RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2017-02881-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02881-01

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-02881-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Modifícase la sentencia del 3 de mayo de 2018 a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró la improcedencia de la acción y, en su lugar, deniégase el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02881-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

12 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se niega el amparo ya que la controversia no guarda identidad con el asunto puesto en conocimiento de la autoridad accionada / DEFECTO ORGÁNICO, PROCEDIMENTAL Y SUSTANTIVO - No se configuran ya que la decisión de decretar un dictamen pericial para resolver el asunto, no fue arbitraria / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura las decisiones citadas como desconocidas no fueron proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera en función de su facultad de unificación, por lo que no constituyen precedente

[L]a Sala precisa que el objeto de esta tutela no es determinar si la prueba resultaba idónea o necesaria para dictar sentencia, sino establecer si el hecho mismo de decretar una prueba en el proceso de anulación de laudos arbitrales desconoce el derecho fundamental al debido proceso. Según se tiene, tal y como lo estableció la autoridad judicial demandada en el auto del 3 de agosto de 2017, aunque el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 no prevé expresamente la posibilidad de decretar pruebas de oficio, tampoco la restringe. Por lo tanto, el hecho de aplicar el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma general que permite al juzgador decretar pruebas de oficio en cualquier instancia del proceso en aras de esclarecer la verdad, se encuentra ajustada a derecho y no desconoce el derecho fundamental al debido proceso de los actores. Así las cosas, la Sala considera que la decisión de decretar un dictamen pericial, en aras de brindar mayor claridad al juzgador para resolver el asunto objeto de controversia, no fue arbitraria y, en tales condiciones, las providencias atacadas no incurrieron en los defectos orgánico, procedimental y sustantivo. Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado, la Sala recuerda que éste hace referencia a aquella regla creada por una alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. (…). Al respecto, la Sala precisa que las decisiones citadas como desconocidas no fueron proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera en función de su facultad de unificación, por lo que no constituyen precedente y, en tal virtud, no contienen una regla o subregla que la autoridad judicial debiera aplicar al caso concreto. En todo caso, se precisa que la sentencia enunciada en el numeral tercero, la cual fue proferida por la misma subsección demandada en la presente acción constitucional, tuvo como objeto resolver un recurso de anulación de laudo arbitral con base en la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, fallar en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho. Por lo tanto, es claro que tal controversia no guarda identidad con el asunto puesto en conocimiento de la autoridad accionada, en el cual se alegó la configuración de la causal 9 ibidem, referida a la incongruencia del laudo. Así las cosas, tampoco se configura una eventual vulneración del derecho. La Sala encuentra que los defectos alegados en el escrito de tutela no se encuentran acreditados, razón por la cual la decisión de primera instancia, que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de subsidiariedad, será modificada y en su lugar se denegará el amparo solicitado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 / / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 30 / DECRETO 1069 DE 2015 / LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9 / LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213

NOTA DE RELATORÍA: Respecto al carácter excepcional de la acción de tutela, el cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de primero (1) de octubre de 1992, exp. C-543, sentencia de 1 de abril de 2005, exp. T-315, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En cuanto a que la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02881-01(AC)

Actor: RUBY ESMERALDA FUENTES RAMÍREZ Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 3 de mayo de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

ANTECEDENTES

La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2017 en la Secretaría General de esta Corporación, los señores Jackson Alfonso Fuentes Ramírez, Brayner Ronaldy Fuentes Ramírez y Ruby Esmeralda Fuentes Ramírez, por conducto de apoderado, interpusieron acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con el objeto de que se protegieran su derecho fundamental al debido proceso.

Estimaron quebrantado su derecho con ocasión del auto del 26 de abril de 2017, mediante el cual se decretó de oficio la práctica de un dictamen pericial, y del proveído del 3 de agosto siguiente, que resolvió no reponer la anterior decisión, proferidos en el trámite del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral con radicado 11001-03-26-000-2016-00027-00 (56343), presentado por el Municipio de San José de Cúcuta – Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.

En concreto, solicitaron a esta Corporación:

“PRIMERA. Se ampare el derecho fundamental del debido proceso, vulnerado el por (sic) auto de fecha 26 de abril de 2017 por medio del cual decreta de oficio la práctica de un dictamen pericial y el auto del 3 de agosto de 2018, notificado el 22 de septiembre de 2017, el cual resuelve no responder la decisión, proferidos por la Sala de lo Contenciosos (sic) Administrativo Sección Tercera Subsección “B” con ponencia del (sic) Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo, dentro del proceso del Recurso extraordinario de Nulidad de laudo arbitral radicado 110010326000201600027-00 (56343).

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO con base en las consideraciones que se señalarán en la sentencia de tutela, el auto de fecha 26 de abril de 2017 por medio del cual decreta de oficio la práctica de un dictamen pericial y el auto del 3 de agosto de 2018, notificado el 22 de septiembre de 2017, el cual resuelve no responder la decisión y por consiguiente ordenar el ingreso del proceso al Despacho para proferir sentencia conforme se señala en el art. 42 de la ley 1563 de 2012.” (Resaltado del texto original)

Hechos

La tutela tuvo como fundamento los siguientes hechos, los cuales resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

El 17 de junio de 2014, los señores Ruby Esmeralda, Jackson Alfonso y Brayner Fuentes Ramírez, en su condición de herederos del señor José Alfonso Fuentes Contreras, propietario del Parqueadero Los Coches, dirigieron al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cúcuta, solicitud de convocatoria a Tribunal de Arbitramento para dirimir las diferencias surgidas con el municipio de San José de Cúcuta, con ocasión del contrato de concesión que suscribieron para la administración, operación, mantenimiento y recaudo del servicio de parqueadero de los vehículos puestos a disposición de la Secretaría de Tránsito de esa ciudad, incursos en infracciones de tránsito.

Mediante laudo arbitral del 14 de septiembre de 2015, el Tribunal de Arbitramento conformado dispuso:

“(…) TERCERO: Declarar que el contrato celebrado por el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y el señor JOSÉ ALFONSO FUENTES CONTRERAS, denominado por administración Contrato de Concesión No. 003 de 2006, corresponde a un contrato de depósito de acuerdo a su naturaleza y características del mismo, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. En consecuencia, prospera la primera pretensión de la reforma de la demanda.

CUARTO: Declarar que el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA no liquidó el Contrato No. 003 de 2006 celebrado con el señor JOSÉ ALFONSO FUENTES CONTRERAS, pero negar que el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA incumplió la Resolución 346 de 2012, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. En consecuencia, prospera parcialmente la segunda pretensión de la reforma de la demanda.

QUINTO: Liquidar el Contrato No. 003 de 2006 celebrado por el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA con el señor JOSÉ ALFONSO FUENTES CONTRERAS, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. En consecuencia, prospera parcialmente la segunda pretensión de la reforma de la demanda.

SEXTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA a pagar a los señores RUBY ESMERALDA FUENTES RAMÍREZ, JACKSON ALFONSO FUENTES RAMÍREZ Y BRAYNER RONALDY FUENTES RAMÍREZ, la suma de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($23.919’532.389.oo) M/CTE, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. En consecuencia, prospera parcialmente la cuarta pretensión de la reforma de la demanda.

SÉPTIMO: Las sumas reconocidas en este laudo arbitral se pagarán de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, prosperan las pretensiones quinta y sexta de la reforma de la demanda.

OCTAVO: Condenar al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA A PAGAR A LOS SEÑORES RUBY ESMERALDA FUENTES RAMÍREZ, JACKSON ALFONSO FUENTES RAMÍREZ Y BRAYNER RONALDY FUENTES RAMÍREZ, por concepto de costas y agencias en derecho, la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($420’195.323,89) M/CTE, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. En consecuencia, prospera la séptima pretensión de la reforma de la demanda”. (…)

Los accionantes indicaron que, con fundamento en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, el municipio de San José de Cúcuta presentó recurso extraordinario de anulación en contra de dicho laudo arbitral.

El ente territorial alegó que no se tuvieron en cuenta los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda e injustificadamente se mutó la naturaleza del contrato, así como las pretensiones de la misma. Por lo anterior, invocó las causales contenidas en los numerales 7 y 9 del artículo 41 ibidem, y refirió que el tribunal omitió pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en las excepciones y en la demanda de reconvención, particularmente en lo atinente a la declaración de incumplimiento del contratista.

Por último, indicó que el laudo adolecía de falta de la fundamentación legal necesaria para establecer quién era el titular del pago de las tarifas; además, aseguró que se desconocieron las normas contables, tributarias y de tránsito que regulan la materia, y que no había una pretensión dirigida a declarar el incumplimiento, pues en la demanda únicamente se solicitó la liquidación del contrato.

Sobre este punto, específicamente advirtió que:

“(…) [E]l escrutinio del Tribunal nunca se dirigió a la comprobación del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de las partes signatarias del contrato de concesión, luego mal hace el Tribunal en condenar al municipio sin declararlo incumplido, pues con ello está extralimitándose, concediendo una pretensión indemnizatoria no pedida”

Los tutelantes mencionaron que el conocimiento del proceso le correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, bajo el radicado 11001-03-26-000-2016-00027-00 (56343), recurso que fue admitido mediante auto del 29 de febrero de 2016.

Destacaron que a través de providencia del 26 de abril de 2017 se decretó de oficio la práctica de un dictamen pericial, con el objeto de establecer el monto de las prestaciones ejecutadas en el marco del contrato de concesión objeto del laudo arbitral.

Señalaron que frente a dicha decisión se presentó salvamento de voto por parte del Dr. Danilo Rojas Betancourth, en el que se expuso que “dada la naturaleza especial del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, al juez competente para dirimirla le está vedado el ejercicio de facultades como la de decretar pruebas de oficio, toda vez que ello implica resolver sobre el fondo de la controversia, materia que le es ajena, en cuanto la ley le impone decidir exclusivamente sobre la existencia o no de las causales alegadas por el recurrente, sin adelantar actuaciones adicionales, así se desprende de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 1563 de 2012 (…)”.

Afirmaron que interpusieron recurso de reposición en contra del referido auto, en el que alegaron que la Ley 1563 de 2012 no prevé la posibilidad de decretar pruebas de oficio, pues la autoridad judicial no puede reabrir el debate probatorio que fue objeto de estudio confrontación durante el trámite arbitral.

Informaron que dicho recurso fue resuelto mediante providencia del 3 de agosto de 2017, en el sentido de no reponer la decisión recurrida porque la Ley 1563 de 2012 no prohibía expresamente decretar pruebas de oficio dentro de este tipo de procesos.

Resaltaron que respecto de esta decisión también se presentó salvamento de voto por parte del Dr. Danilo Rojas Betancourth con los argumentos antes expuestos.

Sustento de la vulneración

Según la parte actora, a través de las decisiones censuradas se desconoció su derecho fundamental al debido proceso al incurrir en los siguientes defectos:

Defecto orgánico

Refirieron que los autos acusados desconocieron las competencias establecidas por el legislador para las autoridades judiciales que resuelven los recursos extraordinarios de anulación de laudos arbitrales.

Explicaron que el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 dispuso únicamente dos etapas procesales: (i) la admisión del recurso de anulación y (ii) la sentencia.

Agregaron que la norma limita la competencia de la autoridad judicial, por lo que no puede cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio, como lo hace la accionada a través de las providencias demandadas.

Con base en lo anterior, sostuvieron que se configuró un defecto orgánico porque la referida disposición legal no faculta a la autoridad judicial para que decrete pruebas de oficio.

Defecto procedimental absoluto

Precisaron que este defecto, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia T-388 de 2015, se presenta cuando el juez ha actuado al margen del procedimiento establecido o de la normatividad procesal pertinente.

Señalaron que las decisiones atacadas incurren en tal defecto, pues se apartan de la normatividad procesal que regula los recursos extraordinarios de anulación de laudos arbitrales, cuyo trámite se limita a la admisión o rechazo y a la correspondiente sentencia.

Afirmaron que en ese tipo de procesos no se presentan alegatos, ni hay debate probatorio, por lo que no se pueden solicitar pruebas ni la autoridad judicial puede decretarlas de oficio.

Defecto sustantivo

Recalcaron que se dio una interpretación inadecuada del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, cuyo tenor literal establece:

Artículo 42. Trámite del recurso de anulación. La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se hubiere sustentando o las causales invocadas no correspondan a ninguna de las señaladas en esta ley.

Admitido el recurso, el expediente pasará al despacho para sentencia, que deberá proferirse dentro de los tres (3) meses siguientes. En ella se liquidarán las condenas y costas a que hubiere lugar.

La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión.

La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.

Expresaron que la norma es bastante clara en establecer que el juez que conoce el recurso de anulación de laudos arbitrales no puede reabrir el debate probatorio.

Alegaron que los autos demandados contradicen dicho precepto legal y pretenden hacer ver un vacío procesal, según el cual resulta procedente aplicar la Ley 1437 de 2011 y decretar de oficio un dictamen pericial.

Refirieron que la Ley 1563 de 2012 es una norma especial que regula íntegramente el recurso de anulación, por lo que la autoridad judicial no puede disponer etapas adicionales que no fueron señaladas expresamente por el legislador.

Desconocimiento del precedente

Advirtieron que si la Sala que profirió los autos censurados pretendía alejarse del precedente que dispone la prohibición de iniciar un debate probatorio dentro de un recurso de anulación de laudos arbitrales, debió exponer los motivos para proceder de esa manera, pues al no hacerlo desconoció sus derechos fundamentales.

Manifestaron que las providencias demandadas desconocieron los fundamentos de la sentencia del 19 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia del Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, dentro del expediente 11001-03-26-000-2017-00043-00 (59067).

Precisó que en dicho pronunciamiento se estableció que:

“Es claro, que tanto en la legislación anterior, como en vigencia de la Ley 1563 de 2012, el juez del recurso de anulación no puede entrar a cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio, ni establecer si hubo o no un yerro en la interpretación o valoración de las pruebas que hizo el juez arbitral, como tampoco el alcance que le imprimió el juzgador arbitral al contenido obligacional acordado por vía de su interpretación del negocio jurídico. (…)”

De igual manera, que se desconoció la sentencia del 12 de junio 2017 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón, dentro del expediente 11001-03-26-000-2017-00006-00 (58544), en la que se dispuso:

“(…) ii) El recurso tiene como finalidad controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral, en principio, por errores in procedendo, por lo cual a través de él no puede pretenderse atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es errores in iudicando, es decir para examinar si el Tribunal de Arbitramento obró, o no, de acuerdo con el derecho sustancial, ni tampoco para revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo, o no, un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido instituido como superior jerárquico o funcional del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo, al punto de poder modificar las decisiones plasmadas en el laudo por el hecho de que no comparta sus criterios o razonamientos”. (Resaltado del texto original)

Adicionalmente, que se pasó por alto la sentencia del 1 de junio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la Dra. Stella Conto Díaz del Castillo (ponente de los autos censurados), en el proceso 11001-03-26-000-2016-00126-00 (57688), en donde se expuso que:

“Se tiene, entonces, que el recurso de anulación fue concebido para proteger los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, por razones que atienden a la prevalencia del ordenamiento imperativo y, en especial, a irregularidades en el trámite arbitral que constituyan vicios procesales, violación del principio de la congruencia, errores aritméticos o decisiones contradictorias. A diferencia de la apelación, el recurso de anulación no da a lugar a revisar el aspecto sustancial del laudo, ni permite reabrir el debate probatorio”.

Por último, que no se tuvo en cuenta la sentencia del 24 de mayo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia de la Dra. Martha Nubia Velásquez Rico, dentro del expediente 11001-03-26-000-2017-00017-00 (58675), en relación con la limitación de la competencia de la autoridad judicial que conoce el recurso extraordinario de nulidad, establecida en la Ley 1563 de 2012.

Concluyó que el criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado es que la Ley 1563 de 2012 reguló de manera especial la anulación de laudos arbitrales, y consagró la imposibilidad de reabrir el debate probatorio, por lo que las partes no pueden solicitar pruebas ni el juez puede decretarlas de oficio.

Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 3 de noviembre de 2017, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, admitió la acción de tutela, denegó la medida cautelar solicitada y ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Adicionalmente, vinculó al alcalde de San José de Cúcuta y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho municipio, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso.

Argumentos de defensa

Municipio de San José de Cúcuta

El apoderado del municipio aseguró que los accionantes realizaron una interpretación descontextualizada del último inciso del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.

Indicó que con la tutela se pretende, en síntesis, que no se estudie el recurso de anulación en lo atinente a la causal de incongruencia que allí se alegó, referida a la no decisión de cuestiones que estaban sometidas al arbitramento.

Advirtió que la parte actora sustentó su tesis con base en precisiones sobre la normatividad aplicable al caso, pero omitió referirse a la especial consideración que el Consejo de Estado ha señalado frente a la causal de incongruencia, contemplada en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

Resaltó que la jurisprudencia ha establecido sobre el particular lo siguiente:

“(…)En suma al juez de anulación no le está autorizado adentrarse a juzgar eventuales errores sustanciales, para modificar las determinaciones tomadas por el Tribunal de Arbitramento, por no estar de acuerdo con los razonamientos, conceptos o alcances emitidos sobre los hechos controvertidos y sus consecuencias jurídicas; excepto, como se señaló, cuando se deja de decidir asuntos sometidos al arbitramento, en virtud de la causal establecida en el numeral 5 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 o la del No. 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, que son normas equivalentes” (Resaltado del texto original)

Sostuvo que la incongruencia es un error que, para su verificación, supone un examen excepcional de las consideraciones que llevaron a los árbitros a fallar en determinado sentido, por lo que el dictamen pericial decretado servirá para comparar las pretensiones, excepciones y hechos en los que se fundan las partes, con lo decidido en el laudo arbitral.

Expuso que el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las autoridades deben sujetar sus actuaciones a los procedimientos allí establecidos, sin perjuicio de aquellos regulados en leyes especiales, pero que para lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Precisó que el estatuto arbitral no contiene disposición relativa al decreto de pruebas en el trámite del recurso de anulación, ni prohíbe expresamente el decreto de una prueba de oficio.

Agregó que el inciso 1° del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 otorga la posibilidad de corregir o incluso adicionar el laudo arbitral, por lo que la autoridad judicial demandada, ante el vacío legal existente, aplicó en debida forma el artículo 213 del CPACA, referido a la facultad de decretar las pruebas de oficio que el juez considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

Destacó que las decisiones censuradas contienen una interpretación adecuada de las normas que rigen el caso concreto, además de respetar el precedente horizontal sobre la materia, el cual fue establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 2015-00141-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth, magistrado que salvó su voto en las providencias objeto de discusión.

Por lo anterior, consideró que no se incurrió en alguno de los defectos alegados y solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

La magistrada ponente de las decisiones censuradas contestó la acción de tutela en los siguientes términos:

Informó que el municipio de San José de Cúcuta interpuso el recurso de anulación del laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento de Cúcuta, con fundamento en las causales 7° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por “haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo” y “haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”

Precisó que, en síntesis, la parte convocante alegaba que el tribunal omitió pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en las excepciones y en la demanda de reconvención, particularmente en lo referido a la declaración de incumplimiento del contratista; además, que el laudo carecía de la fundamentación legal suficiente para establecer quién era el titular del pago de unas tarifas, entre otros cargos.

Explicó que, estando el expediente al despacho para dictar sentencia, la Sala decretó de oficio la práctica de un examen pericial con el objeto de establecer el monto de las prestaciones ejecutadas en el marco del contrato de concesión objeto del proceso arbitral, los pagos realizados por el concedente por concepto de retribución, así como los recaudos efectuados por el concesionario.

Advirtió que la posición mayoritaria de la sala de decisión fue decretar dicha prueba sin que ello comportara la apertura del debate probatorio, sin perjuicio del derecho de contradicción.

Indicó que en las providencias atacadas se anotó que, a pesar de que el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 no prevé la posibilidad de decretar pruebas de oficio en el trámite del recurso de anulación de laudos arbitrales, tampoco lo impide y no podría hacerlo, pues basta aplicar las normas que sí lo permiten, en cuanto suplen el silencio del legislador.

Recalcó que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues la decisión se soportó en una facultad prevista en la ley, cuyo ejercicio, en cuanto necesario para adquirir certeza, no requiere de otra justificación.

Mencionó que la causal de incongruencia alegada por el municipio de San José de Cúcuta en el recurso de anulación, permite que el juez contencioso decrete pruebas de oficio, dado que su facultad no está siendo limitada, pues se trata de resolver el cargo formulado y, por virtud del artículo 43 ibidem, el laudo se podría corregir o incluso adicionar.

Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 3 de mayo de 2018 declaró la improcedencia de la acción al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Al respecto, indicó que en la actualidad se encuentra en curso el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, en el que aún no se ha dictado una decisión definitiva en la que se observe un análisis del material probatorio y que no se ajuste a las normas procesales.

Expuso que no era posible determinar si la autoridad judicial demandada reabrió el debate probatorio al decretar una prueba de oficio, pues dicha facultad puede ser utilizada para otros fines, de conformidad con las causales que se invoquen en el recurso extraordinario de anulación.

Consideró prematuro realizar un análisis en sede constitucional, pues el argumento planteado por los accionantes parte de un hecho incierto en atención a que no se ha proferido una providencia que ponga fin al proceso, para establecer si se realizó o no un nuevo estudio de las pruebas, y si éste incurre en alguno de los defectos alegados.

Aseveró que el hecho de que se haya interpuesto el recurso de reposición en contra del auto que decretó la prueba, no significa que se cumplió con el requisito de subsidiariedad y que cada vez que se culmine una etapa procesal, la solicitud de amparo queda habilitada para ser utilizada como mecanismo de protección.

Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó a través de escrito del 22 mayo de 2018, bajo las siguientes consideraciones:

Aclaró que la tutela no estaba dirigida contra la decisión del Tribunal de Arbitramento de Cúcuta, pues de ser así, la acción sí sería totalmente inviable debido a que el laudo arbitral no se encuentra en firme, al encontrarse pendiente de resolver el recurso de anulación interpuesto en su contra.

Manifestó que, al parecer, el a quo no tuvo en cuenta que la solicitud de amparo se presentó respecto del auto interlocutorio que decretó una prueba de oficio dentro de dicho trámite.

Recalcó que en contra de dicha providencia no procede ningún tipo de recurso distinto al que se interpuso y que ya fue resuelto.

Advirtió que en la sentencia que resuelva el recurso de anulación no se podrá revocar o confirmar la decisión censurada, pues la misma ya está en firme y, por lo tanto, no cuenta con otro medio judicial distinto a la acción de tutela para procurar la defensa de su derecho fundamental al debido proceso.

Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de tutela, se conceda el amparo solicitado.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte actora, contra la sentencia emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y por el artículo 2º, literal b), del Acuerdo 55 de 2003 proferido por Sala Plena de esta Corporación.

Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

Para el efecto habrá de verificarse si, de acuerdo con los argumentos esgrimidos en el escrito de impugnación, la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad.

De ser así, se analizará si a través de las providencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.

En tales condiciones, se revisaran los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Ahora, es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

En efecto, es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En tales condiciones, se verificará en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

De la subsidiariedad

Sobre el requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela en los siguientes términos:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

(…)

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (Se resalta)

De igual manera, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estipuló:

“La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla fuera de texto)

Así mismo, a través de sentencia T-458 de 2014 la Corte Constitucional refirió aspectos sobre el principio de subsidiariedad, así:

“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corporación ha señalado que para que la tutela, que constituye un mecanismo residual y subsidiario, proceda al ser interpuesta por una persona se debe cumplir con las exigencias de que el actor (i) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, el juez de tutela debe comprobar la existencia de otro medio de defensa judicial, evaluar las circunstancias que se invoquen en la acción constitucional (de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991) y verificar si el mecanismo existente puede brindar o no soluciones de forma clara, definitiva y precisa al demandante, que constituya una protección similar o análoga a la que el juez constitucional le podría brindar a través del amparo tutelar.”

De allí, se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y subsidiario que procede únicamente cuando no existan otros medios de defensa judicial, razón por la cual no puede ser utilizada como un trámite alternativo para sustituir los trámites judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.

Estudio de los requisitos de procedencia adjetiva

En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, debido a que aún se encuentra en trámite el recurso de anulación de laudo arbitral, sin que se haya proferido una decisión definitiva de la cual sea posible determinar que se haya reabierto el debate probatorio.

Por su parte, los accionantes impugnaron dicha decisión bajo el argumento de que su inconformidad no es en contra del laudo arbitral como tal, sino en contra del auto que decretó de oficio la práctica de un dictamen pericial, frente al cual ya presentaron el recurso procedente y, en tales condiciones, no existe otro mecanismo distinto a la acción de tutela para procurar la defensa de su derecho fundamental al debido proceso.

Al respecto, esta Sala de Decisión comparte la postura de la parte actora, pues la tutela fue dirigida en contra del auto con el cual la autoridad demandada decretó de oficio una prueba, y contra el auto que resolvió el recurso de reposición interpuesto frente a esa decisión inicial, por lo que resulta claro que los accionantes no cuentan con otro mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para atacar las providencias que consideran contrarias a sus intereses.

En efecto, el hecho de que el proceso aún esté en curso no quiere decir que no se haya cumplido con el requisito de subsidiariedad, pues a través de la solicitud de amparo se controvierten unos autos interlocutorios que ya se encuentran en firme, y cuyos efectos jurídicos se harán visibles antes de proferirse la sentencia que ponga fin al trámite judicial, situación que precisamente es la que los tutelantes quieren evitar.

Por lo anterior, la Sala considera que dicho requisito de procedencia adjetiva se encuentra acreditado.

En cuanto a los demás requisitos, se evidencia que la tutela no se dirige contra decisión de tutela, pues las providencias censuradas se dictaron en el trámite de un recurso de anulación de laudo arbitral.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que el último de los autos demandados fue proferido el 3 de agosto de 2017 y notificado el 22 de septiembre siguiente, mientras que la tutela se interpuso el 30 de octubre del mismo año, por lo que el lapso que transcurrió entre uno y otro resulta razonable.

Bajo esas consideraciones, la Sala abordará el fondo del reclamo deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

Del caso concreto

Con la presente solicitud de amparo los accionantes pretenden la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideraron vulnerado con ocasión de los autos del 26 de abril y 3 de agosto de 2017, a través de los cuales el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B decretó de oficio la práctica de un dictamen pericial en el trámite del recurso de anulación de laudo arbitral con radicado 11001-03-26-000-2016-00027-00 (56343), presentado por el Municipio de San José de Cúcuta – Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.

Estimaron que tales providencias desconocieron el precedente contenido en las sentencias del 19 de julio, 12 de junio, 1° de junio y 24 de mayo de 2017, proferidas por las distintas subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las que se estableció que el juez del recurso de anulación no puede, entre otras cosas, revivir el debate probatorio.

Igualmente, que con esas decisiones se incurrió en los defectos orgánico, procedimental y sustantivo, los cuales sustentaron bajo el mismo argumento, esto es, que el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 sólo dispone dos etapas procesales en el trámite del recurso de anulación de laudos arbitrales: (i) la admisión o rechazo y (ii) la sentencia, por lo que la autoridad judicial demandada carecía de competencia para decretar una prueba de oficio y así reabrir el debate probatorio.

En atención a que estos defectos tuvieron como fundamento el mismo argumento, la Sala realizará su análisis de manera conjunta.

Para resolver se tiene que el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, norma alegada como desconocida por la autoridad judicial demandada, dispuso lo siguiente:

Artículo 42. Trámite del recurso de anulación. La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se hubiere sustentando o las causales invocadas no correspondan a ninguna de las señaladas en esta ley.

Admitido el recurso, el expediente pasará al despacho para sentencia, que deberá proferirse dentro de los tres (3) meses siguientes. En ella se liquidarán las condenas y costas a que hubiere lugar.

La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión.

La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.

Con base en la anterior disposición, la parte actora considera que el trámite del recurso de anulación de laudos arbitrales no permite el decreto de pruebas de oficio, porque no consagra expresamente dicha posibilidad.

Sin embargo, la autoridad judicial demandada justificó su decisión –tanto en el auto del 3 de agosto de 2017 como en la contestación de la tutela – al establecer que dicha facultad no se encuentra expresamente prohibida en la norma citada y que, contrario a ello, el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo le da la posibilidad de decretar las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros de la controversia, en cualquier estado del proceso.

Al respecto, la Sala considera que dicha interpretación normativa no resulta caprichosa o arbitraria, pues de hecho obedece a la obligación que tiene la autoridad judicial de impartir verdadera justicia, al dilucidar los aspectos difusos que se puedan presentar en el proceso que tenga bajo su conocimiento.

Por otra parte, los accionantes resaltaron que el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 dispone que la autoridad judicial competente en la anulación no puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni calificar o modificar los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal al adoptar el laudo.

En virtud de lo anterior, consideran que al decretar de oficio la práctica del dictamen pericial se reabrió el debate probatorio, situación que no está permitida por la norma alegada como desconocida.

Según se tiene, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el auto del 3 de agosto de 2017, justificó el decreto de la prueba con base en que el recurso de anulación tuvo como fundamento la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, referida a la incongruencia del laudo arbitral.

Específicamente, en dicho recurso se alegó que el laudo no tenía la fundamentación legal suficiente para establecer quién era el titular del pago de unas tarifas, y que fue proferido con desconocimiento de las normas contables, tributarias y de tránsito aplicables al caso concreto.

Pues bien, como se refirió anteriormente, la parte actora considera que al decretarse la práctica de un dictamen pericial se reabrió el debate probatorio, a pesar de que tal etapa no está contemplada para el trámite del recurso de anulación de laudos arbitrales.

Sin embargo, la misma subsección demandada, en sentencia del 2 de mayo de 2016, dentro del expediente 2015-00141, con ponencia del Dr. Danilo Rojas Betancourth – magistrado que salvó su voto en las decisiones censuradas –, precisó que la causal de incongruencia permite que el juez realice una comparación entre lo pedido por las partes y lo decidido por el tribunal de arbitramento, para establecer si se incurrió en la irregularidad alegada.

En concreto, allí se estableció:

“De acuerdo con lo anterior, la congruencia hace necesaria una comparación entre lo pedido por las partes y lo decidido por el tribunal, es decir que para establecer la existencia del vicio que atenta contra tal principio, se debe examinar la decisión contenida en el laudo arbitral (…)”

Con base en lo anterior, es claro que la causal de incongruencia conlleva un análisis particular en el marco de la materia específica sobre la cual versó el proceso arbitral, lo cual implica que la autoridad judicial deba revisar aspectos específicos de la decisión adoptada en el laudo cuya anulación se solicita.

Por lo tanto, si en el caso concreto el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, consideraba que existían puntos oscuros que requerían del decreto oficioso de una prueba para su aclaración, tal decisión, en concepto de la Sala, no comporta una actividad desdeñosa de los derechos fundamentales de la parte actora.

De hecho, el auto del 26 de abril de 2017 ordenó la práctica del dictamen pericial, entre otras razones, “con el objeto de establecer el monto de las prestaciones ejecutadas en el marco del contrato de concesión n°003 de 2006, los pagos realizados por el concedente, por concepto de la retribución pactada en la cláusula quinta y los recaudos efectuados por el concesionario, según lo acordado en la cláusula séptima del contrato”.

De lo anterior, se evidencia que el objeto de la prueba decretada es contar con los elementos suficientes para adoptar la decisión que en derecho corresponde, dentro del marco de competencia que tiene la autoridad judicial al resolver la específica causal de incongruencia del laudo arbitral.

En todo caso, la Sala precisa que el objeto de esta tutela no es determinar si la prueba resultaba idónea o necesaria para dictar sentencia, sino establecer si el hecho mismo de decretar una prueba en el proceso de anulación de laudos arbitrales desconoce el derecho fundamental al debido proceso.

Según se tiene, tal y como lo estableció la autoridad judicial demandada en el auto del 3 de agosto de 2017, aunque el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 no prevé expresamente la posibilidad de decretar pruebas de oficio, tampoco la restringe.

Por lo tanto, el hecho de aplicar el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma general que permite al juzgador decretar pruebas de oficio en cualquier instancia del proceso en aras de esclarecer la verdad, se encuentra ajustada a derecho y no desconoce el derecho fundamental al debido proceso de los actores.

Así las cosas, la Sala considera que la decisión de decretar un dictamen pericial, en aras de brindar mayor claridad al juzgador para resolver el asunto objeto de controversia, no fue arbitraria y, en tales condiciones, las providencias atacadas no incurrieron en los defectos orgánico, procedimental y sustantivo.

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado, la Sala recuerda que éste hace referencia a aquella regla creada por una alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.

También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

En el caso concreto, los actores consideran que con los autos demandados se desconoció el precedente contenido en las siguientes sentencias:

Sentencia del 19 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con ponencia del Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, dentro del expediente 11001-03-26-000-2017-00043-00 (59067).

Sentencia del 12 de junio 2017 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón, dentro del expediente 11001-03-26-000-2017-00006-00 (58544)

Sentencia del 1 de junio de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la Dra. Stella Conto Díaz del Castillo (ponente de los autos censurados), en el proceso 11001-03-26-000-2016-00126-00 (57688)

Sentencia del 24 de mayo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia de la Dra. Martha Nubia Velásquez Rico, dentro del expediente 11001-03-26-000-2017-00017-00 (58675)

Al respecto, la Sala precisa que las decisiones citadas como desconocidas no fueron proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera en función de su facultad de unificación, por lo que no constituyen precedente y, en tal virtud, no contienen una regla o subregla que la autoridad judicial debiera aplicar al caso concreto.

En todo caso, se precisa que la sentencia enunciada en el numeral tercero, la cual fue proferida por la misma subsección demandada en la presente acción constitucional, tuvo como objeto resolver un recurso de anulación de laudo arbitral con base en la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, fallar en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho.

Por lo tanto, es claro que tal controversia no guarda identidad con el asunto puesto en conocimiento de la autoridad accionada, en el cual se alegó la configuración de la causal 9 ibidem, referida a la incongruencia del laudo.

Así las cosas, tampoco se configura una eventual vulneración del derecho fundamental a la igualdad de la parte actora.

Conclusión

La Sala encuentra que los defectos alegados en el escrito de tutela no se encuentran acreditados, razón por la cual la decisión de primera instancia, que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de subsidiariedad, será modificada y en su lugar se denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Modifícase la sentencia del 3 de mayo de 2018 a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró la improcedencia de la acción y, en su lugar, deniégase el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salva voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

Aclara voto
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

Aclara voto
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folios 27 y 28 del expediente.
Folio 82 del expediente.
Folio 83 del expediente.
Folio 121 del expediente
Citó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de junio de 1994, Exp. 6751, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; sentencia de 18 de mayo de 2000, Exp. 17797; sentencia de 23 de agosto de 2001, Exp. 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 25811, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 4 de julio de 2002, Exp. 21217, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencias de 20 de junio de 2002, Exp. 19488 y de 4 de julio de 2002, Exp. 22012, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
Folios 54 a 58 vuelto del expediente.
Folios 80 a 84 vuelto del expediente.
Folios 98 a 103 del expediente.
La sentencia de primera instancia fue notificada por medios electrónicos el 17 de mayo de 2018.
Folios 110 a 112 del expediente.
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ídem.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Folio 10 del expediente.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.