Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02627-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra auto que resuelve incidente de desacato
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02627-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-02627-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
4 de mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD - Responsabilidad
El actor pretende mediante el ejercicio de la presente acción de tutela se inaplique la sanción por desacato impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante auto de 4 de julio de 2017, que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en auto de 13 de julio de 2017, al resolver el grado jurisdiccional de consulta de la decisión referida (…) La Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, les dio a los Oficios expedidos por las entidades accionadas el valor probatorio correspondiente (…) Nótese que la decisión se fundamentó con lo señalado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, como entidad encargada de impartir las instrucciones sobre la administración y el pago de los recursos dispuestos para la prestación del servicio de salud de las personas privadas de la libertad, en el sentido de indicar que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, como entidad prestadora de salud del INPEC, estaba en la posibilidad de atender lo dispuesto en la orden de amparo, es decir, que la USPEC en el ejercicio de sus funciones determinó que el cumplimiento de la orden dada en la solicitud de tutela era competencia del citado Consorcio (…) En consecuencia, el defecto fáctico alegado no se encuentra configurado, toda vez, que la valoración no fue arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende el actor, por el contrario, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica en la que se determinó que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, como entidad prestadora de salud del INPEC, estaba en la posibilidad de cumplimiento de la orden dada en la solicitud de tutela, sin que la Sala esté facultada para revisar ni cambiar el alcance de las órdenes proferidas.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / COSA JUZGADA - Configuración
Respecto a las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 30 de mayo de 2017 (…) teniendo en cuenta que la presente solicitud de amparo pretende controvertir la competencia del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL – 2017, como entidad prestadora de salud del INPEC, para dar cumplimiento al fallo de tutela de 2 de mayo de 2017 y que dicha providencia consideró que a la entidad referida, entre otras, le corresponde “[…] gestionar y proporcionar valoración, manejo por dermatología ordenado por el médico del CRIB y demás atención integral que se requiera al interno [H.C.U.] […]”, la Sala concluye que la presente solicitud de amparo comparte identidad procesal con la acción de tutela cuestionada sobre la cual operó la cosa juzgada y, por tanto, debe ser declarada improcedente. En ese sentido, es preciso resaltar que el objeto de la presente solicitud de tutela ya fue decidido en la sentencia de tutela de 2 de mayo de 2017, la cual fue confirmada mediante sentencia de tutela de 30 de mayo de 2017, y por tanto, no reúne los requisitos de procedencia exigidos por la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02627-01(AC)
Actor: MAURICIO IREGUI TARQUINO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE TUNJA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Mauricio Iregui Tarquino contra la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 18 de diciembre de 2017, por medio de la cual, por un lado, se declaró improcedente la solicitud de amparo en relación con las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 30 de mayo de 2017, y por otro lado, se negó la solicitud de amparo respecto a los autos proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 4 de julio de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 13 de julio de 2017, en el trámite incidental de desacato.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones, y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La solicitud
El actor, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, la defensa, la contradicción y el debido proceso, en que, a su juicio, incurrieron el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, al proferir la sentencia de 2 de mayo de 2017 y el auto de 4 de julio de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia de 30 de mayo de 2017 y el auto de 13 de julio de 2017.
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son las siguientes:
1.2.1. Señaló que el Juzgado Penal del Circuito, mediante sentencia de 11 de abril de 2013, declaró inimputable al señor Helber Correa Urrego, quien se encontraba privado de la libertad, por considerar que padecía la patología de “esquizofrenia indiferenciada”, y ordenó su traslado al Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá – CRIB, para adelantar el respectivo tratamiento.
1.2.2. Indicó que el señor Helber Correa Urrego, a través de la Defensoría Pública, interpuso solicitud de tutela ante el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales a la salud y la vida digna y, en consecuencia, se le ordenara a la Entidad Prestadora de Salud del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC que autorizara una cita dermatológica, adelantara todos los controles, los suministros y los medicamentos y realizara los procedimientos necesarios para mantener su vida y salud, en condiciones dignas.
1.2.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante sentencia de 2 de mayo de 2017, amparó el derecho fundamental a la salud del señor Helber Correa Urrego y ordenó al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 en su calidad de entidad prestadora de salud del INPEC, entre otros, gestionar y proporcionar la valoración, el manejo por dermatología ordenado por el CRIB y la atención integral en salud requerida, en los siguientes términos:
“[…]
Primero: Amparar el derecho fundamental a la salud del interno HELBER CORREA URREGO […].
Segundo: Ordenar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y al CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 que si aún no lo han hecho, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, procedan a gestionar y proporcionar valoración, manejo por dermatología ordenado por el médico del CRIB y demás atención integral que se requiera al interno HELBER CORREA URREGO […].
Tercero: Prevenir al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y al CONSOCRCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 para que, en adelante, protejan con sus actuaciones los derechos fundamentales de las personas usuarias del servicio de seguridad social y evite tratos negligentes hacia los mismos, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.
[…]” (Se resalta).
1.2.4. Sostuvo que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, mediante Oficio nro. 2017000084001 de 11 de mayo de 2017, solicitó ante el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja la nulidad de lo actuado por indebida notificación de la sentencia de 2 de mayo de 2017, sin obtener respuesta alguna.
1.2.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 30 de mayo de 2017, confirmó lo decidido por el a quo. La parte resolutiva de la providencia señala:
“[…]
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, el dos (02) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad propuesta por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL – 2017, en relación con la indebida notificación de la sentencia de primera instancia, por carecer de legitimación para ello de conformidad con el artículo 135 del C.G.P., conforme las razones expuestas.
CUARTO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
[…]” (Se resalta).
1.2.6. Explicó que, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en su condición de entidad prestadora de salud del INPEC, está integrado por las sociedades Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A. y funge como vocero del patrimonio autónomo Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad.
Asimismo, indicó que el Consorcio no era el competente para prestar los servicios médicos requeridos por el señor Helber Correa Urrego, dado que, al ser inimputable, su atención le correspondía al Ministerio de Salud y Protección Social.
1.2.6. Manifestó que, el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante auto de 15 de junio de 2017, ordenó la apertura del trámite incidental de desacato en su contra como representante del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, entre otros, por el presunto incumplimiento de la sentencia de 2 de mayo de 2017.
1.2.7. Señaló que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, a través del Oficio nro. 20171000108751 de 20 de junio de 2017, dentro del trámite incidental de desacato, rindió informe de cumplimiento, en el cual explicó que el señor Helber Correa Urrego no aparecía en las bases de datos de personas privadas de la libertad como destinatarios de los recursos del Fondo de Atención en Salud.
1.2.8. El Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante auto de 4 de julio de 2017, declaró que el actor incumplió lo dispuesto en la sentencia de 2 de mayo de 2017 y, por tanto, lo sancionó con una multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los siguientes términos:
“[…]
Primero. Declarar que: (i) el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, en su calidad de Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, (ii) la Doctora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, como Directora General de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y (iii) al Doctor MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, y (iv) el Doctor ENRIQUE GIL BOTERO, en calidad de MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y superior jerárquico del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC y de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, incurrieron en desobedecimiento de las órdenes dadas por este Juzgado en providencia proferida el día 2 de mayo de 2017.
Segundo. Ordenar que […] procedan a dar cumplimiento a las órdenes dadas por este despacho […].
Tercero. Sancionar a: (i) el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, en su calidad de Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, (ii) la Doctora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, como Directora General de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y (iii) al Doctor MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, y (iv) el Doctor ENRIQUE GIL BOTERO, en calidad de MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y superior jerárquico del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC y de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, cada uno con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberán consignar de su propio peculio dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión […]” (Se resalta).
1.2.9. Mencionó que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, a través del Oficio nro. 2017000121361 de 11 de julio de 2017, solicitó revocar la sanción que le fue impuesta, manifestando que existía imposibilidad fáctica y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 2 de mayo de 2017 y que el Ministerio de Salud y Protección Social era la entidad competente.
1.2.10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 13 de julio de 2017, al resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sanción impuesta mediante auto de 4 de mayo de 2017, modificó la sanción impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, pero mantuvo la declaración de incumplimiento y la sanción que le fue impuesta. La parte resolutiva de la providencia dispone:
“[…]
PRIMERO: MODIFICAR la sanción impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, mediante providencia de fecha cuatro (04) de julio de 2017, conforme a lo expuesto, la cual quedara de la siguiente forma:
Primero. Declarar que: (i) el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, en su calidad de Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, (ii) la Doctora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, como Directora General de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y (iii) al Doctor MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, incurrieron en desobedecimiento de las órdenes dadas por este Juzgado en providencia proferida el día dos (2) de mayo de 2017 (fls. 3 – 16).
Segundo. Ordenar que […] procedan a dar cumplimiento a las órdenes dadas por este despacho […].
Tercero. Sancionar a: (i) el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, en su calidad de Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, (ii) la Doctora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, como Directora General de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y (iii) al Doctor MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017; cada uno con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberán consignar de su propio peculio dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión […]” (Se resalta).
1.2.11. Señaló que el actor en su calidad de representante legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, mediante Oficio nro. 20171000162961 de 15 de septiembre de 2017, solicitó ante el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, la inaplicación de la sanción que le fue impuesta, solicitud que fue negada, mediante providencia de 18 de septiembre de 2017.
La solicitud de tutela
1.3.1. Pretensiones
El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…]
1. CONCEDER EL AMPARO de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia en conjunto con el principio de legalidad, seguridad jurídica, de la prevalencia del derecho sustancial, al debido proceso, derecho de defensa y contradicción.
[…]
3. ORDENE LA MODULACIÓN Y/O REVOCAR las providencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja, Boyacá, mediante fallo de 2 de mayo de 2017 y el trámite de segunda instancia conocido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante el cual resolvió confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja de 30 de mayo de 2017, toda vez que la orden de tutela va dirigida al Director General del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario INPEC, la Doctora María Cristina Palau Salazar como Directora General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, el doctor MAURICIO IREGUI TARQUINO en calidad de Representante Legal del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 quienes por imposibilidad jurídica pueden (SIC) dar cumplimiento al fallo, por lo tanto el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 y sus funcionarios Dr. MAURICIO IREGUI TARQUINO deben ser DESVINCULADOS del trámite incidental.
En consecuencia de lo anterior, se ORDENE la vinculación al fallo de tutela al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Entidad Promotora de Salud donde se encuentra afiliado el inimputable y las entidades territoriales del orden departamental, distrital o municipal que por ley y por competencia deben prestar servicios de salud que requiere el señor HELBER CORREA URREGO.
4. SE DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, desde el auto de 18 de abril de 2017 que admite la acción de tutela con el fin de que sean vinculadas las entidades a decir, el Ministerio de Salud y Protección Social, Entidad Promotora de Salud donde se encuentre afiliado el inimputable y las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital o municipal quienes son los llamados a materializar los servicios médicos que requiere el accionante.
[…]” (Se resalta)
En el escrito de la acción de tutela de la referencia, el actor reprocha el hecho de que el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá hayan considerado que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 como entidad prestadora de salud del INPEC, era el competente para dar cumplimiento a la sentencia de 2 de mayo de 2017 y, en consecuencia, le hayan impuesto sanción por su presunto incumplimiento.
En ese sentido, indicó que hubo un desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte Constitucional, en la sentencia T – 171 de 2009, según la cual “[…] la mera adecuación de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución y la Ley, en materia sancionatoria […]”.
Al respecto, advirtió que al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, le correspondía la contratación de la red prestadora de servicios de salud de las personas privadas de la libertad, a nivel intramural y extramural, según las instrucciones de la USPEC, en su calidad de fideicomitente del Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, conforme lo señala el Manual Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad del INPEC.
Informó que, la USPEC era la encargada de impartir las instrucciones sobre la administración y el pago de los recursos dispuestos para la prestación del servicio de salud de las personas privadas de la libertad, los cuales por ser de orden público requerían de la orden del fideicomitente para su disposición y, en esa medida, explicó que el Ministerio de Salud y Protección Social era el encargado de la atención en salud del señor Helber Correa Urrego y, en general, de las personas privadas de la libertad que eran declaradas inimputables.
Adicionalmente, presentó solicitud de medida provisional, con el fin de que se inaplicara la sanción impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante auto de 4 de julio de 2017, y se ordenara a la Oficina de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura de Boyacá, el levantamiento de la sanción impuesta.
1.3.2. Actuación
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 13 de octubre de 2017, inadmitió la solicitud de tutela y advirtió que quien actuaba como apoderado del actor, si bien tenía facultades para ejercer la representación legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, no estaba legitimado para ejercer su representación como Gerente de la entidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, el actor subsanó la solicitud de amparo, mediante escrito de 19 de octubre de 2017, en el cual indicó que presentaba la solicitud de amparo en nombre propio.
El a quo, mediante auto de 30 de octubre de 2017, admitió la acción de tutela y negó la medida provisional solicitada por el actor, por considerar que no se advertía una amenaza inminente de sus derechos fundamentales y no se contaba con el material probatorio suficiente para tomar una decisión anticipada al respecto.
Asimismo, dispuso notificar al Juez Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, concediéndoles un término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular y allegaran los documentos que pretendían hacer valer como pruebas.
De igual manera, ordenó comunicar la iniciación del presente trámite procesal a los ministros de Salud y Protección Social y de Justicia y del Derecho, a los directores del INPEC, el Fondo Nacional de Salud de las Personas de la Libertad, la USPEC, la Empresa Social del Estado CRIB, al Defensor del Pueblo Regional de Boyacá y al Alcalde de Tunja, con el fin de que en un término de tres (3) días para que manifestaran lo que consideraran pertinente sobre el particular.
1.3.3. Intervenciones de las partes accionadas y vinculadas
1.3.3.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante escrito de 7 de noviembre de 2017, informó que, mediante sentencia proferida en segunda instancia el 30 de mayo de 2017, resolvió la solicitud de nulidad interpuesta por el actor por indebida notificación, concluyendo que el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, notificó en legal forma la sentencia proferida en primera instancia el 2 de mayo de 2017.
Señaló que la sentencia de 30 de mayo de 2017, se fundamentó en la impugnación presentada por la USPEC, en la cual solicitó revocar la sentencia de 2 de mayo de 2017, por considerar que según lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil nro. 331 de 27 de diciembre de 2016, los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad debían destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y la prevención de enfermedades de esa población.
Explicó que, de conformidad con los artículos 465 y 466 de la Ley 906 de 31 de agosto de 2004, el tratamiento de los reclusos inimputables como es el caso del señor Helber Correa Urrego, está a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al cual le corresponde ejecutar las medidas tendientes a su protección y seguridad.
Respecto el grado jurisdiccional de consulta, señaló que el Tribunal verificó las personas que debían cumplir la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017, el término concedido para tal propósito y si se había acatado la orden de tutela, y concluyó que los incidentados habían incurrido en el incumplimiento de lo establecido por el juez de tutela.
1.3.3.2. El Juez Sexto Administrativo de Tunja, mediante escrito de 9 de noviembre de 2017, advirtió que en el caso sub examine no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 no impugnó la sentencia de tutela de 2 de mayo de 2017, toda vez que la impugnación la presentó la USPEC. Asimismo, indicó que no existía prueba sumaria de un perjuicio irremediable.
En ese sentido, explicó que los argumentos esbozados en la solicitud de amparo buscan suplir la impugnación que no se interpuso contra la sentencia de tutela de 2 de mayo de 2017, pretendiendo así retomar una controversia que ya fue materia de decisión.
1.3.3.3. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, mediante escrito de 9 de noviembre de 2017, señaló que en el trámite de la solicitud de amparo la entidad informó que la asistencia en salud de pacientes correspondía al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, como entidad prestadora de salud del INPEC.
Asimismo, explicó que la atención del señor Helber Correa Urrego le correspondía a dicho Consorcio, dado que es la entidad encargada de administrar los dineros y garantizar los pagos para la atención integral en salud de la población privada de la libertad, según lo establecido en el contrato de fiducia mercantil nro. 331 de 27 de diciembre de 2016.
1.3.3.4. La Defensoría del Pueblo, Regional Boyacá, mediante escrito de 9 de noviembre de 2017, adujo que si bien presentó la solicitud de tutela con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00, lo cierto fue que nunca promovió incidente de desacato sobre el particular.
1.3.3.5. La Alcaldía de Tunja, mediante escrito de 10 de noviembre de 2017, informó que la Secretaria de Salud de Boyacá certificó que dentro de la población privada de la libertad inimputable se encontraba el señor Helber Correa Urrego, y en ese sentido, solicitó su afiliación a una EPS del régimen subsidiado.
1.3.3.6. La Directora (E) de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante escrito de 7 de noviembre de 2017, manifestó que la asignación de cupos para el cumplimiento de detención domiciliaria de inimputables está a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, dado que le corresponde la asignación de recursos para tal propósito.
1.3.3.7. El Ministro de Salud y Protección Social y los directores del INPEC, el Fondo Nacional de Salud de las Personas de la Libertad, la USPEC, la Empresa Social del Estado CRIB, guardaron silencio.
La sentencia impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2017, resolvió lo siguiente:
“[…]
PRIMERO. Declárase improcedente la solicitud de amparo elevada por el señor Mauricio Iregui Tarquino, en relación con las sentencias de tutela de 2 y 30 de mayo de 2017, proferidas respectivamente por el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones anotadas en precedencia.
SEGUNDO. Niégase la solicitud de amparo respecto de los autos de 4 y 13 de julio de 2017, proferidos respectivamente por el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de los cuales se impuso y posteriormente se confirmó en sede de consulta, respectivamente, la sanción por desacato impuesta al demandante, de acuerdo con las consideraciones de este proveído.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase al Juzgado Sexto Administrativo de Tunja, Boyacá, el expediente 15001-33-33-006-2017-00047-00, que corresponde al incidente de desacato promovido por la trabajadora social del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB), por incumplimiento del fallo de tutela de 2 de mayo de 2017, que amparó los derechos fundamentales del señor Helber Correa Urrego, el cual fue suministrado por esa autoridad judicial, en calidad de préstamo, mediante el oficio PGPC-909-2017-02627 de 4 de diciembre de 2017.
[…]” (Se resalta).
La Sección Quinta declaró improcedente la solicitud de tutela en relación con las sentencias de tutela de 2 y 30 de mayo de 2017, por considerar que se trataba de una tutela contra tutela, que compartía identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, dado que las pretensiones del actor se orientaban a controvertir la competencia del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, para disponer la prestación del servicio de salud requerido por el señor Helber Correa Urrego, lo cual ya había sido objeto de debate en el expediente con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00.
Asimismo, negó la solicitud de amparo en relación con los autos de 4 y 13 de julio de 2017, por estimar que no había configuración de ningún defecto, dado que el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato debía limitarse a la conducta desplegada por el juez durante el trámite incidental, sin consideración alguna de la sentencia de la cual se analiza el presunto incumplimiento, dado que lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada.
En ese sentido, consideró que la competencia del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 y su aptitud para ser destinatario de la orden de amparo fueron definidas a través de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia de la solicitud de amparo.
Advirtió que si el actor consideraba que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, no era el destinatario del fallo de tutela de 2 de mayo de 2017 debió haber interpuesto impugnación contra la providencia referida.
Al respecto, indicó que si bien el actor manifestó no haber impugnado el fallo de 2 de mayo de 2017 por presuntas irregularidades en su notificación, lo cierto es que el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 30 de mayo de 2017, rechazó dicha solicitud, por considerar que el consorcio demandado fue notificado en debida forma en los correos electrónicos aportados con la contestación.
Asimismo, señaló que dicha controversia no era objeto del trámite de tutela.
Explicó que, la Corte Constitucional, mediante sentencia T – 1113 de 2005, estableció sobre las acciones de tutela interpuestas contra decisiones proferidas en el marco de incidentes de desacato que “[…] no está autorizado, […] para volver a abrir el debate sobre la cuestión de fondo originalmente definida ni para cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes proferidas […]”.
Respecto al argumento del actor referente a la imposibilidad de cumplimiento del fallo de tutela de 2 de mayo de 2017, señaló que la Corte Constitucional, en la sentencia anteriormente citada estableció que los términos de la decisión de amparo son inmodificables, salvo circunstancias excepcionales que den lugar a la necesidad de modificarla, tal como sucede cuando la orden es de imposible cumplimiento.
En ese sentido, aclaró que en el caso sub examine no se advertía imposibilidad en el cumplimiento del fallo de tutela de 2 de mayo de 2017, dado que la USPEC, en su condición de fideicomitente del contrato de fiducia mercantil nro. 331 de 2016, informó que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 estaba en la posibilidad de atender lo dispuesto en la orden de amparo.
La impugnación
El actor, mediante escrito de 17 de enero de 2018, solicitó “modificar” el fallo de tutela de 18 de diciembre de 2017, y en su lugar, conceder el amparo de sus derechos fundamentales, por considerar que la Sección Quinta del Consejo de Estado dio por hecho lo manifestado por la USPEC, sin realizar un análisis de los antecedentes legales y jurisprudenciales de la prestación en salud de inimputables con medida de seguridad.
En efecto, el actor sostiene que el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá al sancionarlo por desacato, incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte Constitucional, en la sentencia T – 171 de 2009, al no modificar la orden de desacato y, en defecto fáctico, en la medida que de las pruebas obrantes en el expediente no se colige su responsabilidad por el no cumplimiento de la sentencia de tutela.
Asimismo, solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la acción de tutela con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 18 de abril de 2017, por la ausencia de vinculación del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad promotora de salud en que se encuentre afiliado el inimputable y las entidades territoriales del orden departamental, distrital o municipal, por ser los competentes para materializar los servicios médicos requeridos por el señor Helber Correa Urrego.
En igual forma, solicitó ordenar la modulación y revocatoria de las providencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017, y el Tribunal Administrativo de Tunja, el 30 de mayo de 2017, por la imposibilidad jurídica del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 de dar cumplimiento a la orden de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
Generalidades de la tutela
La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si, por un lado, el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, al proferir la sentencia de 2 de mayo de 2017 y el auto de 4 de julio de 2017 y, por el otro, el Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia de 30 de mayo y el auto de 13 de julio de 2017, incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en defecto fáctico.
Para resolver el presente problema jurídico la Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, iv) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, v) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y, finalmente, la vi) la solución del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “[…] de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial […]”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela, en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya enunciados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela
La Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-1219 de 2001, frente a la improcedencia de la acción de tutela contra tutela, consideró lo siguente:
“[…]
Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los mismos. Es así como la misma Constitución en su artículo 86 inciso 2, segunda oración, dispone:
"El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión."
El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por él – la revisión.
3.2 La intención del legislador colombiano, cuando reguló el procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue excluir tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40, parágrafo 4º del D. 2591 de 1991). Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, por considerar la Corte que la tutela contra providencias judiciales era contraria a la Constitución –, lo cierto es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra decisiones judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente. Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó de la integración normativa que en la C-543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún caso hubo un estudio de fondo sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería proceder la tutela contra fallos de tutela.
Ahora bien, la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De allí la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la revisión eventual, con miras a garantizar la unificación de criterios y la supremacía constitucional. Todo ello por decisión del Constituyente, que optó por regular de manera directa la acción de tutela y no siguió la técnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental.
[…]” (Se resalta).
Esta postura fue recogida en la sentencia T-353 de 2012, de esa misma Corporación, en la que se admitió la posibilidad de instaurar acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias de jueces de tutela, siempre que no se trate de la sentencia, sino, por ejemplo, del incidente de desacato o de autos emitidos en el curso del proceso tutelar.
En ese sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 627 de 2015, unificó su jurisprudencia sobre las reglas para que proceda la tutela contra sentencias de tutela, entre otras, las siguientes:
i) Por lo general no procede la acción de tutela contra sentencias de tutela. Ello no admite excepción cuando la tutela ha sido proferida por la Corte Constitucional ya sea en su Sala Plena o en las Salas de Revisión. En tal caso solo procede el incidente de nulidad ante la Corte Constitucional.
ii) Si la sentencia ha sido proferida por otro juez o tribunal la acción de tutela puede proceder de manera excepcional cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando además de los requisitos generales se satisfagan las siguientes exigencias: a) que la tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir que no se esté en presencia de la cosa juzgada; b) que se pruebe de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude; y c) que no exista otro mecanismo legal para resolver tal situación.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato
La Corte Constitucional, ha señalado la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, en el evento en que dentro de dicho trámite se produzca la vulneración de derechos fundamentales, en especial, el debido proceso de las personas que fueron parte de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T – 014 de 2009, expuso lo siguiente:
“[…] De otra parte, esta corporación ha reconocido la posibilidad de que, con ocasión de la aplicación de alguna de estas medidas que buscan garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos de esa misma naturaleza, particularmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las dos partes que como demandante y demandado participaron en el trámite de la ya resuelta acción de tutela.
Esta circunstancia puede afectar a quien inicialmente solicitó la protección tutelar, si la renuencia de quien fue demandado continúa impidiendo el efectivo disfrute del derecho fundamental cuya protección fue judicialmente ordenada, y el juez que conoce del incidente se niega, injustificadamente, a reconocer el desacato que se ha planteado. Del otro lado, el demandado también puede ver lesionado su derecho al debido proceso, especialmente si se le sanciona sin que se reúnan los presupuestos de hecho necesarios para ello.
Por todo lo anterior, en varias oportunidades ha reconocido esta corporación que, excepcionalmente, es posible cuestionar, mediante el uso de la acción de tutela, la decisión del incidente de desacato que hubiere sido promovido por el actor de otra acción de tutela previamente tramitada, posibilidad que, según lo antes explicado, está abierta tanto a la persona que hubiere resultado sancionada al término de dicho incidente, como al demandante que solicitó la apertura de aquél […]” (Se resalta).
Asimismo, la Corte Constitucional señaló como requisitos para su procedencia, que i) la providencia proferida dentro del trámite del incidente de desacato se encuentre ejecutoriada; ii) se reúnan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias generales; iii) se configure alguna de las causales específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; iv) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; v) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y vi) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
La Sala, para un mejor entendimiento de los asuntos, analizará las pretensiones planteadas por el actor de forma individual, así:
1.- Realizará el estudio de la presunta vulneración de derechos fundamentales en que incurrió el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, al proferir la sentencia de 2 de mayo de 2017, por medio de la cual se amparó el derecho fundamental a la salud del señor Helber Correa Urrego y se ordenó, entre otros, al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 gestionar y proporcionar la valoración y el manejo por dermatología ordenado por el CRIB y la demás atención integral requerida por el señor Correa Urrego, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 30 de mayo de 2017, al confirmar dicha decisión.
2.- Posteriormente, se realizará el estudio de la presunta vulneración de derechos fundamentales en que incurrió el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, al proferir el auto de 4 de julio de 2017, por medio del cual declaró que, entre otros, el doctor Mauricio Iregui Tarquino incumplió la orden de tutela de 2 de mayo de 2017 y lo sancionó con una multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y el Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir el auto de 13 de julio de 2017, al confirmar dicha decisión.
Respecto a las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 30 de mayo de 2017
De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que la presente solicitud de amparo pretende controvertir la competencia del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL – 2017, como entidad prestadora de salud del INPEC, para dar cumplimiento al fallo de tutela de 2 de mayo de 2017 y que dicha providencia consideró que a la entidad referida, entre otras, le corresponde “[…] gestionar y proporcionar valoración, manejo por dermatología ordenado por el médico del CRIB y demás atención integral que se requiera al interno HELBER CORREA URREGO […]”, la Sala concluye que la presente solicitud de amparo comparte identidad procesal con la acción de tutela cuestionada sobre la cual operó la cosa juzgada y, por tanto, debe ser declarada improcedente.
En ese sentido, es preciso resaltar que el objeto de la presente solicitud de tutela ya fue decidido en la sentencia de tutela de 2 de mayo de 2017, la cual fue confirmada mediante sentencia de tutela de 30 de mayo de 2017, y por tanto, no reúne los requisitos de procedencia exigidos por la Corte Constitucional.
Respecto a los autos proferidos por Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 4 de julio de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 13 de julio de 2017
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C – 590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, así:
i). Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la presunta vulneración del derecho fundamental del actor invocado supra, en la medida que a su juicio fue sancionado sin que se reunieran los presupuestos de hecho necesarios para ello.
Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
En el caso sub examine, toda vez que se controvierte la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor invocados supra, por considerar que a su fue sancionado sin que se reunieran los presupuestos de hecho necesarios para ello, la cuestión adquiere relevancia constitucional, en la medida que dicho trámite incidental hace parte del núcleo esencial de la solicitud de tutela y su incumplimiento, restringiría el equilibrio procesal del actor.
ii) Se cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 13 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
iii) No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados.
iv) En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad.
v). El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.
vi). Es necesario precisar que el juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acción de tutela contra providencias proferidas durante el trámite incidental de desacato “[…] no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior, pues su análisis se encuentra limitado por las decisiones proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, esto, con relación a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante […]”, sin que esté facultado para revisar ni cambiar el alcance de las órdenes proferidas por el juez de tutela.
Adicionalmente, la Sala procede a analizar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, señalados por la Corte Constitucional y que se encuentran enunciados en el numeral 2.6 de la presente providencia, así:
vii) El auto proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 13 de julio de 2017, mediante el cual resolvió confirmar la sanción por desacato impuesta al actor en providencia de 4 de julio de 2017, se encuentra ejecutoriada.
viii). En la acción de tutela no existen alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato.
ix). En la acción de tutela no existe la solicitud de pruebas.
x) Finalmente, la Sala analizara si el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrieron en el defecto sustantivo por desconocimiento de precedente judicial como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, con el fin de solucionar el caso concreto.
2.8.2.1. Defecto sustantivo por desconocimiento de precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
En relación con el defecto de desconocimiento de precedente judicial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente el concepto de precedente jurisprudencial, definiéndolo así:
“[…] Conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]”. (Se resalta)
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección al acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial, está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical), o por el mismo juez o funcionario judicial de igual jerarquía (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Se resalta)
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior, se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente; y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “[…] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]”, para lo cual resulta obligatorio referirse a éste –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto de desconocimiento de precedente judicial, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.8.2.2. Defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales - reiteración jurisprudencial
Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución”[...]”.
En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera: i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial.
Además, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas.
Dijo la Corte:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”
Análisis del caso concreto
El actor pretende mediante el ejercicio de la presente acción de tutela se inaplique la sanción por desacato impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante auto de 4 de julio de 2017, que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en auto de 13 de julio de 2017, al resolver el grado jurisdiccional de consulta de la decisión referida, dentro de la acción de tutela con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
De conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, se encuentra acreditado que:
El Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante sentencia proferida en primera instancia el 2 de mayo de 2017, proferida dentro de la solicitud de tutela con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00, amparó el derecho fundamental a la salud del señor Helber Correa Urrego y ordenó al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, entre otros, prestarle atención integral en salud.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC- fue la única entidad demandada que impugnó el fallo proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 30 de mayo de 2017, confirmó la providencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017.
El apoderado especial del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, mediante Oficios nros. 20171000162961 de 15 de junio de 2017, 20171000108751 de 20 de junio de 2017, 20171000121361 de 11 de julio de 2017, 20171000162961 de 15 de septiembre de 2017, 2017100018891 de 18 de octubre de 2017, informó al Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja que existía imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de tutela de 2 de mayo de 2017, dado que no le correspondía prestar servicios médicos a personas que no aparecieran registrados en su base de datos de personas privadas de la libertad.
Oficios de 17 de julio y 19 de octubre de 2017 expedidos la Coordinadora del Grupo Jurisdicción Coactiva, Defensa Judicial y Tutelas de la USPEC, mediante escritos de 17 de julio y 19 de octubre de 2017, en los cuales requirió al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 para que remitiera los documentos que acreditaban el cumplimiento de lo solicitado por el señor Helber Correa Urrego.
El apoderado especial del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, mediante Oficio nro. 20171000116771 de 4 de julio de 2017, informó a la USPEC, que el señor Helber Correa Urrego no se encontraba registrado en la base de datos de la población privada de la libertad y, por tanto, no le podía prestar servicios integrales de salud.
El Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, mediante auto de 4 de julio de 2017, proferido dentro del trámite incidental de desacato del fallo de tutela de 2 de mayo de 2017, declaró que el actor, entre otros, incumplió el fallo referido y, por tanto, lo sancionó con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 13 de julio de 2017, modificó la sanción, pero mantuvo la declaración de incumplimiento y la sanción que le fue impuesta al actor, en los siguientes términos:
“[…]
PRIMERO: MODIFICAR la sanción impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, mediante providencia de fecha cuatro (04) de julio de 2017, conforme a lo expuesto, la cual quedara de la siguiente forma:
Primero. Declarar que: (i) el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, en su calidad de Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, (ii) la Doctora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, como Directora General de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y (iii) al Doctor MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, incurrieron en desobedecimiento de las órdenes dadas por este Juzgado en providencia proferida el día dos (2) de mayo de 2017 (fls. 3 – 16).
Segundo. Ordenar que […] procedan a dar cumplimiento a las órdenes dadas por este despacho […].
Tercero. Sancionar a: (i) el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, en su calidad de Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, (ii) la Doctora MARÍA CRISTINA PALAU SALAZAR, como Directora General de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, y (iii) al Doctor MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017; cada uno con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberán consignar de su propio peculio dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión […]” (Se resalta).
En ese sentido, aclaró que en el caso sub examine no se advertía imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia de tutela de 2 de mayo de 2017, dado que la USPEC, en su condición de fideicomitente del contrato de fiducia mercantil nro. 331 de 2016, informó que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 estaba en la posibilidad de atender lo dispuesto en la orden de amparo, dado que una de sus obligaciones era “[…] contratar la prestación de servicios de salud de apoyo, diagnóstico y terapéutico que se requieran para complementar la oferta de servicios de salud a la PPL […]”.
El actor sostiene que el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrieron en defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial establecido por la Corte Constitucional, en la sentencia T – 171 de 2009.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
Ahora, frente al desconocimiento del precedente judicial el actor no argumentó por qué la sentencia T-171 de 2009 constituía un precedente judicial de aplicación obligatoria en el presente caso, teniendo el deber en su escrito de tutela de i) identificar de manera razonable los hechos de ambas sentencias para concluir si la situación fáctica abordada en la sentencia T-171 de 2009 era similar al decidido por la sentencia atacada; ii) identificar la regla jurisprudencial (ratio decidendi) aplicable al caso; y iii) evidenciar como las providencias atacadas estaban vulnerando sus derechos fundamentales. Ninguno de estos tres requisitos se cumplieron en la solicitud de amparo que se estudia.
Así las cosas, es importante resaltar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela, no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, entre otros aspectos .
Defecto fáctico
Respecto del defecto fáctico alegado, la Sala debe referirse a lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando se alega un defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio:
“[…] De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso” Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Quiere ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial […]”.
En otros pronunciamientos frente al defecto fáctico, también ha dicho la Corte.
“[…] También la jurisprudencia Constitucional ha precisado que en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[…]”.
La Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, les dio a los Oficios expedidos por las entidades accionadas el valor probatorio correspondiente. Obsérvese que, conforme lo señalado por el a quo, además de las afirmaciones realizadas por el actor, de los mismos no se desprende la falta de competencia del Consorcio para el cumplimiento del fallo de tutela de 2 de mayo de 2017.
Nótese que la decisión se fundamentó con lo señalado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-, como entidad encargada de impartir las instrucciones sobre la administración y el pago de los recursos dispuestos para la prestación del servicio de salud de las personas privadas de la libertad, en el sentido de indicar que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, como entidad prestadora de salud del INPEC, estaba en la posibilidad de atender lo dispuesto en la orden de amparo, es decir, que la USPEC en el ejercicio de sus funciones determinó que el cumplimiento de la orden dada en la solicitud de tutela era competencia del citado Consorcio, requiriéndolo en diversas oportunidades para que allegara los documentos que demostraran el cumplimiento de la orden de tutela.
En consecuencia, el defecto fáctico alegado no se encuentra configurado, toda vez, que la valoración no fue arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende el actor, por el contrario, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica en la que se determinó que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, como entidad prestadora de salud del INPEC, estaba en la posibilidad de cumplimiento de la orden dada en la solicitud de tutela, sin que la Sala esté facultada para revisar ni cambiar el alcance de las órdenes proferidas.
De la solicitud de nulidad
Finalmente, es preciso indicar que en la solicitud de tutela, el actor indicó que una de sus pretensiones era que se declarara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 18 de abril de 2017, dentro de la acción de tutela con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00.
Al respecto, afirmó que “[…] el Ministerio de Salud y Protección Social, Entidad Promotora de Salud donde se encuentre afiliado el inimputable y las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital o municipal quienes eran los llamados a materializar los servicios médicos […]” requeridos por el señor Helber Correa Urrego no fueron vinculadas dentro de la acción de tutela referida, aun cuando a su juicio eran las entidades competentes para dar cumplimiento al fallo de 2 de mayo de 2017.
En relación con dicha solicitud, la Sala no realizará pronunciamiento alguno, dado que se dirige a cuestionar las actuaciones procesales surtidas en el proceso de amparo que se resolvió mediante la sentencia de 2 de mayo de 2017, cuya decisión se confirmó mediante providencia de 30 de mayo de 2017, razón por la cual, cualquier cuestión sobre el particular debió alegarse en dicha instancia y no en el presente trámite de tutela.
Conclusiones de la Sala
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que, por un lado, declaró improcedente la solicitud de amparo en relación con las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 2 de mayo de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 30 de mayo de 2017, y por el otro lado, negó la solicitud de amparo respecto a los autos proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad de Tunja, el 4 de julio de 2017, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 13 de julio de 2017, en el trámite incidental de desacato.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 18 de diciembre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folios 248 a 158 Cuaderno Nro. 2. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Folios 1 a 11, Cuaderno 2. Folio 58, Cuaderno 2.
“ENTIDAD COMPETENTE. El tratamiento de los inimputables por trastorno mental estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección y seguridad.
“INTERNACIÓN DE INIMPUTABLES. El juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordenará la internación del inimputable comunicando su decisión a la entidad competente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de que se asigne el centro de Rehabilitación. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pondrá a disposición del Centro de Rehabilitación el inimputable. Cuando el inimputable no esté a disposición del Inpec, el despacho judicial debe coordinar con la autoridad de policía y la respectiva Dirección Territorial de Salud su traslado al Centro de Rehabilitación en Salud Mental autorizado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si el inimputable queda a disposición de los parientes, estos se comprometerán a ejercer la vigilancia correspondiente y rendir los informes que se soliciten; su traslado se hará previo el otorgamiento de caución y la suscripción de la respectiva diligencia de compromiso. La autoridad o el particular, a quienes se haya encomendado el inimputable, trimestralmente rendirán los informes al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.”
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”
Folios 125 a 129, Cuaderno 2. Folios 131 a 134, Cuaderno 2. Folio 143, Cuaderno 2. Folios 146 a 148, Cuaderno 2. Folio 245, Cuaderno 2. Folios 248 a 258, Cuaderno 1. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Folios 283 a 286, Cuaderno 1. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional. Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las sentencias T-763 de 1998, T-188 de 2002, T-086, T-421, T-459 y T-744 de 2003, T-368, T-939, T-944 y T-1113 de 2005 y T-994 de 2007. Sentencia T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Ut supra página 6.
[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. La Sala encuentra acreditado dentro del expediente que la providencia fue notificada el 14 de julio de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 6 de octubre de 2017. Sentencia T-944 de 2005. Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T- 760A de 2011. Magistrado ponente: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204/08, MP: Dr. Hernando Herrera Vergara). Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M.P.: Dr. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M.P.: Dr. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017. Magistrado ponente: Roberto Augusto Serrano Valdés, Rad. 11001-03-15-000-2017-00420-00. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2013. Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Folios 3 a 16, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folios 219 a 232, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folios 433 y 434, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folios 165 y 166, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00.
Folios 265 a 267, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folios 343 a 348, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folio 386, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folios 191 a 201, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folios 343 a 357, expediente contentivo de la acción de tutela identificada con nro. único de radicación 15001 33 33 006 2017 00047 00. Folios 130 a 134, Cuaderno 2. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. T-107-2014
Ibídem
Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Cfr. Sentencia T-214 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal. Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
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