ilegalidad no se generan derechos y permite la aplicación del mecanismo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual autoriza afectar la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas para impedir que se mantengan situaciones irregulares en desmedro del erario público, así como responde a la situación especial de ineficiencia e inoperancia administrativa que enfrentó Cajanal.
(iv) Establece un período de gracia a la persona beneficiaria de una prestación con abuso del derecho para que no vea afectados abruptamente sus derechos con ocasión del reajuste de la pensión como consecuencia de la intervención excepcional del juez constitucional. 7.29. Ahora bien, descendiendo al asunto en estudio, la Corte evidencia que a pesar de que la UGPP podría acudir al recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el presente caso se evidencia palmariamente la ocurrencia de un abuso del derecho que permite la irrupción del recurso de amparo como mecanismo preferente. 7.30. En efecto, esta Corporación encuentra que las autoridades judiciales demandadas elevaron el monto de la pensión reconocida a María Margarita Aguilar Álzate de $3.935.780 pesos m/cte. a $14.140.249 pesos m/cte. con fundamento en una vinculación precaria en encargo que tuvo la mencionada ciudadana como fiscal delegada ante un tribunal superior de distrito judicial por 1 mes y 6 días, período en el cual se incrementó considerablemente su asignación salarial y recibió una bonificación por gestión judicial, que a la postre también fue tenida cuenta para efectuar la liquidación de la mesada prestacional. En consecuencia, este Tribunal proseguirá con el análisis de los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”. (Destacado fuera de texto).
3.2.17 Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte dejó sin efectos providencias proferidas en los años 2007 y 2008, a pesar de la existencia del recurso extraordinario de revisión y aunque la UGPP ejerció la acción constitucional en el 2015, por supuesto, en casos excepcionales en los que eran ostensibles los errores alegados.
3.3. Análisis del caso concreto
3.3.1 Resolución del primer problema jurídico
3.3.1.1 En relación con el primero de los problemas jurídicos expuestos en forma previa, la Sala considera que se debe confirmar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en la medida en que no se observa que la entidad accionante se encuentre dentro de aquellas situaciones excepcionales que permiten flexibilizar los requisitos de procedibilidad adjetiva, cuando lo que se cuestiona es una providencia judicial en la que se reconoció un derecho pensional a cargo de esta.
3.3.1.2 Como se precisó en los antecedentes de la presente providencia, la decisión de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y a través de la cual se confirmó lo decidido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, se adoptó el 13 de junio del 2014, decisión que cobró ejecutoria el 8 de abril del 2015, tal y como obra en la certificación suscrita por la Secretaría General del referido tribunal, la cual reposa a folio 91 del expediente de tutela. La petición de amparo se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado, el 9 de agosto del 2017, por lo que la misma se presentó más de dos años con posterioridad a la ejecutoria de la decisión judicial cuestionada.
3.3.1.3 Ahora bien, como se precisó en el numeral 3.2 de esta providencia, frente a la UGPP se han aceptado circunstancias excepcionales que permiten la flexibilización del requisito de inmediatez, especialmente, aquellas relacionadas con que sólo hasta determinada fecha -12 de junio del 2013-, asumió la defensa de los procesos en los cuales era parte la extinta CAJANAL. Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso concreto, dado que la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico fue dictada el 13 de junio del 2014, por lo que se asume que la misma fue notificada a la entidad tutelante como sucesora procesal de CAJANAL.
3.3.1.4 Lo anterior implica que ante el conocimiento directo del fallo que considera como transgresor de sus derechos fundamentales, la UGPP estaba en la obligación de asumir en forma diligente y pronta la defensa judicial de sus intereses, dentro de un plazo que fuera razonable y permitiera la protección pronta y eficaz de las garantías que señaló como desconocidas por las autoridades judiciales accionadas.
3.3.1.5 Adicional a lo anterior, dentro de la misma documentación aportada por la entidad tutelante en su escrito inicial, se observa que esta adelantó actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento del fallo, como se observa del contenido de las Resoluciones RDP No. 014606 del 16 de abril del 2015, RDP 001306 del 19 de enero del 2016, RDP 9463 del 26 de febrero del 2016, RDP 029448 del 11 de agosto del 2016 y RDP 00350 del 10 de enero del 2017, siendo claro que en todas ellas, la entidad señala conocer el contenido de la decisión que ahora se cuestiona vía tutela.
3.3.1.6 Es esta medida, si se asumiera que la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico no le fue notificada en debida forma tras su expedición, lo cierto es que desde el año 2015 el señor Duarte Chinchilla le ha presentado sendas solicitudes de cumplimiento de la misma, por lo que razonablemente se puede inferir el conocimiento de su contenido desde dicha fecha.
3.3.1.7 Bajo estas circunstancias, si bien en el presente caso no se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad adjetiva relativo a la inmediatez, ello no lo es por las razones que se expuso por la Sección Cuarta en el fallo impugnado, sino por aquellas que fueron expuestas en precedencia, sumado a que del análisis del expediente no se encuentra probada circunstancias alguna que permita establecer una situación justificante frente a la UGPP para interponer, en un plazo razonable, la petición de amparo.
3.3.1.8 Precisado lo anterior, la Sala expone también a la parte actora, que conforme a las reglas fijadas en la sentencia SU-427 del 2016, puede acudir al recurso extraordinario de revisión, fijado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a efectos de cuestionar en dicha sede, el contenido de la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico. Lo anterior es procedente si se tiene en cuenta que precisamente lo que se cuestiona a través de la presente acción, es el reconocimiento por fuera del marco constitucional y legal de un derecho pensional, situación para la cual fue expresamente consagrado el recurso antes mencionado.
3.2.2. Conforme a lo dicho anteriormente, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia, que declaró la improcedencia por no encontrar acreditado el requisito de inmediatez, pero por las razones que se exponen en la parte motiva del presente proveído. Lo anterior, implica que esta Sección se abstenga de estudiar el segundo de los problemas jurídicos señalados en el acápite correspondiente.
III.DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de noviembre del 2017, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La presente providencia se discutió y decidió en sesión de la fecha.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ver acta individual de reparto.
Exp. 0497-2009, C.P. Gustavo Gómez Aranguren.
Folio 134.
Folio 149.
Folio 179.
La decisión de primera instancia le fue notificada a la UGPP en correo electrónico del 23 de noviembre del 2017, por lo que la impugnación fue presentada dentro del término legamente establecido para el efecto.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
Dicha criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, C.P.: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00 C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, C.P.: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, C.P.: Rocío Araújo Oñate entre otras.
Al respecto, ver, entre otros, el fallo del 23 de agosto del 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-01703-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015, Rad. 25000-23-42-000-2015-01446-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En este caso la providencia controvertida se dictó el 4 de junio de 2008 y la acción de tutela se presentó el 3 de marzo de 2015.
En el mismo sentido consultar las siguientes providencias, respecto de las cuales se hace énfasis en el análisis de la inmediatez, aunque en algunas de ellas también puede apreciarse la flexibilización del requisito de subsidiariedad:
1) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de mayo de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2015-00629-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Resolvió una acción de tutela presentada el 9 de marzo de 2015, contra una providencia dictada el 19 de febrero de 2009.
2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de junio de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2015-00367-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el asunto analizado por esta providencia, el fallo controvertido fue del 29 de abril de 2014 y el escrito de tutela se radicó el 29 de febrero de 2015.
3) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, rad. 11001-03-15-000-2015-02397-01, C.P. Rocío Araujo Oñate. En esta oportunidad la providencia censurada se profirió el 18 de noviembre de 2011 y la acción constitucional se ejerció el 24 de agosto de 2015.
4) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-03216-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta oportunidad la acción constitucional se interpuso el 18 de noviembre de 2015, para controvertir una decisión judicial del 13 de septiembre de 2011.
5) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-02164-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En el asunto analizado por esta providencia, el fallo controvertido quedó en firme el 24 de febrero de 2009 y el escrito de tutela se radicó el 19 de julio de 2016.
6) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo 1° de junio de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01027-00, C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta oportunidad se tuvo por superado el requisito de inmediatez, frente a una acción de tutela que se interpuso el 17 de abril de 2017 para controvertir una providencia del 28 de noviembre de 2013.
7) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de junio de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-00918-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En esta providencia se dio por cumplido el requisito de inmediatez, aunque las decisiones controvertidas se dictaron en el año 2007 y la acción de tutela se ejerció el 6 de abril de 2017.
8) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01155-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta oportunidad se tuvo por superado el requisito de inmediatez, frente a una acción de tutela que se interpuso el 4 de mayo 2017 para controvertir una providencia del 16 de febrero de 2016.
Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-02004-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Ver entre otras, sentencias: T-893 de 2014, T-922 de 2014 y T-287 de 2015.
Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Ver sentencias T-546 de 2014, T-835 de 2014, T-581 de 2015 y T-060 de 2016.
Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-02774-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E). 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de abril de 2017, rad. 25000-23-42-000-2017-00646-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-03170-01, C.P. Rocío Araujo Oñate. 4) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de junio de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02876-01, C.P. Rocío Araujo Oñate.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En dicha providencia se señaló que (…)”
En esa línea, puede consultarse el salvamento de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado a la Sentencia T-060 de 2016 (M.P. Alejandro Lineras Cantillo).
“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que (…)”
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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