Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02382-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02382-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-02382-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
26 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - La configuración del defecto procedimental que se alega deviene improcedente en la medida que sus argumentos no se discutieron en el trámite del recurso extraordinario de súplica
En cuanto a la subsidiariedad cabe precisar que el accionante alega la configuración de un defecto procedimental por cuanto el recurso extraordinario de súplica fue interpuesto por el Ministerio Público sin estar habilitado para ello en tanto no actuó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se cuestiona en el presente trámite constitucional. Al respecto la Sala observa que en el trámite del recurso extraordinario de súplica el accionante no puso de presente los motivos de reparo antes mencionados, lo cual estaba en la obligación de efectuar. En efecto, al descorrer el traslado del recurso no hizo referencia a la eventual falta de competencia la Procuradora Delegada ante la Sección Segunda del Consejo de Estado para interponer dicho recurso. Por tanto, en relación con esta precisa inconformidad no se satisface el requisito de subsidiariedad y habrá de confirmarse la declaratoria de improcedencia efectuada por el a quo en el fallo impugnado.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso, a la seguridad social y al respeto de las decisiones judiciales / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura en la medida que no se hizo una interpretación caprichosa o indebida de las disposiciones que regulan el régimen pensional de los ex magistrados de Alta Corte / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No se configura puesto que la providencia cuestionada se fundamentó precisamente en jurisprudencia de la Corte Constitucional
Para la Sala es claro que la Sentencia SU-1354 de 2000 concedió expresamente el amparo como mecanismo transitorio, con el objeto de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. También es preciso resaltar que la vigencia de la protección impartida fue condicionada a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo decidiera definitivamente sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el [accionante], lo que efectivamente ocurrió con ocasión de la decisión proferida al resolver el recurso extraordinario de súplica. Así las cosas, la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado [al resolver el recurso extraordinario de súplica] no realizó una interpretación caprichosa o indebida de las disposiciones que regulan el régimen pensional de los ex magistrados de Altas Cortes, toda vez que sustentó su criterio en una comprensión teleológica y sistemática del régimen de seguridad social, dando prelación al principio de solidaridad. De esta suerte, no puede predicarse la configuración de un defecto material o sustantivo en la sentencia proferida por la autoridad judicial demandada. (…). Este cargo [violación directa de la constitución] tampoco está llamado a prosperar por cuanto si bien es cierto que la Constitución Política de Colombia prevé todas las garantías a que hace referencia el accionante, la realidad es que las determinaciones que se adoptaron por parte de la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, al resolver el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, se fundamentaron principalmente en el contenido de la sentencia C-258 de 2013, proferida por la Corte Constitucional, en la que la máxima garante de la supremacía e integridad de la Carta Política se refirió a la interpretación de las normas que fijaron el régimen pensional especial y el de transición, y concluyó que la exégesis consistente en que magistrados de Altas Cortes y Congresistas, nombrados después del 1 de abril de 1994, pudieran pensionarse con las condiciones de la normativa pensional especial, bajo el entendido de que estaban amparados por el régimen de transición, constituye una indebida interpretación que conculca el derecho a la igualdad. Con ello se descarta que se hubieren afectado derechos adquiridos o derechos fundamentales o al principio de la cosa juzgada.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 2015, exp. SU-627, M.P. Mauricio González Cuervo. Con respecto a los requisitos especiales, considerados causales concretas, que de configurarse autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. T-619, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre el mismo tema y en el sentido de que la configuración de alguno de los requisitos especiales permiten dejar sin efecto o modular la decisión que se cuestiona, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. T- 225, M.P. Mauricio González Cuervo. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En cuanto a la caracterización del defecto sustantivo o material, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de febrero de 2016, exp. T-031, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Acerca de las principales circunstancias que generan que una providencia judicial incurra en un defecto sustantivo, ver: Corte Constitucional, sentencia de 26 de mayo de 2011, exp. SU-448, M.P. Mauricio González Cuervo.
CAUSALES DE IMPEDIMENTO - Haber dictado la providencia de cuya revisión se trata y tener interés directo en las resultas del proceso / IMPEDIMENTOS - Se declaran fundados
El Consejero de Estado [H.S.S.], manifestó que se declaraba impedido para actuar dentro del proceso de la referencia, por encontrarse incurso en la causal contemplada en el artículo 56, numeral 6, del Código de Procedimiento Penal – C.P.P, por cuanto la acción de tutela se dirige en contra del fallo de 6 de junio de 2017, proferido por la Sala de Decisión Especial número 22 del Consejo de Estado, de la cual hizo parte. En la medida en que tal situación está acreditada (…), es claro que se configura la causal de impedimento invocada. Por su parte, la Consejera de Estado [M.E.G.G.], puso de presente su impedimento para actuar en el trámite constitucional de la referencia por cuanto le asiste un interés directo en las resultas del asunto, dado que el régimen pensional de los Congresistas guarda relación con el régimen pensional de los magistrados de las Altas Cortes. La Sala encuentra que, efectivamente, las pretensiones pensionales del accionante se sustentan, entre otras normas, en lo dispuesto en la Ley 4 de 1992 aplicable a los magistrados de las Altas Cortes en razón a lo cual lo que se decida en el proceso de la referencia podría afectar la situación pensional de la Consejera de Estado, por lo que se configura la causal de impedimento prevista en el artículo 56 numeral 1º del Código de Procedimiento Penal. Con fundamento en lo expuesto se separará a los Consejeros de Estado [H.S.S.] y [M.E.G.G.] del conocimiento de la presente acción de tutela.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 39 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 56 NUMERAL 6 / LEY 4 DE 1992
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02382-01(AC)
Actor: TOMÁS JAVIER DIAZ BUENO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚMERO 22
La Sala decide la impugnación presentada por el doctor Tomás Javier Díaz Bueno, por intermedio de apoderada judicial, en contra de la sentencia de 8 de marzo de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente el amparo invocado en cuanto al defecto procedimental y lo negó en relación con los demás aspectos alegados respecto de la providencia del 6 de junio de 2017, emitida por la Sala Especial de Decisión 22 de esta Corporación.
LA SOLICITUD DE TUTELA
El doctor Tomás Javier Díaz Bueno, por intermedio de apoderada judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso, a la seguridad social, y al respeto de las decisiones judiciales, cuya vulneración atribuyó a la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, al haber proferido el fallo de 6 de junio de 2017, mediante el cual dejó sin efectos la sentencia de 29 de mayo de 2003, dictada por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió el recurso extraordinario de súplica interpuesto en contra de dicha decisión, para, en su lugar, dejar en firme la liquidación de la pensión de jubilación por aportes del accionante efectuada por el Seguro Social, sin tener en cuenta el régimen especial previsto para los Congresistas, aplicable a los Consejeros de Estado, el cual dispone la liquidación de dicha prestación sobre el 75% de lo devengado durante el último año de servicios.
LOS HECHOS
De conformidad con lo dispuesto en la demanda de amparo los hechos que la fundamentan se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
II.1. El accionante, doctor Tomás Javier Díaz Bueno, pidió al Seguro Social el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación al tener 63 años de edad y más de 34 años de servicios, desempeñándose en ese momento como magistrado del Consejo de Estado, en propiedad.
II.2. Mediante Resolución número 791 de 5 de febrero de 1997 y Resolución número 4292 de 15 de marzo de 1.999, el Seguro Social le reconoció al accionante, pensión de jubilación por aportes, sin tener en cuenta la aplicación de la Ley 4 de 1992, y de los Decretos 1359 de 1993, 1293 de 1994 y 104 de 1994, que se refieren al régimen especial para los Congresistas, aplicable igualmente a los Consejeros de Estado, el cual prevé la liquidación de la pensión sobre el 75% de lo devengado por éstos últimos durante el último año de servicio.
II.3. En contra de tales resoluciones, el doctor Díaz Bueno presentó acción de tutela como mecanismo transitorio, dando tiempo para que la jurisdicción contenciosa administrativa, decidiera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que había interpuesto en contra de los actos administrativos proferidos por el Seguro Social, que le reconocieron la pensión. Sin embargo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó la tutela, mediante sentencia de 14 de julio de 1999, por cuanto consideró que el actor contaba con las acciones contenciosas administrativas para controvertir los actos administrativos objeto de su inconformidad.
II.4. Presentada la impugnación, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de 19 de agosto de 1999, revocó el fallo de tutela proferido en primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo solicitado. En virtud de ello ordenó al Seguro Social que resolviera el recurso de apelación interpuesto en contra de las resoluciones que reconocieron la prestación periódica, conforme al principio de favorabilidad de las normas laborales que encontró desatendido “[…] al pretender que el accionante renuncie al beneficio mínimo establecido en la Ley que regula su pensión, equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios, y que la misma no tiene límite alguno en cuanto al tope […]”.
II.5. Al revisar la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-1354 de 2000, confirmó la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalmente concedió el amparo como mecanismo transitorio y ordenó al Seguro Social que revocara los actos administrativos mediante los cuales se reconoció la pensión al accionante y en su lugar procediera a decidir aplicando el régimen especial que cobija a los Congresistas.
II.6. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia de 8 de febrero de 2002, declaró la nulidad parcial de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho ordenó al Seguro Social, reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación cuyo monto no podría ser inferior al 75% del promedio que durante el último año y por todo concepto percibiera un Congresista.
II.7. En contra de dicho fallo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Seguro Social, interpusieron el recurso de apelación. El Ministerio planteó la existencia de una nulidad por no habérsele vinculado al trámite procesal y por exigir de la Nación la cuota parte del pago de la pensión, pero el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la declaró infundada atendiendo a que el reconocimiento y pago de la pensión debe formularse ante la entidad de previsión. Adicionalmente a lo anterior, mediante providencia de 29 de mayo de 2003, confirmó la sentencia de 8 de febrero de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que declaró la nulidad parcial de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho ordenó al Seguro Social, reconocer, liquidar y pagar la jubilación al doctor Tomás Javier Díaz Bueno, aplicando el régimen especial que cobija a los congresistas, acogiendo las consideraciones expuestas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-1354 de 4 de octubre de 2000.
II.8. El Ministerio Público, representado por la Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, interpuso recurso extraordinario de súplica en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2003, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. La funcionaria expuso en su recurso que con anterioridad a 1996, año en el que fue elegido el tutelante como magistrado al Consejo de Estado, no había sido servidor de la Rama Judicial ni Congresista, y anotó que para el 1º de abril del año 1994, ya había cumplido con los requisitos del régimen general de pensiones administrado por el Seguro Social.
II.9. Mediante fallo 6 de junio de 2017, la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado declaró fundado el recurso extraordinario de súplica y dejó sin efectos la sentencia de 29 de mayo de 2003, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 25001-23-25-000-1999-6490-02 (3054-02). Como consecuencia de ello quedó en firme la liquidación pensional reconocida por las resoluciones proferidas por el Seguro Social.
II.10. La Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado adoptó tal decisión por cuanto, en su criterio, fue indebida la aplicación que hizo la Sección Segunda, Subsección B, del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, de los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto 1359 de 1993 y 28 del Decreto 104 de 1994, al reconocer la pensión especial para los Congresistas, que tuvo vigencia hasta el 1º de abril de 1994, a un magistrado de una Alta Corporación que se incorporó a la Rama Judicial en 1996, fecha para la cual el régimen especial había dejado de regir y solo podía ser aplicable a quienes ejercían o fueron magistrados a la fecha en que aquel fue derogado.
II.11. A juicio del tutelante, doctor Tomás Javier Díaz Bueno, la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado incurrió en el fallo de 6 de junio de 2017 “[…] En varias de las causales que la jurisprudencia constitucional ha relacionado como pertinentes para la prosperidad de la acción de tutela presentada contra sentencias […]”.
II.12. Planteó la existencia de una irregularidad procesal consistente en que el recurso extraordinario de súplica fue interpuesto por el Ministerio Público, sin estar habilitado para ello por cuanto no fue parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, recurso mediante el cual la Procuraduría Delegada alegó que el Consejo de Estado reconoció “[…] equivocadamente al demandante el régimen pensional especial de congresista, afirmando que aplicó indebidamente los artículos 17 de la Ley 4; el Decreto 104 de 1994; los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 1359 de 1993 e inaplicó los artículos 1 y 4 de este mismo Decreto […]”. También calificó como una irregularidad procesal el hecho consistente en que la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado hubiese procedido en contra de un fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional que amparó sus derechos fundamentales.
II.13. Precisó que la sentencia de 6 de junio de 2017, proferida por la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, no tuvo en cuenta que ya la Sección Segunda, Subsección B, de la misma Corporación Judicial, había reconocido de manera expresa que se hallaba amparado por el régimen de transición por cuanto a la fecha de presentación de su solicitud de reconocimiento pensional, contaba con más de 60 años de edad y más de 34 años de servicios.
II.14. Sostuvo que la decisión judicial objeto de inconformidad desconoció lo dispuesto en los artículos 1º, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Carta Política que se refieren al respeto de los derechos adquiridos, al principio de favorabilidad en material laboral, y a los derechos a la igualdad y a la seguridad social.
II.15. Recalcó que las sentencias de la Corte Constitucional son para cumplirlas, refiriéndose a la interpretación que la máxima autoridad constitucional efectuó en la aludida sentencia SU-1354 de 2000, la cual consideró desobedecida por la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado.
III. LAS PRETENSIONES
El actor solicitó en su demanda las siguientes pretensiones:
“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso, a que se respeten las decisiones judiciales que han amparado tales derechos, así como el derecho adquirido a la pensión vitalicia de jubilación de mi poderdante, entre otros, quebrantados por el fallo mencionado.
2.- DECLARAR que la aludida sentencia de la SALA DE DECISIÓN No. 22, violó derechos previstos en los artículos 1, 2, 5, 13, 29, 46, 48, 58 de la Constitución Política de Colombia.
3.- DECLARAR, inválida y sin efecto alguno la sentencia proferida por la SALA DE DECISION No. 22, de esa corporación, del 6 de junio de 2017, restableciendo la situación jurídica de la pensión reconocida al doctor Tomás Javier Díaz Bueno, y ordenar el pago de las mesadas dejadas de cancelar como consecuencia del fallo que se invalida […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 19 de septiembre de 2017, la magistrada sustanciadora del proceso en la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el doctor Tomás Javier Díaz Bueno, por intermedio de apoderada judicial, en contra de la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado y dispuso la notificación de los Magistrados integrantes de la misma. Vinculó al trámite constitucional i) al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, ii) al Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección B, iii) al Instituto de Seguros Sociales o a la Institución que en la actualidad ejerza sus funciones, y iv) a la Procuraduría General de la Nación. A todos les concedió el término de tres (3) días para rendir el informe previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. También solicitó a la Secretaría General del Consejo de Estado el envío del expediente correspondiente al recurso extraordinario de súplica radicado bajo el número 11001-03-15-000-2004-01034-00. En el mismo auto negó la solicitud de la parte actora para que se decretaran las medidas provisionales necesarias derivadas de su condición de persona de la tercera edad, por cuanto no encontró acreditadas en el plenario las circunstancias tanto fácticas como jurídicas pertinentes para ello en términos de urgencia y necesidad.
V. INTERVENCIONES
V.1. El Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 22
V.1.1. El Magistrado Ponente de la decisión objeto de tutela solicitó que fueran desestimadas las pretensiones del actor ante la clara ausencia de vulneración de derechos fundamentales, al decidir el recurso extraordinario de súplica presentado por el Ministerio Público en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2003, proferida por la Sección Segunda Subsección B, del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de primera instancia en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
V.1.2. Expuso que la acción de tutela no puede ser considerada como un instrumento de alzada que se emplee para controvertir las interpretaciones o valoraciones que son propias del juez del recurso extraordinario de súplica.
V.1.3. Planteó que la sentencia SU-1354 de 2000 de la Corte Constitucional, mediante la cual se concluyó que al accionante le era aplicable el régimen pensional de los Congresistas, fue proferida como mecanismo transitorio mientras la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se pronunciaba de forma definitiva en relación con la controversia planteada por el actor, lo que significa que la propia sentencia de la Corte Constitucional limitó la protección otorgada hasta que se produjera el pronunciamiento del juez natural.
V.1.4. Arguyó que la equivocada postura defendida en la tesis en la que se sustentó la sentencia SU-1354 de 2000 fue rectificada por la propia Corte Constitucional, al igual que lo hizo la jurisprudencia del Consejo de Estado, tal como se explicó en los fundamentos de la decisión que resolvió el recurso extraordinario de súplica.
V.1.5. Recordó que en la sentencia de 6 de junio de 2017, la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado tuvo oportunidad de referirse al antecedente de la sentencia SU-1354 de 2000, como se advierte en el pie de página número 18, explicando que dicha tesis había sido revaluada con las sentencias IJ-008 de 2002 de la Sala Plena del Consejo de Estado, T-483 de 2009 y T-771 de 2010, ambas de la Corte Constitucional.
V.1.6. En cuanto a la naturaleza del recurso extraordinario de súplica que fue el que tuvo que resolver la Sala Especial número 22 del Consejo de Estado para adelantar su labor de juez, discurrió así:
“[…] El artículo 194 del Código Contencioso Administrativo que regía para la época en que fue interpuesto el recurso de la referencia, establecía las condiciones de procedencia, los requisitos, caducidad y el trámite de este medio de impugnación de sentencias.
La única causal prevista era la violación directa de normas sustanciales entendiendo que estas eran las “que, en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación.
En consecuencia, este recurso no procedía por violación indirecta de normas sustanciales ni por violación de normas procesales. Así lo explicó una de las Salas Especiales Transitorias, al precisar que la violación directa podía presentarse en tres modalidades: i) aplicación indebida, ii) falta de aplicación, e iii) interpretación errónea.
Del mismo modo, como el artículo 194 del CCA exigía la indicación precisa de las normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción, este recurso no admitía “acusaciones de carácter general al contenido del proceso, ni la invocación general de leyes o estatutos para formular los cargos” y era “necesario también que entre la infracción de la norma sustancial invocada y los presuntos errores del fallo impugnado, exist[iera] afinidad de materia.
El juez de la súplica extraordinaria, entonces, adelanta una labor exclusivamente en relación con el alcance, contenido e interpretación de las normas de derecho sustancial que fueron aplicadas a un caso concreto y, eso, precisamente, fue lo que hizo la Sala especial de Decisión No. 22 al concluir que el régimen pensional de los Congresistas, -aplicable a los Magistrados de las altas Cortes-, estuvo indebidamente aplicado al caso que le correspondió examinar […].
V.1.7. Finalmente, en cuanto a los reproches del actor tendientes a cuestionar: i) la legitimación del Ministerio Público para presentar el recurso extraordinario de súplica y ii) la conformación y competencia de la Sala Especial de Decisión número 22, precisó que los mismos no fueron desarrollados con suficiencia, sino simplemente esbozados entre líneas, pero además, indicó que aquellos reproches nunca fueron puestos de presente en el transcurso del trámite del recurso extraordinario, razón más que suficiente para no admitirlos en este trámite de amparo.
V.2. Colpensiones
El director de acciones constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones expresó que el despacho judicial aplicó equivocadamente al demandante el régimen especial de Congresista, cuando no tenía derecho a los beneficios de éste, toda vez que ingresó a la rama judicial al cargo de Consejero de Estado el 1º de junio de 1996, fecha para la cual los funcionarios judiciales hacían parte del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y no tenían una regulación especial en materia pensional. Con fundamento en lo anterior solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por cuanto no se ha materializado ninguna vía de hecho o vulneración de derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, ni por parte del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 22.
V.3. La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado; y la Procuraduría General de la Nación, guardaron silencio.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
VI.1. Mediante sentencia de 8 de marzo de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Declárese improcedente el amparo, respecto del defecto procedimental invocado, por las razones anotadas en precedencia.
SEGUNDO: Niégase, en lo demás, la acción de tutela presentada por Tomás Javier Díaz Bueno contra la Sala Especial de Decisión 22 del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. […]”.
VI.2. Calificó de improcedente el defecto procedimental alegado por la parte actora, consistente en que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para interponer el recurso extraordinario de súplica en contra de la sentencia de 20 de mayo de 2003, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, por cuanto no intervino dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
VI.3. Adoptó tal decisión en razón a que en el plenario no se observa elemento de juicio alguno a partir del cual se pueda asegurar que el accionante haya alegado dicho motivo de inconformidad durante el trámite del recurso extraordinario, lo cual permite entender que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad que exige el agotamiento de todos los mecanismos procesales para obtener la protección de derechos fundamentales en este específico caso, ya que la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación es un tema nuevo que se trajo a colación con la acción de tutela, y que no fue previamente objeto de discusión en el recurso extraordinario de súplica. Sin perjuicio de lo expuesto recordó que de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, norma que rigió el trámite que dio origen a la providencia demandada, al Ministerio Público, como parte, se le atribuyó la facultad de intervenir en todos los procesos e incidentes adelantados ante la jurisdicción contencioso administrativa.
VI.4. Expuso que en el fallo de 6 de junio de 2017, proferido por la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, la Corporación Judicial no incurrió en el desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1354 de 2000, que ordenó al Seguro Social, como mecanismo transitorio, dictar una resolución en favor del doctor Tomás Javier Díaz Bueno, para reconocerle pensión con fundamento en el régimen especial de los Congresistas. Para llegar a tal aserto estableció que si bien la sentencia con la cual se protegieron los derechos fundamentales del accionante corresponde a aquellas catalogadas como de unificación, emitidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional y, en principio, de obligatorio cumplimiento, en este caso concreto tiene efectos transitorios mas no definitivos, en tanto se produjo para conjurar la eventual existencia de un perjuicio irremediable mientras el juez ordinario profiriera el fallo correspondiente, lo que indica que la controversia planteada por el actor dependía de la decisión que se emitiera en el proceso ordinario.
VI.5. En cuanto al cargo de violación directa de la Constitución, la Sección Quinta del Consejo de Estado planteó que, de conformidad con lo sostenido por el accionante, dicho reparo se contrae al desconocimiento en el fallo de 6 de junio de 2017, de lo dispuesto en los artículos 1, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, que se refieren al respeto de los derechos adquiridos, del principio de favorabilidad en materia laboral, del derecho a la igualdad y del derecho a la seguridad social. También precisó que, según el demandante, la autoridad judicial accionada superó las facultades del máximo órgano constitucional con un argumento inaplicable para el caso concreto que atenta contra el principio de cosa juzgada propio de la sentencia que reconoció el amparo de sus derechos fundamentales y garantizó sus derechos pensionales.
VI.6. Respecto del cargo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado puso de presente que la providencia cuestionada mediante tutela, luego de precisar las diferencias entre el régimen de la rama judicial y el de los Congresistas, y de reseñar lo pertinente en torno al régimen aplicable a los magistrados de las Altas Cortes después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, indicó que si bien el recurso de súplica carecería de fundamento, en la medida en que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalaron claramente que para acceder al régimen especial de los Congresistas no se requería vinculación como tal al 1º de abril de 1994, las decisiones de dichas Corporaciones no repararon en una circunstancia en particular, consistente en que el régimen de transición exigía necesariamente que quien quisiera acogerse a él debía estar o ser titular de un determinado régimen pensional, a efectos de que los cambios legislativos no le fueran oponibles. Es decir, que necesariamente se requería estar vinculado al régimen pensional del que se pretendía el beneficio para no se regido por el nuevo sistema pensional.
VI.7. Atendiendo a los precedentes argumentos, la Sección Quinta del Consejo de Estado estableció que la Sala Especial de Decisión número 22 de la misma Corporación Judicial concluyó que el régimen especial de la Ley 4ª de 1992, en el caso de los magistrados solo podía cobijar a quienes se encontraran en los siguientes casos: i) a los vinculados al cargo con anterioridad al 1º de abril de 1994 y, ii) a los que en ejercicio de su cargo a junio 20 de 1994, cumplieran las condiciones del parágrafo, es decir haber cotizado durante “[…] veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad […]”.
VI.8. Estableció que en la decisión demandada se señaló que las anteriores circunstancias eran igualmente exigibles a los magistrados de las Altas Cortes, al ser equiparados por el Gobierno Nacional a los Congresistas y porque para ser beneficiario de un determinado régimen se requiere estar o ser beneficiario de él, en tanto no era posible predicar que se pudiera tener derecho a un régimen al cual no se pertenecía y al que no se pudo acceder, porque mientras estuvo vigente no se cumplieron las condiciones y requisitos para ello.
VI.9. La Sección Quinta del Consejo de Estado resaltó que la Sala Especial de Decisión número 22 de la misma Corporación Judicial advirtió que las normas aplicadas por la sentencia suplicada no eran las que gobernaban la situación fáctica del doctor Tomás Javier Díaz Bueno y, por ende, ellas no podían ser tenidas en cuenta para determinar el régimen pensional que le era aplicable.
VI.10. Por tanto, consideró que la sentencia suplicada de 29 de mayo de 2003, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, sí había incurrido en la violación de normas sustanciales pues dejó de aplicar el Decreto 691 de 1994, artículo 2º, que incorporó a todos los funcionarios y empleados del Congreso y de la Rama Judicial al sistema general de pensiones a partir del 1º de abril de 1994.
VI.11. También encontró razonable que la autoridad judicial demandada concluyera que quienes no hacían parte del régimen especial para el 1º de abril de 1994, no podían ser beneficiarios del mismo con posterioridad a su derogatoria, en tanto para resultar cobijados por sus prerrogativas se requería estar en él.
VI.12. Estableció que en el caso bajo estudio fue indebida la aplicación de las normas que hizo la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, particularmente de los artículos 17 de la Ley 4 de 1992, y 5, 6, 7 y 8 del Decreto 1359 de 1993 y del artículo 28 del Decreto 104 de 1994, al reconocer la pensión especial para los Congresistas, que tuvo vigencia hasta el 1º de abril de 1994, a un magistrado de un alta corporación que se incorporó a la Rama Judicial el 1 de junio de 1996, fecha en la que el mencionado régimen había dejado de regir y solo podía ser aplicable a quienes ejercían o fueron magistrados a la fecha en que aquel fue derogado.
VI.13. Asimismo observó que el cuestionamiento que la autoridad judicial demandada efectuó con su decisión recae en que no es posible aplicar el mencionado régimen a quienes no se encontraban cobijados por el mismo para la época en que estuvo vigente, solo por el hecho de que para el 1º de abril de 1994 tuvieran 40 años si eran hombres y 35 años si eran mujeres, o 15 años de servicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para ello era necesario reparar que a la fecha en que el accionante tomó posesión del cargo de Consejero de Estado, dicho régimen ya había perdido vigencia.
VII. LA IMPUGNACIÓN
VII.1. El accionante, doctor Tomás Javier Díaz Bueno, por intermedio de apoderada judicial, impugnó el fallo de tutela de primera instancia y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se concediera el amparo de sus derechos fundamentales.
VII.2. Sostuvo que la sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado: i) no se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, ii) se funda en consideraciones inexactas en tanto no se alegó el desconocimiento de ningún precedente constitucional, y iii) se negó a cumplir el mandato de garantizar el pleno goce de su derecho pensional.
VII.3. Planteó que el fallo impugnado incurrió en una equivocación fundamental porque en la demanda de amparo no se afirma que se ha desatendido el precedente sino que se puso de presente que se ignoró una sentencia de la Corte Constitucional y otra del Consejo de Estado en las cuales, al decidir un caso suyo, se reconoció que se encuentra cobijado por el régimen pensional especial correspondiente a los ex magistrados de Altas Corporaciones Judiciales, decisiones que fueron desconocidas por el fallo de 6 de junio de 2017, proferido por la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado al decidir un recurso extraordinario de súplica.
VII.4. Explicó que acudió al amparo constitucional por cuanto ya había agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios para poner en conocimiento de la administración de justicia todo lo relacionado con la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para instaurar el recurso extraordinario de súplica.
VII.5. Adujo que el hecho consistente en que la decisión de la Corte Constitucional se hubiese proferido con carácter transitorio no desvanece la violación de sus derechos fundamentales, en tanto en la misma se le reconoció un cierto status pensional con carácter definitivo.
VII.6. Expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección B, reconocieron en los fallos de nulidad y restablecimiento del derecho proferidos en primera y segunda instancia que se encontraba amparado por el régimen de transición atendiendo a que el 30 de julio de 1997, fecha de presentación de la solicitud pensional ya contaba con más de 60 años de edad y había prestado sus servicios por más de 34 años, razón por la cual una interpretación contraria a las misma desconoce el mandato de efectuar una interpretación favorable al trabajador.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnación presentada por el doctor Tomás Javier Díaz Bueno, por intermedio de apoderada judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015[2], modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017[3]
VIII.2. Cuestión previa
En el sub lite, los Consejeros de Estado Hernando Sánchez Sánchez y María Elizabeth García González manifestaron estar impedimentos para conocer del presente asunto.
El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, dispone que en dicho trámite constitucional no procede la recusación, pero preceptúa que el juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales previstas para ello en el Código de Procedimiento Penal.
El Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez, manifestó que se declaraba impedido para actuar dentro del proceso de la referencia, por encontrarse incurso en la causal contemplada en el artículo 56, numeral 6º, del Código de Procedimiento Penal – C.P.P., por cuanto la acción de tutela se dirige en contra del fallo de 6 de junio de 2017, proferido por la Sala de Decisión Especial número 22 del Consejo de Estado, de la cual hizo parte. En la medida en que tal situación que está acreditada a folio 97 del plenario, es claro que se configura la causal de impedimento invocada.
Por su parte, la Consejera de Estado María Elizabeth García González, puso de presente su impedimento para actuar en el trámite constitucional de la referencia por cuanto le asiste un interés directo en las resultas del asunto, dado que el régimen pensional de los Congresistas guarda relación con el régimen pensional de los magistrados de las Altas Cortes. La Sala encuentra que, efectivamente, las pretensiones pensionales del accionante se sustentan, entre otras normas, en lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992 aplicable a los magistrados de las Altas Cortes en razón a lo cual lo que se decida en el proceso de la referencia podría afectar la situación pensional de la Consejera de Estado, por lo que se configura la causal de impedimento prevista en el artículo 56 numeral 1º del Código de Procedimiento Penal.
Con fundamento en lo expuesto se separará a los Consejeros de Estado Hernando Sánchez Sánchez y María Elizabeth García González del conocimiento de la presente acción de tutela.
En su reemplazo, previo sorteo, se seleccionó a los Conjueces Alfredo Beltrán Sierra y Martín Bermúdez Muñoz, quienes manifestaron su aceptación.
VIII.3. Problema Jurídico
VIII.3.1. A la Sala le corresponde establecer: i) si la acción de tutela presentada por el accionante cumple los requisitos generales de procedibilidad. Y, en caso afirmativo, ii) si la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado incurrió, en la sentencia de 6 de junio de 2017, en los defectos procedimental y violación directa de la Constitución Política.
VIII.3.2. En relación con la aseveración efectuada por el tutelante, según la cual el fallo impugnado incurrió en un error al interpretar que en la acción de tutela se formuló la causal de desconocimiento del precedente, la Sala considera que el reclamo presentado por el demandante se encuentra fundado, toda vez que en realidad se enmarca en lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado defecto sustantivo por indebida interpretación, lo cual, a juicio del actor, se presenta por la manera en que la autoridad demandada entendió las normas sobre el régimen pensional de los magistrados de Altas Corporaciones.
En efecto, el demandante expuso que la accionada “[…] ignoró una sentencia de la Corte Constitucional y otra del Consejo de Estado en las cuales, en el caso preciso, concreto y específico del Dr. Tomás Javier Díaz Bueno, se reconoció que se hallaba en el régimen pensional especial correspondiente a los ex magistrados de las altas corporaciones. Ese no es un precedente. Son fallos en favor del mismo solicitante de la tutela que le fueron desconocidos mediante la providencia contra la cual se solicita amparo constitucional […]”.
VIII.3.3. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se efectuarán previamente algunos planteamientos en relación: i) con los requisitos de procedencia de la acción de tutela presentada en contra de providencias judiciales, ii) con lo dispuesto en la sentencia de 6 de junio de 2017, proferida por la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, objeto de tutela, procediendo posteriormente a iii) resolver el caso concreto adentrándose al fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
VIII.4.1. En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
VIII.4.2. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
VIII.4.3. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
VIII.4.4. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
VIII.4.5. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
VIII.4.6. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
VIII.4.7. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VIII.5. La sentencia de 6 de junio de 2017, proferida por la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, objeto de tutela
VIII.5.1. Mediante sentencia de 6 de junio de 2017, la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, declaró fundado el recurso extraordinario de súplica interpuesto en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2003, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de la misma Corporación Judicial, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 25001-23-25-000-1999-6490-02 (3054-02). Como consecuencia de ello dejó sin efectos la providencia recurrida, que confirmó la primera instancia y, en su lugar, procedió a revocarla y a denegar las pretensiones de la demanda.
VIII.5.2. Con tal decisión dejó en firme la liquidación de la pensión que hizo el ISS en las Resoluciones número 00791 de 1998, 004272 de 1999 y 000221 de 1999, demandadas parcialmente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto, ordenó a la entidad demandada, o a la que en ese momento hiciera sus veces, reliquidar y actualizar la pensión del demandante para determinar la cuantía que por concepto de pensión por aportes le corresponde recibir.
VIII.5.3. En la misma sentencia, la Sala Especial de Decisión número 22 también dispuso que, de conformidad con lo previsto en el artículo 136, numeral 2, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 2304 de 1989, las sumas que recibió el demandante por concepto de pensión y que excedieron el valor de la pensión a la que efectivamente este tenía derecho, en razón de la sentencia infirmada mediante el fallo del recurso extraordinario de revisión, no podían ser objeto de devolución por cuanto fueron pagadas como consecuencia de una providencia judicial y, por lo tanto, fueron recibidas de buena fe por el demandante.
VIII.5.4. Entre las razones que fundamentaron la sentencia cabe poner de presente las siguientes:
“[…] Como se advierte en el recurso de súplica, fue indebida la aplicación que hizo la Sección Segunda, Subsección B, en el caso en estudio de los artículos 17 de la Ley 4ª, 5, 6,7 y 8 del Decreto 1359 de 1993 y 28 del Decreto 104 de 1994, al reconocer la pensión especial para los congresistas, que tuvo vigencia hasta el 1 de abril de 1994, a un magistrado de una Alta Corporación que se incorporó a la Rama Judicial en 1996, fecha para la cual el mencionado régimen había dejado de regir y solo podía ser aplicable a quienes ejercían o fueron magistrados a la fecha en que aquel fue derogado.
En este punto es importante advertir que la jurisprudencia de esta Corporación entendió que, en estos casos, no se podía exigir la vinculación laboral. Aspecto éste en el que coincide esta Sala porque era posible que para el 1º de abril de 1994, un Magistrado de Alta Corporación hubiese tenido que dejar el cargo, pero lo ocupó mientras estuvo vigente el régimen especial y, en consecuencia, era su beneficiario.
En estos casos, el magistrado o congresista, según el caso, estuvo cobijado por aquel en la medida en que cuando ocupó el cargo regía un sistema específico de pensión y podía optar por él, por ser su titular.
Cuestión diversa, y de ahí la indebida aplicación de los preceptos en cita, estuvo en aplicar el mencionado régimen a quienes pese a no estar cobijados por él, en la época en que estuvo vigente, se les concedió sus beneficios por el solo hecho de que para el 1 de abril de 1994 tuvieran 40 años si eran hombres y 35 si eran mujeres, o 15 años de servicio.
Es decir, la jurisprudencia erróneamente entendió que cumplidas las condiciones que exigía el denominado régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 que reprodujo el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994, era suficiente para que todo magistrado de Alta Corporación pudiera acceder al régimen especial en materia de pensiones, pese a que a la fecha en que tomo posesión del cargo, dicho régimen ya había perdido vigencia.
Posición jurisprudencial que, en términos generales, resultó contraria a la naturaleza misma del llamado régimen de transición y de las “expectativas legítimas” a que se hizo referencia el Tribunal Constitucional, o al derecho a que no se cambien las condiciones que regían en una determinada situación como lo ha venido desarrollando la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, porque nadie podía válidamente considerar que tenía derecho a que se le aplicara un régimen al cual no pertenecía, y que para la fecha en que fue derogado carecía de cualquier expectativa para ser su beneficiario, pues no estaba cubierto por él.
Se pregunta ¿qué derecho o qué expectativa legítima –en los términos de la jurisprudencia constitucional o en los términos de la jurisprudencia contenciosa- podría tener una persona que para el 1 de abril de 1994 no fue magistrado de una Alta Corporación entre 1992 y 1994, para que se le aplicara un régimen pensional que para la época en que estuvo vigente no lo cobijaba?
La respuesta es ninguno, porque para ser titular de un determinado sistema pensional y de esa manera gozar del llamado régimen de transición se requería ser beneficiario de aquel, para de esa manera exigir que el legislador mantuviera las condiciones para lograr consolidar el derecho pensional que la ley entró a modificar.
Por tanto, la aplicación que hizo la jurisprudencia del llamado régimen de transición, a personas que no eran titulares del sistema pensional especial, resultó errónea y contraria a su teleología, pues como se advirtió en otros apartes de esta providencia, aquel buscaba proteger a aquellas personas que venían bajo las condiciones y requisitos de un determinado sistema pensional en el momento en que el legislador determinó variar las circunstancias del mismo, hecho que obliga a este a señalar unos escenarios en que los requerimientos del régimen que modificaba se mantendrían.
Por tanto, es imperioso concluir que los magistrados de las Altas Cortes que accedieron a ese cargo con posterioridad al 1 de abril de 1994, no podían ser beneficiarios del régimen especial de los congresistas, porque nunca fueron titulares de esa pensión especial, en tanto el mismo fue derogado a la entrada en vigencia de la Ley 100.
En consecuencia, al cumplir las condiciones del régimen de transición, edad o tiempo de servicio, tenían derecho a exigir que se les mantuvieran las condiciones del régimen al que pertenecían y no a uno al que nunca ingresaron.
En ese sentido, se repite, el demandante, en el caso de la referencia, al entrar en vigencia la Ley 100, y cumplir los requisitos del artículo 36, tenía el derecho a pensionarse con las condiciones que regían para el 1 de abril de 1994, es decir, a la pensión de jubilación por aportes que reguló la Ley 71 de 1988 y que fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994.
En ese orden de ideas, se infirmará la sentencia objeto de súplica, al prosperar los cargos del recurso interpuesto por el Ministerio Público, razón por la que se procede a dictar sentencia de reemplazo.
4.6. Sentencia de reemplazo
Expuesto que el demandante estaba cobijado por el régimen pensional contenido en la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, y que no tenía derecho a la pensión especial a la que hizo referencia la Ley 4 de 1992, artículo 17 y el Decreto 104 de 1994, se impone señalar que la Sala debe dejar en firme la liquidación de la pensión que hizo en su momento el Instituto de Seguros Sociales, hoy en liquidación, en las Resoluciones 00791 de 1998, 004272 de 1999 y 000221 de 1999, demandadas parcialmente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por tanto, corresponde a la entidad demandada o la que haga sus veces, una vez ejecutoriada esta decisión, reliquidar y actualizar la pensión del demandante que por concepto de pensión por aportes le corresponde recibir.
Es importante advertir que el mayor valor que recibió el demandante por concepto de pensión, en razón de la sentencia que por esta sentencia se infirma, no podrá ser objeto de devolución por cuanto este fue cancelado como consecuencia de una providencia judicial y, por tanto, fue recibido de buena fe por aquel, en los términos del artículo 136, numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 2304 de 1989 […]”.
VIII.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
VIII.6.1. La Sala encuentra que: i) se solicita la protección de varios derechos fundamentales por parte de su titular, ii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues entre la notificación de la providencia atacada, efectuada el 23 de junio de 2017, y la interposición de la acción de tutela el 17 de septiembre de 2017, no pasaron más de seis meses, iii) la situación que genera la eventual vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela consistente en la existencia de varios defectos especiales en el fallo objeto de tutela y v) la providencia cuestionada no se profirió en el trámite de una acción de tutela.
VIII.6.2. En cuando a la subsidiariedad cabe precisar que el accionante alega la configuración de un defecto procedimental por cuanto el recurso extraordinario de súplica fue interpuesto por el Ministerio Público sin estar habilitado para ello en tanto no actuó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se cuestiona en el presente trámite constitucional.
VIII.6.3. Al respecto la Sala observa que en el trámite del recurso extraordinario de súplica el accionante no puso de presente los motivos de reparo antes mencionados, lo cual estaba en la obligación de efectuar. En efecto, al descorrer el traslado del recurso (folios 110 a 130) no hizo referencia a la eventual falta de competencia la Procuradora Delegada ante la Sección Segunda del Consejo de Estado para interponer dicho recurso. Por tanto, en relación con esta precisa inconformidad no se satisface el requisito de subsidiariedad y habrá de confirmarse la declaratoria de improcedencia efectuada por el a quo en el fallo impugnado.
VIII.6.4. Ahora bien, en cuanto a los defectos relacionados con la indebida interpretación de las normas que regulan el régimen pensional para ex magistrados de Altas Corporaciones y con la violación directa de la Constitución, que el actor atribuye a la providencia de 6 de junio de 2017, emitida por la Sala Especial de Decisión 22 de esta Corporación, cabe precisar que el tutelante no cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertirlos. Por tal razón se entrará a establecer si los mismos se configuran.
VIII.7. Análisis del requisito especial de procedencia de la acción de tutela denominado: defecto sustantivo por indebida interpretación
VIII.7.1. Respecto de la caracterización del defecto sustantivo o material la Corte Constitucional ha expuesto que se origina por la existencia de un error en una providencia judicial originado en la interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez. Sin embargo, para que dicho yerro dé lugar a la procedencia de la acción de amparo debe evidenciarse una irregularidad de significante trascendencia, que haya llevado a proferir una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales.
De conformidad con la sentencia SU-448 de 2011, las principales circunstancias que generan que una providencia judicial incurra en un defecto sustantivo se presentan cuando:
“(i) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador; (ii) Pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial (…)”. (Negrillas propias).
El actor considera que en el fallo de 6 de junio de 2017, la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado ignoró el contenido de la Sentencia SU-1354 de 4 de octubre de 2000, proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se le amparó de manera transitoria su derecho fundamental al debido proceso.
Así las cosas, es dable afirmar que el tutelante considera que la autoridad accionada realizó un interpretación indebida de las normas que regulan el régimen pensional para ex magistrados de Altas Corporaciones, toda vez que no aplicó el razonamiento que sobre esas disposiciones realizó la Corte Constitucional al señalar que al accionante debía pagársele su pensión como si fuera beneficiario de tal régimen pensional, hasta que la jurisdicción contenciosa adoptara un decisión definitiva sobre el particular.
VIII.7.2 Precisa la Sala que mediante la sentencia SU-1354 de 2000 la Corte Constitucional decidió el caso del doctor Tomás Javier Díaz Bueno, quien solicitó al Seguro Social el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, dado que tenía más 60 años de edad, y había prestado sus servicios en diferentes entidades públicas y privadas, realizando aportes a la Caja Nacional de Previsión y al Seguro Social. El accionante indicó que en la medida en que laboró como Consejero de Estado desde el 1 de junio de 1996 y hasta el 8 de marzo de 2000, se le debía aplicar el régimen pensional de los Congresistas que cobija igualmente a los magistrados de las Altas Cortes. El Seguro Social le reconoció una pensión por aportes sin los beneficios especiales propios de los Congresistas a quienes se les reconocía la pensión en cuantía del 75% de su ingreso mensual promedio durante el último año de servicio.
Con fundamento en tales supuestos, la Corte Constitucional puso de presente la necesidad de establecer si para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación del actor se requería que éste estuviera vinculado al Consejo de Estado, en la fecha indicada, esto es, para el momento en que entró en vigencia el régimen de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993. En dicha sentencia SU-1354 de 4 de octubre de 2000, la Corte Constitucional reiteró el criterio consistente en que no se podía exigir la vinculación laboral para el 1º de abril de 1994, en el caso específico de los Magistrados de las Altas Cortes que pretendieran el reconocimiento de su pensión de jubilación con fundamento en el régimen de transición.
La misma Corporación precisó que al doctor Tomás Javier Díaz Bueno, quien ingresó a Consejo de Estado el 1º de junio de 1996 y se retiró el 8 de marzo de 2000, luego de haber cumplido la edad de retiro forzoso, le era aplicable lo previsto en el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, norma que le permite obtener el derecho a la pensión de jubilación a los senadores y representantes que lleguen a la edad de 55 años y cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público y cotizando parte en el sector privado y ante el Seguro Social.
Con fundamento en lo antes expuesto, la Corte Constitucional consideró que el Seguro Social, al ignorar el régimen especial que le era aplicable al accionante e invocar la Ley 100 de 1993, desconoció el estatus de pensionado que adquirió cuando ingresó al Consejo de Estado y, con fundamento en ello, resolvió lo siguiente:
“[….] PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en cuanto revocó la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y concedió la tutela del derecho al debido proceso; pero se adicionará en el sentido de CONCEDER, como mecanismo transitorio, la tutela del derecho pensional a la seguridad social. Por consiguiente se ordenará al S.S. que REVOQUE los actos administrativos que reconocieron la pensión del actor con fundamento en las normas de la Ley 100/93 y, en su lugar PROCEDA, en el término de 48 horas a dictar una nueva resolución en la cual se decida sobre la pensión de jubilación del citado aplicando el régimen normativo especial que cobija a los Congresistas, según lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: La tutela que se concede estará vigente mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo decide definitivamente sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el demandante contra los actos administrativos del S.S. que reconocieron su derecho a la pensión de jubilación, en la forma como en ellos se especifica […]”.
VIII.7.3. Para resolver el planteamiento formulado por el actor, la Sala considera pertinente precisar si la interpretación que realizó la Corte Constitucional sobre la situación del doctor Tomás Javier Díaz Bueno, a través de la sentencia SU-1354 de 2000, condicionó la decisión que debía adoptar el juez contencioso administrativo para solucionar la controversia propuesta por aquél.
VIII.7.4. Para la Sala es claro que la Sentencia SU-1354 de 2000 concedió expresamente el amparo como mecanismo transitorio, con el objeto de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. También es preciso resaltar que la vigencia de la protección impartida fue condicionada a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo decidiera definitivamente sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el doctor Tomás Javier Díaz Bueno, lo que efectivamente ocurrió con ocasión de la decisión proferida al resolver el recurso extraordinario de súplica.
VIII.7.5. Así las cosas, la controversia planteada por el doctor Tomas Javier Díaz Bueno evidentemente fue resuelta de manera definitiva por la Corte Constitucional, toda vez que en aquel pronunciamiento se analizó la procedibilidad del amparo como mecanismo transitorio de protección de derechos fundamentales, razón por la cual la interpretación que efectuó la citada Corporación, no constituyó una ratio decidendi determinante para la adopción de un pronunciamiento definitivo decisión definitiva por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De conformidad con ello, la referida Sentencia SU-1354 de 2000, simplemente se constituyó en un criterio interpretativo para que el Consejo de Estado adoptara una decisión, pero, claramente, no constituía una regla de decisión que restringiera el amplio margen decisorio, propio de la autonomía e independencia del juez natural de la causa que para el caso estaba representado por la Sala Especial de Decisión 22 de esta Corporación.
En ese sentido, la citada Sala tenía plena autonomía para fundamentar las razones que le llevaron a adoptar su pronunciamiento. De hecho, adoptó como pauta interpretativa lo dispuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad C-258 de 2013 -que analizó las normas que fijaron el régimen pensional especial así como el régimen de transición-.
En tal sentido, la Sala Especial precisó que la exégesis consistente en que los magistrados de Altas Corporaciones y Congresistas elegidos después del 1º de abril de 1994 se pudieran pensionar con las condiciones de la normativa pensional especial, bajo el entendido de que estaban amparados por el régimen de transición, constituye una indebida interpretación que conculca el derecho a la igualdad al permitir:
“[…] que personas que no estaban afiliadas al régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 del 1 de abril de 1994, pudieran beneficiarse de él si posteriormente fueron elegidas o nombradas congresistas, magistrados de altas cortes o en los cargos a los que se extiende el régimen. Por tanto, esta interpretación conduce a que personas que no tenían una expectativa legítima de pensionarse según las reglas del régimen bajo estudio, sean protegidas por el régimen de transición, es decir, extiende un tratamiento diferenciado basado en la protección de expectativas próximas a un grupo de personas que no tenían una expectativa amparable bajo ese principio, lo que desconoce el principio de igualdad […]”.
Por tanto, tal como lo expuso la Corte Constitucional y lo reiteró la Sala Especial de Decisión, la interpretación que la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa venía haciendo de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para regular el régimen de los magistrados de las Altas Cortes, en el sentido de extenderlo a quienes no ejercían el cargo para el 1º de abril de 1994, no guardaba armonía con la Constitución Política, pues generaba una afectación injustificada del principio de igualdad, así como de los principios sobre los que se funda la seguridad social.
VIII.7.6. Así las cosas, la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado no realizó una interpretación caprichosa o indebida de las disposiciones que regulan el régimen pensional de los ex magistrados de Altas Cortes, toda vez que sustentó su criterio en una comprensión teleológica y sistemática del régimen de seguridad social, dando prelación al principio de solidaridad. De esta suerte, no puede predicarse la configuración de un defecto material o sustantivo en la sentencia proferida por la autoridad judicial demandada.
VIII.8. Análisis del requisito especial de procedencia de la acción de tutela denominado: violación directa de la Constitución
VIII.8.1. A su vez, el actor considera que la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución Política al proferir la sentencia de 6 de junio de 2017, en tanto desatendió lo dispuesto en los artículos 1º, 13, 25, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política, normas que prevén el respeto de los derechos adquiridos, de la dignidad humana, de la igualdad entre las personas, del principio de favorabilidad en material laboral y de la seguridad social, al darle un tratamiento diferente al que reciben los Congresistas y los demás exmagistrados de las Altas Cortes, a quienes en su momento se les aplicó el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
VIII.8.2. Este cargo tampoco está llamado a prosperar por cuanto si bien es cierto que la Constitución Política de Colombia prevé todas las garantías a que hace referencia el accionante, la realidad es que las determinaciones que se adoptaron por parte de la Sala Especial de Decisión número 22 del Consejo de Estado, al resolver el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, se fundamentaron principalmente en el contenido de la sentencia C-258 de 2013, proferida por la Corte Constitucional, en la que la máxima garante de la supremacía e integridad de la Carta Política se refirió a la interpretación de las normas que fijaron el régimen pensional especial y el de transición, y concluyó que la exégesis consistente en que magistrados de Altas Cortes y Congresistas, nombrados después del 1º de abril de 1994, pudieran pensionarse con las condiciones de la normativa pensional especial, bajo el entendido de que estaban amparados por el régimen de transición, constituye una indebida interpretación que conculca el derecho a la igualdad. Con ello se descarta que se hubieren afectado derechos adquiridos o derechos fundamentales o al principio de la cosa juzgada.
VIII.8.3. Del precedente análisis se estable que no se configura, bajo ninguna de las hipótesis propuestas, el defecto de violación directa de la Constitución Política y, por ende, ha de confirmarse la decisión del a quo que denegó el amparo solicitado al respecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
F A L L A:
PRIMERO: ADMITIR los impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado Hernando Sánchez Sánchez y María Elizabeth García González, a quienes se separa del conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, que declaró improcedente el amparo respecto del defecto procedimental invocado y negó en lo demás la acción de tutela presentada por el señor Tomás Javier Díaz Bueno, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriado el presente proveído, devuélvase a la Secretaría General del Consejo de Estado, el original del expediente del recurso extraordinario de súplica radicado bajo el número 11001-03-15-000-2004-01034-00, enviado en calidad de préstamo.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Conjuez Conjuez
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Conformada por los Consejeros de Estado Alberto Yepes Barreiro (Ponente), Hernando Sánchez Sánchez, Martha Nubia Velásquez Rico y Milton Chaves García.
Mediante el cual se resolvió el recurso extraordinario de súplica.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
“6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”.
“1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
Artículo 6. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la Ley. Si al entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente […]”.
Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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