Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02828-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial: la providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso y a la igualdad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02828-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-02828-01
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
21 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso y a la igualdad / DEFECTO FÁCTICO - No se configura dado que sí se valoraron en debida forma los medios de prueba allegados al proceso / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura dado que la providencia cuestionada se fundamentó en una sentencia más reciente / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura pues se hizo una interpretación adecuada de la norma y por tanto sí procedía la condena en costas
[E]l pago del ICA al Municipio de Cali no es el único argumento en que fue sustentada la decisión. En efecto, las pruebas aportadas al proceso permitieron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyera, legítima y válidamente, que Mondelez Colombia SAS no realizó su actividad comercial en el territorio del Distrito Especial de Buenaventura, por lo que el defecto alegado [fáctico] no tiene incidencia alguna en la decisión judicial estudiada. (…). [L]a providencia acusada está fundamentada en una providencia más reciente que las invocadas por la entidad actora y que expresamente contradice la regla jurisprudencial invocada en la demanda de tutela. Por lo anterior, la Sala concluye que el precedente invocado por el Distrito Especial de Buenaventura no existe actualmente y no era vinculante para que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolviera el caso concreto. (…). [L]a actora afirma que no debió ser condenada en costas por la sentencia del 15 de septiembre de 2017 porque el asunto ventila un interés general (…). resultaba válido que Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en aplicación del artículo 188 del CPACA, condenara en costas al Distrito Especial de Buenaventura porque fue vencido en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde son protegidos derechos subjetivos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, ver: Corte Constitucional, sentencia de 13 de mayo de 1994, exp. T-231, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y sentencia de 7 de octubre de 1998, exp. T-567, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En cuanto a la vulneración del principio de igualdad en casos que se relacionan con providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 9 de noviembre de 1998, exp. T-644, M.P. Fabio Morón Díaz y sentencia de 9 de septiembre de 1999, exp. T-670, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Acerca de las reglas para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 11001-03-15-000-2013-02741-00, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Acerca del defecto sustantivo, ver: Corte Constitucional, sentencia del 6 de marzo de 2002, exp. SU-159, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02828-01(AC)
Actor: DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en el trámite de la acción de tutela de la referencia, resolvió:
“Primero: Negar el amparo solicitado por el Distrito Especial de Buenaventura dentro de la acción de la referencia instaurada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas (…)”.
ANTECEDENTES
El 15 de octubre de 2017, el Distrito Especial de Buenaventura, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
1. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“Solicito respetuosamente al H. Consejo de Estado tutelar los derechos fundamentales del Distrito de Buenaventura los cuales han sido vulnerados de manera flagrante por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
[…]
Ordenar a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Valle confirmar la sentencia conforme al fallo de primera instancia a favor del Distrito de Buenaventura, redactándola nuevamente conforme a derecho y se declare a la compañía MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. (ANTES CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A.) es sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito Especial de Buenaventura y por ende estaba obligada a presentar la declaración a pagar el impuesto causado en los periodos gravables 2008, 2009, 2010 y 2011”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Mediante las resoluciones 0321-1-54-0500-2013, 0321-1-54-0501-2013, 0321-1-54-0502-2013 y 0321-1-54-05032013 del 11 de noviembre de 2013, el Distrito Especial de Buenaventura impuso sanción a la sociedad Mondelez Colombia SAS (antes Cadbury Adams Colombia S.A.), por no declarar el impuesto de industria y comercio (en adelante ICA) correspondientes a los años 2008 a 2011.
2.2. La sociedad Mondelez Colombia SAS presentó recurso de reconsideración contra cada uno de los actos administrativos.
2.3. El distrito confirmó su decisión a través de las resoluciones 0320-033-2014, 0320-034-2014, 0320-035-2014 y 0320-036-2014 del 27 de mayo de 2014.
2.4. La sociedad contribuyente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito de Buenaventura para que fuera declarada la nulidad de la sanción impuesta.
2.5. La demanda fue repartida con el radicado N° 2014-00621 al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Buenaventura, que en sentencia del 23 de septiembre de 2015 negó las pretensiones de la demanda porque la actividad comercial de la demandante produjo ingresos en el territorio del distrito.
2.6. Conoció del asunto en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en sentencia del 15 de septiembre de 2017 revocó la decisión anterior y declaró la nulidad de los actos administrativos.
3. Fundamentos de la acción
La entidad territorial actora asegura que al proferir la sentencia del 15 de septiembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, con lo que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. Para sustentar estos cargos afirmó que:
3.1. Sostuvo que tribunal desconoció el precedente establecido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que tiene similitud fáctica con el caso bajo examen.
Según la actora, el precedente considera que el hecho generador del ICA incluye el desarrollo de actividades comerciales en el territorio de un municipio o distrito, sea desempeñada de forma permanente o ambulante. Incluso, según la solicitud de amparo, la regla jurisprudencial indica que un ejemplo del ejercicio ambulante de la actividad comercial es la realización de ventas a través agentes de ventas, aunque no operen desde un inmueble determinado.
La demanda de tutela indica que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el precedente establecido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado porque no tuvo en cuenta que Mondelez Colombia SAS tiene agentes de ventas en el territorio del Distrito Especial de Buenaventura, quienes representan a la sociedad en actividades de ventas, distribuciones y servicios postventas de productos, actividades que están gravadas con ICA.
3.2. De otro lado, no fueron tenidas en cuenta las pruebas que demuestran que Mondelez Colombia SAS ejerció su actividad comercial en el Distrito Especial de Buenaventura, tales como la confesión contenida en la respuesta presentada por la sociedad el 17 de enero de 2013 y los documentos contables suscritos por el revisor fiscal de la empresa.
Señaló que la sociedad Mondelez Colombia SAS tenía la carga de desvirtuar los hechos confesados en su respuesta y sus documentos contables, pero no lo hizo.
Que se demostró en el proceso que Mondelez Colombia SAS ejerció su actividad comercial en el territorio del distrito especial porque en él entregaba la mercancía y era aceptada por el cliente.
El pago erróneo del tributo al Municipio de Cali no es prueba de que no desempeñó su actividad comercial en el territorio del distrito, porque el verdadero legitimado puede perseguir su pago adecuado.
3.3. No debió condenarse en costas al distrito especial porque en los procesos que se discuten obligaciones de tipo fiscal y las actuaciones del Estado para obtener su recaudo está implícito el interés público, por lo que era aplicable la excepción contenida en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
La decisión judicial acusada causa un grave detrimento patrimonial porque priva al distrito de los recursos que legítimamente le corresponden para financiar necesidades de la población.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 14 de noviembre de 2017 la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a las partes, y dispuso la vinculación de la sociedad Mondelez Colombia SAS, como tercero con interés (fl. 94).
4.2. Mondelez Colombia SAS manifestó que (fls. 144 a 155):
4.2.1. La solicitud de amparo no tiene relevancia constitucional porque la entidad actora se limitó a afirmar que no fue aplicada una línea jurisprudencial revocada por el Consejo de Estado, de modo que sólo fue planteada la inconformidad con la decisión judicial.
4.2.2. El distrito especial tiene a su disposición otro medio de defensa consistente en el recurso extraordinario de revisión.
4.2.3. La sociedad sólo tiene una sede fabril, comercial y administrativa ubicada en la ciudad de Cali, desde donde confecciona todas las ventas a nivel nacional, por lo que el 100% del ICA es pagado en ese municipio.
4.2.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado es clara en que o es sujeto pasivo del ICA quien no tiene presencia en el territorio del municipio y quien no tiene personal capaz de negociar el precio y la cosa vendida.
4.2.5. La entidad territorial nunca discutió la presencia de la sociedad en su territorio o de personal capaz de negociar el precio y la cosa vendida durante el proceso ordinario.
4.2.6. La línea jurisprudencial alegada por la entidad demandante fue rectificada con base en el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, según el cual el impuesto se causará en el territorio del municipio en que se perfeccione la venta (acuerdo sobre precio y cosa) cuando no exista establecimiento de comercio ni punto de venta.
4.2.7. Adicionalmente, la postura jurisprudencial contenida en las providencias citadas por la entidad actora, proferidas con anterioridad al 2002, fueron revaluadas por el Consejo de Estado con las sentencias invocadas en la contestación de la tutela.
4.2.8. La jurisprudencia es un criterio auxiliar por mandato constitucional, por lo que no puede ser contraria al artículo 343 de la Ley 1819 de 2016.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no rindió su informe aunque fue debidamente enterado de la existencia del proceso de la referencia (fl. 96)
5. Providencia impugnada
Mediante providencia del 15 de marzo de 2018, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo de tutela. Para sustentar esa decisión, consideró que (fls. 177 a 185):
5.1. La solicitud de amparo de tutela cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial.
5.2. El artículo 32 de la Ley 14 de 1983 prevé que el hecho generador del ICA es el ejercicio de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios. Pero dicha ley no establece dónde se entiende realizada la actividad comercial.
5.3. La jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó que debe partirse de la definición de la actividad comercial, por lo que el lugar en el que se causa el impuesto es donde hay un acuerdo en los elementos del contrato de compraventa (precio y cosa).
5.4. Esta postura fue adoptada por el tribunal al citar la providencia del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, expediente 19526, por lo que resultaba irrelevante la presencia de representantes de ventas en el territorio del distrito especial.
5.5. Debido a lo anterior, el tribunal no desconoció el precedente. Por el contrario, le dio aplicación en el caso concreto al considerar que el tributo fue causado en el territorio del municipio en el que se logró el acuerdo entre precio y cosa.
5.6. De otro lado, el tribunal accionado analizó los documentos que, según la demanda de tutela no fueron estudiados. Adicionalmente, el tribunal indicó que el Distrito de Buenaventura no probó, al proferir los actos administrativos, que los elementos esenciales del contrato de compraventa fueron perfeccionados en su territorio.
5.7. Por lo expuesto, la decisión no incurrió en un defecto fáctico porque las pruebas fueron debidamente valoradas, de forma acorde con las reglas de la sana crítica.
5.8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de julio de 2016, indicó que la prohibición de condenas en procesos que se ventile el interés público se refiere a acciones públicas, por lo que procedía la condena en costas impuesta al Distrito de Buenaventura.
6. Impugnación
La entidad territorial actora impugnó la anterior decisión, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela, y señalando adicionalmente que (fls. 190 a 206):
6.1. El juez de tutela de primera instancia no analizó las providencias invocadas como desconocidas en la solicitud de amparo, las cuales indican que el ICA es causado aunque no haya establecimiento de comercio en el territorio del municipio.
6.2. Las providencias invocadas por el tribunal no tienen identidad fáctica con el caso bajo examen porque, en esos casos, fue probado que el negocio fue realizado en la sede fabril.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, su procedencia es excepcional. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.
El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.
3. Análisis del caso
3.1. La Sala reitera que la primera instancia declaró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, aspecto que no será reexaminado porque fue una decisión favorable a la parte demandante, que fue quien impugnó la decisión.
En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y sustantivo al proferir la sentencia del 15 de septiembre de 2017 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 2014-00621.
3.2. Defecto fáctico
3.2.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se ha dicho que para que exista un defecto fáctico, es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma resulta absolutamente inadecuado para el caso concreto.
Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica, dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. Y para analizar si el juez pudo incurrir en el defecto alegado, debe estudiarse si adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.
No obstante lo anterior, el error debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, pues la intervención del juez constitucional es de carácter extremadamente reducido, en respeto al principio de autonomía judicial. Más aún en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia, lo que impide al Juez de tutela realizar un examen exhaustivo del material probatorio, so pena de convertirse en una tercera instancia.
Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la valoración de las evidencias no amerita, por sí misma, la revocación por vía de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial.
3.2.2. En el caso bajo examen, la entidad actora afirma que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en este defecto porque:
i) No valoró la respuesta presentada por Mondelez Colombia SAS el 17 de enero de 2013 durante el proceso de fiscalización, cómo respuesta al Requerimiento Ordinario 0321-2-1347-2012 del 15 de noviembre de 2012, en el que confesó que desempeñó su actividad comercial en el territorio del Distrito de Buenaventura.
ii) De igual forma, no valoró los documentos contables anexados a esa respuesta en los que consta que la sociedad contribuyente desempeñó su actividad comercial en el territorio del distrito.
iii) Tampoco tuvo en cuenta que Mondelez Colombia SAS tenía la carga de probar lo contrario a los hechos confesados, pero no lo hizo durante el proceso ordinario.
iv) El hecho de que la sociedad contribuyente pagara el ICA al Municipio de Cali no es prueba de que no haya realizado actividad comercial en el territorio del Distrito de Buenaventura, por lo que nada le impide adelantar los procedimientos necesarios para obtener el pago debido y el administrado puede solicitar la devolución del pago erróneo.
3.2.3. Respecto a los primeros tres puntos, la lectura de la sentencia del 15 de septiembre de 2017 demuestra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no expuso el mérito que le asignó a los documentos referidos por la entidad actora.
No obstante lo anterior, este simple hecho no tiene incidencia alguna en la decisión judicial acusada porque la respuesta del 17 de enero de 2013 y sus documentos contables anexos no contienen ninguna confesión.
En efecto, la sociedad indicó que contesta el requerimiento ordinario “(…) entregando información de las ventas realizadas por mi representada durante los años 2007 a 2011, sobre las cuales se liquidó y pagó impuesto de industria y comercio al municipio de Santiago de Cali, sobre una base del 100% de los bienes fabricados y los distribuidos, además de corresponder a la jurisdicción donde está ubicada la sede fabril y único establecimiento de comercio, desde donde se confecciona y formaliza la venta”.
Como consecuencia de lo anterior, Mondelez Colombia SAS no tenía la carga de probar lo contrario porque no realizó ninguna confesión con la respuesta del 17 de enero de 2013, ni con los documentos contables aportados al expediente.
3.2.4. De otro lado, el tribunal accionado afirmó que el Distrito Especial de Buenaventura violó la prohibición a la doble tributación al ignorar que las declaraciones presentadas por Mondelez Colombia SAS ante el Municipio de Cali por su actividad comercial.
Si bien es cierto, cómo lo afirmó la entidad territorial actora, que el pago del ICA al Municipio de Cali no le impide adelantar el proceso de fiscalización por el impuesto causado en su territorio; también lo es que esto no tiene incidencia alguna en la decisión judicial.
La sentencia del 15 de septiembre de 2017 expuso que el distrito afirmó, dentro de la motivación de los actos administrativos sancionadores, que las respuestas a las consultas realizadas a los comerciantes locales demostraban que la sociedad contribuyente realizó su actividad comercial en el territorio del distrito.
No obstante lo anterior, agregó: “(…) no se remitieron tales respuestas a efectos de comprobar que ello fuere así, y debido a que las pruebas que se aportaron por la sociedad actora y del testimonio vertido dentro del proceso, las cuales no fueron refutadas, ni controvertidas por la entidad demandada, certifican que aquella no realizó actividad comercial alguna en el Distrito Especial de Buenaventura (…) es pertinente concluir, que no está demostrada la realización de esas actividades por parte de la Sociedad Mondelez Colombia S.A.S. y en ese sentido, se debe declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados, a través de los cuales el Distrito Especial de Buenaventura, impuso y confirmó la sanción por no declarar a la sociedad actora”.
Así las cosas, el pago del ICA al Municipio de Cali no es el único argumento en que fue sustentada la decisión. En efecto, las pruebas aportadas al proceso permitieron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyera, legítima y válidamente, que Mondelez Colombia SAS no realizó su actividad comercial en el territorio del Distrito Especial de Buenaventura, por lo que el defecto alegado no tiene incidencia alguna en la decisión judicial estudiada.
3.2.5. Por lo expuesto no hubo un defecto fáctico en el caso concreto.
3.3. Desconocimiento del precedente
3.3.1. La vulneración del principio de igualdad, en casos que se relacionan con providencias judiciales, o que tienen como fundamento una o más decisiones judiciales, se relaciona, necesariamente, con el principio de cosa juzgada, con la estabilidad jurídica que garantiza el sistema judicial y, de paso, con los intereses de las demás personas que intervinieron durante el trámite judicial.
El elemento imprescindible para establecer si con ocasión de una decisión judicial se vulneró el derecho-principio de igualdad en un caso concreto, por regla general, es el precedente judicial. En virtud de este toda persona tiene derecho de recibir un trato igualitario por parte de los funcionarios judiciales; esto es, de obtener una decisión (providencia) semejante a la que se adoptó en otros procesos con fundamentos fácticos similares.
Para la Sección, solo puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (precedente vinculante); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante), (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).
3.3.2. Según la entidad actora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el precedente establecido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según el cual el ICA era causado por la actividad comercial desempeñada de forma ambulante por agentes de ventas.
Para sustentar la existencia de este precedente, el Distrito Especial de Buenaventura invocó las sentencias proferidas el 22 de junio de 1990, 17 de mayo de 1993, 16 de noviembre de 2001, 28 de junio de 2010, y 29 de septiembre de 2011.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sustentó su decisión en la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, la cual reitera una providencia del 2 de abril de 2009, donde se afirmó que “(…) la labor que efectúan los agentes de venta, es de coordinación, distinta por demás a la comercialización de bienes, y que por lo tanto, aquella no genera el tributo”.
Cómo puede observarse, la providencia acusada está fundamentada en una providencia más reciente que las invocadas por la entidad actora y que expresamente contradice la regla jurisprudencial invocada en la demanda de tutela.
Por lo anterior, la Sala concluye que el precedente invocado por el Distrito Especial de Buenaventura no existe actualmente y no era vinculante para que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolviera el caso concreto.
3.3.3. Como consecuencia de lo anterior, no fue desconocido el precedente.
3.4. Defecto sustantivo
3.4.1. Es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado este defecto se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
En atención a lo anterior, si bien el juez ordinario goza de autonomía e independencia para interpretar y aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico, el ejercicio de estas potestades no puede ser caprichoso.
3.4.2. En el caso bajo examen, la actora afirma que no debió ser condenada en costas por la sentencia del 15 de septiembre de 2017 porque el asunto ventila un interés general, consistente en obtener el recaudo de obligaciones fiscales, según lo prevé el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Cómo lo indicó el juez de tutela de primera instancia, esta Sala consideró en un caso similar que la expresión “procesos en que se ventile un interés público”, contenido en el artículo 188 del CPACA, indicaba que la condena en costas no procedía sólo en las acciones públicas. Esta interpretación fue sustentada así:
“En este sentido se debe entender el alcance de la expresión “procesos en que se ventile un interés público” y no como lo interpretó la UAE - DIAN, porque, se debe tener presente que esta disposición no pretendió hacer distinción alguna entre las partes intervinientes en el proceso y volver al criterio previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo [prohibición de condena en costas al Estado], antes de la modificación introducida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 [condena en costas a las partes, sin distinción alguna, con un criterio subjetivo]”.
Así las cosas, resultaba válido que Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en aplicación del artículo 188 del CPACA, condenara en costas al Distrito Especial de Buenaventura porque fue vencido en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde son protegidos derechos subjetivos.
3.4.3. Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en un defecto sustantivo.
3.5. Como consecuencia de los argumentos antes esgrimidos, la Sala confirmará la providencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Confirmar la decisión impugnada, proferida el 15 de marzo de 2018 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sala
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Folio 1 del expediente.
Folio 185 reverso del expediente.
Folios 79 a 80 del expediente.
Al respecto citó las siguientes providencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado: (i) del 28 de junio de 2010, radicado: 08001-23-31-000-2007-00576-01, demandante: Compañía Panameña de Aviación SA, consejero ponente: William Giraldo Giraldo; (ii) del 16 de noviembre de 2001, radicado: 05001-23-25-000-1995-0231(sic)-01 (12440), demandante: J. M. Voith GMBH, consejera ponente: Ligia López Díaz; (iii) del 29 de septiembre de 2011, expediente: 18413, demandante: Quintec Colombia SA, consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia; (iv) del 17 de mayo de 1993, expediente: 4647; y (v) del 22 de junio de 1990, expediente: 2180.
Al respecto cita las siguientes providencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado: (i) del 24 de octubre de 2013, expediente 19094; (ii) del 28 de agosto de 2014, expediente 19256; (iii) del 17 de septiembre de 2014, expediente 20050; (iv) del 23 de abril de 2015, expediente 19363; (v) del 18 de febrero de 2016, expediente 19041; (vi) del 8 de julio de 2016, expediente 21681; y (vii) del 8 de septiembre de 2016, expediente 19265.
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998
Sentencia T-442 de 1994. Cfr. Sentencia T-055 de 1997, por mencionar una de tantas. Folios 9 a 19 del expediente. Folio 38 del expediente. Folio 17 reverso del expediente. Folio 18 del expediente. Sentencias T-644 de 1998 y T-670 de 1999 proferidas por la Corte Constitucional. En este sentido ver la sentencia del 23 de abril de 2014 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado: 11001 03 15 000 2013 02625 00. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez. La Sección ha decantado algunas reglas para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial. Entre otras, en la sentencia de marzo 27 de 2013, la primera y más elemental regla es que, “En la tutela, el demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció” (radicado 11001-03-15-000-2013-02741-00. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia). Esta regla se fundamenta, entre otras, en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-1108 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), en virtud de la cual, “[…] la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis […]
El juez constitucional no puede asumir la existencia de un precedente en asuntos que no son de la justicia constitucional. Para éste, se trata de hechos que han de probarse en el proceso y, así mismo, ser debidamente valorados por las partes.”. La fuerza vinculante del precedente puede provenir, en principio, de su expreso reconocimiento legal o jurisprudencial. Corresponden a la primera especie las sentencias de unificación de jurisprudencia, de que trata el Artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que, “Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corresponden a la segunda especie, aquellas providencias que, sin ser sentencias de unificación en el sentido de la disposición precedente, unifican las tesis divergentes, respecto de un asunto de derecho, en un órgano determinado. Estas últimas se caracterizan no solo por resolver el asunto bajo examen sino, primordialmente, por definir una subregla jurisprudencial con vocación de futuro; esto último no obsta para que dicha subregla se modifique con el tiempo. Radicado: 25000-23-27-000-2010-00123-01(19256). Actor: LG Electronics Colombia Ltda. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado: 17001-23-31-000-2003-00027-01(17197). Consejero Ponente: Héctor Romero Díaz. Folio 14 reverso del expediente. Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.
“ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS.
En todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electorales habrá condena en costas para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil”. Artículo 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:
"Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil."
Sentencia proferida el 6 de julio de 2016 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado: 25000-23-37-000-2012-00174-01(20486). Actor: Diego Javier Jimenez Giraldo. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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