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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02732-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de mayo de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02732-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de marzo de 2018 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Carlos Leonardo Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Carlos Leonardo Hernández. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las actuaciones surtidas en el proceso radicado con el número 11001-03-28-000-2016-00069-01 para que, en uso de la autonomía judicial de que goza el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B”, se dé aplicación al artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, dejando a salvo las pruebas e intervenciones realizadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, previo envío de copia de la misma al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02732-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

24 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEBER DEL JUEZ DE ADECUAR EL MEDIO DE CONTROL A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL PARA CUESTIONAR LEGALIDAD DE ACTOS DE NOMBRAMIENTO EN CONCURSO DE MÉRITOS / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

[P]ara la Sala el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, al momento de admitir la demanda, debió adecuar el trámite a las reglas establecidas para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o de nulidad simple, sin que por tanto, fuera posible aplicar las disposiciones propias de la nulidad electoral. Lo anterior por cuanto (…) en el caso concreto el señor [C.L.H.] cuestionó la legalidad de los actos de nombramiento de 94 personas, designadas en el trámite del concurso público de méritos (…) de la Procuraduría General de la Nación (…) Así las cosas, se tiene que no todos los actos de nombramiento obedecen al ejercicio de la función electoral, comoquiera que muchos de ellos se encuadran, en el ámbito del derecho laboral, como es el caso de los que se producen en el marco de los concursos públicos de mérito, por cuanto en ellos no existe discrecionalidad ni dubitación frente al derecho del ganador (…) Así las cosas, la Sala encuentra que el caso concreto no correspondía a una acción de nulidad electoral y por ende, no resultaba aplicable, el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue el fundamento de la decisión censurada (…) En efecto, se advierte que en la providencia del 14 de julio de 2017, la autoridad judicial accionada manifestó que al no haber sido posible la notificación personal de la totalidad de los Procuradores Judiciales II Delegados para Conciliación Administrativa, se dispuso la notificación mediante aviso (…) En efecto, no resultaba exigible al demandante la carga de aportar las publicaciones de que trata el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, como tampoco otorgarle la consecuencia negativa relativa a la declaratoria de abandono del proceso. En ese sentido, la Sala manifiesta que el Tribunal accionado, en uso de su autonomía judicial, deberá darle el trámite que corresponda al proceso, como de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta las pretensiones elevadas por el actor en el proceso ordinario y la legitimación en la causa que le asista.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 90 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 271 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 277

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02732-01(AC)

Actor: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B

OBJETO DE LA DECISION

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, adoptada el 15 de marzo de 2018, mediante la cual negó el amparo solicitado por el señor Carlos Leonardo Hernández.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

1.1 Por medio de escrito radicado el 13 de septiembre de 2017, en la Secretaría General de esta Corporación, el señor Carlos Leonardo Hernández, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B”, con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de participación política.

1.2 Las citadas garantías las consideró vulneradas por la autoridad judicial accionada, al proferir las providencias del 14 de julio de 2017 y el 11 de septiembre de 2017 en el curso del proceso electoral radicado con el número 11001-33-28-000-2016-00069-01.

1.3 A título de amparo constitucional, solicitó:

“PRIMERO: Se conceda el amparo a mis derechos constitucionales al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y al debido proceso.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordene al Magistrado Sustanciador Dr. Oscar Dimaté Cárdenas y a la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca REVOCAR, sus providencias sobre abandono del proceso y en su lugar, se proceda a tener por notificados a todos los demandados o reanudar los términos para que alguno de éstos conteste la demanda y esté a derecho en el presente proceso.

1. Revocar la totalidad y todos los apartes de la sentencia emitida por el Magistrado ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA.

2- Dar la orden de expedir con las consideraciones de ley una nueva sentencia en segunda instancia, estudiando y valorando las pruebas arrimadas al expediente como las faltantes estas últimas si fueran necesarias (sic) (…)”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala advierte como relevantes para la decisión que se adopta en la presente providencia los siguientes hechos probados, ello de conformidad con los documentos aportados al expediente:

2.1. El señor Carlos Leonardo Hernández promovió acción electoral con el fin de cuestionar la legalidad de los actos de nombramiento de 94 personas, designadas en el trámite del concurso público de méritos regulado en la Convocatoria 06 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación, relacionada con los cargos de procurador judicial II para la conciliación administrativa.

2.2. La demanda antes descrita fue radicada en el Consejo de Estado, por lo que en auto del 10 de octubre de 2016, la Sección Quinta de esta Corporación remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aplicación del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011.

2.3. Mediante auto del 19 de enero de 2017, luego de haber sido inadmitida la demanda y corregida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, la admitió en única instancia.

Igualmente, ordenó la vinculación de las 94 personas de la lista de elegibles del concurso público de méritos regulado en la Convocatoria 06 de 2015, esto es, las personas cuyo nombramiento se demandó.

2.4. Como resultó imposible la notificación de las personas cuyo nombramiento se discutía, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por auto del 25 de mayo de 2017, ordenó la publicación del auto admisorio en dos periódicos de amplia circulación nacional, conforme con lo dispuesto por el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

2.5. El 5 de junio de 2017, el Tribunal informó al señor Carlos Leonardo Hernández que el aviso estaba a su disposición para que fuera publicado.

El actor manifestó haber cumplido con la carga el 6 de julio de 2017, pues se informó haber realizado la publicación del aviso en los periódicos El Tiempo y El Espectador, así como remitir lo correspondiente al Tribunal.

2.6. Por auto del 14 de julio de 2017, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, declaró terminado el proceso por abandono, conforme con el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. Como fundamento de su decisión expuso que solo en una de las publicaciones de prensa aportadas se publicó el auto admisorio del proceso ordinario.

2.8. El señor Carlos Leonardo Hernández contra la anterior decisión presentó recurso de reposición y en subsidio el de súplica.

2.9. Mediante providencia del 11 de septiembre de 2017, al resolver el recurso de súplica, la Sala de decisión del Tribunal, confirmó parcialmente el abandono del proceso (frente a 50 personas) y ordenó seguir con el trámite con las personas que sí se notificaron e intervinieron (44 personas).

3. Fundamentos de la vulneración

El actor alegó que se incurrió en defecto sustantivo, en defecto fáctico y en defecto procedimental absoluto, por exceso ritual manifiesto.

Al respecto, puso de presente que la autoridad judicial demandada desconoció (i) “la certeza del contenido de la publicación del aviso en los términos estipulados por el ponente (que no en la ley, como más adelante se verá) con el contenido de la página que sospechosamente no apareció en los anexos allegados, sino extrañamente un día diferente y con lo cual, con esta página del jueves 6 de julio de 2017 del diario ‘El Tiempo’, se demuestra en el expediente el cumplimiento de la publicación en dos (2) periódicos de circulación nacional, la efectuada en el periódico ‘El Espectador’, se declaró cumplida y (ii) porque los H. Magistrados no cumplieron con el deber oficioso, librando comunicación al director del diario ‘El Tiempo’ para determinar si en efecto, como se aseguró en el recurso, el actor cumplió con la publicación, a través de certificación del director de ese diario. Por el contrario, procedieron, sin más, a declarar que se había abandonado el proceso, cuando los documentos (copias de los periódicos) les advertían que no había sido así”.

Por otro lado, argumentó que, la autoridad demandada incurrió en defecto fáctico, porque omitió valorar la realidad probatoria determinante para la continuidad del proceso de nulidad electoral y, en cambio, terminó el proceso por abandono.

Finalmente, alegó un defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, por tener por notificado, sin estarlo, al agente del Ministerio Público.

Lo anterior por cuanto, el agente del Ministerio Público, el señor Víctor David Lemus Chois, se había declarado impedido, por lo que dicha solicitud debía resolverse previa comunicación a la Procuraduría General de la Nación para que designara un delegado ad hoc, tal y como lo exige el Decreto 262 de 2000 y el artículo 45 de la Ley 1564 de 2012. Lo anterior, por cuanto los 20 días para contabilizar el abandono corren desde el día siguiente a la notificación del agente del ministerio público, es decir, que si no se notificó el auto admisorio al agente del ministerio público, no puede contarse el término para publicar el auto admisorio.

Que, en esas condiciones, la notificación a dicho agente público nunca se practicó, pero las actuaciones del Tribunal hicieron creer que sí se produjo, lo que también generó la vulneración del principio del estoppel y del principio de buena fe.

En ese sentido indicó que, la actuación del Tribunal hizo entender que las 94 personas cuyos nombramientos se discutía habían sido notificadas y que, por ende, no era necesaria la publicación del auto admisorio en 2 diarios de circulación nacional.

Por otra parte, el demandante alegó que continuar el proceso con tan solo 44 de las 94 que debían ser notificados, restó el campo de acción del juez, cuando se trata recomponer la lista de elegibles, por las ilegalidades de la Convocatoria 06 de 2015 y que, de todas formas, las notificaciones fueron enviadas a los correos que aportó la Procuraduría General de la Nación para el efecto.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1 Admisión de la demanda

Con auto del 20 de octubre de 2017, el Magistrado Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la solicitud de tutela y ordenó la notificación a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con interés (i) a la Procuraduría General de la Nación, (i) a las 44 personas que fueron reconocidas como demandadas en el proceso de nulidad electoral, (iii) a los participantes de la Convocatoria 006 de 2015, y (iv) al Director de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Igualmente, negó la medida cautelar solicitada en el escrito de tutela, tendiente a suspender el proceso de nulidad electoral No. 2016-00069-01.

4.2 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias visibles de los folios 38 a 42 del expediente y a folio 106 en donde obra constancia de la publicación en un diario de amplia circulación sobre la admisión de la demanda de tutela de la referencia hecha el 25 de enero de 2018, se presentaron las siguientes intervenciones.

4.2.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

Con escrito del 30 de octubre de 2017, el Magistrado Oscar Armando Dimaté Cárdenas del referido Tribunal se opuso a la prosperidad de la tutela pedida. Al efecto, expuso las siguientes razones.

En primer lugar, puso de presente que la providencia del 14 de julio de 2017 está debidamente motivada, desde el punto de vista fáctico, probatorio y jurídico.

Igualmente, puso de presente que, por auto del 17 de octubre de 2017, el Tribunal decidió el impedimento del procurador Víctor Lemus Chois, que inicialmente había sido designado como agente del ministerio público.

Por su parte, el magistrado Fredy Ibarra Martínez informó que esta Corporación tramita la acción de tutela N° 11001031500020170257700, con supuestos fácticos similares a los de la presente tutela y, por ende, pidió que se aplicara el Decreto 1834 de 2015, relacionado con las acciones de tutelas masivas.

Igualmente, solicitó se negaran las pretensiones de la demanda “toda vez que las decisiones adoptadas en el proceso han sido respetuosas en todo momento de la normatividad que regula la materia y de los derechos de las partes, de esta forma no se ha quebrantado ni desconocido derecho fundamental alguno que le asista a la parte actora de la acción de tutela de la referencia.”

4.2.2. Intervenciones extemporáneas - terceros con interés

Con escrito radicado el 8 de mayo de 2018 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Vladimir Fernández Andrade manifestó que la providencia del 11 de septiembre de 2017 incurrió en una indebida interpretación de los efectos de la figura del abandono del proceso de nulidad electoral regulada en el literla g del numeral 1º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. En su criterio, se debió confirmar en su totalidad el auto del 14 de julio de 2017.

Lo anterior por cuanto a su juicio, las publicaciones ordenadas en los periódicos, además de servir para notificar a todos los demandados, lo es también para vincular a la comunidad, pues cualquier ciudadano con interés puede intervenir, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal c del numeral primero del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

En ese sentido, expuso que se desconoció el precedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado contenido en la providencia del 14 de mayo de 2015.

Por otro lado, explicó que la vinculación de la comunidad debía asegurarse por el medio de publicidad especialmente previsto para los casos en que es obligatoria la notificación por aviso y que, además, habilita una especial intervención de terceros.

Igualmente, manifestó que se debió declarar el abandono del proceso para todos los Procuradores demandados, pues es la única consecuencia que trae el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, de lo contrario se desnaturalizaría el proceso electoral, se configuraría una vulneración al derecho a la igualdad y se vulneraría el principio de competencia, pues el Tribunal carecía de la misma para pronunciarse sobre un asunto que no fue objeto de recurso.

Por su lado, la señora Martha Lucía Medina Palomino se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda al considerar que lo pretendido por el actor es la extensión de los efectos desfavorables de una equivocada decisión judicial.

Igualmente, expuso que las publicaciones en prensa que no se acreditaron en debida forma eran exigibles no solamente para la notificación por aviso de los demandados que no lo habían sido por conducta concluyente, sino también para la debida vinculación de la comunidad, cuya presencia es obligatoria en los procesos de nulidad electora.

Por otro lado, la señora Pilar del Rosario Medina Olmos, en su condición de tercera interesada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de tutela al considerar que lo pretendido por el actor se traduce, en la extensión de los efectos desfavorables de una equivocada decisión judicial.

Así mismo explicó que, la decisión del tribunal accionado es equivocada, aunque por razones distintas a las que alega el actor, pues se incurrió en una indebida interpretación de los efectos de la figura del abandono del proceso de nulidad electoral.

En consecuencia, solicitó se negara el amparo de los derechos fundamentales de la parte actora.

Por su parte, el señor Welfran de Jesús Mendoza Osorio se opuso a la prosperidad de la acción de tutela de la referencia. Al respecto manifestó que en la providencia del 11 de septiembre de 2017 se debió confirmar la declaratoria de abandono del proceso, sin introducirle a esa declaración de abandono efectos que no sólo no están previstos por el ordenamiento jurídico procesal sino que no resultan lógicos ni válidos, al punto de haber desnaturalizado por completo el carácter público del trámite en el cual fue adoptada.

En ese sentido manifestó que, las publicaciones en prensa que no se acreditaron en debida forma eran exigibles no solamente para la notificación por aviso de los demandados que no lo habían sido por conducta concluyente, sino también para la debida vinculación de la comunidad, cuya presencia es obligatoria en los procesos de nulidad electoral.

Adicionalmente los señores Lessdy Denisse López, Diego Fernándo Burbano MuñozEddy Alexandra Villamizar Schiller, Ingrid Paola Estrada Ordoñez, Evesly Ebarth Emiliana solicitaron se negaran las pretensiones de la acción de tutela de la referencia

5. Con escrito radicado el 22 de mayo de 2018 el actor puso en conocimiento de la Sala lo dispuesto en el numeral tercero del auto del 7 de mayo de 2018 proferido por la autoridad judicial accionada en el que se dispuso que requerir nuevamente y de manera personal al Procurador General de la Nación, para que se designe un agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia.

6. Fallo impugnado

5.1 La Sección Cuarta del Consejo de Estado, dictó sentencia del 15 de marzo de 2018, por medio de la cual negó el amparo solicitado.

5.2 Como fundamento de su decisión expuso que el propósito de la tutela es obtener un nuevo pronunciamiento, a manera de instancia adicional, frente a las decisiones del proceso de nulidad electoral.

Igualmente indicó que la decisión del 11 de septiembre de 2017 se refirió al alcance de los literales b) y c), numeral 1°, del artículo 277 del CPACA, a partir de los pronunciamientos que ha dictado la Sección Quinta de la Corporación y para el caso en concreto encontró que el requisito de publicación del auto admisorio se cumplió parcialmente, porque el señor Carlos Leonardo Hernández solo aportó la constancia de un periódico de circulación nacional.

Y, finalmente, la providencia del 11 de septiembre de 2017 estimó que, en todo caso, el proceso de nulidad electoral podía continuar el trámite con 44 demandados que se notificaron del admisorio por conducta concluyente y, de hecho, contestaron la demanda.

6. Impugnación

Con escrito radicado en la Secretaría General del Consejo de Estado el 23 de marzo de 2018 la parte actora impugnó la decisión de primera instancia, notificada el mismo día, al considerar, lo siguiente.

6.1. En primer lugar, que el tribunal accionado debió requerirlo para que allegara la constancia de la publicación faltante, pues a su juicio, no está proscrita la práctica judicial de oficiar a las partes para que cumplan una carga procesal.

6.2. En segundo lugar, expuso que el procurador Víctor David Lemus Chois manifestó su impedimento en el proceso electoral, pues conformaba la lista de elegibles de la convocatoria 06 de 2015 y “la manifestación de impedimento, se realizó previamente a efectuársele la notificación personal del auto a éste (como Ministerio Público) y no como demandado; por esta razón tenemos que en los términos del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), el Ministerio Público no fue vinculado al proceso a través de la notificación personal del auto admisorio de la demanda. Por eso es que se ha sostenido a lo largo de esta actuación constitucional que el proceso no podía ser declarado abandonado, pues, el término de abandono no ha comenzado a correr, nos apoyamos en el apartado de esta norma que regula la materia del abandono.”

6.3. La no contestación de la demanda por parte de 50 procuradores, no puede entenderse como si aquellos no hubieran sido notificados, pues la Procuraduría General de la Nación aportó los correos electrónicos correspondientes y los oficios fueron enviados.

6.4. Insistió en que cumplió con la carga de aportar las constancias de publicación en dos diarios de amplia circulación, sin embargo, “alguna persona sustrajo el periódico EL TIEMPO donde estaba contenida la publicación” para remplazarlo por otra copia en la cual aquella no constaba.

Igualmente, indicó que con posterioridad aportó la prueba, pero que la misma fue desestimada por la autoridad judicial accionada “alegando formalidades”.

En ese sentido, afirmó que el Tribunal accionado debió decretar de oficio la prueba correspondiente a la publicación en el periódico EL TIEMPO.

6.5. Finalmente indicó que de continuarse el proceso únicamente con algunos de los procuradores nombrados, el resultado sería inocuo pues los demás conservarían el cargo, dejando de lado que el acto administrativo demandado es nulo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 15 de marzo de 2018, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el numeral 2º del Acuerdo 55 del 2003 del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado.

Antes de decidir el problema jurídico planteado, es menester estudiar si el trámite que el Tribunal dio a este caso corresponde a una acción de nulidad electoral, y por consiguiente, si era aplicable el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

4. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los medios de control de nulidad electoral, nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho; y (iii) análisis del caso concreto.

4.1. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

4.2. De los medios de control de nulidad electoral, nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho

4.2.1. El medio de control de nulidad electoral se debe tramitar y decidir a través de un proceso especial cuyo objeto es determinar la legalidad y conformidad con la Constitución de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, por lo mismo, el ordenamiento jurídico establece que dicho trámite se debe realizar en la mayor brevedad.

El título VIII de la Parte Segunda de la Ley 1437 de 2011 contempla las disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral. Sin embargo, aquellas situaciones que no estén previstas en la parte especial, deben seguir las normas del proceso ordinario o común.

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 preceptúo, entre otras cosas, que “cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.”

Quien actúa en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, lo hace en interés general para esclarecer la forma en que se realizó una elección y si la misma observó los lineamientos fijados en la Constitución y la ley, por lo que se trata de una acción pública.

En ese sentido se ha pronunciado la Sección Quinta del Consejo de Estado, como juez de lo contencioso administrativo:

“De lo anterior y de la forma como se desarrolló el medio de control de nulidad electoral en los artículos que corren a partir del 275 del C.P.A.C.A., es viable sostener, como también se hacía bajo la vigencia del C.C.A., que es una clara emanación del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y con mayor precisión de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 40 Superior que habilita a los ciudadanos para “Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.”.

Es decir, que el medio de control de nulidad electoral es, a no dudar, una acción pública, que se caracteriza, entre otras cosas, porque puede ser interpuesta por cualquier persona, pero primordialmente porque su objeto va en la misma dirección del interés general. En efecto, con la pretensión de nulidad electoral no se puede buscar nada distinto a salvaguardar el ordenamiento jurídico en sentido objetivo, y por ello, el control jurisdiccional a que se someten los actos electorales se realiza mediante la confrontación del acto con respecto a las normas jurídicas invocadas y el concepto de violación.

Pese a que su finalidad es la protección del ordenamiento jurídico en sentido objetivo, el legislador decidió que no compartiera una de las características de la generalidad de las acciones públicas, como es la inexistencia de un término de caducidad para intentarla. A contrario sensu, quien pretenda impugnar la presunción de legalidad de un acto electoral debe hacerlo dentro del término fijado en el literal a) numeral 2º del artículo 164 del C.P.A.C.A., según el cual la acción debe interponerse dentro de los 30 días siguientes a la audiencia en que se declaró la elección o a su publicación, según el caso.”

4.2.2. En relación con el medio de control de simple nulidad, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 establece que toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

De lo anterior se desprende que, la legitimación en la causa para demandar recae en “toda persona”. Así mismo, se tiene que las causales para alegar la nulidad del acto, se puede invocar la infracción de las normas en que deberían fundarse, o la falta de competencia, o la expedición irregular, o el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o la falsa motivación, o la desviación de poder.

En cuanto a la naturaleza de los actos administrativos que pueden impugnarse, se tiene que, el legislador, siguiendo una versión o varias de la doctrina de los móviles y finalidades, expresamente dispuso que sólo procede el medio de control de nulidad simple cuando se acusan actos administrativos de carácter general.

Sin embargo, excepcionalmente, procede la nulidad simple de actos administrativos de carácter particular cuando: i) con la demanda no se persiga o de la sentencia que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo, ii) se trate de recuperar bienes de uso público; iii) los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico: iv) la ley lo consagre expresamente. En todo caso, si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramita conforme a las reglas del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2.3. Por su parte, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 indica toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

En ese sentido, sólo puede ser ejercido por la persona que ha sido lesionada por un acto de la administración en defensa de un interés particular y concreto

Así las cosas, se prioriza el salvaguardar un derecho subjetivo, anulando el acto acusado y por tanto, restablecer el derecho conculcado en el acto ilegal. Por lo anterior, las reglas que regulan este medio de control son distintas a las establecidas por el legislador para las pretensiones de contenido electoral.

Por último se resalta que, de manera excepcional el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho procede contra actos administrativos de carácter general, siempre y cuando, de conformidad, el acto de que se trate produzca efectos concretos o individuales de forma directa e inmediata, de manera que los perjuicios causados a una persona determinada se deriven directamente de su texto.

5. Del caso en concreto

La Sala advierte que los requisitos de procedibilidad adjetivo de la acción de tutela fueron superados por el juez constitucional de primera instancia.

Ahora, en el sub lite el peticionario considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, que conoce del proceso de nulidad electoral radicado con el número 2016-00069-01, lesionó sus garantías fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y los derechos de participación política, al proferir las providencias del 14 de julio de 2017 y del 11 de septiembre de 2017.

Al respecto, como se indicó en precedencia, resulta necesario establecer si el trámite que el Tribunal accionado dio a este caso corresponde, o no, a una acción de nulidad electoral.

En primer lugar, se tiene que el artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, así como el artículo 90 del Código General del Proceso, le permiten al juez adecuar el trámite de la demanda cuando la parte actora haya señalado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando, dicha actuación esté precedida de un examen sobre el contenido y finalidad de las pretensiones y del objeto mismo de la demanda.

Lo anterior por cuanto el legislador ha querido que, en aplicación del derecho fundamental al debido proceso, sea el juez de la causa quien, bajo criterios objetivos fijados por la ley, adecue el medio de control a las pretensiones de la demanda, pues se pretende salvaguardar intereses superiores como son la seguridad jurídica, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.

Así mismo, se pretende cerrar la brecha en cuanto a pronunciamientos inhibitorios por la indebida escogencia de la acción y se combate el actuar de los demandantes que optan por el medio que más les convenga, con el fin de eludir cargas procesales o el propio término de caducidad.

Así las cosas, para la Sala el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección “B”, al momento de admitir la demanda, debió adecuar el trámite a las reglas establecidas para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o de nulidad simple, sin que por tanto, fuera posible aplicar las disposiciones propias de la nulidad electoral.

Lo anterior por cuanto, como se estableció en los antecedentes de esta providencia, en el caso concreto el señor Carlos Leonardo Hernández cuestionó la legalidad de los actos de nombramiento de 94 personas, designadas en el trámite del concurso público de méritos regulado en la Convocatoria 06 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación, relacionada con los cargos de procurador judicial II para la conciliación administrativa.

Así las cosas, se tiene que no todos los actos de nombramiento obedecen al ejercicio de la función electoral, comoquiera que muchos de ellos se encuadran, en el ámbito del derecho laboral, como es el caso de los que se producen en el marco de los concursos públicos de mérito, por cuanto en ellos no existe discrecionalidad ni dubitación frente al derecho del ganador.

Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha manifestado:

“Se presenta una variación en cuanto a los ‘…actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden’ (ibídem), pues si bien es cierto que en principio se asignan a la Sección Quinta, también lo es que no todo acto de nombramiento denota el ejercicio de función electoral, pues muchos tienen origen en el marco de procedimientos que escapan a su órbita y se adentran en otras, como la laboral.

Así las cosas, siempre que se trate de convocatorias públicas, en los términos del artículo 126 Superior u otro semejante, así como de cualquier procedimiento afín –llámese, por ejemplo, invitación pública. (…)

Es claro y evidente que aspecto diferente ocurre en los concursos públicos de méritos, como requisito de ingreso, escalafonamiento o ascenso a la carrera administrativa, como quiera que, en esos casos, en contraste con los antes citados, el común denominador resulta impositivo y ajeno a discrecionalidad alguna, pues se bifurca en los siguientes elementos: (i) la imperatividad del nombramiento que debe efectuar el nominador, y (ii) el derecho subjetivo que le asiste a determinada persona de ser nombrada, cuando, por el resultado del concurso, ha ocupado un lugar de privilegio, sin desconocer la necesaria verificación de requisitos o del período de prueba a los que haya lugar.”

Así las cosas, la Sala encuentra que el caso concreto no correspondía a una acción de nulidad electoral y por ende, no resultaba aplicable, el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue el fundamento de la decisión censurada y que dispone:

“Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:

1. Que se notifique personalmente al elegido o nombrado, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
g) Si el demandante no acredita las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las notificaciones por aviso previstas en los literales anteriores, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente”.

En efecto, se advierte que en la providencia del 14 de julio de 2017, la autoridad judicial accionada manifestó que al no haber sido posible la notificación personal de la totalidad de los Procuradores Judiciales II Delegados para Conciliación Administrativa, se dispuso la notificación mediante aviso, de conformidad con la norma antes transcrita.

Así las cosas, relató que en auto del 25 de mayo de 2017 se ordenó efectuar la fijación de los avisos “el cual fue realizado por la Secretaría y puesto a disposición de la parte demandante a partir del día 5 de junio de 2017 (fls. 683 a 684 cdno. No 1) y retirados por esta el día 15 de junio de 2017 ( fl. 684 cdno no. 1 y 704 cdno. 2); subrayando que el Ministerio Público ya había sido notificado de la demanda en el proceso de la referencia y como quiera que es parte demandada, manifestó su respectivo impedimento para conocer del mismo. Por lo anterior se entiende que el actor tenía hasta el seis (6) de julio del presente año para allegar al expediente las dos (2) publicaciones a que hace referencia el artículo 277 del C.P.A.C.A. para la notificación a las personas demandadas.”

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la autoridad judicial accionada dio aplicación a normas propias de la nulidad electoral, tratándose de un trámite que debió seguir el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o de nulidad simple, atendiendo a las pretensiones propias elevadas por el actor, por lo que vulneró el debido proceso del tutelante.

En efecto, no resultaba exigible al demandante la carga de aportar las publicaciones de que trata el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, como tampoco otorgarle la consecuencia negativa relativa a la declaratoria de abandono del proceso.

En ese sentido, la Sala manifiesta que el Tribunal accionado, en uso de su autonomía judicial, deberá darle el trámite que corresponda al proceso, como de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta las pretensiones elevadas por el actor en el proceso ordinario y la legitimación en la causa que le asista, como lo establece el artículo 171 de la Ley 1437 de 2011.

En otras palabras, la autoridad judicial accionada, en uso de su autonomía, deberá analizar el caso concreto, para darle el trámite que corresponda, atendiendo a las particularidades de los medios de control de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia se revocará la sentencia del 15 de marzo de 2018 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para en su lugar amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Carlos Leonardo Hernández.

Igualmente se dejarán sin efectos las actuaciones surtidas en el proceso radicado con el número 11001-03-28-000-2016-00069-01, incluyendo el auto admisorio, para que, en uso de la autonomía judicial de que goza el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B”, se dé aplicación al artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, dejando a salvo las pruebas e intervenciones realizadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de marzo de 2018 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Carlos Leonardo Hernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Carlos Leonardo Hernández. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las actuaciones surtidas en el proceso radicado con el número 11001-03-28-000-2016-00069-01 para que, en uso de la autonomía judicial de que goza el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B”, se dé aplicación al artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, dejando a salvo las pruebas e intervenciones realizadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, previo envío de copia de la misma al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folio 53 del expediente.
Folio 51.
Folios 35-37.
Folio 47 vuelto.
Folios 23-32.
Folio 120.
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 30 de enero de 2014. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 110010328000201300061-00
Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá: (…)
Artículo 90. Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 12 de abril de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 05001-23-31-000-1997-03423-01
Ibidem.
Folio 21.

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