República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2017-02899-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de enero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Corresponde a la Sala determinar (…) si en el presente caso la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto fáctico en sentencia del 17 de agosto de 2017, que revocó los numerales cuarto y quinto del fallo de primera instancia del 12 de junio de 2013 y, resolvió denegar las pretensiones relacionadas con la muerte de [R], en el proceso de reparación directa instaurado por los accionantes. (…) la Sala debe indicar que, no encontró carencia del apoyo probatorio, mucho menos que el tribunal se haya basado en deducciones y conjeturas para eximir de responsabilidad a los demandados, pues en la sentencia del 17 de agosto de 2017, se sustenta expresamente en lo rendido en el dictamen pericial, concluyendo que no se podía precisar cuáles serían las causas de las molestias físicas, que terminaron en el suceso inesperado de la muerte del maestro y del ingeniero (…) y, respecto de los gases concentrados, no hay en el expediente prueba que acredite que efectivamente fue así. (…) Es evidente entonces que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Constitucional, este defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de ellas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios , situaciones que en este caso no se presentan. Es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que cuando una providencia judicial se fundamenta en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso y en la valoración adecuada de las pruebas allegadas, no es plausible alegar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues ello implicaría una intromisión arbitraria del juez constitucional, que afecta de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance. Lo que conlleva que no se configure la aludida causal.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02899-00(AC)
Actor: DARYS MAGNOLIA CORREA CUENE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Los señores William Armando Correa Cuene, Diego Ramiro Cuene, Cilia María Cuene de Correa y Darys Magnolia Correa Cuene, por intermedio de apoderado, promueven acción de tutela contra lo decidido en la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de agosto de 2017, por el Tribunal Administrativo del Cauca que revocó los numerales cuarto y quinto de la sentencia del 12 de junio de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda con ocasión a la muerte del señor Richard Fernando Correa Cuene en el proceso de reparación directa.
Pretensiones
El apoderado de los accionantes solicitó lo siguiente:
1. Tutelar el derecho al debido proceso, en conexión con el derecho a la administración de justicia de mis mandantes.
2. DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE LA SENTENCIA NO. 151 DEL 17 DE AGOSTO DE 2017, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA - SALA DE DECISIÓN NO. 2 – MAGISTRADO PONENTE PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE, dentro del proceso acumulado Contencioso Administrativo de Reparación Directa con No. Radicado 19001 33 31 002 2005 01201 01 y 1901 33 31 004 2005 01739 01, en lo que se refiere a la negativa de despachar desfavorablemente las pretensiones de los familiares del ingeniero RICHARD FERNANDO CORREA CUENE; es decir, respecto del proceso con No. de Radicado 200501739-00.
3. En consecuencia, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA que falle nuevamente el proceso con No. de Radicado 200501739-00, promovido por el suscrito a favor de los familiares del señor RICHAR FERNANDO CORREA CUENE, para que sean reconocidos a su favor las pretensiones alegadas dentro del proceso administrativo aludido.
Hechos de la solicitud
El apoderado de los accionantes señala como hechos relevantes los siguientes: En el año 2000, se creó el convenio administrativo número 257 del 2000, entre el municipio de Silvia (Cauca) y la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, para «la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales P.T.A.R., en el casco urbano del municipio de Silvia (Cauca)». El 22 de septiembre de 2003, se celebró el contrato número 0467-22-09-03 con la Unión Temporal Pérez Pérez, siendo su representante legal el ingeniero Jesús Pérez López, contando con la interventoría de la CRC, cuyo valor fue de noventa y tres millones doscientos nueve mil setecientos dieciséis pesos. Posteriormente, el día 27 de febrero de 2004, se adicionó al contrato anterior, el contrato 467 de 2003, por un valor de quince millones de pesos. El 17 de octubre de 2003, la CRC realizó con el municipio de Silvia (Cauca) el convenio administrativo número 057-17-1-03, para la realización de la interventoría técnica, administrativa y financiera, por un valor de diez millones seiscientos treinta y seis mil quinientos cuatro pesos, para la terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la Cabecera municipal de Silvia (Cauca). El 29 de enero de 2004, el Ingeniero Richard Fernando Correa Cuene (Secretario de Obras Públicas del municipio de Silvia [Cauca]), el maestro de obra Jorge Eliecer Puerta Irurita, el interventor del proyecto Mauricio Ramírez Mosquera y el colaborador Alexander Ruiz, se dirigieron a la planta para realizar una inspección debido a que apareció una fuga en la desembocadura del canal de conducción, antes de la entrega formal de la planta. Estando en el lugar con la comisión de estudio, el contratista de la obra Ingeniero Jesús Pérez López, dio la orden de descender por las fosas para la respectiva inspección al maestro de obra Puerta Irurita y de ingresar al tercer conducto, pues ya habían estado en otras dos fosas anteriormente, pero al ir descendiendo pierde el conocimiento y se suelta de la escalerilla cayendo hasta el fondo del pozo de 13 metros de profundidad. Por la anterior situación, el Ingeniero Richard Fernando Correa Cuene, con el objetivo de socorrer al maestro, ingresó al pozo y al igual que el señor Puerta Irurita, se quedó sin oxígeno y cayó al fondo del pozo, falleciendo estas dos personas en el mismo lugar. El señor Alexander Ruiz, fue la tercera persona en ingresar al pozo, pero fue sacado del sitio por «hipoxia severa», sin conocimiento y siendo reanimado cinco (5) minutos después, fue llevado al hospital por los bomberos de la localidad, con las otras dos personas. Sin embargo, estas ya se encontraban sin vida. Los señores Correa Cuene (Ingeniero), Puerta Ururita (Maestro de obra) y Alexander Ruiz, descubrieron que los afectó «un choque de gas metano y otros gases tóxicos que se encontraban concentrados en los fosos». razón por la cual perdieron el conocimiento y generaron la muerte instantánea. El 5 de agosto de 2005, el apoderado de la accionante presentó demanda de reparación directa en contra de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, el municipio de Silvia (Cauca) y el Ingeniero Jesús Pérez López, por los daños y perjuicios ocasionados a los actores integrante del grupo familiar del fallecido maestro Jorge Eliecer Puerta Ururita, el cual quedó con número de Radicado: 20051739-00. 1.2.10. El 28 de marzo de 2011, los procesos fueron acumulados por medio de un auto proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán. 1.2.11.
El 12 de julio de 2013, mediante sentencia número 075 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, se declaró administrativamente responsable a la CRC y al Ingeniero Jesús Pérez López, por las daños y perjuicios ocasionados al grupo familiar de los señores Jorge Eliecer Puerta Ururita y Richard Fernando Correa Cuene, condenando consecuentemente a los demandados al pago solidario de una indemnización relativa al daño moral requerido. Además, se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del municipio de Silvia (Cauca). 1.2.12. La sentencia fue apelada, y conoció en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión número 2 (Sistema escritural), que en sentencia número 151 del 17 de agosto de 2017, decidió revocar las pretensiones relacionadas con la muerte del señor Richard Fernando Correa Cuene. 1.2.13. La sentencia de segunda instancia señaló que la imputación referida no podía aplicarse al mismo juicio utilizado para la responsabilidad administrativa por el deceso del señor Puerta Ururita y transcribió apartes de la decisión. 1.2.14. Con respecto a la decisión de segunda instancia, aclara que de no haber existido la fuente de riesgo creada por la administración, no se hubiera producido el fallecimiento de las 2 personas, además que quedó demostrado que fueron los gases concentrados los que ocasionaron la pérdida de conocimiento y la muerte inmediata. Asimismo, no se tuvo en cuenta que el Ingeniero Richard Fernando Correa Cuene, no tuvo conocimiento de los letales gases, pues ingresó con el objetivo de socorrer al maestro, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Cauca que adujo que su actuar fue imprudente. Igualmente, como se puede observar en el acervo probatorio del proceso, la administración no pudo probar las causales eximentes de responsabilidad. Expresa que quedó plenamente comprobado la responsabilidad del ingeniero encargado Pérez López y de la CRC, pues debieron prever el riesgo y no permitir a las personas el ingreso sin la totalidad de los elementos de seguridad requeridos en ese tipo de obras. 1.2.15. Manifiesta que en la sentencia número 151 del 17 de agosto de 2017, no se tuvo en cuenta lo anterior, lo cual conllevó a la exoneración de las demandadas con respecto al deceso del señor Richard Fernando Correa Cuene, incurriendo de esta manera en un defecto fáctico por parte del Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia de segunda instancia. Fundamentos jurídicos de la tutela
Argumenta su acción en los derechos denominados al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.
Asimismo, cita las sentencias de la Corte Constitucional T-476 de 1998 y T- 283 del 2013, en referencia al acceso a la administración de justicia. Asimismo, la C-980 de 2010 y la T-1082 de 2012, respecto al debido proceso.
Actuación Procesal
La acción de tutela fue admitida por auto de 7 de 2017, en el que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca, como demandado y, a la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, al municipio de Silvia (Cauca) y al señor Jesús Pérez López, como terceros interesados en el resultado del proceso, para que dentro del término de tres (3) días y en uso de su derecho de defensa rindieran el respectivo informe.
Intervenciones
Dentro del término concedido, El Tribunal Administrativo del Cauca y el municipio de Silvia (Cauca), no se pronunciaron al respecto.
La Corporación Autónoma del Cauca, presentó informe el día 23 de noviembre del 2017, solicitando negar las pretensiones del accionante, pues, a lo que se refirió la acción constitucional son solo supuestos, aunque en su escrito afirma que son probados, pero este, no especifica, ni señala en que oportunidad lo fueron, ni que pruebas documentales, ni que testigos fueron tenidos en cuenta. Por esta razón, esos juicios de valor deben ser probados, caso que no pasa en la acción de referencia, por lo que las pretensiones solicitadas por la parte accionante están destinadas a no tenerse en cuenta.
Por otra parte, transcribe apartes de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, relacionada con el defecto factico frente a providencias judiciales, así:
En la providencia antes citada se trae a colación que la Corte Constitucional considera que el defecto factico se presenta cuando el juez
1. Omite decretar o practicar las pruebas que resultan indispensables para tomar una decisión.
2. No aprecia el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos.
3. Valora de manera irracional o arbitraria las pruebas.
4. Dicta sentencia con fundamento en pruebas obtenida con violación al debido proceso.
Por lo anterior, especifica que en el punto 2, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han considerado que no solo basta señalar que la autoridad judicial demandada «no valoró el caudal probatorio» dentro del proceso, sino que deberá tener certeza sobre cual o cuales fueron las pruebas que a pesar de haber sido entregadas dentro del término legal no fueron estudiadas o valoradas y los motivos por los cuales debieron ser valoradas para cambiar la decisión.
Finalmente, aclara que a la parte accionante no se le ha vulnerado ningún derecho, debido a que las etapas procesales y el procedimiento judicial se adelantaron de acuerdo a las normas jurídicas, por lo que se opone a todas y cada una de las pretensiones y pide no conceder la tutela por las razones anteriormente expuestas.
El señor Jesús Pérez López, por intermedio de apoderada, presentó informe el 27 de noviembre de 2017, manifestando que el día 29 de enero de 2004, se programó una visita informativa a las obras con el objetivo de enterar a la nueva administración del estado de la obra, en el cual, acudieron el señor Richard Fernando Correa (secretario de Obras Públicas e Infraestructura del municipio de Silvia- Cauca) y dos subalternos, también 2 personas por parte de la comunidad como veedores, el señor Diego Alonso Gil (Gerente del Acueducto de Silvia), el Ingeniero Mauricio Ramírez (CRC) y el Ingeniero José Jesús Pérez López (contratista) y el maestro Jorge Eliecer Puerta. Resalta que el sitio donde sucedieron los hechos estaba por fuera del contrato de la obra suscrita, tal como se probó en el proceso de reparación directa.
Explica que dentro del proceso a folio 26, se encuentran las pruebas que tuvo en cuenta el tribunal para el fallo de segunda instancia, que en él se probó que «no se puede imputar responsabilidad por la muerte de RICHARD FERNANDO CORREA CUENE, toda vez que los hechos constituyeron un caso fortuito y además se probó la culpa de la víctima, causal eximente de responsabilidad, tal como se analizó en la sentencia». Asimismo, alude que no se comprobó dentro del proceso la presencia de gas metano como aduce el apoderado de los accionantes y solicita ver el informe del laboratorio de la CRC sobre el análisis del agua en las recámaras.
Así mismo, solicita ver el informe de necropsia, que es la prueba idónea de las causa de la muerte del señor Jorge Eliecer Puerta Irurita y Richard Fernando Correa Cuene, que se encuentra a folio 20 del expediente de reparación directa. Señala que no existe el defecto factico en la sentencia de segunda instancia, por el contrario, se obró en derecho de acuerdo a los hechos y pruebas aportadas dentro del proceso, razón por la cual, no existe violación al derecho a la administración.
Concluye citando apartes de sentencias relacionadas con la procedencia extraordinaria de la acción de tutela contra providencias judiciales, entre las cuales se encuentran la T-169 de 2013, la SU-297 de 2015 y la SU-772 relacionadas con el debido proceso, todas proferidas por la Corte Constitucional y pide desestimar las pretensiones de los accionantes manteniendo en su integridad la sentencia demandada.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, según el cual «cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
3.2. Problema jurídico
Se le atribuye al Tribunal Administrativo del Cauca, la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores Willian Armando Correa Cuene, Diego Ramiro Correa Cuene, Cilia Maria Cuene de Correa y Darys Magnolia Correa Cuene.
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si es o no procedente la presente acción de tutela y, en segundo término, si en el presente caso la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto fáctico en sentencia del 17 de agosto de 2017, que revocó los numerales cuarto y quinto del fallo de primera instancia del 12 de junio de 2013 y, resolvió denegar las pretensiones relacionadas con la muerte del señor Richard Fernando Correa Cuene, en el proceso de reparación directa instaurado por los accionantes.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Con el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y, desde entonces, la Corte Constitucional a través del examen de constitucionalidad se dio a la tarea de estudiar la procedencia de la acción contra providencias judiciales. En la sentencia C-543 de 1992, si bien en principio se adoptó la tesis más restrictiva de improcedencia, se allanó el camino para que la Corte comenzara a determinar los casos en los que habría de proceder el amparo contra providencias judiciales, estableciendo una amplia línea jurisprudencial que finalmente convergió en la sentencia C-590 de 2005, donde reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra las decisiones judiciales. Según expuso la Corte, esta excepción tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa y, por contera, la consolidación de las bases jurídicas para la interdicción de la arbitrariedad judicial.
Ahora bien, la acción de tutela como mecanismo de garantía constitucional faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, siempre que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o la de los particulares en los casos determinados por la ley. Dada su naturaleza subsidiaria, únicamente resulta procedente cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial o, teniéndolos, no se muestran ni idóneos ni eficaces para hacer efectiva la protección deprecada, por lo que la acción constitucional puede entonces sustituirlos como mecanismo transitorio.
En esa lógica, en sentencia de unificación de jurisprudencia de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado acogió la tesis que se venía aplicando en la mayoría de sus secciones y subsecciones respecto de la posibilidad de admitir las acciones de tutela contra providencias judiciales, e indicó que son procedentes, siempre y cuando las demandas lleven por objeto el amparo de los derechos constitucionales fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa (artículo 29 de la Constitución Política) o con el acceso a la administración de justicia (artículo 229 ejusdem). Asimismo, y como garantía del principio de la seguridad jurídica, dejó establecido en 6 meses el término prudencial para considerar satisfecho el principio de la inmediatez, el cual únicamente cabe reconsiderarse cuando el juez encuentre válidamente justificada una dilación superior.
Por tanto, la Sala verificará, en primer lugar, que la solicitud de tutela cumpla con los presupuestos generales de procedibilidad, a saber: (i) que no se trate de tutela contra tutela; (ii) que se cumpla el principio de inmediatez y, (iii) que se cumpla el principio subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios siempre y cuando estos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será rechazar por improcedente el amparo y no se analizará el fondo del asunto.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
Se encuentra que el asunto reúne las exigencias requeridas para que prospere el estudio de la posible vulneración de derechos fundamentales, puesto que:
(i) El asunto tiene relevancia constitucional, pues se discute sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso (artículo. 29 C.P.) y el acceso a la administración de justicia (artículo. 229 C.P.).
(ii) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial, ya que la decisión acusada resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia del 12 de junio de 2013 y contra ella no procede recurso alguno.
(iii) Se presentó con inmediatez, dentro de un término razonable toda vez que la providencia fue proferida el 17 de agosto de 2017 y la acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 1 de noviembre de 2017 (folio 1 del expediente de tutela), cumpliendo con los parámetros fijados por la Sala Plena de esta Corporación.
(iv) Son claros los hechos y argumentos que se presentaron en el escrito de tutela.
(v) La providencia cuestionada no es una sentencia de tutela. Analizadas las decisiones provenientes del Tribunal Administrativo del Cauca, es fácil concluir que no son fallos de tutela, lo que quiere decir que se cumple cabalidad este requisito.
Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales especiales de procedibilidad del amparo, esto es, que la actuación judicial se encuentra viciada, al menos, por alguno de los siguientes defectos: orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, falta de motivación, error inducido, desconocimiento del precedente judicial o, por último, violación directa de la Constitución.
En la presente tutela, la parte accionante alega la configuración de una de las causales especiales de procedibilidad, a saber: el defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Por ello, el análisis de la Sala se centrará en dilucidar si la providencia acusada incurre en este defecto.
3.3.3. El defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico, cuando al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
En ese sentido, ha sostenido la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones inadecuadas por parte del juez, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento. [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del caso objeto de estudio, se hará énfasis en la hipótesis denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio», situación que se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.
En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a un defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia».
En conclusión, se tiene que se incurre en un defecto fáctico cuando el juez renuncia a hacer valer la verdad jurídica objetiva, pese a los hechos probados en el caso concreto, y cuando lo anterior aparezca de manera evidente en la providencia impugnada.
3.4. Marco normativo
3.4.1. El derecho fundamental al debido proceso
El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso. Dicho precepto constituye una garantía iusfundamental aplicable a «toda clase de actuaciones judiciales y administrativas», razón por la que tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todas las tareas, procedimientos y procesos administrativos que aparejen consecuencias para los administrados.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera amplia y reiterada que el derecho al debido proceso es uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho, razón por la que su protección y garantía es un deber fundamental. Sobre su contenido, la Corte ha precisado que el debido proceso se entiende «como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia».
Asimismo, la Corte ha explicado que dentro de sus elementos esenciales se destacan: (i) la garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de lograr una pronta resolución judicial y el derecho a la jurisdicción; (ii) la garantía de juez natural; (iii) las garantías inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación y aplicación de trámites y plazos razonables; (v) la garantía de imparcialidad, entre otras.
Con base en estos elementos, la jurisprudencia constitucional ha precisado que para garantizar la existencia del debido proceso en las actuaciones judiciales o administrativas, es necesario la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que, en desarrollo del principio de legalidad, se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales.
3.4.2. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sean reales y efectivos. En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos.
3.4.3. El régimen de responsabilidad del Estado en la jurisprudencia del Consejo de Estado
Sobre la responsabilidad del Estado en asuntos como el decidido en las sentencias que son materia de impugnación, por vía de tutela, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha hecho importantes y significativos desarrollos en su jurisprudencia en relación con los diferentes títulos de imputación aplicables, jurisprudencia que merece ser recordada.
En sentencia de 19 de abril 2012, la Sala en pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación.
Ahora bien, según lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y, su imputación, a la Administración, tanto por la acción como por la omisión de un deber normativo; argumentación que, como se dijo, fue acogida por la Sala Plena de la Sección Tercera al unificar la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012 y de 23 de agosto de 2012.
En ese entendido, la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional). Además, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la «superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados». Por lo que «la responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen».
Cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que «parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones» . Siendo esto así, «la imputación objetiva implica la atribución, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción». Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, «es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta».
Por último, es necesario mencionar que la falla probada en el servicio se ha constituido en el título de imputación de responsabilidad por excelencia al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la medida en que las actuaciones irregulares de la Administración han constituido el fundamento tradicional de responsabilidad del Estado. Por ello, es ineludible tener en cuenta que para imputar la falla del servicio, el demandante debe demostrar la irregularidad en el actuar público, es decir, la culpabilidad de la Administración, lo que significa, que además de acreditar la actuación, el daño y el nexo causal, es preciso que pruebe la culpa, por acción u omisión, del Estado.
3.4.5. La autonomía y discrecionalidad de los jueces en el análisis probatorio
En lo que respecta al análisis de las pruebas por parte de los jueces, debe decirse que, si bien en principio la autonomía en la valoración probatoria efectuada ha de ser respetada (como garantía que permite al fallador arribar, libre de apremios y según su propio criterio, a las conclusiones con apoyo en las cuales debe estructurar y proferir su decisión), el absoluto desconocimiento de las pruebas aportadas constituye una grave omisión que configura, sin duda, un defecto fáctico necesario de amparo. Así lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia T-329 del 25 de julio de 1996:
[…] cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela.
La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria. Ello comporta una ruptura grave de la imparcialidad del juez y distorsiona el fallo, el cual -contra su misma esencia- no plasma un dictado de justicia sino que, por el contrario, la quebranta.
En ese sentido, la acción de tutela procede cuando, en efecto, no existe ningún examen probatorio, o cuando se ignoran algunas de las pruebas aportadas, o cuando se niega a una de las partes el derecho a la prueba, o también cuando, dentro del expediente, existen elementos de juicio que con claridad conducen a determinada conclusión, eludida por el juez con manifiesto error o descuido.
Si bien es cierto que la regla general determina que el juez es libre de apreciar y otorgar un valor a las pruebas que obran dentro del proceso, también lo es que por vía de tutela «se puede reparar (ante situaciones abiertamente contrarias a las reglas constitucionales, al debido proceso y a la ley) la lesión sufrida por la parte afectada que carece de otro medio de defensa judicial o que afronta la inminencia de un perjuicio irremediable».
En relación con lo anterior, la Corte ha dicho lo siguiente:
La valoración del caso en sus elementos fácticos y jurídicos, a la luz de la normatividad aplicable, está reservada al juez competente, quien goza del poder que le otorga la ley para interpretarla y aplicarla, sin que necesariamente deba coincidir con la apreciación de otros jueces, pues repugna a la autonomía funcional que el criterio del juzgador, mientras no se evidencie una flagrante transgresión del ordenamiento, pueda ser revocado sin sujeción a los procedimientos, recursos e instancias que él mismo contempla. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-492 del 7 de noviembre de 1995).
(...) la práctica de la integridad de las pruebas que hayan sido solicitadas por el procesado y decretadas por el juez, hace parte del debido proceso y que este derecho fundamental resulta vulnerado cuando la autoridad judicial obra en sentido diferente.
Según el artículo 29 de la Constitución, la persona que sea sindicada tiene derecho a la defensa y, por lo tanto, de esa norma -que responde a un principio universal de justicia- surge con nitidez el derecho, también garantizado constitucionalmente, a controvertir las pruebas que se alleguen en contra del procesado y a presentar y solicitar aquellas que se opongan a las pretensiones de quienes buscan desvirtuar la presunción de su inocencia.
El juez tiene una oportunidad procesal para definir si esas pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y procedentes, y si en realidad, considerados, evaluados y ponderados los elementos de juicio de los que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad penal del procesado. Y, por supuesto, le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente que los requisitos legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no tienen lugar.
Pero -se insiste- tal decisión judicial tiene que producirse en la oportunidad procesal, que corresponde al momento en el cual el juez resuelve si profiere o no el decreto de pruebas; si accede o no -en todo o en parte- a lo pedido por el defensor, motivando su providencia.
Lo que no es permitido al juez, a la luz de los postulados constitucionales, es decretar las pruebas y después, por su capricho o para interrumpir términos legales que transcurren a favor del procesado y de su libertad, abstenerse de continuar o culminar su práctica, para proceder a tramitar etapas posteriores del juicio. En el evento en que así ocurra, resulta palmaria la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y ostensible la arbitrariedad judicial.
A lo anterior hay que añadir que el derecho a la prueba incluye no solamente la certidumbre de que, habiendo sido decretada, se practique y evalúe, sino la de que tenga incidencia lógica y jurídica, proporcional a su importancia dentro del conjunto probatorio, en la decisión que el juez adopte.
En definitiva, es claro que se puede producir también una vía de hecho (por defecto fáctico) en el momento de evaluar la prueba, si la conclusión judicial, adoptada con base en ella, resulta contraevidente, esto es, si el juez infiere de ella hechos que «aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, no podrían darse por acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a la razón, desproporcionadas o imposibles de obtener dentro de tales postulados».
4. Hechos probados
4.1. El 1 de agosto de 2005, los señores Darys Magnolia Correa Cuene, Cilia María Cuene, Williian Orlando Correa Cuene, Diego Ramiro Correa Cuene, Alba Ines Cuene y Evelio Correa Calambas, por intermedio de apoderado, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del municipio de Silvia, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y el señor Jesús Pérez López, con ocasión a los daños y perjuicios causados por la muerte del señor del Ingeniero Richard Fernando Correa (ff. 1 al 54 del cuaderno 2 del proceso de reparación directa).
4.2. El 12 de junio del 2013, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia de primera instancia, declaró administrativamente responsable a la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. y al ingeniero Jesús Pérez López, por los daños y perjuicios ocasionados a los actores integrantes del grupo familiar de los señores Jorge Eliecer Puerta Irurita y Richard Fernando Correa Cuene, como consecuencia del deceso de éstos últimos; condenando consecuentemente a los demandados al pago solidario de una indemnización relativa al daño moral requerido (ff. 9 al 31 del cuaderno de acumulación del proceso de reparación directa).
4.3. Contra la anterior sentencia las partes interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante providencia del 17 de agosto de 2017, por parte del Tribunal Administrativo del Cauca, que mediante sentencia de segunda instancia, decidió revocar los numerales cuarto y quinto de la sentencia del 12 de junio de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán y negó las pretensiones con ocasión de la muerte del señor Richard Fernando Correa Cuene (ff. 80 al 111 del cuaderno 2 del proceso de reparación directa).
5. Análisis de la Sala en el caso concreto
Procede la Sala analizar si en el presente asunto se produjo la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en relación con la decisión tomada en la sentencia del 17 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dictada en el proceso de reparación directa incoado contra la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, el señor Jesús Pérez López y el municipio de Silvia (Cauca), por parte de Dorys Magnolia Cuene de Correa y otros, por intermedio de apoderado.
La Sala realizara un recuento de las decisiones adoptadas tanto en primera como en segunda instancia y entrara a estudiar la sentencia impugnada por vía de tutela.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia en el proceso acumulado de reparación directa, el 12 de junio de 2013, condenó solidariamente a la Corporación Autónoma del Cauca CRC y al ingeniero Jesús Pérez López por los daños y perjuicios ocasionados a los actores integrantes del grupo familiar de los señores Jorge Eliecer Puerta Irutita y Richard Fernando Correa Cuene, como consecuencia de sus muertes acaecidas el 29 de enero de 2004, en el municipio de Silvia (Cauca), y argumentó su decisión de la siguiente manera:
Dentro de las excepciones presentadas por los demandados en el proceso de reparación directa, analizó la falta de legitimación en la causa, la inexistencia de la obligación a indemnizar, el caso fortuito e inexistencia del nexo causal, sin embargo estas no prosperaron. Adicionalmente, partió del régimen de imputación – Falla en el servicio aplicable «por omisión en la prestación de un servicio, el cual se concreta, según la demanda, en la falta de medidas de seguridad y equipos de protección para realizar debidamente la visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Silvia-Cauca», tomando para su análisis la jurisprudencia del Consejo de Estado y realizó el estudio respecto de las medidas de seguridad en lugares de trabajo que presentan alto riesgo, tomando como fundamento la Ley 9 del 24 de enero de 1979, las Resoluciones 2400 de 1979 y 3673 de 2008.
En cuanto a la muerte del señor Richard Fernando Correa Cuene, el juez de primera instancia, concluyó:
En el proceso se demostró que el señor RICHARD FERNANDO CORREA CUENE, murió mientras se llevaba a cabo dicha visita el 29 de enero de 2004, como consecuencia de la caída que sufrió cuando ingresó a una de las cámaras de la PTAR de aproximadamente 10 metros de altura, para rescatar al señor JORGE ELIECER PUERTA URURITA, quien minutos antes había caído al fondo de la cámara, cuando intentaba verificar la existencia de filtración de agua y presencia de otro material en dicho conducto, sin los elementos de protección necesarios para descender al pozo, siendo esta, la causa determinante en la producción del daño que no era ajena a la entidad demandada, hecho que desvirtúa el aludido caso fortuito. Al omitir las medidas de precaución que debió observar al momento de permitir el ingreso a la cámara de la PTAR, expuso a la víctima a un fatal desenlace, teniendo en cuenta que la inspección a estos sitios, debe realizarse por personas que cuenten con el respectivo conocimiento, experiencia y con las medidas de seguridad industrial necesarias para minimizar los riesgos que pueden presentarse en dichos lugares.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Juzgado determina que la muerte del señor RICHARD FERNANDO CORREA CUENE, le resulta imputable a la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y al Ingeniero Jesús Pérez López, reconociéndoles la indemnización de los perjuicios morales y materiales.
El Tribunal Administrativo del Cauca, conoció sobre los recurso de apelación y mediante la sentencia de 17 de agosto de 2017, revocó la providencia del 12 de junio de 2013, del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, en sus numerales cuarto y quinto del resuelve y, en consecuencia negó las pretensiones de la demanda respecto de la muerte del señor Richard Fernando Correa.
Para sustentar su decisión, acudió el ad-quem en primer término, al régimen de responsabilidad aplicable, en segundo lugar se refirió a lo probado en el proceso y al dictamen pericial, posteriormente estudió las circunstancias en que se materializó el daño y, finalmente analizó el caso en concreto referente a la muerte de los señores Richard Fernando Correa Cuena y Jorge Eliecer Puerta Irurita.
Transcribió apartes de las sentencias proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre las cuales se encuentran: i) la del 9 de junio de 2010, expediente 17605, que establece el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad; ii) la del 15 de octubre de 2008, expediente 18586, que se refiere al comportamiento de la persona lesionada o afectada con la producción del daño y; iii) la del 9 de mayo de 2011, con radicado 54001-23-31-000-1994-08654-01, que trata sobre la conducta desplegada por la victima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo.
Finalmente, el Tribunal sostiene que al ser el ingeniero Richard Fernando Correa, quien citó a la visita administrativa y al ser conocedor que no se contaba con los elementos de seguridad, ingresó a la recámara por su propia voluntad, decisión que conllevó a un riesgo que se materializó con su muerte. Por lo anterior, señaló que al existir la configuración del hecho de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad, revocó los numerales cuarto y quinto relacionados con la muerte del señor Richard Fernando Correa Cuene, negando las pretensiones de la demanda. Ahora bien, el apoderado de la parte accionante consideró que la decisión de segunda instancia incurrió en un defecto fáctico por cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca, se basó en deducciones y conjeturas no probadas, lo que sirvió como fundamento para eximir la responsabilidad de los demandados por el fallecimiento del ingeniero Richard Fernando Correa Cuene. De acuerdo a lo anterior, procede la Sala a determinar si en la referida providencia del Tribunal Administrativo de Cauca se configuró el defecto alegado por la parte accionante y, en función de ello, considerar o no el amparo de los derechos fundamentales por ellos deprecados. Por esta razón, se mencionarán algunas de las pruebas que tuvo en cuenta el juez de segunda instancia para decidir el caso del señor Richard Fernando Correa Cuena, a saber:
i) El Tribunal Administrativo del Cauca para establecer el supuesto daño antijurídico alegado, valoró el registro civil de defunción (f. 10 del cuaderno principal en el proceso de reparación directa) y el protocolo de necropsia realizado el 29 de enero de 2004 al señor Richard Fernando Correa Cuene (f.f. 24 al 28 del cuaderno de pruebas en el proceso de reparación directa).
ii) De los contratos, convenios interadministrativos y las certificaciones:
• Copia del contrato No 0467-22-09-03 del 22 de septiembre de 2003, suscrito entre la Unión Temporal Pérez Pérez y CRC, cuyo objeto era «realizar la terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la Cabecera Municipal de Silvia (Cauca)». (ff. 93 al 97 del cuaderno de pruebas en proceso de reparación directa.)
• La relación de las obras ejecutadas, los costos y el acta de liquidación del contrato (ff. 215 al 219 del cuaderno de pruebas en el proceso de reparación directa).
• Certificación expedida por el Secretario General de la CRC, la Unión Temporal Pérez Pérez, relacionado con la ejecución del contrato No 04678 del 2 de septiembre de 2003, adicionando 2 meses de plazo y finalizando el 28 de abril de 2004 (f. 154 del cuaderno de pruebas en el proceso de reparación directa).
• El convenio interadministrativo No 0557-17-10-01, suscrito por la CRC y el municipio de Silvia (Cauca) (ff. 84 al 85 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100.
• Oficio de fecha 21 de enero de 2004, suscrito por el ingeniero Richard Fernando Correa Cuene (Secretario de Infraestructura y Mantenimiento del municipio de Silvia (Cauca), donde cita al gerente del acueducto y alcantarillado de Silvia (Cauca) a una visita el día 29 de enero de 2004 a la PTAR, la cual se llevaría a cabo con el ingeniero constructor, el interventor y el supervisor de la CRC (ff. 111 y 153 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100).
iii) De las circunstancias en que se materializó el daño:
• Oficio del 17 de abril de 2008, suscrito por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Silvia (Cauca), con copias de la minuta de guarda No 42, relacionada con la fecha de los hechos el día 29 de enero de 2004 (ff. 258 al 260 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100).
iv) Las declaraciones rendidas de las siguientes personas:
• El Ingeniero Civil Mauricio Ramírez Mosquera, que para el día de los hechos era funcionario de la CRC e interventor del contrato que había suscrito la entidad con la unión temporal Jesús Pérez Pérez (ff.
240 al 241 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100).
• El señor Kevin Amilcar Calambas Velasco, quien se desempeñaba para la fecha del suceso como secretario dependiente de la oficina de obras públicas municipales de Silvia (Cauca) (ff. 243 al 244 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100 y 119 y 120 del cuaderno de pruebas del expediente 20050173900).
• El señor Diego Alonso Gil Villamarín, entonces Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Silvia (Cauca) (f. 246 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100).
• El señor Eivar Jair Quijano, quien participó en la visita el día de los hechos, en calidad de veedor (f. 248 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100).
• El señor Alexander Ruiz Ortega, de profesión auxiliar en construcción, quien se desempeñaba como trabajador del maestro Jorge Puerta (f. 300 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100).
• El señor Edison Giovanni Sánchez Rivera, Bombero voluntario del municipio de Silvia (Cauca) (ff. 304 al 305 del cuaderno de pruebas del expediente 20050120100 y en el folio 98 del cuaderno de pruebas del expediente 20050173900).
• El señor Hugo Marino Pazos Velasco, Bombero Voluntario del municipio de Silvia (Cauca) (ff. 341 al 343 del cuaderno de pruebas del expediente 20050173900.
• El señor Diego Zuluaga Vera, de profesión Químico, quien se desempeñaba como profesional especializado responsable del laboratorio ambiental de la CRC (ff. 341 al 343 del cuaderno de pruebas del expediente 20050173900).
v) El interrogatorio de parte realizado al ingeniero civil Jesús Pérez López, Representante Legal de la unión temporal que suscribió el contrato 0467 del 22 de septiembre de 2003 con la CRC (ff. 349 y 350 del cuaderno de pruebas del el expediente 20050173900).
vi) El dictamen pericial rendido por la ingeniera Sonia Eugenia Medina Campo (ff. 138 al 144 del cuaderno de pruebas del expediente 20050173900) y su aclaración (ff. 151 al 153 cuaderno de pruebas del expediente 20050173900).
En caso sub-lite, observa la Sala que en la sentencia del 17 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo del Cauca, sobre el resultado de su análisis probatorio, planteó los siguientes razonamientos respecto de la muerte del señor Richard Fernando Correa Cuene, así:
Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación en relación con la muerte del ingeniero CORREA CUENE, considera la Sala que no resulta válido aplicar el mismo juicio utilizado para definir la responsabilidad administrativa por el deceso del señor PUERTA IRURITA.
lo anterior teniendo en cuenta que, i) el referido ingeniero fue quien citó a la visita que era de naturaleza administrativa o de empalme, esto es con la finalidad de revisar el estado de las obras de la PTAR; ii) por ello, tenía pleno conocimiento de que no se contaban con los elementos de seguridad para adelantare revisiones más exhaustivas; iii) dadas sus calidades, tenía certeza de que al ingresar a una cámara de notable profundidad, sin contar siquiera con una soga de seguridad, se estaba enfrentando a un riesgo inminente que podía materializarse – como en efecto sucedió-; y, iv) no existió orden o sugerencia de alguna (sic) integrante de la visita , son de la decisión fue voluntaria y autónoma del secretario de infraestructura municipal.
Ahora bien, dentro de las declaraciones dadas por los testigos que estuvieron presentes en la visita administrativa de empalme y revisión del proyecto, aducen que en el trascurso del recorrido, se detectó una fuga de agua en el lugar de las obras, de tal forma que quisieron establecer el motivo, razón por la cual, el ingeniero Pérez López, dio la orden al maestro Puerta Irurita para que ingresara a la primera recámara, sin encontrar nada al respecto; posteriormente, procedieron a dirigirse a la segunda y luego, a la tercera recámara, con todo el personal presente, ingresando nuevamente el maestro Puerta Irurita, pero al descender y pasados unos segundos, sonó un ruido muy fuerte, ante el inesperado suceso y al no tener respuesta ni conocimiento de lo que estaba pasando, el señor Richard Fernando Correa, ingresó por su voluntad y segundos después, cayó al fondo. Al respecto el Tribunal manifestó lo siguiente:
si bien el ingreso del ingeniero CORREA CUENA, obedeció a la loable intención de rescatar al maestro PUERTA CORREA, lo cierto es que su actuar implicó una clara exposición al riesgo de una posible caída, pues se recalca – dadas sus condiciones profesionales, además del cargo que ostentaba, así como también del conocimiento previo de que no se tenían a la mano los elementos necesarios para llevar a cabo dicha labor sin poner en peligro su integridad personal, resulta claro que fue su libre decisión la causa única del daño cuya reparación se demanda.
A lo anterior se aúna el hecho de que, contrario a lo que sucedió con el maestro PUERTA IRURITA, quien recibió una orden para que ingresara a dicha recámara, la actuación del señor CORREA CUENE fue personal, exclusiva y determinante, al someterse a un riesgo que asumió como propio, de manera que las consecuencias derivadas de su materialización también deben ser asumidas por la víctima.
En estas condiciones, a pesar de que la parte accionante alega que en el fallo de segunda instancia no se tuvo en cuenta que el ingeniero Richard Fernando Correa, «desconocía que en la cámara se encontraban presentes los letales gases que fueron la causa de su fallecimiento» insiste el apoderado que el hecho era completamente ajeno y desconocido, pues aunque su actuar señalado por el juez de la segunda instancia como imprudente, no tuvo finalidad diferente que la de intentar salvar la vida del maestro de obra Puerta Irurita.
Asimismo, aduce que quedó demostrado en el proceso que «fueron los gases concentrados en la tercera fosa revisada los que ocasionaron la pérdida del conocimiento del ingeniero y maestro de obra», lo cual generó la posterior caída en la profundidad de la fosa, y finalmente, su posterior deceso; es decir, se acreditó que fue el riesgo creado por la administración lo que generó el daño antijurídico alegado a lo largo del proceso.
Esta Sala, una vez revisado el expediente en su conjunto, no encuentra acreditado lo manifestado por el apoderado de los accionantes, debido a que a folios 138 al 144 del cuaderno de pruebas del proceso de reparación directa, se encuentra el dictamen pericial rendido por la Ingeniera Sonia Eugenia Medina Campo, el cual fue tenido en cuenta como material probatorio por parte del tribunal, donde precisó lo siguiente (f. 61 del expediente de tutela):
Si bien aclaró que no podía conceptuarse sobre la presencia de gases en el lugar de los hechos hasta que se efectuara una medición con los equipos apropiados, sí explicó que el valor normar del oxígeno en el aire es del 21%, de manera que si este disminuye aparecen síntomas de asfixia, pues si se tiene un 17% hay riesgo de pérdida de conocimiento sin signos precursores, entre el 12% - 16% se genera alto riesgo de inconsistencia en un intervalo entre segundos – minutos del 6% - 10% pérdida de conciencia seguida de la muerte en un intervalo de 6 a 8 minutos.
Agrega que en recintos cerrados el porcentaje de oxigeno disminuye, como por ejemplo en la recámara objeto de valoración la cual contaba con más de 10 metros de profundidad, además de encontrarse sellada.
En escrito de aclaración del dictamen, se indicó que no se puede precisar cuáles serían las causas de las molestias físicas sentidas en la inspección y mencionadas en el dictamen inicial. Por cuanto esto es competencia de un profesional de salud. Respecto de la concentración y porcentajes del oxígeno señalados en el dictamen, señaló que fueron consultados e investigados en varios textos entre ellos el libro de químico “Conceptos y Problemas de Mosqueria y Mosqueria”. (Negrillas fueras del texto)
Por lo anterior, la Sala debe indicar que, no encontró carencia del apoyo probatorio, mucho menos que el tribunal se haya basado en deducciones y conjeturas para eximir de responsabilidad a los demandados, pues en la sentencia del 17 de agosto de 2017, se sustenta expresamente en lo rendido en el dictamen pericial, concluyendo que no se podía precisar cuáles serían las causas de las molestias físicas, que terminaron en el suceso inesperado de la muerte del maestro y del ingeniero Richard Fernando Correa Cuene y, respecto de los gases concentrados, no hay en el expediente prueba que acredite que efectivamente fue así.
Finalmente, el tribunal manifiesta que la actuación del señor Correa Cuene, fue personal, exclusiva y determinante, al someterse a un riesgo que asumió como propio, de manera que las consecuencias derivadas de su materialización, también deben ser asumidas por la víctima.
Es evidente entonces que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Constitucional, este defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de ellas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios, situaciones que en este caso no se presentan.
Es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que cuando una providencia judicial se fundamenta en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso y en la valoración adecuada de las pruebas allegadas, no es plausible alegar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues ello implicaría una intromisión arbitraria del juez constitucional, que afecta de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance. Lo que conlleva que no se configure la aludida causal.
3. Conclusión
Atendiendo los anteriores planteamientos, la Sala concluye que en el caso examinado, el Tribunal Administrativo del Cauca, en providencia proferida el 17 de agosto de 2017, no incurrió en el defecto fáctico. Por consiguiente, no existió vulneración de los derechos fundamentales al acceso efectivo a la administración de justicia y al debido proceso de los accionantes, motivo por el cual se denegará el amparo de tutela solicitado.
Insiste la Sala en que la acción de tutela no es una tercera instancia en la que puedan ventilarse asuntos que ya fueron definidos por los jueces naturales del asunto dentro del escenario diseñado por la ley para el efecto, esto es, el proceso judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
DENEGAR el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso de la administración de justicia de los señores William Armando Correa Cuene, Diego Ramiro Cuene, Cilia María Cuene de Correa y Darys Magnolia Correa Cuene, contra el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
En caso de que no fuere impugnada esta providencia, devuélvase al despacho de origen los procesos de reparación directa con radicados 19001-33-31-002-2005-01201-01 y 19001-33-31-004-2005-01739-01, remitidos a esta Corporación en calidad de préstamo.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
visible a folios 106 al 111 y vuelto.
Visible a folios 118 al 122.
(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance, (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, (iv) Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna, (v) Que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado su vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
(i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de julio de 2012, radicado Nº: 2009-01328-01. MP: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. « [L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente». Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales. Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras. Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado». Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002, en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio.
La Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas». Sentencia T-442 de 1994. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Al respecto, ver las sentencias T-416 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-331 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), C-034 de 2014 (M.P. María Victoria Calle) y C-083 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras. Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional. Sentencia T-283 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sobre títulos de imputación aplicables a los daños causados a conscriptos, consultar sentencia de 30 de julio de 2008, expediente número 18725 reiterada en sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente número 18586; sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente número 16205; sentencia de 28 de abril de 2005, expediente número 15445 y sentencia del 2 de marzo de 2000, expediente número 11401. Sobre la posición de garante del Estado frente a los conscriptos y reclusos, consultar sentencia de 9 de junio de 2010, expediente número 19849. Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Exp. 21.515.
«3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003»
Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio iuris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”.
Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002. Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, expediente 21515. M.P. Hernán Andrade Rincón. Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, expediente 23492. M.P. Hernán Andrade Rincón. Corte Constitucional, sentencia C-043 de 27 de enero de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia 68001-23-15-000-1995-11029-01(21196) de 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Ibídem. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No.14.170, sentencia del 25 de febrero de 2005, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, al referirse a las modalidades de la falla del servicio dijo: «No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico (se refiere al artículo 90 constitucional que consagra la responsabilidad del Estado por daño antijurídico) como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de responsabilidad de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro de la cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio». Corte Constitucional, sentencia T-555 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ibídem. Sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con fecha del 7 de marzo de 2012, con Radicado: 25000-23-26-000-1996-03282-01 (20042) y del 26 de mayo del 2010, con Radicado: 05001-23-31-000-1+995-00159-1 (19043). Sentencia de del 12 de junio del 2013, visible a folios 9 al 31.
folios 151 al 153 del cuaderno de pruebas del expediente 20050173900.
Corte Constitucional T-214-12
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.