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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02145-01

Fecha
22 de febrero de 2018
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02145-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02145-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

22 de febrero de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD

[L]a Sala [deberá] determinar si estuvo ajustada a derecho la decisión del a quo, que declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez o si, por el contrario, concurren razones para sostener que la tutela fue interpuesta en un plazo razonable, que amerite un pronunciamiento de fondo. (…) En el sub lite, la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario fue notificada por edicto que estuvo fijado del 27 al 31 de marzo de 2014, mientras que la tutela fue presentada el 18 de agosto de 2017, es decir, luego de 3 años, 4 meses y 18 días. En consecuencia, si se tiene en cuenta la regla general adoptada por el Consejo de Estado, la solicitud de amparo no cumple el requisito de la inmediatez, tal y como lo concluyó el a quo. (…) Sin embargo, la UGPP aduce que concurren razones para flexibilizar el requisito de la inmediatez y admitir que la tutela fue presentada en un término razonable. (…) A juicio de la Sala, el cúmulo de funciones asumidas no justifica la inactividad de la UGPP. En primer lugar, debe tenerse presente que el requisito de la inmediatez tiene como finalidad salvaguardar el principio de seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento jurídico, pues, de lo contrario, podrían revivirse discusiones jurídicas que concluyeron hace mucho tiempo y, por esa vía, alterarse las relaciones jurídicas que se creían definidas. En segundo lugar, aunque la Sala no es indiferente ante la cantidad de expedientes pensionales que recibió la UGPP, lo cierto es que la inactividad por un lapso de 3 años, 4 meses y 18 días resulta verdaderamente significativa. En tercer lugar, admitir que las funciones de la UGPP justifican una inactividad de más de 3 años sería tanto como eximirla del cumplimiento requisito de la inmediatez (…), pues siempre se atribuiría la inactividad al cúmulo de funciones. En último lugar, la UGPP tenía conocimiento, desde abril de 2015, que Colpensiones había reconocido la pensión de vejez a la señora [L.S.Y.S.] y, a pesar de eso, dejó pasar otros 2 años y 4 meses sin ejercer la acción de tutela. (…) [Adicionalmente,] [e]n el presente asunto no se advierte abuso del derecho porque la señora [L.S.Y.S.] promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el año 2009, cuando no tenía reconocido ningún derecho pensional. (…) En todo caso, la UGPP cuenta con otro mecanismo judicial para cuestionar la 20 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, Sala de Asuntos Laborales: el recurso extraordinario de revisión. (…) Por lo tanto, es cierto que la tutela no cumplía el requisito de la inmediatez, como lo advirtió el a quo, y, además, tampoco se cumplía el requisito de la subsidiariedad. (…) Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02145-01(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER EN DESCONGESTIÓN, SALA ASUNTOS LABORALES

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 21 de septiembre de 2017, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES

Pretensiones

Por conducto del subdirector de Defensa Judicial Pensional, la UGPP solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por las sentencias del 30 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Bucaramanga, y del 20 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, Sala de Asuntos Laborales, que ordenaron el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la señora Luz Stella Yañez Solano . En concreto, pidió:

Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, en atención al detrimento del erario público que se ocasionaría con el pago de las sumas de dinero reconocidas a raíz del reconocimiento de la pensión de jubilación de carácter legal en los términos del Decreto Ley 1653 de 1977 ya que se configuraría la figura de la incompatibilidad en materia pensional que se genera con la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES en el año 2013 y que se le viene pagando a la señora LUZ STELLA YAÑEZ SOLANO desde el 01 de abril de 2013.

Segundo. Consecuentemente SUSPENDER TRANSITORIAMENTE los fallos del 30 de mayo de 2012 y 20 de marzo de 2014 dictadas por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER EN DESCONGESTIÓN SALA ASUNTOS LABORALES respectivamente, hasta que se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se incoe contra las decisiones judiciales.

Hechos

Revisado el expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. La señora Luz Stella Yañez Solano promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de que trata el Decreto 1653 de 1977.

2.2. Mediante sentencia del 30 de mayo de 2012, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Bucaramanga ordenó al Instituto de Seguros Sociales que reconociera pensión de jubilación a la señora Yañez Solano, en un monto equivalente al 71 % del ingreso base de liquidación, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

2.3. Previo recurso de apelación presentado por la parte demandante, el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, Sala Asuntos Laborales, por sentencia del 20 de marzo de 2014, modificó el fallo de primera instancia y ordenó que el reconocimiento de la pensión se hiciera en cuantía del 75 % del promedio de lo percibido en el último año de servicio.

2.4. Mediante Resolución GNR 042400 del 18 de marzo de 2013 (cuando el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho estaba para decidir en segunda instancia), Colpensiones reconoció la pensión de vejez a Luz Stella Yañez, efectiva a partir del 1º de abril de 2013, de conformidad con el Decreto 758 de 1990.

2.5. Hasta la fecha de presentación de la tutela, la UGPP no ha expedido la resolución de reconocimiento de pensión de jubilación de la señora Yañez Solano (que le fue ordenada mediante los fallos judiciales), porque, según aduce, no se ha aportado la documentación completa.

Argumentos de la tutela

De manera preliminar, la UGPP explicó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Agregó que en el presente asunto la tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable, porque, de lo contrario, a la señora Yañez Solano se le estarían pagando unas mesadas pensionales a las que no tiene derecho —por la incompatibilidad entre esa prestación y la reconocida por Colpensiones—, que serían recibidas de buena fe y, por ende, no imposibles de recuperar para el erario público.

En cuanto al fondo de asunto, la parte actora sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en:

3.1. Defecto sustantivo: toda vez que «desconocen las normas y jurisprudencia acerca de la figura de la incompatibilidad pensional». En ese sentido, afirmó que el artículo 128 de la Constitución Política y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 prohíben que se reciba más de una asignación que provenga del tesoro público y, por ende, las autoridades judiciales demandadas no podían ordenar el reconocimiento de la pensión de jubilación a favor de la señora Yañez Solano, pues, con los mismos tiempos públicos, Colpensiones ya le había reconocido pensión de vejez, que, justamente, ampara el mismo riesgo (la vejez).

3.2. Error inducido: por cuanto la señora Yañez Solano no informó al Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, Sala de Asuntos Laborales, que Colpensiones le había reconocido una pensión de vejez desde el año 2013.

3.3. Desconocimiento del precedente judicial: porque no aplicaron la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, que sostienen la prohibición de recibir dos remuneraciones que provenga del erario público.

3.4. Violación directa de la Constitución: pues infringieron el artículo 128 de la Constitución Política, que prescribe la prohibición de percibir doble asignación del erario público.

Intervenciones de las autoridades judiciales demandadas

A pesar de que se les notificó, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Bucaramanga y la Sala de Asuntos Laborales del Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión no se pronunciaron sobre la solicitud de amparo.

Intervención de terceros con interés

5.1. Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales

El apoderado general explicó que Fiduagraria actúa como administrador fiduciario y vocero del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, mas no como subrogataria o sucesora procesal. En cuanto a la solicitud de amparo, adujo que el expediente pensional de Luz Stella Yañez Solano fue entregado a Colpensiones, entidad que reconoció la pensión de vejez.

5.2. Luz Stella Yañez Solano (demandante en el proceso ordinario)

La apoderada judicial de la señora Yañez Solano solicitó que se desestimaran las pretensiones de la tutela. En concreto, sostiene que la señora Luz Stella Yañez Solano sí puede disfrutar de las dos pensiones que le fueron reconocidas, porque una de ellas corresponde a la pensión de jubilación (reconocida por las autoridades judiciales demandadas), cuyos requisitos estaban previstos en el Decreto 1653 de 1977, mientras que la otra es una pensión de vejez (reconocida por Colpensiones), cuyos requisitos estaban establecidos en la Ley 100 de 1993.

Sentencia impugnada

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por sentencia del 21 de septiembre de 2017, declaró improcedente la solicitud de amparo. En síntesis, explicó que la tutela fue presentada después de tres años de haber sido notificada la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario y, por ende, no cumplió el requisito de inmediatez.

Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, pidió que se revocara y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones. Concretamente, expuso:

Que, en algunas ocasiones, la Corte Constitucional da por acreditado el requisito de la inmediatez así la tutela haya sido interpuesta por fuera del término de seis meses, que se prevé como regla general. Que, en el presente asunto, el requisito de la inmediatez debía flexibilizarse, porque existieron motivos válidos que justifican la inactividad de la UGPP y, además, porque la vulneración de derechos fundamentales continúa.

Que, en ese sentido, la inactividad de la UGPP estaba justificada: i) por las funciones internas de la entidad, que exigen atender y resolver las solicitudes de reconocimiento de pensión y prestaciones económicas de las entidades liquidadas, así como también la intervención en cerca de 20.164 procesos judiciales; ii) porque fue a partir de la notificación SU-427 de 2016 que la Corte Constitucional facultó a la UGPP para promover acciones de tutela contra providencias judiciales que representaran un flagrante abuso del derecho, y iii) por cuanto la finalidad de la tutela es que se suspenda el cumplimiento de las órdenes judiciales —que afectarían la sostenibilidad del sistema—, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión.

Que, además, la vulneración de derechos fundamentales permanece en el tiempo y es actual, toda vez que los fallos judiciales cuestionados están pendientes de cumplimiento y lo que se busca es evitar que se paguen, con recursos públicos, dos pensiones que son incompatibles.

Que, por otra parte, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han avalado la procedencia de la tutela, así no haya sido interpuesta dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia judiciales cuestionada.

Por último, la parte actora reiteró los argumentos del escrito de tutela, es decir, la configuración del defecto sustantivo, del error inducido, del desconocimiento del precedente judicial y de la violación directa de la Constitución.

II. CONSIDERACIONES

La acción de tutela contra providencias judiciales

A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se cuestione una sentencia de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que se ha aplicado la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».

Caso concreto

En los términos de la impugnación, a la Sala le corresponde determinar si estuvo ajustada a derecho la decisión del a quo, que declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez o si, por el contrario, concurren razones para sostener que la tutela fue interpuesta en un plazo razonable, que amerite un pronunciamiento de fondo.

La inmediatez es un requisito que busca que la acción se presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que sea ejercida en un tiempo prudencial.

Sobre el particular, conviene precisar que, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado acogió, como regla general, que el requisito de la inmediatez se satisface cuando la tutela se interpone dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia judicial atacada.

En el sub lite, la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario fue notificada por edicto que estuvo fijado del 27 al 31 de marzo de 2014, mientras que la tutela fue presentada el 18 de agosto de 2017, es decir, luego de 3 años, 4 meses y 18 días. En consecuencia, si se tiene en cuenta la regla general adoptada por el Consejo de Estado, la solicitud de amparo no cumple el requisito de la inmediatez, tal y como lo concluyó el a quo.

Sin embargo, la UGPP aduce que concurren razones para flexibilizar el requisito de la inmediatez y admitir que la tutela fue presentada en un término razonable. Esas razones, básicamente, son: i) que la inactividad de la entidad se debió al cúmulo de funciones que asumió en materia de reconocimiento pensional y de prestaciones económicas, ii) que solo hasta la notificación de la sentencia SU-427 de 2016 la UGPP quedó facultada para interponer acciones de tutela contra providencias judiciales en las que se advirtiera un flagrante abuso del derecho; iii) que se pretende evitar el pago de mesadas pensionales incompatibles, y iv) que la vulneración de derechos fundamentales persiste, en tanto que aún está pendiente el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales que fueron ordenadas por los fallos judiciales cuestionados.

A juicio de la Sala, el cúmulo de funciones asumidas no justifica la inactividad de la UGPP. En primer lugar, debe tenerse presente que el requisito de la inmediatez tiene como finalidad salvaguardar el principio de seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento jurídico, pues, de lo contrario, podrían revivirse discusiones jurídicas que concluyeron hace mucho tiempo y, por esa vía, alterarse las relaciones jurídicas que se creían definidas. En segundo lugar, aunque la Sala no es indiferente ante la cantidad de expedientes pensionales que recibió la UGPP, lo cierto es que la inactividad por un lapso de 3 años, 4 meses y 18 días resulta verdaderamente significativa. En tercer lugar, admitir que las funciones de la UGPP justifican una inactividad de más de 3 años sería tanto como eximirla del cumplimiento requisito de la inmediatez —cuya importancia se explicó—, pues siempre se atribuiría la inactividad al cúmulo de funciones. En último lugar, la UGPP tenía conocimiento, desde abril de 2015, que Colpensiones había reconocido la pensión de vejez a la señora Luz Stella Yañez Solano y, a pesar de eso, dejó pasar otros 2 años y 4 meses sin ejercer la acción de tutela.

Por otra parte, no es cierto que solo a partir de la SU-427 de 2016 la UGPP hubiere quedado facultada para cuestionar por vía de tutela las providencias judiciales en las que se advirtiera en forma palmaria el abuso del derecho. Como se sabe, la UGPP, desde el año 2014, ha venido promoviendo acciones de tutela para controvertir providencias judiciales que reconocieron derechos pensionales.

Ahora, lo que dijo la Corte Constitucional en la SU-427 de 2016 fue que los requisitos de subsidiariedad e inmediatez debían flexibilizarse en los casos en los que se advirtiera el abuso del derecho en forma palmaria.

En la sentencia SU-361 de 2017, la Corte Constitucional expuso unos criterios para identificar eventos en los que el abuso del derecho emerge de modo palmario. Esos eventos se circunscriben, básicamente, a los casos en que una precaria vinculación laboral dio derecho a un incremento excesivo de la mesada pensional.

En el presente asunto no se advierte abuso del derecho porque la señora Yañez Solano promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el año 2009, cuando no tenía reconocido ningún derecho pensional. Además, a la interesada no puede reprochársele el hecho de haber reclamado el derecho pensional ante Colpensiones, pues: i) en ese momento, no había sentencia judicial ejecutoriada que reconociera el derecho a la pensión bajo el régimen del Decreto 1653 de 1977 y, por lo tanto, no existía certeza frente a ese derecho, y ii) la demandante ya cumplía los requisitos para obtener la pensión bajo las normas de la Ley 100 de 1993 y, por ende, ante la incertidumbre del derecho pensional con el Decreto 1653 de 1977, podía empezar a disfrutar el derecho que no estaba en discusión.

En este punto, la Sala destaca que, conforme con los fallos judiciales cuestionados, el derecho a pensión de jubilación de la señora Yañez Solano, en virtud del Decreto 1653 de 1977, se causó a partir del 18 de febrero de 2008, mientras que la pensión de vejez, reconocida por Colpensiones, se causó a partir del 1º de abril de 2013, lo que denota que, en caso de incompatibilidad, es el segundo reconocimiento pensional (el de Colpensiones) el que debe suspenderse.

Adicionalmente, no es de recibo el argumento según el cual la vulneración de derechos fundamentales de la UGPP persiste y, por consiguiente, debía darse dar por superado el requisito de la inmediatez. Y no es de recibo porque la UGPP tuvo conocimiento de la duplicidad de pensiones desde abril de 2015 y, a pesar de eso, dejó transcurrir el tiempo, de ahí que resulte contradictorio que ahora se valga de supuesta urgencia e inminencia, cuando eso es atribuible únicamente y exclusivamente a su falta de diligencia.

En consecuencia, la Sala estima que las razones invocadas por la UGPP no son suficientes para soslayar el requisito de la inmediatez.

En todo caso, la UGPP cuenta con otro mecanismo judicial para cuestionar la 20 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, Sala de Asuntos Laborales: el recurso extraordinario de revisión. En ejercicio de ese mecanismo judicial, la parte actora podrá plantear los argumentos que alega en sede de tutela.

En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 permite que las providencias judiciales que decreten el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondo de naturaleza pública puedan ser revisadas mediante el recurso extraordinario de revisión, que procederá por las causales previstas en la Ley 1437 de 2011 y, además: i) cuando se haya obtenido con violación al debido proceso o ii) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Y es que, de hecho, no ha vencido el término para interponer ese recurso, por cuanto, según el inciso 4º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, puede presentarse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la sentencia, es decir, la UGPP tiene plazo hasta el año 2019.

Por lo tanto, es cierto que la tutela no cumplía el requisito de la inmediatez, como lo advirtió el a quo, y, además, tampoco se cumplía el requisito de la subsidiariedad.

Queda resuelto, pues, el problema jurídico propuesto: la decisión del a quo sí estuvo ajustada a derecho, porque, en efecto, la tutela sí era improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez. Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Folios 153-158 del expediente.
Folios 26 del expediente.
Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales.
Folios 50-58 del expediente.
Que asumió las funciones misionales de reconocimiento pensional del Instituto de Seguros Sociales.
Folios 59-66 del expediente
Folios 92-94 del expediente.
Por el cual se aprueba el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
Folio 11 (vuelto) del expediente.
Sentencia T-066 de 2010.
Providencia del 26 de enero de 2006, expediente 25000232500020011068801.
Sentencia del 23 de febrero de 2010, radicado 33265.
Folios 109 y 111 del expediente.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos.
Folio 22 del expediente.
Ese hecho (el reconocimiento de la pensión por parte de Colpensiones) fue expuesto en las consideraciones de la Resolución RDP 013106 (folio 70 del expediente).
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

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