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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-02023-01

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por incumplimiento del requisito de subsidiariedad

Fecha
3 de julio de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-02023-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia de 28 de febrero de 2018, proferida la sección primera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por la señora Gloria Leonor Burbano Obando, para en su lugar, RECHAZAR por improcedente la acción de tutela por ella incoada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; de conformidad con las precisas razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-02023-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

3 de julio de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UNA PENSIÓN SUSTITUTIVA A FAVOR DE LA CÓNYUGE SUPÉRSTITE

¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con los requisitos generales de procedibilidad? (…) [La Sala observa] que si bien es cierto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue instaurado por la señora [M.S.P.] en su condición de compañera permanente, también lo es, que dentro del mismo el Juzgado de primera instancia, a través de auto de 14 de mayo de 2012, vinculó a la hoy accionante con el fin de garantizarle el debido proceso de los posibles efectos que contra ella pudiera recaer con las futuras decisiones, razón por la cual contaba con la oportunidad procesal de manifestar sus inconformidades frente a las pretensiones de la demanda y acreditar los requisitos exigidos para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional causada por su esposo [M.V.S.] (Q.E.P.D), el cual no lo hizo. (…) Además (…), advierte la Sala que la señora [G.L.B.O.], no apeló la sentencia de 23 de julio de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Guadalajara de Buga, en sede de primera instancia, pese a que lo allí resuelto resultó adverso a sus intereses, es decir, contó con la oportunidad procesal de cuestionar dicha decisión, en ejercicio de su derecho de contracción y defensa, sin embargo, guardó silencio. (…) [A su vez,] se advierte que los argumentos que la parte actora aduce hoy en el escrito de tutela son totalmente nuevos, ello por cuanto, pretende alegar la presunta vulneración de su derecho fundamental a la seguridad social, con fundamento en que la autoridad judicial accionada ignoró como hecho relevante que las Resoluciones cuestionadas habían quedado sin validez mucho antes de la sentencia hoy acusada. (…) Ahora bien, advierte la Sala que no son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito de impugnación, por cuanto alega que estuvo mal representada en el proceso ordinario, justificando su omisión de informar de la existencia de las nuevas resoluciones proferidas en su favor, en el actuar negligente del profesional del derecho contratado para orientar la defensa y los intereses del departamento, con el fin de eludir el cumplimiento y agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, para en su lugar revivir etapas en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico, razón por la cual la presente acción se torna improcedente por desconocimiento del principio de subsidiariedad. (…) Así las cosas, de acuerdo a todo lo expuesto la Sala revocará la providencia de 28 de febrero de 2018 (…), para en su lugar, rechazar por improcedente la [presente] acción.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02023-01(AC)

Actor: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la apoderada judicial de la señora Gloria Leonor Burbano Obando, contra la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado, que le negó el amparo de su derecho fundamental a la seguridad social.

ANTECEDENTES

1.1 Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:

Manifestó la parte actora que, la señora Magnolia Salas Penagos, quien dice ser compañera permanente de su esposo Marcelo Vergara Sánchez (Q.E.P.D), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, con el fin de obtener el reconocimiento y pago del 50% de la sustitución pensional que el ente ministerial había dejado en suspenso a través de la Resolución 13 de marzo de 2018, hasta tanto la justicia ordinaria dirimiera el conflicto.

Indicó que el asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero de Descongestión de Guadalajara de Buga, quien mediante providencia de 23 de julio de 2013, negó las pretensiones de la demanda por no haberse configurado el requisito de la convivencia durante los 5 años anteriores a la muerte del causante.

Señaló que el apoderado judicial de la señora Magnolia Salas Penagos inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien mediante sentencia de 1 de junio de 2017, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 137 de 23 de julio de 2013, proferida por el Juzgado Primero de Descongestión del Guadalajara de Buga, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 012 y 013 del 13 de marzo de 2009, proferidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se dejó en suspenso el reconocimiento de la sustitución pensional a la accionante y las cesantías definitivas por fallecimiento del señor Vergara.

TERCERO: ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, que proceda a reconocer y pagar a favor de las hijas menores de edad del causante, VERONICA VERGARA SALAS Y SILVANA VERGARA TENORIO, dentro del término legal que corresponda, pensión se sobreviviente en un valor correspondiente al 50% dejado en suspenso, a partir del 28 de mayo de 2008 y hasta el día que subsistan los supuestos fácticos que legitiman el derecho de sustitución pensional.

CUARTO: ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que proceda a reconocer y pagar a favor de los cuatros hijos del causante; Yuldana Tatiana Vergara Burbano, Martsev Iván Vergara Burbano, Verónica Vergara Salas y Silvana Vergara Tenorio, en una cuota parte de la suma correspondiente al 50% dejado en suspenso de las cesantías definitivas por fallecimiento del señor Marcelo Vergara.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”

Refirió que la resolución acusada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dispuso que una vez dirimido el conflicto la parte interesa debía aportar copia autentica de la sentencia judicial, para proceder al reconocimiento de la pensión sustitutiva causada por el señor Marcelo Vergara (Q.E.P.D). Así las cosas con fundamento en ello, aportó ante la Secretaria de Educación Municipal de Guadalajara-Buga, los autos interlocutorios No. 0808 y 0863 proferidos por el Juzgado Primero de Familia de Buga y la sentencia judicial No. 142011 emitida por el Tribunal Superior de Buga, que declararon el desistimiento tácito del proceso declarativo de unión marital de hecho adelantado por la Sra. Magnolia Salas.

Mencionó que, igualmente, allegó ante la Secretaria de Educación Municipal de Buga, declaraciones extra-juicios con las cuales demostró el requisito de la convivencia efectiva con su esposo el señor Marcelo Vergara (Q.E.P.D).

Expuso que de conformidad con lo anterior, el Secretario de Educación Municipal de Buga, a través de Resoluciones 0261 y 0262 del 23 de abril de 2013, ordenó el reconocimiento y pago del 50% de la sustitución pensional causada por el fallecimiento del docente Marcelo Vergara Sánchez, como también el 50% de las cesantías definitivas.

Adujo que, su condición de cónyuge supérstite y el requisito de la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común, es deber probarlos ante las entidades estatales encargas del pago de la pensión de sobreviviente, tal y como así lo hizo.

Alegó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental de recibir una pensión de sobreviviente, al proferir una decisión arbitraria y contraria a derecho, puesto que, la Secretaria de Educación Municipal de Buga, antes del falló cuestionado emitió las resoluciones No. 0261 y 0262 por medio del cual le reconoce el pago de la sustitución pensional causada por el señor Marcelo Vergara (Q.E.P.D)., con fundamento en la declaraciones extra-juicios y las providencias que declararon el desistimiento tácito del proceso de unión marital de hecho adelantado por la Sra. Magnolia Salas.

1.2 Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, la accionante solicitó (i) el amparo de su derecho fundamental a la seguridad social, (ii) se deje sin efecto la providencia de 1.º de junio de 2017, proferida por el Tribunal del Valle del Cauca, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar, declaró la nulidad de las Resoluciones 012 y 013 de 13 de marzo de 2009, otorgándoles el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a las menores Veronica Vergara Salas y Silvana Vergara Tenorio y, como consecuencia de ello (iii) emita nueva decisión.

1.3 Trámite de primera instancia.

Mediante auto de 22 de enero de 2018, la sección primera de esta Corporación, admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó la notificación de la misma a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de demandados, así mismo, vinculó al Municipio de Guadalajara de Buga – Secretaría de Educación, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduciaria la Previsora S.A, y a las señoras Magnolia Salas Penagos y Leydi Vanessa Tenorio Vélez, como terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

1.4 Informes rendidos en el proceso.

1.4.1 Fiduprevisora.

El vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en el que solicitó negar el amparo puesto que la providencia acusada se encuentra ajustada a derecho. Adicional a ello manifestó que la accionante no demostró que la autoridad judicial accionada haya incurrido en una vía de hecho.

1.4.2 Ministerio de Educación Nacional.

La asesora jurídica del ente ministerial, contestó el escrito inicial en el que solicitó la desvinculación de la presente acción por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no ha desconocido ni vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante.

1.4.3 Magnolia Salas Penagos.

La señora Magnolia Salas Penagos, en calidad de compañera permanente del causante, a través de su apoderado judicial contestó el escrito inicial en el que manifestó que la hoy accionante fue vinculada al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, donde conto con la oportunidad procesal de presentar su argumentos para hacer valer sus derechos.

Advirtió que si bien el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión, en la decisión de primera instancia denegó sus pretensiones, No obstante, en la misma reconoció que si fue compañera permanente del señor Marcelo Vergara (Q.E.P.D)., durante 6 a 7 años, sin embargo no se acreditó el requisito de la convivencia, puesto que durante los últimos 7 meses antes del fallecimiento, el causante convivía con la señora Leydi Vanessa Tenorio.

Señaló que inició demanda de existencia y disolución de la sociedad marital de hecho conformada con el causante Marcelo Vergara, la cual correspondió al Juzgado Primero de Familia del Circuito de la ciudad de Buga, radicada bajo el No. 2008-00297 la cual fue despachada desfavorablemente, por cuanto las personas demandadas no comparecieron al proceso oportunamente.

Indicó que el reconocimiento realizado por la Alcaldía fue arbitrario, puesto que, fue proferido cuando se encontraba en curso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se debatía su derecho a la pensión de sobreviviente en su condición de compañera permanente.

Alegó que presentará la respectiva denuncia penal por fraude procesal y falso testimonio, pues la Sra. Gloria Leonor Burbano Arango no convivía con el causante desde hace más de 30 años.

1.4.4 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Guadalajara de Buga y la señora Leydi Vanessa Tenorio Vélez.

Las demás partes vinculadas al trámite constitucional guardaron silencio.

1.5 La sentencia de tutela impugnada.

La sección primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 22 de febrero de 2018, negó el amparo solicitado por la señora Gloria Leonor Burbano Obando, bajo los siguientes argumentos:
“(…)De los apartes transcritos se pueden extraer dos claras conclusiones: la primera, que los Despachos Judiciales no conocían de la existencia de los actos administrativos que ahora la actora invoca como vulnerados, lo que evidencia que no fueron aportados al proceso a pesar de que contenían una decisión que cambiaba la situación jurídica controvertida; y la segunda, que el debate jurídico de dicha acción precisamente tenía como finalidad determinar quién o quiénes tenían derecho al 50% de la pensión de sobrevivientes que había sido dejada en suspenso con las resoluciones allí adelantadas.

La segunda conclusión advertida en líneas anteriores, también evidencia un actuar inentendible de la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues expidió las Resoluciones SEM nros. 261 y 262 de 3 de abril de 2012, otorgándole el 50% de la pensión de sobreviviente a la señora Gloria Leonor Burbano Obando, a pesar que el proceso que debía definir dicha controversia estaba en trámite y ni siquiera se había proferido la sentencia de primera instancia.

Igualmente, es preciso señalar que si bien la actora adujo que ya existía un pronunciamiento de la justicia ordinaria que demostraba su derecho al 50% de la pensión de sobreviviente en controversia, lo cierto es que dicha afirmación es incorrecta e imprecisa, toda vez que los autos de 5 de noviembre de 2009 y 8 de febrero de 2011, proferidos por el Juzgado Primero de Familia de Buga y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Sala Quinta de Decisión Civil Familia, en los que sustentó su argumento, lo que resuelven es el desistimiento tácito de la demanda ordinaria de declaración de unión marital de hecho incoada por la señora Magnolia Salas Penagos, por lo tanto en dicho proceso no hubo ningún tipo de pronunciamiento de fondo respecto de a quién o a quiénes les corresponde dicho derecho.

(…)

En conclusión, es evidente que la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social de la actora, el cual se fundamentó en la presunta omisión del Tribunal al no tener en cuenta las Resoluciones SEM. Nro 261 y 262 de 3 de abril de 2012, se produjo por su propia culpa, toda vez que no aportó dichos documentos al proceso teniendo la obligación de hacerlo y por lo tanto el fallador, que obviamente no los conocía, no tuvo la oportunidad de analizarlos y tenerlos en consideración para su decisión.

(…)

Así las cosas, la Sala denegará el amparo solicitado, en razón a que la actora desconoció el principio de lealtad procesal y pretendió utilizar a su favor su propia culpa, al no informar dentro del proceso contencioso que dio origen al fallo controvertido, la existencia de unas resoluciones que la beneficiaron y que a la vez modificaron la situación jurídica que precisamente se estaba debatiendo en sede judicial, para después invocar la vulneración de su derecho fundamental a la seguridad social alegando la omisión del contenido de dichos documentos. (…)”

1.6 Impugnación.

Mediante escrito de 23 de abril de 2018, la señora Gloria Leonor Burbano Obando, impugnó el fallo de primera instancia, en el que manifestó que contrario a lo considerado por el A quo, su actuar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no es reprochable, pues actuó de buena fe, dado que acudió a un profesional del derecho para que representara sus intereses, sin embargo no se imaginó que él no allegara ante las autoridades judiciales accionadas la documentación completa que la acreditaba como beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento del señor Marcelo Vergara Sanchez.

Adicional a ello, indicó que su apoderado judicial falleció el día 4 de noviembre de 2013, motivo por el cual, tampoco obra en el expediente recurso de apelación contra la decisión proferida por el juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Guadalajara de Buga.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) Competencia para decidir el recurso de amparo; ii); problema jurídico; iii) procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; y iv) Solución al problema jurídico.

2.1 Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y el literal b) del artículo 2º del Acuerdo No. 55 de 2003, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido el 22 de febrero de 2018, por la sección primera del Consejo de Estado.

2.2 Problema Jurídico.

¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con los requisitos generales de procedibilidad?

Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a establecer: ¿si la autoridad judicial vulneró el derecho fundamental a la seguridad social de la señora Gloria Leonor Burbano Obando, al haber proferido la providencia de 1 de junio de 2017, que revocó la decisión del A quo, y en su lugar ordenó el reconocimiento y pago del 50% de la sustitución pensional que la Secretaria de Educación Municipal de Buga, había dejado en suspenso, a favor de la hijas del causante Marcelo Vergara (Q.E.P.D)?

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

2.3.1. Del requisito de la subsidiariedad.

De conformidad con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional y esta Corporación, para que la acción de tutela proceda debe cumplir, entre otras cosas, con la cláusula formal de la subsidiariedad. De conformidad con el artículo 86 constitucional se dispone que:

«[…]ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.(Subrayado por la Sala)
[…]»

Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 «[…] por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]», en su artículo 6 dispone:

«[…] ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]».

La subsidiariedad de la acción de tutela no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos legales que, por negligencia, descuido o incuria, no han sido ejercidos o promovidos por quien se considera afectado, a menos que se convierta en el único medio eficaz e idóneo que le permita amparar un derecho fundamental. Ahora bien, esta regla general merece una excepción, esto es, cuando se convierte en el único medio que con eficiencia e idoneidad permite amparar un derecho fundamental gravemente vulnerado o amenazado; esta excepción está sujeta a que se logre demostrar que el actor no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación gravosa que así se lo impedía.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela cuando existe otros mecanismos de defensa judicial la Corte Constitucional, señaló:
«[…] Como se ha expresado, cuando se pretende controvertir mediante la acción de tutela una decisión judicial, los requisitos generales de procedencia se  hacen más exigentes pues (i) la persona que se considera afectada por una actuación judicial tiene, al interior del proceso, diferentes vías para defender sus derechos y (ii) no es el propósito de la acción de tutela el que se produzca una invasión de competencias por parte del juez constitucional, frente a las demás autoridades judiciales.

Para la Corte es claro que al juez natural corresponde el estudio detallado de todos los elementos normativos y fácticos discutidos mediante un proceso judicial, a través de un amplio debate probatorio y de la interpretación y aplicación de las cláusulas legales involucradas en el conflicto. Al segundo, en cambio, sólo le corresponde conocer de violaciones o amenazas a los derechos fundamentales derivadas de las actuaciones judiciales, sin involucrarse en las controversias propias del litigio y, además, sólo en caso de que hayan sido alegadas al interior del proceso sin éxito.

Esta restricción en la actuación del juez de tutela es una consecuencia de la obligación del peticionario de actuar diligentemente y agotar todos los recursos judiciales existentes al interior del proceso para la defensa de sus derechos como requisito previo a la interposición de la acción de tutela, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor que le corresponde alegar y demostrar al peticionario [...]»

Igualmente, el H. Consejo de Estado en pronunciamiento de 20 de agosto de 2009 dijo:

«[…] pues de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la misma no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de los derechos que alega como violados, excepto cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Solo, en el evento de que el juez constitucional a través de una valoración que debe hacerse en concreto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la situación de la personas eventualmente afectada con la acción u omisión, determine que no existe mecanismo alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el derecho que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, procede la acción de tutela […]»

En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación han señalado reiteradamente que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y no alterno de administración de justicia, esto significa que los conflictos jurídicos deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias administrativas y jurisdiccionales, y que sólo ante la inexistencia o inoperancia de las mismas, resulta factible acudir a la acción constitucional.

2.4. Solución al problema jurídico.

La señora Gloria Leonor Burbano Obando, acude a la acción constitucional con el fin de que se deje sin efecto la sentencia de 1.º junio de 2017, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 2010-00372, que revocó la decisión del A quo, y en su lugar declaró las nulidad de las Resoluciones No. 012 y 013 de 13 de marzo de 2009, y como consecuencia de ello, ordenó el reconocimiento y pago del 50% de la sustitución pensional causada por el señor Marcelo Vergara (Q.E.P.D), a favor de las hijas menores Verónica Vergara Salas y Silvana Vergara Tenorio, en tanto, afirma, que los actos administrativos cuestionados quedaron sin validez mucho antes de emitida la referida decisión, toda vez que la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, a través de las Resoluciones No. 261 y 262 de 3 de abril de 2013, le otorgó dicho porcentaje que había quedado en suspenso.

Para mayor claridad del asunto, la Sala se permite hacer un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso cuestionado, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, así:

• La señoras Gloria Leonor Burbano, en su condición de cónyuge supérstite y Magnolia Salas Penagos y Leydi Vannessa Tenorio, en calidad de compañeras permanentes, solicitaron ante la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de jubilación que en vida disfrutó el docente Marcelo Vergara Sánchez; en tanto, dichas entidades a través de Resoluciones No. 012 y 013 de 13 de marzo de 2009, reconoció a favor de la hijas menores del causante el 50% de la pensión de jubilación y de las cesantías definitivas, sin embargo, el 50% restante lo dejó en suspenso hasta tanto se dirima la controversia ante la justicia ordinaria, quien debe decir a quien o a quienes le corresponde mejor derecho.

• De conformidad con lo anterior, la señora Magnolia Salas Penagos, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que dejaron en suspenso la sustitución de pensional, en su condición de compañera permanente por encontrarse petición similar presentada por la señoras Gloria Leonor Burbano y Leydi Vanessa Tenorio.

• El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Buga, quien mediante auto de 14 de mayo de 2012, vinculó a las señoras Gloria Leonor Burbano Obando y Leydi Vanessa Tenorio, en calidad de litisconsorte necesario, por los posibles efectos que contra ellas puedan recaer, dentro del proceso.

• La señora Gloria Leonor Burbano Obando (hoy accionante) a través de apoderado judicial, presentó escrito de contestación de la demanda, en el que manifestó que la señora Magnolia Salas Penagos, no reúne los requisitos que exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, puesto que desde el día 30 de septiembre del año 2007, no convivía con el señor Marcelo Vergara, es decir desde hace 8 meses de su fallecimiento.

• Mediante auto de 8 de mayo 2013, el Juez de primera instancia otorgó la oportunidad a la partes para alegar de conclusión, sin embargo la hoy accionante guardó silencio.

• El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Buga, profirió fallo el día 23 de julio de 2013, en el que negó las pretensiones de la demanda al considerar que:

«[…]Conforme a lo expuesto, se puede concluir que la señora Magnolia Salas Penagos llegó a ser la compañera permanente del fallecido docente Marcelo Vargas Sánchez, durante 6 0 7 años, pues si se desprende de los testimonios y de los hechos descritos en la demanda, no obstante lo anterior, también se acreditó que la pareja se separó, considerando que el docente comenzó una nueva relación con la señora Leydi Vanessa Tenorio Vélez, así las cosas no se encuentra acreditado el requisito consistente en la convivencia durante cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

En cuanto a la vida marital del señor VERGARA SÁNCHEZ con la señora GLORIA LEONOR BURBANO OBANDO no se encuentra acreditada en el expediente, al respecto, la litisconsorte necesaria, sólo se pronunció solicitando se negaran las pretensiones de la demanda.

Por otro lado, en cuanto a la relación del extinto docente con la señora Leydi Vanessa Tenorio Vélez, sólo se encuentra acreditado en el expediente que convivieron no más de un (1) año antes del fallecimiento, al respecto, la litisconsorte necesaria, guardó silencio, lo que demuestra su desinterés en la sustitución pensional, pero son los hechos indicativos que desvirtúan la unión libre entre la demandante y el interfecto, razón por la cual y de acuerdo a lo expresado anteriormente, encuentra el Juzgado que el derecho a la sustitución pensional, así como, la calidad de compañera permanente de la señora SALAS PENAGOS con el señor VERGARA SÁNCHEZ no se encuentran probadas.

Debe admitirse que el señor MARCELO VERGARA SÁNCHEZ compartió su vida con tres grupos familiares de modo intermitente, inicialmente con su cónyuge la señora GLORIA LEONOR BURBANO OBANDO, relación de la cual se desconoce su duración y los motivos de su separación física, posteriormente durante 6 o 7 años con la actora, relación de la cual se conoce que se separaron por la infidelidad del fallecido docente con la señora Leydi Vanessa Tenorio Vélez, siendo evidente que el causante en los últimos cinco (5) años de su vida, no mantuvo lazos afectivos estables.

[…]»

• La señora Magnolia Salas Penagos, en su condición de compañera permanente, a través de apoderado judicial presentó recurso de apelación contra el anterior proveído, insistiendo en que tiene mejor derecho para hacerse acreedora de la sustitución pensional, pues si bien es cierto se separó del señor Marcelo Vergara (Q.E.P.D)., también lo es, que aquel nunca la abandono pues siguió dependiendo económicamente de él.

• El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 1.º de junio de 2017, revocó la decisión del A quo, para en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos contentivos en la Resolución No. 012 y 013 de 13 de marzo de 2009 y como consecuencia de ello, ordenó el reconocimiento y pago a favor de las hijas menores del causante, del 50% de la pensión de sobreviviente dejada en suspenso. Bajo los siguientes argumentos:

«[…]las manifestaciones de los testigos no resultan contradictorias entre si ni dan muestra de hechos inverosímiles o poco creíbles que le restes mérito o valor a la prueba, a contrario sensu, lo expuesto en las diligencias se encuentran respaldado por las demás pruebas documentales aportadas.

Se verificó copia de la diligencia de audiencia de conciliación celebrada el día 12 de noviembre de 2006, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre los señores Magnolia Salas y Marcelo Vergara Sánchez, con relación a la custodia y cuidado personal de la menor Verónica Vergara Salas, mediante la cual se constató que la señora Salas y su hija vivían en la casa que era propiedad del causante, y ante las precisiones de la señora Salas se dejó claro que la relación marital como compañera permanente había terminado.

Así mismo, se verifica en diligencia surtida el 08 de abril de 2008, ante el Juez de paz en la casa de justicia del Municipio de Guadalajara de Buga, a la que comparecieron los señores Marcelo Vergara y Magnolia Salas, que la señora salas hacia siete meses dejó la casa de propiedad del causante, para irse a vivir en compañía de su hija, a la casa de sus padres.

[…]

De las anteriores pruebas, se encuentra plenamente probado que, si bien la señora Salas convivió con el causante y tuvo una hija con él, esa convivencia permanente no se extendió hasta el día de la muerte del docente, pues como se precisó en todos los medios probatorios aportados al plenario, la separación de la pareja aconteció siete meses antes del día en que murió el señor Marcelo Vergara.

Se tiene entonces, en este caso, que las pruebas presentadas por la demandante, brindan la certeza suficiente de que no existió una convivencia efectiva en el último año de vida del causante con la demandante, requisito indispensable para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional solicitada.

Resulta relevante precisar que la señora Gloria Leonor Burbano quien se vinculó en el presente proceso como litisconsorte necesario, en calidad de cónyuge supérstite, si bien se pronunció sobre las pretensiones invocadas en la demanda, no aportó ningún medio probatorio con el propósito de probar la convivencia requerida para acceder al reconocimiento de una cuota parte de la sustitución pensional. […]»

• Adicionalmente, se observa que la accionante de manera simultanea al proceso ordinario, previo a dictarse decisión de primera instancia, presentó ante la Secretaria de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, nuevos documentos con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada con el fallecimiento del señor Marcelo Vergara Sánchez, sin informar ante dicha autoridad la existencia de la mencionada actuación judicial.

• De conformidad con lo anterior, el día 3 de abril de 2013, la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, profirió las Resoluciones No. 261 y 262, por medio de la cual reconoció el pago del 50% de la sustitución pensional y de las cesantías definitivas causadas por el fallecimiento del docente Marcelo Vergara Sánchez, a favor de la señora Gloria Leonor Burbano Obando, con fundamento en los autos No. 803 y 863 provenientes del Juzgado Primero de Familia de Guadalajara de Buga.

En este punto, se aclara que si bien es cierto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue instaurado por la señora Magnolia Salas Penagos en su condición de compañera permanente, también lo es, que dentro del mismo el Juzgado de primera instancia, a través de auto de 14 de mayo de 2012, vinculó a la hoy accionante con el fin de garantizarle el debido proceso de los posibles efectos que contra ella pudiera recaer con las futuras decisiones, razón por la cual contaba con la oportunidad procesal de manifestar sus inconformidades frente a las pretensiones de la demanda y acreditar los requisitos exigidos para el reconocimiento y pago de la sustitución pensional causada por su esposo Marcelo Vergara Sánchez (Q.E.P.D), el cual no lo hizo.

Se observa también que la accionante si bien contestó la demanda a través de apoderado judicial, solo lo hizo en el sentido de controvertir el derecho de la señora Magnolia Salas Penagos, pero no en el sentido de acreditar la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común con su esposo el señor Marcelo Vergara Sánchez (Q.E.P.D), y como consecuencia de ello, obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en su condición de cónyuge supérstite.

Además, del anterior recuento probatorio realizado, advierte la Sala que la señora Gloria Leonor Burbano Obando, no apeló la sentencia de 23 de julio de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Guadalajara de Buga, en sede de primera instancia, pese a que lo allí resuelto resultó adverso a sus intereses, es decir, contó con la oportunidad procesal de cuestionar dicha decisión, en ejercicio de su derecho de contracción y defensa, sin embargo guardó silencio.

Al respecto, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los recursos oportunamente tiene como finalidad evitar que la acción de amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se persigue que en la tutela contra providencias judiciales, no haya negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

En vista de lo anterior, como se mencionó inicialmente, para que el Juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judicial, de tal manera debe concluirse que la acción de tutela de la referencia, también resulta improcedente por desconocimiento del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la decisión que se censura no fue recurrida por la hoy accionante en apelación.

Sin perjuicio de lo ya expuesto, se advierte que los argumentos que la parte actora aduce hoy en el escrito de tutela son totalmente nuevos, ello por cuanto, pretende alegar la presunta vulneración de su derecho fundamental a la seguridad social, con fundamento en que la autoridad judicial accionada ignoró como hecho relevante que las Resoluciones cuestionadas habían quedado sin validez mucho antes de la sentencia hoy acusada, dado que, la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, con base en unos documentos que presentó cuando se encontraba en curso el proceso contencioso, profirió nuevos actos administrativos donde le otorgaba a su favor el 50% restante de la sustitución pensional causada por el señor Marcelo Vergara, cambiando de esta manera la situación jurídica debatida dentro del proceso.

Así mismo, al comparar estos argumentos con las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, se evidencia que la accionante dentro de las oportunidades procesales con que contó, no allegó documentación alguna que informara y/o advirtiera a las autoridades judiciales de la existencia de las Resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación de manera posterior a la presentación de la demanda, donde resultaba como beneficiaria del 50% de la pensión de sobreviviente causada por su esposo Marcelo Vergara (Q.E.P.D)., situación que claramente hubiere conllevado a modificar el problema jurídico debatido inicialmente dentro del medio de control instaurado por la señora Magnolia Salas Penagos, por ello mal puede endilgarse vulneración alguna por parte de las autoridades judiciales accionadas, pues tal como lo señaló el A quo, existió falta de lealtad procesal por parte de la accionante dentro del trámite judicial así como dentro del administrativo.

Ahora bien, advierte la Sala que no son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito de impugnación, por cuanto alega que estuvo mal representada en el proceso ordinario, justificando su omisión de informar de la existencia de las nuevas resoluciones proferidas en su favor, en el actuar negligente del profesional del derecho contratado para orientar la defensa y los intereses del departamento, con el fin de eludir el cumplimiento y agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, para en su lugar revivir etapas en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico, razón por la cual la presente acción se torna improcedente por desconocimiento del principio de subsidiariedad, pues además se insiste, dichos argumentos no fueron planteados en las instancias judiciales respectivas, ni en el escrito de tutela inicial.

Aunado a la situación, la accionante alega que la falta de reclamación de su derecho pensional dentro del proceso contencioso, se debió al fallecimiento de su apoderado judicial, el cual ocurrió según lo dicho el día 4 de noviembre de 2013, argumento que tampoco tiene asidero jurídico alguno, toda vez que se observa que las resoluciones proferidas en su favor por la Secretaría de Educación datan de 23 de abril de 2012, y la decisión de primera instancia que resulto adversa a sus pretensiones fue emitida el día 23 de julio de 2013, mucho tiempo antes del deceso de su abogado, acontecimiento que no impidió realizar actuación referente a la defensa de sus intereses.

Así las cosas, de acuerdo a todo lo expuesto la Sala revocará la providencia de 28 de febrero de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo invocado por la señora Gloria Leonor Burbano Obando, para en su lugar, RECHAZAR por improcedente la acción incoada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en tanto no superó el requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia de 28 de febrero de 2018, proferida la sección primera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por la señora Gloria Leonor Burbano Obando, para en su lugar, RECHAZAR por improcedente la acción de tutela por ella incoada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; de conformidad con las precisas razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

El proceso de la referencia subió al Despacho con el informe de la Secretaría General de la corporación el 28 de mayo de 2018.
Ff. 1 a 3 del expediente.
F. 103.
Ff. 42 a 44, vto.
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
Por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado.
En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203).
Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999.
Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559.
Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.
Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004.
También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela.
También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución.
Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013.
Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003].
Emitida en el expediente 110010315000200901328 01.
Sentencia T-1049/08, M.P. Dr. Jaime Cordoba Triviño.
Acción de tutela 25000231500020090093601. Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón

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