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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2017-02725-01

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones

Fecha
25 de abril de 2019
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2017-02725-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de diciembre de 2017 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que rechazó por improcedente la solicitud de amparo constitucional. SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por Edgar Emiro Madroñero Bravo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2017-02725-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

25 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación de ex empleado del DAS / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada aplicación normativa / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL – Del Decreto 1835 de 1994 aplicable a ex funcionario del DAS vinculados antes del 3 de agosto de 1994 / RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL APLICABLE A EX DETECTIVE DEL DAS - Decreto 1047 de 1978 / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Aquellos establecidos en el Decreto 1933 de 1989 / PRIMA DE PRODUCTIVIDAD – No se encuentra enlistada en los factores a tener en cuenta para liquidar la pensión

[L]a Sala encuentra que [el actor] laboró al servicio del DAS desde el 1º de febrero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2011; adquirió el estatus de jubilado el 30 de enero de 2010; y le fue reconocido el pago de su pensión de vejez en la Resolución No. GNR 350748 del 11 de diciembre de 2013 proferida por Colpensiones. Conforme a las consideraciones antes expuestas (…) el accionante se encontraba favorecido por el régimen de transición aplicable a los detectives del DAS vinculados con anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994, toda vez que laboró para esa entidad como detective profesional 2007 – 09 desde el 1 de febrero de 1990, es decir, con anterioridad al 03 de agosto de 1994, lo que le otorgaba el derecho a la aplicación de la normatividad especial para las actividades de alto riesgo contemplado en el Decreto 1047 de 1978. Igualmente, en atención al régimen especial de transición aplicable a los detectives del DAS, la pensión de jubilación del accionante debía ser liquidada teniendo en cuenta los factores salariales contemplados en el artículo 18 del Decreto Ley 1933 de 1989 (…) En este orden de ideas, la Sala nota que el Tribunal Administrativo de Risaralda no incurrió en el defecto sustantivo endilgado, pues está acreditado que efectivamente dio aplicación al régimen especial de transición que regía para los detectives del DAS, de acuerdo con el cual la pensión de jubilación debía liquidarse conforme a los factores salariales señalados [en el artículo 18 del Decreto Ley 1933 de 1989] entre los que no se encontraba la prima de productividad, la cual se evidencia que el accionante no recibió, según consta en el certificado de salarios devengados por aquel como miembro del DAS .

FUENTE FORMAL: DECRETO 1047 DE 1978 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 1933 DE 1989 - ARTÍCULO 10 / DECRETO 1933 DE 1989 – ARTÍCULO 18 / DECRETO 1848 DE 1969 - ARTÍCULO 73 / DECRETO 1835 DE 1994 - ARTÍCULO 4 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 140 / LEY 860 DE 2003 - ARTÍCULO 2 - PARÁGRAFO 5

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / RECONOCIMIENTO DE LA MESADA PENSIONAL – Teniendo en cuenta salarios y prestaciones devengados en el año de servicio anterior a haber adquirido el estatus pensional

Ahora, si bien el accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Risaralda desconoció el precedente jurisprudencial de esta Corporación, de acuerdo con el cual es procedente la reliquidación de la mesada pensional de conformidad con los salarios y demás prestaciones devengadas en el último año de servicio, lo cierto es que el presente cargo no está llamado a prosperar. Ciertamente, el accionante citó como precedente jurisprudencial “vertical”, la sentencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de abril de 2017, en la que se resolvió sobre la reliquidación de la mesada pensional de un ex funcionario del DAS y en la que se determinó que en atención a lo previsto en el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 era procedente aquella de acuerdo con los salarios devengados por el actor en esa oportunidad, durante su último año de prestación de servicios dentro del DAS. Sin embargo, la providencia mencionada por el accionante como desconocida, no es aplicable, pues en aquella oportunidad esta Corporación resolvió sobre la reliquidación de la mesada pensional, mientras que en el caso de autos, el accionante pretende es que se ordene el reconocimiento de la mesada pensional conforme a los salarios y prestaciones devengadas durante el último año de servicio laborado al servicio de la Fiscalía General de la Nación, lo cual no era procedente toda vez que adquirió su estatus pensional, cuando se encontraba laborando para el DAS, razón por la que su mesada pensional se debía liquidar conforme a los salarios devengados allí durante su último año de prestación del servicio, previo a adquirir su condición.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02725-01(AC)

Actor: EDGAR EMIRO MADROÑERO BRAVO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Asunto: Acción de Tutela – sentencia de segunda instancia

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Subtema 1: Requisito específico – defecto sustantivo
Sentencia: Niega el amparo constitucional solicitado por cuanto no se encuentra configurado el defecto alegado

La Sala decide la impugnación interpuesta por Edgar Emiro Madroñero Bravo en contra de la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2017 por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del trámite de tutela, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 11 de octubre de 2017, Edgar Emiro Madroñero Bravo actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda con el objeto de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con la providencia proferida el 31 de agosto de 2017 por la autoridad judicial accionada.

1.1.- Hechos

1.1.1.- Edgar Emiro Madroñero Bravo laboró desde el 05 de agosto de 1988 hasta el 30 de julio de 1989 al servicio del Ministerio de Defensa; desde el 01 de febrero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2011 en el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS; y desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2013 en la Fiscalía General de la Nación.

1.1.2.- El 31 de enero de 2010 adquirió la condición de pensionado, razón por la que el 12 de mayo de 2010 solicitó el reconocimiento de su mesada, lo que se hizo por parte del Instituto de Seguro Social (ISS) mediante Resolución No. 034697 el 29 de septiembre de 2011; acto administrativo en el que además se ordenó suspender el pago de la prestación hasta que se retirara de manera definitiva del servicio.

1.1.3.- Posteriormente, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por medio de Resolución GNR 350748 del 11 de diciembre de 2013 ordenó “el pago de una pensión de vejez” a favor de Edgar Emiro Madroñero Bravo por valor de $1.147.402. Esta decisión fue confirmada por la Resolución No. VPB 15301 del 09 de septiembre de 2014.

1.1.4.- A continuación, Edgar Emiro Madroñero Bravo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de Colpensiones, en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones GNR 350748 y VPB 15301 del 11 de diciembre de 2013 y 09 de septiembre de 2014 y a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y pago de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta “los factores salariales que regula el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989”.

1.1.5.- El Juzgado 4º Administrativo de Pereira conoció del asunto y mediante sentencia del 23 de junio de 2016 resolvió declarar la nulidad de las Resoluciones GNR 350748 y VPB 15301 del 11 de diciembre de 2013 y 09 de septiembre de 2014 respectivamente, al “no incluir todos los factores salariales percibidos” por Edgar Emiro Madroñero Bravo en el último año previo a alcanzar el estatus de pensionado; y condenar a la entidad demandada a “efectuar y pagar la reliquidación de la pensión” de aquel en un monto equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales previstos en el Decreto 1933 de 1989 y que fueron efectivamente devengados por éste, a saber “el sueldo básico, la prima de riesgo, la prima de coordinación, la bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad”. Decisión que fue apelada por el hoy accionante.

1.1.6.- Acto seguido, el Tribunal Administrativo de Risaralda conoció de la apelación y mediante sentencia del 31 de mayo de 2017 confirmó la providencia que antecede por los siguientes motivos:

En primer lugar, consideró que el actor se encontraba “favorecido por el régimen especial de transición que rige para los detectives del Departamento Administrativo de Seguridad vinculados con anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994, comoquiera que durante su vida laboral se desempeñó en el cargo de detective profesional 207-09 y en según (sic) término, se vinculó a la entidad a partir del 01 de febrero de 1990, es decir con anterioridad al 03 de agosto de 1994”; razón por la cual le era aplicable el régimen pensional especial para las actividades de alto riesgo contemplado en el Decreto 1047 de 1978.

En segundo lugar, reconoció que la pensión de jubilación del actor debía ser liquidada “con el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios anterior al cumplimiento del estatus pensional, conforme lo señala el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, disposición aplicable por remisión del Decreto 1933 de 1989, que incorporó al régimen prestacional de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, las normas generales que en materia de pensiones se establecieron para los empleados de la administración pública del nivel nacional”. Por lo anterior, señaló que no resultaba de recibo la solicitud del accionante relacionada con que se le liquidara la pensión de acuerdo con los salarios devengados en el último año de servicios, a cambio de que fuera con los percibidos en el año anterior a aquel en el que adquirió el estatus pensional, por cuanto continuaba “vinculado a la labor”.

Con base en lo precedente, la autoridad judicial accionada consideró que la pensión de jubilación del accionante se debía liquidar de acuerdo con los siguientes factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la adquisición de la condición de pensional, de conformidad con lo señalado en la “certificación expedida por la pagaduría seccional Risaralda del Departamento Administrativo de Seguridad”, a saber: sueldo básico, prima de riesgo, prima de coordinación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación por recreación.

1.2.- Fundamento de la acción de tutela

1.2.1.- A juicio del accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al no aplicar las normas que regulan el asunto puesto en conocimiento, esto es, los Decretos Nos. 2460 de 2006 y 3899 de 2008, en los que se reconoce la prima de productividad como factor salarial para la liquidación de las pensiones de jubilación.

Bajo el mismo defecto, señaló que el Tribunal Administrativo de Risaralda interpretó de manera errónea el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, de acuerdo con el cual el valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación es equivalente al “75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último año de servicios” y no al 75% del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior al momento en el que adquirió el estatus de pensionado, como aquel lo consideró.

1.2.2.- Finalmente, estableció que de acuerdo con el “precedente vertical” del Consejo de Estado la pensión de jubilación de los empleados del DAS debe liquidarse en razón de los factores salariales previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 y percibidos durante el “último año de prestación de servicios”.

1.3.- Pretensión de la acción de tutela

El accionante solicitó que se deje sin “valor legal la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en fecha 31 de agosto de 2017” y en su remplazo se ordene a la autoridad judicial accionada que en el término de 48 horas “profiera nueva sentencia mediante la cual se tengan en cuenta las normas dejadas de aplicar erróneamente, artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y 150 de la Ley 100 de 1993” y en consecuencia se declare “que la prima de productividad hace parte integral del ingreso base para liquidar el monto pensional” y que éste debe liquidarse de acuerdo con los factores salariales percibidos durante el último año de prestación de servicios.

2.- Tramite de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición

2.1.- La Sección Segunda del Consejo de Estado en proveído del 19 de octubre de 2017 admitió la acción de tutela interpuesta por Edgar Emiro Madroñero Bravo; decisión que fue comunicada y notificada al accionante, al Tribunal Administrativo de Risaralda en su condición de accionado y al Juzgado 4º Administrativo de Pereira y a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) en su calidad de terceros interesados.

2.2.- El Juzgado 4º Administrativo de Pereira en su calidad de tercero interesado presentó contestación a la acción de tutela en la que señaló que la decisión tomada en primera instancia “guarda consonancia con lo reclamado en la demanda, de conformidad con las normas aplicables a la materia y las pruebas que reposan en el expediente, sin incurrirse en la vía de hecho que se pregona”.

2.3.- Colpensiones en su calidad de tercera interesada presentó escrito de contestación a la tutela en el que solicitó que se declare improcedente por cuanto no se “ha materializado ninguna vía de hecho o vulneración de derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda”.

2.4.- El Tribunal Administrativo de Risaralda guardó silencio.
3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 1 de diciembre de 2017 resolvió “rechazar por improcedente” la acción de tutela presentada por Edgar Emiro Madroñero con base en que:

“(…) El accionante contó con la posibilidad de acudir ante el Tribunal accionado para solicitar la aclaración o adición de la decisión, toda vez, que todo se resume en que pese a que éste revocó la decisión del a quo, omitió pronunciarse respecto de una de las pretensiones de su demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho; situación, que hace que la acción de tutela se torne improcedente por desconocimiento del principio de subsidiariedad, pues en el sistema jurídico no se permite el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el juez constitucional, ya que mal estaría que este último invada competencias que no le corresponden y que legalmente recaen en cabeza del juez ordinario respectivo.
(…)”.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la anterior decisión, el accionante presentó escrito de impugnación en el que consideró, que contrario a la providencia de primera instancia, no era procedente la adición o aclaración de la sentencia objeto de tutela ya que en ella sí se expusieron las razones para negar la prima de productividad como elemento salarial para liquidar la mesada pensional, sólo que las mismas se realizaron de forma “escueta”.

Además de lo anterior, reiteró que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en el defecto sustantivo por los motivos expuestos en el escrito de tutela (ver punto 1.2).

Finalmente, consideró que la autoridad judicial accionada también incurrió en el defecto fáctico por cuanto no valoró el certificado de salarios aportado con la demanda y proveniente de la Fiscalía General de la Nación, el que consta que el accionante percibió “la prima de productividad”.
5.- Tramite de tutela de segunda instancia

5.1.- El accionante solicitó adición de la sentencia de tutela de primera instancia.

5.2.- La anterior petición fue negada por la Sección Segunda mediante auto del 15 de noviembre de 2018, en el que además concedió la impugnación presentada en contra del fallo de tutela del 1 de diciembre de 2017.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por Edgar Emiro Madroñero Bravo en contra del fallo de tutela proferido el 1 de diciembre de 2017 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991, así como del Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

2.- Aspecto previo

La Sala nota que Edgar Emiro Madroñero en la solicitud de tutela alegó que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto sustantivo por inaplicación e interpretación errónea del régimen legal de los funcionarios del DAS de acuerdo con el cual se reconoce la prima de producitivdad como factor salarial para la liquidación de las pensiones de jubilación; y desconocimiento de la normatividad y la jurisprudencia del Consejo de Estado que establecen que la pensión de véjez corresponde al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último año de servicios.

Sin embargo, esta Subsección observa que además de los anteriores cargos endilgados en contra de la autoridad judicial accionada, el accionante en la impugnación también consideró que aquella incurrió en el defecto fáctico por cuanto no valoró el certificado de salarios proveniente de la Fiscalía General de la Nación en el que consta que el accionante percibió “la prima de productividad”.

Al respecto, la Sala considera que no podrá tener en cuenta los argumentos jurídicos nuevos traídos en el escrito de impugnación, es decir, los relacionados con el defecto fáctico, pues ello implicaría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la autoridad judicial accionada.

A la sazón la jurisprudencia de esta Corporación en anteriores oportunidades ha señalado que en el escrito impugnación no se pueden “agregar argumentos jurídicos nuevos que adviertan defectos contra las providencias objeto de la acción de tutela” por cuanto de estudiarlos en segunda instancia, “se vulneraría los derechos de defensa y contradicción de los demandados”.

3.- Problemas jurídicos

3.1.- Según lo señalado, corresponde a la Sala determinar si la providencia proferida el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, adolece del defecto sustantivo por desconocimiento de las normas y del precedente.

3.2.- Para resolver el problema jurídico así planteado, en primer lugar, se verificará si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.3.- De encontrar una respuesta afirmativa, se determinará si la entidad judicial accionada incurrió en el defecto denunciado, para lo cual se reiterará el marco legal del régimen pensional de los ex funcionarios del DAS. Finalmente, se resolverá el caso concreto.

4.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C – 590 de 2005 reconoció que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente “si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”, que habilitan la viabilidad procesal del amparo constitucional, dentro de los que se distinguen los siguientes:

Requisitos generales: (i) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; y (vi) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

Ahora bien, en el caso de que el juez encuentre reunidos los anteriores, procederá a analizar las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial, también conocidos como defectos, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales del peticionario.

Causales específicas de procedencia de tutela: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente, que se configura cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución, el cual se configura cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o se aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.

5.- El cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela en el caso concreto

Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de amparo constitucional da cumplimiento a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, así:

5.1.- El asunto bajo examen goza de relevancia constitucional, en la medida que no se trata de una discusión de índole legal, sino de carácter fundamental.

Ciertamente, se trata de dilucidar si efectivamente la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante por cuanto incurrió en un defecto sustantivo por inaplicación e interpretación errónea del régimen legal de los funcionarios del DAS de acuerdo con el cual se reconoce la prima de productividad como factor salarial para la liquidación de las pensiones de jubilación y, desconocimiento de la normatividad y la jurisprudencia del Consejo de Estado que establecen que la pensión de vejez corresponde al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último año de servicios.

De esta manera, de resultar que los cargos del actor prosperan, las implicaciones sobre el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados serían de altísima entidad, sobre la base de que, seguramente, se incrementaría su mesada pensional.

5.2.- Se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la sentencia objeto de tutela no existe algún medio de impugnación para controvertirla ni tampoco se reúnen alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA para la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

A partir de lo expuesto, la Sala se aparta de la consideración del a quo sobre este requisito, por cuanto en contra de la decisión objeto de la acción de tutela no era procedente la solicitud de aclaración o adición contenidas en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, toda vez que de acuerdo con los hechos, argumentos y pretensiones del escrito de tutela, se nota que el actor no pretende por este medio que el Tribunal Administrativo de Risaralda se pronuncie sobre la inclusión de factores salariales (prima de productividad) y el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación correspondiente a los ex funcionarios del DAS.

Contrario sensu, peticiona el amparo de su derecho fundamental al debido proceso el cual vio vulnerado con el fallo proferido el 31 de agosto de 2017, en el que a su juicio, se incurrió en un defecto sustantivo por inaplicación e interpretación errónea del régimen legal de los funcionarios del DAS porque no se le reconoció la prima de productividad como factor salarial para la liquidación de la pensión de jubilación; y desconocimiento de la normatividad y la jurisprudencia del Consejo de Estado en tanto se le negó la liquidación de la pensión de vejez con el 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último año de servicios.

5.3.- Se acredita el requisito de inmediatez, toda vez que la solicitud de amparo constitucional se presentó el 11 de octubre de 2017 y la providencia objeto de la acción de tutela se notificó el 1 de septiembre del mismo año, esto es, su presentación se realizó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia.

5.4.- El señor Edgar Emiro Madroñero Bravo indicó de forma razonable los hechos con base en los cuales la autoridad judicial accionada supuestamente transgredió su derecho fundamental al debido proceso, por lo cual el requisito de motivación también tiene lugar.

5.5.- No se trata de tutela contra una decisión de tutela ya que la providencia que se ataca fue dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 2015-00287.

Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala determinará si en el caso de autos se encuentra configurado el defecto sustantivo por desconocimiento de las normas y del precedente jurisprudencial.

6.- Análisis de los requisitos específicos en el caso de autos

6.1.- Defecto sustantivo

Con relación, al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha explicado que éste se presenta en aquellos casos en que la autoridad judicial emplea una norma que no corresponde al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. De esta manera, ha venido construyendo los distintos supuestos que pueden configurar este defecto conforme a las situaciones fácticas que se exponen:

“(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn42" \o "" , (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn44" \o "" , (iv) ha sido declarada contraria a la Constitución HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn45" \o "" , (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn47" \o ""  o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn51" \o ""  o contraria a la Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn53" \o "" .
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn54" \o "" .
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.
(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU195-12.htm" \l "_ftn57" \o "" ”.

Por otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia judicial adolece de defecto sustantivo cuando la autoridad se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente” pues este es de carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar” deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que es procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares; (ii) exponer las razones por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.

7.- Marco legal del régimen pensional de los ex funcionarios del DAS

7.1.- Mediante el Decreto Ley 1047 de 1978 se adoptó el régimen de pensión vitalicia de jubilación para quienes desempeñaban funciones de dactiloscopistas en el DAS, y en su artículo 1º consagró que tendrían derecho a gozar de pensión con 20 años de servicio continuos o discontinuos y cualquier edad.

Posteriormente, el Decreto Ley 1933 de 1989 estableció el régimen prestacional especial de los empleados del DAS y en su artículo 10 reguló todo lo concerniente al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y extendió a los detectives de tal ente la pensión especial contemplada en el artículo 1º del Decreto Ley 1047 de 1978, en los siguientes términos:

“Artículo 10. Pensión de Jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.

Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto – ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones”.

Igualmente, estima la Sala relevante señalar que el mismo Decreto Ley 1933 de 1989 en su artículo 18 estableció los factores salariales a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación prevista en su artículo 10, a saber:

“Artículo 18. Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en cuenta para su liquidación, los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio;
j) La prima de vacaciones”.

Sin embargo, este régimen especial no señalaba la manera de establecer la cuantía de la pensión de jubilación, razón por la que necesariamente se debía acudir a las normas pensionales generales anteriores que aplicaban para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, por expresa remisión del artículo 10 del Decreto Ley 1933 de 1989, esto es, el Decreto Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969.

Así respecto al ingreso base de liquidación, en particular se acude al artículo 73 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, que contempla:

“Artículo 73. Cuantía de la Pensión.- El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicio por el empleado oficial que haya adquirido el estatus jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la Ley para tal fin”. (Subrayado fuera de texto).

7.2.- Ahora bien, con ocasión de la expedición de la Ley 100 de 1993, se mantuvo el respeto por los regímenes especiales, razón por la que en su artículo 140 dispuso que de conformidad con la Ley 4º de 1992 el Gobierno Nacional expediría el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo.

En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional dictó el Decreto Ley 1835 de 1994, en el que en su artículo 4º estipuló un régimen de transición para los servidores que antes de su vigencia, vinieran laborando en las actividades descritas en los numerales 1º y 2º de su artículo 2º como de alto riesgo, entre los que se hallaban los Detectives del DAS en sus distintos grados y denominaciones de especialidad. Al respecto, se lee:

“Artículo 4o. Régimen de transición. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2º, de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993”.

De conformidad con lo anterior, aquellos detectives del DAS que estuvieran vinculados a esa institución antes del 3 de agosto de 1994, se les continuaría aplicando el régimen pensional especial consagrado en el artículo 1º del Decreto Ley 1047 de 1978; y el cual fue prolongado en atención a lo consagrado en la Ley 860 de 2003, en el parágrafo 5º del artículo 2º que a la letra reza:

“Artículo 2º. Definición y campo de aplicación. El régimen de pensiones para el personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los artículos 1o y 2o del Decreto 2646 de 1994 ó normas que lo modifiquen o adicionen, será el que a continuación se define.
(…)
PARÁGRAFO 5o. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994”.

7.3.- En razón de lo aquí señalado, la Sala concluye:

7.3.1.- Le es aplicable el régimen especial de pensiones previsto en el Decreto 1047 de 1978, a aquellos detectives vinculados al DAS con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994, esto es, el 3 de agosto de 1994.

7.3.2.- La pensión de jubilación contemplada en el Decreto 1047 de 1978, debe ser liquidada teniendo en cuenta los factores salariales contemplados en el artículo 18 del Decreto Ley 1933 de 1989 en atención a lo señalado en el artículo 10 de esta última norma, a saber: a) la asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; b) los incrementos por antigüedad; c) la bonificación por servicios prestados; d) la prima de servicio; e) el subsidio de alimentación; f) el auxilio de transporte; g) la prima de navidad; h) los gastos de representación; i) los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio; j) la prima de vacaciones.

7.3.3.- Teniendo en cuenta que el régimen especial no dispone la manera de establecer la cuantía de la pensión de jubilación a favor de los detectives del DAS, se debe acudir a las normas pensionales generales anteriores que aplicaban para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, esto es, el Decreto Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969. En particular, se acude al artículo 73 de ésta última norma que contempla que el valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie, percibidos en el último año de servicio por el empleado oficial.

8.- Conclusiones respecto de la configuración del defecto sustantivo en el caso concreto

8.1.- Con relación al defecto sustantivo por desconocimiento de las normas que reconocen la prima de productividad – Decreto 2460 de 2006 reformado por el 3899 de 2008

En el caso bajo examen, la Sala encuentra que Edgar Emiro Madroñero Bravo laboró al servicio del DAS desde el 1º de febrero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2011; adquirió el estatus de jubilado el 30 de enero de 2010; y le fue reconocido el pago de su pensión de vejez en la Resolución No. GNR 350748 del 11 de diciembre de 2013 proferida por Colpensiones.

Conforme a las consideraciones antes expuestas (punto 7.1) el accionante se encontraba favorecido por el régimen de transición aplicable a los detectives del DAS vinculados con anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994, toda vez que laboró para esa entidad como detective profesional 2007 – 09 desde el 1º de febrero de 1990, es decir, con anterioridad al 03 de agosto de 1994, lo que le otorgaba el derecho a la aplicación de la normatividad especial para las actividades de alto riesgo contemplado en el Decreto 1047 de 1978.

Igualmente, en atención al régimen especial de transición aplicable a los detectives del DAS, la pensión de jubilación del accionante debía ser liquidada teniendo en cuenta los factores salariales contemplados en el artículo 18 del Decreto Ley 1933 de 1989, a saber: a) la asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; b) los incrementos por antigüedad; c) la bonificación por servicios prestados; d) la prima de servicio; e) el subsidio de alimentación; f) el auxilio de transporte; g) la prima de navidad; h) los gastos de representación; i) los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio; y j) la prima de vacaciones.

En este orden de ideas, la Sala nota que el Tribunal Administrativo de Risaralda no incurrió en el defecto sustantivo endilgado, pues está acreditado que efectivamente dio aplicación al régimen especial de transición que regía para los detectives del DAS, de acuerdo con el cual la pensión de jubilación debía liquidarse conforme a los factores salariales señalados en el párrafo que antecede, entre los que no se encontraba la prima de productividad, la cual se evidencia que el accionante no recibió, según consta en el certificado de salarios devengados por aquel como miembro del DAS.

Además de lo anterior, la Sala evidencia de conformidad con lo señalado en el Decreto 2460 de 2006 reformado por el 3899 de 2008, que la prima de productividad fue creada para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, entidad esta última para la cual el accionante laboró con posterioridad de haber adquirido el estatus pensional, razón por la que no era procedente su reconocimiento.

8.2.- El defecto sustantivo por desconocimiento de las normas (Decreto Reglamentario 1848 de 1969) y del precedente jurisprudencial de esta Corporación relacionada con el IBL de las pensiones de jubilación de ex funcionarios del DAS

8.2.1.- Al respecto, está acreditado que la autoridad judicial accionada en atención a lo prescrito en el artículo 73 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969 -disposición aplicable por remisión del Decreto 1933 de 1989-, consideró que el valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación del accionante sería equivalente al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el año de servicio anterior al haber adquirido el estatus pensional, lo cual ocurrió el 30 de enero de 2010.

Así, obsérvese que el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió la situación del accionante de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en razón del régimen especial de transición que gobernaba para los detectives del DAS vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994, el cual era el procedente, toda vez que se reitera, laboró para esa entidad como detective profesional 2007 – 09 desde el 1º de febrero de 1990, es decir, con anterioridad al 03 de agosto de 1994, lo que le otorgaba el derecho a la aplicación de la normatividad especial para las actividades de alto riesgo contemplado en el Decreto 1047 de 1978.

8.2.2.- Ahora, si bien el accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Risaralda desconoció el precedente jurisprudencial de esta Corporación, de acuerdo con el cual es procedente la reliquidación de la mesada pensional de conformidad con los salarios y demás prestaciones devengadas en el último año de servicio, lo cierto es que el presente cargo no está llamado a prosperar.

Ciertamente, el accionante citó como precedente jurisprudencial “vertical”, la sentencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de abril de 2017, en la que se resolvió sobre la reliquidación de la mesada pensional de un ex funcionario del DAS y en la que se determinó que en atención a lo previsto en el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 era procedente aquella de acuerdo con los salarios devengados por el actor en esa oportunidad, durante su último año de prestación de servicios dentro del DAS.

Sin embargo, la providencia mencionada por el accionante como desconocida, no es aplicable, pues en aquella oportunidad esta Corporación resolvió sobre la reliquidación de la mesada pensional, mientras que en el caso de autos, el accionante pretende es que se ordene el reconocimiento de la mesada pensional conforme a los salarios y prestaciones devengadas durante el último año de servicio laborado al servicio de la Fiscalía General de la Nación, lo cual no era procedente toda vez que adquirió su estatus pensional, cuando se encontraba laborando para el DAS, razón por la que su mesada pensional se debía liquidar conforme a los salarios devengados allí durante su último año de prestación del servicio, previo a adquirir su condición.

8.2.3.- Finalmente, la Sala nota que lo que se encuentra es una inconformidad con el resultado de la posición adoptada por el juez natural, lo cual no es atacable por vía tutela en la medida en que aquella cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia para continuar con el debate presentado en sede contenciosa; razón ello, se negará el amparo invocado.

En virtud de lo anterior, la Subsección en sede de tutela procede a revocar la sentencia de primera instancia por las consideraciones del orden normativo y jurisprudencial aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de diciembre de 2017 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que rechazó por improcedente la solicitud de amparo constitucional.

SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por Edgar Emiro Madroñero Bravo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala de Subsección C

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
(Ausente con excusa)

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Ponente

Fls.84-88 C.P. Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. Obra poder a Fls.10 C.P. Fls.1 -15 C.P. De acuerdo a la Resolución que reconoce la pensión de jubilación al accionante (Fls.2-6 CD 2). Obra Resolución GNR 350748 del 11 de diciembre de 2013 (Fls. 2 – 6 CD 2). Obra Resolución No. VPB 15301 del 09 de septiembre de 2014 (Fls. 9 – 10 CD 2). Obra demanda presentada por Edgar Emiro Madroñero Bravo (Fls.15- 21 CD 2). Obra decisión de primera instancia (Fls.179-181 CD 2). Obra recurso de apelación (Fls.12-15 C.P). Obra sentencia de segunda instancia (Fls.16-38 C.P). Fl.34 C.P. Fl.35 C.P. Fls.36 C.P. Fl.5 C.P. Fl.7 C.P. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 6 de abril de 2017, rad. 4783-2015. Fl.7 C.P. Fl.8 C.P. Ibídem. Fl.40 C.P
Fl.42 C.P. Fl.42 (respaldo) C.P. Fl.43 (respaldo C.P. Fl.44 C.P. Fls.49-53 C.P. Fl.52 C.P. Fls.66-67 C.P y reiterado a Fls.69-77 C.P. Fls.67 (respaldo) C.P. Fls.57-64 C.P. Fl.64 C.P. Fl.63 (respaldo) C.P. Fls.119-123 C.P. Fl.85 C.P. Fl.85 C.P. Fl.84 C.P. Fls.98-100 C.P. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…). Artículo 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. Adicionándose un numeral al artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado, en lo que se refiere a la competencia de la Sección Tercera para conocer del trámite de acciones de tutela. Fl.85 C.P. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-03511-01. Corte Constitucional. Sentencia C – 590 de 08 de junio de 2005. Los presentes requisitos fueron reconocidos por el Consejo de Estado en sentencia del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02775-01(AC). ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5.

Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración. Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal. Obra constancia de notificación (Fls.230 CD)
El Consejo de Estado estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de unificación del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. Sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007. Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-102-14.htm" \l "_ftn23" \o "" , de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.

En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional. Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014. Corte Constitucional. Sentencia T -102 de 2014. Corte Constitucional. Sentencia T -446 de 2013 y T – 328 de 2018. Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad. Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad. Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos. Artículo 2o. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes: En el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS: Personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente. Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. Según consta en la Resolución No. GNR 350748 del 11 de diciembre de 2013. Obra a Fls.124 – 125 CD 1. Por el cual se crea una prima de productividad para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Por el cual se modifica el Decreto 2460 del 21 de julio de 2006, por el cual se crea una prima de productividad para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Según consta en la Resolución No. GNR 350748 del 11 de diciembre de 2013. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 6 de abril de 2017, rad. 19001-23-33-000-2014-00307-01(4783-15).

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