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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02477-01

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por incumplimiento del requisito de inmediatez

Fecha
8 de marzo de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
17 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02477-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR, el fallo de tutela proferido el 8 de noviembre de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró mprocedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-02477-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

8 de marzo de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial / REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO - Recurso extraordinario de revisión

[E]stá plenamente acreditado que i) la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander es del 7 de febrero de 2012 y notificada el 13 de febrero de 2012; y ii) que el actor interpuso la acción de tutela el 21 de septiembre de 2017. De lo anterior se desprende que han transcurrido más de cuatro (4) años de inactividad por parte del actor, sin que se encuentre dentro del expediente, una razón que justifique de manera razonable la tardanza en la interposición de la solicitud de tutela. (...) para la Sala era obligatorio por parte del actor presentar el recurso extraordinario de revisión que constituye un medio judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, en donde además no se acreditó en el expediente la palmaria ocurrencia de un abuso del derecho. (...) en el presente caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, dado que el actor debió haber interpuesto el recurso extraordinario de revisión para controvertir la providencia de 7 de febrero de 2012.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 - NUMERAL 2

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al requisito de inmediatez, consultar las sentencias del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de esta Corporación y T-395 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02477-01(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Demandado: JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

La Sala decide la impugnación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP contra el fallo de tutela proferido el 8 de noviembre de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la improcedencia del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Noveno (9) Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió el Juzgado y el Tribunal al proferir, respectivamente, las sentencias de 13 de diciembre de 2010 y 7 de febrero de 2012, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. único de radicación 680013331007-2008-00161-01, mediante la cual resolvieron acceder a las pretensiones de la demanda.

Hechos

El actor fundamentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos:

1.2.1 Indicó que el señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona prestó sus servicios como docente en la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, desde el 12 de abril de 1972 hasta el 31 de diciembre 2002, en donde el último cargo desempeñado por el causante fue como docente en el Colegio Maiope de Bucaramanga – Santander.

1.2.2 Expresó que el señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona adquirió el estatus jurídico pensional el día 11 de noviembre de 1996.

1.2.3 Señaló que la extinta Cajanal EICE, mediante Resolución nro. 005981 del 19 de marzo de 1998, reconoció a favor del señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona una pensión gracia, en cuantía de $318.173.19 efectiva a partir del 11 de noviembre de 1996, pero con efectos fiscales a partir del día 15 de noviembre de 2003 por prescripción trienal.
1.2.4 Adujo que la extinta Cajanal EICE, mediante Resolución nro. 44517 del 4 de septiembre de 2006, le negó la reliquidación de la pensión gracia por retiro definitivo del servicio al señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona.

1.2.5 Afirmó que la hoy liquidada CAJANAL, a través de la Resolución nro. 44480 del 3 de septiembre de 2008, reliquidó la pensión de jubilación Gracia por nuevos factores salariales al señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona, elevando la cuantía a la suma de $347.034.77, efectiva a partir del 11 de noviembre de 1996, pero con efectos fiscales a partir del 15 de noviembre de 2003 por prescripción trienal.

1.2.6 Manifestó que el señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona por medio de derecho de petición de fecha 22 de diciembre de 2006, solicitó i) que no se efectuaran descuentos por concepto de aportes a salud superiores al 5% sobre las mesadas de la pensión gracia y ii) el reintegro de los dineros descontados por dicho concepto.

1.2.7 Indicó que CAJANAL a través de oficio nro. GN -462 del 17 de enero de 2007, respondió la solicitud de manera negativa, ante lo cual el señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL en LIQUIDACIÓN, en donde solicitó: i) que se declarara la nulidad del oficio nro. GN-462 de 17 de enero de 2007, proferido por el líder del Grupo Nómina de Pensionados de la Caja Nacional de previsión Social, mediante el cual se respondió en forma desfavorable la solicitud de reintegro del siete por ciento (7%) por concepto del descuento efectuado para salud sobre la mesada pensional y ii) declarar que se lleve a cabo un descuento solamente del cinco por ciento (5%) sobre cada mesada pensional, con fundamento en la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 en pensión gracia y destinado a los servicios de salud.

1.2.8 El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia en primera instancia de 13 de diciembre de 2010, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del oficio nro. GN -462 del 17 de enero de 2007, y en su lugar ordenó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE – en liquidación abstenerse de continuar descontando de la pensión gracia que devenga el señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona, un porcentaje mayor al cinco (5%) como cotización por concepto de salud.

1.2.9 La CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE – en liquidación interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, argumentando que los pensionados por una entidad exceptuada con fundamento en el artículo 279 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, como es el caso de los docentes, tienen la obligación de realizar las respectivas cotizaciones al FOSYGA de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 1703 de 2 de agosto de 2002.

1.2.10 Indicó que la pensión gracia al ser una dadiva a favor de los docentes, constituye un ingreso adicional y, en ese orden de ideas, participa con base en la norma jurídica anteriormente citada de los descuentos que alimentan al FOSYGA, al no existir normas especiales respecto del porcentaje a descontar de las mesadas pensionales de los regímenes especiales para SGSSS, implica que deben aplicarse los parámetros legales que establecen un descuento del 12% por tal concepto.

1.2.11 El Tribunal Administrativo de Santander al resolver el recurso de apelación contra la sentencia del ad quo, decidió confirmar en su integridad la providencia.

1.2.12 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, indicó que por medio de la Resolución nro. RDP 003035 del 30 de enero de 2014, resolvió negar la solicitud de cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga de fecha 13 de diciembre de 2010 y confirmado en su integridad por el Tribunal Administrativo de Santander de fecha 7 de febrero de 2012, argumentando que no se allegó copia auténtica de la providencia objeto de cumplimiento.

1.2.13 Manifestó que el señor Libaniel de Jesús Idarraga Cardona interpuso recurso de reposición y apelación en contra de la Resolución nro. RDP 003035 del 30 de enero de 2014, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones nro. RDP 006253 del 24 de febrero de 2014 y RDP 007034 del 27 de febrero de 2014, respectivamente, confirmando en su integridad el acto administrativo recurrido.

1.3. La solicitud de tutela

1.3.1. Pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, obrando mediante apoderado especial, solicitó en su escrito de tutela:

“[...] Primero: Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean amparados transitoriamente los derechos fundamentales deprecados por la UGPP.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se suspenda de manera transitoria la decisión del 07 de febrero de 2012, con la cual se confirmó el fallo de primera instancia del 13 de diciembre de 2010 dictada por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA y confirmada en sede de apelación por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dentro del proceso contencioso administrativo Rad. 680013331007-2008-00161-00, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciará.

Tercero: Se solicita la vinculación de LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES , teniendo en cuenta que es la entidad que asumió la administración de los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA).

Cuarto: De igual manera, se solicita de manera respetuosa, que se vincule a la presente, al señor LIBANIEL DE JESUS IDARRAGA CARDONA, quien se identifica con cédula de ciudadanía nro. 8281529, a quien las resultas de la presente actuación le pueden afectar de forma uniforme, debiendo ser partícipe de la relación jurídica substancial que acá se discute [...]“.

1.3.2. Actuación

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 28 de septiembre de 2017, admitió la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y dispuso notificar al Juez Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander concediéndole el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

De igual manera, dispuso vincular al señor Libaniel de Jesús Idárraga Cardona y a los representantes legales de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, FOPEP, concediéndoles el mismo término de tres (3) días para rendir el informe.

1.3.3. Informes de la parte accionada y las partes vinculadas

1.3.3.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, mediante escrito aportado el 5 de octubre de 2017, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.

Indicó que la sentencia proferida en primera instancia fue ajustada a derecho en donde no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, y en ese orden de ideas, el presente amparo no está llamado a prosperar.

1.3.3.2. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, mediante escrito aportado el 9 de octubre de 2017, solicitó desvincular a la entidad por no haberse configurado en el presente caso la legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que:

“ […] La Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, es el ente encargado del manejo unificado de los recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud ( SGSSS), de donde se deriva que en ningún caso será responsable directo de las consecuencias de decisiones judiciales proferidas en asocio a hechos anteriores a su entrada en operación, y por situaciones en las que las entidades que en ella se entienden subrogadas no hayan intervenido […]”.

En ese orden de ideas expresó que no es la llamada a responder del agravio a que hace referencia la parte accionante dentro del marco de la presente acción de tutela.

1.3.3.3. El Gerente del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, mediante escrito aportado el 9 de octubre de 2017, manifestó su apoyo a la solicitud presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en donde hizo referencia al marco normativo relacionado con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Indicó que no es posible legalmente llevar a cabo las devoluciones de los dineros provenientes de los descuentos de los aportes de salud efectuados sobre mesadas pensionales.

1.3.3.4. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander guardaron silencio.

1.4 La sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES -.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela promovida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por no superar el requisito de subsidariedad de acuerdo a las consideraciones consignadas en este proveído […]”.

La Sección Quinta hizo referencia a los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, indicando que si en un caso concreto no se satisfacen los requisitos generales, debe declararse improcedente el amparo.
Indicó que en el presente caso se acreditó con el cumplimiento del requisito de la inmediatez, a pesar de que el accionante dejó pasar un tiempo considerable para la interposición de la acción de tutela.
Dijo la Sección Quinta:
“[…] Posteriormente, se advirtió que la Corte Constitucional, en sentencias T-893 de 20 de noviembre 2014 y T-287 de 14 de mayo de 2015 dictadas por otra Sala de revisión, expuso otra postura, para indicar que la alegación genérica y abstracta del estado de cosas inconstitucional de CAJANAL por parte de la UGPP no es razón suficiente para superar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

Pese a las diferentes posturas de la Corte Constitucional, la Sala acogió la tesis definida para estos casos respecto de la flexibilización en el análisis de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, de tal manera que en el presente caso si bien la parte accionante dejó transcurrir un tiempo considerable para alegar la vulneración de sus derechos desde la ejecutoria de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, la Sala considera que en este caso hay lugar a flexibilizar el requisito de inmediatez.

Lo anterior, en consideración a que el proceso no corresponde a uno de los iniciados en sede administrativa y/o judicial directamente contra la UGPP, frente a los cuales esta Sección ha indicado que el requisito de inmediatez contra providencias debe aplicarse independientemente del estado de cosas inconstitucional relacionado con CAJANAL.

Motivo por el cual, la Sala asume que la inmediatez, se encuentra superada […]”.

Manifestó con fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado que en el presente caso no se acreditaba el requisito de la subsidiariedad, toda vez que se logró acreditar que el recurso extraordinario de revisión se constituía en un medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y de estar manera garantizar la protección de los derechos fundamentales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, haciendo énfasis que la acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional subsidiario que sólo procede cuando se hayan agotado los mecanismos ordinarios y extraordinarios.

Concluyó manifestando que en el presente caso no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente de manera transitoria el amparo, toda vez que no se demostró que el pago de los emolumentos reconocidos en las sentencias atacadas, hubieran causado un perjuicio grave al sistema pensional.

1.5 La impugnación

El accionante solicitó que se revoque la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones del amparo.

Adujo que:

“[…] La Unidad incoó la presente acción constitucional en forma TRANSITORIA con la finalidad de que se SUSPENDIERAN PROVISIONALMENTE las decisiones del 13 de diciembre de 2010 y 07 de febrero de 2012 dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 2008-00161 mientras se resolvía el recurso extraordinario de revisión que esta Unidad va a iniciar para evitar que se siga configurando el perjuicio irremediable al Sistema de Salud con el cumplimiento de las órdenes judiciales ilegales.

Bajo el anterior contexto esta Entidad no ha desconocido que exista otro medio de defensa judicial para dejar sin efectos dichas decisiones judiciales lo cual así fue informado en la demanda de tutela pero malinterpretado por el a-quo al señalar que la acción de tutela es improcedente por la existencia de otro mecanismo de defensa judicial ya que está pasando por alto la facultad conferida tanto por el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que permiten incoar la acción de tutela aún ante la existencia de otros mecanismos de defensa y más cuando en ninguna de estas normas se ha prohibido iniciar a la par la acción ordinaria con la constitucional la cual debe invocarse de manera transitoria […]”.

Manifestó que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander incurrieron en un defecto sustantivo por haber interpretado erradamente el tema de la regulación en materia de descuentos a salud sobre la pensión gracia hacían las leyes 100 de 23 de diciembre de 1993, 812 de 26 de junio de 2003 y 1122 de 9 de enero de 2007, y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. .

Concluyó apoyándose en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en el caso concreto se configuraron todos los requisitos para acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.

Expresó que:

“[…] De acuerdo con lo anterior, la presente acción constitucional se interpone con el fin de que el juez de tutela, ampare los derechos fundamentales de la Unidad, como mecanismo transitorio procediendo a ordenar la suspensión provisional de la sentencia del 07 de febrero de 2012, con la cual se confirmó el fallo de primera instancia del 13 de diciembre de 2010 proferida dentro del proceso contencioso administrativo Rad. 2008-00161-00, hasta tanto se resuelva definitivamente el recureso extraordinario de revisión que la UGPP iniciará contra esa sentencia, pues cualquier pago que en este momento se haga por concepto de aportes a salud sobre la pensión gracia mencionada en este asunto generaría no solo una falta de competencia funcional de la UGPP sino un perjuicio irremediable a las arcas de la Nación, pues no se sabe cuál será la decisión del H. CONSEJO DE ESTADO al resolver el recurso extraordinario de revisión, ya que si es a favor de la Unidad, los dineros que se hubieren pagado serían casi imposibles de recuperar por el principio de la buena fe de quien recibe dichos dineros en virtud del cumplimiento de una orden judicial, quedando perjudicado el erario público, el cual la UGPP, como entidad nominadora de pensiones, tiene el deber de salvaguardar so pena de incurrir en una responsabilidad fiscal […]”:

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

2.2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2.3. Problema Jurídico

En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales.

Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

2.4. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

2.5. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

2.6. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

Es así que en el caso bajo estudio es posible determinar que i) la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; iv) en la acción de tutela no se alegó un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad, v) la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de tutela contra sentencias de tutela, dándose cumplimiento a la causal primera, cuarta, quinta y sexta.

Ahora bien, en relación con la causal segunda y tercera se hace necesario hacer un estudio de fondo para establecer si se cumplieron.

2.6.1. Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela
Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 1999 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”

Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”.

Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho:

[…]Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.[…]”

2.6.2 Acerca del requisito del agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales

Una de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derecho fundamentales.

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:

“ […] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 2009 precisó al menos cuatro razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales, cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios.

2.7. Análisis del caso concreto

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado noveno (9) Administrativo del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió el Juzgado y el Tribunal al proferir las sentencias de 13 de diciembre de 2010 y 7 de febrero de 2012, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. único de radicación 680013331007-2008-00161-01, mediante la cual resolvieron acceder a las pretensiones de la demanda.

La Sala estudia si en el presente caso se cumplen con los requisitos de i) inmediatez y ii) agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios.

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

2.7.1 Acervo probatorios y análisis

Dentro del expediente está plenamente acreditado que i) la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander es del 7 de febrero de 2012 y notificada el 13 de febrero de 2012; y ii) que el actor interpuso la acción de tutela el 21 de septiembre de 2017.

De lo anterior se desprende que han transcurrido más de cuatro (4) años de inactividad por parte del actor, sin que se encuentre dentro del expediente, una razón que justifique de manera razonable la tardanza en la interposición de la solicitud de tutela.

En ese orden de ideas, frente al caso que nos ocupa la Sección ha unificado su criterio en el siguiente sentido:

“[…] En lo concerniente a la verificación del requisito de inmediatez en los casos en que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP interpuso acción de tutela con la finalidad de dejar sin efecto decisiones de la justicia contenciosa administrativa, en donde fue condenada la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. la Sala unificó su criterio mediante sentencia de 29 de octubre de 2015, (M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés), en el siguiente sentido:

“[…] La Sala unifica el criterio en torno a que la acción de tutela resulta improcedente cuando no se ha cumplido el requisito de la inmediatez y, por lo tanto, comparte la posición asumida por la Corte Constitucional en la última sentencia citada esto es, la T-893 de 2014, comoquiera que el simple hecho de que se haya declarado un estado de cosas inconstitucionales respecto de la UGPP no significa automáticamente que la razón por la cual dicha entidad interpuso de manera tardía la acción de tutela sea consecuencia de dicha situación, pudo haber sido por negligencia de la entidad o por otro factor.

En este orden de ideas, la Sala estima que en dicha situación y teniendo en cuenta la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales debidamente ejecutoriadas y que han hecho tránsito a cosa juzgada, la parte actora debe probar que en efecto la excesiva tardanza en la interposición de la acción de tutela obedece a la crisis administrativa de la entidad y no a otro factor. Es decir, la entidad actora adquiere una carga especial de argumentar y probar que su demora guarda relación directa con el estado de cosas inconstitucionales.

Admitir la tesis contraria, implicaría que ante cualquier evento, la UGPP se podría excusar del cumplimiento del requisito de inmediatez con el argumento de que atraviesa un estado de cosas inconstitucionales declarado desde el año 1998, y así poder ejercer la acción de tutela cuando quiera o lo considere oportuno, afectando gravemente principios como la seguridad jurídica y la autonomía judicial, pues se estarían cuestionando decisiones que en la mayoría de casos han hecho tránsito a cosa juzgada varios años atrás y respecto de las cuales muchas personas a las que les han reconocido sus pensiones ya han adquirido derechos y obligaciones de conformidad con lo establecido en un fallo que prima facie se presume legal.

En este orden de ideas, la Sala prohíja los argumentos esbozados por la Corte Constitucional en la citada sentencia, comoquiera que permitir que siempre que la UGPP presente una acción de tutela con la excusa de que atraviesa un estado de cosas inconstitucionales, estaría contribuyendo a que dicha entidad se mantenga pasiva y no haga nada por solucionar su problema, lo que permitirá que de manera indefinida se presenten más acciones de tutela sin importar el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que quedó notificada la decisión judicial que se cuestiona, incentivando así el abandono de la administración en la prestación diligente y adecuada del servicio público de seguridad social.

Ahora bien, la UGPP no es un sujeto de especial protección constitucional o una persona física que se encuentre en un estado de debilidad manifiesta. Al contrario, es el sujeto fuerte en la relación jurídica existente entre el prestador del servicio público y la población pensionada.

Así las cosas, la sala comparte en su integridad, los citados argumentos de la Corte Constitucional, y solamente, frente a una situación excepcional, en la cual la UGPP logre probar que la tardanza en la interposición de la acción guarda relación directa con el estado de cosas inconstitucionales, será posible estimar la procedencia de la acción en contra de una providencia judicial.

En el caso sub examine la UGPP presentó la acción de tutela el 2 de febrero de 2015 y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 20 de abril de 2004 se notificó el 26 de abril de ese año, es decir, han transcurrido más de 10 años desde el momento en que la entidad actora tuvo conocimiento del fallo adverso a sus pretensiones.

Revisado el expediente, se observa que la parte actora no allega prueba alguna por medio de la cual se acredite que la tardanza excesiva de más 10 años para interponer la acción de tutela obedece efectivamente a la incapacidad de tipo administrativo de dicha entidad y no a otro factor, se limita a manifestar el estado de cosas inconstitucionales y las fechas en que se hizo la transición entre CAJANAL y la ahora UGPP, pero no prueba en qué medida dicha situación fue la que ocasionó la demora en la interposición de la acción […]”.

Siguiendo la tesis unificada de la Sala, en providencia de 12 de noviembre de 2015 (M.P. María Elizabeth García González), se indicó que el estado de cosas inconstitucional no justifica el incumplimiento del requisito de inmediatez, máxime cuando la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E., participó activamente dentro todas las etapas del proceso ordinario:

“[…] En efecto, la sentencia objeto del presente proceso, fue notificada a través de edicto desfijado el día 11 de mayo de 2012 y la acción de tutela de la referencia, fue instaurada el día 13 de agosto de 2015, es decir, después de transcurridos más de 3 años y 3 meses de la ocurrencia de los hechos que, a juicio de la actora, vulneraron sus derechos fundamentales, lo que, a todas luces, incumple con el principio de inmediatez que gobierna este tipo de acciones constitucionales.

Asimismo, es importante tener en cuenta que CAJANAL contestó la demanda y participó activamente en el proceso objeto de controversia, como sucedió en el caso estudiado por la Corte Constitucional en la sentencia referida, por lo tanto no es de recibo que ahora la UGPP pretenda justificar su inacción, en el estado de cosas inconstitucionales padecido por la entidad[…]”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado, como son: “ […] (i) la prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) estar en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable[…]”.

En el análisis del caso concreto i) no se evidencia dentro del expediente que sea evidente la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales del accionante permanezca en el tiempo; y ii) el accionante no se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que merezca un trato y protección especial por parte del Estado, por lo que en el presente caso se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP no acreditó el requisito de inmediatez.

Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente, SU 354 de 2017, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso.

Ahora bien, la Sala encuentra necesario referirse igualmente al incumplimiento del requisito de no haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Dentro del expediente está plenamente acreditado que el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 7 de febrero de 2012, al resolver el recurso de apelación contra el fallo proferido en primera instancia por parte del Juzgado Noveno del Circuito Administrativo de Bucaramanga, resolvió confirmarlo en su integridad.

El accionante adujo en su escrito de tutela que a pesar de la existencia del recurso extraordinario de revisión procedente en el presente caso, no había sido objeto de interposición, toda vez que se configuraba la existencia de un perjuicio irremediable, lo que hacía procedente la acción de tutela.

Frente a las solicitudes de amparo promovidas por la UGPP en contra de providencias judiciales que reconocen prestaciones periódicas, a pesar de la existencia del medio de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión, la Sección ha dicho:

“[…] la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-427 de 2016, determinó que, en principio, la tutela no era el mecanismo para controvertir las decisiones judiciales, en tanto la UGPP contaba con el instrumento contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tal como lo había expuesto en la sentencia C-258 de 2013.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 determinó lo siguiente:

“[…] Declarará que la Sala Plena de la Corte Constitucional unifica su jurisprudencia con la adopción de las siguientes reglas, que constituyen precedente para los operadores jurídicos:

(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

(b) Ante la existencia de dicho recurso de revisión, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de una prestación periódica son improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad.

(c) En caso de verificarse la configuración de un abuso del derecho, el juez constitucional deberá dejar sin efectos las providencias judiciales que avalaron el mismo, y disponer que se reajuste la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional. Sin embargo, deberá advertirle a la UGPP que los efectos de la disminución en el monto de la prestación no regirán de manera inmediata, sino que los mismos entraran a regir luego de trascurridos seis meses contados a partir de la notificación de la resolución que se expedida por la entidad demandante en cumplimiento de la respectiva providencia de tutela, así como que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya percibidas […]” (Resalta la Sala).

Así las cosas, ante la existencia del recurso de revisión contenido en el artículo 20 de Ley 797 de 2003, la acción de amparo resulta improcedente para revisar providencias judiciales que reconocen prestaciones periódicas, presuntamente, obtenidas con abuso del derecho, salvo que se advierta, de bulto, que existe una irregularidad que amerite la intervención del juez constitucional ante la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable […]”.

En ese orden de ideas, para la Sala era obligatorio por parte del actor presentar el recurso extraordinario de revisión que constituye un medio judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, en donde además no se acreditó en el expediente la palmaria ocurrencia de un abuso del derecho.
Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”[…]”

Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el accionante se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, dado que el actor debió haber interpuesto el recurso extraordinario de revisión para controvertir la providencia de 7 de febrero de 2012.

2.8 Conclusiones de la Sala

En ese orden de ideas, para la Sala i) no se cumple con el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues se interpuso por fuera del plazo razonable, ni tampoco se cumplió ii) con el requisito del agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela, dado que el actor contaba en el ordenamiento jurídico con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, constituyéndose en el presente caso en un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz.

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR, el fallo de tutela proferido el 8 de noviembre de 2017 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró mprocedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“ Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación”.
“por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
"Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud".
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
"Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario"
por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Requisito de la inmediatez de la acción de tutela. Agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
Con ponencia del magistrado Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia de Unificación del cinco (5) de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2010. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2013. Magistrado ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia T-649 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial. Folio 164 del cuaderno principal. Folio 33 del cuaderno de tutela. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2017. M.P.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 29 de octubre de 2015. Rad.: 11001-03-15-000-2015-00367-01. Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Parafiscales de la Protección Social –UGPP M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 12 de noviembre de 2015. Rad.: 2015-02154-00. Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2010. Magistrado ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza. “ ( Corte Constitucional, Sentencia T-979 de 2011. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.)
M.P.: Iván Humberto Escrucería. Consejo de Estado, Sección Primera.

Sentencia de 20 de octubre de 2017. M.P.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En dicha providencia se señaló que “[…] este procedimiento fue diseñado para otras causales y fue adoptado antes de 2005. Por lo tanto, no constituye el desarrollo del mandato contenido en el Acto Legislativo. Sin embargo, en ausencia de un vehículo legal específico, para esta hipótesis se dará aplicación a los artículos 19 y 20 de dicha ley. El primero, para las pensiones reconocidas exclusivamente por vía administrativa. El segundo, para las pensiones reconocidas en cumplimiento de una sentencia judicial sobre el alcance del derecho a la pensión, el derecho a la igualdad u otro derecho atinente al alcance del derecho pensional del interesado, no simplemente sobre el derecho de petición […]”(Resalta la Sala).

Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 2017. Magistrado ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos.
Providencia T-1316 de 2001, reiterada en el Fallo T-135 de 2015, entre muchos otros.

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