Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02858-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02858-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-02858-00
Consejero ponente: Hernándo Sánchez Sánchez
25 de enero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / INCUMPLIMIENTO DE CARGA ARGUMENTATIVA POR PARTE DEL ACTOR
Para la Sala el cargo por desconocimiento del precedente judicial no está llamado a prosperar dado que el accionante no estructuró la configuración del precedente judicial que alega desconoció la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (…) El actor en su escrito de tutela simplemente se limitó a indicar que el Tribunal se había apartado de precedentes judiciales aplicables al caso concreto, sin cumplir con la carga argumentativa de identificar los precedentes judiciales desconocidos y su aplicación para la resolución del problema jurídico del presente caso. De esta manera, que aun cuando la Sala, como Juez Constitucional, interpretara la inconformidad de la accionante, no existe objeto de examen, comoquiera que no se argumentó cómo la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del precedente judicial.
AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DE ACERVO PROBATORIO / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN
La Sala, al revisar detenidamente el acervo probatorio allegado legalmente al presente proceso, considera que la Sección Segunda Subsección E del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en defecto fáctico. Del escrito de tutela, adujo el actor que el Tribunal omitió tener en cuenta pruebas documentales relevantes que lograban acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación (…) La Sala al revisar con detenimiento la sentencia proferida (…) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pudo establecer que en su parte motiva tuvo en cuenta todas las pruebas documentales para construir la respectiva argumentación jurídica, y de esta manera negar las pretensiones de la demanda (…) para la Sala el Tribunal no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, como tampoco violó los postulados constitucionales dado que valoró y tuvo en cuenta todos los medios probatorios obrantes en el expediente para concluir que no se cumplían con los requisitos legales para efectos de reconocer la pensión de jubilación a favor del actor, por lo que en el presente caso tampoco se configuró un defecto fáctico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNÁNDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02858-00(AC)
Actor: MARIO CHAVARRO MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Mario Chavarro Martínez contra la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por considerar que la providencia de 13 de septiembre de 2017, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de petición y acceso a la administración de justicia.
La presente providencia tiene las siguientes partes i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
El señor Mario Chavarro Martínez, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de petición y acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 13 de septiembre de 2017 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 25307-33-33-753-2014-00331-01, mediante la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda.
Hechos
El señor Mario Chavarro Martínez nació el día 24 de septiembre de 1956 y estuvo vinculado en la Rama Judicial en diferentes cargos y por diferentes periodos desde el día 8 de noviembre de 1976 al 31 de enero de 2003.
Adujo que, el día 11 de octubre de 2011, radicó solicitud de reconocimiento de pensión de conformidad con lo dispuesto en el Decreto nro. 546 de 21 de marzo de1971 y La Ley 33 de 29 de enero de 1985, la cual fue resuelta mediante la Resolución nro. 14484 del 23 de abril de 2012, negando lo solicitado.
Manifestó que contra la Resolución nro. 14484 de 2012 presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación, el cual fue resuelto mediante las resoluciones nro. 31295 de 28 de septiembre de 2012 y VPB 001657 de 26 de junio de 2013, confirmando lo ya decidido, es decir, negando el reconocimiento de la pensión.
Expresó que, el día 29 de julio de 2013, presentó nuevamente solicitud de reconocimiento de pensión de jubilación, la cual fue negada por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones mediante la Resolución nro. GNR 149017 del 2 de mayo de 2014.
Manifestó que contra la anterior resolución, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante la resolución nro. VPB 14990 del 4 de septiembre de 2014.
Señaló que en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentó demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones nros 14484 de 23 de abril de 2012 y VPB 001657 de 26 de junio de 2013, por medio de las cuales negaron el reconocimiento de la pensión.
1.2.3 Sentencia en primera instancia en el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación nro. 25307-33-33-753-2014-00331-01
El Juzgado Tercero Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 13 de septiembre de 2017, dirimió la controversia puesta a su conocimiento en el siguiente sentido:
“[…] PRIMERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda. […]”.
Expresó que el señor Mario Chavarro Martínez nació el 24 de septiembre de 1956, por lo que al momento de entrada en vigencia de la ley 100 de 23 de diciembre de 1993, esto es, 1 de abril de 1994 tenía 38 años, por lo que no cumplía con la edad para hacerse acreedor del régimen de transición establecido en la ley.
Manifestó que:
“[…] De lo anterior, se tiene que el demandante al 1 de abril de 1994 contaba con 4.752 días de servicios, equivalentes a 158.4 meses, que a su vez son 13.5 años, por lo que tampoco cumple con el requisito de tiempo de servicios que establece la norma para acogerse al régimen de transición.
Así las cosas, es claro que al demandante no le asiste derecho a que se le reconozca pensión de jubilación de acuerdo al régimen especial de funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional del Ministerio Público establecido en el Decreto No. 546 de 1971 […]”.
En ese orden de ideas, el Juzgado al resolver el caso concreto estableció que la norma jurídica aplicable al caso, teniendo en cuenta que el actor no es beneficiario del régimen de transición, era el artículo 33 de la ley 100 de 23 de noviembre de 1993 que dispone lo siguiente:
“[…] REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 […]”.
El Juzgado consideró que al momento de presentarse la demanda y a la fecha el accionante no cumple con los requisitos que exige la ley para efectos de reconocerle la pensión de vejez, dado que no cuenta con el número de semanas cotizadas y sólo tiene 59 años de edad.
1.2.3 Apelación de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 25307-33-33-753-2014-00331-01
El señor Mario Chavarro Martínez impugnó la sentencia proferida en primera instancia, aduciendo que:
“[…] el día 8 de julio de 2014 a la hora de las 9 am según firma y sello de la secretaría, aporté en 12 folios, con otros documentos, la copia de la Resolución Nro. GNR-149017 del 2 de mayo de 2014, junto con el acta de notificación personal efectuada el 30 de mayo del mismo año, para que se decretara la nulidad correspondiente, ya que esta es la que en la actualidad está vigente, por mandato expreso de la ley, pues las anteriores quedaron sin ningún valor y efecto, pues fue expedida casi un año después y modifica la No. VPB-001657 de 26 de junio de 2013, la cual no fue tenida en cuenta en el fallo respectivo […]”.
Advirtió que el juez, en primera instancia, no tuvo en cuenta las pruebas documentales, aportadas al proceso administrativo, tales como:
Certificados formatos 1, 2 y 3 ordenados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Certificados expedidos por los señores pagadores de la rama judicial de Bogotá, Cundinamarca y Tolima, donde consta el pago de salarios, primas, emolumentos, año por año, mes por mes, con descuentos conforme a lo ordenado por el Decreto 546 de 1971 y de la Ley 33 de 1985 para pensión y salud y con los que antiguamente se le pagaba las pensiones a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Certificados expedidos por los señores funcionarios, jueces de la República de Cáqueza, Bogotá, Zipaquirá y Girardot en Cundinamarca y San Antonio en el departamento del Tolima, Juzgados Civiles Municipales y del Circuito de estos departamentos de Cundinamarca y Tolima, donde laboró por tiempo superior a veintiuno años y medio.
Certificados expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y Seccional Bogotá y Cundinamarca.
Certificado DESAJ-11-TH-12141 expedido por la doctora María Soledad García, Coordinadora del Área de Talento Humano del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Cundinamarca, donde está toda la historia laboral, a excepción del juzgado de San Antonio Tolima.
Certificado expedido por la Pagaduría de la Rama Judicial de Ibagué Tolima, donde consta que laboró en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio Tolima.
Copias del fallo de tutela con su respectivo incidente de desacato, proferido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot que ordenó al extinto ISS el traslado de régimen, para el pago de la pensión de jubilación.
Expresó que Colpensiones al expedir la Resolución nro. 149017 de 2 de mayo de 2014, confirmada con la Resolución nro. VPB 14990 de 4 de septiembre del mismo año, liquidó 1.089 semanas, equivalente a 7.614 días, modificando así las resoluciones anteriores, en especial la nro. 31295 de 28 de septiembre de 2013.
En ese orden de ideas, el tiempo laborado para el Estado supera ampliamente los 21 años.
1.2.4. Sentencia en segunda instancia en el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación nro. 25307-33-33-753-2014-00331-01
La Sección Segunda, Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Girardot el 21 de junio de 2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia […]”.
El Tribunal expresó que:
“[…] Acorde con el material probatorio obrante en el plenario, el actor a 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigor la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden nacional, no contaba con 40 años de edad ( pues nació el 24 de septiembre de 1956), así como tampoco acreditaba 15 años de servicios, pues contaba con 13 años, 11 meses y 6 días; como igualmente lo reconoce en el hecho séptimo del recurso de alzada (fol.229), en el que textualmente señala que: “ mi inconformidad radica en que como lo he dicho en innumerables escritos, en este caso en particular NO es aplicable dicha ley, ya que a la entrada en vigencia del mismo ( SISTEMA GENERAL DE PENSIONES), ya que mi cliente había cotizado a CAJANAL de acuerdo a las disposiciones indicadas anteriormente casi 14 años en un régimen especial, como lo es el de los funcionarios y empleados de la RAMA JUDICIAL…”
Así las cosas, el demandante al no acreditar estar cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es posible entrar a reconocer la pensión de jubilación especial de la Rama Judicial contemplada en el Decreto 546 de 1971 […]”.
El accionante afirma que tiene derecho al reconocimiento de la pensión especial de la Rama Judicial, por cuanto está probado y así lo acepta la entidad en la Resolución nro. GNR-149017 de 2 de mayo de 2014, que cuenta con más de 20 años de servicios prestados en la Rama Judicial, no obstante lo anterior el demandante alcanzó la edad de 55 años en el año 2011 y se retiró del servicio en el año 2003, es decir, en vigencia de la Ley 100. En ese orden de ideas, para acceder a la pensión especial era necesario acreditar estar amparado bajo el régimen de transición en los términos de la Ley 100.
1.3. La solicitud de tutela
1.3.1. Pretensiones
El señor Mario Chavarro Martínez solicitó en su escrito de tutela:
“[...] PRIMERA. Proteger mis derechos fundamentales constitucionales a la Seguridad Social en Pensiones; derecho a tener una vejez digna, derecho fundamental a Acceso a la Administración de Justicia; derecho de Igualdad; y los demás que correspondan según la ley.
SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior, ordene al Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca; Sección Segunda –sub- sección C, en cabeza del Honorable Magistrado Doctor JAIME GALEANO GARZÓN, proceda a declarar la ilegalidad de la sentencia de fecha trece 13 de septiembre de 2017, proferida por ese Alto Tribunal; mediante la cual confirma la de fecha 21 de junio de 2016 de primer grado, por haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones y por cuanto las providencias ilegales no atan al juez ni a las partes y porque además violó directamente la Constitución Nacional, como está probado. Y las demás normas citadas en la acción.
TERCERA. De la misma manera ordene a la Administradora de Pensiones del Estado Colpensiones, proceda a reconocer, liquidar y pagar mi pensión ordinaria vitalicia de jubilación a que tengo derecho, con fundamento en las disposiciones reseñadas en esta demanda [...]“.
1.3.2. Actuación
El Despacho, por auto de 9 de noviembre de 2017, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los Magistrados de la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
De igual manera dispuso vincular al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot, concediéndole el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
1.3.3. Intervenciones de la parte accionada y las partes vinculadas
1.3.3.1. El Magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón, de la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante escrito aportado el 16 de noviembre de 2017, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Expresó que:
“[…] La decisión cuestionada fue debidamente sustentada y razonada, atendiendo para ello la normatividad vigente aplicable al caso, considerando las pruebas legalmente arrimadas al expediente, así como los argumentos planteados en la alzada y por el hecho de que la parte accionante no comparta la postura acogida, ello no significa que la misma haya quebrantado los derechos fundamentales que invoca y mucho menos que con tal decisión, los jueces estemos incursos en delitos, como irresponsablemente lo afirma la parte actora.
Contrario a lo manifestado por el accionante, en el fallo objeto de revisión se realizó un análisis claro y detallado de las pruebas documentales, y se explicó el por qué en este caso se consideró que el demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación con el régimen pensional especial aplicable a los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público, confirmando la negativa del juez de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, toda vez que el actor NO era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a 1º de abril de 1994 no tenía 15 años de servicios ( aspecto este que reconoció la demanda), así como tampoco la edad de 40 años, dado que nació el 24 de septiembre de 1956 […]”.
1.3.3.2 La Secretaria del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Girardot, mediante escrito aportado el 16 de noviembre de 2017, adujo que no se le había vulnerado ningún derecho fundamental al actor, razón por la cual solicitó la desvinculación del Juzgado del presente proceso.
1.3.3.3 El Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, mediante escrito aportado el 5 de diciembre de 2017, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Manifestó que:
“[…] si el actor quiere obtener la pensión con base en lo establecido en el decreto 546 de 1971, primero debía acreditar que era beneficiario del régimen de transición señalado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, sin embargo, para ninguna de las dos normatividades en el momento de solicitar la pensión lograba cumplir con los requisitos antes mencionados.
Debido a lo anterior tanto el A QUO como el Tribunal, estudiaron minuciosamente las pruebas y documentos allegados por la parte actora, y por ende se estableció que el demandante de ningún modo logró acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por el Decreto 546 de 1971 […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sección Segunda, Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 13 de septiembre de 2017, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en defecto fáctico al no haberse tenido en cuenta pruebas documentales relevantes allegados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho..
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y finalmente, la v) solución del caso concreto.
2.5 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.6. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.7. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, ya que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del señor Mario Chavarro Martínez al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de petición y acceso a la administración de justicia; ii) cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 13 de septiembre de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) en la acción de tutela no se alegó un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) el señor Mario Chavarro Martínez identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.8. El caso concreto
El señor Mario Chavarro Martínez, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de petición y acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 13 de septiembre de 2017 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 25307-33-33-753-2014-00331-01, mediante la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda.
La Sala debe determinar si, en efecto, la Sección Segunda, Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en un defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y en defecto fáctico por no haberse valorado prueba documentales relevantes aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para determinar si, en efecto, la Sección Segunda, Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento al precedente judicial y en defecto fáctico por no haberse valorado prueba documentales relevantes aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala hará los siguientes análisis: i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, reiteración jurisprudencial, ii) defecto fáctico, reiteración jurisprudencial y finalmente, iii) analizará el caso en concreto.
i) Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto)
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, […] “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
ii) Defecto factico -reiteración jurisprudencial-
Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[...]“.
En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial.
iii) Análisis del caso en concreto
En el presente caso, se advierte que el señor Mario Chavarro Martínez pretende que se deje sin efecto la sentencia de 13 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 25307-33-33-753-2014-00331-01, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero (3) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Girardot, que había negado las pretensiones de la demanda en el sentido de no reconocer la pensión de jubilación.
Cargo por desconocimiento del precedente judicial
Pasa la Sala a analizar si la sentencia objeto de la presente tutela incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
Para la Sala el cargo por desconocimiento del precedente judicial no está llamado a prosperar dado que el accionante no estructuró la configuración del precedente judicial que alega desconoció la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En el escrito de tutela el actor tenía el deber de i) identificar de manera razonable las sentencias que fueron desconocidas por el tribunal y que constituyen precedente, ii) los hechos de las sentencias para concluir si la situación fáctica abordada en dichas sentencias era similar al decidido por la sentencia atacada; ii) identificar la regla jurisprudencial (ratio decidendi) aplicable al caso y iii) identificar que la ratio decidendi aplicable al caso concreto resolvía un problema jurídico semejante al expuesto en el asunto en cuestión. Ninguno de estos requisitos se cumplieron en la solicitud de amparo que se estudia.
El actor en su escrito de tutela simplemente se limitó a indicar que el Tribunal se había apartado de precedentes judiciales aplicables al caso concreto, sin cumplir con la carga argumentativa de identificar los precedentes judiciales desconocidos y su aplicación para la resolución del problema jurídico del presente caso.
De esta manera, que aun cuando la Sala, como Juez Constitucional, interpretara la inconformidad de la accionante, no existe objeto de examen, comoquiera que no se argumentó cómo la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del precedente judicial.
Así las cosas, es importante resaltar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela, no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
Cargo por defecto fáctico al haberse omitido pruebas documentales relevantes obrantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Acervo y análisis probatorio
Teniendo en cuenta las sentencias citadas en precedencia, el fundamento de la existencia del defecto fáctico por falta apreciación del material probatorio anexado al expediente se constituye cuando el Juez falla en contra de las pruebas que hacen parte del plenario.
Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto fáctico, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en el yerro en mención.
Además, efectuará el respectivo análisis del acervo probatorio obrante en el expediente:
Certificación DESAJ11-TH 1214 de 4 de octubre de 2011, expedida por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Rama Judicial, en donde consta los servicios prestados por el señor Mario Chavarro Martínez:
Cargo
Juzgado
Desde
Hasta
Escribiente
1º Civil de Caqueza-Cundinamarca
08-11-1976
31-08-1977
Escribiente
3º Civil Municipal de Bogotá
01-09-1977
08-10-1979
Escribiente
27 Civil Municipal de Cundinamarca
09-10-1979
15-01-1981
Secretario
2º Civil Municipal de Zipaquirá
16-01-1981
15-09-1982
Secretario
1º Civil del Circuito de Girardot
22-10-1987
12-12-1987
Escribiente
1º Civil del Circuito de Zipaquirá
01-02-1988
30-06-1988
Oficial Mayor
1º Civil del Circuito de Zipaquirá
01-07-1988
10-01-1989
Escribiente
1º Civil del Circuito de Zipaquirá
11-01-1989
05-04-1989
Secretario
1º Civil del Circuito de Girardot
6-04-1989
22-05-1989
Escribiente
1º Civil del Circuito de Zipaquirá
23-05-1989
31-10-1989
Escribiente
2º Civil Municipal de Zipaquirá
01-11-1989
10-01-1990
Escribiente
1º Civil del Circuito de Zipaquirá
11-01-1990
30-01-1990
Escribiente
10 Civil del Circuito de Bogotá
01-02-1990
15-04-1990
Oficial Mayor
1º Civil del Circuito de Girardot
16-04-1990
17-05-1990
Escribiente
1º Civil del Circuito de Girardot
18-05-1990
28-02-1991
Secretario
1º Civil del Circuito de Girardot
01-03-1991
15-06-1991
Escribiente
1º Civil del Circuito de Girardot
16-06-1991
19-09-1991
Secretario
1º Civil del Circuito de Girardot
20-09-1991
28-02-2002
Secretario
1º Civil del Circuito de Girardot
01-03-2002
31-01-2003
Sentencia proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Girardot por medio del cual le concedió al actor la protección de su derecho fundamental de petición, y en consecuencia ordenó al presidente del ISS, o a quien haga sus veces, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación, resuelva de fondo las peticiones radicadas el 30 de diciembre de 2008 y 3 de febrero de 2009, atinentes a la vinculación del accionante al sistema general de pensiones.
Providencia proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Girardot por medio del cual resolvió el incidente de desacato frente al no cumplimiento de la orden decretada en el fallo de tutela de 26 de marzo de 2009.
Resolución nro. 14484 de 23 de abril de 2012, en donde el ISS negó la pensión de vejez al actor, dado que el actor no puede estar en el régimen de transición con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al no contar al 1º de abril de 1994 con 15 años de servicios.
Resolución nro. 31295 de 28 de septiembre de 2012.
Resolución nro. VPB 001657 de 26 de junio de 2013.
Resolución nro. GNR 149017 de 2 de mayo de 2014. En este acto administrativo consta lo servicios prestados por el actor en la Rama Judicial.
Resolución nro. VPB 14990 de 4 de septiembre de 2014.
2.8.1 Análisis del caso concreto y resolución del problema jurídico
La Sala, al revisar detenidamente el acervo probatorio allegado legalmente al presente proceso, considera que la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en defecto fáctico.
Del escrito de tutela, adujo el actor que el Tribunal omitió tener en cuenta pruebas documentales relevantes que lograban acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación. Hizo referencia a i) los documentos expedidos por funcionarios judiciales en donde se certificaba la prestación de sus servicios en Juzgados municipales y del Circuito de Cáqueza, Bogotá, Zipaquirá y Girardot, en Cundinamarca y Tolima, II) copia del fallo de tutela proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Girardot y iii) la Resolución nro. GNR-149017 del 2 de mayo de 2014.
La Sala al revisar con detenimiento la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pudo establecer que en su parte motiva tuvo en cuenta todas las pruebas documentales para construir la respectiva argumentación jurídica, y de esta manera negar las pretensiones de la demanda.
El Tribunal en su providencia se refirió a los “hechos probados jurídicamente relevantes” y para ello se fundamentó en los medios probatorios allegados al expediente, entre los que se encuentra los enunciados por el accionante que a su juicio fueron omitidos.
El Tribunal, con base en la certificación DESAJ11-TH 1214 de 4 de octubre de 2011, expedida por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Rama Judicial, hizo la respectiva relación de los cargos que desempeñó el accionante en la rama judicial, estableciendo el periodo inicial y final de cada uno de ellos, para establecer el tiempo total laborado por el señor Mario Chavarro Martínez.
De igual manera hizo referencia a la resolución nro. GNR-149017 del 2 de mayo de 2014, aduciendo que: “[…] Afirma el recurrente que tiene derecho al reconocimiento de la pensión especial de la Rama, por cuanto está probado y así lo acepta la entidad en la Resolución No. GNR-149017 de 2 de mayo de 2014, que cuenta con más de 20 años de servicios prestados en la Rama Judicial; no obstante lo anterior, aclara la Sala que el demandante alcanzó la edad de 55 años en el año 2011 y se retiró del servicio en el año 2003, es decir, en vigencia de la ley 100 de 1993, por ello, como atrás viene explicado, para acceder a la pensión especial, necesariamente debe acreditar estar amparado por el régimen de transición de la referida ley, distinto sería, si hubiese adquirido los requisitos antes de entrar a regir la norma general, que no es el caso […]”.
Ahora bien, frente al fallo de tutela proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, la Sala debe aclarar que se trató de una providencia por medio del cual se garantizó la protección del derecho fundamental de petición a favor del actor para que el Presidente del ISS respondiera las solicitudes frente a la afiliación y traslado a dicho fondo de pensiones, un asunto que ya fue resuelto. En ese orden de ideas, para la Sala la copia del respectivo fallo de tutela no era relevante para resolver el presente caso, toda vez que el asunto a tratar consistía en establecer si el actor cumplía o no con los requisitos de la ley para que se le reconociera la pensión de jubilación.
Conclusión de la Sala
En suma, para la Sala el Tribunal no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ya que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el cargo, teniendo en cuenta que ni siquiera hizo mención de las sentencias que constituían precedente judicial aplicables al caso concreto.
De igual manera, para la Sala el Tribunal no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, como tampoco violó los postulados constitucionales dado que valoró y tuvo en cuenta todos los medios probatorios obrantes en el expediente para concluir que no se cumplían con los requisitos legales para efectos de reconocer la pensión de jubilación a favor del actor, por lo que en el presente caso tampoco se configuró un defecto fáctico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR el amparo interpuesto por el señor Mario Chavarro Martínez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 25 de enero de 2018.
HERNÁNDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares “.
“por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.”
“ Artículo Primero: Confirmar la Resolución 14484 del 23 de abril de 2012 mediante la cual se negó la pensión de vejez a Mario Chavarro Martínez”.
Artículo primero: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 14484 del 23 de abril de 2012, conforme el recurso presentado por el (la) señor (a) CHAVARRO MARTINEZ MARIO, ya identificado (a), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
“Por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión de vejez”.
“Artículo primero: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 149017 del 2 de mayo de 2014, conforme el recurso presentado por el señor CHAVARRO MARTINEZ MARIO, ya identificado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
11 de abril de 2014.
Folio 75 del cuaderno de tutela.
Folio 79 del cuaderno de tutela
Folio 95 del cuaderno de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Radicado nro. 25307-33-33-753-2014-00331-01
La Sala al leer el escrito de tutela pudo deducir que estos fueron los defectos alegados por el accionante en contra de la Sección Segunda, Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 2 de octubre de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 23 de octubre de 2017.
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
Ibídem.
Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010.
Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204/08, MP: Dr. Hernando Herrera Vergara).
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M.P.: Dr. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M.P.: Dr. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017. Magistrado ponente: Roberto Augusto Serrano Valdés, Rad. 11001-03-15-000-2017-00420-00.
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
Providencia expedida el 26 de marzo de 2009.
Providencia expedida el 26 de marzo de 2009.
En la parte resolutiva se decidió “Imponer al Presidente del ISS Dra. Clara Ivy González Marroquín, o quien haga sus veces, tres días de arresto y multa por la suma de un millón cuatrocientos noventa mil setecientos pesos ($1.490.700,00) a favor del Consejo Superior de la Judicatura.”
“Artículo Primero: Confirmar la Resolución 14484 del 23 de abril de 2012 mediante la cual se negó la pensión de vejez a Mario Chavarro Martínez”.
Artículo primero: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 14484 del 23 de abril de 2012, conforme el recurso presentado por el (la) señor (a) CHAVARRO MARTINEZ MARIO, ya identificado (a), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
“ Por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión de vejez”.
“ Por la cual se resuelve un recurso de apelación contra la resolución 149017 del 2 de mayo de 2014. “ . En este acto administrativo se confirmó en su integridad lo establecido en la resolución nro. 149017 del 2 de mayo de 2014.
Providencia expedida el 26 de marzo de 2009.
Ver los folios 38, 39, 40 y 41 del cuaderno de tutela.
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