Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02611-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Cosa juzgada constitucional: configuración
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02611-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-02611-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
21 de junio de 2018
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Configuración / ENTIDAD COMPETENTE PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE A RECLUSOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE YOPAL - Unidad de servicios penitenciarios y carcelarios
[L]a presente solicitud de amparo pretende controvertir la competencia de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, para dar cumplimiento al fallo de tutela de 6 de abril de 2017, confirmado mediante sentencia de 29 de abril del mismo año, y que dichas providencias consideraron que era (…) la competente para dar solución integral a la problemática de suministro de agua potable dentro del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Yopal, de acuerdo con los elementos fácticos y jurídicos acreditados en el proceso de tutela (…) la Sala concluye que el objeto de la presente solicitud de tutela ya fue decidido en la sentencia de tutela de 6 de abril de 2017, la cual fue confirmada el 29 de junio de 2017, sobre las cuales operó la cosa juzgada constitucional y, por tanto, se confirmará la declaratoria de improcedencia, en la medida que no reúne los requisitos de procedencia exigidos por la Corte Constitucional, en especial, el de cosa juzgada fraudulenta.
AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS PROCESALES EN TRÁMITE DE INCIDENTE DE DESACATO
[S]e advierte que en las (…) actuaciones incidentales se surtieron las etapas procesales correspondientes, respetando el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los incidentados, puesto que, previo a aperturar los tres (3) incidentes adelantados en contra de la señora [M.C.P.S.] en condición de directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, el Tribunal Administrativo de Casanare le requirió informar el estado de las actuaciones desplegadas para dar cumplimiento a los fallos de tutela (…) Además, el Tribunal Administrativo del Casanare, al resolver cada uno de los incidentes, tuvo en cuenta la identidad de la encargada de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, ello con el fin de garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa y al buen nombre de la persona natural contra quien se dirigía el incidente; así como los informes rendidos por ésta para verificar que el incumplimiento de la orden de tutela fue producto de negligencia, esto para comprobar la responsabilidad subjetiva del llamado a responder (…) Para la Sala es claro que, en el presente caso, el juez constitucional, en los trámites sancionatorios, verificó en debida forma a quien correspondía cumplir los fallos de tutela, las notificó en debida forma y le garantizó en dicho trámite el derecho de defensa y contradicción, situación de desvirtúa la configuración del defecto alegado y la violación de los derechos fundamentales que solicita amparar.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 16 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 52
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02611-01(AC)
Actor: MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR Y UNIDAD DE SERVICIOS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE Y SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado especial de la señora María Cristina Palau Salazar y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, contra la sentencia de 3 de noviembre de 2017 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La señora María Cristina Palau Salazar y la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios en adelante– Uspec, mediante apoderado especial, presentaron solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Casanare y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio:
i) El Tribunal Administrativo del Casanare al proferir la sentencia de tutela de 6 de abril de 2017 en primera instancia y las providencias de 30 de mayo de 2017, 18 de julio de 2017 y 27 de septiembre de 2017 dentro del trámite incidental de desacato identificado con el número único de radicación 85001-23-33-000-2017-00051 01 y.
ii) La Sección Cuarta del Consejo de Estado al proferir la sentencia de tutela de 29 de junio de 2017 en segunda instancia y las providencias de 2 de agosto de 2017, 13 de septiembre de 2017 dentro del grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta por desacato por el Tribunal Administrativo del Casanare dentro del expediente identificado con número único de radicación 85001-23-33-000-2017-00051 01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
Acción de tutela identificada con número único de radicación 85001-23-33-000-2017-00051 00
3. La Personería Municipal de Yopal presentó solicitud de tutela ante el Tribunal Administrativo del Casanare, contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – Uspec y el Instituto Penitenciario y Carcelario – Inpec, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud de toda la población de internos, administrativos, cuerpos de vigilancia, personas vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios, judicantes y personal de apoyo del Establecimiento Penitenciario Carcelario de Yopal - EPC, en que, a su juicio, incurrieron las accionadas al no realizar las gestiones necesarias para solucionar la falta de suministro de agua en el referido Establecimiento.
Decisión en primera instancia dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 85001-23-33-000-2017-00051 00
4. El Tribunal Administrativo del Casanare mediante sentencia de 6 de abril de 2017, amparó los derechos fundamentales a la salud y al agua de la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal vulnerados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – Uspec y el Instituto Penitenciario y Carcelario – Inpec.
5. En consecuencia, ordenó a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, como medida provisional, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, adoptar las medidas necesarias para garantizar la adquisición y suministro de agua potable para consumo humano y de agua apta para otros usos humanos, en cantidad de 50 litros diarios por cada recluso con carácter permanente.
6. Asimismo, como medida definitiva, en el lapso de tres (3) meses, en coordinación con el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, diseñar la solución estructural que requiera la infraestructura del sistema de captación (pozos profundos) y tratamiento de agua (PTAP) que preste el servicio para todos los usuarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, priorizando los que requieran los reclusos.
7. Como sustento de la decisión, el a quo señaló que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede excepcionalmente para amparar derechos o intereses colectivos que involucren derechos fundamentales.
8. También explicó que el derecho al agua “acceso y suministro” es de rango fundamental e involucra la disponibilidad, calidad y accesibilidad del líquido y, que su perturbación, suspensión, interrupción o contingencias similares del derecho, da lugar a la intervención del juez de tutela.
9. Indicó que la Corte Constitucional en la sentencia T-641 de 2015, tuvo en cuenta el informe denominado “calidad de agua domiciliaria, el nivel de servicio y la salud”, rendido por la Organización Mundial de la Salud – OMS, en el que se señaló que la cantidad de agua que necesita una persona para satisfacer sus necesidades básicas es de 50 litros al día.
10. Consideró que la salud de las personas privadas de la libertad se puede afectar con la falta de suministro oportuno y continuo de agua potable en los establecimientos carcelarios, protección a cargo del Estado, quien tiene la obligación de garantizar a la población reclusa el pleno y efectivo disfrute del derecho a la salud.
11. Precisó que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, fue creada a través del Decreto 4150 de 3 de noviembre de 2011 con funciones relativas al mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, de acuerdo con las directrices planteadas por el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
12. Consideró que, de acuerdo con el material probatorio, la problemática del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal relacionada con el suministro de agua para el consumo humano y otros usos, afectó a la población privada de la libertad en la medida que se presentaron casos de deshidratación, problemas de higiene y dificultades en el área de sanidad; además que, tampoco se cumplen los estándares de accesibilidad, continuidad, cantidad y calidad del líquido.
13. Sostuvo que la decisión de la acción constitucional tendría efectos inter comunis, debido a que la comunidad directamente afectada con las deficientes de la prestación der servicio “lo es en la restringida órbita de tutela, que no se transmutara en popular, la población privada de la libertad, quienes tiene igual derecho a recibir la cantidad de agua necesaria para consumo y usos humanos”.
14. Respecto del resto de la población del establecimiento, refirió que, si bien, estaban expuestos a los mismos riesgos, no eran equiparables con los de los reclusos, quienes permanecen de forma constante en el lugar.
15. Agregó que, si bien, había lugar a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, le impartiría órdenes relacionadas con el diseño y ejecución de medidas sanitarias preventivas, en el plano médico asistencial.
16. Concluyó que, no era aceptable que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, justificara su inactividad en la atención de la problemática, en la espera de requerimientos por parte del INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
Impugnaciones dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 85001-23-33-000-2017-00051 00
17. El INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC afirmó que debía desvinculársele del trámite de la acción de tutela, debido a que le corresponde exclusivamente a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, reparar las instalaciones sanitarias, hidráulicas y de alcantarillado de los establecimientos penitenciarios y en general la función de mantener una adecuada infraestructura carcelaria para los reclusos.
18. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC señaló que debía declararse la existencia de un hecho superado, por cuanto suscribió un convenio con el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE con miras a “[…] realizar la gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional […]”.
19. Sostuvo que cumplió con el deber de mantenimiento de la infraestructura hidráulica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, debido a que desde el año 2014, ha desarrollado proyectos de mantenimiento y operación de los sistemas de captación y tratamiento de agua.
20. Indicó que pese a que le solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la asignación del presupuesto suficiente para solucionar todas las problemáticas informadas por el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, el presupuesto asignado resultó inferior al requerido.
Decisión en segunda instancia dentro de la acción de tutela identificada con número único de radicación 85001-23-33-000-2017-00051 00
21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de junio de 2017, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Casanare el 6 de abril de 2017. En la parte resolutiva de la providencia dispuso:
[…] 1. CONFIRMAR la decisión impugnada, proferida el 6 de abril de 2017, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.
22. Consideró que de acuerdo con lo establecido en literal b) del numeral 2° del numeral 5.1. del Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad bajo la custodia y vigilancia del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, adoptado en la Resolución 5159 de 30 de noviembre de 2015, corresponde a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC la función de reparar y hacer mantenimiento a las instalaciones de captación y tratamiento de agua del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, motivo por el cual era de su competencia solucionar la problemática de abastecimiento de agua generado por la avería en los sistemas de captación y bombeo, así como la falta de salubridad, particularmente en lo relativo a la higiene de los baños.
23. Sostuvo que si bien el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC no es el encargado de la contratación, desarrollo y ejecución de la infraestructura carcelaria, si le corresponde establecer cuáles son las necesidades de infraestructura e informárselo a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, obligaciones en virtud de las cuales debía desarrollar en aplicación del principio de coordinación.
24. Consideró que no se presentó la figura del hecho superado, debido a que, si bien, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC inició gestiones encaminadas a solucionar el problema de suministro de agua en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, la realidad era que el hecho que dio origen a la solicitud de tutela no se había superado pues ello ocurría en el momento en que se culminaran satisfactoriamente las obras de mantenimiento y reparación.
Primer incidente de desacato iniciado por incumplimiento de lo ordenado en sentencia de 6 de abril de 2017
25. El Personero Municipal de Yopal mediante escrito radiado el 27 de abril de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Casanare, promovió incidente de desacato por el incumplimiento de la medida provisional impuesta en la sentencia dictada el 6 de abril anterior, relacionada con garantizar la adquisición y suministro de agua potable para consumo humano y de agua apta para otros usos de legítima procedente en cantidad de 50 litros diarios por recluso con carácter permanente; y, el diseño y ejecución del plan de contingencia para atender los riesgos para la salud de las personas privadas de la libertad.
26. El Tribunal Administrativo del Casanare a través de providencia de 2 de mayo de 2017 requirió a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL – 2015, acreditar el cumplimiento de la citada medida.
27. El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL – 2015, mediante escrito presentado el 5 de mayo de 2017, señaló que: i) contrató una red de atención primaria intra-mural para prestar el servicio de salud dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, y una y extra-mural en caso de que se necesitara remitir a los internos a especialista; ii) estableció como plan de contingencia “prestar los servicios de promoción de salud y detección temprana de enfermedad, atención inicial de urgencias, consulta médica general y toma de muestras de laboratorio en el EPC de Yopal y a solicitud de los médicos tratantes (…)”; e iii) indicó que llevaría a cabo brigada de salud con el fin de cubrir la contingencia.
28. El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal en escrito radicado el 10 de mayo de 2017, informó que: i) la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, en los meses de abril y mayo de esa anualidad, suministró el servicio de agua a través de carro tanques; ii) la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC no hizo ningún presencia en el establecimiento ni se pronunció; y iii) no se logró la intervención de los pozos que proveen el agua para el establecimiento.
29. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, en la misma fecha, indicó que, de una parte, no era posible cumplir la medida ordenada en el término concedido, porque el suministro de agua potable requiere de la concurrencia de varias entidades; y, por la otra, que había cumplido con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica del establecimiento penitenciario conforme a las prioridades del INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
30. El Tribunal Administrativo de Casanare por auto de 17 de mayo de 2017 abrió incidente de desacato contra la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por el incumplimiento de la medida provisional ordenada en la sentencia de 6 de abril de 2017; y, requirió al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, para que acreditara el cumplimiento de la referida medida y allegara informe ejecutivo acerca de las acciones adelantadas con el fin de cumplir la medida definitiva.
31. En cumplimiento de lo anterior, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, mediante oficio núm. 120-1-GJCDT-E-2017-008400 de 23 de mayo de 2017, informó que dio cumplimiento a las órdenes impartidas, en el siguiente sentido:
Con los recursos de la vigencia 2016 y 2017, celebró contrato interadministrativo de gerencia de proyectos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, con el fin de llevar a cabo mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria.
31.2. Cumplió con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica según las obras priorizadas por el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, en el marco del presupuesto establecido, empero el Instituto, a través del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, determina la frecuencia de suministro de agua para el establecimiento.
31.3. Desde el año 2014 desarrolla proyectos de mantenimiento de la infraestructura carcelaria y, ejecución de obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento.
31.4. A través de contrato núm. 183 de 2015, llevó a cabo el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal.
32. El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL – 2015, mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2017, indicó que el 16 de mayo anterior elaboró plan de contingencia por la falta de agua; el Coordinador de Sanidad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal y el Director en Salud del Consorcio, fijaron compromisos para garantizar la atención con las IPS contratadas; y, remitió el acta de compromiso.
33. El Tribunal Administrativo del Casanare mediante auto de 30 de mayo de 2017, impuso multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por el incumplimiento de las órdenes impartidas en sentencia de 6 de abril de 2017. En la parte resolutiva de la providencia dispuso:
34. Consideró que la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC no cumplió con la medida provisional ordenada en la sentencia de 6 de abril de 2017, debido a que el problema de agua potable o apta para uso humano persistía en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal.
35. Sostuvo que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC no hizo presencia en el lugar, no realizó mantenimiento a los pozos, ni suministró agua potable a los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal.
36. Expuso que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC no justificó de manera alguna el incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 6 de abril de 2017.
Grado jurisdiccional de consulta de la providencia de 30 de mayo de 2017
37. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de providencia de 2 de agosto de 2017, confirmó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare el 30 de mayo de 2017.
38. Consideró que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC no demostró que la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal estuviera recibiendo agua diariamente en cantidad de 50 litros, ni que se hubiera realizado gestión alguna encaminada a solucionar definitivamente el problema.
39. Sostuvo que haber celebrado contratos en el pasado relacionados con la infraestructura del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal no significaba haber acatado las órdenes específicas impartidas por el Tribunal Administrativo de Casanare en la sentencia de 6 de abril de 2017.
40. Expuso que si bien el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE suscribió un contrato con el consorcio EPC Yopal con el objeto de “[…] mantenimiento y operación de un sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y un sistema de tratamiento de agua residual en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EPC Yopal - Casanare […]”, con miras a solucionar definitivamente la problemática objeto de la tutela, la realidad era que la suscripción de dicho contrato no significaba que a los reclusos se les estuviera garantizando día a día el suministro de agua.
Segundo incidente de desacato iniciado por incumplimiento de lo ordenado en sentencia de 6 de abril de 2017 y confirmado en providencia de sentencia de 29 de junio de 2017
41. El Tribunal Administrativo del Casanare a través de providencia de 20 de junio de 2017, requirió a: i) la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, para que informara el estado actual del contrato que permitiría solucionar provisional y definitivamente la problemática de mantenimiento del sistema de tratamiento y distribución de agua potable en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, sus resultados y la fecha probable de finalización; y, sobre el suministro de agua potable para el consumo humano y para usos humanos en cantidad de 50 litros diarios; y, ii) al Consorcio PPL 2017 para que relacionara las acciones adelantadas para ejecutar el plan de contingencia respecto de la referida problemática.
42. El INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, mediante oficio de 26 de junio de 2017, informó que el suministro continuo y permanente de agua no era posible debido al colapso de los pozos profundos, situación que creó unas crisis de abastecimiento del líquido, el cual fue suministrado mediante carros tanques dispuestos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Departamento de Casanare.
43. Afirmó que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC se rehusaba cumplir las órdenes impartidas porque estaba ejecutando un contrato cuyo objeto es el “[…] Mantenimiento y operación de un sistema de captación que no requiere mantenimiento toda vez que no está en funcionamiento […]”.
44. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, mediante oficio de 29 de junio de 2017, remitió copia del acta de inicio del contrato de prestación de servicios núm. 20170869 de 25 de mayo de 2017.
45. El Tribunal Administrativo del Casanare a través de providencia de 5 de julio de 2017, abrió incidente de desacato contra la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por “persistir” el incumplimiento de la medida provisional emitida en el numeral 3° de la sentencia de 6 de abril de 2017, confirmada el 29 de junio de 2017, relacionada con el suministro de agua potable y apta para el consumo humano a todos los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal.
46. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, mediante correo electrónico recibido el 12 de julio de 2017, entre otras cosas, informó que el suministro de agua requiere de la intervención de esa Unidad, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal y el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, puesto que a cada entidad, respectivamente, dentro de sus competencias les corresponde: i) la infraestructura y mantenimiento de los establecimiento penitenciarios y carcelarios; ii) el suministro de agua; y, iii) definir los horarios de suministro.
47. El Tribunal Administrativo del Casanare mediante auto de 18 de julio de 2017, impuso multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por el incumplimiento de las órdenes “constitucionales transitorias” impartidas en la sentencia de 6 de abril de 2017.
48. Consideró que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC no demostró que la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal estuviera recibiendo agua apta para el consumo humano diariamente en cantidad de 50 litros.
49. Indicó que aunque la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC suscribió una serie de contratos no significaba que se hubiera acatado el fallo de tutela, comoquiera que, con o sin esos contratos el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal seguía sin agua.
50. Agregó que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC no justificó de manera alguna el incumplimiento de las órdenes impartidas en sentencia de 6 de abril de 2017.
Grado jurisdiccional de consulta de la providencia de 18 de julio de 2017
51. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de providencia de 13 de septiembre de 2017, confirmó parcialmente el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare el 18 de julio de 2017. La parte resolutiva de la providencia dispuso:
“[…] RESUELVE
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la providencia consultada proferida el 18 de julio de 2017, por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el sentido de imponer sanción a MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, en su calidad de directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
2. MODIFICAR el NUMERAL PRIMERO de la parte resolutiva de la providencia consultada, para en su lugar, IMPONER multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la señora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, en su calidad de directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por las razones explicadas en la parte motiva de la providencia.
3. OFICIAR al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO para que requiera a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, a fin de que:
i) Cumpla inmediatamente con la orden dispuesta por el Tribunal Administrativo de Casanare, referente a suministrar agua en las condiciones dispuestas en el numeral tercero del fallo de tutela de 6 de abril de 2017;
ii) Realice las gestiones necesarias tendentes a la ejecución pronta y diligente del contrato interadministrativo celebrado entre la USPEC y FONADE el 8 de mayo de 2017, cuyo objeto es arreglar los sistemas de captación y tratamiento de agua potable y residual del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal.
4. REMITIR el expediente al Tribunal de origen con el fin de que este notifique la presente decisión por telegrama o por el medio más expedito […]”.
52. Consideró que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, no demostró que la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal se le estuviera suministrando agua potable diariamente, en cantidad de 50 litros por recluso, debido a que se limitó únicamente a informar que suscribió el acta de inicio del contrato núm. 2170869 con el objeto de “[…] mantenimiento y operación del sistema de captación (pozos de bombeo), tratamiento, almacenamiento y distribución (red principal hasta entrada a patios y pabellones) de agua potable y sistema de tratamiento de agua residual en el PPMSC de Yopal, en el marco del contrato interadministrativo No 216144 […]”.
53. Resaltó que no podían pasar desapercibidos los informes presentados por la Defensoría del Pueblo y la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, que daban cuenta de que el único pozo que funcionaba colapsó en el mes de junio de 2017, lo que agravó aún más la situación de los reclusos del establecimiento, pues la única fuente de agua era un carro tanque enviado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Gobernación de Casanare.
54. Finalmente, modificó la sanción impuesta a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, en el sentido de disminuirla a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras considerar que el único propósito del incidente de desacato era lograr el cumplimiento del fallo de tutela de 6 de abril de 2017.
Tercer incidente de desacato iniciado por incumplimiento de lo ordenado en sentencia de 6 de abril de 2017
55. El Tribunal Administrativo del Casanare a través de providencia de 23 de agosto de 2017, requirió al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC y a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, para que allegaran resumen ejecutivo sobre el diagnóstico general comparativo entre las necesidades identificadas para diseñar la solución estructural de la infraestructura del sistema de captación (pozos profundos) y tratamiento de agua (PTFA) que debía prestar los servicios para todos los usuarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal; de lo contratado y lo que estaba en ejecución, actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las órdenes impartidas en las sentencias de 6 de abril y 29 de junio de 2017.
56. El INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, mediante oficio recibido el 30 de agosto de 2017, señaló que para ejercer debida defensa institucional requería copia del fallo de tutela de primera instancia, de la providencia que impone la sanción y de la consulta.
57. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, guardó silencio.
58. El Tribunal Administrativo del Casanare a través de providencia de 13 de septiembre de 2017, abrió incidente de desacato contra la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y el Director del INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, por persistir el incumplimiento de la obligación impuesta en el numeral 4º de la sentencia de 6 de abril de 2017, confirmada en el fallo de 29 de junio de 2017, relacionada con “[…] contratar diagnóstico general comparativo entre las necesidades identificadas para diseñar la solución estructural que requiere la infraestructura del sistema de captación (pozos profundos) y tratamiento de agua (TPAP) que deba prestar los servicios para todos los usuarios del EPC Yopal […]”
59. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, informó la imposibilidad de cumplir la medida provisional relacionada con el suministro de agua potable en cantidad de 50 litros diarios por interno, por cuanto, a su juicio, dicha orden difería de la impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017, en la que se indicó que los efectos de la decisión eran “inter comunis” y que el suministro de agua le correspondía a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY.
60. En cuanto al contrato núm. 2016144 de 29 de noviembre de 2016, celebrado entre la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, informó que se adicionó en el sentido de incluir actividades de recuperación de pozos profundos, y que en el desarrollo del contrato se evidenciaron necesidades que afectaron la operación de los sistemas de tratamientos de agua, situación que agudizó la problemática de abastecimiento de agua y de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales por desbordamiento de las aguas negras de los distintos tanques de tratamiento; gestiones contractuales y administrativas que fueron realizadas de acuerdo con el marco de sus competencias y funciones.
61. Adicionalmente, allegó: i) resumen diagnóstico comparativo general entre las necesidades identificadas y las actividades contratadas para los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, elaborado por la Directora de Infraestructura de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC; e, ii) informe de mantenimiento elaborado por el Gerente del Contrato Interadministrativo núm. 216144, donde se precisaron las actividades de mantenimiento desarrolladas y las que obedecieron a la necesidad de atender la emergencia de abastecimiento de agua potable en la recuperación del pozo profundo núm. 1.
62. El INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, en escrito recibido el 20 de septiembre de 2017, informó que había ejecutado las siguientes actuaciones:
62.1 El 15 de junio de 2017, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, se comprometió a asignar un equipo de profesionales con el fin de emitir concepto técnico sobre las acciones o actividades requeridas para corregir las fallas del sistema hidrosanitario del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal.
62.2. El 6 de julio de 2017, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, se comprometió a allegar copia del referido concepto técnico.
62.3. El 10 de julio de 2017, se requirió al Ingeniero encargado de emitir conceptos técnicos por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC.
62.4. El 13 de septiembre de 2017, se solicitó a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, intervención y recuperación del pozo profundo núm. 2.
62.5. El 20 de septiembre de 2017, el Ingeniero Supervisor de proyectos del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, allegó información del contrato núm. 2170869.
63. El Tribunal Administrativo del Casanare mediante auto de 27 de septiembre de 2017, impuso multa de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, por el incumplimiento de las órdenes constitucionales definitivas impartidas en sentencia de 6 de abril de 2017. Adicionalmente, requirió a la Directora de la Entidad para que acreditara el cumplimiento de la medida definitiva impuesta en el referido fallo.
64. Precisó que la medida definitiva impuesta en la sentencia de 6 de abril de 2017, consistente en la realización de un diagnostico general para diseñar la solución estructural de infraestructura del sistema de captación (pozos profundos) y tratamiento de agua (PTAP) que deba prestar el servicio para todos los usuarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, priorizando las necesidades de los recursos; en un lapso no mayor a un (1) año, debió ejecutarla la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, en coordinación con el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a partir del vencimiento del término concedido para realizar los estudios técnicos previos de rigor.
65. Consideró que el incumplimiento objetivo de las órdenes impuestas se acreditaba con las pruebas a llegadas al incidente, de las cuales se evidenciaba que las obras adelantadas por las autoridades sancionadas no eran suficientes para solucionar la problemática objeto de amparo.
66. Agregó que las entidades demandadas se limitaron a realizar gestiones contractuales con objeto, alcances y resultados “a medias” que postergaron la solución de fondo de la problemática, actuaciones que evidenciaron la ineficacia de las intervenciones de esas autoridades por falta de rigor técnico en la planeación, continuidad de los trabajos y falta de resultados.
67. Respecto del ingrediente subjetivo advirtió que los Directores de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, no acreditaron el cumplimento de la medida definitiva ni ofrecieron ni probaron justificación alguna razonable de obstáculo insalvable que les impidiera cumplirla y, en su lugar, se limitaron a exponer excusas y solicitudes de modificación del fallo, persistiendo la problemática.
68. Resaltó que, si bien, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal no fue parte del proceso de tutela, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, si podía convenir con ésta el suministro de agua apta para uso y consumo humano.
69. Agregó que la decisión proferida por la Corte Constitucional en la sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017, se ocupó específicamente de la situación de los internos o reclusos del patio 2 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, órdenes que también atañen a la solución integral de la carencia de agua potable para toda la población reclusa del referido Establecimiento.
70. Por último, consideró necesario requerir una vez más a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, para que, en el término de quince (15) días, acreditará el cumplimiento de la medida definitiva impuesta en la sentencia de 6 de abril de 2017, relacionada con: i) la verificación del estado actual de la infraestructura utilizada para captar y suministrar agua potable a la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal; ii) elaborar un listado de soluciones que solventaran las falencias halladas en la infraestructura; y, iii) elaborar un análisis técnico de los reparos de la dirección del Establecimiento para contrastar si lo contratado era suficiente para superar los problemas subsistentes.
Grado jurisdiccional de consulta de la providencia de 27 de septiembre de 2017
71. Se aclara que, aun cuando la tutela de la referencia no cuestiona la providencia emitida en la referida actuación procesal, comoquiera que para la fecha de radicación de la acción, no se había resuelto, es del caso precisar que verificado el Sistema de Información Judicial Colombiano, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de providencia de 25 de enero de 2018, revocó el auto proferido el 27 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Casanare, e instó a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, para que continuaran adelantando las gestiones administrativas, presupuestales, contractuales, o las que correspondiera, de acuerdo a sus competencia, para dar cabal cumplimiento a las órdenes impartidas en las sentencias de 6 de abril y 29 de junio de 2017.
72. Como fundamento de lo anterior, la Sección Cuarta de la Corporación consideró que, respecto de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, no se cumplió con el elemento subjetivo pues la sancionada demostró la realización de gestiones y esfuerzos por mejorar el suministro de agua, en tanto que, en relación del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, señaló que la finalidad de la orden impartida apuntaba a brindar apoyo en lo relativo a la contratación o realización del diagnóstico ordenado.
La solicitud de tutela
Pretensiones
73. Los actores en la demanda de tutela solicitaron lo siguiente:
“[…] De conformidad con los hechos descritos a lo largo de la presente acción, comedidamente me permito solicitar al H. Magistrado Cognoscente, LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DOBLE INSTANCIA COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, JUEZ NATURAL Y BUEN NOMBRE y a los que su H. Señoría encuentre vulnerados, en perjuicio de mi poderdante, tanto en calidad de ciudadana, como directora de la USPEC.
Como consecuencia de lo anterior, solicito muy comedidamente, dejar sin efectos la providencia de fecha 6 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso de tutela radicado 850012333-000-2017-00051-00 y de la sentencia de segunda instancia de fecha 29 de junio de 2017 a través de la cual el H. Consejo de Estado confirma dicha decisión.
Así mismo, solicito muy comedidamente se dejen sin efecto los autos de fecha: i. 30 de junio de 2017 por medio del cual se sanciona por primera vez a la Dra. Paula Salazar en calidad de Directora de la USPEC y el cual es confirmado por el H. Consejo de Estado – Sección Cuarta, a través del proveído de fecha 2 de agosto de 2017; ii. De fecha de 18 de julio de 2017, a través del cual se sanciona por segunda vez a la Dra. Paula Salazar en calidad de Directora de la USPEC y el cual es confirmado por el H. Consejo de Estado – Sección Cuarta, a través del proveído de fecha 13 de septiembre de 2017; iii. De fecha 27 de septiembre de 2017 a través del cual se sanciona por tercera vez a mi representada, y el cual se encuentra en trámite para ser consultado ante el Consejo de Estado; y iv. Los de fecha 27 de septiembre de 2017, a través de los cuales se requiere nuevamente a mi poderdante, para el cumplimiento de la orden tutelar contenida en el fallo de fecha de 6 de abril de 2017. Lo anterior, comoquiera que a través de dichas providencias judiciales se busca el obedecimiento de la orden judicial aviesa al Derecho cual es la contenida en el dallo de primera instancia de fecha 6 de abril de 2017 y cuyo cumplimiento conllevaría a que la USPEC se apartara del Modelo de Estado Constitucional de Derecho Colombiano, al tenor de lo expresado en el presente escrito […]”.
74. Alegaron que el Tribunal Administrativo del Casanare incurrió en los defectos: orgánico, procedimental absoluto, material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución; en tanto que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en defecto procedimental absoluto.
75. Señalaron que el Tribunal Administrativo del Casanare en el fallo del 6 de abril de 2017 le ordenó a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, adquirir y suministrar agua potable a los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, en cantidad de cincuenta (50) litros diarios por recluso, sin tener en cuenta que, de una parte, no tiene competencia administrativa, logística ni contractual para adquirir y suministrar agua, pues esta recae en las entidades territoriales y en las empresas de servicios públicos domiciliarios; y, por la otra, que la Corte Constitucional, “[…] cerca de un (1) mes antes […]”, en la sentencia T-147 de 7 de marzo de 2017, determinó que el suministro del líquido era “al menos” de quince (15) litros de agua para cada uno de los reclusos del patio 2 del referido Establecimiento.
76. Mencionaron que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare desconoció el modelo de estado social, democrático y constitucional de derecho porque: i) desconoció el principio de cosa juzgada constitucional, la inmutabilidad y fuerza vinculante de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión; ii) carecía de competencia para proferir una decisión con efectos “inter comunis”; iii) tramitó como acción de tutela una demanda cuyo contenido y pretensión tenían carácter de medio de control de protección de derechos e intereses colectivos; iv) omitió vincular al trámite constitucional a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal; v) es “aviesa” porque desconoció los precedentes contenidos en las sentencias T-272 de 6 de mayo de 2014 y T-025 de 23 de enero de 2015 en los que la Corte Constitucional estableció que esa Corporación es la única investida, en sede de revisión, para modular los efectos de las sentencias de tutela; y, vi) modificó la orden impartida en la sentencia T-043 de 7 de marzo de 2017.
77. Consideraron que la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado se vulneró el derecho de la doble instancia como garantía del debido proceso debido a que no desató en su integridad la impugnación presentada por la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, toda vez que confirmó la decisión de primera instancia sin estudiar, analizar ni emitir algún pronunciamiento relacionado con el cuestionamiento sobre la medida provisional impartida en el numeral 3° de la providencia del a quo.
78. Agregaron que las providencias proferidas en el trámite incidental de desacato que impusieron sanciones económicas y de orden disciplinario a MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR en su condición de Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, violaron su derecho al debido proceso, afectan el buen nombre y reputación de la Directora de la Entidad y, desconocen la imposibilidad de cumplir la orden impartida en la “aviesa” sentencia de 6 de abril de 2017, relacionada con el suministro de agua, puesto que a su juicio, de hacerlo suplantaría competencias propias de otras autoridades.
Actuación
79. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 10 de octubre de 2017, admitió la acción de tutela presentada por la parte actora, negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Casanare concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
80. De igual manera, dispuso vincular al Personero Municipal de Yopal y al Director del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, concediéndoles el mismo término de tres (3) días para que allegaran informe de intervención en su calidad de terceros interesados en las resultas del proceso.
Los informes de las partes accionadas y de las partes vinculadas
81. Los Magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante escrito allegado el 12 de octubre de 2017, respondieron la solicitud de tutela, en los siguientes términos:
81.1. Manifestaron que en la sentencia de 6 de abril de 2018 y las providencias que impusieron sanciones a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por el incumplimiento de las órdenes impartidas en la referida sentencia, examinaron los aspectos fácticos, probatorios y normativos del caso concreto, los cuales dieron cuenta de que no se acreditó el cabal y oportuno cumplimiento de las medidas urgentes impuestas por el juez constitucional para mitigar la grave problemática humanitaria que aqueja a los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal ante la falta de suministro de agua potable apta para el consumo humano, por fallas operativas de los pozos profundos.
81.2. Agregaron que el auto de 27 de septiembre de 2017, impuso sanción a los ahora tutelantes porque no se acreditó la realización del diagnóstico integral que permitiera constatar si el alcance de los contratos en ejecución resolvía definitivamente la problemática.
82. El Coordinador del Grupo de Tutelas del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, en escrito remitido por correo electrónico el 18 de octubre de 2017, luego de referirse a los hechos que origina la acción de tutela, a las funciones de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, a las funciones del Instituto en materia de infraestructura carcelaria y el trámite para la construcción de un establecimiento carcelario, coadyuvó las pretensiones de la demanda, tras considerar que las sanciones impuestas a los Directores de las entidades sancionadas fueron irregulares.
83. El Magistrado, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante escrito aportado el 17 de octubre de 2018, señaló que no comparte el argumento expuesto por las demandantes relacionadas con la presunta violación de sus derechos fundamentales.
83.1. Explicó que la sentencia de 29 de junio de 2017 realizó un análisis integral de la competencia de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, con el fin de determinar si había lugar a confirmar o no las órdenes dadas en primera instancia, incluyendo la contienda en el numeral tercero de la parte resolutiva, en donde se concluyó que esa entidad si era competente para dar solución integral a la situación sufrida en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, y para contratar las obras necesarias para solucionar la problemática y asegurar el suministro de agua mientras las obras finalizaban.
83.2. Indicó que en la providencia cuestionada se enfatizó que aunque la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, había celebrado un contrato con el fin de realizar el mantenimiento y operación del sistema de agua del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, éste no era suficiente para garantizar la protección de los derechos fundamentales “[…] a la vida, a la salud y a la dignidad humana de cientos de personas recluidas de la libertad […].”
83.3. Señaló que la providencia cuestionada no dejó de emitir ningún pronunciamiento y, por el contrario, en ella se demuestra textualmente que en aras de garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertar se confirmaría la orden relativa al suministro de agua diario, como medida provisional, mientras se culminaban las obra para solucionar integralmente la problemática.
83.4. Agregó que, si en gracia de discusión se hubiera incurrido en la omisión alegada, de todas maneras la acción de tutela es improcedente porque no cumple los requisitos establecidos en la sentencia SU-627 de 1.° de octubre de 2015, para la procedencia excepcional de tutela contra providencias de tutela, comoquiera que la sentencia de 29 de junio de 2017 no fue producto de un fraude.
83.5. Resaltó que las demandantes no especificaron las razones por las cuales los autos de 2 de agosto y 13 de septiembre de 2017, que resolvieron los grados jurisdiccionales de consulta de dos (2) sanciones impuestas a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, vulneraron sus derechos fundamentales, sino que se limitaron a manifestar la inconformidad que le generó el hecho que se le hubiera exhortado al Ministerio de Justicia y del Derecho para que le requiriera el cumplimiento inmediato de las órdenes de tutela, exhorto no es suficiente para generar perjuicios en la reputación y buen nombre de la parte demandante.
83.6. Concluyó que se debe declarar improcedente la acción de tutela.
84. El Personero Municipal de Yopal, guardó silencio.
La sentencia impugnada
85. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3 de noviembre de 2017, decidió:
“[…] PRIMERO: Declarar la improcedencia del amparo deprecado por la señora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, respecto a la petición de dejar sin efectos el fallo de tutela del 6 de abril de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare y confirmado en segunda instancia, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 29 de junio del año en curso, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: Negar la solicitud de amparo elevada por la señora PALAU SALAZAR, respecto de la petición de dejar sin efectos las providencias en las que fue sancionada por desacato, por el incumplimiento de lo (sic) orden dada el 6 de abril de 2017, por el Tribunal Administrativo del Casanare, por los argumentos expuestos en este proveído […]”.
86. En lo que tiene que ver con los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver el caso concreto manifestó que:
“[…] Llevado lo anterior al caso concreto, para este juez constitucional no se cumple uno de los requisitos concurrentes adicionales a los generales, ello por cuanto, no se demostró de forma clara y suficiente que la decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien en segunda instancia confirmó la proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, el cual el 6 de abril de 2017, amparó los derechos fundamentales a la salud y al agua de la población privada de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de Yopal, en la acción de tutela No. 2017-00051, promovida por la Personería Municipal de Yopal; hubiese sido adoptada “«…producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit)» […]”.
87. Adujo que no podía pronunciarse sobre los argumentos de fondo de la controversia planteada porque no se cumplía con los requisitos de procedencia excepcionalísima de la tutela contra decisiones de tutela.
88. Respecto de las providencias judiciales proferidas en los incidentes de desacato, negó el amparo invocado tras considerar que respetaron el debido proceso, en tanto, que fueron proferidas conforme el material probatorio obrante en el expediente.
89. En efecto, agregó que en cada uno de los trámites incidentales se respetó el debido proceso de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y que las tutelantes no alegaron que en dichas actuaciones se le hubiera violado tal derecho sino que se limitaron a explicar las razones por las cuales consideraron que habían dado cumplimiento a las órdenes impartidas en los fallos de tutela.
90. Concluyó que, como en el incidente de desacato busca determinar el cumplimiento de las órdenes de tutela impuestas por el juez constitucional, para tomar las medidas correspondientes, las actuaciones cuestionadas no evidenciaban irregularidad alguna que implicara la vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante.
La impugnación
91. El apoderado especial de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, impugnó el fallo proferido en primera instancia.
92. Insistió en que está demostrada la situación de fraude en que incurrió el Tribunal Administrativo del Casanare al proferir la sentencia de 6 de abril de 2017, y las irregularidades procesales cometidas en los trámites de los incidentes de desacato.
93. Indicó que “[…] el “fraude” al que alude el principio fraus omnia corrumpit no se halla necesariamente atado a la ilegalidad de una actuación, o al componente punible o delictivo de una conducta, sino al desconocimiento del orden justo, de los principios que enmarcan el Estado Social de Derecho, de la recta impartición de justicia, de la igualdad y del debido proceso, que al materializarse en un injusto, conlleva a la existencia de una circunstancia que amerita la intervención urgente e inmediata por parte de los jueces de la república para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la consolación de una vía de hecho […]”.
94. Sostuvo que los yerros o actuaciones procesales desplegadas por el Tribunal Administrativo de Casanare no conllevan a la satisfacción de una medida de protección a favor de la población privada de la libertad sino al ejercicio de la facultad sancionatoria ejercida en contra de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, conducta de la cual, si bien no se desprende un ilícito o conducta punible, “[…] no obsta para que no sea dable, plausible e incontrovertible sostener, que dicha Corporación incurrió en un verdadero fraude […]”.
95. Reiteró que las providencias dentro del trámite incidental de desacato fueron proferidas con vulneración del debido proceso, máxime, cuando con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, la señora María Cristina Palau Salazar dejó de ejercer el cargo de Directora General de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, el 10 de octubre de 2017; y, que se revocaron tres (3) de las sanciones impuestas por desacato en contra de la referida señora Palau Salazar, sin embargo, no identificó las sanciones ni las providencias revocadas.
II. CONSIDERACIONES
Competencia de la Sala
96. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
Generalidades de la tutela
97. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
98. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias de tutela y providencias judiciales proferidas en incidentes de desacato, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo de Casanare al proferir la sentencia de 6 de abril de 2017 y los autos de 30 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre de 2017 y la Sección Cuarta del Consejo de Estado al proferir las providencias de 29 de junio, 2 de agosto y 13 de septiembre de 2017, vulneraron los derechos fundamentales invocados supra.
99. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) la procedencia de la acción de tutela contra sentencia de tutela; iv) procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato; y, finalmente, iv) análisis del caso concreto.
Procedencia de la solicitud de tutela frente a providencias judiciales
100. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
101. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
102. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
103. Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
104. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
105. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
106. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
107. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela
108. La Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-1219 de 2001, frente a la improcedencia de la acción de tutela contra tutela, consideró lo siguiente:
“[…]
Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los mismos. Es así como la misma Constitución en su artículo 86 inciso 2, segunda oración, dispone:
"El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión."
El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por él – la revisión.
3.2 La intención del legislador colombiano, cuando reguló el procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue excluir tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40, parágrafo 4º del D. 2591 de 1991). Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, por considerar la Corte que la tutela contra providencias judiciales era contraria a la Constitución –, lo cierto es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra decisiones judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente. Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó de la integración normativa que en la C-543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún caso hubo un estudio de fondo sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería proceder la tutela contra fallos de tutela.
Ahora bien, la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De allí la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la revisión eventual, con miras a garantizar la unificación de criterios y la supremacía constitucional. Todo ello por decisión del Constituyente, que optó por regular de manera directa la acción de tutela y no siguió la técnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental.
[…]” (Se resalta).
109. Esta postura fue recogida en la sentencia T-353 de 2012, de esa misma Corporación, en la que se admitió la posibilidad de instaurar acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias de jueces de tutela, siempre que no se trate de la sentencia, sino, por ejemplo, del incidente de desacato o de autos emitidos en el curso del proceso tutelar.
110. En ese sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 627 de 2015, unificó su jurisprudencia sobre las reglas para que proceda la tutela contra sentencias de tutela, entre otras, las siguientes:
110.1. Por lo general no procede la acción de tutela contra sentencias de tutela. Ello no admite excepción cuando la tutela ha sido proferida por la Corte Constitucional ya sea en su Sala Plena o en las Salas de Revisión. En tal caso solo procede el incidente de nulidad ante la Corte Constitucional.
110.2. Si la sentencia ha sido proferida por otro juez o tribunal la acción de tutela puede proceder de manera excepcional cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando además de los requisitos generales se satisfagan las siguientes exigencias: a) que la tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir que no se esté en presencia de la cosa juzgada; b) que se pruebe de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude; y c) que no exista otro mecanismo legal para resolver tal situación.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato
111. La Corte Constitucional, ha señalado la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, en el evento en que dentro de dicho trámite se produzca la vulneración de derechos fundamentales, en especial, el debido proceso de las personas que fueron parte de la acción de tutela.
112. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T – 014 de 2009, expuso lo siguiente:
“[…] De otra parte, esta corporación ha reconocido la posibilidad de que, con ocasión de la aplicación de alguna de estas medidas que buscan garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos de esa misma naturaleza, particularmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las dos partes que como demandante y demandado participaron en el trámite de la ya resuelta acción de tutela.
Esta circunstancia puede afectar a quien inicialmente solicitó la protección tutelar, si la renuencia de quien fue demandado continúa impidiendo el efectivo disfrute del derecho fundamental cuya protección fue judicialmente ordenada, y el juez que conoce del incidente se niega, injustificadamente, a reconocer el desacato que se ha planteado. Del otro lado, el demandado también puede ver lesionado su derecho al debido proceso, especialmente si se le sanciona sin que se reúnan los presupuestos de hecho necesarios para ello.
Por todo lo anterior, en varias oportunidades ha reconocido esta corporación que, excepcionalmente, es posible cuestionar, mediante el uso de la acción de tutela, la decisión del incidente de desacato que hubiere sido promovido por el actor de otra acción de tutela previamente tramitada, posibilidad que, según lo antes explicado, está abierta tanto a la persona que hubiere resultado sancionada al término de dicho incidente, como al demandante que solicitó la apertura de aquél […]” (Se resalta).
113. Asimismo, la Corte Constitucional señaló como requisitos para su procedencia, que i) la providencia proferida dentro del trámite del incidente de desacato se encuentre ejecutoriada; ii) se reúnan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias generales; iii) se configure alguna de las causales específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; iv) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; v) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y vi) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
114. La Sala, para un mejor entendimiento de los asuntos, analizará las pretensiones planteadas por las actoras de forma individual, así:
115. Realizará el estudio de la presunta vulneración de derechos fundamentales en que incurrieron el Tribunal Administrativo del Casanare, al proferir la sentencia de 6 de abril de 2017, por medio de la cual se ampararon los derechos fundamentales a la salud y al agua de la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, y se ordenó, entre otros, a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, como: i) medida provisional, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, adoptar las medidas necesarias para garantizar la adquisición y suministro de agua potable para consumo humano y de agua apta para otros usos humanos, en cantidad de 50 litros diarios por cada recluso con carácter permanente; y, ii) medida definitiva, en el lapso de tres (3) meses, en coordinación con el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, diseñar la solución estructural que requiera la infraestructura del sistema de captación (pozos profundos) y tratamiento de agua (PTAP) que preste el servicio para todos los usuarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, priorizando los que requieran los reclusos; y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de junio de 2017, al confirmar dicha decisión.
116. Posteriormente, se realizará el estudio de la presunta vulneración de derechos fundamentales en que incurrió el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir los autos de 30 de mayo, 18 de julio y 27 de septiembre, todos de 2017, por medio de los cuales declaró que la doctora María Cristina Palau Salazar en su condición de Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, incumplió las órdenes de tutela de 6 de abril de 2017 y la sancionó respectivamente con multa de diez (10), veinte (20) y quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al proferir los autos de 2 de agosto y 13 de septiembre de 2017, al confirmar dichas decisiones.
Respecto a las sentencias de tutela proferidas por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 6 de abril de 2017, y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 29 de junio de 2017
117. Teniendo en cuenta que la presente solicitud de amparo pretende controvertir la competencia de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, para dar cumplimiento al fallo de tutela de 6 de abril de 2017, confirmado mediante sentencia de 29 de abril del mismo año, y que dichas providencias consideraron, que era “[…] la encargada de reparar y hacer mantenimiento a las instalaciones de captación y tratamiento de agua que se encuentran en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Yopal, ya que la ley expresamente le asignó a esa entidad la labor de celebrar los contratos relacionados con la infraestructura de las cárceles. Por consiguiente, es de su competencia solucionar el problema de abastecimiento de agua generado por la avería en los sistemas de captación y bombeo de agua; así como la falta de salubridad, particularmente en lo relativo la higiene en los baños […]”.
118. Las autoridades demandadas llegaron a la conclusión de que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC era la competente para dar solución integral a la problemática de suministro de agua potable dentro del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Yopal, de acuerdo con los elementos fácticos y jurídicos acreditados en el proceso de tutela núm. 85001-23-33-002-2017-00051, razón por la cual debía garantizar el acceso del líquido a toda la población privada de la libertad del establecimiento carcelario, aun cuando no hubieran promovido el mecanismo de amparo.
119. Por lo anterior, la Sala concluye que el objeto de la presente solicitud de tutela ya fue decidido en la sentencia de tutela de 6 de abril de 2017, la cual fue confirmada el 29 de junio de 2017, sobre las cuales operó la cosa juzgada constitucional y, por tanto, se confirmará la declaratoria de improcedencia, en la medida que no reúne los requisitos de procedencia exigidos por la Corte Constitucional, en especial, el de cosa juzgada fraudulenta.
120. Asimismo, la Sala considera que no habría lugar a pronunciarse sobre los presuntos defectos (orgánico, sustantivo por desconocimiento de precedente, violación directa de la Constitución y defecto procedimental absoluto) en que presuntamente incurrieron el Tribunal Administrativo de Casanare y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ocasión de las sentencias de tutela de 6 de abril de 2017 y 29 de junio de 2017, comoquiera que los argumentos que sustentan la solicitud de tutela de la referencia fueron puestos de presente por la parte actora en el proceso de tutela núm. 85001-23-33-002-2017-00051, los cuales fueron analizados y resueltos en dicha actuación judicial.
Respecto a los autos proferidos por el Tribunal Administrativo del Casanare el 30 de mayo, 18 de julio y 27 de septiembre de 2017, y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 2 de agosto y 13 de septiembre de 2017 dentro del trámite incidental y su grado jurisdiccional de consulta
121. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C – 590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, así:
122. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora María Cristina Palau Salazar invocados supra, en la medida que a su juicio fue sancionada con ocasión de una decisiones que le son imposibles de cumplir, como es el suministro de agua potable para cada uno de los reclusos del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Yopal en cantidad de 50 litros diarios, orden que, a su juicio, desconoce el sentido y alcance de la sentencia T-143 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, que estableció que el suministro es de 20 Litros por prisionero del patio dos de dicho establecimiento.
123. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]”.
124. Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes […]”.
125. En el caso sub examine, toda vez que se controvierte la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora María Cristina Palau Salazar invocados supra, por considerar que a su juicio fue sancionada sin que se reunieran los presupuestos de hecho necesarios para ello, la cuestión adquiere relevancia constitucional, en la medida que dicho trámite incidental hace parte del núcleo esencial de la solicitud de tutela y su incumplimiento, restringiría el equilibrio procesal de la actora.
126. Se cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificadas las providencias de 30 de mayo, 18 de julio y 27 de septiembre de 2017, proferidas por el Tribunal Administrativo de Casanare, y de 2 de agosto y 13 de septiembre de 2017, dictadas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
127. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales las accionantes puedan lograr la protección de los derechos invocados.
128. En la acción de tutela se alega un defecto procedimental, por lo que es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en las providencias objeto de inconformidad.
129. Las actoras identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega.
130. Se trate de tutela contra providencia judicial que resuelve un incidente de desacato, excepción prevista en la sentencia SU-627 de 2015. Sin embargo, es necesario precisar que el juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acción de tutela contra providencias proferidas durante el trámite incidental de desacato “[…] no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior, pues su análisis se encuentra limitado por las decisiones proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, esto, con relación a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante […]”, sin que esté facultado para revisar ni cambiar el alcance de las órdenes proferidas por el juez de tutela.
131. Adicionalmente, la Sala procede a analizar que: i) la providencia proferida dentro del trámite del incidente de desacato se encuentre ejecutoriada; ii) se reúnan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias generales; iii) se configure alguna de las causales específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; iv) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; v) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y vi) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio; requisitos de procedencia de la acción de tutela contra las decisiones proferidas en el trámite incidental de desacato, señalados por la Corte Constitucional.
132. Los autos proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 2 de agosto y el 13 de septiembre de 2017, mediante los cuales resolvió confirmar las sanciones por desacato impuestas a la señora María Cristina Palau Salazar en providencias respectivamente de 30 de mayo y 18 de julio anterior, se encuentran ejecutoriadas.
133. En la acción de tutela no existen alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato.
134. En la acción de tutela no existe la solicitud de pruebas.
135. Finalmente, la Sala analizara si el Tribunal Administrativo del Casanare y la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrieron en el defecto procedimental absoluto, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, con el fin de solucionar el caso concreto.
Defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
136. Dado que el actor denuncia la existencia de un defecto procedimental absoluto, es menester de la Sala poner de presente los planteamientos que al respecto ha expuesto la Corte Constitucional. En tal virtud, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto procedimental absoluto se configura cuando: i) el juez se aparta de las normas procesales ii) desconoce el procedimiento determinado por la ley iii) o al exceso ritual que anula la efectividad de los derechos fundamentales:
“[…] Este tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el operador judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.”
“[…] el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. El defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales. […]” .
137. Igualmente, la Corte señaló que si el desconocimiento del procedimiento es trascendental podría llegar a afectar de manera grave el derecho al debido proceso. En este sentido, señaló:
“[…] Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. No obstante, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto bajo estudio: a) Debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. Así por ejemplo, se configura un defecto procedimental cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-1246-08.htm" \l "_ftn16" \o "" [16]. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real – por ejemplo por que el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios –, no procederá la tutela. […]” (Resaltos de la Sala).
138. Teniendo en cuenta lo anterior, es de relevancia poner de presente que los accionantes enuncian este cargo sin manifestar dé qué manera las autoridades judiciales demandadas incurren en el mencionado defecto al proferir las decisiones dentro del trámite incidental de desacato de la acción de tutela con número único de radicación 85001-23-33-002-2017-00051, limitándose a señalar la vulneración del derecho al debido proceso.
Acervo y análisis probatorios
139. De conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, se encuentra acreditado que:
140. El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia proferida en primera instancia el 6 de abril de 2017, proferida dentro de la solicitud de tutela con núm. único de radicación 85001 23 33 000 2017 00051 00, amparó los derechos fundamentales a la salud y al agua de la población privada de la libertad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal y ordenó a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, como: i) medida provisional, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, adoptar las medidas necesarias para garantizar la adquisición y suministro de agua potable para consumo humano y de agua apta para otros usos humanos, en cantidad de 50 litros diarios por cada recluso con carácter permanente; y, ii) medida definitiva, en el lapso de tres (3) meses, en coordinación con el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, diseñar la solución estructural que requiera la infraestructura del sistema de captación (pozos profundos) y tratamiento de agua (PTAP) que preste el servicio para todos los usuarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, priorizando los que requieran los reclusos.
141. La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC- y el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-, impugnaron el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 6 de abril de 2017.
142. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de junio de 2017, confirmó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 6 de abril de 2017.
143. En cumplimiento de los requerimientos efectuados por el Tribunal Administrativo de Casanare antes y después de iniciado el primer incidente de desacato, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, mediante oficio sin número de 10 de mayo de 2017, informó al Tribunal que existía imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de tutela de 6 de abril de 2017, porque el suministro de agua potable requiere de la concurrencia de varias entidades y, había cumplido con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica del establecimiento penitenciario conforme a las prioridades del INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
144. Oficio núm. 120-1-GJCDT-E-2017-008400 de 23 de mayo de 2017, informó que: i) con los recursos de la vigencia 2016 y 2017, celebró contrato interadministrativo de gerencia de proyectos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, con el fin de llevar a cabo mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria; ii) cumplió con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica según las obras priorizadas por el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, en el marco del presupuesto establecido, empero el Instituto, a través del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, determina la frecuencia de suministro de agua para el establecimiento; iii) desde el año 2014 desarrolla proyectos de mantenimiento de la infraestructura carcelaria y, ejecución de obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento; y, iv) mediante contrato núm. 183 de 2015, llevó a cabo el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal.
145. El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante auto de 30 de mayo de 2017, proferido dentro del trámite incidental de desacato del fallo de tutela de 6 de abril de 2017, declaró que la señora María Cristina Palau Salazar en su calidad de Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, incumplió el fallo referido y, por tanto, la sancionó con multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
146. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 2 de agosto de 2017, confirmó la sanción tras considerar que si bien la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC- y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE suscribieron un contrato con el consorcio EPC Yopal con el objeto de “[…] mantenimiento y operación de un sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y un sistema de tratamiento de agua residual en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EPC Yopal - Casanare […]”, con miras a solucionar definitivamente la problemática objeto de la tutela, la realidad era que la suscripción de dicho contrato no significaba que a los reclusos se les estuviera garantizando día a día el suministro de agua en 50 litros.
147. En el trámite del segundo incidente de desacato la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, mediante oficio sin número de 12 de julio de 2017, insistió en la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de tutela de 6 de abril de 2017, porque a su juicio, el suministro de agua requiere de la intervención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal y el INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a quienes les corresponde: i) la infraestructura y mantenimiento de los establecimiento penitenciarios y carcelarios; ii) el suministro de agua; y, iii) definir los horarios de suministro.
148. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto de 18 de julio de 2017, proferido dentro del segundo trámite incidental de desacato del fallo de tutela de 6 de abril de 2017, declaró que la señora María Cristina Palau Salazar en su calidad de Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, incumplió el fallo referido y, por tanto, la sancionó con multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
149. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 13 de septiembre de 2017, modificó la sanción en el sentido de disminuir la multa a de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero mantuvo la declaración de incumplimiento.
150. En el trámite del tercer incidente de desacato la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, nuevamente informó la imposibilidad de cumplir la medida provisional relacionada con el suministro de agua potable en cantidad de 50 litros diarios por interno, debido a que, a su juicio, dicha orden difería de la impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017, que ordenó que el suministro de agua correspondía a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY. Adicionalmente, refirió que adicionó el contrato núm. 2016144 de 29 de noviembre de 2016, celebrado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, en el sentido de incluir actividades de recuperación de pozos profundos, y que en desarrollo de este se evidenciaron necesidades que afectaron la operación de los sistemas de tratamientos de agua; y, allegó: i) resumen diagnóstico comparativo general entre las necesidades identificadas y las actividades contratadas para los sistemas de tratamiento de agua potable y agua residual del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, elaborado por la Directora de la entidad, e ii) informe de mantenimiento elaborado por el Gerente del Contrato Interadministrativo núm. 216144, donde se precisaron las actividades de mantenimiento desarrolladas y las que obedecieron a la necesidad de atender la emergencia de abastecimiento de agua potable en la recuperación del pozo profundo núm. 1.
151. El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante auto de 27 de septiembre de 2017, proferido dentro del tercer trámite incidental de desacato del fallo de tutela de 6 de abril de 2017, declaró que la señora María Cristina Palau Salazar en su calidad de Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, incumplió el numeral 4º de la sentencia referida, relativas a las órdenes constitucionales definitivas impartidas en sentencia de 6 de abril de 2017 y, por tanto, la sancionó con multa de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
152. La Sala advierte que, según la información registrada en el Sistema de Información Judicial Colombiano, la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante providencia de 25 de enero de 2018, revocó la sanción, porque no se cumplió con el elemento subjetivo en la medida que la sancionada demostró la realización de gestiones y esfuerzos por mejorar el suministro de agua. No obstante lo anterior, instó a la entidad para que continuara adelantando las gestiones administrativas, presupuestales, contractuales, o las que correspondiera, de acuerdo a su competencia, para dar cabal cumplimiento a las órdenes impartidas en las sentencias de 6 de abril y 29 de junio de 2017.
Análisis del defecto alegado
153. Las actoras sostienen que el Tribunal Administrativo de Casanare y la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrieron en defecto procedimental absoluto, al vulnerar su derecho al debido proceso.
154. Respecto del defecto procedimental absoluto las accionantes señalaron que el Tribunal Administrativo del Casanare y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, vulneraron su derecho al debido proceso, sin exponer los motivos por los cuales consideran se configuró la vulneración, motivo por el cual la Sala hará un estudio de los trámites incidentales que culminaron con las providencias cuestionadas en sede de tutela dentro del trámite incidental de desacato de la acción de tutela con radicación núm. 85001-23-33-002-2017-00051.
155. De la revisión de los autos cuestionados, se advierte que en las referidas actuaciones incidentales se surtieron las etapas procesales correspondientes, respetando el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los incidentados, puesto que, previo a aperturar los tres (3) incidentes adelantados en contra de la señora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR en condición de directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, el Tribunal Administrativo de Casanare le requirió informar el estado de las actuaciones desplegadas para dar cumplimiento a los fallos de tutela.
156. En efecto, el Tribunal Administrativo del Casanare, previo a iniciar los incidentes, mediante autos de 2 de mayo, 20 de junio y 23 de agosto de 2017, requirió a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC., acreditar el cumplimiento de las medidas provisionales y definitivas impuestas en los fallos de tutela de 6 de abril y 29 de junio de 2007; informes que llevaron al juez constitucional de primera instancia a iniciar formalmente los incidentes a través de las providencias de 17 de mayo, 5 de junio y 13 de septiembre siguiente, trámite en el que la entidad ahora accionante intervino con los oficios de 23 de mayo y 12 de julio de 2017.
157. Además, el Tribunal Administrativo del Casanare, al resolver cada uno de los incidentes, tuvo en cuenta la identidad de la encargada de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, ello con el fin de garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa y al buen nombre de la persona natural contra quien se dirigía el incidente; así como los informes rendidos por ésta para verificar que el incumplimiento de la orden de tutela fue producto de negligencia, esto para comprobar la responsabilidad subjetiva del llamado a responder.
158. Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, refirió que el juez constitucional para determinar si el destinatario de la orden de tutela la cumplió en forma oportuna y completa, debe verificar a quien está dirigida la orden de tutela, cuál fue el término otorgado para ejecutarla y el alcance de la misma; adicionalmente, en caso de incumplimiento “[…] debe identificar las razones por las cuales se produjo […]”.
159. Asimismo, los artículos 16 y 52 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991 establecen que la apertura del trámite incidental debe notificarse en forma idónea al funcionario o particular responsable de cumplir la orden de tutela y, para determinar la responsabilidad subjetiva del incumplido, éste debe estar debidamente identificado comoquiera que, en el referido trámite incidental no se persigue a la entidad accionada como persona jurídica, sino al funcionario encargado de cumplir el fallo.
160 Para la Sala es claro que, en el presente caso, el juez constitucional, en los trámites sancionatorios, verificó en debida forma a quien correspondía cumplir los fallos de tutela, las notificó en debida forma y le garantizó en dicho trámite el derecho de defensa y contradicción, situación de desvirtúa la configuración del defecto alegado y la violación de los derechos fundamentales que solicita amparar.
161. Entonces, la valoración que realizó el Tribunal Administrativo de Casanare no fue arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretenden las actoras, por el contrario, se efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica en la que se determinó que la señora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR en condición de directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, incumplió las órdenes impartidas en las sentencias proferidas dentro del proceso de tutela con núm. único de radicación 85001 23 33 000 2017 00051 00, sin que la Sala esté facultada para revisar ni cambiar el alcance de éstas.
162. Finalmente, en lo que respecta a la providencia de 27 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, a través del cual se sancionó a la Directora de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, por persistir el incumplimiento de la obligación impuesta en el numeral 4º de la sentencia de 6 de abril de 2017, como se advirtió en líneas anteriores, tal sanción fue revocada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto de 25 de enero de 2018, proferida en el grado jurisdiccional de consulta del auto de la decisión de 27 de septiembre de 2017, proferida por el a quo, circunstancia por la que se considerar que la conducta alegada por las actoras como violatoria de los derechos fundamentales invocados, desapareció y, por tanto, la intervención del juez constitucional pierde eficacia.
163. En suma, el defecto alegado no se encuentra configurado, toda vez, que el Tribunal Administrativo del Casanare y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del trámite de los tres (3) incidentes de desacato, respetó el debido proceso de la parte actora y las decisiones fueron proferidas con observancia de las pruebas obrantes en el expediente.
Conclusiones de la Sala
164. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia en primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo de las actoras, en relación con las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 6 de abril de 2017, y la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 29 de junio de 2017, en la medida que la solicitud de tutela no reúne los requisitos de procedencia exigidos por la Corte Constitucional, en especial, el de cosa juzgada fraudulenta, para la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela.
166. Asimismo, la Sala confirmará la sentencia impugnada que negó el amparo invocado, respecto de los autos proferidos por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 30 de mayo, 18 de julio y 27 de septiembre de 2017, y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 2 de agosto y el 13 de septiembre de 2017, por cuanto los accionados no incurrieron en el defecto procedimental absoluto alegados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 10 de junio de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de septiembre de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, Número único de radicación 85001-23-33-000-2016-00131-01. Corte Constitucional, Sentencia T-641 de 9 de octubre de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
“Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”.
“[…] Por medio del cual se adopta el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC […]”. Para la fecha en que se inició el trámite incidental la Sección Cuarta del Consejo de Estado no había proferido la sentencia de 29 de junio de 2017. Folio 91 del expediente. Folio 92 ibidem. Folios 93 a 95 ibidem. Folios 116 a 124 ibidem. Folio 97 del expediente. Folio 109 del expediente. Folios 111 a 113 del expediente. Folios 127 a 133 del expediente. Folios 125 a 126 del expediente. Folio 134 del expediente. Del expediente no es posible establecer la fecha en la que la Entidad intervino en el trámite incidental; sin embargo, el informe que rindió se extrae de la providencia que impone la sanción. Corte Constitucional. Sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. Folios 197 a 200 del expediente. Corte Constitucional, Sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Cfr. Folios 58 y 59 del cuaderno de tutela. Corte Constitucional, Sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, Sentencia T-272 de 6 de mayo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 23 de enero de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Folio 206 del expediente. Cfr. Folio 219 cuaderno de tutela. Cfr. Folios 225 a 229 cuaderno de tutela. Cfr. Folios 244 a 246 del cuaderno de tutela. Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. Cfr. Folios 301 a 308 del expediente de tutela. Folios 318 a 323 del expediente.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Corte Constitucional, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sentencia SU- 1219 del 21 de noviembre de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-353 del 15 de mayo de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1.° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional. Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T- 014 del 22 de enero de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las sentencias T-763 de 1998, T-188 de 2002, T-086, T-421, T-459 y T-744 de 2003, T-368, T-939, T-944 y T-1113 de 2005 y T-994 de 2007. Corte Constitucional, Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T- 590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T- 143 del 7 de marzo de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
Ut supra página 6.
[] “[…] Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005. […]”.
[] “[…]En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales. […]”. Corte Constitucional, Sentencia T- 061 del 1.° de febrero de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. La Sala encuentra acreditado dentro del expediente que la providencia fue notificada el 14 de julio de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 6 de octubre de 2017. Sentencia T-944 de 2005. Corte Constitucional. Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, sentencia T-781 de 20 de octubre de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Núm. único de radicación T-3106156. Corte Constitucional, sentencia T-993 de 23 de octubre de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional. Sentencia T-1246 de 11 de diciembre de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Folios 81 a 90 del expediente de la referencia. Folios 98 a 108 del expediente de la referencia. Folios 93 a 95 del expediente de la referencia. Folios 116 a 124 del expediente de la referencia. Folios 111 a 113 del expediente de la referencia. Folios 116 a 124 del expediente de la referencia. Del expediente no es posible establecer la fecha en la que la Entidad intervino en el trámite incidental; sin embargo, el informe que rindió se extrae de la providencia que impone la sanción. Corte Constitucional. Sentencia T-143 de 7 de marzo de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. Folios 197 a 200 del expediente de la referencia.
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