Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2017-02152-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Recurso extraordinario de revisión: causal 5
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2017-02152-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2017-02152-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
7 de mayo de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal 5 / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA – Como causal de revisión
[N]o resulta procedente alegar como causal del recurso extraordinario nulidades procesales ocurridas en una etapa previa de la decisión de fondo, máxime si se tiene en cuenta que la formulación de las mismas se encontraban sometidas a las reglas de oportunidad y legitimación señaladas en este caso específico en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de poner en conocimiento de las partes las nulidades que no hayan sido saneadas
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 142 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 145
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia, ver Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, número único de radicación 2009 00494
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02152-00(REV)
Actor: LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO Y OTRO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS, ECOPETROL S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Asunto: Resuelve recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión núm. 15 de lo Contencioso Administrativo resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en segunda instancia, que revocó la sentencia proferida el 29 de abril de 2005 por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda que presentó en ejercicio de la acción de reparación directa.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Recurso extraordinario de revisión; iii) Consideraciones de la Sala y iv) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La parte demandante, por conducto de apoderado especial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional y la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A., con el fin de que se declararan administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales causados por el derramamiento de petróleo del oleoducto Caño Limón- Coveñas en un predio de su propiedad.
Presupuestos fácticos de la acción de reparación directa
2. Los señores Luis Alfonso Ramos Lozano y Agustín Ramos Lozano indicaron que son propietarios del predio rural denominado “La Ponderosa”, ubicado en el corregimiento de Guamalito, en el Municipio del Carmen, Norte de Santander, colindante con el oleoducto Caño Limón Coveñas, destinado a la industria piscícola (reproducción de alevinos),
3. Señalaron que el 24 de junio de 1996, siendo las 01:29 horas, a la altura del kilómetro 455 + 050, del oleoducto Caño Limón Coveñas, se produjo un atentado terrorista que causó el derrame de 7.686 barriles de petróleo, afectando su predio denominado “la Ponderosa”.
4. Manifestaron que, la Nación –Ministerio de Defensa Nacional y Ecopetrol S.A. no realizaron las acciones de protección ni implementaron planes de contingencia para impedir el atentado y el subsiguiente derrame de petróleo, lo que les generó consecuencias negativas sobre su predio y sobre su actividad económica de piscicultura, en la medida que el crudo dañó la infraestructura y los insumos del proyecto en ejecución.
Normas violadas y concepto de violación
5. La parte demandante invocó, en su escrito, como normas violadas las siguientes:
Artículos 1, 2 y 90 de la Constitución Política.
Artículos 2341, 2348, 2350, 2356 y 2359 del Código Civil.
6. Como concepto de violación de las normas señaladas supra, indicaron que en el caso sub examine, podía aplicarse cualquiera de las tesis sobre responsabilidad del Estado, como la falla en el servicio, el riesgo creado o el daño especial.
7. Lo anterior, toda vez que, a su juicio, se estructuraron los elementos comunes a la responsabilidad de un hecho atribuible a la Administración, los cuales son: i) la omisión de proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas y de tomar las medidas de contingencia para evitar el derrame del crudo, ii) la creación del riesgo y la concreción de la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, iii) el daño antijurídico derivado en la pérdida de la producción total de alevinos y iv) el nexo de causalidad entre la conducta omisiva de los entes públicos y el resultado dañoso.
Sentencia proferida el 29 de abril de 2005, en primera instancia, por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 54001 23 31 000 1998 00733 01
8. La Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, en la parte resolutiva de la sentencia, decidió:
“[…]
PRIMERO: Declarar responsable administrativa y solidariamente a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL- y a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por los perjuicios materiales y morales causados a LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO y AGUSTÍN RAMOS LOZANO, con los hechos ocurridos el 24 de junio de 1996, ampliamente descritos en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Condenar solidariamente a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL- y a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a pagar a por concepto de indemnización por perjuicios materiales – daño emergente, la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($53.625.322,89).
TERCERO: Condenar solidariamente a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL- y a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a pagar a por concepto de indemnización por perjuicios morales el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de los actores.
CUARTO: Las entidades condenadas darán cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
QUINTO: Se reconocerán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.
SEXTO: NO SE RECONOCE PERSONERÍA para actuar a ERNESTO COLLAZOS SERRANO y JOHN JAIRO HERNÁNDEZ MARROQUÍN como apoderados de ECOPETROL ni a JUDITH YAMILE TORRES BOADA como apoderada de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
[…]”
9. Para sustentar su decisión: por un lado, consideró que no podía tenerse en cuenta las actuaciones realizadas por la Nación- Ministerio de Defensa Nacional y por Ecopetrol S.A., en la medida que no acreditaron en debida forma el derecho de postulación para actuar en el proceso, constituyéndose en un indicio en su contra. Textualmente, señaló:
“[…]
Obra a folios 110-118 escrito de quien dice ser la apoderada de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional, que no podrá ser apreciado debido a que no se acreditó el ejercicio actual del cargo de quien se suscribe como Comandante Mecanizado No. 5 “Maza” en memorial que aparece a folio 102; lo anterior, con las consecuencias legales que ello implica, es decir que se tiene por no contestada la demanda y constituye un indicio en contra de esta entidad.
Obra igualmente a folios 121-238 escrito de quien pretende actuar como apoderado de la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL-, que no podrá ser tenido en cuenta, debido a que no se probó el ejercicio actual del cargo de quien se suscribe como Asesor Legal de la Gerencia Caño Limón- Coveñas y representante legal de la misma en memorial que aparece a folio 121; lo anterior, con las consecuencias legales que ello implica, es decir que se tiene por no contestada la demanda y constituye un indicio en contra de esta entidad.
ALEGATOS DE CONLUSIÓN
Obran a folios escritos de quienes pretenden actuar en nombre de ECOPETROL y de LA NACIÓN- MIMSITERIO DE DEFENSA NACIONAL, que no podrán ser apreciados por los mismos motivos expuestos en el acápite de CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
[…]”.
10. Por el otro, consideró que la parte demandada no adoptó las medidas eficaces de seguridad para evitar el hecho ni ejecutó las acciones necesarias para remediar los daños que el derrame produjo. Asimismo, señaló que se probó el daño ocurrido en el predio denominado “La Ponderosa”, de propiedad de la parte demandante y el nexo de causalidad con el atentado terrorista al oleoducto Caño Limón- Coveñas, el cual no era un hecho imprevisible ni irresistible para la parte demandada. Textualmente, señaló:
[…]
Es claro, que los perjuicios por los que se reclama indemnización provienen del atentado al oleoducto mencionado, hecho que generó el derrame del crudo, y del que no obra prueba alguna respecto de su prevención por parte de ECOPETROL, quien tenía el deber de solicitar la vigilancia especial y permanente para dicho bien, máxime si se trataba de una zona del país de las llamada de orden público y donde se habían presentado varios hechos de la misma naturaleza anteriormente con los daños consabidos para el medio ambiente y para las personas que la habitan y desarrollan las actividades económicas
[…]
aunque no se observa prueba de que los actores o ECOPETROL hubiesen solicitado especial protección para sus bienes, si resalta de las pruebas allegadas y del conocimiento público, como hecho notorio, que el oleoducto Caño Limón- Coveñas venía y sigue siendo objetivo de los grupos armados al margen de la ley, que han visto en él una clara oportunidad para sembrar el terror de manera continua causándole a la nación y a los particulares, cuantísimos daños que datan de 1986 […] siendo deber constitucional y legal del estado, a través de las fuerzas militares y de policía, que responden a la autoridad del Ministerio de Defensa, deberá igualmente declararse la responsabilidad de la Nación- Ministerio de Defensa, solidariamente con Ecopetrol
[…]”.
11. Por tanto, declaró responsable administrativa y solidariamente a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional y a Ecopetrol S.A., condenándolos a reconocer y pagar a la parte demandante los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales efectivamente probados.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia proferida, en segunda instancia, el 13 de abril de 2016, decidió:
“[…]
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia apelada, es decir, la proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar el 29 de abril de 2005; como consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda
[…]”.
13. Después de tener en cuenta las actuaciones realizadas por la parte demandante al acreditarse que ejercieron en debida forma el derecho de postulación y de realizar un recuento de las pruebas obrantes en el expediente, consideró que, si bien se encontró acreditado el daño alegado por la parte demandante, consistente en la pérdida de actividad agrícola que ejercían en el predio de su propiedad como consecuencia del derrame del crudo que se presentó por el ataque perpetrado por grupos insurgentes al oleoducto Caño Limón Coveñas, dicho daño no era atribuible a la parte demandada, toda vez que:
13.1. El derrame de crudo no provino de una actuación de Ecopetrol S.A., sino de un acto netamente delictivo, ante lo cual, dicha entidad llevó a cabo labores para atender la crisis y mitigar los impactos adversos de la misma.
13.2. No se encontraba prueba alguna tendiente a establecer que la Nación- Ministerio de Defensa Nacional actuó de manera irregular frente a los hechos materia del proceso y, en esa medida, no era procedente atribuirle responsabilidad patrimonial por el daño sufrido.
14. Finalmente, señaló que en el caso concreto la parte actora no podía resultar beneficiaria de la condena impuesta a su favor, aún en aplicación de cualquier otro título de imputación de responsabilidad objetiva, toda vez que está probado que la actividad que se ejercía en el predio requería concesión del uso de la fuente hídrica pública sin que los propietarios contaran con dicho título habilitante.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La solicitud
15. La parte demandante, por conducto de apoderado especial, presentó el 22 de agosto de 2017, recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en segunda instancia, e invocó la causal 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, que señala:
“[…]
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]”.
16. Para sustentar la causal, argumentó que la sentencia recurrida valoró las pruebas solicitadas por la parte demandada, las cuales, a su juicio, fueron obtenidas con violación al debido proceso, toda vez que en el curso del proceso ordinario no se les reconoció personería jurídica a sus apoderados especiales ni se les tuvo por contestada la demanda.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
17. La parte demandada contestó el recurso extraordinario de revisión de la siguiente manera:
Ecopetrol S.A.
18. La apoderada especial de Ecopetrol S.A. se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión porque, a su juicio, la sentencia recurrida se profirió conforme a derecho, con observancia de las formas propias del asunto sometido a su conocimiento y con base en el material probatorio obrante en el expediente, sin que se hubiera presentado vulneración alguna del derecho fundamental al debido proceso.
19. Indicó que la parte demandante advirtió situaciones procesales que se presentaron y fueron consideradas de forma adecuada por los jueces de conocimiento en cada una de las etapas procesales, sin que el recurso extraordinario de revisión proceda para revivir el debate probatorio y las interpretaciones legales desarrolladas en las instancias.
Ministerio de Defensa Nacional
20. El apoderado especial del Ministerio de Defensa Nacional, se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, toda vez que se encontraba legitimado para actuar dentro del proceso de reparación directa. Asimismo, porque en las diferentes etapas procesales se respetó el derecho al debido proceso y contradicción sin que la parte demandante emitiera algún pronunciamiento sobre una presunta irregularidad procesal.
Concepto del Ministerio Público
21. El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, en la medida que, a su juicio, los argumentos expuestos por el recurrente no tienen la fuerza para concluir que se haya incurrido en la violación del derecho al debido proceso invocado, toda vez que la sentencia recurrida fue proferida con base en el material probatorio legalmente aportado y decretado en las instancias, pretendiendo convertir el recurso en una tercera instancia al refutar los juicios de valor desarrollados en la sentencia recurrida.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
22. Vistos: i) el artículo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ii) el numeral 1.° del artículo 2.º del Acuerdo núm. 321 de 2014, esta Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión de la referencia.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
23. Vistos los artículos 248 y 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el presente caso el recurso extraordinario de revisión es procedente atendiendo a que la sentencia recurrida fue proferida el 13 de abril de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
24. Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 19 de agosto de 2016 y el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto el 22 de agosto de 2017, es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, si se tiene en cuenta que los días 19, 20 y 21 de agosto de 2017 eran días inhábiles; término legal señalado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Problema jurídico
25. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se configura la causal de revisión señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; en especial, si la sentencia recurrida fue proferida con fundamento en pruebas obtenidas con violación al debido proceso y en consecuencia, si se declara fundado o no el recurso extraordinario de revisión.
26. Para resolver el problema jurídico planteado esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo y generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) generalidades de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo; iii) generalidades de la causal de nulidad originada en la sentencia por violación del artículo 29 de la Constitución Política, en especial, la prueba obtenida con violación al debido proceso y iv) análisis del caso en concreto.
Marco normativo y generalidades del recurso extraordinario de revisión
27. Vistos los artículos 248, 249, 250, 251, y 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contienen el marco normativo del recurso extraordinario de revisión, que se desarrollará infra.
28. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
29. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio extraordinario de impugnación.
30. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
“[…]
El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más
[…]
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada
[…]”.
31. En efecto, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Textualmente, señala como causales:
“[…]
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[…]”
32. Los requisitos del recurso están previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) nombre y domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.; v) poder para su interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.
33. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias taxativamente señaladas en la ley.
Generalidades de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
34. Visto el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, cuando se refiere a la nulidad originada en sentencia se exige que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere la decisión de fondo, “[…] por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa actuación […]”.
35. En este sentido, no resulta procedente alegar como causal del recurso extraordinario nulidades procesales ocurridas en una etapa previa de la decisión de fondo, máxime si se tiene en cuenta que la formulación de las mismas se encontraban sometidas a las reglas de oportunidad y legitimación señaladas en este caso específico en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de poner en conocimiento de las partes las nulidades que no hayan sido saneadas.
36. En relación con las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que son las siguientes:
36.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
36.2. Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido.
36.3. Cuando se dicta sentencia, como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
36.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.
36.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello se pretermite íntegramente la instancia.
36.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida.
36.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia.
36.8. Cuando la providencia carece de motivación.
36.9 Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley.
37. Considerando lo expuesto en la ley y conforme lo ha expresado la jurisprudencia para que proceda esta causal es necesario que al proferir la sentencia se incurra en una irregularidad que estructure la nulidad de estricto orden procesal. No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en refutar la valoración de las pruebas contenida en la providencia que se busca infirmar, en alegar que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, toda vez que todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.
Generalidades de la causal de nulidad originada en la sentencia por violación del artículo 29 de la Constitución Política, en especial, la prueba obtenida con violación al debido proceso
38. Junto al criterio señalado supra se ha aceptado que, pueden existir otros motivos no señalados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Es decir, que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento.
39. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
40. De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia C- 491 de 2 de noviembre de 1995, indicó que hacen parte de las garantías del debido proceso, entre otros aspectos, que las pruebas sobre las cuales se fundamentan las decisiones judiciales cumplan con la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para su producción, especialmente, en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone. Textualmente, señaló:
"[…]
Debe advertir la Corte, que en el artículo 29 de la Constitución se consagró una causal de nulidad específica, que opera de pleno derecho, referente a "la prueba obtenida con violación del debido proceso". Al examinar las causales de nulidad previstas en el artículo 140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada la referida nulidad de carácter constitucional. Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.
No se opone a la norma del artículo 29 de la Constitución la circunstancia de que el legislador señale taxativamente las causales o motivos de nulidad.
[...].
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, para indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta.
[...]
En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista en el artículo 29 de la Constitución, según la cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso" que es aplicable en toda clase de procesos
[…]".
41. A su vez, esta Corporación ha señalado que si la decisión tiene como soporte la prueba obtenida sin las observancias legales, su nulidad afecta el acto procesal de decisión y las actuaciones posteriores que de ella se derive.
42. En suma, los requisitos para que se considere que una prueba fue obtenida con violación al debido proceso y así obtener la nulidad de la sentencia que puso fin al proceso son: i) que no se cumplan las formalidades legales esenciales requeridas para su producción; ii) no se cumpla con el principio de contradicción de la prueba y iii) que sobre dicha prueba se edifique la sentencia recurrida.
43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis de la causal invocada, para posteriormente en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Análisis de la causal de revisión
44. La parte demandante, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia, invoca la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, en la medida que, a su juicio, se presentó una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.
45. Para el efecto, indicó que la sentencia recurrida fue proferida con base en pruebas obtenidas con violación del derecho al debido proceso, toda vez que en el curso del proceso ordinario no se les reconoció personería jurídica a los apoderados especiales de las demandadas ni se les tuvo por contestada la demanda. Por tanto, señaló que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no podía valorar las pruebas de la parte demandada.
Análisis del caso en concreto
46. En este contexto, la Sala pasa a considerar si, en el presente caso, se estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a través de los criterios jurisprudenciales arriba citados, para la configuración de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como se señalará infra.
47. En los términos en que fue propuesto el cargo, es evidente que la causal de revisión no está llamada a prosperar, toda vez que el supuesto defecto no corresponde a alguno de los presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la sentencia recurrida por lo siguiente:
Trámite del proceso de reparación directa y de las pruebas aportadas, solicitadas y decretadas
48. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la providencia proferida el 16 de octubre de 1998, admitió la demanda que contiene la acción de reparación directa, en la cual se ordenó: i) la notificación personal al Presidente de Ecopetrol S.A., al Ministro de Defensa y al Ministerio Público y ii) se ordenó la fijación en lista por el término de diez (10) días.
49. Realizadas las notificaciones y dentro del término legal, los apoderados especiales de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Ecopetrol S.A., contestaron la demanda, en cuyos escritos aportaron y solicitaron el decreto y práctica de pruebas.
50. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la providencia proferida el 21 de julio de 1999, tuvo por contestada la demanda y reconoció personería a los apoderados especiales de la parte demandada de la siguiente manera:
[…]
RECONOZCASE PERSONERÍA a la doctora JUDITH YAMILE TORRES BOADA como apoderada de la Nación –Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional, conforme a poder que obra en autos.
RECONOZCASE PERSONERÍA al doctor JOHN JAIRO HERNÁNDEZ MARROQUÍN como apoderado sustituto de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS -ECOPETROL conforme y para los efectos del memorial de sustitución que obra en el expediente
[…]”.
51. Asimismo, en la citada providencia se abrió el proceso a pruebas, de la siguiente manera:
“[…] ESTÍMENSE como pruebas los documentos allegados por las partes con el valor legal que le corresponda.
4. DECRÉTASE la práctica de las siguientes pruebas:
5. POR LA PARTE DEMANDANTE
DOCUMENTALES
5.1. NIÉGASE la solicitud de recepción de declaración de los señores Julio Iguerra, Eulalio Becerra, Alexis Navarro y Giovany Lozano por no reunir los requisitos del artículo 219 del C.P.C. ya que no se precisa dirección de residencia y domicilio de las citadas personas.
5.2 NIÉGASE la solicitud de inspección judicial al predio para determinar los daños causados y el estado actual en el que se encuentra, por innecesaria, en su lugar, se ordenará de oficio la práctica de dictamen pericial.
5.3. NIÉGASE la solicitud de decretar los peritazgos suficientes para cuantificar perjuicios, por cuanto lo mismo no se aviene de lo reglado en el artículo 236 del C.P.C. en cuanto no se determina en forma concreta los puntos sobre los cuales ha de versar el dictamen pericial.
6.- POR LA PARTE DEMANDADA- Nación- Ministerio de Defensa Nacional-
6.1 Líbrense los oficios al señor Comandante del grupo de Caballería Núm. 5 Maza, con sede en Cúcuta y al Comandante del Batallón de Infantería Núm. 15 “Santander” con sede en Ocaña a fin de que remita lo siguiente: a) un informe sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultaron afectados los demandantes, con ocasión de un derramamiento de petróleo en el predio rural denominado LA PONDEROSA ubicado en la jurisdicción del municipio de EL CARMEN (N.S.) en hechos sucedidos el 24 de junio de 1996, b) copia auténtica del informe rendido a ese comando por esos hechos y c) certificación sobre si ese comando ordenó abrir investigación por los mismos hechos, en caso positivo remitir copias auténticas de las citadas diligencias.
6.2. Líbrese Oficio al Director Regional de Fiscalías – Seccional Ocaña, a fin de que remita copia auténtica de la investigación penal adelantada por los hechos en que resultaron afectados los demandantes, con ocasión de un derramamiento de petróleo en el predio rural denominado LA PONDEROSA.
7. Por la PARTE DEMANDADA ECOPETROL
7.1. Líbrense oficios a la Alcaldía del Municipio El Carmen y a la Personería Municipal de El Carmen, a fin de que remitan certificación sobre la inspección ocular adelantada en el corregimiento de Guamalito, vereda el cajón, Finca La Ponderosa, propiedad de la parte demandante, efectuada el 27 de junio de 1996.
7.2 Líbrese oficios a la Procuraduría 23 en lo Judicial para asuntos Administrativo, a fin de que remitan copia auténtica del folio del libro radicados donde conste el recibo de solicitud de trámite de conciliación presentado por la señora MARINA RAMOS DE TORO, así como copia del auto de 5 de julio de 1998 por medio del cual se admitió la solicitud de conciliación.
[…]
7.4. Líbrese oficio al INPA a fin de que remita: a) certificación sobre existencia o no de permiso o autorización a nombre de los demandantes para el manejo del recurso ictiológico y en general para proyectos de acuicultura en relación con la empresa de explotación piscícola en el predio denominado La Ponderosa y b) certificación sobre existencia o no de permiso de concesión de aguas para la captación de aguas y vertimientos de aguas, referentes a la explotación piscícola referida en el literal anterior.
7.5 Decrétase la práctica de una inspección judicial a las instalaciones de la empresa ECOPETROL S.A. Distrito Caño Limón Coveñas. Pruebas técnicas
[…]
TESTIMONIALES
[…]
7.10 NIÉGASE la recepción de declaración de los señores LUIS EDUARDO DUARTE TORRES y ROBINSON PEDROZA RENS por no reunir los requisitos del artículo 219 del CPC ya que no se precisa cual es el domicilio de los mismos.
7.11. DECRÉTASE la práctica de interrogatorio de parte de los señores LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO y AGUSTÍN RAMOS LOZANO […]”
8. POR LA PROCURADURÍA 24 EN LO JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Líbrese oficio al señor Presidente de ECOPETROL S.A. a fin de que informe lo siguiente: a) certificación sobre cuántos atentados terroristas se han perpetrado entre los años 1995 y 1996 al Oleoducto Caño Limón Coveñas, especialmente a la altura del kilómetro 455 + 050, b) un informe en el que indique las medidas que ha tomado para evitar el daño ecológico causado a los predios colindantes del predio denominado Finca La ponderosa, con ocasión del derrame de petróleo causado por un atentado terrorista el día 24 de junio de 1996 y c) Qué medidas se toman en la empresa para evitar los atentados terroristas al oleoducto.
9.- POR EL DESPACHO DE OFICIO
9.1. DECRÉTASE la práctica de un dictamen pericial al predio denominado Finca La Ponderosa, ubicado en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del Municipio de El Carmen de propiedad de los demandantes, a fin de que se dictamine sobre lo siguiente: a) de qué está compuesto el predio, b) estado actual del predio, c) si existen daños que hayan sido ocasionados directamente por un derramamiento de petróleo ocurrido el 24 de junio de 1996, d) el precio del inmueble para el mes de junio de 1996 y el precio actual […]”.
52. Contra la anterior decisión, las partes no presentaron ningún recurso. Asimismo, la Sala observa que las pruebas decretadas dentro de la oportunidad legal fueron practicadas en su totalidad e incorporadas al proceso sin que las partes presentaran alguna oposición al respecto.
53. Posteriormente, las partes alegaron de conclusión y mediante la sentencia proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar se accedió a las pretensiones de la demanda sin tener en cuenta las actuaciones desarrolladas por las demandadas por considerar que no habían ejercido en debida forma el derecho de postulación.
54. Finalmente, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, revocó la sentencia proferida, en primera instancia, y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Para lo cual, tuvo en cuenta las actuaciones realizadas y los argumentos desarrollados por la parte demandada.
55. De lo anterior, la Sala colige que:
55.1 Contrario a lo señalado por la parte recurrente, a los apoderados de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional y Ecopetrol S.A. les fue reconocida la respectiva personería jurídica para actuar, desde el momento en que se decretaron las pruebas, en primera instancia, toda vez que los poderes para ejercer la representación judicial fueron otorgados cumpliendo los requisitos señalados en la ley.
55.1.1. En efecto, la Sala observa la Resolución 10729 de 26 de agosto de 1997, expedida por el Ministro de Defensa Nacional, mediante la cual delegó la facultad para notificarse de las demandas y constituir apoderados en los procesos contenciosos administrativos, entre otros, en el Departamento de Norte de Santander en el Comandante Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 “General Hermógenes Mazo”, a quien, en el caso concreto, le fue notificada de forma personal la demanda (folio 101), confiriendo poder a la abogada Judith Yamile Torres Boada (folio 102), en su calidad de Profesional Universitario 3020, Grado 04 de la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional.
55.1.2. A su vez, la Sala observa que la demanda se notificó personalmente al Asesor Legal de la Gerencia Caño Limón Coveñas y representante legal de la Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol-, debidamente facultado por el Presidente de Ecopetrol, mediante el poder general conferido en la Escritura Pública núm. 02346 de 5 de septiembre de 1997 de la Notaría Cuarenta y Siete del Círculo de Bogotá (folios 235 a 237), para representar judicialmente a la entidad y, entre otros asuntos, para constituir apoderados ante las distintas autoridades judiciales, ejerciendo, en debida forma, el derecho de postulación de las entidades públicas señalados en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo.
56. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó la práctica de las pruebas oportunamente solicitadas y aportadas, iii) las partes intervinieron en la práctica de las pruebas y contradijeron las aportadas por la contraparte, garantizándose el derecho al debido proceso y contradicción y iv) en las instancias, las partes no presentaron objeción alguna relacionada al decreto y práctica de las pruebas.
57. Por tanto, no existiendo cuestionamiento alguno en relación con la representación judicial de las entidades demandadas y con los elementos de juicio allegados a la actuación, resulta evidente que la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, al momento de decidir la acción de reparación directa, tenía la obligación de valorar la totalidad de las pruebas en su conjunto, sin que le fuera dable excluir alguna por no haber sido legalmente aportada, decretada o practicada, es decir, por vulnerar el derecho al debido proceso.
58. Además, se reitera que la decisión recurrida no se edificó en forma exclusiva en las pruebas que la parte recurrente considera indebidamente aducidas al proceso; por el contrario, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas, incluidas las aportadas y solicitadas por la parte demandante, por el Ministerio Público y las decretadas de oficio, de las cuales determinó que: i) el daño ocurrido en el predio de propiedad de la parte recurrente no era atribuible a las demandadas y ii) que los propietarios del predio no contaban con el permiso de concesión de aguas para ejercer la actividad piscícola, sin que sea procedente convertir esta etapa procesal en una tercera instancia, al pretender revivir el debate probatorio y cuestionar o controvertir las interpretaciones legales y jurisprudenciales efectuadas en la misma. En suma, reproches que no son propios de la causal alegada y que escapan al objeto del recurso extraordinario de revisión.
Condena en costas
59. Vistos los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, en especial, su numeral 8.º, sobre condena en costas.
60. Atendiendo a que esta Corporación ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas que implica: i) objetivo porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto y ii) valorativo porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.
61. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandante, en la medida que si bien se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.
Conclusiones de la Sala
62. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que, en el presente asunto no se configuró la causal de revisión señalada en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto que, la sentencia recurrida fue proferida con base en el material probatorio legalmente aportado, solicitado y practicado, sin que sea procedente convertir el recurso extraordinario de revisión en una tercera instancia para lograr una nueva valoración probatoria.
63. En suma, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, señalando que no procede la condena en costas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
IV. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de los señores Luis Alfonso Ramos Lozano y Agustín Ramos Lozano contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 13 de abril de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de reparación directa, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera de Estado
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Consejero de Estado
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Consejero de Estado
ACLARACIÓN DE VOTO / CONDENA EN COSTAS – Requiere análisis subjetivo o conductual
[A]nte la no prosperidad del recurso, no puede aplicarse un criterio exclusivamente objetivo de imposición de las costas, más allá de que no las hubiere encontrado causadas, pues considero que de todos modos aunque las encontrara causadas y probadas, no habría lugar a dicha condena, porque para la procedencia de esta clase de carga, se requiere que se haya probado una conducta temeraria en la interposición del recurso
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02152-00(REV)
Actor: LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO Y OTRO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS, ECOPETROL S.A.
Con el acostumbrado respeto, he de manifestar de entrada que este escrito no se relaciona con el sentido en que fue dictada la decisión, la cual comparto plenamente en cuanto declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y no condenó en costas, la inconformidad que en esta oportunidad me lleva a aclarar el voto atañe a un aspecto muy puntual y que he venido sosteniendo de tiempo atrás sobre la necesidad de incluir en el análisis y el estudio de la condena en costas el factor subjetivo o conductual del sujeto procesal vencido.
A mi juicio, ante la no prosperidad del recurso, no puede aplicarse un criterio exclusivamente objetivo de imposición de las costas, más allá de que no las hubiere encontrado causadas, pues considero que de todos modos aunque las encontrara causadas y probadas, no habría lugar a dicha condena, porque para la procedencia de esta clase de carga, se requiere que se haya probado una conducta temeraria en la interposición del recurso, según lo prevé, en forma general el artículo 188 del CPACA, que remite al CGP, que en su artículo 365 contiene la parte objetiva de la norma, en cuanto dispone la condena en costas, por regla general, para la parte vencida, pero el operador jurídico para efectos de condenar en costas, debe armonizarla con la parte subjetiva o conductual prevista en el artículo 79 del CGP, que dispone: “Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este; 2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; 3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas y 5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso”.
Por otra parte, el numeral 8 del artículo 365 ib, prevé que solo habrá lugar a costas cuando aparezca en el expediente que se causaron y en la medida de su comprobación y así sucesivamente, a lo largo del contenido de ese artículo muchas son las situaciones regladas que no permiten observar como un todo absoluto y en extremo objetivo al numeral 1º de la norma en cita, para afirmar, sin más argumento que quien es vencido en el recurso, indefectiblemente debe ser condenado en costas.
Lo afirmo de esa forma, porque ingresar a un régimen objetivo en materia de costas en el que el solo desfavorecimiento de las pretensiones implique per se una condena, vulnera el derecho a la administración de justicia y desdibuja el papel del juez, en tanto cada persona antes de acudir a la jurisdicción deba asegurarse que ganará la contienda judicial, en vez de permitirle acudir con el propósito de que la autoridad investida para tal efecto le responda si le asiste o no la razón.
Pues bien, descendiendo al caso concreto se observa que la discusión planteada en vía del recurso extraordinario de revisión corresponde al giro normal de posiciones e interpretaciones jurídicas entre quien acude a la administración de justicia y sus jueces naturales, pues con las censuras en revisión la parte censora pretendió la nulidad de la sentencia, con base en que se transgredió el debido proceso, por cuanto aunque indicó que no se tenía por contestada la demanda, debido a su extemporaneidad, el operador judicial sí valoró las pruebas que solicitó la parte demandada.
Tampoco se advierte que la conducta de la censora haya sido de aquellas que contengan mala fe o temeridad, sino el ejercicio propio del derecho de toda persona, natural o jurídica, pública o particular, a controvertir lo que considera es injusto con sus derechos, sin que se advierta carencia de fundamento legal por cuanto se apoyaba en los principios del debido proceso, concretamente en la valoración de las pruebas.
No se advierte tampoco propósitos ilegales, dolosos o fraudulentos; no obstruyó la práctica de pruebas y no ha sido una postulación reiterada para entorpecer el desarrollo normal del proceso.
Adicionalmente, si nos acogiéramos al método histórico, al rememorar el derogado CCA, se advierte que los recursos extraordinarios, tanto de súplica como de revisión, ya existían para el legislador extraordinario de 1984, quien en el artículo 194 del CCA, al consagrar el recurso extraordinario de súplica, traía la siguiente previsión: “si el recurso es desestimado, la parte recurrente será condenada en costas, para lo cual se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil” y, con todo, para ese entonces, el operador jurídico, se decantaba por el análisis de la temeridad y la mala fe para determinar la condena en costas. En contraste, el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 185 y siguientes del CCA, al igual que el actual 248 del CPACA, guardan absoluto silencio sobre la condena en costas a la parte vencida, argumento que vemos da mayor soporte, para abogar por el mantenimiento de los criterios de temeridad y mala fe con los que se debe analizar la conducta procesal de la parte vencida, previa a la condena en costas en su contra.
Las anteriores razones son suficientes para soportar y reiterar mi discrepancia en cuanto a que el Consejo de Estado se quede en el factor netamente objetivo cuando se trata de evaluar y decidir sobre la procedencia o no de la condena en costas contra el recurrente vencido.
Cordialmente,
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
Agustín Ramos Lozano
Sentencia proferida el 13 de abril de 2016 por la Subsección A de las Sección Tercera del Consejo de Estado, identificada con número único de radicación 54001233100019980073301 (34.392), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Folio 3 del cuaderno núm. 2 del expediente. Cfr. folios 27 a 51. Cfr. folios 53 a 64.
“[…] por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo […]”. Cfr. folios 123 a 125. El citado artículo señala: “[…] Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: […] 2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia […]”. La citada norma dispone: “[…] Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: […] 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado […]”.
“[…] Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 […]”. El citado artículo señala: “[…] Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos […]”. El citado artículo señala: “[…] Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […]”. El citado artículo señala: “[…] Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos […]”.
“[…] Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión […]”.
“[…] Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […]”. El citado artículo señala: “[…] Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […]”.
“[…] Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener: […] 1. La designación de las partes y sus representantes […] 2. Nombre y domicilio del recurrente […] 3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento […] 4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada […] Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer […]”. Cf. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, sentencia proferida el 2 de marzo de 2010, C.P. Mauricio Torres Cuervo, número único de radicación 200100091. Hoy artículo 133 del Código General del Proceso
Hoy artículo 137 del Código General del Proceso
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de 2015, C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia, número único de radicación 2009 00494. Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C- 491 de 2 de noviembre de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 3 de abril de 2018, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 02091 00
Folio 99 del cuaderno 2. Folios 110 a 114 del cuaderno 2. Folios 122 a 145 del cuaderno 2. Se transcribe el citado auto. Teniente Coronel Víctor Hugo Matamorros
El citado artículo señala: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso)
“[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37 000 2014 01115 01. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00162-01.
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