Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02345-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por incumplimiento del requisito de subsidiariedad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02345-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-02345-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
15 de febrero de 2018
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO - Recurso extraordinario de revisión / FLEXIBILIZACIÓN DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD ADJETIVA - Por declaratoria de estado de cosas inconstitucional
[L]a UGPP, en reiteradas oportunidades ha invocado los problemas estructurales que presentó CAJANAL en su funcionamiento, y por consiguiente, en la defensa de los intereses del Estado en procesos judiciales, que aunados a otras deficiencias, conllevaron a la declaratoria de estado de cosas inconstitucionalidad y a la liquidación de la entidad. Sin perder de vista lo anterior, la UGPP resaltó que desde el 12 de junio de 2013 asumió la defensa jurídica de CAJANAL (…) En consideración a las anteriores circunstancias, esta Sección frente a varias de las acciones de tutela interpuestas por la UGPP contra providencias dictadas en procesos judiciales que fueron iniciados contra CAJANAL, optó por flexibilizar la exigencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y por ende, abordó el análisis de fondo de las controversias planteadas (…) En cuanto a la subsidiaridad (…) es claro que la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia del 10 de marzo de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó el proveído del 6 de agosto de 2010 del Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá, razón por la cual la acción de tutela es improcedente en atención a su naturaleza subsidiaria (…) Por lo anterior, no le asiste razón a la UGPP al indicar que ya agotó todos los mecanismos de defensa que tenía a su disposición, pues aún cuenta (hasta el 11 de junio de 2018) con un medio idóneo a través del cual puede exponer sus motivos de inconformidad
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 - INCISO 3 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 - NUMERAL 1 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02345-01(AC)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCION D Y OTRO
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta.
ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 6 de septiembre del 2017, en la Secretaría General del Consejo de Estado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, presentó acción de tutela contra el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá- Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D”, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Consideró vulnerados estos al proferirse al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 2008-00682-01, las sentencias del 6 de agosto de 2010 y 10 de marzo de 2011, respectivamente, que a su juicio incurrieron en graves errores en la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Brenda Esther Mieles Torres.
Solicitó que se dejen sin efectos las providencias controvertidas y la resolución proferida para dar cumplimiento a la misma, y en su lugar se le ordene al Tribunal accionado proferir un nuevo fallo ajustado a derecho que disponga “reliquidar la pensión de vejez de la señora BRENDA ESTHER MIELES TORRES, aplicando los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, respetando el régimen anterior pero teniendo en cuenta como IBL el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicios previos a adquirir el derecho pensional, incluyendo únicamente los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994”.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos, relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1 La señora Mieles Torres prestó sus servicios en la Contraloría General de la República desde el 3 de noviembre de 1980 hasta el 27 de abril de 2006, por lo anterior se tiene que adquirió el estatus jurídico pensional el 13 de agosto de 2004.
2.2 Mediante la Resolución Nº 30328 del 29 de junio de 2006, la extinta Caja Nacional de Previsión Social, reconoció y pagó una pensión de vejez a favor de la señora Mieles Torres, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $714.242.70, efectiva a partir del 1 de noviembre de 2005, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio oficial.
2.3 Posteriormente con Resolución Nº 49349 del 25 de septiembre de 2009, la extinta CAJANAL reliquidó la pensión de vejez de la señora Mieles Torres, por retiro definitivo del servicio, elevando la cuantía a la suma de $ 747.075.94, efectiva a partir del 29 de abril de 2006.
2.4. Al no estar de acuerdo con la reliquidación efectuada, la señora Brenda Esther Mieles Torres presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto administrativo antes referido. Lo anterior, por cuanto a su juicio cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 7º del Decreto 929 de 1976 para acceder a la pensión de los servidores de la Contraloría General de la República.
A título de restablecimiento del derecho solicitó “que la Caja Nacional de Previsión Social modifique, reconozca y pague la asignación mensual equivalente al 75% de la totalidad de los factores salariales durante los últimos 6 meses, tales como: sueldo, bonificación por servicios, bonificación especial (quinquenio), horas extras, vacaciones (pagadas en dinero), prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, incrementados anualmente con su respectiva indexación sobre las sumas que ha dejado de percibir hasta la fecha en que efectivamente se produzca el pago.”
2.5. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá- Sección Segunda, que mediante sentencia del 6 de agosto de 2010, de un lado declaró la nulidad parcial de la resolución que reliquidó la pensión y de otro, condenó a la Caja Nacional de Previsión Social -en Liquidación- a “reliquidar la pensión mensual vitalicia por vejez a la señora BRENDA ESTHER MIELES TORRES, incluyendo en su integridad todos los factores salariales devengados por ella durante los últimos seis meses de servicio en la Contraloría General de la República, como son asignación básica, bonificación por servicios, bonificación especial, horas extras, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, indemnización de vacaciones percibidas entre el 28 de octubre de 2005 y el 27 de abril de 2006, a partir del 28 de abril de 2006.”
2.6. En contra del fallo anterior, CAJANAL presentó recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección D, mediante sentencia del 10 de marzo de 2011 por medio de la cual confirmó parcialmente la sentencia del 6 de agosto de 2010, salvo el numeral 2º, el cual revocó y quedó así:
“Segundo: como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL a efectuar la reliquidación de la pensión mensual de vejez a la señora BRENDA ESTHER MIELES TOORES identificada con la cedula de ciudadanía (…), equivalente al 75% del promedio de salarios devengados en el último semestre de servicios, 28 de noviembre de 2005 al 27 de abril de 2006, incluyendo como factores salariales el sueldo, bonificación por servicios prestados, horas extras, prima de vacaciones, prima de servicios y la prima de navidad, en forma proporcional y la bonificación especial computada en su totalidad como fue señalado en la parte motiva de esta sentencia, sumas que se reconocerán y cancelaran a partir del 28 de abril de 2006, aplicando los reajustes legales (..).”
La anterior sentencia fue notificada mediante edicto fijado el 26 abril de 2011 y desfijada el 28 de abril del mismo año. El fallo quedó ejecutoriado el 3 de mayo de 2011.
2.7. En cumplimiento del fallo anterior, CAJANAL emitió la Resolución Nº UGM 055728 del 12 de septiembre de 2012 y en consecuencia reliquidó la pensión de vejez de la interesada elevándose la cuantía a la suma de $1.366.830 efectiva a partir del 28 de abril de 2006.
2.8 Posteriormente, a través de la Resolución Nº RDP 055709 del 9 de diciembre de 2013, la UGPP modificó la Resolución Nº UGM 055728 de 2012, en el sentido de indicar que los valores certificados no fueron tenidos en cuenta de manera correcta en el acto administrativo mencionado, por lo cual se procedió a efectuar una nueva liquidación y modificó el artículo primero y tercero de la resolución anteriormente nombrada de la siguiente manera:
“(…)
ARTICULO PRIMERO: en cumplimiento del fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCION SEGUNDA SUBSECCION D el 10 de marzo de 2011, se reliquida la pensión de vejez de la señora MIELES TORRES BRENDA ESTHER elevando la cuantía de la misma suma de $1.394.543, efectiva partir del 28 de abril de 2006 de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.
2.9 A la fecha, la señora Mieles Torres, está activa en la nómina de pensionados con la Resolución Nº RDP 055709 del 9 de diciembre de 2013, desde el 1 de marzo de 2014, recibiendo una mesada pensional de $2.212.109,84.
3. Sustento de la Vulneración
Fundamentó las anteriores solicitudes en las siguientes razones:
Precisó que las providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, ordenaron que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) en la liquidación de la pensión de vejez de la señora Mieles Torres debía pagarse con el 75% de lo devengado durante los últimos seis meses de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en ese período.
En síntesis argumentó que la anterior decisión es contraria a los derechos invocados por tres razones a saber:
(i) Que el IBL debía liquidarse con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho conforme a lo establecido en el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, norma aplicable a su derecho prestacional.
(ii) Desconoció la jurisprudencia constitucional desarrollada en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013 y SU-230 de 2015, según la cual para calcular el ingreso base de liquidación (en adelante IBL) debía tenerse en cuenta “el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho conforme a lo establecido en el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”, normas aplicables para el caso de la señora Mieles Torres
Sobre el particular realizó algunas consideraciones a partir de pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, según las cuales en tratándose de pensiones cobijadas por el régimen de transición, el IBL se rige en estricto sentido por la Ley 100 de 1993, pues la aplicación que se realice del régimen anterior solo cobija lo referente a la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho pensional.
(iii) Como la ciudadana antes señalada adquirió el derecho pensional el 13 de agosto de 2004, debió aplicársele el Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales a tener en cuenta para liquidar la pensión, aspecto que a su juicio, también desconocieron las autoridades judiciales accionadas al indicar que dicha prestación debía calcularse con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
Argumentó que las anteriores circunstancias son constitutivas de defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, además que las decisiones cuestionadas “resultan ser un inminente abuso del derecho”, “presenta un fraude a la ley” y claramente “afectan la sostenibilidad del sistema pensional”.
Frente al requisito de inmediatez precisó que, solo fue hasta el 12 de junio de 2013 que la Unidad adquirió la defensa de la extinta CAJANAL, fecha para la cual las sentencias judiciales hoy controvertidas ya estaban en firme y por la cual no puede imponérseles responsabilidad alguna de haber presentado en un plazo menor la presente acción constitucional.
Destacó la anterior circunstancia a fin de argumentar, que es a partir del 12 de junio de 2013 que debe analizarse el cumplimiento del requisito de inmediatez en la interposición de la demanda objeto de estudio, aunado a que la vulneración de los derechos invocados es permanente y continúa en el tiempo.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 12 de septiembre de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso su notificación a las autoridades judiciales demandadas y a la señora Brenda Esther Mieles Torres, otorgándoles 2 días para que rindieran informe sobre la demanda interpuesta.
Adicionalmente ordenó que se publicara en la página web del Consejo de Estado el auto admisorio de la demanda, con el fin de dar a conocer el presente asunto a los terceros interesados.
A pesar de que fueron notificadas las autoridades judiciales antes señaladas del auto admisorio de la demanda, las mismas guardaron silencio.
4.2 Intervención de la señora Brenda Esther Mieles Torres (tercera interesada)
En escrito del 5 de octubre de 2017 por medio de su apoderado judicial, la señora Mieles Torres se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que las sentencias atacadas aplicaron la jurisprudencia y las leyes correspondientes al caso concreto, teniendo en cuenta que era beneficiaria del régimen de transición, por lo tanto la actora debía ser incluida en el IBL al momento de realizar la liquidación de la pensión de vejez correspondía al 75% de lo devengado durante los últimos 6 meses de servicio.
Concluyó señalando que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que esta no se promovió, dentro de un término razonable, por tanto debe declararse su improcedencia.
4. Fallo impugnado
La Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó sentencia del 23 de noviembre de 2017 declarando improcedente la acción de tutela.
Para tal efecto destacó que la providencia controvertida se notificó el 26 de abril de 2011 y la acción de tutela se interpuso el 12 de septiembre de 2017, es decir que entre la circunstancia señalada como origen de la supuesta amenaza o vulneración de los derechos invocados y la radicación del mecanismo de protección constitucional, trascurrieron más de 6 años.
Agregó que la UGPP justificó su demora en el hecho que desde el 12 de junio de 2013 asumió plenamente las funciones de CAJANAL, argumentó que fue desestimado en atención a que ésta también tenía el deber de defender los intereses del Estado, y porque aún verificado el cumplimiento del requisito de inmediatez desde la fecha antes señalada, resulta clara su desatención.
Concluyó que no se evidencia alguna circunstancia que justificara la tardanza en el ejercicio de la acción constitucional.
5. Impugnación
La UGPP impugnó la sentencia en su contra argumentado que el juez de primera instancia en cuanto al análisis del requisito de inmediatez no tuvo en cuenta de un lado, que el artículo 86 de la Constitución Política no establece un término perentorio para el ejercicio de la acción de tutela, y de otro, la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la verificación de dicho requisito en cada caso en concreto, máxime cuando existen circunstancias que justifican la tardanza en el ejercicio de tal mecanismo de protección.
Sostuvo que el tiempo que tardó en la interposición de la acción de tutela obedeció a la cantidad y complejidad de los asuntos que recibió en virtud de la liquidación y extinción de CAJANAL y de otras entidades (más de 20), aunado al significativo número de solicitudes pensionales que diariamente debe atender. Agregó que las circunstancias contrarias a los derechos invocados permanecen en el tiempo, debido a que se trata de una pensión que mensualmente se está reconociendo por un valor superior al que legalmente corresponde, lo que revela el carácter inminente y actual del amparo solicitado, de manera tal que la verificación del mencionado requisito no puede realizarse simplemente a partir de la notificación de las providencias controvertidas.
Destacó que las anteriores circunstancias en casos similares han sido analizadas con detenimiento por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, motivo por el cual reprochó que el juez de primera instancia haya realizado un análisis lineal del requisito de inmediatez, sin detenerse a estudiar las complejidades inherentes a las funciones asignadas a la UGPP.
En ese orden de ideas consideró, que en manera alguna se desconoció el referido requisito adjetivo de procedibilidad, y por consiguiente que deben analizarse los motivos de inconformidad que desarrolló en el escrito de tutela (los cuales reiteró) contra el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogota- Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda- Subsección D.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 23 de noviembre de 2017, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la sentencia antes señalada, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:
2.1. ¿La UGPP acreditó los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias?
2.3. De superarse los referidos requisitos, ¿las providencias arriba señaladas vulneraron los derechos fundamentales invocados?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) requisito de inmediatez; (iii) naturaleza subsidiaria e improcedencia de la acción constitucional cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces; y (iv) análisis del caso concreto.
3. Razones jurídicas de la decisión
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.
Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
3.2. Del requisito de inmediatez
Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un plazo razonable, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha considerado como plazo prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia.
No obstante lo anterior, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.
En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”.
3.3. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
4. Análisis del caso en concreto
4.1. Resolución del primer problema jurídico
En cuanto al primer interrogante planteado, relativo al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias, en primer lugar se tiene que la presente acción no se dirige contra una sentencia de tutela, toda vez que las decisiones cuestionadas se dictaron en el marco de un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
En cuanto a la inmediatez, en principio podría predicarse que no se cumplió, en atención a que el fallo cuestionado de segunda instancia, se notificó por edicto el 26 de abril de 2011 según la constancia secretarial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca visible a folio 51 del expediente, y la acción de tutela se presentó por la UGPP el 6 de septiembre de 2017.
Empero, tampoco puede pasarse por alto de un lado, que las providencias cuestionadas se dictaron en un proceso que se inició contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), e incluso, que las mismas se profirieron el 6 de agosto de 2010 y 10 de marzo de 2011, esto es, antes que la UGPP asumiera la defensa jurídica de la primera entidad debido a su liquidación, lo cual ocurrió el 12 de junio de 2013 (según lo informado por la parte accionante).
Las circunstancias antes señaladas son relevantes, porque ponen de presente que nos encontramos ante uno de los procesos que la UGPP asumió en virtud de la liquidación de CAJANAL, respecto de los cuales la Corte Constitucional y esta Sección han considerado que hay lugar a flexibilizar las exigencias de la inmediatez y la subsidiariedad, por supuesto, sin desconocer las particularidades de los casos en concreto.
Sobre el particular se recuerda, como se indicó en el numeral 3.2 de la parte motiva de esta providencia, que en el análisis de la inmediatez debe evaluarse si existió un motivo válido para la inactividad de los accionantes y/o si la situación de vulneración alegada permanece en el tiempo, en tanto en caso afirmativo, habría lugar a la flexibilizar la aplicación del mencionado requisito.
En lo que respecta a la UGPP, en reiteradas oportunidades ha invocado los problemas estructurales que presentó CAJANAL en su funcionamiento, y por consiguiente, en la defensa de los intereses del Estado en procesos judiciales, que aunados a otras deficiencias, conllevaron a la declaratoria de estado de cosas inconstitucionalidad y a la liquidación de la entidad.
Sin perder de vista lo anterior, la UGPP resaltó que desde el 12 de junio de 2013 asumió la defensa jurídica de CAJANAL, y por ende, de un número significativo de asuntos que durante mucho tiempo fueron desatendidos, la mayoría de ellos, relativos a prestaciones que implicaron el reconocimiento y pago de mesadas pensionales en valores mayores a los que legalmente corresponde.
En consideración a las anteriores circunstancias, esta Sección frente a varias de las acciones de tutela interpuestas por la UGPP contra providencias dictadas en procesos judiciales que fueron iniciados contra CAJANAL, optó por flexibilizar la exigencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y por ende, abordó el análisis de fondo de las controversias planteadas, pese a que la entidad antes señalada no agotó en debida forma los mecanismos ordinarios de defensa, y/o aunque la acción constitucional se interpuso transcurridos más de 6 meses desde la ejecutoria de las decisiones judiciales cuestionadas.
No obstante lo anterior, en otras oportunidades esta Sección precisó que la flexibilización de los requisitos antes señalados no puede llegar al punto de su inaplicación, particularmente frente asuntos que la UGPP asumió directamente en sede administrativa o judicial, respecto de los cuales no hay lugar a predicar el estado de cosas inconstitucional en el que se vio involucrada CAJANAL.
Ahora bien, al interior de la Corte Constitucional se presentó una dinámica similar, pues las salas de revisión segunda y novena “estimaron que las acciones de tutela interpuestas por la UGPP eran improcedentes, por cuanto no se satisfacían los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, y porque los argumentos presentados para justificar dichas situaciones no resultaban suficientes para exonerar a la entidad demandante de dichas cargas”; mientras las salas tercera, quinta, sexta y séptima “estimaron que las acciones de tutela interpuestas por la UGPP eran procedentes, por cuanto a pesar de que no se habían agotado los recursos ordinarios ni extraordinarios que tuvo en su momento a disposición Cajanal y aunque los recursos de amparo fueron interpuestos años después del momento en el cual fueron proferidos los fallos controvertidos, los argumentos presentados para justificar dichas circunstancias resultaban suficientes para exonerar a la entidad demandante de dichas cargas.” (Destacado fuera de texto).
Consciente de la anterior diferencia, la Corte Constitucional dictó el fallo SU-427 de 2016 (que ha sido aplicado por esta Sección), en el que unificó su jurisprudencia respecto de la exigencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, cuando las acciones de tutela son interpuestas por la UGGP contra providencias que reconocieron derechos pensionales.
En síntesis, la mencionada sentencia de unificación de un lado estableció como regla general, que la acción de tutela es improcedente cuando es ejercida por las entidades que administran pensiones, toda vez que cuentan con el recurso extraordinario de revisión para controvertir las decisiones judiciales que reconocieron mesadas pensionales que exceden lo debido de acuerdo a la ley, salvo que se evidencie de manera palmaria que a través de las providencias atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de dichas prestaciones.
De otro lado, la Corte determinó que si bien es cierto el término de 5 años para interponer el referido recurso se contabiliza desde la firmeza de la providencia en cuestión, también lo es que dicho plazo en el caso de la UGPP, por las circunstancias especiales arriba mencionadas, particularmente las relacionadas con CAJANAL, no puede contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo esta. En ese orden, concluyó que la UGPP podrá ejercer el recurso de revisión hasta el 11 de junio de 2018, sin perjuicio de que en casos excepcionales la acción de tutela se interponga contra decisiones jurisdiccionales que de manera palmaria desconocieron el ordenamiento jurídico y pueden afectar el patrimonio público.
Para mayor ilustración de las reglas establecidas por la Corte en materia de subsidiariedad e inmediatez, frente acciones de tutela interpuestas por las administradoras de pensiones, y particularmente la UGPP, se traen a colación las consideraciones más relevantes del fallo de unificación:
“7.13. En resumen, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional existen dos líneas argumentativas para solucionar casos como el estudiado en esta oportunidad, la primera que se inclina por la supremacía del principio de seguridad jurídica que le otorga inmutabilidad a las decisiones judiciales una vez quedan ejecutoriadas, así como por la protección del derecho a la confianza legítima de las personas beneficiarias de éstas, y la segunda que teniendo en cuenta los perjuicios gravosos que generan las prestaciones periódicas reconocidas de manera jurídicamente cuestionable en los fallos reprochados, opta por avalar su revisión con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y de contera salvaguardar las prerrogativas fundamentales de sus afiliados.
(…)
7.15. La Sala Plena estima pertinente acoger una tesis que permita armonizar los principios en tensión y superar, en la mayor medida de lo posible, los conflictos surgidos entre los derechos de los sujetos implicados en esta clase de causas. Al efecto, en primer lugar, esta Corporación deberá establecer si la acción de tutela es procedente para revisar las prestaciones reconocidas con abuso del derecho, frente a lo cual este Tribunal advierte que, en principio, el recurso de amparo no sería viable puesto que el Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó un inciso al artículo 48 superior, en el cual se indica que “la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados”, por lo que en atención al principio de subsidiariedad debería acudirse a dicho instrumento especializado para examinar las prestaciones periódicas sobre las cuales se cierna duda en torno a su legalidad. 7.16. Sin embargo, la Corte evidencia que no se ha expedido una ley que desarrolle dicho mandato, por lo que se ha acudido al instrumento contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como vía para la revisión de las pensiones reconocidas mediante providencias judiciales en las hipótesis de abuso del derecho, tal y como se dispuso en la Sentencia C-258 de 2013. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente realizar las siguientes precisiones en torno a la posible aplicación de dicho mecanismo: 7.17. En primer lugar, hay que destacar que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagró la competencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia para revisar, por petición del Gobierno, las providencias judiciales que “en cualquier tiempo” hayan decretado la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza al tesoro público o a fondos de naturaleza estatal. Dicho procedimiento procede cuando: (a) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, o (b) la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
(…)
7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero. 7.24.
Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal. 7.25. Así las cosas, ante la existencia (sic) otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución. 7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo que en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas. 7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores de seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de fondo la posible configuración de un abuso del derecho deberá tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los derechos fundamentales de los implicados en la causa, por lo que en caso de verificarse la existencia de dicha irregularidad, deberá disponer que el reajuste de la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la decisión judicial de amparo. Por otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas de buena fe. 7.28.
La aplicación de las reglas establecidas por la Corte en esta providencia tiene las siguientes ventajas sobre las tesis que previamente se habían adoptado por las diversas salas de revisión:
(i) No anula el principio de seguridad jurídica, pues si bien permiten que se controvierta una sentencia ejecutoriada lo hacen, por regla general, a través de un mecanismo especializado, cuya naturaleza precisamente es servir de instrumento procesal para remediar decisiones injustas y, de manera excepcional, mediante la acción de tutela en casos de palmarios abuso del derecho.
(ii) No desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, ya que le permite a la UGPP acudir hasta el 11 de junio de 2018 ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado para controvertir las decisiones judiciales que considere lesivas para el tesoro público y frente a las cuales no precedía recurso alguno.
(iii) Permite atender al principio general del derecho según el cual de la ilegalidad no se generan derechos y permite la aplicación del mecanismo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual autoriza afectar la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas para impedir que se mantengan situaciones irregulares en desmedro del erario público, así como responde a la situación especial de ineficiencia e inoperancia administrativa que enfrentó Cajanal.
(iv) Establece un período de gracia a la persona beneficiaria de una prestación con abuso del derecho para que no vea afectados abruptamente sus derechos con ocasión del reajuste de la pensión como consecuencia de la intervención excepcional del juez constitucional. 7.29. Ahora bien, descendiendo al asunto en estudio, la Corte evidencia que a pesar de que la UGPP podría acudir al recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el presente caso se evidencia palmariamente la ocurrencia de un abuso del derecho que permite la irrupción del recurso de amparo como mecanismo preferente. 7.30. En efecto, esta Corporación encuentra que las autoridades judiciales demandadas elevaron el monto de la pensión reconocida a María Margarita Aguilar Álzate de $3.935.780 pesos m/cte. a $14.140.249 pesos m/cte. con fundamento en una vinculación precaria en encargo que tuvo la mencionada ciudadana como fiscal delegada ante un tribunal superior de distrito judicial por 1 mes y 6 días, período en el cual se incrementó considerablemente su asignación salarial y recibió una bonificación por gestión judicial, que a la postre también fue tenida cuenta para efectuar la liquidación de la mesada prestacional. En consecuencia, este Tribunal proseguirá con el análisis de los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”. (Destacado fuera de texto).
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte dejó sin efectos providencias proferidas en los años 2007 y 2008, a pesar de la existencia del recurso extraordinario de revisión y aunque la UGPP ejerció la acción constitucional en el 2015, por supuesto, en casos excepcionales en los que eran ostensibles los errores alegados.
Descendiendo al caso concreto, si bien del expediente se colige que la parte accionante dejó transcurrir un tiempo considerable para alegar la vulneración de sus derechos, la Sala estima que hay lugar a flexibilizar el requisito de inmediatez por las siguientes razones:
Las sentencias cuestionadas corresponden a uno de los procesos que la UGPP recibió en virtud de la liquidación de CAJANAL y el estado de cosas inconstitucional asociada a dicha entidad.
El presente caso no corresponde a uno de los iniciados en sede administrativa y/o judicial directamente contra la UGPP, frente a los cuales esta Sección ha indicado que el requisito de inmediatez contra providencias debe aplicarse independientemente del estado de cosas inconstitucional relacionado con CAJANAL.
En atención a las anteriores circunstancias, para la Sala en el caso de autos se encuentra superado el referido requisito adjetivo de procedibilidad.
En cuanto a la subsidiaridad, como se desprende de las consideraciones hasta aquí realizadas con fundamento en el fallo SU-427 de 2016, es claro que la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia del 10 de marzo de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó el proveído del 6 de agosto de 2010 del Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá, razón por la cual la acción de tutela es improcedente en atención a su naturaleza subsidiaria, descrita en el numeral 3.3 de la parte motiva de esta providencia.
Por lo anterior, no le asiste razón a la UGPP al indicar que ya agotó todos los mecanismos de defensa que tenía a su disposición, pues aún cuenta (hasta el 11 de junio de 2018) con un medio idóneo a través del cual puede exponer sus motivos de inconformidad.
Ahora bien, como arriba se destacó a propósito del referido fallo de unificación, no desconoce la Sala que en casos excepcionales a pesar de la existencia del recurso extraordinario de revisión, la acción de tutela resultaría procedente si se evidencia de manera palmaria que mediante las providencias judiciales atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de la pensión, lo cual no se evidencia en esta oportunidad por las razones que se exponen a continuación:
En efecto, sin perjuicio de lo que estime el juez natural del asunto,al revisar la resolución que reconoció y reliquidó la pensión de la actora, la cual se destaca en el acápite de hechos probados, prima facie no se advierte que el hecho de habérsele liquidado la pensión de vejez sobre el 75% del promedio de salarios devengados en el último semestre de servicios, haya representado de manera palmaria o evidente, la configuración de un abuso del derecho, teniendo en cuenta las presupuestos fácticos que aparecen probados en el proceso y la normatividad que le resultaba aplicable.
Por supuesto se reitera, será el juez natural del asunto, en virtud del recurso extraordinario de revisión, quien establecerá si existió o no abuso del derecho en el reconocimiento y/o reliquidación de la pensión del accionante, y/o si la misma es contraria a los parámetros legal y jurisprudencialmente establecidos.
Por las razones expuestas se confirmará el fallo impugnado, en el entendido que la acción constitucional es improcedente por la existencia de otro medio de defensa, a través del cual la UGPP tiene la posibilidad de exponer ampliamente sus motivos de inconformidad.
En consecuencia, no hay lugar a abordar los demás motivos de inconformidad y problemas planteados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 1 del expediente
Relacionó la siguiente: Resolución UGM 055728 del 12 de septiembre de 2012, con la cual se dio cumplimiento al fallo controvertido dictado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 2008-00682
Folio 46 del expediente
Folio 51 del expediente
Folio 79. Del expediente
Folio 81 anverso y 83 anverso
Folio 121 al 140 del expediente
Folios 146 al 152 del expediente
Folio 51 del expediente
Folios 109-128.
"Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado".
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Dicha criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, C.P.: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00 C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, C.P.: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, C.P.: Rocío Araújo Oñate entre otras.
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015, Rad. 25000-23-42-000-2015-01446-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En este caso la providencia controvertida se dictó el 4 de junio de 2008 y la acción de tutela se presentó el 3 de marzo de 2015.
En el mismo sentido consultar las siguientes providencias, respecto de las cuales se hace énfasis en el análisis de la inmediatez, aunque en algunas de ellas también puede apreciarse la flexibilización del requisito de subsidiariedad:
1) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de mayo de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2015-00629-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Resolvió una acción de tutela presentada el 9 de marzo de 2015, contra una providencia dictada el 19 de febrero de 2009.
2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de junio de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2015-00367-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el asunto analizado por esta providencia, el fallo controvertido fue del 29 de abril de 2014 y el escrito de tutela se radicó el 29 de febrero de 2015.
3) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, rad. 11001-03-15-000-2015-02397-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. En esta oportunidad la providencia censurada se profirió el 18 de noviembre de 2011 y la acción constitucional se ejerció el 24 de agosto de 2015.
4) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-03216-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta oportunidad la acción constitucional se interpuso el 18 de noviembre de 2015, para controvertir una decisión judicial del 13 de septiembre de 2011.
5) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-02164-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En el asunto analizado por esta providencia, el fallo controvertido quedó en firme el 24 de febrero de 2009 y el escrito de tutela se radicó el 19 de julio de 2016.
6) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo 1° de junio de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01027-00, C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta oportunidad se tuvo por superado el requisito de inmediatez, frente a una acción de tutela que se interpuso el 17 de abril de 2017 para controvertir una providencia del 28 de noviembre de 2013.
7) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de junio de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-00918-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En esta providencia se dio por cumplido el requisito de inmediatez, aunque las decisiones controvertidas se dictaron en el año 2007 y la acción de tutela se ejerció el 6 de abril de 2017.
8) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01155-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta oportunidad se tuvo por superado el requisito de inmediatez, frente a una acción de tutela que se interpuso el 4 de mayo 2017 para controvertir una providencia del 16 de febrero de 2016.
Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-02004-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Ver entre otras, sentencias: T-893 de 2014, T-922 de 2014 y T-287 de 2015.
Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Ver sentencias T-546 de 2014, T-835 de 2014, T-581 de 2015 y T-060 de 2016.
Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-02774-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E). 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de abril de 2017, rad. 25000-23-42-000-2017-00646-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-03170-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. 4) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de junio de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02876-01, C.P. Rocío Araujo Oñate.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En dicha providencia se señaló que (…)”
En esa línea, puede consultarse el salvamento de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado a la Sentencia T-060 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que (…)”
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
Sobre la posibilidad que tienen las administradoras de pensiones para interponer el recurso extraordinario de revisión, contra sentencias que presuntamente reconocieron pensiones con abuso del derecho y/o fraude a la ley, pueden consultarse entre otras las siguientes providencias de esta Sección: 1) Del 1 de marzo de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-02774-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 2) Del 26 de abril de 2017, rad. 25000-23-42-000-2017-00646-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 3) Del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-03170-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. 4) Del 10 de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01155-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-03170-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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