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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02136-01

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por incumplimiento del requisito de inmediatez

Fecha
15 de marzo de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02136-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR, el fallo de tutela proferido el 19 de octubre de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-02136-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

15 de marzo de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ - Término / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR GRUPO GUERRILLERO

[E]l cómputo del término de la inmediatez no puede tener como punto de partida la notificación de la sentencia de 15 de mayo de 2014, comoquiera que la parte actora no hizo parte del proceso judicial de acción de grupo, sino que se presentó ante la Defensoría del Pueblo con la finalidad de hacerse beneficiaria de los efectos de la sentencia. (...) entre la notificación de la Resolución nro. (...) y la interposición de la acción de tutela, transcurrió un período superior a 10 meses, toda vez que esta última se entabló el 18 de agosto de 2017. (...) los actores solicitan que, para efectos evaluar el requisito de inmediatez, se tenga en cuenta su particular situación de desplazamiento forzado. Empero, la Sala coincide con la Sección Quinta en que dicha condición no constituye un motivo válido para que los accionantes no hayan ejercido de manera oportuna la acción de tutela, en vista de que el apoderado de los mismos reconoció, no solamente que conocieron de la sentencia que tuvo lugar en la acción de grupo con nro. único de radicación (...), sino que, además, interpusieron las solicitudes correspondientes con la finalidad de hacerse beneficiarios de los efectos de la misma. (...) es un hecho que el trámite administrativo que se desarrolló con posterioridad y como consecuencia de la sentencia definitiva del proceso con nro. único de radicación (...), no era algo nuevo o ajeno cuyo rumbo pudiere tomar por sorpresa o de manera imprevista a los actores, comoquiera que reconocieron haber hecho parte del mismo, precisamente, en su condición de víctimas de desplazamiento forzado; luego entonces, resulta incongruente aducir dicha situación para justificar la tardanza en la interposición de la acción de tutela de la referencia. (...) Este hecho desvirtúa la existencia de un defecto en el procedimiento llevado a cabo por las autoridades judiciales demandadas, justamente, por cuanto la definición del grupo beneficiario de la sentencia se dio en sede administrativa, o sea, estando en el marco del procedimiento administrativo tramitado ante la Defensoría del Pueblo y no en el escenario judicial. En ese orden de ideas, la única forma en que las autoridades judiciales accionadas pudieron advertir la desproporcionalidad entre el número definitivo de beneficiarios de la sentencia y el monto de la indemnización correspondiente, era mediante la manifestación oportuna, al respecto, de alguno de los interesados, quienes además de estar enterados del contenido de la sentencia, pudieron darse cuenta de la desproporcionalidad anotada como efecto natural de estar presentes en el trámite administrativo surtido ante la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, les era exigible poner en conocimiento de esa situación a las autoridades judiciales demandadas para efectos de salvaguardar sus derechos. En el expediente, la Sala no observa que el apoderado de los integrantes de la parte actora haya acudido a las autoridades judiciales accionadas para efectos de gestionar sus derechos, en el sentido de que las indemnizaciones individuales se verían sustancialmente disminuidas como consecuencia del aumento considerable de personas que integraron de manera definitiva el grupo de beneficiarios de la sentencia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02136-01(AC)

Actor: DIÓGENES MANUEL GONZÁLEZ TOVAR Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTROS

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado especial de la parte actora, contra el fallo proferido el 19 de octubre de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

El señor Diógenes Manuel González Tovar y otras 756 personas, obrando mediante apoderado especial, presentaron solicitud de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, por considerar que al proferir las providencias de 22 de noviembre de 2010 y 15 de mayo de 2014, dentro del medio de control de grupo radicado con el nro. único de radicación 77001-23-31-000-2002-00007, se omitió revisar la “situación” del monto de la condena establecida al tenor de lo dispuesto en el inciso tercero del literal b) del numeral 3.º del artículo 65 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, vulnerando los derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

Los días 16 y 17 de febrero de 2000, el grupo armado al margen de la ley denominado Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, ejecutaron una masacre en varias veredas y corregimientos del Municipio de Ovejas en el Departamento de Sucre. Por tal hecho, muchas familias habitantes de la zona se vieron forzadas a desplazarse hacia diferentes lugares con el propósito de salvaguardar sus vidas.

En virtud de los daños materiales e inmateriales sufridos como consecuencia de las situaciones mencionadas, las familias desplazadas interpusieron acción de grupo contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y la Policía Nacional, con el objeto de que fueran declaradas patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, mediante sentencia de 22 de noviembre de 2010, declaró patrimonialmente responsable a las autoridades demandadas de los daños causados por la incursión armada, imputables a la conducta omisiva de protección, defensa y seguridad del grupo actor; accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, por consiguiente, les ordenó pagar las siguientes sumas de dinero:

Para cada uno de los integrantes del grupo actor, una suma que oscilaba entre 25 y 50 S. M. L. M. V. por concepto de daño moral, y entre 20 y 30 S. M. L. M. V. por concepto de los perjuicios causados por la alteración a las condiciones de existencia.

Para el conjunto de personas integrantes del grupo, estimado entre 150 y 200, que no fueron parte del proceso judicial y que acreditaren oportunamente el cumplimiento de los requisitos exigidos en la sentencia, para efectos de acogerse a los efectos de la misma: 5000 S. M. L. M. V. por concepto de daño moral, y 4000 S. M. L. M. V. por concepto de daño por alteración a las condiciones de existencia.

Con ocasión de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de 15 de mayo de 2014, confirmó la providencia impugnada.0

Con posterioridad a la publicación de la sentencia, se presentaron ante la Defensoría del Pueblo, junto con los accionantes, aproximadamente 1250 personas, con la finalidad de beneficiarse del monto de la indemnización concedida.

La Defensoría del Pueblo, mediante la Resolución nro. 1443 de 6 de octubre de 2015, estableció el número de beneficiaros de la indemnización concedida en 875 personas, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia de primera instancia.

La misma Defensoría, mediante la Resolución nro. 811 de 6 de mayo de 2016, resolvió los numerosos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 1443, en el sentido de aumentar en 93 personas el grupo beneficiario de los efectos de la sentencia.

La Defensoría, mediante la Resolución nro. 1563 de 23 de septiembre de 2016, resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución 1443, y confirmó la Resolución 811, motivo por el cual se conformó de manera definitiva el grupo de beneficiarios del monto de la indemnización concedida, en 968 personas.

Finalmente, mediante las resoluciones nro. 1855 de 11 de noviembre de 2016, 337 de 15 de febrero de 2017 y 988 de 19 de julio de 2017, la Defensoría del Pueblo realizó el pago de las indemnizaciones individuales por un valor de $5´165.218, es decir, el equivalente aproximado a 9 S. M. L. M. V., lo cual, a juicio de la parte accionante, resulta irrisorio frente a los 45 S. M. L. M. V. que cada uno esperaba recibir.

La parte actora adujo como motivo de su inconformidad, que la indemnización percibida por cada uno de los integrantes del grupo afectado que no se constituyeron como parte dentro del proceso judicial atenta, entre otros, contra su derecho fundamental a la indemnización integral. Agregó que esta vulneración le es imputable a las autoridades judiciales accionadas en tanto que omitieron revisar el monto de la condena de conformidad con el inciso final del literal b) del numeral 3.º del artículo 65 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, máxime cuando tuvieron conocimiento de que el número de solicitudes presentadas por las víctimas del daño ausentes del proceso judicial, excedió del número estimado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.

La solicitud de tutela

Pretensiones

La parte actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales a la reparación integral, vida digna, igualdad y debido proceso de los actores, violados por las entidades accionadas.

2. Como consecuencia de la protección constitucional deprecada, se ordene al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y al Tribunal Administrativo de Sucre, que revisen la situación del monto de la condena establecida en las sentencias de 22 de noviembre de 2010 y 15 de mayo de 2014, en relación con el número de solicitudes presentadas por los actores, y en efecto profieran la correspondiente providencia que adicionen la sentencia de fechas en cita, en el entendido a que condenen u ordenen a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional a que paguen a favor de cada uno de los actores la diferencia de la condena establecida en los fallos prenombrados, esto es la suma de (36) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, hasta completar los (45).

3. Igualmente, a consecuencia de la misma declaración se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional que en términos perentorios realice el pago de las sumas de dinero indicadas en el numeral que antecede, las cuales deben ser depositadas en las cuentas del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo […]”.

Actuación

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 11 de septiembre de 2017, admitió la acción de tutela presentada por la parte actora, y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y al Juez Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

De igual manera, dispuso vincular a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, a la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a los demás integrantes del grupo afectado por la incursión violenta, concediéndoles el mismo término de dos (2) días para que allegaran informe de intervención en su calidad de terceros interesados en las resultas del proceso.

Informes de la parte accionada y los vinculados

La apoderada de la Defensoría del Pueblo solicitó que se denegara el amparo invocado por cuanto dicha entidad, en el ejercicio de sus competencias de administración del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, se limitó a efectuar los pagos de las indemnizaciones individuales de cada una de las personas integrantes del grupo que solicitaron beneficiarse de las indemnizaciones dispuestas en la sentencia de primera instancia, de conformidad con los requerimientos establecidos en la misma. Por tal motivo, aseguró no haber vulnerado derecho fundamental alguno.

En el mismo sentido, particularmente resaltó que su conducta consistió en acatar la sentencia de 22 de noviembre de 2010 cuando expresamente indicó que “(…) de resultar el número de personas afectadas superior al aquí mencionado el valor calculado para el pago de sus respectivas indemnizaciones individuales deberá ser dividido entre todos ellos”.

La Jefe del Área Jurídica (E) de la Secretaría General de la Policía Nacional, solicitó que se denegaran las suplicas de los accionantes, en la medida en que la acción de tutela está dirigida contra las providencias emitidas por las autoridades judiciales demandadas, luego entonces, la entidad que representa no tuvo injerencia en la afectación de los derechos fundamentales invocados.

Por último, manifestó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que no tiene por propósito lograr el acrecentamiento del valor de las pretensiones concedidas por los jueces naturales de la causa; no indica cuáles son los defectos en los que incurrieron las sentencias cuestionadas; no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable; y no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que 27 meses no es un plazo razonable para haberla interpuesto.

Las demás entidades guardaron silencio.

La sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de octubre de 2017, resolvió declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, con fundamento en las siguientes consideraciones.

En primer lugar, la Sección Quinta advirtió que después de la publicación de la sentencia, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, mediante auto de 4 de noviembre de 2014, ordenó remitir al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, las solicitudes de adhesión al grupo. Aun cuando dicho juzgado se percató de que el número de solicitudes ascendía a 1258, optó por no revisar la distribución del monto de la condena. En tal virtud, fue a partir de la ejecutoria de ese auto que la Sección Quinta computó el término de la inmediatez de la acción de tutela y, así, concluyó que esta fue presentada luego de haber transcurrido un período mayor a 2 años y 8 meses.

En segundo lugar, la Sección Quinta expuso que los actores no adujeron explicación alguna que permitiera demostrar la existencia de un nexo causal entre la situación de debilidad manifiesta derivada de su condición de víctimas del desplazamiento forzado, y la imposibilidad de presentar oportunamente la acción de tutela contra las decisiones judiciales acometidas. Por tal razón, concluyó que la tardanza en el ejercicio de la acción estuvo injustificada y que no se cumplió con el presupuesto de la inmediatez.

La impugnación

Los accionantes solicitaron que se revoque la sentencia proferida en primera instancia, al considerar que la violación de los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita no se suscitó con el auto emitido el 4 de noviembre de 2014, sino con ocasión de la Resolución nro. 1563 de 23 de septiembre de 2016, mediante la cual la Defensoría del Pueblo integró de manera definitiva el grupo de beneficiarios de la indemnización establecida en la sentencia, fijándolo en 968 personas.

Explicaron que en virtud de ese acto administrativo, las autoridades judiciales demandadas tuvieron conocimiento del número definitivo de beneficiarios de los efectos de la sentencia, motivo por el cual, a partir del mismo, los despachos demandados tuvieron la oportunidad legal para revisar la condena y, por lo mismo, es el momento adecuado para iniciar la contabilización del término de la inmediatez, el cual, reiteraron, debe flexibilizarse habida cuenta de su estatus de especial protección constitucional dado por su situación de desplazamiento.

De igual forma, reiterando los mismos fundamentos del escrito de la acción de tutela, solicitaron que se acceda a las pretensiones.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si ¿se cumplen con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela incoada contra las providencias judiciales emitidas el 22 de noviembre de 2010 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, y el 15 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre?

Para resolver el presente problema jurídico la Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; y finalmente, la v) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

Es así que en el caso bajo estudio es posible determinar que: i) la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del numeroso grupo de la parte actora a la reparación integral, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; ii) en la acción de tutela no se alegó un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; iii) se identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración se alega; y iv) no se trata de tutela contra sentencias de tutela.

Ahora bien, en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, la Sala considera necesario realizar un estudio más detallado para efecto de determinar su cumplimiento.

La inmediatez

En cuanto a la inmediatez ha de recordarse que expresamente no existe un término de caducidad fijado para la presentación de la tutela lo que, sin embargo, ello no significa pueda ser ejercida en cualquier tiempo.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dada su naturaleza protectora, reivindicadora y cautelar, el amparo de derechos fundamentales que se estiman conculcados debe ser solicitado en un plazo razonable dentro del cual se presuma que su afectación es inminente y realmente con potencialidad de producir un daño palpable e irreparable, pues con ella se persigue la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales. Pensar de otra manera constituye un desconocimiento del alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y efectiva de derechos.

La observancia del principio de inmediatez cuando se presenta la acción de tutela contra providencias judiciales es más severa, pues entran en juego la seguridad jurídica, la cosa juzgada e, incluso, derechos de terceros. A propósito del tema la Sala estima conveniente recordar los siguientes apartes de la sentencia T-739 de 2010:

“[…]

En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los perjuicios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si a la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”.

No existe aún una regla vigente, formal o jurisprudencial, que de manera precisa establezca un término exacto dentro del cual se entiende cumplido el requisito de inmediatez en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales. Jurisprudencialmente, se han establecido algunos factores que deben ser tenidos en cuenta en cada caso concreto, para determinar la razonabilidad del lapso transcurrido entre la decisión judicial atacada y la interposición de la acción.

La Corte ha establecido que el juez de tutela, ante una solicitud de amparo contra providencia judicial debe examinar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

Estos factores, ha dicho la Corte, deben valorarse en cada caso particular, con especial atención a las circunstancias y el contexto que rodean la solicitud de protección constitucional. Esta aproximación casuística al principio de inmediatez como requisitos de procedibilidad ha llevado, por ejemplo, a que un lapso de seis meses entre la expedición de la providencia atacada y la interposición de la tutela se considere como excesivo y por lo tanto inconsistente con el principio de inmediatez, pero, al mismo tiempo y con base en los mismos factores, se haya podido concluir que un lapso de dos años lo satisface. Todo depende de las circunstancias del caso concreto. La Corte ha permitido lapsos más extendidos entre la providencia atacada y la interposición de la tutela, por ejemplo, en casos de solicitudes de amparo interpuestas por personas pertenecientes a sectores sociales vulnerables, como las víctimas del desplazamiento forzoso […]”.

Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido dos excepciones a la aplicación del presupuesto de inmediatez, los cuales deberán demostrarse y justificarse por el accionante en cada caso particular así:

“[…] (i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros […]”.

La Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de agosto 5 de 2014, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez, unificó su criterio respecto al término que debe entenderse como razonable para que se acepte cumplido el requisito de inmediatez. En dicho fallo determinó que ese requisito de procedibilidad se considera cumplido cuando el actor interpone la acción antes de que hayan transcurrido seis (6) meses después de haber quedado notificada y/o ejecutoriada la providencia objeto de reproche constitucional.

Esta Sección ha sostenido que el plazo razonable de seis meses debe contarse desde el momento de la notificación de la providencia que le pone fin al proceso. Así lo hizo en fallo de 5 de febrero de 2015, dentro el proceso No. 2014-01623-01(AC), con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala, en el cual se consideró que una vez la providencia le fue notificada al actor en dicho proceso pudo conocer las consecuencias de la decisión y, al considerarla vulneradora de sus derechos fundamentales debió ejercer las acciones tendientes a la defensa de estos, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación del fallo.

En el caso concreto, salta a la vista que el cómputo del término de la inmediatez no puede tener como punto de partida la notificación de la sentencia de 15 de mayo de 2014, comoquiera que la parte actora no hizo parte del proceso judicial de acción de grupo, sino que se presentó ante la Defensoría del Pueblo con la finalidad de hacerse beneficiaria de los efectos de la sentencia.

La Sección Quinta consideró que el tiempo a partir del cual resultaba indicado contabilizar el término de inmediatez de la acción, era el auto de 4 de noviembre de 2014, mediante el cual el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo ordenó remitir al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo las solicitudes de adhesión al grupo, toda vez que allí pudo percatarse que las 1258 solicitudes de adhesión al grupo beneficiario superaban el número de personas estimado en la sentencia, lo cual permitía prever que, probablemente, el monto de la indemnización concedido se vería reducido sustancialmente.

Inconformes con este proceder, los accionantes adujeron en su escrito de impugnación que la violación de los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita se generó con ocasión de la Resolución nro. 1563 de 23 de septiembre de 2016, mediante la cual la Defensoría del Pueblo fijó definitivamente en 968 personas el grupo de beneficiarios de la indemnización establecida en la sentencia. Así pues, consideran los accionantes, que es a partir de dicha resolución que los despachos demandados tuvieron la oportunidad legal para revisar la condena y, por lo mismo, es el momento adecuado para iniciar la contabilización del término de la inmediatez.

Pues bien, la Sala concuerda con los argumentos de la parte actora en el sentido de que sólo a partir de que el grupo de beneficiarios de la sentencia quedó definitivamente conformado, resulta adecuado empezar a contar el término de la inmediatez de la acción constitucional, en virtud de que es allí donde se adquiere plena certeza de que el número de personas que se beneficiarían de la indemnización dispuesta en la sentencia, sobrepasa del inicialmente estimado por el juez de conocimiento.

En consecuencia, la Sala observa que entre la notificación de la Resolución nro. 1563 de 23 de septiembre de 2016 y la interposición de la acción de tutela, transcurrió un periodo superior a 10 meses, toda vez que esta última se entabló el 18 de agosto de 2017.

Ahora bien, los actores solicitan que, para efectos evaluar el requisito de inmediatez, se tenga en cuenta su particular situación de desplazamiento forzado. Empero, la Sala coincide con la Sección Quinta en que dicha condición no constituye un motivo válido para que los accionantes no hayan ejercido de manera oportuna la acción de tutela, en vista de que el apoderado de los mismos reconoció, no solamente que conocieron de la sentencia que tuvo lugar en la acción de grupo con nro. único de radicación 2002-00007, sino que, además, interpusieron las solicitudes correspondientes con la finalidad de hacerse beneficiarios de los efectos de la misma. En efecto, el hecho nro. 19 del escrito de la acción de tutela indica:

“[…] 19. Que luego de realizadas las publicaciones de la sentencia en cita en un diario de amplia circulación, se presentaron aproximadamente 1.250 personas para acogerse a los efectos de la sentencia, dentro de las que se encuentran mis poderdantes, cuyas solicitudes fueron presentadas en el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo […]”.

Visto lo anterior, es un hecho que el trámite administrativo que se desarrolló con posterioridad y como consecuencia de la sentencia definitiva del proceso con nro. único de radicación 2002-00007, no era algo nuevo o ajeno cuyo rumbo pudiere tomar por sorpresa o de manera imprevista a los actores, comoquiera que reconocieron haber hecho parte del mismo, precisamente, en su condición de víctimas de desplazamiento forzado; luego entonces, resulta incongruente aducir dicha situación para justificar la tardanza en la interposición de la acción de tutela de la referencia.

En otras palabras, la Sala considera que el transcurso de un período superior a 10 meses para interponer el mecanismo de amparo deviene desproporcionado, en tanto que los accionantes se habían hecho parte del procedimiento que tuvo por objeto beneficiarse de la indemnización concedida por el juez de conocimiento y, aun cuando no se desconoce su estado de vulnerabilidad, en el escrito de la acción de tutela no se afirma ni mucho menos se acredita que ese estado haya influido en la dilación para interponer la acción, o que haya existido algún tipo de vulneración generada en el marco del procedimiento administrativo mencionado o algún otro tipo de razón ajena a su voluntad o causa insuperable que justificara la tardanza.

No está demás destacar que la acción de tutela de la referencia tiene por objeto modificar de manera sustancial los efectos de providencias judiciales que quedaron en firme hace más de tres años, motivo por el cual, la Sala considera que no basta con ostentar la condición de desplazado para efectos de justificar un plazo mayor a seis meses en la interposición de la acción, sino que cobra particular relevancia el hecho de acreditar, específicamente, de qué forma esa situación imposibilitó el ejercicio oportuno de la misma, precisamente porque esta acción tiene la virtualidad de modular los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y, en consecuencia, de trastocar los derechos e intereses de terceros.

La subsidiariedad

Una de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derecho fundamentales.

Frente al tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“ […] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 2009 precisó al menos cuatro razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales, cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios.

En el presente caso, la parte actora advirtió que la indemnización percibida por cada uno de los integrantes del grupo afectado que no se constituyeron como parte dentro del proceso judicial, resultó ser ínfima, habida cuenta de que este superó por mucho el número de beneficiarios estimado por el juez de conocimiento. Relató que esta situación atenta contra su derecho fundamental a la indemnización integral y que dicha vulneración le es imputable a las autoridades judiciales accionadas en tanto que omitieron revisar el monto de la condena de conformidad con el inciso final del literal b) del numeral 3º del artículo 65 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, cuyo tenor revela:

“[…] “ARTICULO 65. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:
(…).
3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:
(…).
b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el Juez en la sentencia.
(…).
Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado.
[…]”. [Resalta la Sala].

En primer lugar, la Sala advierte que el contenido de la disposición transcrita faculta al juez de la acción de grupo a revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena en caso de que el número de personas integrantes del grupo afectado que se presentaren con posterioridad a la sentencia sea mayor al previsto por el operador judicial o, lo que es igual, cuando el monto de las indemnizaciones previsto resulte insuficiente para pagar las indemnizaciones individuales de la totalidad de integrantes del grupo beneficiarios de la sentencia. Es decir, resulta contrario al contenido normativo indicado, afirmar que el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 radicó en cabeza del juez de la acción de grupo el deber de aumentar el quántum de la condena, con ocasión de que con posterioridad a la sentencia, pretendan acogerse a sus beneficios un número de personas que rebase el cálculo de individuos estimado en la misma.

No obstante lo anterior, se llama la atención en que el enunciado normativo le confiere al operador judicial la facultad de distribuir el monto de la condena impuesta; es decir que la hipótesis allí contenida no constituye una etapa procesal que deba ser agotada de manera obligatoria por el juez, máxime cuando, como lo advirtió la parte actora, sólo se tuvo absoluta certeza de la conformación definitiva del grupo beneficiario de la sentencia cuando así lo determinó la Defensoría del Pueblo mediante la Resolución nro. 1563 de 2016.

Este hecho desvirtúa la existencia de un defecto en el procedimiento llevado a cabo por las autoridades judiciales demandadas, justamente, por cuanto la definición del grupo beneficiario de la sentencia se dio en sede administrativa, o sea, estando en el marco del procedimiento administrativo tramitado ante la Defensoría del Pueblo y no en el escenario judicial.

En ese orden de ideas, la única forma en que las autoridades judiciales accionadas pudieron advertir la desproporcionalidad entre el número definitivo de beneficiarios de la sentencia y el monto de la indemnización correspondiente, era mediante la manifestación oportuna, al respecto, de alguno de los interesados, quienes además de estar enterados del contenido de la sentencia, pudieron darse cuenta de la desproporcionalidad anotada como efecto natural de estar presentes en el trámite administrativo surtido ante la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, les era exigible poner en conocimiento de esa situación a las autoridades judiciales demandadas para efectos de salvaguardar sus derechos.

En el expediente, la Sala no observa que el apoderado de los integrantes de la parte actora haya acudido a las autoridades judiciales accionadas para efectos de gestionar sus derechos, en el sentido de que las indemnizaciones individuales se verían sustancialmente disminuidas como consecuencia del aumento considerable de personas que integraron de manera definitiva el grupo de beneficiarios de la sentencia.

Como pudo observarse en el análisis de la inmediatez, los accionantes manifestaron en el escrito de la acción de tutela, que el Juez Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo tuvo conocimiento de la desproporción anotada el 5 de septiembre de 2014 con ocasión del Oficio nro. DRA – 3030 6042, mediante el cual la Defensoría del Pueblo allegó el “listado de 1258 personas que presentaron solicitud de adhesión a la sentencia”.

Sin embargo, la Sala reitera que dicho listado no contenía el número definitivo de personas que cumplían con la totalidad de los requisitos exigidos para efectos de acogerse a la sentencia, motivo por el cual no le era exigible al Juzgado demandado, para la época en que se aportó el oficio (5 de septiembre de 2014), acudir a la facultad contenida en el inciso final del literal b) del numeral 3.º del artículo 65 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

Conclusión

Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia no satisfizo los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en consecuencia, procederá a confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo de los derechos: i) a la reparación integral, ii) a la dignidad humana, iii) a la igualdad, iv) al debido proceso y v) de acceso a la administración de justicia, incoada por Diógenes Manuel González Tovar y Otros contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR, el fallo de tutela proferido el 19 de octubre de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folios 70 a 164 del Expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 1 y ss. Acción de tutela interpuesta el 18 de agosto de 2017.
“ARTICULO 65. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:
(…). 3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:
(…).
b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el Juez en la sentencia.
(…). Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado.
(…)”. [Resalta la Sala].
[Apartes subrayados del literal b, numeral 3o. declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-242 de 22 de marzo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Numeral 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215 de 14 de abril de 1999, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez]. Folios 16 y ss. del Cuaderno nro. 1 del Expediente contentivo de la acción de grupo radicada por Osmar Enrique Atencia y Otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y la Policía Nacional, radicado con el nro. 70001-001-33-31-005-2002-00007. Ibíd., folios 6289 y ss. (Cuaderno nro. 14). Ibíd., folios 6333. Ibíd., folios 6334 y 6335. Ibíd., folios 6350 y ss.; 6360 y ss.; y 6382 y ss. Ibíd., folios 175 y ss. del Cuaderno nro. 14. Ibíd., folios 222 y ss. Ibíd., anexo nro. 7. “Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución número 1443 del 6 de octubre de 2015 “por la cual se integra el grupo de beneficiarios que se presentaron dentro del término señalado en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 y que cumplieron con los requisitos señalados por el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia de fecha 15 de mayo de 2014, en la acción de grupo número 2002-00007-01 adelantada por Osmar Enrique Acosta Atencia y Otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional - Policía Nacional “Ovejas””, expedida por la Defensoría del Pueblo”. Ibíd., anexo nro. 9. “Por la cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos contra las Resoluciones Nos. 801 y 811 de 4 y 6 de mayo de 2016m suscritas por el Secretario General”. Ibídem., “Por la cual se hacen efectivos unos pagos con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos dentro de la acción de grupo número 2002-00007-01 adelantada por Osmar Enrique Acosta Atencia y Otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional - Policía Nacional “Ovejas””. Ibídem., “Por la cual se hacen efectivos unos pagos con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos dentro de la acción de grupo número 2002-00007-01 adelantada por Osmar Enrique Acosta Atencia y Otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional - Policía Nacional “Ovejas””.

Ibídem., “Por la cual se hacen efectivos unos pagos con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos dentro de la acción de grupo número 2002-00007-01 adelantada por Osmar Enrique Acosta Atencia y Otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional - Policía Nacional “Ovejas””. Folio 207 del Expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 239 y ss. Ibíd., folios 245 y ss. Ibíd., folios 253 y ss. Folios 251 y 252 del Cuaderno nro. 14 del Expediente radicado con el nro. 2002-00007-01. Ibíd., folios 231 y ss. Oficio nro. DRA – 3030 6042 aportado el 5 de septiembre de 2014 por la Defensoría del Pueblo al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo. Folios 271 y ss. del Expediente de la acción de tutela de la referencia.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Sentencia SU-961 de 1999
Sentencias T-814 de 2004, T-243 de 2008, T-743 de 2008, T-033 de 2010. Entre las sentencias en las que se han aplicado estos criterios, pueden consultarse la T-022 de 2010, T-033 de 2010, T-079 de 2010, T-101 de 2010, T-016 de 2009, T-316 de2009, T-199 de 2009, T-315 de 2005, T-420 de 2009. Sentencias T-136 de 2007, T-647 de 2008 y T-867 de 2009, entre otras. Sentencia T-584 de 2011. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01(IJ).
“En el sub examine de la providencia atacada surgió para el Departamento de Norte de Santander una obligación de dar. Este departamento tuvo la posibilidad de presentar de manera oportuna la solicitud de amparo...” Sentencia de 5 de febrero de 2015, proceso No. 2014-01623-01(AC), M.P. Guillermo Vargas Ayala. Folios 251 y 252 del Cuaderno nro. 14 del Expediente radicado con el nro. 2002-00007-01. Ibíd., anexo nro. 9. Folio 69 del Expediente de la acción de tutela de la referencia. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1056 de 16 de diciembre de 2010, M. P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. “4.2 Para establecer la procedencia de la acción de tutela frente a la regla de la inmediatez, la jurisprudencia ha señalado, como otros factores, que el juez constitucional deberá constatar en cada caso concreto, “…si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes…”[21], es decir, si, en el caso en que la persona no pudo acudir a este mecanismo judicial excepcional de manera más temprana, se pueda determinar si se configuró una justa causa para ello. En caso de que se logre establecer que el afectado no promovió el amparo en forma oportuna, por razones ajenas a su voluntad o por causas insuperables, es posible que, por ese aspecto, el juez constitucional entre a conocer de fondo el asunto.[22]”
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005; T-743 de 2008; T-343 de 2012 y T-246 de 2015. Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2013. Magistrado ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia T-649 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial. Apartes subrayados del literal b, numeral 3o. declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-242 de 22 de marzo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Numeral 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-215 de 14 de abril de 1999, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez
“HECHOS (…) 19.

Que luego de realizadas las publicaciones de la sentencia en cita en un diario de amplia circulación, se presentaron aproximadamente 1.250 personas para acogerse a los efectos de la sentencia, dentro de las que se encuentran mis poderdantes, cuyas solicitudes fueron presentadas en el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo”. Folios 231 y ss. del Cuaderno nro. 14 del Expediente radicado con el nro. 2002-00007-01.

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