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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02121-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
22 de febrero de 2018
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro
Citada por
32 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02121-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de diciembre de 2017 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado por el señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02121-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

22 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL - No es un aspecto sujeto al régimen de transición / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Cálculo / PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - Fuerza vinculante y obligatoria

[L]a regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en la SU-230 de 2015, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (…) De lo anterior se desprende, que al ser esta la posición de la Corte Constitucional, expuesta en el marco de un análisis de constitucionalidad, debe ser este el precedente aplicable (…) Lo anterior, toda vez que con éste se recoge cualquiera otra posición contraria, por el alcance que tienen, se reitera, las sentencias de constitucionalidad que dicta la Corte Constitucional, respecto de las cuales, criterios como el de favorabilidad, entre otros, no tienen aplicación, si se tiene en cuenta que es la sentencia de constitucionalidad la que fija el alcance de la norma y marca el sentido que siempre ha tenido la disposición que analiza. Por su parte, el [actor] se encuentra inmerso en el régimen de transición pensional, aspecto que no fue objeto de debate, y que como consecuencia exige que el cálculo de su pensión se realice con el promedio de los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior o inferior (…) En ese orden, la autoridad judicial no desconoció el precedente aplicable al caso, de conformidad con la regla establecida en la providencia de constitucionalidad referida, y en consecuencia no se configuró el defecto alegado. Así las cosas, se observa que la autoridad judicial no incurrió en defecto alguno al extender los alcances jurídicos de la sentencia C-258 de 2013 a su caso, pues tal providencia, se reitera, fijó una regla general al indicar que el IBL no quedaba cobijado por las normas de transición.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21

NOTA DE RELATORÍA: En relación a la posición de la Corte Constitucional sobre los factores salariales y el IBL para liquidar en las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición, consultar las sentencias SU-230 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02121-01(AC)

Actor: DANIEL ALFONSO ROJAS SALAMANCA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 13 de diciembre de 2017, por medio de la cual el Consejo de Estado – Sección Cuarta negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud

El señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y a los principios de buena fe y confianza legítima.

Consideró vulnerados tales derechos con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 11 de mayo de 2017, proferida por la mencionada autoridad judicial, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá de 22 de septiembre de 2016 y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el actor en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, bajo el radicado No. 25899-33-34-003-2016-00080-01.

1.2. Hechos

El actor sustentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Mediante la Resolución No. 005579 del 17 de marzo de 2004, al señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca le fue reconocida pensión de jubilación.

El 28 de abril de 2015, el señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca, presentó solicitud ante Colpensiones, con el fin de que fuera reliquidada la pensión de jubilación teniendo en cuenta el salario base del último año de servicio y todos los factores salariales a partir de la fecha de retiro, la cual fue negada mediante la Resolución No. GNR 11036 del 15 de enero de 2016.

Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución No. VPB 8754 del 22 de febrero de 2016, en la que se revocó el acto cuestionado y, en su lugar, se dispuso la reliquidación de la pensión de vejez del tutelante, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años.

El señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el propósito de que se declarara la nulidad de la Resolución No. VPB 8754 del 22 de febrero de 2016 y, como consecuencia de lo anterior, se ordenara la reliquidación pensional conforme a la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, esto es, con el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales.

El Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá, en audiencia inicial llevada a cabo el 22 de septiembre de 2016, luego de agotadas las correspondientes etapas, emitió decisión de fondo en la que accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que i) el accionante era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que permitía dar aplicación a las Leyes 33 y 62 de 1985 y ii) que de acuerdo con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, esta debía ser con la totalidad de factores devengados durante el último año de servicio y que en caso de que no se hubiera efectuado el aporte, era viable ordenar su descuento.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante providencia del 11 de mayo de 2017, revocó la decisión del juzgado y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al acoger el precedente de la Corte Constitucional, concretamente las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016.

Fundamentos de la acción

A juicio de la parte actora, la autoridad accionada incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, concretamente de las sentencias de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 y del 25 de febrero de 2016.

Explicó que el tribunal accionado, en forma equivocada, dio aplicación a las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, desconociendo los precedentes del Consejo de Estado y aplicando de forma retroactiva otras providencias. Frente a esto último, precisó que de conformidad con la sentencia T-615 del 9 de noviembre de 2016, las sentencias C-258 del 7 de mayo de 2013 y la SU-230 del 29 de abril de 2015, no pueden ser aplicadas de manera retroactiva, por lo que debe ser tenida en cuenta la fecha de adquisición del estatus pensional para su debida aplicación.

Por lo anterior, sostuvo que consolidó su status pensional el 21 de enero de 2001, fecha en la que no se habían proferido ni publicado las sentencias de la Corte Constitucional aludidas. Finalmente, citó una sentencia de la Sección Quinta de esta Corporación que en un caso idéntico, resolvió revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, con el argumento de que las sentencias no pueden ser aplicadas en forma retroactiva y que debe tenerse en cuenta para su aplicación la fecha en la cual se adquirió el status pensional.

1.4. Pretensiones

Presentó las siguientes:

“1. Conceder el amparo de los derechos fundamentales a LA SEGURIDAD SOCIAL EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA VIDA, A LA IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL, AL PAGO OPORTUNO DE LAS PENSIONES LEGALES, A LA DIGNIDAD HUMANA, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA y a la BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA, del señor DANIEL ALFONSO ROJAS SALAMANCA, en consecuencia dejar sin efecto la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, dentro del proceso No. 25899-33-34-003-2016-00080-01, ordenando proferir una nueva sentencia de segunda instancia, en la cual se tenga en cuenta, los lineamientos jurisprudenciales trazados por el órgano de cierre de la justicia contenciosa administrativa.

2. Conminar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, para que en lo sucesivo y para los casos de idéntica situación fáctica como el caso sub examine, continúe aplicando el precedente judicial del Consejo de Estado”.

1.5. Trámite

Con providencia de 24 de agosto de 2017, la Sección Cuarta admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y dispuso vincular al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, como terceros con interés.

1.6. Contestaciones

Remitidos los oficios correspondientes, intervinieron las siguientes autoridades:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”

Manifestó que lo resuelto en el fallo cuestionado corresponde al criterio que ha sostenido la Corte Constitucional, quien por vía de precedente aclaró que son tres los parámetros a tener en cuenta al momento del reconocimiento de las pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993, estos son: la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la misma, siempre que estén dentro del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993; mientras que el IBL debe atender a las prescripciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Concluyó que en la sentencia están explicadas las razones por las que la Sala se apartó de la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, entre otras, que ante la existencia de dos precedentes, lo procedente es aplicar el de la Corte Constitucional, dados sus efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional.

1.6.2. La Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones

Señaló que el tribunal al acoger los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional, estableció que Colpensiones había actuado en derecho. Asimismo, sostuvo que se dio correcta aplicación a las normas aplicables al caso concreto, que fueron tenidas en cuenta las pruebas aportadas y que estas determinaron que no era procedente la reliquidación de la mesada pensional del accionante con el IBL del último año.

1.6.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá pese a haber sido debidamente notificado, no se pronunció.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado – Sección Cuarta, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2017, negó el amparo solicitado al considerar que “para determinar el tiempo para el cálculo del monto de la pensión, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, ya que si esta fue presentada antes de que fuera emitido el pronunciamiento de la Corte Constitucional –Sentencia SU-230 de 2015–, existe una situación que debe respetarse, por ser anterior a la nueva regla que sería fuente formal de derecho en estricto sentido”.

En ese sentido, adujo que teniendo en cuenta que el señor Rojas Salamanca presentó su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 1º de abril de 2016, es decir con posterioridad a la publicación de la sentencia SU-230 de 2015 (el 6 de julio de 2015), es claro que para la fecha de interposición de la acción, este pronunciamiento del alto tribunal debía ser conocido por la parte actora y en ese orden de ideas, era viable que su situación fuera revisada a la luz de esta nueva posición jurisprudencial.

En cuanto al argumento del tutelante relacionado con lo establecido por la sentencia T-615 de 2016, precisó que esta fue anulada por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Auto No. 229 del 10 de mayo de 2017, razón por la cual no resulta ser un precedente aplicable en la actualidad.

1.8. Impugnación

Mediante escrito radicado el 17 de enero de 2017 la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia por considerar que la sentencia SU-230 de 2015 no guarda plena identidad fáctica y jurídica con su caso, por lo que no debió ser aplicada por el tribunal accionado. Para tal efecto, cito la sentencia de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 25000234200020130154101.

Reiteró que se está vulnerando el principio de confianza legítima y los derechos adquiridos de los ciudadanos, toda vez que ante las múltiples decisiones en la materia, la persona no sabe que esperar de los órganos judiciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y, en el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 13 de diciembre de 2017, emanada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el curso de la acción de tutela instaurada por el señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social en conexidad con el derecho a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y a los principios de buena fe y confianza legítima.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actora tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Caso concreto

De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que el apoderado del señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca adujo que la Sección Segunda – Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en su decisión cuestionada en desconocimiento del precedente, concretamente de los fallos de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 y del 25 de febrero de 2016, pues prefirió, en forma equivocada, las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo al considerar que para determinar la aplicación de la sentencia SU-230 de 2015, lo relevante es la fecha en la que se interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que en el caso sub examine al haberse formulado ese medio de control con anterioridad a la publicación de la sentencia de la Corte Constitucional, resultada procedente su aplicación.

En su impugnación el accionante adujo que la sentencia SU-230 de 2015 no guarda plena identidad fáctica y jurídica con su caso, por lo que no debió ser aplicada por el tribunal accionado. Reiteró que se está vulnerando el principio de confianza legítima y los derechos adquiridos de los ciudadanos.

De lo expuesto, esta Sala advierte que el reproche formulado por la parte actora radica en que la autoridad judicial cuestionada no accedió a la pretensión de reliquidación de la pensión de vejez teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio, por dar aplicación a la sentencia SU-230 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, en vez de tomar su decisión con sustento en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Para efectos de resolver el presente asunto constitucional, lo primero que debe abordar la Sección es la forma como las diferentes Corporaciones de cierre en lo ordinario, contencioso y constitucional, han analizado el tema referente a la normativa que debe aplicarse para fijar el IBL de los beneficiarios del régimen de transición.

2.4.1. Criterio de las Altas Cortes en relación con la aplicación del IBL en el régimen de transición

A la pregunta sobre la normativa que debe aplicarse para fijar el IBL de los beneficiarios del régimen de transición, debemos señalar que en un primer momento existían criterios encontrados entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así:

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008 ha mantenido una posición reiterada en relación con el tema, al indicar que:

“Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

(…)

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada”.

En sentido contrario, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, señaló:

“Régimen de transición.

La Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.

No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr001.htm" \l "36" 36 preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr001.htm" \l "36" 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…).”.

Se observa, entonces, que la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 y  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0062_1985.htm" \l "Inicio" 62 de 1985.

(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación”.

Como se puede evidenciar, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Segunda del Consejo de Estado tienen posiciones contrarias, en relación con la aplicación del IBL a quienes se encontraban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Para la Corte Suprema de Justicia “el régimen de transición solamente mantuvo, de las normas anteriores al Sistema General de Pensiones, tres aspectos concretos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión; de tal modo que (…) la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por las disposiciones legales precedentes, sino que pasó a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho, por el inciso 3 del artículo 36 [de la Ley 100 del 93]”.

En cambio, para el Consejo de Estado, el principio de inescindibilidad de la norma permite efectivizar los derechos y garantías constitucionales, por tanto, los factores salariales que componen la base de liquidación pensional son todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse. Conviene precisar que para esta Corporación el IBL también hace parte del régimen de transición.

Por su parte, el 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-258 de 2013 fijó la regla de aplicación del IBL en el siguiente sentido:

“En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.”

Así pues, aunque la Corte se ocupaba, en dicha oportunidad, de un asunto relacionado con el régimen de transición en pensiones de los Congresistas, lo cierto es que en materia de aplicación del IBL para efectos de la liquidación de la pensión, fijó una regla general al indicar que el IBL no quedaba cobijado por las normas de transición. Su estudio se basó en las normas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, e hizo el análisis correspondiente y adicionalmente señaló que esa interpretación permitía llenar el vacío que se produciría por la declaración de inexequibilidad que en este caso se estaba haciendo.

Es así como en posteriores decisiones, la Corte Constitucional tuvo en cuenta esa regla para señalar que el ingreso base de liquidación debe ser el fijado de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, en la sentencia SU - 230 de 2015 consideró que:
“(…)

Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.

Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante Auto No. 326 de 2014, esta Corporación no se había pronunciado de manera expresa acerca de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el régimen de transición. En este respecto, expuso:

“En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación; en un segundo momento, en la Sentencia C-1056 de 2003, se declaró inexequible la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de 2004, se declaró inexequible el artículo 4° de la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo un segundo intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida, sin que se abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre el contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por ése artículo, se regirán por las normas contenidas en la ley del sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no había hecho una interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013”.

3.2.2.2.   Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”. (Negrilla por fuera de texto).

De lo transcrito, se concluye que las posiciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado son contrarias en cuanto a los factores y el período a liquidar que debe cubrir el régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la primera, este no incluye el ingreso base de liquidación – IBL, y para el segundo, aquél sí es un ítem que está cobijado por este régimen.

Cabe mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia T-615 de 2016, hizo referencia a cuándo debía o no aplicarse su precedente relacionado con el IBL. Al respecto señaló:

“Lo anterior evidencia, sin ningún asomo de duda que la señora del Río Arellano adquirió su estatus pensional antes de haber sido proferida la sentencia C-258 de 2013, dado que cumplió los requisitos exigidos para ello el 4 de junio de 2006. En ese sentido, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la UGPP, por cuanto ello implicaría aplicar de manera retroactiva dicha providencia, lo cual no es de recibo porque, a menos que la Corte Constitucional module sus efectos, las sentencias que esta Corporación profiere deben ser aplicadas a partir del momento de su publicación.

Así las cosas, los parámetros establecidos en la sentencia C-258 de 2013, no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición, en razón a que constituyen derechos adquiridos, los cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Lo anterior, en plena observancia del artículo 48 Superior, según el cual en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y donde “el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”. (Negrilla fuera del texto)

Ahora bien, esta Sala, con fundamento en la tesis expuesta en la sentencia T-615 de 2016, consideró en recientes providencias que aunque prevalecía la posición de la Corte Constitucional, frente a las de las demás altas Cortes, lo cierto es que en cada caso hay que aplicar la tesis vigente al momento de adquirir el derecho pensional, posición, que debe ser modificada en consideración a que:

Dicha decisión fue declarada nula mediante Auto 229 de mayo 10 de 2017 (el cual se encuentra debidamente publicado), puesto que la Corte Constitucional consideró que este fallo no tuvo en cuenta el precedente contenido en las sentencias C-258/13, SU-230/15 y SU-405/16, según el cual el IBL de los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede ser el estipulado en el sistema pensional anterior al cual se encontraban afiliados, sino el previsto en el inciso tercero de esa norma. Además, el máximo tribunal constitucional advirtió sobre la obligación de acatar la línea jurisprudencial de las decisiones emitidas por la Sala Plena.

Si bien en esa posición se acepta que el precedente obligatorio es el de la Corte Constitucional, lo cierto es que condiciona su aplicación a que el derecho pensional se cause después de proferida la sentencia de unificación SU-230 de 2015, lo cual, implica que en la práctica el precedente de la Corte no es aplicable a ningún caso.

Lo anterior, toda vez que según el Acto Legislativo 01 de 2005, que establece el régimen de transición que trata la Ley 100 de 1993, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014.

En ese orden de ideas, la última de las oportunidades para cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición, fue para aquéllas personas que al 31 de diciembre de 2014, adquirieron su estatus pensional, pues después de esta fecha no es posible acogerse al régimen anterior, y empezó la aplicación plena de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, comoquiera que la referida sentencia de unificación, SU-230 de 2015 fue proferida el 29 de abril de 2015, y la última oportunidad para cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, fue el 31 de diciembre de 2014, queda claro que la posición que ahora modifica la Sección Quinta según la cual, dicha sentencia solo aplica para los casos en los cuales se adquirió el derecho pensional con posterioridad a la providencia de unificación de la Corte Constitucional, no tiene un efecto útil, pues no hay ninguna posibilidad de que alguien adquiera su derecho, a la luz del régimen anterior, después del 6 de julio de 2015, que fue la fecha en que se publicó la sentencia SU-230 de 2015 que reiteró la tesis expuesta por la Corte Constitucional, frente a los congresistas, respecto del IBL, a todos los beneficiarios del régimen de transición.

Además, aceptar simetría y no supremacía de las providencias de constitucionalidad y de unificación de la Corte Constitucional con las del Consejo de Estado atenta contra la unidad y coherencia del sistema jurídico y, de contera, contra los principios de seguridad jurídica, igualdad, y por sobre todo, contra los fines funcionales del derecho: a) certeza y seguridad, a la vez que posibilidad de cambio; b) resolución de los conflictos de intereses; y c) organización, legitimación y restricción del poder político.

2.4.2. Aplicación del precedente al caso concreto

Así las cosas, la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en la SU-230 de 2015, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21).

De lo anterior se desprende, que al ser esta la posición de la Corte Constitucional, expuesta en el marco de un análisis de constitucionalidad, debe ser este el precedente aplicable; consistente en que la interpretación correcta del mencionado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha estado dirigida, entre otros a que el IBL para quienes estuvieron amparados por el régimen de transición quedará regido por la Ley 100 de 1993 (art. 21 y 36), y no por las normas de los sistemas pensionales anteriores a la misma. Lo anterior, toda vez que con éste se recoge cualquiera otra posición contraria, por el alcance que tienen, se reitera, las sentencias de constitucionalidad que dicta la Corte Constitucional, respecto de las cuales, criterios como el de favorabilidad, entre otros, no tienen aplicación, si se tiene en cuenta que es la sentencia de constitucionalidad la que fija el alcance de la norma y marca el sentido que siempre ha tenido la disposición que analiza.

Por su parte, el señor Rojas Salamanca, se encuentra inmerso en el régimen de transición pensional, aspecto que no fue objeto de debate, y que como consecuencia exige que el cálculo de su pensión se realice con el promedio de los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior o inferior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, concluyó que los actos administrativos acusados en sede ordinaria se encuentran ajustados a derecho, pues en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la parte accionante no tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fuera reconocido incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, pues el régimen de transición solo tiene incidencia en los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, más no en el ingreso base de liquidación.

En ese orden, la autoridad judicial no desconoció el precedente aplicable al caso, de conformidad con la regla establecida en la providencia de constitucionalidad referida, y en consecuencia no se configuró el defecto alegado.

Así las cosas, se observa que la autoridad judicial no incurrió en defecto alguno al extender los alcances jurídicos de la sentencia C-258 de 2013 a su caso, pues tal providencia, se reitera, fijó una regla general al indicar que el IBL no quedaba cobijado por las normas de transición.

Como consecuencia de lo expuesto, habrá de negarse la acción de tutela de la referencia, en atención a que no concurren en el sub examine los presupuestos exigidos para conceder el amparo, toda vez que la providencia enjuiciada aplicó el precedente de la Corte Constitucional, el cual, se reitera, era el pertinente para efectos de resolver el caso.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de diciembre de 2017 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado por el señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
Aclara voto

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Aclara voto

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

CON ACLARACIÓN DE VOTO SUSCRITO POR LA CONSEJERA DE ESTADO LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Con el acostumbrado respeto, a través de la aclaración de voto sobre la sentencia del 22 de febrero de 2018, expreso las razones que me llevan a modificar el criterio hermenéutico que he venido esgrimiendo en lo que concierne a la aplicación del Ingreso Base de Liquidación –en adelante IBL– bajo el régimen de transición concebido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La providencia objeto de la presente aclaración resolvió lo siguiente:

“CONFIRMAR la sentencia de 13 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por el señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca.”

Por razones metodológicas, expondré, en primer lugar, los supuestos fácticos y jurídicos que motivaron la expedición del fallo de tutela en relación con el cual aclaro mi voto. Acto seguido, explicaré la línea argumental que me permitió afirmar, en el pasado, que el IBL hacía parte de los beneficios propios del régimen de transición estatuido en la Ley 100 de 1993. Finalmente, relacionaré las consideraciones que fundamentan mi cambio de paradigma en la materia.

I. DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA SENTENCIA DE 22 DE FEBRERO DE 2017

La Sala de esta Sección tuvo en el sub judice la oportunidad de ratificar la posición jurisprudencial que, desde el 7 de diciembre de 2017, se impuso en su interior, a la luz de la cual el Ingreso Base de Liquidación no hace parte de las prerrogativas aplicables en favor de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el fallo dictado dentro de este asunto son características del debate judicial surgido en el año 2013, cuyo punto de inflexión se encuentra en la sentencia C-258 de 2013, en la que el Alto Tribunal Constitucional analizó la avenencia del parágrafo 1º del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 con la Constitución Política.

En este caso el señor DANIEL ALFONSO ROJAS SALAMANCA deprecó la nulidad de los actos administrativos, por medio de los cuales la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES– denegó la reliquidación pensional solicitada por el actor, pues, en su sentir, al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a que se le aplicara el Ingreso Base de Liquidación erigido en la Ley 33 de 1985.

En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Zipaquirá accedió a las pretensiones de la demanda ordinaria, con fundamento en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, proferida por el Pleno de la Sección Segunda de esta Corporación. De acuerdo con esta, el régimen de transición conlleva la aplicación no solo de la edad, el tiempo de cotización o servicio, sino a la vez el Ingreso Base de Liquidación contenido en la normatividad pensional anterior a la Ley 100 de 1993.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” revocó el fallo del a quo, para en su lugar, negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que, de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el IBL aplicable a los beneficiarios de la transición correspondía al general de la Ley 100 de 1993.

Bajo este panorama litigioso, el demandante presentó acción de tutela, cuya fundamentación estuvo radicada en el desconocimiento del precedente judicial erigido por el Consejo de Estado, que debía conllevar a dejar sin efectos la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El amparo deprecado fue denegado por la Sección Cuarta, pues para el momento de la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional había sido publicada, por lo que la resolución del asunto debía atender los preceptos allí consignados.

Posteriormente, esta Sala confirmó la negativa y explicó que a “…quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21).”

En varias oportunidades y hasta la expedición de la sentencia sobre la cual aclaro mi voto, estuve en desacuerdo con la consideración expuesta, bajo los argumentos que explicaré a continuación.

II. LÍNEA ARGUMENTATIVA QUE ME PERMITIÓ ESTIMAR QUE EL IBL HACÍA PARTE DE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993

El momento de configuración del estatus pensional junto a la inexistencia de precedente judicial en esa materia, me llevaron a inferir que el Ingreso Base de Liquidación hacía parte de los beneficios de la transición erigida al interior de la Ley 100 de 1993. Estas consideraciones pasan a ser explicadas a continuación:

II.1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL, LA PROTECCIÓN DE EXPECTATIVAS, LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA

La aparición de la Ley 100 de 1993 supuso la creación de un nuevo Sistema de Seguridad Social Integral, concebido como:

« (…) el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad».

Una de las contingencias que buscó proteger el naciente sistema consistió en la pérdida de capacidad económica y laboral por vejez, a través del reconocimiento de una pensión que permitiera solventar las necesidades del ciudadano, luego de que sus capacidades físicas y/o sicológicas le impidieran continuar activo en el mundo laboral.

La protección de esta contingencia no fue, sin embargo, un asunto que vio el día con la aprobación de la Ley 100, pues, en lo que respecta al sector público, existían varias regulaciones especiales que fijaban las condiciones y requisitos para acceder a las pensiones de jubilación, vejez y retiro forzoso.

Dentro de los ejemplos más conspicuos, se tienen los Decretos 546 de 1971 para funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público; 929 de 1976, para los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República o la Ley 33 de 1985 que regulaba la situación de empleados oficiales.

Dichos cuerpos normativos establecían que, para acceder a la prestación pensional, el funcionario únicamente debía cumplir dos requisitos, a saber: i) edad y ii) tiempo de servicio.

Así, el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 disponía que las mujeres y hombres con 50 y 55 años de edad, respectivamente, con 20 años de servicios, continuos o discontinuos, de los cuales 10 hubiesen sido prestados de forma exclusiva al interior de la Rama Judicial o el Ministerio Público (o en ambas), tendrían derecho a «…una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citada».

Por su parte, el artículo 7º del Decreto No. 929 de 1976, frente a los miembros de la Contraloría General de la República, fijó los mismos requisitos de edad y tiempo de servicios citados en precedencia, pero en este caso, 10 años de servicios debían haberse desempeñado, en forma exclusiva con el órgano de control fiscal, lo cual les daría derecho a «…una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre».

En cuanto a la Ley 33 de 1985, prescribió en su artículo 1º que para acceder a la pensión era necesario tener 20 años de servicios (continuos o discontinuos) y 55 años de edad, al cumplir lo anterior, el empleado tendría derecho a «… una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

La Ley 100 de 1993 varió los requisitos para acceder a la pensión, estableciendo para el régimen de prima media con prestación definida, una edad y unas semanas cotizadas (art. 33) y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, requirió un capital acumulado que garantice una pensión mensual equivalente al 110% de un salario mínimo mensual vigente (art. 64).

Ante ese cambio en las condiciones para acceder a la pensión, el legislador erigió el régimen de transición en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para proteger las expectativas y la confianza legítima de quienes aspiraban a dicha protección con la normatividad especial existente, que requería un tiempo de servicios y no las semanas cotizadas.

El régimen de transición se reguló así:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio».

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de octubre de 2008, dentro del expediente No. 33343, M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza, afirmó que es «…sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho».

Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unficación del 4 de agosto de 2010, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), accionante el señor Luis Mario Velandia y accionada la Caja Nacional de Previsión Social, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, manifestó:

«i) Régimen de transición.

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.

No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo 36 preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas {sic} años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…).”.

Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, es pertinente determinar cuál era la norma anterior que regulaba su situación pensional para efectos de establecer la cuantía de la prestación reconocida por la entidad accionada».

Para la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, el principio de inescindibilidad de la norma permite efectivizar los derechos y garantías constitucionales, por tanto, los factores salariales que componían la base de liquidación pensional son todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse, es decir, para la Corporación el IBL también hace parte del régimen de transición.

En la anterior providencia, sobre este aspecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, afirmó:

«En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985, pues, se reitera, aunque el actor es beneficiario del régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993 no lo es de las excepciones previstas por la Ley 33 de 1985, las cuales hacen referencia a los empleados oficiales “que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente”; a “aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”; y, a quienes a la entrada en vigencia dicha ley hubieren cumplido más de 15 años continuos o discontinuos de servicio, porque a ellos se les continuarán aplicando las normas especiales, de excepción o generales anteriores que sean pertinentes en cada caso concreto.

Entre tanto, como en otras oportunidades lo ha expresado esta Corporación, cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la pensión, especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación y así lo solicitó en la demanda.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones, - de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945, precisó:

“Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación..”.

Así, si bien es cierto que, la norma aplicable al presente caso es la Ley 33 modificada por la Ley 62 de 1985 y no el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, también lo es que, ambas disposiciones tienen como finalidad establecer la forma como debe liquidarse la pensión de jubilación, por lo cual, teniendo en cuenta los principios, derechos y deberes consagrados por la Constitución Política en materia laboral, es válido otorgar a ambos preceptos normativos alcances similares en lo que respecta al ingreso base de liquidación pensional».

Ahora bien, esas EXPECTACTIVAS de las personas que quedaron protegidas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se transforman en DERECHOS ADQUIRIDOS en la fecha en que se concretó el estatus pensional del ciudadano, es decir, cuando cumple la edad y el tiempo de servicio que la norma especial establecía.

Así las cosas, en mi sentir, este era el criterio que debía ser adoptado por la mayoría de la Sala para la resolución de los casos puestos a su consideración, pues no de otra manera podían ser garantizados los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de quienes acudían a la administración de justicia con el propósito de establecer si el Ingreso Base de Liquidación, como beneficio del régimen de transición, resultaba aplicable a algún asunto en el que ello se discutiera.

De esta manera el juez natural debía tener en cuenta dicho momento para definir la aplicación o no de las reglas creadas por la Corte Constitucional respecto al IBL y el régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La propia Corte Constitucional en la sentencia C-168 del 20 de abril de 1995, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Diaz, al estudiar una demanda de constitucionalidad contra los artículos 11 parcial, 36 parcial y 288 de la Ley 100 de 1993, hizo una diferenciación entre un derecho adquirido y la mera expectativa. Indicó de forma clara, precisa y concreta que «…solo existe derecho adquirido cuando se han cumplido en su totalidad las hipótesis normativas exigidas para gozar de él»

Agregó que es legítimo afirmar que cuando una persona concretó su estatus pensional, se debe a que cumplió con la totalidad de las hipótesis que contempla la norma pensional que regula su situación particular y concreta, es decir, se convierte frente a él en un derecho adquirido que debe ser protegido, conforme lo establecen los artículos 53 y 58 constitucional y el ciudadano posee la confianza legítima de que el Estado reconocerá la pensión en las condiciones que regulan las normas para su caso concreto y en el monto allí establecido.

II.2. DE LA INEXISTENCIA DE PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA

Con anterioridad a la expedición de la sentencia SU-395 de 2017, la Corte Constitucional no había erigido precedente jurisprudencial que permitiera dirimir el debate jurídico surgido en torno a la aplicación del Ingreso Base de Liquidación dentro del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Contrario a lo que pudo sostener la Sala en algunas ocasiones, el Alto Tribunal Constitucional no se había pronunciado de manera expresa respecto del alcance y entendimiento de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, pues todas las consideraciones expuestas, en este sentido, revestían el carácter de “obiter dicta”, que no disponían de efectos vinculantes para la decisión de casos futuros.

Así, cuando en la sentencia C-258 de 2013 se fijó el alcance del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se estudió un caso particular y específico –régimen pensional de los Congresistas– por lo que mal podía reconocérsele consecuencias generales.

A decir verdad, como lo admitió la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 230 de 2015, para ese momento no se había establecido a través de un fallo de constitucionalidad el entendimiento adecuado de las disposiciones normativas que al interior de la Ley 100 de 1993, regulaban el régimen de transición y los beneficios que este comporta.

Como lo señalé en ciertas ocasiones, ello no ocurrió con la expedición de la sentencia C-258 de 2013, toda vez que la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1993, en aquel momento, se fundó en el desconocimiento de los mandatos del principio de igualdad, contenido en el artículo 13 de la C.P.

Al respecto, el alto Tribunal manifestó:

«Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante Auto No. 326 de 2014, esta Corporación no se había pronunciado de manera expresa acerca de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el régimen de transición. En este respecto, expuso:

“ En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación; en un segundo momento, en la Sentencia C-1056 de 2003, se declaró inexequible la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de 2004, se declaró inexequible el artículo 4° de la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo un segundo intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida, sin que se abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre el contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por ése artículo, se regirán por las normas contenidas en la ley del sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no había hecho una interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013».

Por lo anterior, sostuve que los pronunciamientos que en relación con los presupuestos del régimen de transición había efectuado la Corte Constitucional, debían ser entendidos como «dichos de pasos», hasta tanto ese Tribunal no determinara el alcance de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en el contexto del control abstracto de constitucionalidad.

El panorama hasta ahora descrito caracterizó el debate jurisprudencial con anterioridad a la expedición de la SU-395 de 2017. Sin embargo, la publicación de esta providencia conllevó un cambio en la materia, lo que supone una alteración en la tesis jurisprudencial que prohijé, tal y como se expondrá a continuación:

III. LA POSICIÓN JUDICIAL QUE DEFIENDO EN LA ACTUALIDAD EN LO QUE RESPECTA LA APLICACIÓN DEL IBL DESDE EL PRISMA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

Como lo he expuesto hasta aquí, la aplicación del IBL en favor de los beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se encontraba sujeta a la tesis jurisprudencial vigente para la época de cristalización del derecho pensional.

No obstante, la publicación de la SU –395 de 22 de junio de 2017, en conjunto con las consideraciones que pasan a explicarse, me llevan a replantear la posición en comento:

III.1. LA SENTENCIA SU-395 DE 22 DE JUNIO DE 2017

En la reciente sentencia SU-395 de 2017, la Corte Constitucional, con ponencia del Dr. Luis Guillermo Pérez, publicada en la página web de dicha Corporación hasta el pasado 6 de febrero de 2018, consideró:

«8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.

8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo».

En contraste con la postura que venía sosteniendo la suscrita, se colige del aparte trascrito que dentro de los beneficios de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se encuentra el Ingreso Base de Liquidación estatuido en los diferentes regímenes pensionales que precedieron a ese cuerpo normativo.

En otros términos, el Alto Tribunal constitucional prescribió la regla según la cual la base de liquidación no es un aspecto sujeto a transición y, por tanto, en la materia resulta aplicable la regla plasmada al interior de la normatividad que regula el Sistema General de Pensiones.

En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio.

Así las cosas, al ser esta una posición reciente y decantada de la Corte Constitucional y habida cuenta de la jerarquía de la sentencia de unificación frente a la interpretación de los derechos fundamentales invocados, considero que este es el precedente aplicable al asunto sub judice de ahora en adelante.

En efecto, estimo que con la SU 395 de 2017 se implanta la posición consolidada de la Corte Constitucional en relación con la hermenéutica adecuada del régimen de transición y, como consecuencia, de los beneficios que este acarrea.

Con todo, advierto que la aplicación del precedente en este asunto, por más que se atienda por razones de igualdad, seguridad jurídica y coherencia del orden jurídico, no se puede entender como la variación de las fuentes del derecho, sino que sigue siendo un criterio auxiliar al que puede acudir el operador jurídico dando prevalencia a la ley (art. 230 C. P.). Bajo esas mismas glosas, debo de decir que, en mi criterio, el precedente creado por la Corte Constitucional dentro del marco de los fallos proferidos en ejercicio de la revisión eventual de tutelas, bien sean “T”o “SU”, no tiene carácter obligatorio sino, más bien, fuerza vinculante, lo que implica que, cumpliendo con la debida carga de transparencia y suficiencia –en los términos aceptados por la misma Corte, en pletóricos pronunciamientos, como por ejemplo el contenido en la sentencia C-179 de 2016–, los jueces pueden apartarse de él cuando las particularidades del caso objeto de estudio así lo requieran.

No sobra recordar que, de acuerdo con lo aceptado por la Sala, El precedente es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirve(n) de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye el elemento que determina la sub regla a aplicar.

Precisado ello, considero imperioso advertir que cosa distinta ocurre respecto de las decisiones y precedentes contenidos en los fallos de control abstracto de constitucionalidad que emite esa alta Corporación, los cuales responden a la tipología de sentencias “C”, pues, como bien lo ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado “…tratándose de sentencias de constitucionalidad, el mandato contenido en estas se sustrae de cualquier tipo de situación jurídica que pretenda limitarlo. Cuando este órgano se pronuncia sobre la exequibilidad de una norma, las precisiones decantadas sobre ella y su estatus dentro del ordenamiento jurídico quedan imbuidos de la interpretación y de la decisión que al respecto adopte…”.

De ahí que, en cuanto concierne a este tipo de providencias, “…su acatamiento se entiende como un mandato imperativo, que no necesita una vía específica para su materialización…”, en tanto lo que se acata es la ley (o norma jurídica respectiva) con la regla de exequibilidad, inexequibilidad o condicionalidad que a ella se integra. Lo anterior, sin perjuicio de un poderoso cambio de circunstancias fácticas y jurídicas permita entender que la subregla decantada en uno de tales fallos no se adecúa a las nuevas realidades.

III.2. LA NECESIDAD DE ACOMPASAR LA LITERALIDAD DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 Y LA TESIS JURISPRUDENCIAL CONSTRUIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SU-230 DE 2015

En otros asuntos que precedieron la decisión respecto de la cual aclaro mi voto, si bien se aceptó que debía prevalecer el precedente constitucional en lo que respecta el IBL en el contexto del régimen de transición, su aplicación se supeditó al momento de causación del derecho pensional.

En ese sentido, se sostuvo:

“Se desprende entonces del aparte trascrito que el carácter obligatorio, vinculante y preponderante de la jurisprudencia constitucional en el orden jurídico interno, encuentra como garante a la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues reconoce, en la materia, que, a partir de la sentencia de unificación 230 de 2015, las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales deben computar la base de liquidación de las referidas prestaciones económicas, de conformidad con los parámetros y presupuestos contenidos en el sistema general de pensiones, sin perjuicio de que la observancia de este lineamiento deba ser determinada en cada caso concreto, teniendo como referente la causación del derecho pensional en favor del ciudadano.

En otros términos, el punto de inflexión, para determinar la intelección jurisprudencial a la cual deben ser sometidos los diferentes asuntos en los que se ventila el IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición pensional, está en la génesis del derecho prestacional de la persona que acude a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de solicitar la reliquidación de su mesada pensional.”

Lo anterior, conllevaba en la práctica a la inaplicación de este precedente, habida cuenta de que, a las voces del Acto Legislativo 01 de 2005, modificatorio del artículo 48 de la Carta Política de 1991, el régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993, se extendía sólo hasta el 31 de diciembre de 2014.

En ese orden de ideas, la última de las oportunidades para cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición, fue para aquellas personas que al 31 de diciembre de 2014, adquirieron su estatus pensional, pues después de esta fecha no es posible acogerse al régimen anterior, y empezó la aplicación plena de la Ley 100 de 1993.

De esta manera y aunque acato la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, habida cuenta de la preponderancia de sus sentencias de constitucionalidad y unificación en el sistema jurídico colombiano, que se decanta de su función de guardiana e interprete legítima de la Carta Política de 1991 –art. 241 Superior–, no la comparto, pues, como lo explique, la adquisición del estatus pensional se constituye en el punto de inflexión que permite determinar la aplicación de la tesis jurisprudencial imperante para la resolución de los casos puestos a consideración de los jueces de instancia, que corresponde, en la mayoría de asuntos, a la prohijada por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación según la cual el Ingreso Base de Liquidación hace parte de los beneficios de la transición pensional establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Una postura contraria desconoce claros principios del Estado Social y Democrático de Derecho –confianza legítima y seguridad jurídica– y, por consiguiente, sus fines esenciales, dentro de los cuales, el mantenimiento de un orden social justo en el que se propenda por la eficacia de los derechos de los ciudadanos.

En los anteriores términos dejo presentado mi aclaración de voto.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CON ACLARACIÓN DE VOTO SUSCRITO POR LA CONSEJERA DE ESTADO ROCIO ARAUJO OÑATE

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con aclaración de voto.

1. Antecedentes

El señor Daniel Alfonso Rojas Salamanca, en ejercicio de la acción constitucional de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social en conexidad con el derecha a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y a los principios de buena fe y confianza legítima, los cuales consideró desconocidos con ocasión de la sentencia del 11 de mayo del 2017, dictada en segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25899-33-34-003-2016-00080-01, por medio de la cual se revocó el fallo adoptado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Zipaquirá, que había accedido a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.

Como sustento de la vulneración alegada, la parte accionante refirió que (i) se dio una aplicación equivocada de las sentencias de la Corte Constitucional C-258 del 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, en tanto consideró que dichas providencias no resultan aplicables a su régimen pensional; y (ii) se desconoció el precedente consagrado en la sentencia del 4 de agosto del 2010, fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En el fallo objeto de la presente aclaración de voto, se negó el amparo solicitado, en la medida en que se consideró que la aplicación de las sentencias C-258 del 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, era procedente para solucionar el asunto, en la medida en que en las mismas se fijó con toda claridad la regla de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativo al régimen de transición en materia pensional, de la cual se concluye que no es procedente incluir al ingreso base de liquidación –IBL- dentro de los beneficios de dicho régimen.

Si bien considero que la decisión de negar el amparo deprecado es la acertada, en la parte motiva de la providencia, se incluyó el siguiente párrafo:

“Además, aceptar simetría y no supremacía de las providencias de constitucionalidad y de unificación de la Corte Constitucional con las del Consejo de Estado, atenta contra la unidad y coherencia del sistema jurídico y, de contera, contra los principios de seguridad jurídica, igualdad, y por sobre todo, contra los fines funcionales del derecho a) certeza y seguridad, a la vez que posibilidad de cambio; b) resolución de los conflictos de intereses; c) organización, legitimación y restricción del poder político”. (Negrilla fuera del texto original)

Es con la posición expuesta en el párrafo transcrito con la que presento desacuerdo, tal y como pasaré a exponerlo a continuación.

2. Motivos de la aclaración de voto

Encuentro parte de verdad en lo manifestado en el párrafo trascrito en forma precedente, en la medida en que considero que en efecto, las sentencias de constitucionalidad dictadas por la Corte Constitucional, tienen una prevalencia en el ordenamiento jurídico, la cual se predica de lo consagrado en el artículo 243 del texto fundamental, en donde se fijó el concepto de cosas juzgada constitucional.

Conforme a lo anterior, es posible aceptar la “supremacía” que se predica en la providencia objeto de la presente aclaración, solamente en relación con los fallos de constitucionalidad, debido a los efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional que se desprenden de ellos, que implica que no existe posibilidad de que ningún juez se aparte de la ratio fijada en este tipo de providencias.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-230 de 2015, determinó lo siguiente:

“En lo referente a las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional. De un lado, cualquier norma que sea declarada inconstitucional por parte de la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. De otro lado, la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto de constitucional –bien declaren o no inexequible una disposición– debe ser también atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución”. (Negrilla fuera del texto original).

Así las cosas, las sentencias de constitucionalidad en Colombia, independientemente de su tipología, tienen carácter inmutable, obligatorio y definitivo, según el artículo 241 Superior, que encarga la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional, y el artículo 243 Superior que determina que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. El contenido de estos mandatos ha sido desarrollado por el legislador mediante los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991.

Sin embargo, considero que la referida “supremacía” no puede alegarse respecto de las sentencias de unificación que dicta la Corte Constitucional. Y ello es así, en la medida en que dicho tribunal ha establecido la posibilidad que tienen los jueces de separarse de la ratio fijada en este tipo de decisiones, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Veamos:

Estas providencias tienen su fundamento normativo en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, que asigna a dicha Corporación Judicial, la calidad de tribunal de cierre en materia de derechos fundamentales, al tener la eventual revisión de los fallos de tutela proferidos por todos los jueces.

El carácter vinculante de esta modalidad de sentencia obedece a que en ellas la Corte fija el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un precepto de la forma que más se ajusta a la Carta, de tal manera que pretende garantizar el núcleo esencial del derecho fundamental cuyo alcance es fijado en la decisión que se adopte frente a un caso concreto.

La Corte Constitucional en la sentencia T-351 de 2011 explicó que el sentido, alcance y fundamento normativo del carácter vinculante de los pronunciamientos de la Corporación en sede de unificación en tutela, lo constituye la necesidad de dar una única interpretación a de los preceptos constitucionales por razones de igualdad, así como a los derechos fundamentales.

A pesar de lo anterior, se ha establecido la posibilidad de los jueces y magistrados de apartarse de aquellas decisiones que no son de constitucionalidad. Así las cosas, en la sentencia SU-053 de 2015, se determinaron los criterios para proceder de dicha manera en los siguientes términos:

“19. De otro modo, los funcionarios judiciales cuando encuentran cumplidos los tres criterios mencionados, tienen la posibilidad de apartarse de la jurisprudencia en vigor, siempre y cuando i) hagan referencia al precedente que van a inaplicar y ii) ofrezcan una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones de porque se apartan de la regla jurisprudencial previa. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la autonomía e independencia de que gozan los jueces.

En esa medida, sólo cuando un juez se aísla de un precedente establecido y es plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa antes descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, referente al desconocimiento del precedente judicial. Debido a que, con ese actuar, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a la administración de justicia”. (Negrillas fuera de texto)

Adicionalmente, el juez puede apartarse cuando, si bien la providencia de unificación es aplicable al caso bajo estudio, al resolver el asunto haciendo uso de la regla creada, ésta resulta menos garantista que la solución que pretende adoptar. Conclusión a la que llega el juez, luego de realizar un juicio de adecuación y necesidad de la medida que pretende implementar, pues resulta necesario garantizar en mayores proporciones, en virtud del principio de prosperidad de los derechos, el contenido de la garantía que se analiza.

Al respecto la Corte Constitucional ha considerado que el juez que necesite apartarse del precedente debe “ii) demostrar con suficiencia que la interpretación brindada aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales. Lo anterior se sustenta en que en el sistema jurídico colombiano el carácter vinculante del precedente está matizado, a diferencia de como se presenta en otros sistemas en donde el precedente es obligatorio con base en el stare decisis.”(Subrayas de la Sala).

En concordancia con el criterio expuesto por la Corte, el legislador lo consagró en forma expresa en el artículo 7° del Código General del Proceso, que establece:

“Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.” (Subrayas fuera de texto)

La norma anterior constituye la consagración positiva de la modulación efectuada por la Corte Constitucional en la parte resolutiva de la sentencia C-836 de 2001 y de la garantía de autonomía e independencia de la que gozan los jueces, sin que puedan incurrir en arbitrariedad.

En este punto, resulta importante resaltar que el Consejo de Estado también cumple una función de unificación importante al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se ha reconocido jurisprudencialmente, que las Altas Cortes cumplen una vital función respecto de la coherencia y uniformidad en la interpretación de las normas aplicables a los distintos conflictos jurídicos, lo cual a su vez, tiene un claro impacto en el contenido esencial del derecho a la igualdad respecto de quienes acuden a la administración de justicia, lo cual se concreta en las facultades de unificación jurisprudencial que devienen del mismo texto constitucional.

Por ello, se ha señalado que en razón a la importancia de la facultad referida previamente, se tiene como consecuencia la fuerza vinculante de las decisiones judiciales que se adopten en desarrollo de la misma, siendo que los jueces funcionalmente inferiores, sólo pueden apartarse de las consideraciones allí efectuadas en la medida en que razonablemente expongan los motivos para ello, bajo los mismos parámetros que fueron expuestos en párrafos precedentes.

Bajo las anteriores consideraciones, al ser un tipo de providencias de las cuales los jueces –incluidas las altas corporaciones – pueden apartarse, siempre y cuando se cumpla con las debidas cargas de transparencia y razonabilidad antes descritas, es plausible concluir entonces que existe una simetría –usando los términos de la sentencia objeto de la presente aclaración- entre las decisiones de unificación que tome la Corte Constitucional y aquellas que se dicten por el Consejo de Estado.

En los términos expuestos, queda presentada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Folios 135 a 140. Expediente 2006-7509. M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09). M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Folios 92 y 93. Folio 96. Folios 103 a 106. Folios 109 a 112. Folio 102. Folios 135 a 140. Folio 148 a 156
Sobre el particular, el C.P. mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia C.P.: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P.: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P.: María Elizabeth García González. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL, Rad. 33343 sentencia de 17 de octubre de 2008, MP. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. CONSEJO DE ESTADO, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL, sentencia de 16 de diciembre de 2009 (Rad. 34863), MP. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. Al efecto ver Sentencia T-078/14, CP. Dr. Mauricio González Cuervo. Frente a las cuales el ponente de esta sentencia salvó el voto. Luis Recasens Siches. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Ello, en cumplimiento de los deberes de transparencia y seguridad jurídica que deben guiar todo cambio de posición jurisprudencial, al tenor de lo dispuesto, entre otros, en el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CAPACA–
“Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. (…) La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.” (Negrilla fuera de texto)
Ver al respecto, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-15-000-2017-02455-00. Actor: Luis Eduardo Pérez Estrada. Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SU-230 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SU-427 de 2016. M.P.

Luis Guillermo Guerrero Pérez.
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.”
Folio 178 del expediente. Diario Oficial. Año CXXIX. No. 41148. Diciembre 23 de 1993. Página No. 1. Diario Oficial. Año CVIII. No. 33339. Junio 16 de 1971. Página No. 54. Diario Oficial No. 34.577. Junio 23 de 1976. Diario Oficial. Año CXXI. No. 36856. Febrero 13 de 1985. Página No. 6.
«Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1º de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
«Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste <sic> hubiere lugar».
«Al respecto ver la sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda de esta Corporación, Consejera ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero, Radicación número: 17001-23-31-000-1999-0627-01(4526-01), Actor: Carlos Enrique Ruiz Restrepo, Demandado: Universidad Nacional de Colombia».
«Artículo 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;
m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del art. 38 del decreto 3130 de 1968.»
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 9 de julio de 2009, Ref: Expediente No. 250002325000200404442 01 (0208-2007), Actor: Jorge Hernández Vásquez».
«La Sección Segunda del Consejo de Estado, tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el particular en sentencia de 21 de mayo de 2009, expediente 0525-2008, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, en esa oportunidad sobre el particular, concluyó:

“(…) El Decreto Ley 603 de 1977, por medio del cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su artículo 17 estableció el régimen especial de pensiones para algunos funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil (…).

Quienes se encuentren dentro de la excepción que contempla la norma, tienen derecho al reconocimiento pensional con 16 años de servicios y 50 años de edad, ya que el inciso primero del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 expresamente excluyó de su aplicación a quienes gozan de un régimen especial de pensiones, (…)

Como la demandante laboró para la Registraduría Nacional del Estado Civil del 30 de agosto de 1972 al 31 de diciembre de 2000 desempeñando el cargo de Dactiloscopista 4125-12, tenía derecho a que la pensión le fuera reconocida y liquidada conforme a lo dispuesto en el Decreto 603 de 1977.

LIQUIDACIÓN PENSIONAL

En lo relativo a la base de liquidación de la pensión de jubilación las dos disposiciones mencionadas se asientan sobre el promedio de los salarios devengados por el servidor público. Y, como la norma no distingue, preciso es reconocer que sin discriminación alguna harán parte integral de la base de liquidación todos los factores salariales devengados en los términos previstos en el Decreto 603 de 1977. (…)»
«El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
onvenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores».
«Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-15-000-2017-02688-00. M.P. Jorge Pretelt Chaljub. Ver Salvamento de voto a la sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-02688-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
«Consultar, entre otras, las Sentencias C-789 de 2002, C-1011 de 2008 y C-258 de 2013».
«En la Sentencia C-754 de 2004, este Tribunal, reiteró la Sentencia C-789 de 2002, y señaló que aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegía las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse, la consagración de tal tipo de régimen generó un derecho a continuar en el régimen de transición para quienes ya ingresaron a él, por lo que los cambios normativos posteriores que afecten ese derecho resultan inconstitucionales. Con todo, la Corte explicó que ello no implica la imposibilidad del legislador de hacer modificaciones al sistema pensional, pero ellas siempre deberían respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la toma de decisiones del legislador. En igual sentido, consultar la sentencia C-789 de 2002».
«Mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que “el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.”»
Cursiva del original. C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 5 de febrero de 2015, rad. 11001-03-15-000-2014-01312-01(AC), actores:

FIDEL DE JESUS LAVERDE Y OTRA. Ibidem. Ibidem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-15-000-2017-02261-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: CARLOS OMAR CEBALLOS
Art. 2º constitucional. Corte Constitucional, Sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Las sentencias de constitucionalidad pueden ser de carácter simple o interpretativo, las primeras son aquellas en las cuales la Corte Constitucional declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la totalidad de la disposición acusada, mientras que las interpretativas, se caracterizan por realizar un pronunciamiento acerca de la constitucionalidad o no de una o todas las normas derivadas de la disposición enjuiciada. La dogmática internacional diferencia a su vez, las sentencias interpretativas de las sentencias condicionadas, en cuanto a que estas últimas, implican una valoración del órgano de cierre del control constitucional acerca de la constitucionalidad o no de la norma enjuiciada bajo un único supuesto (bajo cualquier otra interpretación es inconstitucional o sólo esa interpretación es conforme con la Constitución) o difiriendo sus efectos en el tiempo, es decir, se declara la norma inconstitucional pero mantiene su vigencia hasta una fecha posterior dada por el órgano de control constitucional. Dentro de las sentencias de constitucionalidad interpretativas se encuentran las de carácter aditivo, sustitutivo y reductor, las cuales se identifican porque en ellas la Corte Constitucional crea una nueva norma que no había sido contemplada por el legislador y dependiendo de si aumenta, disminuye o sustituye el contenido normativo inicial, se realiza su clasificación. La obligatoriedad de estas sentencias ha sido reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia C-083 de 1995, toda vez que tienen fundamento en la supremacía constitucional, interpretación conforme con la Constitución y conservación de las normas. Las sentencias aditivas son una modalidad de decisión por medio de la cual el juez constitucional, en virtud del valor normativo de la Carta, proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria para integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal, generalmente son usadas para la maximización del principio de igualdad. Las sentencias “restrictivas”, “reductoras” o “sustractivas”, son aquellas “mediante las cuales la Corte excluye del ordenamiento jurídico un contenido normativo comprendido por el texto acusado con el efecto de reducir sus alcances. Mediante este tipo de sentencias la extensión de la norma se restringe de tal manera que su ámbito de aplicación deja de abarcar el supuesto inconstitucional. De esta manera la disposición acusada no surte las consecuencias jurídicas previstas en el propio precepto puesto que algunos de sus efectos, por ser incompatibles con la Constitución, deben sustraerse de las implicaciones de la disposición acusada”. Las sentencias sustitutivas constituyen la categoría más compleja de las sentencias interpretativas, toda vez que, un precepto es declarado parcialmente inconstitucional al tiempo que se dispone que la parte declarada inconstitucional se sustituya por otra indicada y creada por el órgano de cierre constitucional.

Las sentencias condicionadas con efectos diferidos en el tiempo, son aquellas por medio de las cuales el juez constitucional constata que la ley sometida a control es inconstitucional, pero decide no retirarla inmediatamente del ordenamiento por la sencilla razón de que la expulsión automática de la disposición ocasionaría “una situación peor, desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales”, por lo que el Tribunal Constitucional establece “un plazo prudencial para que el legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido constatada”. “Dicho plazo conferido al legislador depende de la complejidad del tema y del posible impacto de la preservación de la regulación en el desarrollo de los principios y derechos constitucionales”. Corte Constitucional, Sentencia C-164 del 15 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencia T-351 del 5 de mayo de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Corte Constitucional, SU-053 de 2015 Ob Cit
Corte Constitucional, Sentencia T-656 del 5 de septiembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Al respecto, Hernán Fabio López Blanco manifestó: El inciso segundo del art. 230 de la C.P. igualmente destaca que ‘La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del Derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial’, con lo cual se pone de presente que sigue la orientación jurisprudencial y doctrinaria manteniendo un papel importante como ayudas para que los jueces tomen sus decisiones. Pero de allí a pretender que el juez deba acatar ciegamente esas orientaciones, mucha es la distancia, pues equivaldría a otorgarle a los antecedentes el carácter obligatorio propio de la ley. Cierto es que el juez debe tratar de seguir la doctrina, pero de allí a que sea cuestión obligatoria, abismal es la diferencia, de ahí que el inciso segundo del artículo 7 del CGP disponga que “Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Bogotá D.C.: DUPRE Editores, 2016. p. 177. C – 179 del 13 de abril del 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero.

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