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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-02789-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
8 de febrero de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-02789-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

8 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEL ACUERDO MUNICIPAL QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / FALTA DE NOTIFICACIÓN COMO CAUSAL DE NULIDAD PROCESAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

Corresponde a la Sala determinar, de un lado, si era necesario notificar al concejo municipal de Rionegro (Santander) de la providencia del Tribunal Administrativo de Santander, por medio del cual avocó el conocimiento de la revisión del Acuerdo 010 del 2017, [Por medio del cual se expide el Reglamento Interno]; y, de otro, si el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia del 19 de septiembre del 2017, se extralimitó en sus funciones al invalidar todo el Acuerdo y no solamente las disposiciones objetadas por el Gobernador de Santander. (…) observa la Sala que efectivamente el correo por el cual se informa que se avocó el conocimiento de la revisión fue enviado a la alcaldía municipal de Rionegro, pero no al concejo de ese municipio, por lo que, resulta claro la configuración de la causal de nulidad establecida en el artículo 133 numeral 8º del Código General del Proceso, por cuanto se pudo corroborar que el accionante no fue notificado del trámite de revisión del acuerdo, vulnerando con ello el debido proceso y el derecho de contradicción de esa Corporación, quien fue la que profirió el acto administrativo para su reglamento interno. (…) [Por otra parte] la sentencia del 19 de septiembre del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de revisión del Acuerdo 010 del 2017, violó el principio de congruencia, debido a que el Gobernador solamente solicitó la revisión de validez de 3 artículos (8º, 49 y 152) y no sobre la totalidad del acuerdo que contenía 157 artículos. (…) la Sala concluye en el caso examinado, que el Tribunal Administrativo de Santander (…) incurrió en el defecto procedimental absoluto al pretermitir etapas sustanciales del procedimiento establecido y, por consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del Concejo Municipal de Rionegro (Santander).

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 133 NUMERAL 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02789-00(AC)

Actor: CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO-SANTANDER

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

El concejo Municipal de Rionegro - Santander, actuando por intermedio de su presidenta y Representante Legal, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso al declarar mediante sentencia del 16 de septiembre de 2017, la invalidez del Acuerdo municipal número 010 de 2017 «POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 015 DE 2011».

Pretensiones

El accionante solicitó lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

2. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de revisión de validez del Acuerdo Municipal No. 010 de 2017 con radicado No. 680012333000-2017-00942-00 que adelantó el Tribunal Administrativo de Santander por omitir la comunicación y/o notificación al Concejo Municipal de Rionegro Santander, autoridad administrativa municipal que profirió el Acto Administrativo objeto de análisis en instancia, vulnerando así su derecho a la defensa y contradicción.

3. DECLARAR que la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, proferida dentro del proceso de única instancia con radicado No. 680012333000-2017-00942-00, aprobada en sala con Acata No. 81/17 por los Honorables Magistrados DR. Rafael Gutiérrez y Dra, Francy del Pilar Pinilla violó el artículo 29 de la Constitución Política y la garantía procesal contenida en el artículo 281 del Código General del Proceso.

4. ORDENAR la revisión y/o aclaración de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el día diecinueve (19) de septiembre de 2017, a fin de que se garantice el debido proceso y la decisión sea consecuente con la petición contenida en el oficio de solicitud de revisión radicado por el Gobernador del Departamento de Santander.

5. Las demás declaraciones que su Señoría considere procedentes.

1.1.1. Solicitud de medida provisional

De acuerdo a lo consagrado en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicita decretar la medida provisional de suspensión de los efectos del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander que invalidó todo el Acuerdo municipal 010 del 2017, expedido por el concejo municipal de Rionegro.

Lo anterior, debido a que actualmente no cuentan con un reglamento interno que les permita regular su funcionamiento y con el fin de evitar problemas en la prestación del servicio público como concejo municipal, no han podido realizar sesiones extraordinarios por la decisión arbitraria en la sentencia de revisión realizada por el Tribunal Administrativo de Santander.

Hechos de la solicitud

La accionante señala como hechos relevantes los siguientes:

1.2.1. El 27 de mayo de 2017, el concejo municipal de Rionegro (Santander) aprobó el Acuerdo municipal número 010 «por medio del cual se expide el reglamento interno del concejo municipal de Rionegro, Santander, y se deroga el Acuerdo municipal 015 de 2011».

1.2.2. El Acuerdo mencionado, fue sancionado por el Alcalde municipal y remitido a la gobernación del departamento de Santander, de conformidad con los artículos 117 del Decreto 1333 de 1986 y 82 de la Ley 136 de 1994.

1.2.3. En ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política y en el artículo 118 del Decreto 1333 de 1986, el Gobernador del departamento de Santander, realizó la revisión del acto administrativo y presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander un oficio de solicitud de revisión de validez de los incisos 2, 3, 4 del artículo 8 del Acuerdo número 010 de 2017. Asimismo, frente a los artículos 49, parágrafo transitorio y 152, inciso 2.

1.2.4. La gobernación de Santander, remitió copia de la solicitud revisión al Concejo municipal, de conformidad con el artículo 120 del Decreto 1333 de 1986.

1.2.5. El 27 de julio de 2017, mediante auto se fijó en lista el asunto, sin que el concejo municipal fuera notificado del auto y/o admisión de la demanda, para poder ejercer el derecho de defensa.

1.2.6. El 28 de julio de 2017, el Tribunal se limitó a comunicar únicamente a la gobernación de Santander y a la alcaldía de Rionegro (Santander), sin realizar la notificación al concejo municipal que es la autoridad administrativa municipal que expidió el acto administrativo (Acuerdo número 010 de 2017).

1.2.7. Con respecto a la notificación realizada a la alcaldía municipal de Rionegro por parte del Tribunal Administrativo de Santander, está no fue recibida, pues el pantallazo del correo que se encuentra en el expediente informa que no se recibió confirmación de la entrega.

1.2.8. Por lo anterior, la Alcaldía y el concejo municipal de Rionegro, no fueron notificados. Por esta razón, no pudieron ejercer su derecho de defensa, ni sustentar la legalidad del acto administrativo.

1.2.9. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander siguió con el trámite procesal y el 1 de septiembre de 2017, según constancia de la Secretaría General no se presentaron intervenciones.

1.2.10. El 19 de septiembre de 2017, se profirió sentencia en única instancia por parte del Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso número 680012333000-2017-00942-00, sin ser notificado al concejo municipal. No obstante, la alcaldía municipal de Rionegro les allegó copia de la comunicación de la notificación referida.

1.2.12. De acuerdo a las consideraciones en la sentencia mencionada, «resulta desconcertante» como el Tribunal en la parte resolutiva declaró la invalidez de todo el Acuerdo municipal 010 de 2017 y no solo del artículo 8, en relación con las expresiones demandadas por parte de la Gobernador de Santander.

1.2.13. Señala que con la decisión adoptada, el Tribunal Administrativo de Santander, en la solicitud de revisión del acto administrativo, no fue consecuente, debido a que la petición realizada por el Gobernador se limitaba a unos artículos específicos y no a la totalidad del acto administrativo, pues los otros artículos no fueron objeto de revisión.

1.2.17. Finalmente, expresa que con la decisión anterior, existe una violación al debido proceso «no solo por la falta de comunicación y/o notificación al concejo municipal desde el momento en que el negocio es fijado en lista, sino además por ir en contra de una de las garantías que tiene todo demandado consignada en el artículo 281 del Código General del Proceso». Igualmente, aduce que se encuentra afectada la Corporación, por no poder contar con un reglamento que regule su funcionamiento en la prestación de los servicios como autoridad pública.

Fundamentos jurídicos del accionante

El accionante sustenta la acción en los artículos 29 de la Constitución Política, denominado como el debido proceso, 281 del Código General del Proceso, que trata sobre la congruencia de la sentencia; y en el inciso 3º. del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986, concerniente a la práctica de las pruebas en la revisión de los acuerdos.

Asimismo, cita las sentencias de la Corte Constitucional T-873 del 2001, T-119 del 2003 y C-980 del 2010, referentes al procedimiento de la solicitud de revisión de los acuerdos y las garantías del debido proceso.

1.4 Trámite en primera instancia

La acción de tutela fue admitida mediante auto de 3 de noviembre de 2017, en el que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, como demandado y al Gobernador del departamento de Santander, como tercero interesado, para que dentro de los 3 días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

Asimismo, se negó la solicitud de la medida provisional presentada por la parte accionante, debido a que se requiere de un análisis detallado «pues está directamente relacionada con el fondo del asunto que servirá como sustento al momento de decidir sobre el presente trámite de tutela».

1.5. Intervenciones

Dentro del término concedido al Gobernador del departamento de Santander, no se pronunció al respecto.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante informe del día 16 de noviembre de 2017, en cabeza del magistrado Rafael Gutiérrez Solano, manifestó que la sentencia de primera instancia cumplió a cabalidad con las etapas propias del proceso, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, razón por la cual en ningún momento se han violado los derechos al concejo municipal de Rionegro (Santander).

De acuerdo con la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia, expresó que «como lo alude el recurrente, en dichas oportunidades esta Corporación ha proferido determinado número de providencias de procesos de revisión de acuerdos, donde en la parte resolutiva se declara la invalidez o validez de los acuerdos acusados, se aclara que, esto no genera que todas las sentencias deban ajustarse a ello, sino por el contrario se debe tener en cuenta que cada despacho maneja su terminología, claro está, esto no se aleja de lo pretendido por los accionantes en los procesos, ya que las expresiones DECLARAR la invalidez y DECLARAR fundadas las objeciones, prestan el mismo mérito. Esto es, declarar que los aspectos objetados del acuerdo va o no en contra vía del ordenamiento jurídico».

Con respecto a la falta de notificación, expresó que los artículos 62, 199 y 205 del CPACA, señalan que una decisión se tiene por notificada a partir del momento en que se entregó a su receptor y se tiene claridad de este hecho, contrario a lo manifestado por el accionante, pues, dentro del expediente reposa que «[s]e completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega», por lo que el municipio de Rionegro- Santander sí recibió el correo el día 28 de julio del 2017; de esta forma, las cargas procesales no pueden alegarse en la presente acción.

Por todo lo anterior, solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela, debido a que no se evidencia vulneración a los derechos deprecados por el accionante.

2. Consideraciones
2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, según el cual «cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado», este Sala es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde al Sala determinar, de un lado, si era necesario notificar la providencia del Tribunal Administrativo de Santander, por medio del cual avocó el conocimiento de la revisión del Acuerdo 010 del 2017, al concejo municipal de Rionegro (Santander); y, de otro, si el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia del 19 de septiembre del 2017, se extralimitó en sus funciones al invalidar todo el Acuerdo y no solamente las disposiciones objetadas por el Gobernador de Santander.

2.3. Procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y en los artículos 11, 12 y 40 estableció la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias ejecutoriadas. Estos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, al considerar que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, y transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de la sentencia en comento, se abrió la posibilidad, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

Frente a estas causales el juez de tutela debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

También se señalaron como causales específicas de procedibilidad las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; haciéndose especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, termino de inmediatez, que en todo, debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

Por último, huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

Se encuentra que el asunto reúne las exigencias requeridas para que prospere el estudio de la posible vulneración de derechos fundamentales, puesto que:

(i) El asunto tiene relevancia constitucional, pues se discute sobre la presunta vulneración del derecho fundamentales al debido proceso (artículo. 29 C.P.).

(ii) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial, ya que la decisión del 19 de septiembre del 2017, es de única instancia y contra ella no procede recurso alguno.

(iii) Se presentó con inmediatez, dentro de un término razonable toda vez que la providencia fue proferida el 19 de septiembre del 2017 y la acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 24 de octubre del 2017 (folio 53 del expediente de tutela), cumpliendo con los parámetros fijados por la Sala Plena de esta Corporación.
(iv) Son claros los hechos y argumentos que se presentaron en el escrito de tutela.

(v) La providencia cuestionada no es una sentencia de tutela. Analizada la decisión proveniente del Tribunal Administrativo de Santander, es fácil concluir que no es fallo de tutela, lo que quiere decir que se cumple cabalidad este requisito.

2.3.2. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, la accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial, se adecúa, al menos, a una de las causales especiales de procedibilidad del amparo, esto es, que la actuación judicial se encuentre viciada por alguno de los defectos admitidos por la jurisprudencia: orgánico, procedimental, fáctico o sustantivo; o cuando la decisión haya dictada sin motivación, bajo error inducido, desconociéndose el precedente judicial o por violación directa de la Constitución.
En el presente caso, la parte actora alega la configuración de uno de estos defectos, a saber: el defecto procedimental por falta de notificación. Por ello, el análisis de la Sala se centrará en dilucidar en primer término si la providencia acusada incurre en este defecto y, en consecuencia, si se configura la violación planteada por el accionante.

2.3.2.1 El defecto procedimental

El fundamento normativo del denominado defecto procedimental encuentra asidero en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, referentes a los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental: (a) uno absoluto, que se presenta cuando el operador jurídico se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y (b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando «hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales».

En lo que respecta al defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional en sentencia T-017 de 2007 lo definió de la siguiente manera:

[E]l defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso.

La Corte ha señalado que el defecto procedimental absoluto puede configurarse porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia ; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) «pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales» .

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que para que sea procedente la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto procedimental, deberán concurrir los siguientes elementos:

(i) [Q]ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales (Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007).

Sumado a lo anterior, la Corte ha entendido que el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto bajo estudio, a saber: (a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, (b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.

2.3.2.2. La notificación de las providencia a las personas directamente interesadas – en el proceso de verificación del control de los acuerdos municipales

La Corte Constitucional ha señalado en abundante jurisprudencia que «la notificación es el acto material de comunicación mediante el cual se da a conocer a las partes o terceros las decisiones proferidas por las autoridades públicas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. De esta manera, las notificaciones permiten que materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, oponiéndose a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad competente».

Así mismo, se encuentra que la notificación no es simplemente un acto formal o de trámite, debido a que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 228, el principio de publicidad de las actuaciones públicas y en los artículos 29 y 229 garantiza los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, defensa y acceso a la administración de justicia.

Al respecto, la Corte Constitucional en Auto 091 de 2002, precisó lo siguiente:
De esta manera, el acto procesal de notificación responde al principio constitucional de publicidad de las actuaciones públicas, mediante el cual se propende por la prevalencia de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia (artículos 29 y 229 de la Constitución Política), dado que se garantiza el ejercicio de los derechos de defensa, de contradicción y de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico.

De suerte que, la notificación del inicio y de las distintas actuaciones efectuadas en desarrollo de un proceso, permiten hacer valederos los derechos procesales constitucionales de los asociados, ya que faculta a las partes y a los intervinientes tanto para oponerse a los actos de la contraparte como para impugnar las decisiones adoptados por la autoridad competente dentro de los términos previstos en la ley.

Ahora bien, en materia de procedimiento del control de los acuerdos municipales, la Corte Constitucional mediante sentencia T-119 del 2003, determinó algunas características de este mecanismo, entre las cuales se encuentran:

• En primer lugar, se trata de un control concurrente y mixto donde confluye la iniciativa del gobernador y se complementa con la actividad judicial de los tribunales administrativos. La actividad del gobernador está inspirada en el deber genérico de velar por el cumplimiento de la Constitución y la Ley, así como la función de coordinar y dirigir la acción administrativa del departamento (CP. artículo 305-1 y 305-2); por su parte, la laborar(sic) del tribunal responde a los objetivos para los cuales fue instituida la jurisdicción contencioso administrativa.

• En segundo lugar, corresponde a un procedimiento autónomo e independiente frente a las demás acciones constitucionales y legales con que cuentan los ciudadanos para asegurar el cumplimiento de normas de naturaleza general, impersonal y abstracta.

• En tercer lugar, es una acción que solamente puede tramitarse a iniciativa del Gobernador (reserva de legitimidad por activa). Sin embargo, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, cualquier persona puede intervenir para defender o impugnar los acuerdos municipales o los actos del alcalde (Decreto 1333/86, artículo 121). También puede intervenir el alcalde, el personero y el concejo municipal, a quienes el gobernador debe remitir copia del escrito presentado ante el tribunal (Decreto 1333/89, artículo 120).

• En cuarto lugar, constituye un control excepcional con términos precisos para su ejercicio (dentro de los 20 días siguientes al recibo del acuerdo municipal), para garantizar que la autonomía territorial y la gestión administrativa no se desnaturalicen en detrimento de los intereses de los asociados.

• En quinto lugar, como la actividad del juez administrativo es en principio rogada, el control que ejerce está circunscrito a los cargos del gobernador o de los intervinientes en el proceso, sin que ello impida al tribunal tomar en consideración otras normas relevantes para la decisión, especialmente las de rango constitucional. En consecuencia, el fallo produce los efectos de cosa juzgada, pero únicamente en relación con los cargos planteados y debidamente analizados (Decreto 1333/86, artículo 121-3). (Negrillas fuera del texto)

• Finalmente, contra la sentencia dictada no procede recurso alguno (ibídem), ni siquiera los de carácter extraordinario según la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado sobre la materia HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-119-03.htm" \l "_ftn9" . Sin embargo, la pregunta que surge es si la acción de tutela podría ser un mecanismo idóneo para controvertirla y, en caso afirmativo, quién estaría legitimado para presentarla.

Por lo anterior, la Corte Constitucional consideró que los pronunciamientos de esta clase de procesos de revisión no son ajenas al control de constitucional por vía de la acción de tutela, debido a que los jueces administrativos podrían «desconocer en el debido proceso e incurrir en vías de hecho». Sin embargo, respecto de la titularidad de la acción, la tienen únicamente quienes intervinieron activamente en aquel.

2.3.2.3. Las causales de nulidad procesal por falta de notificación

Ha reiterado la jurisprudencia que las nulidades procesales son el resultado de la ineficacia de un acto por defectos en sus elementos esenciales, que le impiden cumplir sus fines, por lo que su objeto es el resguardo de una garantía constitucional.

El Código General del Proceso en su artículo 133 recoge taxativamente los supuestos en los que el debido proceso resulta vulnerado. De acuerdo al numeral 5, el proceso será nulo, en todo o en parte, cuando se omitan las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley es obligatoria. De Igual manera, el numeral 7 contempla una nueva causal de nulidad materializada en aquellos eventos en los que la sentencia es proferida por un juez distinto del que recibió los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación; consideración extensiva a toda actuación desplegada sin la presencia del juez.

Por su parte, el mismo precepto en el numeral 8 señala los supuestos en los que la notificación puede llegar a producir la nulidad de la actuación procesal, indicando que esta ocurre cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. En el párrafo siguiente aclara que cuando en el curso del proceso se advierta que lo que se ha dejado de notificar es una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto puede ser subsanado con la práctica de la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en dicha norma.

La nulidad del acto procesal, por tanto, es la sanción que el ordenamiento jurídico le impone a aquellos actos que han sido proferidos sin atender a las formas establecidas, que no admiten subsanación, y que tiene por objeto asegurar a las partes la adecuada defensa de sus derechos e intereses dentro del proceso.

2.3.2.4. El derecho fundamental al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso. Dicho precepto constituye una garantía iusfundamental aplicable a «toda clase de actuaciones judiciales y administrativas», razón por la que tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todas las tareas, procedimientos y procesos administrativos que aparejen consecuencias para los administrados.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera amplia y reiterada que el derecho al debido proceso es uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho, razón por la que su protección y garantía es un deber fundamental. Sobre su contenido, la Corte ha precisado que el debido proceso se entiende «como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia».

Asimismo, la Corte ha explicado que dentro de sus elementos esenciales se destacan: i) la garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de lograr una pronta resolución judicial y el derecho a la jurisdicción; ii) la garantía de juez natural; iii) las garantías inherentes a la legítima defensa; iv) la determinación y aplicación de trámites y plazos razonables; v) la garantía de imparcialidad; entre otras.

Con base en estos elementos, la jurisprudencia constitucional ha precisado que para garantizar la existencia del debido proceso en las actuaciones judiciales o administrativas, es necesaria la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que, en desarrollo del principio de legalidad, se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales.

4. Hechos Probados

4.1. El 26 de julio del 2017, el Gobernador de Santander presentó solicitud de la revisión de validez parcial del Acuerdo 010 de 2017, sobre «los incisos 2, 3, 4 del artículo 8, en lo que se refiere a las frases “o el presente reglamento determine un quórum diferente”; “o el presente reglamento exija expresamente una mayoría especial “; el parágrafo segundo del artículo 8, el parágrafo transitorio del artículo 49 y el inciso 2 del artículo 152» ante el Tribunal Administrativo de Santander (ff. 1 al 3 del expediente 680001233300020170094200).

4.2. El 27 de julio del 2017, mediante auto el Tribunal Administrativo de Santander, avocó el conocimiento de la revisión del Acuerdo 010 del 2017 y ordenó fijar en lista el asunto (f.107 del expediente 680001233300020170094200).

4.3. El 28 de julio del 2017, la Secretaria General del Tribunal Administrativo de Santander, en cumplimiento del artículo 201 del CPACA, notificó por correo electrónico a HYPERLINK "mailto:notificaciones@santander.gov.co" notificaciones@santander.gov.co (Gobernación de Santander); y HYPERLINK "mailto:alcaldia@rionegro-santander.gov.co" alcaldia@rionegro-santander.gov.co (Alcaldía de Rionegro [Santander]) la «COMUNICACIÓN ESTADO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2017. RADICADO No. 2017-00942» (ff. 108 y 109 del expediente 680001233300020170094200).

4.3. El 19 de septiembre del 2017, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia en única instancia, declarando la invalidez del Acuerdo No. 010 del 27 de mayo de 2017, expedido por el concejo municipal de Rionegro (ff. 114 al 17 del expediente 680001233300020170094200).

4.4. El 20 de septiembre del 2017, mediante correo electrónico se notificó a HYPERLINK "mailto:notificaciones@santander.gov.co" notificaciones@santander.gov.co (Gobernación de Santander); y HYPERLINK "mailto:alcaldia@rionegro-santander.gov.co" alcaldia@rionegro-santander.gov.co (Alcaldía de Rionegro [Santander]) de la sentencia del 19 de septiembre del 2017, de conformidad con el artículo 203 del C.P.A.C.A. en concordancia con los artículos 291 y 295 del C.G.P. (ff. 118 al 120 del expediente 680001233300020170094200).

4.5. El 5 de octubre del 2017, el concejo municipal de Santander radicó ante el Tribunal Administrativo de Santander, solicitud de aclaración de sentencia de única instancia del expediente 2017-00942, de acuerdo a los siguientes planteamientos (ff.121 y 122 del expediente680001233300020170094200):

[…]

El señor Gobernador del Departamento (sic) de Santander, Dr. Didier Tavera, instauró ante el Tribunal Administrativo de Santander oficio de solicitud de revisión de invalidez de los incisos 2,3 y 4 del artículo 8 del Acuerdo No. 010 del 2017 emanado del Concejo (sic) Municipal (sic) de Rionegro, en lo que se refiere a las frases “o el presente reglamento determine un quórum diferente”; “o el presente reglamento exijan expresamente una mayoría especial”. Así mismo frente a los artículos 49 en su parágrafo transitorio y artículo 152 en su inciso 2 del mismo acto administrativo.

El concejo Municipal (sic) de Rionegro, Santander no puede pronunciarse en defensa de los citados artículos toda vez que nunca fue notificado por parte del Tribunal (sic) de la admisión de la demanda.

El día 22 de septiembre del 2017, la Alcaldía Municipal (sic) informa al Concejo(sic) Municipal (sic) la existencia del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante el cual se resuelve declarar la nulidad del Acuerdo 0 10 del 2017 y se nos hace entrega de una copia del fallo, toda vez que el mismo tampoco fue notificado al Concejo (sic) Municipal (sic) directamente por el Tribunal, lo anterior teniendo cuenta que el acto administrativo fue proferido por esta Corporación y no por la Alcaldía Municipal.

Al conocer el contenido del fallo, se observa que pese a que la parte considerativa de la providencia el Tribunal (sic) avala la invalidez la validez de los artículo 49 y 152 del Acuerdo 0 10 del 2017, y por otro lado explica las razones constitucionales por las cuales las expresiones o frases “o el presente exija expresamente una mayoría especial” contenidas en el artículo 8 del Acuerdo 0 10 del 2017 son invalidas, se observa que en la parte resolutiva el Tribunal decide declarar la invalidez de todo el Acto Administrativo y no sólo del aparte cuya revisión fue solicitada por el Gobernador y analizada por el Tribunal (sic).
[…]
4.6. El 30 de octubre del 2017, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia denegó la solicitud de aclaración de la sentencia debido a que se encontraba extemporánea y no cumplía con los supuestos previstos en el artículo 285 del CGP (ff. 133 y 134 del expediente 680001233300020170094200).

4.7. El 22 de septiembre del 2017, la Secretaria General del concejo municipal de Rionegro (Santander), manifestó mediante certificación que no recibió comunicaciones y/o notificaciones provenientes del Tribunal Administrativo de Santander y que el correo interno de la Corporación es HYPERLINK "mailto:concejorionegrosder@hotmail.com" concejorionegrosder@hotmail.com (f. 33 del expediente de tutela).

4.8. El 22 de septiembre del 2017, la Secretaria General y del Interior del municipio de Rionegro (Santander), manifestó mediante certificación, que el día 20 de septiembre del 2017, recibió correo por parte del Tribunal Administrativo de Santander de la decisión del proceso 2017-00942-00 y expresó que «con fecha anterior al 20 de septiembre del 2017, no recibió correo donde notificaran una actuación diferente» (f. 34 del expediente de tutela)

El Caso en concreto

Falta de notificación

El concejo municipal de Rionegro, por intermedio de su presidenta y Representante Legal, solicitó como protección a su derecho fundamental al debido proceso, se declare la nulidad de la revisión del Acuerdo No. 010 del 2017, en el proceso 6800123330000-2017-00942-000, debido a que de un lado, no fueron notificados del auto del 27 de julio del 2017, que admitió la revisión del control constitucional y legal, como tampoco de la providencia del 29 de septiembre de 2017, y, de otro que no sólo se invalidaron las expresiones contenidas en el artículo 8º. del acto administrativo que fue objeto de revisión sino su totalidad.

En el caso sub-lite, se encuentra que el día 27 de mayo del 2017, el concejo de Rionegro en ejercicio de sus facultades legales, previstas en el artículo 313 de la Constitución Política y los artículos 31, 32 y 71 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, expidió el Acuerdo No. 010 de 2017 «POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 015 DE 2011». Posteriormente, fue sancionado y promulgado por el Alcalde municipal y remitido al Gobernador de Santander de conformidad con el artículo 82 de la Ley 136 de 1994.

En este sentido, el Gobernador de Santander de acuerdo a las facultades otorgadas en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, solicitó al Tribunal Administrativo de Santander la revisión del Acuerdo No. 010 del 2017 y remitió un escrito conforme a los artículos 119 y 120 del Decreto 133 de 1986, solicitando «la revisión de la validez de los incisos 2, 3, 4 del artículo 8, en lo que se refiere a las frases “o el presente reglamento determine un quórum diferente”; “o el presente reglamento exija expresamente una mayoría especial “; el parágrafo segundo del artículo 8, el parágrafo transitorio del artículo 49 y el inciso 2 del artículo 152 del Acuerdo No. 010 de 2017, expedido por el Concejo de Rionegro».

Ahora bien, de acuerdo al artículo 121 del Decreto 1333 de 1986, el trámite que debe realizar el Tribunal Administrativo de Santander, es el siguiente:

Artículo 121º.- Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite:
1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por el término de diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.
2. Vencido el término de fijación en lista se decretarán las pruebas pedidas por el Gobernador y los demás intervinientes. Para la práctica de las mismas se señalará término no superior a diez (10) días.
3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al Despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 27 de julio del 2018, por reunir los requisitos legales de acuerdo al numeral 10 del artículo 305 Superior y el numeral 1º. del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986, admitió la revisión del acuerdo el 27 de julio del 2017 y ordenó fijar en lista por el término de 10 días el asunto. Asimismo, por medio del correo electrónico la Secretaría General del tribunal, el día 28 de julio del 2017, notificó al Gobernador de Santander y al Alcalde del municipio de Rionegro (Santander), dentro del expediente de revisión con número de radicado 68001233300020170094200.

El día 8 de agosto del 2017, el Tribunal Administrativo de Santander fijó en lista el proceso de revisión en la Secretaría General, por el término de 10 días hábiles contados a partir del 9 de agosto del año en mención. Posteriormente, pasó a despacho el 1 de septiembre, sin ninguna intervención y el 19 de septiembre del 2017, mediante providencia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR LA INVALIDEZ del Acuerdo No. 010 del 27 de mayo de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER Y SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 015 de 2011”, expedido por el Concejo Municipal de Rionegro, conforme a lo expuesto en la parte motiva e esta providencia.

SEGUNDO. COMUNÍQUESE esta decisión al señor Gobernador de Departamento de Santander, así como al Concejo Municipal de Rionegro, por conducto del Presidente de la Corporación, para lo de su competencia. (Negrillas fuera del texto)

TERCERO: en firme este proveído, ARCHÍVESE el expediente previas las constancias de rigor en el Sistema Justicia XXI.

Corresponde entonces determinar, si en las actuaciones de las decisiones realizadas por el Tribunal Administrativo de Santander se configuró la causal de nulidad por no haberse notificado del auto de apertura de la revisión del Acuerdo No. 010 del 2017 y la respectiva sentencia, al concejo municipal de Rionegro, autoridad que profirió el acto administrativo, por lo que se entrará al estudio del proceso bajo el radicado 680012333000-2017-00942-00.

Una vez revisadas las constancias de notificación visible a folio 108 y 109 del expediente, se evidencia que el concejo municipal de Rionegro (Santander) no fue notificado del auto del 27 de julio del 2017, pues, solamente se encuentra enviado a los correos electrónicos: i) HYPERLINK "mailto:notificaciones@santander.gov.co" notificaciones@santander.gov.co (Gobernación de Santander); y HYPERLINK "mailto:alcaldia@rionegro-santander.gov.co" alcaldia@rionegro-santander.gov.co (Alcaldía de Rionegro [Santander]).

Asimismo, se encuentra a folios 118 del expediente de revisión, que el día 20 de septiembre del 2017, la Secretaria General envió la notificación de la sentencia a los correos HYPERLINK "mailto:notificaciones@santander.gov.co" notificaciones@santander.gov.co (Gobernación de Santander); HYPERLINK "mailto:alcaldia@rionegro-santander.gov.co" alcaldia@rionegro-santander.gov.co (Alcaldía de Rionegro [Santander]); y, HYPERLINK "mailto:concejomunicipal@rionegro-santander.gov.co" concejomunicipal@rionegro-santander.gov.co (concejo municipal de Rionegro). Igualmente, se encuentra a folio 120, que «se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega. Sin embargo, según el escrito de tutela presentado por la presidenta del concejo y la certificación de la Secretaria General del concejo municipal, ese correo no corresponde al de la Corporación, razón por la cual no recibieron la providencia del 19 de septiembre del 2017.

En relación a la notificación alegada, el Tribunal Administrativo de Santander en el informe entregado como accionado, manifestó lo siguiente:

Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado que el mensaje de datos a través del cual fue notificado el auto que fijó en lista el expediente y el sistema acusa recibido con la correspondiente constancia: “Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega”. En este punto conviene precisar que, contrario a lo que indica la parte incidentante, esta anotación da cuenta que el correo electrónico fue entregado, pese a que el servidor receptor no envié la comunicación de entrega.

En suma, está acreditado que el Municipio de Rionegro, recibió en su cuenta electrónica el mensaje de datos que contenía el auto admisorio de la demanda el día 28 de julio de 2017, fecha a partir de la cual comenzó a correr el término legal para ejercer su derecho de defensa, de manera tal que las consecuencias de su falta de diligencia para atender las cargas procesales no pueden ser alegadas ahora en sede de tutela. (Negrillas fuera del texto)

De acuerdo a lo anterior, observa la Sala que efectivamente el correo por el cual se informa que se avocó el conocimiento de la revisión fue enviado a la alcaldía municipal de Rionegro, pero no al concejo de ese municipio, por lo que, resulta claro la configuración de la causal de nulidad establecida en el artículo 133 numeral 8º del Código General del Proceso, por cuanto se pudo corroborar que el accionante no fue notificado del trámite de revisión del acuerdo, vulnerando con ello el debido proceso y el derecho de contradicción de esa Corporación, quien fue la que profirió el acto administrativo para su reglamento interno.

En este sentido se aclara, además, que la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 291 y 295 del Código General del proceso, debió dar cumplimiento al numeral segundo de la sentencia de única instancia con fecha del 19 de septiembre del 2017, remitiendo por correo electrónico al presidente del concejo municipal de Rionegro o por algún otro medio, la copia de la decisión adoptada en la revisión del Acuerdo 010 del 2017.

Sobre la base de las consideraciones desarrolladas, es importante resaltar que en el asunto sub judice dejaron de cumplirse varias diligencias que, según lo expuesto, resultan esenciales para que pueda entenderse resguardado el debido proceso del accionante, entre ellas, la notificación de la apertura del proceso de revisión, la oportunidad de controvertir las pruebas y el conocimiento de la providencia que terminó invalidando todo el Acuerdo 010 del 2017, expedido por el concejo municipal.

Invalidación total del acuerdo

Por otra parte, el accionante manifiesta que el Acuerdo 010 del 2017, contenía 157 artículos, que al ser invalidado en su totalidad del acto administrativo, actualmente el concejo municipal de Rionegro, se encuentra sin un reglamento interno vigente que regule su funcionamiento, debido a que la decisión adoptada por el tribunal no fue consecuente con la petición del Gobernador, pues, debió limitarse solamente a los artículos referidos, de conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso.

Para la Sala se hace indispensable analizar si existen o no incongruencias entre la parte motiva y la resolutiva del proceso de revisión y de esta manera establecer si existe la violación al debido proceso del concejo municipal de Rionegro (Santander), razón por la cual entrará estudiar la respectiva providencia, desde el momento de la presentación de la revisión, las pretensiones y la decisión del tribunal.

Ahora bien, referente a los artículos del Acuerdo 010 del 2017, encuentra la Sala que el Gobernador de Santander precisó lo siguiente:

Por las razones expuestas dejo a consideración del Honorable Tribunal decidir sobre la validez de los incisos 2, 3, 4 del artículo 8, en lo que se refiere a las frases “o el presente reglamento determine un quórum diferente”; “o el presente reglamento exija expresamente una mayoría especial “; el parágrafo segundo del artículo 8, el parágrafo transitorio del artículo 49 y el inciso 2 del artículo 152 del Acuerdo No. 010 de 2017, expedido por el Concejo de Rionegro.

Dentro de las consideraciones analizadas en la providencia del 19 de septiembre del 2017, el tribunal realizó un análisis completo de cada norma y concluyó:

1. En referencia con los incisos 2, 3 y 4 del artículo 8 del Acuerdo objetado, el tribunal consideró acertado el argumento de invalidez presentado por el Gobernador, debido a que se vulneraron los artículos 145 y 146 de la Constitución Política, en el sentido de que el concejo municipal no está facultado para modificar las reglas constitucionales sobre el quórum y las mayorías.

2. Con respecto al parágrafo transitorio del artículo 49, el tribunal no encontró censura alguna en que el concejo de Rionegro haya adoptado por establecer que podrá adelantar el concurso de méritos para la elección de personero municipal bajo su propia dirección, «como tampoco advierte irregularidad alguna en que el proceso de selección del secretario de la Corporación se adelante bajo la modalidad de convocatoria pública».

3. En relación al inciso 2 del artículo 152, el tribunal consideró que, no se atenta contra lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política ni el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015.

No obstante, en la parte resolutiva de la sentencia de única instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, decidió:

PRIMERO: DECLARAR LA INVALIDEZ del Acuerdo No. 010 del 27 de mayo de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER Y DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 015 de 2011”, expedido por el Concejo Municipal de Rionegro, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Encuentra la Sala que el concejo municipal de Rionegro (Santander) el día 5 de octubre del 2017, solicitó al tribunal aclarar el alcance de la decisión de única instancia, limitando la invalidez del acto administrativo sólo al artículo 8 y que determinara que el resto del acuerdo es válido conforme a la solicitud del Gobernador y a las consideraciones realizadas en la sentencia. Sin embargo, mediante auto del 30 de octubre del 2017, se le negó la solicitud de aclaración por ser improcedente, en virtud de que fue formulada la petición de forma extemporánea.

En el presente caso, el tribunal en la respuesta dada en esta acción de tutela, resaltó que «como lo alude el recurrente, en dichas oportunidades esta Corporación ha proferido determinado número de providencias de procesos de revisión de acuerdos, donde en la parte resolutiva se declara la invalidez o validez de los acuerdos acusados, se aclara que, esto no genera que todas las sentencias deban ajustarse a ello, sino por el contrario se debe tener en cuenta que cada despacho maneja su terminología, claro está, esto no se aleja de lo pretendido por los accionantes en los procesos, ya que las expresiones DECLARAR la invalidez y DECLARAR fundadas las objeciones, prestan el mismo mérito. Esto es, declarar que los aspectos objetados del acuerdo va o no en contra vía del ordenamiento jurídico». (Negrillas fuera del texto)

Ahora bien, mediante Sentencia T-119 del 2003 la Corte Constitucional, determinó algunas características frente al procedimiento del control de los acuerdos municipales y señaló la actividad del juez administrativo, respecto de las disposiciones objetadas por parte del gobernador en la acción de revisión, de la siguiente manera:
[…]
En quinto lugar, como la actividad del juez administrativo es en principio rogada, el control que ejerce está circunscrito a los cargos del gobernador o de los intervinientes en el proceso, sin que ello impida al tribunal tomar en consideración otras normas relevantes para la decisión, especialmente las de rango constitucional. En consecuencia, el fallo produce los efectos de cosa juzgada, pero únicamente en relación con los cargos planteados y debidamente analizados (Decreto 1333/86, artículo 121-3). (Negrillas fuera del texto)

Asimismo, la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha realizado el estudio del principio de congruencia respecto de los hechos, las pretensiones de la demanda, lo decidido en la parte motiva y el resuelve en las sentencias judiciales, concluyendo que los jueces no pueden fallar sin el debido sustento legal y constitucional. Así lo sostuvo en el auto A-157 del 2015:

Sobre esta causal de nulidad, la Corporación ha explicado que se produce “cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida”, y ha tomado como ejemplo “las decisiones anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A157-15.htm" \l "_ftn30"
De igual manera, la Corte ha planteado que “Resulta un lugar común afirmar que deben motivarse las decisiones judiciales que pongan fin a una actuación judicial y definan con carácter de cosa juzgada una controversia, pues si bien es cierto el juez tiene autonomía para proferir sus sentencias, no lo es menos que esa autonomía no lo faculta para fallar en forma arbitraria ni para resolver los conflictos sin el debido sustento legal y constitucional”, premisa a partir de la cual ha precisado que “un elemento esencial de la validez de las providencias judiciales tiene que ver con la necesaria congruencia que debe existir entre la parte resolutiva y la parte motiva, así como entre los elementos fácticos obrantes en el expediente y las consideraciones jurídicas que se elaboran a su alrededor”, de donde se infiere que la ausencia de motivación o la existencia de serias contradicciones entre la parte motiva y la resolutiva de una sentencia conlleva su invalidez y la posibilidad de solicitar su nulidad. (Cursivas del texto citado)

De acuerdo a lo anterior, se tiene que cuando el juez falle un asunto, debe existir la congruencia entre la parte resolutiva y la parte motiva, sin que el contenido sea ajeno a lo pretendido en la demanda, de lo contrario el juez resolvería un asunto distinto a las pretensiones incoadas, tal y como sucede en el caso de marras.

Asimismo, el artículo 281 del Código General del Proceso, ha establecido las siguientes reglas a la hora de proferir sentencias 1) no es válido emitir fallos ultra petita, en la que el demandado se condene por una cantidad superior a lo solicitado en el proceso o que se otorguen más cuestiones de lo pedido; 2) no se pueden emitir fallos extra petita, esto es, cuando en las providencias se condena al demandado por pretensiones distintas a las solicitadas; y, 3) no se puede proferir sentencias por causas distintas a las invocadas en la demanda.

En efecto, la sentencia del 19 de septiembre del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de revisión del Acuerdo 010 del 2017, violó el principio de congruencia, debido a que el Gobernador solamente solicitó la revisión de validez de 3 artículos (8º., 49 y 152) y no sobre la totalidad del acuerdo que contenía 157 artículos. Por esta razón, se amparará la acción de la referencia al no encontrar en dicha providencia, la concordancia entre la parte considerativa, las conclusiones judiciales del estudio de las normas y la decisión.

Advierte el Despacho, que de acuerdo a lo confirmado con las pruebas del expediente y a las razones presentadas en esta acción de tutela, se encuentra vulnerado el derecho de defensa y contradicción del accionante, por lo que se devolverá el expediente al tribunal de origen para que subsane el error procesal, reinicie la actuación judicial con las debidas notificaciones y dicte la providencia de acuerdo a las pretensiones solicitadas por parte del Gobernador de Santander en la solicitud de validez del acuerdo, siendo congruente con las normas de estudio, las consideraciones y la decisión en su parte resolutiva, sin que ello de ninguna manera lleve a desconocer la autonomía judicial de la que gozan los jueces para adoptar las decisiones que haya lugar, en protección de su independencia y buen juicio.

Conclusión

Atendiendo los anteriores planteamientos, la Sala concluye en el caso examinado, que el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de revisión con número de radicado 68001-2333-000-2017-00942-00, incurrió en el defecto procedimental absoluto al pretermitir etapas sustanciales del procedimiento establecido y, por consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del concejo municipal de Rionegro (Santander).

En consecuencia, se concederá el amparo de la presente acción de tutela y, en su lugar, declarará la nulidad de todo lo actuado desde el auto de apertura de la revisión del Acuerdo 010 del 2017, para que se notifique en debida forma y se pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción por parte del accionante, ejerciendo todas las garantías en el proceso de validez o invalidez del acto administrativo.

Finalmente, se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para que subsane el error procesal, se reinicie la actuación judicial y por ende dicte una providencia acorde con la petición del Gobernador de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Falla

Primero. Conceder el amparo al derecho fundamental al debido proceso, del concejo municipal de Rionegro (Santander). En consecuencia, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura del proceso de revisión del 28 de julio de 2017, iniciado por el Gobernador de Santander.

Tercero. Ordenar, por intermedio de la Secretaría General del Consejo de Estado, la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Santander, para que se reconozca el ejercicio del derecho de defensa y contradicción del concejo municipal de Rionegro (Santander), autoridad que profirió el acto administrativo referente a su reglamento interno de funciones, para que de esta manera rehaga las actuaciones, notifique y decida nuevamente el asunto sometido a su consideración.

En caso de que no fuere impugnada esta providencia, devuélvase al despacho de origen el proceso de revisión con radicado 68001-2333-000-2017-00942-00, remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Inciso 3º artículo 121 del Decreto No. 1333 de 1986. Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales. Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 1994 y Auto 091 de 2002. Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Pie de página del texto citado. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-869 de 1999 MP. Fabio Morón Díaz. En aquella oportunidad la Corte declaró exequible la norma que fijó un plazo de veinte días para que el gobernador remita un acuerdo al tribunal administrativo para que decida sobre su legalidad (Decreto 1333/86, artículo 119). Pie de página del texto citado. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 8010 del 6 de febrero de 1998 MP. Germán Ayala Mantilla. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Al respecto, ver las sentencias T-416 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-331 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), C-034 de 2014 (M.P. María Victoria Calle) y C-083 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras. Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Artículo 119: Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez. Artículo 120: El Gobernador enviará al Tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en que el Gobernador remita el acuerdo al Tribunal, enviará copia de su escrito a los respectivos alcaldes, personero y Presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso
Cita del texto trascrito. Conforme consta a folios 108 y 109 del expediente bajo radicado 680012333000-2017-0942-00,
Artículo 8.

Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. Cita del texto transcrito. A-270 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo; AV María Victoria Calle Correa), A-284 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), A-077 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), A-217 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), A-162/03 (MP Rodrigo Escobar Gil). Cita del texto transcrito. Auto 305 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Cita del texto transcrito. Auto 023 de 2012, Auto 305 de 2006 MP Rodrigo Escobar Gil. Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. Parágrafo 1°. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole. Parágrafo 2°. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria. En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados. En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas.

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