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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02199-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de febrero de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02199-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- DECLÁRESE FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, para conocer de la presente acción de tutela. Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela interpuesta por el señor Marcos Bejarano Sánchez contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02199-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

1 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / ACTO DE INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

[L]a Sala advierte que las sentencias que el actor trae a colación no guardan similitud, con la situación fáctica propuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En la sentencia de 16 de mayo de 2002, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, si bien anuló el acto administrativo que expidió el procurador general de la nación, lo cierto es que en dicho proceso se demostró que se incurrió en desviación de poder “porque la razón del retiro no fue la de mejorar el servicio sino que obedeció a las denuncias y actuaciones del funcionario con respecto a la carrera administrativa de la entidad”. En el fallo de 12 de febrero de 2009, se concedieron las pretensiones de la demanda, en la cual se atacaba la presunción de legalidad del acto de desvinculación, porque se encontró probada la desviación de poder, pues se removió a una persona que cumplía con los requisitos del cargo, por otra que no los cumplía. Los fallos de 20 de agosto de 2015 y 16 de marzo de 2017, ambos dictados por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, confirmaron las decisiones de primera instancia, en las que se negaron las pretensiones encaminadas a anular los actos administrativos que desvincularon a unas personas del cargo de procurador judicial, bajo el argumento de que se ejerció la facultad discrecional. En vista de lo anterior, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no desconoció el precedente judicial invocado por el demandante.

AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / TEST DE INCIDENCIA DE LA PRUEBA - No se superó

[L]as pruebas que señala el actor como omitidas en el trámite judicial ordinario, fueron debidamente valoradas bajo el principio de la apreciación racional, cuestión diferente es que estas no generaron la certeza que pretendía el actor, lo cual no deviene en un defecto fáctico. Ahora bien, frente a la versión libre que supuestamente rindió el accionante por escrito, esta Sección advierte que si bien es cierto que en la decisión de 27 de julio de 2017, no se dijo nada al respecto, lo cierto es que se tiene que verificar la incidencia que puede tener dicha prueba en la decisión, pues se debe recordar que el debate ordinario gravitó en la presunción de legalidad que goza un acto administrativo de desvinculación, que en sentir del demandante incurrió en desviación de poder. Al respecto, cabe resaltar que en el fallo censurado se indicó que el superior jerárquico del accionante archivó la investigación disciplinaria que se inició, en razón a que laboró en estado de embriaguez, toda vez que la situación fue clara, por lo que “no existe nexo causal, que alega el actor, entre dicha circunstancia y la decisión del retiro discrecional del servicio, más allá de una conjetura subjetiva sin respaldo probatorio alguno por parte del demandante, que permita colegir que en la decisión de insubsistencia existieron motivos ocultos por fuera de la presunción del mejoramiento del servicio” En efecto, la Sala no encuentra que se supere el test de incidencia de la prueba.

CAUSAL DE IMPEDIMENTO - Haber dictado la providencia de cuya revisión se trata o haber participado dentro del proceso / IMPEDIMENTO - Se declara fundado

[E]l Consejero [J.O.R.R.] se declaró impedido para conocer del asunto, por considerar que se configuró la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (…) Realizado el análisis de los argumentos planteados en esta oportunidad, se encuentra fundado y justificado el impedimento manifestado por el doctor [J.O.R.R.] en tanto se encuentra acreditado que como magistrado integrante de la Sección Cuarta de esta Corporación, suscribió la providencia de 17 de octubre de 2013, proferida en primera instancia dentro de la acción de tutela N 11001-03-15-000-2013-00155-00, la cual fue interpuesta por el demandante contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se cuestionaron los autos que negaron la medida de suspensión provisional de los actos administrativos que lo desvincularon de la Procuraduría General de la Nación. Por consiguiente, si bien en el proceso antes mencionado no se atacaron las providencias motivo de debate, lo cierto es que tuvo un conocimiento previo del asunto. En tales condiciones (…) se declará fundado el impedimento.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 56 - NUMERAL 6 / CÓDIGO DE GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 140 / CÓDIGO DE GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO143 - INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02199-00(AC)

Actor: MARCOS BEJARANO SÁNCHEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA DE DESCONGESTIÓN, SUBSECCIÓN LABORAL

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por el accionante contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como al principio de seguridad jurídica, supuestamente vulnerados, con la sentencia de 27 de julio de 2017, en la que se confirmó la decisión de 19 de junio de 2013, que negó las pretensiones tendientes a anular el acto administrativo que declaró insubsistente al demandante del cargo de Procurador 113 Judicial Penal de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Hechos

El actor manifiesta que promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la solicitó la nulidad del Decreto 3425 de 13 de diciembre de 2010, proferido por el Procurador General de la Nación, por medio del cual se declaró insubsistente del cargo de procurador 113 judicial II penal de Medellín “código 3pj grado ec nivel técnico profesional”.

Indica que, por escrito separado, solicitó la suspensión provisional de los efectos del mencionado acto administrativo, bajo el argumento de que se profirió contra la Constitución Política y la ley, pero, en proveído de 5 de julio de 2011, la Sala de Descongestión, Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia negó la solicitud, con sustento en que “no era posible verificar de primer momento los alegatos de la demanda de esa suspensión dado que no eran manifiestos, ni apreciables a primer golpe de vista”.

Sostiene que contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación. El Consejo de Estado, en auto de 12 de junio de 2012, la confirmó, pues “una decisión de esa naturaleza incluye la revisión de normas superiores, que no puede hacerse mediante auto de suspensión provisional. Pues para deducir si se trasgredió o no el ordenamiento jurídico, es preciso realizar un detenido análisis que es propio de la sentencia, una vez surtido el debate proceso correspondiente sobre la legalidad de la actuación administrativa”.

Resalta que instauró acción de tutela en la que solicitó que se dejara sin efecto las providencias que decidieron negar la solicitud de medida provisional. En sentencia de 17 de octubre de 2013, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones, bajo el argumento de que los motivos expuestos por las autoridades judiciales demandadas eran suficientes para no decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo.

Señala que impugnó la decisión, trámite que surtió ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, que en fallo de 13 de marzo de 2014, la confirmó al considerar que se estaba reabriendo el debate.

Asevera que agotadas las etapas procesales, la Sala de Descongestión, Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia dictó fallo el 19 de junio de 2013, el cual desestimó las súplicas de la demanda, al considerar que si bien se pudo demostrar lo relativo a la queja presentada “por el guarda de seguridad del palacio de justicia de Medellín, en contra del actor, como se colige del escrito obrante a fls. 18 y 20, de las declaraciones de los testigos, entre este hecho y el retiro del actor, no se logra establecer el nexo de causalidad, dado que, como se advierte, el Procurador no tuvo conocimiento de este hecho”.

Afirma que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, bajo el argumento de que “la providencia arriba a una conclusión que se aleja y contraviene lo probado en el procesos, desatendiendo abiertamente el orden legal dada al fallador de efectuar un examen crítico y equitativo de las pruebas y sus razonamientos legales y desconociendo los precedentes citados”.

Por último, manifiesta que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en sentencia de 27 de julio de 2017, desatendió los argumentos expuestos y omitió de manera ostensible el estudio del precedente judicial, pues se apoyó en la tesis de la facultad discrecional del nominador para mejorar el servicio.

2. Fundamentos de la acción

El accionante considera que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en: i) desconocimiento del precedente judicial, pues en su sentir, se apartaron de la regla jurisprudencial que estableció la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las sentencias de 16 de mayo de 2002, de 12 de febrero de 2009, de 20 de agosto de 2016 y 16 de marzo de 2017, las cuales mencionó en las diferentes etapas del proceso, sin que se realizara el respectivo análisis, circunscribiendo los argumentos de la decisión a la facultad discrecional de la que es titular el procurador general de la nación, sin tener en cuenta los diferentes pronunciamientos de las altas cortes “que ordenan la realización de un examen ponderado, detenido, juicioso y riguroso, acerca de los límites a dicha facultad y a los diversos encubrimientos con que suele esconderse la desviación de poder” y ii) defecto fáctico, toda vez que no se analizó “la existencia de la queja oficial, en papel membretado de la Fiscalía, la petición de informes estadísticos, su trámite irregular, la versión libre que rendí por escrito, entre otros elementos”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formula la siguiente:

“Acorde con todos los planteamientos antecedentes y las pruebas aportadas al expediente, solicito se me protejan los derechos fundamentales invocados y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la decisión proferida el 27 de julio de 2017 por el Consejo de Estado, Sección II, subsección B y se ordene a dicha autoridad judicial que, dentro de término que se le fije, y una vez notificada la sentencia de tutela, emita una nueva providencia en la que se tengan en cuenta los argumentos expuestos en el curso de este libelo demandatorio”.

4. Pruebas relevantes

En el expediente reposan los siguientes documentos:

Copia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra la Procuraduría General de la Nación, en la que solicita la nulidad del Decreto 3425 de 13 de diciembre de 2010, junto con la solicitud de medida provisional.
Copia del fallo de 17 de octubre de 2013, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela que instauró el actor contra la decisión que negó la medida provisional.
Copia de la sentencia de 27 de julio de 2017, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que confirmó la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra la Procuraduría General de la Nación, en el que se negaron las pretensiones tendientes a anular el acto administrativo que lo declaró insubsistente.

5. Trámite procesal

En auto de 30 de agosto de 2017, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a las autoridades judiciales demandadas. Igualmente, a la autoridad judicial que haya asumido el conocimiento de los procesos de la Sala de Descongestión, Subsección Laboral del Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercero con interés.

6. Oposición

Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado

El magistrado ponente, en escrito de 11 de septiembre de 2017, indicó que “en lo concerniente a los hechos sobre los cuales se fundamenta me atengo a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con el fallo de 27 de julio de 2017 proferido dentro del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficientemente cuenta del mismo”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

Cuestión previa

En escrito de 16 de noviembre de 2017, el Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez se declaró impedido para conocer del asunto, por considerar que se configuró la causal prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que fue “ponente de la sentencia del 17 de octubre de 2013, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado Nº 11001-03-15-000-2013-00115-00, interpuesta por el señor Marcos Bejarano Sánchez contra la misma autoridad judicial demandada, en la que se cuestionó en su momento una de las decisiones judiciales proferidas dentro del mismo proceso ordinario en el que se emitieron las sentencias de primera y segunda instancia que hoy se controvierten en la acción de tutela de la referencia”.

Realizado el análisis de los argumentos planteados en esta oportunidad, se encuentra fundado y justificado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, en tanto se encuentra acreditado que como magistrado integrante de la Sección Cuarta de esta Corporación, suscribió la providencia de 17 de octubre de 2013, proferida en primera instancia dentro de la acción de tutela Nº 11001-03-15-000-2013-00155-00, la cual fue interpuesta por el demandante contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la cual se cuestionaron los autos que negaron la medida de suspensión provisional de los actos administrativos que lo desvincularon de la Procuraduría General de la Nación. Por consiguiente, si bien en el proceso antes mencionado no se atacaron las providencias motivo de debate, lo cierto es que tuvo un conocimiento previo del asunto.

En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 y el inciso 4º del artículo 143 del Código de General del Proceso, se declarará fundado el impedimento manifestado por el Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez, para conocer de la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, se le separará del conocimiento de la misma. Igualmente, como el cuórum decisorio de la Sala no se ve afectado, se procederá a resolver el impedimento en la presente providencia.

Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si en la sentencia de 27 de julio de 2017, se incurrió en desconocimiento del precedente judicial al no acoger los pronunciamientos de 16 de mayo de 2002, 12 de febrero de 2009, 20 de agosto de 2016 y 16 de marzo de 2017, todos proferidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado, las cuales invocó el accionante en las diferentes etapas del proceso ordinario, sin que se realizara, supuestamente, un análisis frente a estas y que circunscribiendo los argumentos de la decisión a la facultad discrecional de la que es titular el procurador general de la nación, sin tener en cuenta los diferentes pronunciamientos de las altas cortes “que ordenan la realización de un examen ponderado, detenido, juicio y riguroso, acerca de los límites a dicha facultad y a los diversos encubrimientos con que suele esconderse la desviación de poder”. Igualmente, se debe verificar la presunta existencia de un defecto fáctico por la supuesta falta de valoración frente a “la existencia de la queja oficial, en papel membretado de la Fiscalía, la petición de informes estadísticos, su trámite irregular, la versión libre que rendí por escrito, entre otros elementos”.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 27 de julio de 2017, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, dictada en segunda instancia, vulneró al demandante los derechos fundamentales a la igualdad y acceso a la administración de justicia, así como al principio de seguridad jurídica, toda vez que no se anuló el acto administrativo que lo declaró insubsistente en el cargo de procurador judicial; (ii) se agotaron los medios de defensa judicial que tenía el accionante para controvertir la decisión objeto de tutela, en tanto la decisión motivo de censura se profirió en el marco del recurso de apelación que se interpuso contra la decisión de primera instancia; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda instancia se dictó el 27 de julio de 2017, notificada mediante edicto desfijado el 15 de agosto del mismo año. Como la acción de tutela se presentó el 29 de agosto de 2017, transcurrieron trece (13) días después de la notificación de la providencia censurada, lo que es un término razonable conforme lo ha precisado esta Corporación, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la providencia que se ataca se profirió dentro de un proceso ordinario, es decir, no se trata de tutela contra tutela.

Constatado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, pasa la Sala a efectuar el estudio de fondo.

5.2. La decisión judicial objeto de reproche constitucional no incurrió en los defectos alegados

5.2.1. El actor afirma que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en la sentencia de 27 de julio de 2017, incurrió en desconocimiento del precedente judicial al apartarse de los pronunciamientos de 16 de mayo de 2002, 12 de febrero de 2009, 20 de agosto de 2016 y 16 de marzo de 2017, todos proferidos por la misma Corporación, las cuales invocó en las diferentes etapas del proceso ordinario.

Cuando se hace referencia al precedente judicial, se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni arriba a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.

No obstante la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma.

Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.

En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o del órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical cuando: «(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues ‘sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia’; y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo».

En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.

Descendiendo al caso bajo estudio, la Sala advierte que las sentencias que el actor trae a colación no guardan similitud, con la situación fáctica propuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En la sentencia de 16 de mayo de 2002, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, si bien anuló el acto administrativo que expidió el procurador general de la nación, lo cierto es que en dicho proceso se demostró que se incurrió en desviación de poder “porque la razón del retiro no fue la de mejorar el servicio sino que obedeció a las denuncias y actuaciones del funcionario con respecto a la carrera administrativa de la entidad”.

En el fallo de 12 de febrero de 2009, se concedieron las pretensiones de la demanda, en la cual se atacaba la presunción de legalidad del acto de desvinculación, porque se encontró probada la desviación de poder, pues se removió a una persona que cumplía con los requisitos del cargo, por otra que no los cumplía.

Los fallos de 20 de agosto de 2015 y 16 de marzo de 2017, ambos dictados por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmaron las decisiones de primera instancia, en las que se negaron las pretensiones encaminadas a anular los actos administrativos que desvincularon a unas personas del cargo de procurador judicial, bajo el argumento de que se ejerció la facultad discrecional.

En vista de lo anterior, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no desconoció el precedente judicial invocado por el demandante, por lo que se despachará de manera desfavorable el cargo en estudio.

5.2.2. De otra parte, el actor afirma que en la sentencia reprochada se incurrió en un defecto fáctico, pues no se tuvieron en cuenta “la existencia de la queja oficial, en papel membretado de la Fiscalía, la petición de informes estadísticos, su trámite irregular, la versión libre que rendí por escrito, entre otros elementos”.

La Corte Constitucional ha concluido que se configura un defecto fáctico cuando el juez ha “dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución.

La Sala observa que en la sentencia atacada sí se hizo referencia a las pruebas relacionadas con la queja y sobre el reporte estadístico, en los siguientes términos:

“El accionante, el 5 de noviembre de 2010, dirigió escrito a la delegada para el Ministerio Público en asuntos penales de la Procuraduría General de la Nación, en el que se refiere a los hechos de la queja formulada en su contra (ff. 20 a 27), y el 2 de diciembre de 2010, envía a la misma funcionaria copia de las actas soportes del reporte estadísticos correspondiente al mes de octubre de 2010 (ff. 27 a 281)”.

Al respecto, se debe precisar que las pruebas que señala el actor como omitidas en el trámite judicial ordinario, fueron debidamente valoradas bajo el principio de la apreciación racional, cuestión diferente es que estas no generaron la certeza que pretendía el actor, lo cual no deviene en un defecto fáctico.

Ahora bien, frente a la versión libre que supuestamente rindió el accionante por escrito, esta Sección advierte que si bien es cierto que en la decisión de 27 de julio de 2017, no se dijo nada al respecto, lo cierto es que se tiene que verificar la incidencia que puede tener dicha prueba en la decisión, pues se debe recordar que el debate ordinario gravitó en la presunción de legalidad que goza un acto administrativo de desvinculación, que en sentir del demandante incurrió en desviación de poder.

Al respecto, cabe resaltar que en el fallo censurado se indicó que el superior jerárquico del accionante archivó la investigación disciplinaria que se inició, en razón a que laboró en estado de embriaguez, toda vez que la situación fue clara, por lo que “no existe nexo causal, que alega el actor, entre dicha circunstancia y la decisión del retiro discrecional del servicio, más allá de una conjetura subjetiva sin respaldo probatorio alguno por parte del demandante, que permita colegir que en la decisión de insubsistencia existieron motivos ocultos por fuera de la presunción del mejoramiento del servicio”.

En efecto, la Sala no encuentra que se supere el test de incidencia de la prueba, el cual consiste en establecer la relevancia que tenga un elemento probatorio que se dejó de mencionar o analizar en una decisión, pues en algunos casos las autoridades no hacen mención o realizan el estudio de alguna pieza probatoria que se allegó o se practicó en debida forma al proceso, en un pronunciamiento judicial. Pero esto, per se no deviene en el mencionado defecto, toda vez que este debe generar la certeza y convicción de que su valoración hubiese cambiado o hubiera sido determinante en el sentido de la decisión. Por consiguiente, la falta de mención o estudio de una prueba en una providencia, no conlleva de manera automática que se vulneren o desconozcan derechos fundamentales, pues en algunos casos estas no aportan o no ayudan al debate jurídico.

Sobre este particular, la Sala en sentencia de 19 de julio de 2017, sostuvo:

“Con base en lo anterior, la Sala observa que aun cuando no se hubiera hecho referencia en el acápite del daño (IV.7) a los balances generales de Granahorrar de 31 de octubre de 1998 y de 31 de diciembre de 1998 y a la comunicación del 30 de diciembre de 1998, suscrita por el secretario general de Granahorrar, en la que se indicaba que el valor de las acciones era de $ 0.01, como lo admitió la propia Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en el escrito de contestación de la solicitud de amparo, esa circunstancia no es un principio de razón suficiente para concluir que se ha configurado un defecto fáctico en la sentencia objeto de reproche constitucional, pues como se acaba de indicar con base en la recapitulación de los argumentos expuestos en la sentencia objeto de reproche constitucional, se trata de documentos que no eran determinantes, definitivos o trascendentes para demostrar la existencia de un daño por la decisión de Fogafín que redujo el valor nominal de las acciones de Granahorrar, el 3 de octubre de 1998.” (Negrilla y subraya de la Sala).

Por lo anterior, la circunstancia de que no se dijera nada en la sentencia objeto de reproche constitucional respecto a la versión libre que supuestamente rindió el accionante por escrito, no configura un defecto fáctico, pues el juez como director del proceso puede disponer de las pruebas que considera conducentes y pertinentes para la solución del caso y, omitir o no tener en cuenta las que considera irrelevantes o que no aportan claridad al debate.

En ese orden de ideas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela.

6. Razón de la decisión

La Sala negará el amparo deprecado, pues vislumbra que la decisión de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, no desconoció el precedente judicial aludido por el demandante en el escrito de tutela, pues en algunos casos se solucionaba un debate jurídico diferente al planteado, o solo reforzaban los argumentos expuestos por las autoridades judiciales demandadas sobre la facultad discrecional que ejercen los nominadores en los cargos de libre nombramiento y remoción. Igualmente, no incurrió en defecto fáctico toda vez que las pruebas señaladas por el actor como omitidas, no generaban la certeza o convicción pretendida y, por consiguiente, no incidían de manera definitiva en la decisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- DECLÁRESE FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, para conocer de la presente acción de tutela.

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela interpuesta por el señor Marcos Bejarano Sánchez contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

(IMPEDIMENTO ACEPTADO)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Folio 2 del cuaderno de tutela.
Ibíd.
Ibíd.
Folio 3 del cuaderno de tutela.
Folio 4 del cuaderno de tutela.
M.P.: Alberto Arango Mantilla.
M.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez.
M.P.: Gerardo Arenas Monsalve
M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez
Folio 15 del cuaderno de tutela.
Folio 14 del cuaderno de tutela.
Folio 171 del cuaderno de tutela.
Folio 180 del cuaderno de tutela.
Folios 182 a 183 del cuaderno de tutela.
Son casuales de impedimentos:
(…)
6º. Que el funcionario judicial haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad del funcionario que dictó la providencia a revisar.
ARTÍCULO 140. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS. Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.

El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva.
(…)

La recusación de un magistrado o conjuez la resolverá el que le siga en turno en la respectiva sala, con observancia de lo dispuesto en el inciso anterior, en lo pertinente.
M.P.: Alberto Arango Mantilla.
M.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez.
M.P.: Gerardo Arenas Monsalve
M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P.: Alberto Arango Mantilla.
M.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez.
M.P.: Gerardo Arenas Monsalve
M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez
Sentencia T-158 de 2006.
Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendii, que los ciudadanos legítimamente siguen”.
Ver, entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003.
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
Sentencia T-066 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia T – 781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
Folio 158 del cuaderno de tutela.
Folio 165 del cuaderno de tutela.
Radicado Nº 11001-03-15-000-2017-01383-00. M.P.: Stella Jeannette Carvajala Basto.
M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.

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