Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02676-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2017-02676-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02676-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-02676-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
25 de enero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / COMPATIBILIDAD ENTRE EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DE MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA Y PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / DESCUENTO A PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DE SUMAS PAGADAS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE - Improcedencia
[P]ara esta Sala resulta claro que el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, establece que no es admisible el descuento de lo pagado por concepto de indemnización y cesantías por muerte a los familiares a quienes, posteriormente, les sea reconocida la pensión de sobrevivientes con fundamento en el Régimen General, por ser más favorable que el de la fuerza pública (…) La indemnización por muerte del Agente, las cesantías y la pensión de sobrevivientes, son prestaciones independientes, en tanto, el derecho a recibir las dos primeras se causa como consecuencia del fallecimiento del uniformado (…) siendo su finalidad eminentemente resarcitoria, mientras que la última busca lograr los postulados de justicia retributiva y equidad; así como proteger al núcleo familiar que queda desamparado por la muerte de quien lo sostenía económicamente (…) En ese contexto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, desconoció el precitado criterio jurisprudencial emanado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que ha mantenido una interpretación estable relativa a la improcedencia de ordenar el descuento del pago por compensaciones cuando se otorgue la pensión de sobreviviente, ya que no son excluyentes la una de la otra. Ahora, si no compartía dicha posición tampoco cumplió con la carga argumentativa de explicar las razones por las que descartaba los precedentes del Máximo Órgano de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 46 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 47 / LEY 100 DE 1933 - ARTÍCULO 48 / DECRETO 1213 DE 1990 - ARTÍCULO 121
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la coexistencia de la pensión de sobrevivientes y la indemnización por muerte de un miembro de la fuerza pública, ver las sentencias del 12 de mayo de 2012, exp. 17001-23-31-000-2006-01111-01(1578-09), M.P. Alfonso Vargas Rincón, del 07 de febrero de 2013, exp. 05001-23-31-000-2008-01384-01(0998-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve, del 13 de febrero de 2014, exp. 68001-23-31-000-2006-03190-01(1655-13), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, todas de esta Corporación.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02676-00(AC)
Actor: ELIDE ISOLINA ARIAS Y SILVESTRE DURAN LINDARTE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por los señores Elide Isolina Arias y Silvestre Duran Lindarte por la vulneración de los derechos fundamentales referidos, en que presuntamente incurrió la Sección Segunda Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 24 de mayo de 2017.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones, y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
Los señores ELIDE ISOLINA ARIAS Y SILVESTRE DURAN LINDARTE, por intermedio de apoderado especial, presentaron solicitud de tutela contra la SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, al ordenarles como consecuencia del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, restituir el valor que a título de indemnización, por la muerte de su hijo, les reconocieron hace más de 26 años, decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación nro. 11001-33-35-026-2013-00209-01
Hechos
Los señores ELIDE ISOLINA ARIAS Y SILVESTRE DURAN LINDARTE presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, para que se revisara la legalidad de los oficios nros. 00431/PN-SESOG-AJUSE, de 27 de enero de 1993 y S-2012-175944-Dipon/ARPRE-GROIN 22, de 10 de julio de 2012, mediante los cuales se les negó el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, el Agente Daniel Omar Duran Arias. Y a título de restablecimiento reclamaron el reconocimiento de dicha prestación.
El conocimiento de tal trámite le correspondió al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá, con la radicación número 11001-33-35-026-2013-00209-00, que con sentencia de 30 de junio de 2015 accedió a las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordenó “[…] reconocer, liquidar y pagar pensión de sobrevivientes a los señores SILVESTRE DURAN LINDARTE Y ELIDE ISOLINA ARIAS […] a partir del 11 de febrero de 1991, en cuantía del cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual básico devengado en vida por el señor Daniel Omar Duran Arias y en partes iguales entre los beneficiarios, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído […]”, con efectividad fiscal desde el 8 de junio de 2008.
La Policía Nacional formuló recurso de apelación contra la anterior decisión la cual fue resuelta, por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con providencia de 24 de mayo de 2017, a través, de la cual modificó los ordinales segundo y tercero del fallo atacado en el sentido de: i) declarar la prescripción respecto a las mesadas no percibidas en la pensión de sobrevivientes de los accionante, anteriores al 8 de Junio de 2009 y ii) ordenar a la Policía Nacional que efectúe “[…] el descuento de lo pagado por concepto de indemnización por muerte y cesantías, en la proporción en la que les fue reconocido (sic) a los demandantes, suma que deberá ser actualizada a valor presente y deducirse del valor retroactivo que resulte a su favor. En caso de no ser suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda que les corresponde, la entidad efectuará una serie de descuentos mensuales, iguales hasta completar el capital adeudado, los cuales deben ser establecidos de acuerdo a la capacidad económica de las beneficiarias, […]”.
El ad quem fundamentó la aludida retribución, del monto de la indemnización por muerte y cesantías del policial, en el principio de inescindibilidad de las leyes, según el cual, si las pretensiones de los accionantes fueron concedidas con base en el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, no es posible recurrir “[…] a lo dispuesto en el régimen especial de la Policía Nacional […]”, que si prevé esa dadiva, toda vez que la remisión a un sistema debe ser total, sin que sea admisible “[…] escoger lo más beneficioso del régimen especial y lo más beneficioso del régimen general […]”, y como esta última normativa no “[…] contempla el pago de las prestaciones por muerte, no tiene asidero legal su reconocimiento […]”. Finalmente precisó que un entendimiento contario “[…] generaría una inconstitucional desigualdad pues a unos se les extenderían beneficios por favorabilidad quedando con pensión e indemnización y a otros, solo con la pensión a pesar de ser cobijados por la misma norma […]”.
1.3. La solicitud de tutela
Los señores ELIDE ISOLINA ARIAS Y SILVESTRE DURAN LINDARTE presentaron solicitud de tutela contra la SUBSECCIÓN “C” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO E IGUALDAD, con ocasión de la sentencia de 24 de mayo de 2017, que adicionó el proveído de primera instancia en el sentido de ordenarles la devolución del dinero que les fue reconocido, en pretérita ocasión, a título de indemnización por muerte y cesantías, de su descendiente.
Los accionantes alegaron que la referida providencia, desconoció el derecho al debido proceso en razón a que “[…] el Tribunal de Cundinamarca […] DE FACTO, DE OFICIO […]” anuló un acto administrativo que se encontraba en firme, es decir, la Resolución nro. 11275 de 13 de noviembre de 1991 a través del cual la Policía Nacional ordenó a su favor el pago de unos dineros como compensación por el fallecimiento de su hijo, pronunciamiento de la administración que “[…] se ENCUENTRA EN FIRME, pues no fue objeto de debate en el presente proceso por ninguno de los extremos de la Litis, y lo que es más significativo ni siquiera hoy se puede CONTROVERTIR JUDICIALMENTE, porque por mandato de la propia ley se produjo el fenómeno de la caducidad de la acción después de cuatro (04) meses de su ejecutoria, y según artículo 87 y 88 del CPACA, se encuentra en firme y se presume su legalidad […]”.
También aducen que el fallo en comento desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, que se ha mantenido en que “[…] no es procedente el descuento de los valores recibidos por concepto de la indemnización por muerte […] sobre el posterior reconocimiento de la pensión de sobreviviente, pues el derecho a recibir este beneficio y el reconocimiento de dicha pensión fueron legalmente establecidos por la ley, y cada uno cuenta con una naturaleza jurídica distinta, ya que la primera busca resarcir o indemnizar el daño o perjuicio que eventualmente se hubiere causado a los sobreviviente del miembro de la fuerza pública, y la segunda está dirigida a contrarrestar las contingencias derivadas del fallecimiento del causante, y garantizar las condiciones mínimas de subsistencia.
[…] la orden de descontar los valores pagados por concepto de compensación a la reconocida pensión de sobreviviente, constituye la anulación de una acto administrativo, esto es, la Resolución No. 05839 del 11 de junio de 1993, el cual goza de la presunción de legalidad que no ha sido desvirtuada y conserva plena validez […]” (destacado del original).
Los tutelantes para soportar sus afirmaciones acerca del apartamiento de la autoridad acusada, de los lineamientos fijados por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, citaron, en orden cronológico, las sentencias que contienen la postura alegada, estas son: i) sentencia de 17 de mayo de 2012, radicado nro. “17001233100020060111101 (1578-09)”, CP Alfonso Vargas Rincón; ii) sentencia de 7 de febrero de 2013, radicado nro. “050012331000200801384-01 (0998-12)”, CP Gerardo Arenas Monsalve; iii) sentencia de 13 de febrero de 2014, radicado nro. “68001233100020060319001 (1655-13)”, CP Luis Rafael Vergara Quintero; iv) sentencia de 6 de agosto de 2015, radicado nro. “11001-0315-000-2014-03060-00”, CP Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; v) sentencia de 21 de abril de 2016, radicado nro. “11001-03-15-000-2016-00517-00”, CP Lucy Jeannet Bermúdez Bermúdez.
Igualmente expresan que la providencia atacada “[…] TAMPOCO RESPETO EL PROPIO PRECEDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA […]”, contenido en el fallo de 22 de julio de 2016, proferido dentro del expediente con radicación nro. 11001-33-35-021-2014-00242-01 M.P Amparo Oviedo Pinto, en el que revocó “[…] la decisión de ordenar el descuento del valor de la compensación por muerte, bajo la egida del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución y en seguimiento de la orientación del Consejo de Estado expuesta en la sentencia de fecha 19 de enero de 2015 […]”.
Finalmente aducen que el proveído atacado violó el principio constitucional de favorabilidad para preferir el “[…] PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD LABORAL […] que es de ORGIEN JURISPRUDENCIAL […]”.
1.3.1. Las pretensiones
Con fundamento en los hechos expuestos, los accionantes en la demandad de tutela solicitaron lo siguiente:
“[…] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta Sala 3 de decisión conocida en enero de 2016 (sic)
[…] ORDENARLE al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que como consecuencia del amparo concedido y la decisión tomada en los numerales anteriores, proferir un nuevo fallo motivando el causal por el cual anula tácitamente la resolución No. 11275 del 13 de noviembre de 1991, y respetando los procedentes o argumentar por qué se aparta de los precedentes del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”.
Actuación
Este Despacho, mediante auto de 8 de noviembre de 2017, i) admitió la demanda de tutela interpuesta por Elide Isolina Arias y Silvestre Durán Lindarte; ii) ordenó notificar a los MAGISTRADOS DE LA SUBSECCIÓN “C” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, como accionados, ii) vincular a la Nación Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por tener interés en las resultas del presente trámite, al ser los demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento que suscita este debate constitucional; igualmente, iv) dispuso poner en conocimiento de este asunto al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, por haber sido el que profirió la decisión de primera instancia en el proceso ordinario en comento, otorgándoles el término de dos (2) días para informar lo concerniente a los hechos expuestos en la demanda de tutela.
1.3.3. Los informes de la autoridad accionada y vinculadas
1.3.3.1 La Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como accionada, manifestó que “[…] no se puede decir que existe vía de hecho configurada en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente vertical y horizontal, en razón a que los mismos no son de obligatorio cumplimiento, cuando frente a la devolución de la indemnización por muerte en aquellos casos en que se reconoce la pensión de sobrevivientes a militares, coexisten posiciones contradictorias, en la medida en que si bien hay variedad de criterios el Alto Tribunal de lo Contencioso, aún este asunto no ha sido zanjado con sentencia de unificación jurisprudencial que haga procedente su obligatoriedad […]”.
1.3.3.2 El Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá rindió informe precisando que en la decisión que adoptó en primer grado “[…] no se ordenó descuento alguno por concepto de indemnización por muerte ni cesantías […]”.
El Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la tutela
La tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problema Jurídico
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que la Sala debe resolver consisten en determinar si, en efecto es procedente la acción de tutela para atacar la sentencia proferida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 24 de mayo de 2017, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto por los tutelantes contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con radicado número 11001-33-35-026-2013-00209-01, providencia mediante la cual la citada Corporación adicionó el fallo que en primera instancia accedió al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes generada por el fallecimiento del Agente Daniel Omar Durán Arias, hijo de los actores.
De ser así, si dicha autoridad judicial al agregar a la orden que favoreció los intereses de los accionantes, el mandato consistente en deducir sobre el valor a reconocerles por concepto de pensión de sobrevivencia, el monto indexado del dinero que les fue pagado por la indemnización y cesantías por muerte del causante, incurrió en las siguientes falencias:
i) Violación directa de la constitución por desconocimiento del debido proceso, por haber dejado sin efectos la Resolución 11275 de 13 de noviembre de 1991, a través de la cual la Policía Nacional les concedió a los padres del Agente Duran Arias, la indemnización y cesantías por el fallecimiento de policial, sin haberse demandado y estudiado su legalidad.
ii) Omisión de los precedente horizontal del propio Tribunal y vertical del Consejo de Estado, contenidos en las sentencias de i) 17 de mayo de 2012, radicado nro. “17001233100020060111101 (1578-09)”, CP Alfonso Vargas Rincón; ii) de 7 de febrero de 2013, radicado nro. “050012331000200801384-01 (0998-12)”, CP Gerardo Arenas Monsalve; iii) de 13 de febrero de 2014, radicado nro. “68001233100020060319001 (1655-13)”, CP Luis Rafael Vergara Quintero; iv) de 6 de agosto de 2015, radicado nro. “11001-0315-000-2014-03060-00”, CP Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; v) de 21 de abril de 2016, radicado nro. “11001-03-15-000-2016-00517-00”, CP Lucy Jeannet Bermúdez Bermúdez.
Proveídos en los que esta Corporación ha sostenido que el pago de la indemnización por muerte y la pensión de sobreviviente, no son incompatibles, por tener fuente normativa diferente y su causación obedecer a motivos distintos, en tanto la primera está encaminada a compensar el daño sufrido por los parientes del miembro de la fuerza pública, como consecuencia de su deceso, y la segunda busca contrarrestar las contingencias derivadas del fallecimiento del causante y garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de sus sucesores.
A fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; ii) los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a: iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la solicitud de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la solicitud de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P. Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la solicitud de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además, de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la solicitud de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicación nro.11001031500020120220101. (M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Análisis sobre los requisitos de procedibilidad
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala encuentra que efectivamente tales requisitos se cumplen, en razón a que:
• Se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son, el debido proceso e igualdad.
• La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, toda vez que se radicó el 10 de octubre de 2017, es decir menos de 6 meses después de haberse proferido la sentencia reprochada, lo que sucedió el 24 de mayo del mismo año.
• La parte actora agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía, por cuanto, formuló recurso de apelación contra el proveído de primera instancia.
• Las irregularidades manifestadas por los accionantes son de naturaleza procesal, y de ser ciertas afectarían la decisión de fondo debido a que surte un efecto decisivo y determinante en la sentencia.
• No se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
• La situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala pasa a revisar si se cumple alguno de .los requisitos especiales de procedibilidad establecidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
Al respecto, la accionante alega que la sentencia atacada incurrió en los siguientes defectos: i) fáctico, ii) sustantivo por errónea aplicación de las normas, y iii) desconocimiento del “principio de igualdad en la aplicación e interpretación de la ley”.
En ese orden, la Sala hará una breve reseña de los defectos alegados para luego adentrarse en el estudio del caso concreto y determinar si en efecto se configuraron en los proveídos reprochados.
2.6.1 En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, éste se predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad judicial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales […]”.
2.6.2 En lo atinente al Desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo así:
“[…] [C]onjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]” (Destacado de la Sala).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial, está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical), o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]” (Destacado de la Sala)
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior, se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente; y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “[…] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto de desconocimiento de precedente judicial, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.7. Análisis del caso concreto.
En el sub lite, la inconformidad de los actores recae sobre la sentencia de 24 de mayo de 2017, mediante la cual la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, adicionó la orden de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, contenida en el fallo de 30 de junio de 2015, para ordenar a la Policía Nacional descontar del valor a pagar a los beneficiarios de dicha prestación, el monto de la indemnización y cesantías por la muerte del causante, que les fue reconocida mediante Resolución nro. 11275 del 13 de noviembre de 1991, por ser los padres del policía.
Los tutelantes encuadran los reproches mencionados en las siguientes causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela frente a providencias judiciales:
i) Violación directa de la Constitución por desconocimiento del debido proceso porque la disposición de devolución de la mentada compensación y cesantías conllevó a la anulación de la Resolución 11275 del 13 de noviembre de 1991, sin que se haya demandado su juridicidad, y por consiguiente tampoco desvirtuada la presunción de legalidad que sobre esta pesa, la que solo puede ser infirmada al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que para el caso esta caducado.
ii) Omisión del precedente jurisprudencial de esta Corporación y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según el cual, el reconocimiento de la pensión de sobrevienes a los causahabientes de un miembro de la fuerza pública, no excluye la concesión de la indemnización y cesantías por la muerte de aquel, por tratarse de figuras distintas, así como la posición consistente en que la orden de restitución de la compensación en comento, en la sentencia que accede a la prestación de sobrevivencia, vulnera el debido proceso, toda vez que, constituye la anulación del acto administrativo que las otorgó, el cual goza de la presunción de legalidad hasta que se demuestre lo contrario en sede judicial.
Teniendo en cuenta que el principal defecto endilgado por los tutelantes al proveído reprochado consiste en el apartamiento de los precedentes de esta Corporación, que fijan que una y otra prestación son simultáneamente admisibles y que la obligación de restituir las sumas por concepto de indemnización por muerte del causante, carece de asidero legal, es pertinente la remisión a la posición que la Sala especializada en asuntos laborales de esta Alta Corte ha sostenido en relación con la coexistencia de la pensión de sobrevivientes y la indemnización por muerte de un miembro de la fuerza pública.
Al respecto la primera referencia que se encuentra está contenida en la sentencia de 17 de mayo de 2012, mediante la cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en un caso de idénticos contornos al actual, precisó que:
“La indemnización por muerte del agente y las cesantías dobles, no son incompatibles con la pensión de sobrevivientes, pues el derecho a recibir las dos primeras se causa con el hecho del fallecimiento, independientemente de que haya lugar al reconocimiento del segundo (pensión de sobreviviente) para el cual se exige además que el causante haya prestado sus servicios por 12 años. En esas condiciones, el hecho de que para efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes se acuda a las previsiones del Régimen General de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993, no es impedimento para reconocer las demás prestaciones que por el deceso del miembro de la Fuerza Pública se causan, pues lo que se está haciendo es reemplazar la pensión del Decreto 1213 de 1990 por la establecida en la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, la Sala no encuentra justificada la obligación impuesta de restituir las sumas pagadas por concepto de indemnización por muerte del causante, máxime cuando la indemnización objeto de discusión, fue reconocida mediante un acto administrativo, Resolución 006097 de 17 de mayo de 1995, cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada y por ende conserva plena validez. En esas condiciones, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda, y se revocará en cuanto ordenó el descuento de los valores que por concepto de indemnización por muerte del Agente Rodolfo Dávila Valencia, según Resolución 006097 de 17 de mayo de 1995, en su lugar se dispondrá que no hay lugar a descuentos por dicho concepto”.
Posteriormente, el 7 de febrero de 2013 la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró esta posición jurisprudencial, con ponencia del Consejo de Estado Gerardo Arenas Monsalve, quien señalo que:
“[…] la Sala no comparte la argumentación de la entidad demandada en el recurso de apelación, en cuanto solicita que sobre las mesadas pensionales reconocidas a la demandante le sea descontada la suma efectivamente pagada por concepto de indemnización, causada por la muerte de su cónyuge, toda vez que la pensión que se le reconoce a la demandante no resulta ser una prestación extraña al régimen especial previsto para los Agentes de la Policía Nacional como se observa en el literal c del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990. En efecto, de la lectura del referido artículo resulta clara que el legislador extraordinario estableció a favor de los beneficiarios de los Agentes de la Policía Nacional muertos en actividad simple “las siguientes prestaciones; compensación equivalente a dos años de haberes; al pago de cesantías y el reconocimiento y pago de una pensión mensual siempre que se acrediten los requisitos previstos.
Así las cosas, de la disposición en cita no resulta evidente una incompatibilidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones referidas lo anterior, adicionalmente, porque cada una de ellas responde a naturaleza distinta, esto es, mientras la compensación de 2 años, prevista en el literal a, del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, tiene un carácter eminentemente indemnizatorio la pensión de sobreviviente constituye una respuesta de naturaleza asistencial a las contingencias derivadas de la muerte del beneficiario […]”.
Bajo la misma línea la Sala en comento se pronunció, el 13 de febrero de 2014, en un caso en el que igualmente, en sede de apelación, se analizaba la posibilidad de conceder pensión de sobrevivientes a la esposa de un fallecido agente de la Policía Nacional, dando aplicación a los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, y no a las disposiciones especiales que gobiernan a los miembros de la Fuerza Pública, concluyendo que conforme al principio de favorabilidad era procedente la remisión al Régimen General, lo que no conllevaba a obligar a la favorecida con la pensión “[…] a devolver la suma efectivamente pagada por concepto de indemnización causada por la muerte de su cónyuge, toda vez que la pensión que se le reconoce no resulta ser una prestación extraña al régimen especial previsto para los Agentes de la Policía […].
[…]. lo anterior, adicionalmente, porque cada una de ellas responde a una naturaleza distinta, esto es, mientras la compensación de 2 años, prevista en el literal a) del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, tiene un carácter eminentemente indemnizatorio, la pensión de sobreviviente constituye una respuesta de naturaleza asistencial a las contingencias derivadas de la muerte del beneficiario […]”.
De igual manera, resulta imperioso indicar que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado sobre el particular que:
“[…] De otro lado, en lo que se refiere al argumento que expuso la parte demandante, según el cual, no es posible la devolución de lo pagado por compensación de la muerte del señor Joaquín Emiro Arias Castellanos (q.e.p.d.), se tiene que, al comparar tanto el Decreto 2728 de 1968 como el 1211 de 1990, se advierte que ambas normas son coincidentes en una indemnización que corresponde al reconocimiento de cuarenta y ocho meses (cuatro años) de haberes correspondientes al grado del fallecido y pago doble de las cesantías causadas, quiere decir entonces que no hay lugar a solicitar tal devolución y por ende se revocará la Sentencia en cuanto a este punto se refiere. […]”
2.8 Análisis del caso concreto y resolución del problema jurídico
De la lectura de las providencias trascritas, para esta Sala resulta claro que el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, establece que no es admisible el descuento de lo pagado por concepto de indemnización y cesantías por muerte a los familiares a quienes, posteriormente, les sea reconocida la pensión de sobrevivientes con fundamento en el Régimen General, por ser más favorable que el de la fuerza pública.
La referida postura se cimenta en las siguientes razones:
-La indemnización por muerte del Agente, las cesantías y la pensión de sobrevivientes, son prestaciones independientes, en tanto, el derecho a recibir las dos primeras se causa como consecuencia del fallecimiento del uniformado, en los términos del artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, siendo su finalidad eminentemente resarcitoria, mientras que la última busca lograr los postulados de justicia retributiva y equidad; así como proteger al núcleo familiar que queda desamparado por la muerte de quien lo sostenía económicamente.
-Las dos figuras están reguladas en normas distintas y exigen presupuestos diferentes para su concesión, de manera que “[…] el hecho de que para efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes se acuda a las previsiones del Régimen General de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993, no es impedimento para reconocer las demás prestaciones que por el deceso del miembro de la Fuerza Pública se causan, pues lo que se está haciendo es reemplazar la pensión del Decreto 1213 de 1990 por la establecida en la Ley 100 de 1993 […]”.
-No son prestaciones incompatibles entre sí”[…] toda vez que la pensión que se reconoce a la demandante no resulta ser una prestación extraña al régimen especial previsto para los agentes […]” ..
-La orden de descontar los valores pagados por concepto de compensación a la reconocida pensión de sobreviviente, constituye la anulación del acto administrativo mediante el cual se reconoció dicho favorecimiento, sin que se desvirtúe a través del trámite correspondiente la presunción de legalidad que sobre este recae.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales citados en la presente sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.9 Acervo y análisis probatorio
Dentro del expediente objeto de estudio se encuentran los siguientes elementos probatorios más importantes:
Sentencia de 20 de junio de 2015 proferida por el l Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá, con la radicación número 11001-33-35-026-2013-00209-00, que accedió a las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordenó “[…] reconocer, liquidar y pagar pensión de sobrevivientes a los señores SILVESTRE DURAN LINDARTE Y ELIDE ISOLINA ARIAS […] a partir del 11 de febrero de 1991, en cuantía del cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual básico devengado en vida por el señor Daniel Omar Duran Arias y en partes iguales entre los beneficiarios, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído […]”, con efectividad fiscal desde el 8 de junio de 2008.
Recurso de apelación contra la anterior decisión presentado por la Policía Nacional.
Sentencia de 24 de mayo de 2017 proferida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual modificó los ordinales segundo y tercero del fallo atacado en el sentido de: i) declarar la prescripción respecto a las mesadas no percibidas en la pensión de sobrevivientes de los accionante, anteriores al 8 de Junio de 2009 y ii) ordenar a la Policía Nacional que efectúe “[…] el descuento de lo pagado por concepto de indemnización por muerte y cesantías, en la proporción en la que les fue reconocido (sic) a los demandantes, suma que deberá ser actualizada a valor presente y deducirse del valor retroactivo que resulte a su favor. En caso de no ser suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda que les corresponde, la entidad efectuará una serie de descuentos mensuales, iguales hasta completar el capital adeudado, los cuales deben ser establecidos de acuerdo a la capacidad económica de las beneficiarias, […]”.
Ahora bien, en el sub examine, los actores aducen que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconoció el criterio contenido en los precitados precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, según el cual el pago por compensaciones no debe ser descontado cuando se otorgue la pensión de sobreviviente, ya que no son excluyentes la una de la otra.
De la lectura de la sentencia objeto de cuestionamiento, del 24 de mayo de 2017, dictada por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala advierte que el Tribunal al efectuar el análisis del caso de los tutelantes, determinó lo siguiente:
“[…] como en el presente caso, se dará prevalencia al Decreto 758 de 1990, por ser más favorable para la parte actora, y como se dijo, debe tenerse en cuenta que el principio de favorabilidad le secunda el de inescindibilidad de las leyes, considera la Sala que al tener los demandantes derecho al pensión de sobrevivientes, se les debe descontar de la suma adeudada por mesadas pensionales, lo pagado por concepto de indemnización por muerte y cesantías, en la proporción en las que les fue reconocida, ya que resulta justo que si en virtud del principio de favorabilidad, los beneficiaros van a disfrutar paródicamente de la pensión de sobrevivientes que contempla el Decreto 758 de 1990, devuelvan el dinero que le reconoció por la muerte del causante dando aplicación a lo dispuesto en el régimen especial de la Policía Nacional, respecto del cual se concluyó es menos favorable […]”
En ese contexto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, desconoció el precitado criterio jurisprudencial emanado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que ha mantenido una interpretación estable relativa a la improcedencia de ordenar el descuento del pago por compensaciones cuando se otorgue la pensión de sobreviviente, ya que no son excluyentes la una de la otra. Ahora, si no compartía dicha posición tampoco cumplió con la carga argumentativa de explicar las razones por las que descartaba los precedentes del Máximo Órgano de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Adicionalmente se advierte que en efecto, como lo afirman los actores, la orden de devolución de los dineros que le fueron concedidos mediante acto administrativo, conlleva la anulación de dicha decisión de reconocimiento prestacional, el goza de la presunción de legalidad que no ha sido desvirtuada y por ende conserva plena validez.
Así las cosas, por las razones antes señaladas, la Sala concederá el amparo solicitado, al encontrarse configurado el defecto invocado por el accionante; como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia; para lo cual, se dejará sin efecto la providencia del 24 de mayo de 2017, proferida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso radicado con el número 11001-33-35-026-2013-00209-01; promovido por los señores Elide Isolina Arias y Silvestre Durán Lindarte en contra de la Nación Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
2.10 Conclusiones de la Sala
En el sub examine, atendiendo lo expuesto, la Sala encuentra acreditado el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
En consecuencia, se ordenará al citado Tribunal dictar nueva providencia de segunda instancia, en la que deberá decidir en atención al precedente jurisprudencial relativo a la no procedencia de la orden de descontar el pago por compensaciones cuando se otorgue la pensión de sobreviviente, ya que no son excluyentes la una de la otra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por los señores Elide Isolina Arias y Silvestre Durán Lindarte, vulnerados por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida el 24 de mayo de 2017, por la citada Corporación, en el proceso con radicado número 11001-33-35-026-2013-00209-01; contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por los señores ELIDE ISOLINA ARIAS Y SILVESTRE DURAN LINDARTE contra la SUBSECCIÓN “C” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDIANAMRCA; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: ORDENAR a la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, profiera una nueva providencia de segunda instancia, en la referida acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que acate las consideraciones puestas de presente en este fallo.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folio 13 del cuaderno de tutela.
Folio 58 cuaderno de tutela
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Consejo de Estado, Sala Plena, Accionante Nery Germania Álvarez Bello, Rad.: 2009-01328, M.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, M.P.Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo.
Folio 22 a 31 del cuaderno de tutela .
Sentencias T-1143 de 2003 y T-1045 de 2008.
Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia T- 760A de 2011. Magistrado ponente: Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
Ibídem.
Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010.
Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION “A”, CP ALFONSO VARGAS RINCON, diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), radicación número: 17001-23-31-000-2006-01111-01(1578-09).
CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION “B”, CP GERARDO ARENAS MONSALVE, siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), radicación número: 05001-23-31-000-2008-01384-01(0998-12).
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-231 de 31 de marzo de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto.
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), radicación número: 68001-23-31-000-2006-03190-01(1655-13).
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 8 de septiembre de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00299-01 (1085-2014). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 28 de octubre de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2013-00432-01 (4826-2014). Consejera ponente doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
“Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional […] ARTÍCULO 121. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia del presente Decreto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que por el Tesoro Público se les pague una compensación equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1213_1990_pr002.htm" \l "100" 100 del presente Estatuto.
b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante […]”.
CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION “A”, CP ALFONSO VARGAS RINCON, diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), radicación número: 17001-23-31-000-2006-01111-01(1578-09).
CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION “B”, CP GERARDO ARENAS MONSALVE, siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), radicación número: 05001-23-31-000-2008-01384-01(0998-12).
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.