Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03000-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra auto que resuelve incidente de recusación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03000-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03000-00
Consejero ponente: Hernándo Sánchez Sánchez
15 de marzo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE RESUELVE INCIDENTE DE RECUSACIÓN / DEFECTO ORGÁNICO / TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN - Incumplimiento / COMPETENCIA PARA RESOLVER INCIDENTE DE RECUSACIÓN / SANCIONES AL RECUSANTE - Competencia / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
[D]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 1564, el Magistrado [J.A.R.V.] ante la recusación interpuesta en su contra, debió aceptar o no aceptar como ciertos los hechos alegados por el recusante o considerar que no estaban comprendidos en ninguna de las causales de recusación y remitir el expediente, en este caso, por ser magistrado de tribunal, a quien seguía en turno en la respectiva Sala, para que decidirá la recusación (…) Para la Sala es evidente que el Magistrado no era competente para declarar no probada la recusación en su contra ni mucho menos rechazarla de plano, determinando que hubo temeridad y mala fe por parte del recusante ya que la recusación debía ser resuelta por quien seguía en turno en la sala y, solo en esa providencia se impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente una multa. Tampoco era competente para condenar en costas ya que (…) se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente; y, como ya se determinó quien debía resolver el incidente era el Magistrado que seguía en turno en la sala. A pesar de que el auto aquí cuestionado ordena remitir las diligencias a la Magistrada doctora [N.M.M.] para resolver éste trámite, es contradictorio en su decisión de fondo de rechazar de plano la recusación, es decir definiendo de fondo el incidente, decisión que se apareja con la determinación de multar y condenar en costas a la parte actora, por lo que no es posible inferir que el Magistrado estaba cumpliendo con el simple mandato de la norma de no aceptar la recusación, sino que actuó sin competencia para tomar las decisiones indicadas en el auto de 6 de septiembre de 2017, por lo que se configura el defecto orgánico en dicho proveído.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE DECLARA INFUNDADO IMPEDIMENTO / ERROR INDUCIDO - Inexistencia / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DE CAUSAL DE IMPEDIMENTO
Para la Sala, en primer término, no es de recibo que la parte actora indique de manera absoluta que la norma que contiene la causal aducida por el Magistrado, es decir, la causal 7 del artículo 141 de la Ley 1564, solo exprese que: “[…] en algún momento alguna de las partes, su representante o apoderado, hubiese FORMULADO denuncia penal o disciplinaria contra el juez. Punto […]” por cuanto el texto de la norma es el siguiente: “[…] 7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación […]” por lo que, adecuadamente el Tribunal, de conformidad con el acervo probatorio que en el momento se encontraba allegado al expediente, determinó que el Magistrado no se encontraba vinculado formalmente a una investigación (…) Para la Sala no existe error inducido al Tribunal, por parte del Magistrado [J.A.R.V.] por cuanto el Tribunal analizó e interpretó objetivamente la causal de impedimento aducida por el Magistrado en toda su extensión y la enfrentó a los hechos probados, contenidos en los documentos allegados al expediente por la apoderada del Ministerio de Minas y Energía, por lo que no existe violación a derecho fundamental alguno por error inducido en la providencia de 3 de agosto de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Chocó.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 140 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 141 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 142 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 143 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 132
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNÁNDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03000-00(AC)
Actor: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y CLAUDIA ROCÍO CASTRO ORDÓÑEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Claudia Rocío Castro Ordóñez, en nombre propio y en representación de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, contra el Tribunal Administrativo del Chocó, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales i) a la igualdad, ii) al debido proceso, iii) a la defensa y contradicción iv) “a la comprobación y a ser juzgado por un juez imparcial e independiente”
La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La actora, obrando en nombre propio y en representación de la Nación Ministerio de Minas y Energía, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por considerar que al proferir los autos de 3 de agosto de 2017, de 6 de septiembre de 2017, de 21 de septiembre de 2017 y de 26 de septiembre de 2017, providencias mediante las cuales se llevó a cabo el trámite procesal de un incidente de recusación, dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, con número único de radicación 27001233100020170005300, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.
1.2. Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
1.2.1. Dentro del trámite de medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo interpuesto por la señora María Ernís Valderrama y otros, con número único de radicación 27001233100020170005300, el Magistrado del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas Villa, profirió auto de 26 de julio de 2017, en el que se declara impedido para conocer de ese proceso, argumentando lo siguiente:
“[…] En el momento en que se disponía el Suscrito Magistrado a conocer del presente asunto, se evidencia que una de las entidades vinculadas es el Ministerio de Minas y Energía, entidad que mediante apoderado judicial denuncio penal y disciplinariamente al suscrito Magistrado, denuncias que a la fecha no me han sido notificadas por ningún medio[…]”. “[…]De todas formas, a la luz del artículo 141 del C.G.P., y en aras de alcanzar una administración de justicia recta e imparcial, la ley establece que, en determinadas circunstancias de carácter objetivo o subjetivo, los funcionarios judiciales, deben separarse del conocimiento de los asuntos. Estas circunstancias, que la ley erige en impedimentos y recusaciones, se fundamenten en las circunstancias ya descritas enmarcadas en el numeral 7º del artículo 141 del C.G.P.[…]”
1.2.2. La apoderada del Ministerio de Minas y Energía, el 31 de julio de 2017, allegó memorial al expediente que contiene el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo radicado con el número 27001233100020170005300, solicitando al Tribunal Administrativo del Chocó, que:
“[…]se acepte el impedimento presentado por el Magistrado José Andrés Rojas Villa en el auto interlocutorio 131 calendado el 26 de junio de 2017 […] en tanto es cierto que el Ministerio de Minas y Energía instauró a través de apoderado judicial denuncia penal y disciplinaria en contra del citado magistrado cuando desarrollaba funciones como Juez Segundo Administrativo de Buenaventura en el marco de la acción popular de Jorge Enrique Torres radicada con el No 2010-0022-00. Para el efecto se adjunta copia del escrito enviado a la Fiscalía Delegada ante el Honorable Tribunal Superior de Cali de fecha 03 de diciembre de 2010.
Es importante señalar que la denuncia reseñada se está tramitando actualmente ante la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Buga, SPOA 760006000247201000224, la cual según información verbal suministrada recientemente por funcionarios de la Fiscalía se anuncia que la misma se encuentra activa con orden de policía judicial y que el investigado si se encuentra vinculado.
En lo referente a la investigación disciplinaria, de igual forma es del caso advertir que el doctor Rojas Villa También es conocedor de las actuaciones que se tramitaron al ante el Consejo Superior de la Judicatura Seccional del Valle del Cauca radicada con el No. 2010-0072-00, en virtud a que el investigado rindió versión en el 7 de abril del año 2011, y donde el Ministerio de Minas y Energía a través de apoderado presentó recurso de apelación. A la fecha desconocemos el resultado de la misma. Se allega copia del recurso.
Así mismo dentro del medio de control de reparación directa de Máximo Rentería Mena instaurado en contra de este Ministerio radicado con el No 2011-217, el cual se surtió ante el Tribunal Administrativo del Chocó, el 15 de agosto de 2012, se llevó a cabo audiencia de conciliación a la cual asistí en representación de la Nación Ministerio de Minas y Energía como parte demandada, siendo el doctor José Andrés Rojas Villa magistrado ponente. Ahora bien, en el desarrollo de la citada diligencia, el magistrado ponente manifestó públicamente su desavenencia contra la Entidad, refiriendo expresamente que se había vuelto un problema personal y que no se lo podía sacar de la cabeza, haciendo gestos de repudios, enemistad y enojo. De esta situación puede dar testimonio la doctora Luzmila Trujillo Chaverra, quien fungió para la audiencia como representante del Ministerio Público. Se llega copia del escrito de recusación radicado por la Entidad en el citado proceso.
En ese orden de ideas, y de acuerdo con lo antes expuesto consideramos que la posición del Magistrado José Andrés Rojas Villa puede afectar la falta de objetividad e imparcialidad que debe asumir el juzgador para dirimir las controversias judiciales que se instauren en contra del Ministerio de Minas y Energía, máxime cuando abierta y públicamente ha expresado su contrariedad y enemistad grave. En consecuencia solicitamos respetuosamente al Honorable Tribunal Administrativo del Chocó que se acepte el impedimento planteado por el Magistrado al encontrarse incurso dentro de las causales de recusación contenidas en los numerales séptimo (7) y noveno (9) del artículo 142 del Código General del Proceso, aplicable a este caso por mandato del artículo 130 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[…]”
1.2.3. El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en Sala conformada por las Magistradas Mirtha Abadía Serna y Norma Moreno Mosquera, mediante auto de 3 de agosto de 2017 (primer auto objeto de tutela) declaró infundado el impedimento manifestado por el Magistrado José Andrés Rojas Villa, considerando lo siguiente:
“[…]Al respecto es preciso señalar que la institución del impedimento persigue la salvaguarda de la imparcialidad del juzgador, como bien lo ha precisado la jurisprudencia constitucional al observar que “Las normas que consagran las causales de impedimento y recusación, se han dictado para garantizar la imparcialidad del juez. El que existan las causales, fijadas por la ley y no por el capricho de las partes, garantiza, dentro de lo posible, la imparcialidad del juez y su independencia de toda presión, es decir, que sólo esté sometido al imperio de la ley”.
Ahora bien, la configuración de las causales de impedimento y los efectos que se deriven de dicha declaratoria requieren de una interpretación restrictiva como quiera que pone en juego la seguridad de quienes intervienen en el proceso, puesto que estos obran bajo la pretensión de que la aplicación de las normas procesales y sustanciales se efectuará bajo la égida del principio de igualdad, y por lo tanto, como una clara manifestación del acceso material a la administración de justicia.
Por manera que, en garantía de la imparcialidad en la administración de justicia, es necesario analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso.
De conformidad con lo anterior, advierte esta Sala, que no se encuentra acreditado el impedimento manifestado por el Doctor José Andrés Rojas Villa, Magistrado de esta Corporación, pues según éste mismo afirma en la providencia que se declara impedido, aún no ha sido notificado, y por tanto vinculado, a la investigación, que el abogado del Ministerio de Minias y Energía, presentó en su contra.
Por otra parte, respecto de la petición que eleva la apoderada judicial del Ministerio de Minas y Energía, debe decir la Sala que de los documentos que a la misma adjunta no se advierte que el Dr. ROJAS VILLA, se encuentre vinculado formalmente a alguno de los proceso(sic), en contra de él instaurados.
Así mismo advierte que la decisión de resolver respecto de si acepta o no un impedimento de un miembro del Tribunal, es una decisión autónoma por parte de la Corporación de conformidad con el artículo 140 del C.G.P, y en todo caso, las partes tienen a su disposición los incidentes de recusaciones contra el funcionario que a su juicio deba apartarse del conocimiento del proceso, a la luz de lo dispuesto en el artículo 141 y ss del C.G.P.
Así las cosas, al no existir elementos de juicios, tendiente a generar desconfianza en la imparcialidad a la hora de fallar el presente asunto, por quien hace parte de la Sala de decisión de este Tribunal, no se aceptará el impedimento manifestado por el doctor JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA, Magistrado de esta Corporación, para conocer del proceso de la referencia, y en tal sentido el mismo se declarará infundado […]”.
1.2.4. La actora, el 14 de agosto de 2017 solicitó al Tribunal Administrativo del Chocó se tramitara incidente de recusación contra el Magistrado José Andrés Rojas Villa, previsto en el artículo 132 de la Ley 1437 de 18 de enero 2011 en concordancia con lo previsto en los artículos 140 y 141 de la Ley 1564 de 12 julio de 2012.
1.2.5. El Magistrado recusado, integrante del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto de 6 de septiembre de 2017 (segundo auto objeto de tutela), resolvió:
“[…]RESUELVE:
PRIMERO: Rechazar de plano y considerar de mala fe y temeridad la recusación interpuesta por Claudia Rocío Castro Ordóñez como persona y como apoderado de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído y en consecuencia de ello se ordena remitir las diligencias a la Magistrada Dra. Norma Moreno Mosquera para resolver éste trámite.
SEGUNDO: Impóngase una multa de 10 s.m.l.m.v. al señor(sic) Claudia Rocío Castro Ordóñez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 36.066.405 de Neiva (H.), a favor del Consejo Superior de la Judicatura -artículos 147 y 367 del C. G. del P.
TERCERO: Se condena en costas tanto al apoderado de la parte demandada, como a la NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA, Doctor(sic) Claudia Rocío Castro Ordóñez, a quien también se le compulsará copia de lo actuado para ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Seccional del Chocó, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria, eventualmente y si a bien lo tiene, por faltas a la ética profesional, de acuerdo con los parámetros trazados en la parte motiva de ésta sentencia.
Por Secretaría, liquídense con arreglo a lo dicho en la parte correspondiente y motiva[…]”.
Para tomar tales decisiones el Magistrado consideró, lo siguiente:
“[…] Hemos de aceptar que ninguna de las razones aducidas por el recusante están llamadas a prosperar por la causal 9, porque 1. evidentemente los enemigos y los amigos míos los escojo yo, y todavía no autorizo a nadie para que gradúe de mi vida a quien tengo por amigo íntimo ni tampoco a quien puedo tener yo, y solo yo, por enemigo grave; para que eso suceda, debe haber una razón explicable o justificable pero que solo yo, en mi fuero interno y nadie más que yo, puedo estimar para una u otra situación a la persona que esté en uno u otro lugar de mis afectos, y 2. porque con el Auto 768 del 3 de agosto, folios 2656 a 2657, se desataron las razones para no apartarme del negocio por la causal 7.
[…]
En este caso no se da ni por asomo de duda que el petente de la recusación haya traído las pruebas que su dicho infirma, es por lo que no se admitirá las causales 9 y 7 del Artículo 141 del C. G. del P., en tanto que si bien la "amistad íntima” es un estado del alma, evidentemente los signos externos de dicho comportamiento si pueden ser aducidos; por lo tanto, era menester traer la prueba de cada dicho para resolver con solvencia de certeza el caso.
[…]
El itinerario narrado como prolegómeno de éstas disquisiciones muestran que Claudia Rocío Castro Ordóñez, quien en algún proceso representó a la Nación - Ministerio de Minas y Energía ha actuado después de agosto de 2012, fecha que anuncia, marca mi enemistad; y que pretende actuar a lo largo de este asunto y de tantos otros, hasta el día de hoy, y entones la causal enrostrada se evapora. Nótese que el Auto admisorio de la demanda aún no se ha emitido; ergo la escogencia de quien represente al Ministerio de Minas y Energía es un opción de esa entidad pública, que si decide otorgar poder al señor Claudia Rocío Castro Ordóñez, ejercerá un acto autónomo y discrecional en ello y asume la consecuencia de designar su representante judicial en la causa. Y en este aspecto, la actividad desarrollada por el suscrito se sustenta en una conducta intachablemente enderezada a cumplir con la Constitución, las Leyes, los mandatos normativos y las peticiones de las partes. Y diremos para ello que no existe ni amistad íntima ni enemistad grave con ninguno de los intervinientes, aunque a ellos se les conozca socialmente antes de iniciar esta actuación.
[…]
Recusación por denuncia previa disciplinaria y/o penal. Pero es más, la Nación - Ministerio de Minas y Energía trajo por intermedio de su apoderado señor(sic) Claudia Rocío Castro Ordóñez, la certificación correspondiente de cada sede judicial donde fui denunciado penal y disciplinariamente por un abogado contratado por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto; la prueba plural indica INDUBITABLEMENTE, que no estoy vinculado a las causas. Y esa vinculación, lo sabe cualquier abogado es la formalmente idónea, no cualquier acto surtido en el trámite. Y si como se ve, las certificaciones traídas por el recusante se aprecia que.
a. la Sala correspondiente del C. S. de la J. - Sala Jurisdiccional Disciplinaria decidió abstenerse de abrir proceso disciplinario mediante auto del 6 de mayo de 2011 -folios 21 a 26-, y no trajo más pruebas de la actuación, es claro entender que tal juicio disciplinario concluyó.
b. por otro lado, la Asistente de Fiscal II del Despacho de la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Buga, entregó la prueba de la actuación penal surtida en esa dependencia judicial a raíz de la denuncia penal formulada en mi contra por un abogado contratado para el efecto por el Ministerio de Minas y Energía explicando que "se encuentra activo en etapa de indagación penal, habiéndosele comunicado al indiciado de la existencia de la indagación a través de Oficio o. 50000-027-004 del 11 de enero de 2011" -folio 31-, es claro entender que en tal asunto penal NUNCA fui vinculado formalmente al proceso.
El asunto pasaría por trivial si no fuera porque el recusante a nombre del Ministerio de Minas y Energías es un abogado que debe conocer lo que pide y como lo pide y porqué lo pide; tomando en cuenta ello, debió ser cuidadoso al formular la recusación para que en asuntos de recusación no sobrevenga la aplicación del artículo 147 del C. G. del P.
[…]
Por el aspecto disciplinario, es claro que la causal es temeraria y de mala fe porque a un togado no se le puede tolerar ignorancia supina de una norma que está pidiendo aplicar; esto es, si el abogado recusante pidió apartarme del caso por la formulación de la queja disciplinaria por el abogado contratado por el Ministerio de Minas y Energía, es evidente que con la copia del auto donde el juez natural disciplinario archiva su actuación, que el mismo togado trajo para fundamentar su petición -auto del 6 de mayo de 2011, folios 21 a 26-, debía abstenerse de impetrar esta recusación; suscribirla, entonces, sitúa su conducta en los tipos previstos en los artículos 78 a 81 del C. G. del P., que regulan “Deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados". Por el aspecto penal, es claro que la causal es temeraria y de mala fe porque a un togado no se le puede tolerar ignorancia supina de una norma que está pidiendo aplicar; esto es, si el abogado recusante pidió apartarme del caso por la formulación de la denuncia penal del abogado contratado por el Ministerio de Minas y Energía, es evidente que con la copia del certificado del Fiscal que lleva el caso, explicando que "se encuentra activo en etapa de indagación penal, habiéndosele comunicado al indiciado de la existencia de la indagación a través de Oficio no. 50000-027-004 del 11 de enero de 2011" -folio 31- y que el mismo togado trajo para fundamentar su petición, es claro que debía abstenerse de impetrar tan estrambótica y falsamente fundamentada recusación; suscribirla, entonces, sitúa su conducta en los tipos previstos en los artículos 78 a 81 del C. G. del P., que regulan "Deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados". Si el profesional del derecho que recusa por esta causal ignora la diferencia técnica entre indiciado, imputado o acusado, debió cerciorarse previamente de ello a través de un juicioso y serio estudio de la dogmática procesal penal para no parecer ignorante supino o descuidado profesional; en cualquier evento, para observar el elemento normativo del tipo previsto en el numeral 7 del artículo 141 del C. G. del P. y no alegar hechos inexistentes o falsos; máxime, se repite, si el abogado recusante es quien trae la prueba de que lo que propone es un dislate. El artículo 288 del C. de P.P. explica el tema de la vinculación de una persona al proceso penal y delimita el campo conceptual de indiciado, de imputado; que de acuerdo con el sistema adoptado en el nuevo proceso penal, acorde con las modificaciones introducidas por el acto legislativo No. 3 de 2002 al Art. 250 de la Carta Política es el dique de garantía de la separación funcional de los jueces con la Fiscalía, y de los jueces entre sí, pues es ella la que conduce de mejor forma a la conservación de los tres ejes sobres los cuales se ha diseñado el proceso establecido en la Ley 906: i. su naturaleza adversarial, ii. la imparcialidad de los jueces, y iii. la división interna de sus roles y papeles dentro del proceso; precisando con ello los conceptos claramente diferenciados de indagación, investigación y el juicio.
En efecto, a. del seguimiento que debió hacerse al proceso disciplinario, se trajo copia del estado actual del proceso para destacar que el suscrito no solo fue denunciado, sino que además, debía estar "vinculado a la investigación.", como causal atendible de la recusación, por ello esta recusación deviene temeraria y de mala fe; b. y del seguimiento que debió hacerse al proceso penal, se trajo certificación del estado actual del proceso para destacar que el suscrito no solo fue denunciado, sino que además, debía estar "vinculado a la investigación.” -la diferencia técnica entre indiciado, imputado o acusado, debe entenderse a partir de un juicios y serio estudio de la dogmática procesal penal-, con el artículo 288 del C. de P.P. en la mano, como causal atendible de la recusación, por ello esta recusación deviene temeraria y de mala fe.
[…]
En este caso, y luego de resuelto el impedimento -Auto 768 del 3 de agosto, folios 2656 a 2657-, se volvió a presentar la recusación sin atender el artículo 143 del C. G. del P., que advierte "... En el trámite de la recusación el recusado no es parte y las providencias que se dicten no son susceptibles de recurso alguno", con lo cual, evidentemente se tima a la administración de justicia y se vuelve sobre un asunto ya resuelto. En suma, la conducta de a. proponer la recusación sobre un tema ya resuelto, b. pero con base en una mentira múltiple y c. con argumentos claramente contraevidentes y con citas descontextualizadas e impertinentes -folios 1 a 31 del C. de I. de R.); acuñada en la mentira y la tozudez y su persistencia en negar lo innegable es evidentemente, de mala fe, desleal y temeraria. Si bien se(sic) NO accederá a las pretensiones del recusante, en el asunto de la referencia, la Sala no puede abstenerse de condenar en costas a la parte demandada, por cuanto la conducta procesal de ésta se encuentra teñida de mala fe y temeridad, constitutiva de abuso del derecho.
[…]
La conducta que se verifica es que cuando la NACIÓN - MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA propuso la recusación, su apoderada negó lo evidente, lo palmario, la inexistencia de los motivos por los cuales no podía sostenerse la recusación; ello, si se hubiera constatado el simple recuento jurisprudencial que sobre la desnaturalización de la causal viene dicho la Ley pues las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera estricta y restrictiva, con respeto de los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial, unido a la prueba incontrastable que la situación denunciada no ha trascendido a la vinculación formal a las causas disciplinaria y penal, para reconocer con gallardía y responsabilidad que se estaba frente a un tema de profunda sensibilidad social, personal e institucional como es la objetividad en la decisión judicial. Por el contrario, tanto en la prueba disciplinaria como penal, cuando el recaudo probatorio implicaba reconocer lo inconcuso, la apoderada siguió negando lo innegable, la tozudez de la actitud persistió; esa conducta no parece ser acorde con la lealtad que se debe tener con la administración de justicia, y por eso, cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, dice el Artículo 8 del C. G. del P., sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la providencia. Por esta razón, el Artículo 81 Ib., determina que al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior y la de pagar las costas del proceso. Dicha condena, dice la norma, será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe, pero de esto último no hay prueba.
El juez impondrá multa de diez a cincuenta salarios mínimos mensuales; en este caso, por cuanto ya se proveyó con arreglo al artículo 147, se impone la inaplicación del artículo 81 en lo que atañe a la multa, pero si a la remisión de las copias pertinentes para ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Seccional del Chocó, para lo de su competencia en cuanto el compromiso deóntico del abogado recusante. Pero si además de ello, se hubiera verificado que, desde la recolección de la prueba era fácil captar que las denuncias no han tenido eco de seriedad, las persistentes alegaciones recusantes carecen de contrapartidas de las exigencias derivadas de la buena fe, por ello mal podría seguirse discutiendo en la jurisdicción un asunto por demás claro que fue resuelto oportunamente por la administración de justicia disciplinaria y penal; la investigación judicial no recogió ninguna probanza en procura de punto distinto de lo planteado en la queja y sin embargo, quien alegó de recusación persistió en la tónica de desconocer la prueba misma que dimana de la actuación penal y disciplinaria propuesta por la propia accionada. El esclarecimiento diferente de los hechos, hubiera llevado a un actuar prudente y respetuoso del derecho que, en el caso presente, resulta huérfano de rigor. Esa negligencia de la parte demandada, es, hasta cierto punto, entendible, lo que no puede ser acicate para respaldar el proceder de la apoderada que, en desarrollo de su tarea mínima de preparación de la teoría del caso, le hubiera llevado a abstenerse de plantear situaciones tan claras como las surgidas de la actuación disciplinaria y penal, antes de plantear nuevamente ante el aparato jurisdiccional del Estado que la Nación - Ministerio de Minas y Energía había actuado en derecho. Ese desgaste institucional no puede pasar desapercibido. El Artículo 81 del C. G. del P. permite derivar responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes, lo cual, como ya se indicó no puede predicarse lógico racionalmente de la apoderada de la Nación - Ministerio de Minas y Energía sino, y por lo expuesto en relación con la preparación jurídica de la teoría del caso propuesto a debate en esta jurisdicción, de quien se puede afirmar sin lugar a equívocos, que actuaron con temeridad o mala fe y por ello se les impondrá la condena de las costas del incidente. La versación en las lides del derecho tiene límites en su ejercicio litigioso; y como en el caso presente tales actuaciones ponderadas y reflexivas brillan por su ausencia, se le impondrá además, a la apoderada del Ministerio de Minas y Energía, remitir copia de lo actuado a la autoridad Disciplinaria de los abogados en la Seccional del Chocó, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria, si a ello hubiere lugar, al abogado Claudia Rocío Castro Ordóñez por faltas a la ética profesional. Ahora bien, nuevamente remítase el asunto a la Dra. Norma Moreno Mosquera para resolver éste trámite -bien sea de acuerdo con los artículos 143 y ss. del C. G. del P., como lo cree el suscrito, o por los artículos 130 y ss. del C. de P.A. y de lo C. A.; según estime su competencia[…]”.
1.2.6. La actora interpuso recurso de reposición, el 15 de septiembre de 2017, contra el auto de 6 de septiembre de 2017 del Magistrado recusado José Andrés Rojas Villa, de conformidad con lo prescrito en el inciso final del artículo 132 de la Ley 1437 a efecto de que se revocara las decisiones contenidas en la providencia impugnada, entre las que se cuentan el rechazo de plano la recusación, la imposición de una multa y la condena en costas.
1.2.7. El Magistrado José Andrés Rojas Villa, mediante auto de 21 de septiembre de 2017, (tercer auto objeto de tutela) manifestó: “[…]De conformidad con el artículo 143 del C.G.P., no se hará ningún pronunciamiento frente al recurso planteado. CÚMPLASE[…]”
1.2.8. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante providencia de 26 de septiembre de 2017 (cuarto auto objeto de tutela), en Sala conformada por las Magistradas Mirtha Abadía Serna y Norma Moreno Mosquera, negó la recusación formulada por la actora, apoderada el Ministerio de Minas y Energía, de la siguiente forma:
“[…] Primero: NEGAR la recusación formulada por la apoderada del Ministerio de Minas y Energía en contra del Dr. JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA, en su condición de Magistrado de esta Corporación, para conocer de presente asunto, acción de grupo, ref: 27001-23-31-000-201-00053-00, accionante: María Ernis Valderrama Murillo y otros, accionado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otros, conforme las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Una vez en firme este proveído, devuélvanse las presentes diligencias al Despacho de origen. Déjense las anotaciones que sean del caso […]”
Para llegar a la anterior decisión, el Tribunal, luego de hacer un recuento de las pruebas allegadas con el escrito de la recusación, consideró, lo siguiente:
“[…] La recusación fue presentada el 14 de agosto del presente año, invocando las causales 7a y 9a del artículo 141 del C.G.P, manifestando con fundamento en ellas que existe investigación disciplinaria y penal formulada por el Ministerio de Minas y Energía en contra del Magistrado Rojas Villa, y que existe una enemistad grave entre el Señor Magistrado conductor del proceso y el apoderado del Ministerio de Minas y Energía.
[…]
La apoderada del Ministerio de Minas y Energía solicitó como prueba, que se recepcione el testimonio de la Dra. Luzmila Trujillo Chaverra en su condición de representante del Ministerio Público, quien fue testigo por haber asistido a la audiencia dentro del proceso 2011-217-00, en el que el Magistrado Rojas Villa manifestó públicamente su contrariedad y repulsión contra el Ministerio de Minas y Energía.
La anterior prueba será denegada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1682 y 1733 del C.G.P, en tanto, de lo que acontece durante una diligencia judicial da cuenta el audio y el acta que se levanta4, documentos que debieron ser aportadas por la parte con su escrito de recusación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 78 ibídem.
[…]
Primera causal. "Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación”.
Para sustentar la anterior causal, la apoderada del Ministerio de Minas y Energía afirma que en la investigación disciplinaria adelantada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el Dr. Rojas Villa rindió versión libre y aportó pruebas a la investigación el 7 de abril de 2011, y en tal sentido aporta como prueba con su escrito de recusación, providencia emitida por la mencionada Corporación, aprobada mediante Acta No. 090 del 06 de mayo de 2011 dentro del expediente 2010-002211 (fls. 21 a 26).
Afirma además que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior mediante comunicación calendada 11 de agosto de 2017, informa que el asunto radicado bajo el SPOA 761116000247201000224, seguido en contra del señor JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA (Juez 2o Administrativo de Buenaventura. Valle del Cauca) se encuentra activo en etapa de indagación penal habiéndosele comunicado al indiciado de la existencia de la Indagación a través de oficio N° 50000-027-004 del 11 de enero de 2011, y en tal sentido aporta al oficio No DS-27-21F1D-511 de fecha 11 de agosto de 2017 mediante el cual la Asistente de Fiscal II de la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior, informa al Dr. Mateo Floriano Carrera que el asunto radicado bajo el SPOA anteriormente mencionado se encuentra activo en la etapa de la Indagación Penal y que le fue comunicado al indiciado mediante oficio ciado en precedencia (fl. 31)
[…]
De conformidad con lo anterior, advierte esta Sala, que no se encuentra acreditada la causal de recusación formulada al Doctor José Andrés Rojas Villa, Magistrado de esta Corporación, por parte de la apoderada del Ministerio de Minas y Energía, pues con el escrito de recusación no se allegó ninguna prueba, donde se evidencie que hubiese sido el Magistrado Rojas Villa notificado, y por tanto vinculado, a alguna de las investigaciones (penal y disciplinaria), que el abogado Mateo Floriano Carrera, del Ministerio de Minias y Energía, presentó en su contra.
Es decir, de los documentos que la abogada recusante adjunta al escrito de recusación[…] no se advierte que el Dr. ROJAS VILLA, se encuentre vinculado formalmente a alguno de los proceso, en contra de él instaurados.
Segunda causal. “Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado”.
Para sustentar la anterior causal, solicita que se cite a declarar a la Dra. Luzmila Trujillo Chaverra, en su condición de representante del Ministerio Público, quien fue testigo por haber asistido a la audiencia dentro del proceso 2011-217-00, en el que el Magistrado Rojas Villa manifestó públicamente su contrariedad y repulsión contra el Ministerio de Minas y Energía.
Al respecto itera este Tribunal que de conformidad con el numeral primero del artículo 143 del C.G.P, el escrito de recusación que se propone además de expresar la causal alegada y los hechos en que se fundamenta debe contener o allegar las pruebas que se pretendan hacer valer, requisito éste último que no cumple la recusación formulada.
La apoderada recusante, no allegó prueba que sustente la causal invocada, y las pruebas solicitadas fueron rechazadas en los términos de los artículos 29 de la Constitución Política, 143, 168 y 173 del C.G.P, conforme lo precisado en el acápite respectivo.
Además, no advierte el Tribunal de las pruebas aportadas con el escrito de relación, que exista un factor subjetivo que pueda afectar la imparcialidad del Magistrado Rojas Villa, para sustanciar y decidir sobre la acción de grupo de la referencia, ya que, según lo manifestado por el mismo magistrado Rojas Villa en el auto de fecha 06 de septiembre de 20178, no existe una relación ni de amistad ni de enemistad con el Ministerio de Minas y Energía y/o sus apoderados, parte accionada del presente caso.
Así las cosas, al no existir elementos de juicios, tendiente a generar desconfianza en la imparcialidad, alterar las decisiones que debe proferir para impulsar el proceso y garantizar a las partes, terceros y demás intervinientes las formas propias de cada juicio, por quien hace parte de la Sala de decisión de este Tribunal, se negará la recusación formulada por la apoderada del Ministerio de Minas y Energía en contra del Dr. JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA, Magistrado de esta Corporación, para conocer del proceso de la referencia[…]”
1.2.9. La actora, mediante escrito de 29 de septiembre de 2017 solicitó al Tribunal Administrativo del Chocó adición, complementación y/o aclaración de la providencia de 26 de septiembre de 2017, a través de la cual se resolvió el incidente de recusación.
1.2.10. El Tribunal Administrativo del Chocó rechazó la solicitud por improcedente, mediante auto de 27 de octubre de 2017, por cuanto la parte resolutiva de la providencia objeto de adición complementación y/o aclaración, no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, en los términos del artículo 285 de la Ley 1564.
En dicha providencia también se indicó que respecto de la petición de adición para que el Tribunal se pronunciara en torno a la sanción impuesta, compulsa de copias y condena en costas, proferida en auto de 6 de septiembre de 2017, el Tribunal advirtió que la misma es improcedente en los términos del artículo 143 del C.G.P. “[…]en el entendido de que la Sala tan sólo se limitó a resolver respecto de la recusación por dicha parte formulada en contra del Magistrado Rojas Villa[…]”.
Pretensiones
La actora, obrando en nombre propio y como apoderada del Ministerio de Minas y Energía, solicitó en su escrito de tutela:
“[…]PRIMERO: Decretar la medida de suspensión provisional del trámite procesal del medio de control judicial acción de grupo, identificado con el número único de radicación 27001233100020170005300, conocido en la actualidad en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Chocó, promovido por la Sra. María Ernis Valderrama -y otros-, en contra del Municipio de Cantón de San Pablo, y el Ministerio de Minas y Energía, hasta tanto el Honorable Consejo de Estado defina la situación que se discute en la presente acción constitucional de tutela.
SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales constitucionales de los accionantes vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó, al incurrir éste en aquellos defectos fácticos y procedimentales plasmados en las providencias acusadas, y concretados en el curso del trámite procesal del incidente de recusación formulado en el juicio promovido por vía del medio de control judicial de acción de grupo, identificado con el número único de radicación 27001233100020170005300, los cuales se configuran en una flagrante vía de hecho.
TERCERO: Dejar sin efecto las providencias que fueron específicamente proferidas en el curso del trámite procesal del incidente de recusación formulado en el juicio promovido por vía del medio de control judicial de acción de grupo, identificado con el número único de radicación 27001233100020170005300, a través de las cuales se impuso la sanción, compulsa de copias y condena en costas y en tal medida, se ordene a los Magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Chocó, aceptar la recusación formulada en contra del Magistrado Dr. José Andrés Rojas Villa, a efecto de que éste se abstenga de seguir conociendo como ponente de la citada acción de grupo.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y ante la evidente parcialidad de los
magistrados que componen la Sala del Tribunal Administrativo del Chocó frente a las decisiones que se adoptaron de cara al escrito de recusación formulada en contra del doctor José Andrés Rojas Villa presidente de la Corporación, respetuosamente solicitamos se declare el impedimento de los demás magistrados, y de encontrarse causal que lo justifique se compulsen copias a las entidades a que haya lugar.
QUINTO: En subsidio de la anterior se ordene al Tribunal Administrativo del Chocó, que en el término legal profiera providencia en que admita y le dé curso a la recusación incidentalmente propuesta, misma que fuera rechazada de plano por el Magistrado recusado y se ordene al Tribunal Administrativo del Chocó, que, con respecto al soporte probatorio que fuera rogado o relacionado o aportado como anexo al escrito de formulación de recusación y ampliado en el recurso de reposición:
(A.) Reciba, incorpore, y tenga como parte integral del acervo del incidente de recusación, a aquél soporte probatorio relacionado o aportado como anexo al escrito de formulación de recusación.
(B.) Ordene y practique las pruebas que le fueron rogadas a través del escrito en que le fuera formulada la recusación. […]”.
Indicó que en el presente caso concurren las exigencias generales para la procedencia de la acción de tutela al igual que las causales especiales, estos últimos determinados de la siguiente forma:
“[…] A. CARGOS CONTRA EL AUTO 768, PROVEÍDO POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, EL 03 DE AGOSTO DE 2017, EN LA ACCION DE GRUPO[…]”
“[…] ERROR INDUCIDO […]”
Afirmó que el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto de 3 de agosto de 2017, decidió respecto de la declaración de impedimento formulada por el mismo Magistrado José Andrés Rojas Villa, desestimándola, conducido por aquella afirmación del Magistrado en torno a la inexistencia de una notificación, siendo que el texto legal descriptivo de la causal sólo expresa que en algún momento alguna de las partes, su representante o apoderado, hubiese formulado denuncia penal o disciplinaria contra el juez. Sostuvo que hubo inducción a error, toda vez que de no haber referido el Magistrado Rojas Villa la inexistencia de una notificación respecto de las denuncias, el Tribunal no hubiera declarado impróspera la declaración de impedimento y no hubiera cometido los errores en la estimación y valoración de las pruebas. Manifestó que la decisión contenida en el auto de 3 de agosto de 2017, no se ajusta a derecho por haber incurrido el Tribunal Administrativo del Chocó en error al exigir un supuesto normativo que la proposición jurídico- prescriptiva no describe: “la notificación del recusado”, siendo que la norma sólo expresa la “formulación” de denuncias penales o disciplinarias y, en la situación concreta, tanto penal como disciplinaria hay denuncias promovidas por el Ministerio de Minias y Energía contra del Magistrado recusado en proceso del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, radicado con el número 27001233100020170005300. Advirtió que es importante resaltar que al Magistrado José Andrés Rojas Villa si fue informado de la existencia de la investigación penal que la Fiscalía General de la Nación, adelanta en su contra tal y como lo advierte la asistente de la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, razón por cual la apoderada del Ministerio de Minas y Energía considera que la información indicada por el funcionario judicial no es acorde con la realidad y, “[…]su aseveración es mendaz, tal y como se demuestra con la comunicación calendada el 11 de agosto de 2017[…]”.
“[…] B. CARGOS CONTRA EL AUTO 169 PROVEÍDO POR EL MAGISTRADO RECUSADO, EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN […]”
“[…]DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO[…]”
Adujo que el Magistrado inobservó el numeral 3.º del artículo 132 de la Ley 1437 de 2011, al adoptar la decisión judicial de rechazar de plano el incidente de recusación formulado en su contra, en tanto quien debía definir de fondo el asunto era la Sala del Tribunal Administrativo del Chocó y no el magistrado recusado. Indicó que el rechazo de plano de la recusación, está regido con aquellos preceptos contenidos en los artículos 127 y 130, segundo y último incisos del artículo 142, el octavo inciso del artículo 143 de la Ley 1564; puntualmente en el inciso segundo del artículo 142 de la Ley 1564, el legislador prescribe los eventos en que el juez de la causa puede rechazar de plano al incidente de recusación propuesto. La parte actora los describe la siguiente forma: “[…]a) Cuando quien recusara gestionó en el juicio con posterioridad a que el recusado hubiere haya(sic) asumido el conocimiento de la causa litigiosa, si es que el evento causal de la recusación hubiese acaecido con anterioridad a dicha gestión judicial, b) Cuando quien recusa actuara luego de acaecer el evento causal que motivaría a proponer una recusación[…]”. Expresó que los anteriores supuestos no fueron alegados por el recusado, por lo que el rechazo de plano no estuvo a lugar por parte del Magistrado José Andrés Rojas Villa, vulnerando los derechos invocados en la demanda de tutela.
“[…]DEFECTO ORGÁNICO[…]”
Indicó que se incurrió en defecto orgánico, cuando el recusado resolvió multar y sancionar a la apoderada del Ministerio de Minas y Energía en el auto de 6 de septiembre de 2017, al carecer, absolutamente, de competencia para ello.
Esto, por cuanto esta declaración judicial fue precedida por la de rechazo de plano de la recusación, por lo que no era jurídicamente posible el cumplimiento del requisito para la imposición de la multa, ya que era necesario decidir de fondo la recusación para que resultara factible proceder a sancionar con multa y compulsa de copias. Manifestó que también existe defecto orgánico debido a que el Magistrado recusado no era competente para decidir sobre la imposición de la multa, porque era la Sala la que al momento de decidir de fondo la recusación, determinaría si había o no lugar a imponer la multa.
“[…]DEFECTO PROCEDIMIENTAL ABSOLUTO[…]”
Sostuvo que el recusado actuó totalmente al margen del procedimiento establecido para imponer la multa y para tramitar el incidente de recusación establecido en la Ley 1437, la multa no tenía la posibilidad de ser impuesta por haber rechazado de plano la recusación.
Indicó que el recusado desconoció las formas propias del incidente, al apartarse por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite del mismo, dado que, se ciñó a un trámite completamente ajeno al pertinente, evidenciando con ello su afán de dar concreción a su animadversión frente a la apoderada del Ministerio y perturbando el curso regular del trámite procesal del incidente de recusación.
“[…]DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO[…]”
Indicó que se incurre en este defecto pues el régimen procesal para la imposición de la multa está expresamente establecido en los artículos 58 y ss. de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, régimen que se pretermitió en su totalidad vulnerando así los derechos fundamentales a la legalidad, al debido proceso, al derecho de defensa, de contradicción, y comprobación.
Además expresó que al aplicar la medida correccional exclusivamente a la apoderada, evidenció la actual animadversión, dado que la literalidad de la norma prescriptiva es unívoca y no está sujeta a interpretaciones, así, la multa en caso de que hubiere lugar a su imposición, se impone solidariamente, no exclusivamente al apoderado.
Igualmente adujo que el recusado impuso costas al Ministerio y a la apoderada solidariamente, pero no hay norma que prescriba la posibilidad de imponer las costas en ese momento procesal.
“[…] C. CARGOS CONTRA EL AUTO 194, PROVEÍDO POR EL MAGISTRADO RECUSADO, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL JUICIO REFERIDO […]”
“[…] DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN […]”
Manifestó que el recusado resolvió no pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto en contra del auto de 6 de septiembre de 2017, lo que comporta el incumplimiento del deber institucional de motivación, en el cual reposa la legitimidad de su órbita funcional, que le fuerza a tener que sustentar sus decisiones, presentando el porqué de los fundamentos fácticos y jurídicos aducidos, y del cómo de la valoración del soporte probatorio empleado.
Sostuvo que la afirmación judicial expresada en el auto de 21 de septiembre de 2017, no se ajusta a derecho por haber el magistrado recusado, literalmente resuelto no pronunciarse sobre el recurso interpuesto, el cual se había impulsado en aplicación del último inciso del numeral 7.o del artículo 132 de la Ley 1437; así, existe ausencia total de sustentación de no pronunciarse al respecto.
“[…] D. CARGOS CONTRA EL AUTO 987, PROVEÍDO POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN EL JUICIO REFERIDO[…]”
“[…]DEFECTO FÁCTICO[…]”
Argumentó que el Tribunal Administrativo del Chocó despreció el apoyo probatorio que ya obraba dentro del plenario incidental, así como aquel rogado en el escrito de recusación.
Indicó que a efectos de proporcionar elementos de juicio al Tribunal Administrativo del Chocó, suficientes para afianzar la objetividad de la decisión que al respecto adoptase, adjunto al escrito de formulación de la recusación, copia de los documentos contentivos de la queja disciplinaria, así como de la denuncia penal que en su momento habían sido promovidas por el Ministerio de Minas y Energía - MME, en contra del Magistrado que ahora es sujeto de recusación.
Al respecto expresó que:
“[…]Así tenemos que, por ejemplo, para con el juicio de reparación directa instaurado por el Sr. Máximo Rentería en contra del MME y otras entidades, radicado 2011-0217-00, fue recusado el mismo Magistrado; recusación (radicada con el N° 2012050179 del 13 de septiembre de 2012), que fuera admitida y también declarada fundada. De estos precedentes fueron aportadas como anexos también copias, entre las que se cuentan el Auto N° 483 de fecha 13 de septiembre de 2012, como del Oficio N° 2683 calendado el 2 de octubre de 2012, por el cual el Magistrado Gonzalo Bechara Ospina asumió a consecuencia cómo ponente el conocimiento del citado juicio de reparación directa, situación que no era desconocida ni nueva para el magistrado recusado.
Así también, en el mismo escrito de recusación del 14 de agosto de 2017, fue rogada la recepción de una declaración testimonial, que darían fe sobre los sentimientos de enojo, rabia y desprecio hacia éste Ministerio y contra algunos de sus funcionarios, como la suscrita, apoderada de ésta entidad pública, y que darían fe sobre los fundamentos fácticos que dieron sustento tanto a la queja disciplinaria como a la denuncia penal que éste Ministerio presentara en contra del recusado. Con similar objeto de prueba, se propuso al H. Tribunal Administrativo del Chocó, el que recibiera testimonio a la representante del Ministerio Público, Luzmila Trujillo Chaverra, y se aportó como prueba adicional el; testimonio anticipado de la apoderada de INGEOMINAS, hoy Servicio Geológico Colombiano - SGC, Lina Marcela Godoy, asistente a la citada audiencia del 15 de agosto de 2012; también fue aportada copia de la certificación de la Fiscalía General de la Nación donde hace constar, que la investigación penal instaurada por este Ministerio en contra del Magistrado, aún se encuentra activa, y que el indiciado conoce de las diligencias que adelanta la Fiscalía al respecto[…]”
“[…]DEFECTO PROCEDIMIENTAL ABSOLUTO[…]”
Indicó que la declaración judicial contenida en el auto de 26 de septiembre de 2017, fue precedida por otra de rechazo de plano de la recusación, por lo que no resultaba jurídicamente posible pronunciarse de fondo sobre la misma.
Por lo anterior, señaló que el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en defecto procedimental absoluto, por haber el recusado desconocido las formas propias del incidente de recusación al apartarse por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite del mismo, perturbando así el curso regular del trámite procesal del incidente de recusación.
Igualmente indicó que el Tribunal desconoció las pruebas aportadas y solicitadas para demostrar las causales de recusación invocadas.
Actuación
El Despacho, por auto de 30 de noviembre de 2017, admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada por la parte actora y dispuso notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
De igual manera dispuso vincular y notificar a los actores que interpusieron el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, con radicación nro. 270012331 000 2017 00053 00, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el mismo término de tres (3) días para rendir el informe.
También dispuso vincular a la Nación: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República1, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional- Unidad contra la Minería Ilegal - Ejército Nacional de Colombia, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público; al Departamento para la Prosperidad Social, al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, al Instituto Nacional de Salud, a la Fiscalía General de la Nación, y al Municipio de Cantón de San Pablo, Chocó, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el mismo término de tres (3) días para rendir informe.
1.5. Intervenciones de la parte accionada y las partes vinculadas
1.5.1. El Magistrado José Andrés Rojas Villa, integrante del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante escrito aportado el 18 de enero de 2018, solicitó la declaración de improcedencia de la acción de tutela.
Expresó que la tesis acogida por la Corte Constitucional1 dentro de la acción de tutela T-600 de 2017, es clara en declarar la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando el proceso aún se encuentra en trámite, doctrina que guardó la línea expuesta, en las sentencias T-113 de 2013, T-426 de 2014 y SU-695 de 2015.
Indicó que en caso de que se decidiera asumir el conocimiento de fondo de la presente acción constitucional; solicita se denieguen las pretensiones de la misma por cuanto no está vinculado ni disciplinaria ni penalmente a proceso alguno respecto de la denuncia formulada por el Ministerio de Minas y Energía.
1.5.2 La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, mediante escrito aportado el 11 de diciembre de 2017, solicitó desvincular a la Fiscalía General de la Nación del trámite de tutela, indicando que dicha entidad no tiene legitimación por pasiva para actuar, pues no existe relación de causalidad entre alguna de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
1.5.3 El apoderado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, mediante escrito aportado el 11 de diciembre de 2017, solicitó desvincular a esa entidad del trámite de tutela, indicando que dicha entidad no tiene legitimación por pasiva para actuar, por no ser responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales de la parte actora.
1.5.4 La apoderada de la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante escrito aportado el 7 de diciembre de 2017, solicitó desvincular a la Presidencia de la República del trámite de tutela por cuanto la Presidencia nada tiene que ver con la presunta vulneración al debido proceso dentro del incidente de recusación formulado por el Ministerio de Minas y Energía.
Manifestó que si bien la Presidencia de la República actúa como pare dentro de dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo con radicación 270012331 000 2017 00053 00 interpuesto por la señora María Emis Valderrama contra el municipio de Cantón de San Pablo y el Ministerio de Minas y Energía; lo cierto es que, lo referente a la violación o no del debido proceso únicamente es o no imputable a la Rama Judicial, para el caso, al Tribunal Administrativo del Chocó, por lo que nada tiene que ver la Presidencia de la República en el presente asunto.
1.5.5. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, mediante escrito aportado el 11 de diciembre de 2017, manifestó que es procedente que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, defensa y a la contradicción de la entidad accionante, porque en el trámite dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo que suscita esta acción constitucional, se han presentado hechos que permiten inferir que el Juez cognoscente no es imparcial, amén de los defectos fácticos y procedimentales absolutos en que incurrió en el trámite del incidente de recusación que origina esta solicitud de amparo.
Señaló que las circunstancias puestas de presente por la entidad accionante en el sentido de que el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en una vía de hecho al proferir los autos acusados al momento de resolver el incidente de recusación, eventualmente, si la autoridad accionada persiste en su comportamiento, vulneraría también derechos fundamentales del Ministerio del Interior.
1.5.6 El Director Jurídico Ministerio de Salud y Protección Social, mediante escrito aportado el 12 de diciembre de 2017, solicitó declarar la improcedencia de la presente acción de tutela por cuanto el Ministerio de Salud y Protección Social no es la entidad encargada de realizar las actuaciones administrativas ni judiciales tendientes a resolver las pretensiones del accionante.
1.5.7 La Asesora de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito aportado el 11 de diciembre de 2017, manifestó que acoge los hechos planteados por la entidad accionante “[…]ya que este Ministerio como parte demandada en la Acción de Grupo que cursa en el despacho del Magistrado Jorge Andrés Rojas Villa, encuentra vulnerados sus derechos constitucionales con la decisión adoptada por el honorable Magistrado del Tribunal Administrativo de Chocó, quien rechazó de plano la recusación interpuesta por el Ministerio de Minas, considerándola como una actuación de mala fe y temeraria[…]”.
Manifestó que apoya la acción constitucional presentada por el Ministerio de Minas y Energía, pues la misma no busca más que las garantías constitucionales, legales y procesales para una correcta administración de justicia; pues no se puede ocultar que los procesos disciplinarios y penales instaurados por el Ministerio de Minas y Energía en contra del Magistrado Ponente José Andrés Rojas Villa, ponen en duda la imparcialidad con la cual pueda el magistrado administrar justicia, ya que dadas las reglas de la experiencia, los jueces no son ajenos de las pasiones propias de los seres humanos.
1.5.8 El Secretario General del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante escrito aportado el 7 de diciembre de 2017, solicitó desvincular a la - Policía Nacional del presente trámite de tutela, por falta de legitimación en causa por pasiva, ya que se presenta por parte de la Policía Nacional una inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante.
1.5.9 La apoderada del Departamento Nacional de Planeación, mediante escrito aportado el 11 de diciembre de 2017, solicitó que se estudien las pretensiones y pruebas allegadas por el Ministerio de Minas y Energía en aras de revisar la imparcialidad del juez dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.
1.5.10 El apoderado del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante escrito aportado el 13 de diciembre de 2017, solicitó estudiar de fondo la solicitud de amparo por reunir los requisitos previstos por la jurisdicción constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y se estudie de fondo la presunta vulneración de los derechos fundamentales que solicita la parte accionante.
El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Minería, el Instituto Nacional de Salud y el Municipio de Cantón de San Pablo (Chocó), guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la el Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir los autos de 3 de agosto de 2017 (auto que resuelve un impedimiento), 6 de septiembre de de 2017, 21 de septiembre de 2017 y 26 de septiembre de 2017 (autos proferidos dentro del incidente de recusación formulado dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo radicado con el nro. 27001233100020170005300), incurrieron en defectos orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido y decisión sin motivación.
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) los defectos endilgados a las providencias judiciales acusadas como causales de procedibilidad de la acción de tutela; y finalmente, la v) solución del caso concreto.
2.5 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.6. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.7. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, para lo cual se recuerda que la parte actora controvierte las siguientes providencias:
Auto nro. 768 de 3 de agosto de 2017, por el cual el Tribunal Administrativo del Chocó, resolvió:
“[…]ÚNICO: DECLÁRASE INFUNDADO EL IMPEDIMEITNO manifestado por el doctor José Andrés Rojas Villa, Magistrado de esta Corporación, para conocer del presente asunto[…]”
Auto nro. 169 de 6 de septiembre de 2017, por medio del cual el Magistrado José Andrés Rojas Villa, resolvió:
“[…]PRIMERO: Rechazar de plano y considerar de mala fe y temeridad la recusación interpuesta por Claudia Rocío Castro Ordóñez como persona y como apoderado de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído y en consecuencia de ello se ordena remitir las diligencias a la Magistrada Dra. Norma Moreno Mosquera para resolver éste trámite.
SEGUNDO: Impóngase una multa de 10 s.m.l.m.v. al señor(sic) Claudia Rocío Castro Ordóñez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 36.066.405 de Neiva (H.), a favor del Consejo Superior de la Judicatura -artículos 147 y 367 del C. G. del P.
TERCERO: Se condena en costas tanto al apoderado de la parte demandada, como a la NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA, Doctor(sic) Claudia Rocío Castro Ordóñez, a quien también se le compulsará copia de lo actuado para ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Seccional del Chocó, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria, eventualmente y si a bien lo tiene, por faltas a la ética profesional, de acuerdo con los parámetros trazados en la parte motiva de ésta sentencia.
Por Secretaría, liquídense con arreglo a lo dicho en la parte correspondiente y motiva[…]”.
Auto nro. 194 de 21 de septiembre de 2017, por medio del cual el Magistrado José Andrés Rojas Villa, manifestó:
“De conformidad con el artículo 143 del C.G.P., no se hará ningún pronunciamiento frente al recurso planteado”
Auto nro. 987 de 26 de septiembre de 2017, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Chocó, resolvió:
“[…] Primero: NEGAR la recusación formulada por la apoderada del Ministerio de Minas y Energía en contra del Dr. JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA, en su condición de Magistrado de esta Corporación, para conocer de presente asunto, acción de grupo, ref: 27001-23-31-000-201-00053-00, accionante: María Ernis Valderrama Murillo y otros, accionado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otros, conforme las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Una vez en firme este proveído, devuélvanse las presentes diligencias al Despacho de origen. Déjense las anotaciones que sean del caso […]”
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción interpuesta cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales como se considera a continuación:
Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la abogada Claudia Rocío Castro Ordoñez, como apoderada del Ministerio de Minas y Energía y, los derechos fundamentales de la entidad misma, al debido proceso, a la defensa, a la contradicción;
Cumplió con el principio de inmediatez, pues la acción de tutela fue interpuesta dentro de un plazo razonable, es decir, después de notificadas las providencias de 3 de agosto de 2017, 6 de septiembrede de 2017, 21 de septiembre de 2017 y 26 de septiembre de 2017 proferidas por el Tribunal Administrativo del Chocó, la acción de tutela fue instaurada el 10 de noviembre de 2017.
Para establecer si existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados se debe determinar el marco normativo que rige, para este caso, el trámite de recusación dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo:
La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en providencia de 10 de febrero de 2016, realizó un análisis acerca de la normatividad aplicable a las demandas que se hubieran interpuesto con miras a obtener la reparación de perjuicios que se hubieren ocasionado a un grupo y que fueron presentadas en vigencia de la Ley 1437, como es el presente caso ya que el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo interpuesto por las personas indicadas en el acápite de “Actuación” se presentó el 30 de septiembre de 2016. En la mencionada providencia la Sección Tercera Consideró:
“[…]
Legislación aplicable a las acciones de grupo.
Previo a pronunciarse respecto del recurso interpuesto por la parte actora contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se rechazó la demanda, estima la Sala necesario realizar algunas consideraciones acerca de la normatividad aplicable a las demandas que se hubieran interpuesto con miras a obtener la reparación de perjuicios que se hubieran ocasionado a un grupo y que fueron presentadas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-.
Así las cosas, son tres los problemas jurídicos los que se desprenden del caso en estudio, estos son: i) ¿el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -La ley 1437 de 2011- modificó tácitamente las acciones de grupo?, ii) ¿el parágrafo del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificó el recurso de apelación interpuesto en contra de los autos proferidos en acciones de grupo?, iii) ¿cuáles son las normas aplicables al recurso de apelación interpuesto en contra de un auto interlocutorio proferido en el curso de una demanda de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo?.
1.1. La Ley 1437 de 2011 modificó la acción de grupo en lo que hace a la pretensión, la caducidad y la competencia.
En relación con la pretensión de grupo, el legislador dispuso con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo un modo de ejercer la demanda relativa a “perjuicios causados a un grupo” y, además, la remitió a los “términos preceptuados por la norma especial que regula la materia”.
En cuanto al término para presentar la demanda y su competencia funcional, los artículos 152 numeral 16 y 164 ibídem dispusieron:
“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la protección de derechos e interés colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo”.
Ahora bien, la Ley 472 de 1998 reguló el término para el ejercicio de la acción de grupo y su respectiva competencia funcional, de la siguiente manera:
“Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerable causante del mismo.
Artículo 51. De las acciones de grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles del circuito. En segunda instancia la competencia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia (…)”.
Como viene de verse, existen dos normas en colisión que regulan la misma materia, lo que impone, para efectos de determinar cuál es la Ley aplicable a las demandas instauradas con ocasión de un perjuicio irrogado a un grupo, traer a colación el principio según el cual la ley posterior prevalece sobre la ley anterior, consagrado en el artículo el artículo 2° de la Ley 153 de 1887.
De conformidad con lo dicho, si bien en los aspectos que se refieren a la reparación de los perjuicios causados a un grupo el legislador instituyó, por la especialidad que se predica en estos casos, un régimen particular aplicable a estas controversias, el cual está contenido en la Ley 472 de 1998, también lo es que, en materia de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 modificó dicha norma especial, en lo que hace a las disposiciones referentes a la pretensión, a la caducidad y a la competencia, pues, amplió y reguló integralmente las disposiciones aplicables en esos aspectos, lo que impone concluir que los demás temas continúan regulados por la Ley 472 de 1998.
Cabe resaltar que, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de diversidad de asuntos asignados en leyes especiales, con procedimientos y trámites particulares, por lo que, si la intención del legislador para la Ley 1437 de 2011 era regular de manera integral y orgánica la materia contencioso administrativa, dicho propósito debió ser explícito y señalar sin ambages –inclusive sin guardar silencio– que se trataba de una legislación absoluta e integral que dejaba sin vigencia las acciones, competencias, procesos, procedimientos y recursos contenidos en leyes especiales.
1.2. El parágrafo del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no modificó el recurso de apelación de autos de la pretensión de grupo.
Habida cuenta que la Ley 1437 de 2011 modificó, como se dejó visto, algunos aspectos contenidos en la Ley 472 de 1998, es necesario precisar si la modificación que introdujo la normatividad contencioso administrativa se hace extensiva en lo que hace al procedimiento del recurso de apelación en contra de los autos interlocutorios proferidos en el curso del trámite procesal adelantado en virtud de la pretensión de reparación de los perjuicios ocasionados a un grupo.
Así pues, lo que se deja visto lleva a cuestionarse acerca del alcance del parágrafo del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prescribe, de manera categórica que “La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil”. De igual manera cabe preguntarse si dicho artículo es aplicable o no, en punto a establecer la naturaleza apelable de los autos proferidos en el marco de la pretensión indemnizatoria de un grupo.
El parágrafo del artículo 243 ibídem no puede hacerse extensivo a las demandas que se interpongan con ocasión de la reparación de daños causados a un grupo, puesto que su trámite no está establecido por el procedimiento contencioso administrativo, sino, por las disposiciones de la Ley 472 de 1998, por lo que, resulta imperativo ahondar en esta norma para establecer la naturaleza apelable del auto que se cuestione; sin embargo, en dicha disposición, no existe regulación expresa acerca del tema en concreto, por lo que debe acudirse a la cláusula de integración normativa en los eventos no regulados, que expresa de manera concreta y tajante la remisión al procedimiento civil.
No sobra destacar que la cláusula de remisión normativa del artículo 68 de la Ley 472 de 1998, continúa vigente, pues, la Ley 1437 de 2011 no la modificó ni, mucho menos, la derogó, por lo que, forzosamente viene a ser aplicable.
Así pues, la naturaleza apelable de los autos que se profieran en el curso de una demanda interpuesta para reparar perjuicios ocasionados a un grupo, así como su procedimiento, se encuentran regulados por las disposiciones contenidas en el procedimiento civil, afirmación que obliga a determinar cuál es la incidencia que tiene la vigencia del Código General del Proceso en el presente asunto.
1.3. El trámite, procedencia y oportunidad de apelación de autos de la pretensión de grupo se regirá por el Código General del Proceso.
Como se dejó visto, la Ley 472 de 1998 no reguló de manera expresa el procedimiento aplicable para las apelaciones de autos en las demandas instauradas con ocasión de los perjuicios causados a un grupo, por lo que, resulta necesario remitirse a la integración normativa dispuesta en el artículo 68 ibídem, según la cual: “en lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
No obstante lo anterior, debe advertirse que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a partir del 1 de enero de 2014, se encuentra vigente el Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012-, por lo que, “en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal”, pues, según el criterio hermenéutico fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación el 25 de junio de 2014, en virtud del principio del efecto útil de las normas, se llegó a la siguiente conclusión:
´En consecuencia, el Despacho fija su hermenéutica en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales es a partir del 1° de enero de 2014, Comoquiera que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde la expedición de la Ley 1437 de 2011 cuenta con la implementación del sistema mixto –principalmente oral-, resultaría carente de armonía dejar de aplicar el Código General del Proceso desde su entrada en vigencia, esto es, el 1 de enero de 2014, dado que ya existen las condiciones físicas y logísticas para ello, por lo que, por Secretaría de la Sección´.[…]” (destacado de Sala).
De conformidad con lo anterior, de la misma forma debe indicarse que la Ley 472 de 1998, no reguló el procedimiento previsto para los impedimentos y el incidente de recusación, pero debe aplicarse la cláusula de remisión normativa contenida en el artículo 68 de la Ley 472, que continúa vigente y no ha sido modificada ni derogada, por lo que para el presente el trámite de recusación debe regirse por las normas de la Ley 1564.
De conformidad con lo anterior, en el presente caso, el trámite de impedimentos e incidente de recusación se encuentra regido por los artículos 140 a 147 de la Ley 1564.
El artículo 140 de la Ley 1564 establece que el auto en el que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no admiten recurso y, el artículo 143 de la misma normatividad establece que en el trámite de la recusación las providencias que se dicten no son susceptibles de recuso alguno, por lo que no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los que la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados.
A pesar de que se alega en la acción de tutela la existencia de un defecto procedimental, que podría no tener un efecto decisivo en las providencias objeto de inconformidad, si puede llegar a afectar derechos fundamentales de la parte actora;
La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.8. El caso concreto
La actora, obrando en nombre propio y en representación de la Nación Ministerio de Minas y Energía, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por considerar que al proferir los autos de 3 de agosto de 2017, de 6 de septiembre de 2017, de 21 de septiembre de 2017 y de 26 de septiembre de 2017, providencias mediante las cuales se llevó a cabo el trámite procesal de un incidente de recusación, dentro del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, con número único de radicación 27001233100020170005300, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.
Además, solicita que ante la evidente parcialidad de los Magistrados que componen el Tribunal Administrativo del Chocó frente a las decisiones que se adoptaron en el trámite de recusación formulada en contra del Magistrado, se declare el impedimento de los demás magistrados, y de encontrarse causal que lo justifique se compulsen copias a las entidades a que haya lugar.
Como pretensión subsidiaria, solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo del Chocó, se dé curso a la recusación propuesta teniendo en cuenta las pruebas allegadas y solicitadas por la parte recusante.
La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Chocó, incurrió, en los defectos que le endilga la actora a cada una de las mencionadas providencias judiciales.
Auto nro. 768 de 3 de agosto de 2017, por el cual el Tribunal Administrativo del Chocó, resolvió:
“[…]ÚNICO: DECLÁRASE INFUNDADO EL IMPEDIMENTO manifestado por el doctor José Andrés Rojas Villa, Magistrado de esta Corporación, para conocer del presente asunto[…]”
La actora adujo que el Tribunal Administrativo del Chocó, en el auto de 3 de agosto de 2017, incurrió en error inducido al declarar infundado el impedimento del Magistrado José Andrés Rojas Villa, por cuanto el Magistrado en su declaración de impedimento afirmó la inexistencia de notificaciones de denuncias interpuestas contra él, lo que indujo al Tribunal a cometer un error, puesto que si no se hubiera referido el Magistrado a la inexistencia de notificaciones respecto de dichas denuncias, el Tribunal no hubiera declarado impróspera la declaración de impedimento y no hubiera cometido los errores en la estimación y valoración de las pruebas.
Manifestó que la decisión contenida en el auto de 3 de agosto de 2017 no se ajusta a derecho por cuanto el Tribunal Administrativo incurrió en error al exigir un supuesto que la proposición jurídico normativa no describe, esta es, la notificación de las denuncias al recusado, siendo que, la norma sólo expresa la formulación de denuncias penales o disciplinarias; y, en la situación concreta, tanto penal como disciplinarias hay denuncias promovidas por el Ministerio de Minas y Energía, en contra del Magistrado recusado en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.
Indicó que es importante resaltar que al Magistrado José Andrés Rojas Villa si le fue informado de la existencia de “la investigación penal” que la Fiscalía General de la Nación, adelanta en su contra.
Para determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en error inducido, la Sala estudiará: i) el concepto error inducido, reiteración jurisprudencial y, con base en ello ii) analizará el caso en concreto.
Error inducido - reiteración jurisprudencial
Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por error inducido, de la siguiente forma:
“[…]En cuanto a la caracterización del defecto por error inducido la jurisprudencia constitucional tiene establecido que se configura cuando la autoridad judicial es víctima de factores externos al proceso, que lo determinan o influencian a tomar una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica del caso bajo estudio.
El error inducido por una de las partes o intervinientes en el proceso judicial produce un quebrantamiento del debido proceso porque incumplen con el deber de obrar con lealtad, y la información o actuación fraudulenta determina la decisión judicial.
Es necesario que la providencia que contiene el error: i) esté en firme; ii) que se haya tomado siguiendo los presupuestos del debido proceso y iii) se haya fundamentado en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error[...]“.
En ese orden de ideas, el error inducido se configura cuando el juez o tribunal fue víctima de engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
Así, habrá de determinase si ese engaño determina o influencia a juez a tomar una decisión que resulte contraria a derecho y a la realidad fáctica del caso.
De conformidad con los argumentos expuestos por la parte actora, corresponde a la Sala analizar si existe vulneración del derecho fundamental al debido proceso de las accionantes, al haber omitido el Tribunal accionado la valoración del acervo probatorio allegado al expediente en el trámite del impedimento presentado por el Magistrado José Andrés Rojas Villa, por la sola manifestación de hecha por dicho magistrado, en su escrito de declaración de impedimento, en el sentido de que no se le había notificado ninguna de las denuncias interpuestas por el Ministerio de Minas y Energía; manifestación esta última que, según la parte actora, indujo a error al Tribunal determinando o influyendo en el juez para tomar la decisión de declarar infundado el impedimento.
Análisis del caso en concreto
En el presente caso, se advierte que la actora pretende que se deje sin efecto el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó de 3 de agosto de 2017, por el cual se declaró infundado el impedimento presentado por el Magistrado integrante de dicho Tribunal, José Andrés Rojas Villa.
Vistos el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales transcritos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.8.1.3. Acervo, análisis probatorio y resolución del supuesto vicio en la providencia analizada, por error inducido
Teniendo en cuenta la sentencia citada en precedencia, uno de los fundamentos de la existencia del error inducido es que la providencia que contiene el error se haya fundamentado en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error.
Para la actora la afirmación del Magistrado José Andrés Rojas Villa en su manifestación de impedimento, en el sentido de indicar que no le han sido notificadas las denuncias penales y disciplinarias contra él interpuestas por el Ministerio de Minas y Energía, indujo a error al Tribunal al momento de decidir el impedimento porque, según la parte actora, “[…]el texto legal descriptivo de la causal no contempla a la notificación del funcionario judicial como evento causal: en la descripción el legislador sólo expresa que en algún momento alguna de las partes, su representante o apoderado, hubiese FORMULADO denuncia penal o disciplinaria contra el juez. Punto. Nada dice sobre la notificación en debida forma[…]”.
Ahora bien, el texto de la manifestación de impedimento del Magistrado José Andrés Rojas Villa, es el siguiente:
“[…] En el momento en que se disponía el Suscrito Magistrado a conocer del presente asunto, se evidencia que una de las entidades vinculadas es el Ministerio de Minas y Energía, entidad que mediante apoderado judicial denuncio(sic) penal y disciplinariamente al suscrito Magistrado, denuncias que a la fecha no me han sido notificadas por ningún medio.
De todas formas, a la luz del artículo 141 del C.G.P., y en aras de alcanzar una administración de justicia recta e imparcial, la ley establece que, en determinadas circunstancias de carácter objetivo o subjetivo, los funcionarios judiciales, deben separarse del conocimiento de los asuntos. Estas circunstancias, que la ley erige en impedimentos y recusaciones, se fundamenten en las circunstancias ya descritas enmarcadas en el numeral 7º del artículo 141 del C.G.P.[…]”
(Destaca la Sala)
Las restantes Magistradas integrantes del Tribunal Administrativo del Chocó, resolvieron el impedimento estudiando la causal aducida por el Magistrado José Andrés Rojas Villa para declararse impedido, es decir, la causal contenida en el numeral 7.º del artículo 141 de la Ley 1564; al respecto, el Tribunal desarrolló la importancia de la institución del impedimento y su finalidad, señalando que los efectos que se deriven de la declaratoria de impedimento requieren de una interpretación restrictiva de conformidad con jurisprudencia constitucional, llegando a la conclusión que de los documentos aportados por la apoderada del Ministerio de Minas y Energía, los cuales describe a pie de página, no se advierte que el Magistrado José Andrés Rojas Villa, se encuentre vinculado formalmente a alguno de los procesos, en contra de él instaurados.
Para la Sala, en primer término, no es de recibo que la parte actora indique de manera absoluta que la norma que contiene la causal aducida por el Magistrado, es decir, la causal 7ª del artículo 141 de la Ley 1564, solo exprese que: “[…]en algún momento alguna de las partes, su representante o apoderado, hubiese FORMULADO denuncia penal o disciplinaria contra el juez. Punto […]” por cuanto el texto de la norma es el siguiente: “[…] 7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación […]” por lo que, adecuadamente el Tribunal, de conformidad con el acervo probatorio que en el momento se encontraba allegado al expediente, determinó que el Magistrado no se encontraba vinculado formalmente a una investigación.
En efecto, de conformidad con el artículo 126 de la Ley 906 de 2004, “[…]El carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación[…]”.
Para la Sala no existe error inducido al Tribunal, por parte del Magistrado José Andrés Rojas Villa, por cuanto el Tribunal analizó e interpretó objetivamente la causal de impedimento aducida por el Magistrado en toda su extensión y la enfrentó a los hechos probados, contenidos en los documentos allegados al expediente por la apoderada del Ministerio de Minas y Energía, por lo que no existe violación a derecho fundamental alguno por error inducido en la providencia de 3 de agosto de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Chocó.
Auto nro. 169 de 6 de septiembre de 2017, mediante el cual el Magistrado (recusado) del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas Villa, resolvió:
“[…]RESUELVE:
PRIMERO: Rechazar de plano y considerar de mala fe y temeridad la recusación interpuesta por Claudia Rocío Castro Ordóñez como persona y como apoderado de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído y en consecuencia de ello se ordena remitir las diligencias a la Magistrada Dra. Norma Moreno Mosquera para resolver éste trámite.
SEGUNDO: Impóngase una multa de 10 s.m.l.m.v. al señor(sic) Claudia Rocío Castro Ordóñez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 36.066.405 de Neiva (H.), a favor del Consejo Superior de la Judicatura -artículos 147 y 367 del C. G. del P.
TERCERO: Se condena en costas tanto al apoderado de la parte demandada, como a la NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA, Doctor(sic) Claudia Rocío Castro Ordóñez, a quien también se le compulsará copia de lo actuado para ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Seccional del Chocó, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria, eventualmente y si a bien lo tiene, por faltas a la ética profesional, de acuerdo con los parámetros trazados en la parte motiva de ésta sentencia.
Por Secretaría, liquídense con arreglo a lo dicho en la parte correspondiente y motiva[…]”.
Los defectos endilgados a la anterior providencia son, en resumen, los siguientes:
“[…] DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO[…]”
La parte actora manifestó que el auto de 6 de septiembre de 2017 incurrió en defecto material o sustantivo, por cuanto el Magistrado inobservó el procedimiento establecido para tramitar un incidente de recusación, por cuanto rechazó de plano la recusación formulada en su contra, en tanto quien debía definir de fondo el asunto era la Sala del Tribunal Administrativo del Chocó y no el Magistrado recusado.
Indicó que el rechazo de plano de la recusación, está regido por los preceptos contenidos en los artículos 127 y 130, 142 inciso 2.º y 143 inciso 8.º de la Ley 1564, supuestos contenidos en ellos que no fueron alegados por el recusado, por lo que el rechazo de plano no estuvo a lugar por parte del Magistrado José Andrés Rojas Villa y, por lo tanto, ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.
Igualmente expresó que la providencia acusada incurre en el defecto material o sustantivo por cuanto el régimen procesal para la imposición de la multa está expresamente establecido en los artículos 58 y ss. de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” régimen que se pretermitió en su totalidad.
Además indicó que al aplicar la medida correccional exclusivamente a la apoderada del Ministerio de Minas y Energía, se evidenció la actual animadversión del Magistrado, por cuanto la multa en caso de que hubiere lugar a su imposición, se impone solidariamente y no exclusivamente al apoderado.
Igualmente señaló que el recusado impuso costas al Ministerio de Minias y Energía y a su apoderada solidariamente, pero no existe norma que prescriba la posibilidad de imponer las costas en ese momento procesal.
“[…]DEFECTO ORGÁNICO[…]”
Por otra parte, la parte actora manifestó que existe defecto orgánico debido a que el Magistrado no era competente para decidir sobre la imposición de la multa, por cuanto era la Sala la que, al momento de decidir de fondo la recusación, debía determinar si había lugar o no a la imposición de la multa.
“[…]DEFECTO PROCEDIMIENTAL ABSOLUTO[…]”
Finalmente, la parte actora manifestó que existe defecto procedimental absoluto en la providencia de 6 de septiembre de 2017, por cuanto el recusado actuó totalmente al margen del procedimiento establecido para imponer la multa y para tramitar el incidente de recusación establecido en la Ley 1437, esto porque no había posibilidad de imponer una multa después de haber rechazado de plano la recusación.
Análisis de los defectos endilgados a la providencia de 6 de septiembre de 2017
A fin de establecer si se incurrió en el defecto material o sustantivo por haber decidido con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, se hace necesario determinar, en primer término, si se incurrió en un defecto orgánico, es decir cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carecía, absolutamente de competencia para ello, ya que, de ser así, no cabe el estudio del defecto material sustantivo y tampoco el defecto procedimental absoluto que determina que el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Defecto Orgánico - Jurisprudencia
La Corte Constitucional ha determinado que se está en presencia de un defecto orgánico en aquellos eventos en los que el funcionario que profiere determinada decisión, carece de manera absoluta de la competencia para hacerlo. Se dice que se configura este defecto en aquellas situaciones en las que:
“[…](i) El peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa (por ejemplo cuando una decisión está en firme y se observa que el fallador carecía de manera absoluta de competencia).
(ii) Durante el transcurso del proceso el accionante puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el desarrollo de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente. Al respecto la sentencia T-446 de 2007 dispuso lo siguiente:
“Este criterio de procedibilidad se configura cuando la autoridad que dictó la providencia carecía, en forma absoluta, de competencia para conocer de un asunto. Así entonces, es necesario precisar que cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde, sus decisiones son susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de tutela, pues no constituyen más que una violación al debido proceso”.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dicho defecto tiene un carácter: (i) funcional, cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta el ámbito de las competencias otorgadas tanto por la Carta Política como por la ley; o (ii) temporal, cuando los jueces a pesar de contar con ciertas atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace por fuera del término consagrado para ello. Así lo advirtió la Corte en la sentencia T-929 de 2012:
´La extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando ‘los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde’ y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamientos por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones.´
De lo anterior se desprende que cuando un operador judicial desconoce los límites temporales y funcionales de la competencia, configura un defecto orgánico y en consecuencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso[…]” (Destacado de la Sala)
La Sala habrá de determinar si el Magistrado recusado, integrante del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas Villa, carecía de competencia para rechazar de plano la recusación e imponer multa a la apoderada el Ministerio de Minas y Energía y condenar en costas a la parte accionante.
En este punto cabe recordar, como ya se determinó en la presente providencia, que normatividad aplicable en el incidente de recusación formulado por el Ministerio de Minas y Energía dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, radicado con el número 27001233100020170005300, es el contenido en la Ley 1564.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 1564, el Magistrado José Andrés Rojas Villa, ante la recusación interpuesta en su contra, debió aceptar o no aceptar como ciertos los hechos alegados por el recusante o considerar que no estaban comprendidos en ninguna de las causales de recusación y remitir el expediente, en este caso, por ser magistrado de tribunal, a quien seguía en turno en la respectiva Sala, para que decidirá la recusación.
Un rechazo de plano, pretende cerrar, con esa decisión, cualquier otra actuación dependiente; en efecto, como lo indica la parte accionante el rechazo de plano de la recusación, está regido por aquellos preceptos contenidos en los artículos 127 y 130, 142 incisos 2 y 5 y 143 inciso 8º de la Ley 1564, supuestos contenidos en ellos que no fueron alegados por el Magistrado recusado a fin de rechazar de plano la recusación.
Así, pues el auto de 6 septiembre de 2017 proferido por el Magistrado José Andrés Rojas Villa, a pesar de ser evidente en él que no acepta la recusación, va más allá de una mera negativa al señalamiento realizado por el Ministerio de Minas y Energía y por la apoderada de este, de conformidad con las consideraciones allí expuestas:
Para tomar tales decisiones el Magistrado realiza algunas consideraciones entre las que se encuentran, las siguientes:
“[…] Si bien se NO accederá a las pretensiones del recusante, en el asunto de la referencia, la Sala no puede abstenerse de condenar en costas a la parte demandada, por cuanto la conducta procesal de ésta se encuentra teñida de mala fe y temeridad, constitutiva de abuso del derecho[...]”. (Destacado de la Sala)
“[…]La conducta que se verifica es que cuando la NACIÓN - MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA propuso la recusación, su apoderada negó lo evidente, lo palmario, la inexistencia de los motivos por los cuales no podía sostenerse la recusación; ello, si se hubiera constatado el simple recuento jurisprudencial que sobre la desnaturalización de la causal viene dicho la Ley pues las causales de impedimento o recusación son taxativas y, por consiguiente, su aplicación e interpretación debe efectuarse de manera estricta y restrictiva, con respeto de los postulados de independencia y autonomía del funcionario judicial, unido a la prueba incontrastable que la situación denunciada no ha trascendido a la vinculación formal a las causas disciplinaria y penal, para reconocer con gallardía y responsabilidad que se estaba frente a un tema de profunda sensibilidad social, personal e institucional como es la objetividad en la decisión judicial. Por el contrario, tanto en la prueba disciplinaria como penal, cuando el recaudo probatorio implicaba reconocer lo inconcuso, la apoderada siguió negando lo innegable, la tozudez de la actitud persistió; esa conducta no parece ser acorde con la lealtad que se debe tener con la administración de justicia, y por eso, cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, dice el Artículo 8 del C. G. del P., sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la providencia. Por esta razón, el Artículo 81 Ib., determina que al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior y la de pagar las costas del proceso. Dicha condena, dice la norma, será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe, pero de esto último no hay prueba. El juez impondrá multa de diez a cincuenta salarios mínimos mensuales; en este caso, por cuanto ya se proveyó con arreglo al artículo 147, se impone la inaplicación del artículo 81 en lo que atañe a la multa, pero si a la remisión de las copias pertinentes para ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Seccional del Chocó, para lo de su competencia en cuanto el compromiso deóntico del abogado recusante. Pero si además de ello, se hubiera verificado que, desde la recolección de la prueba era fácil captar que las denuncias no han tenido eco de seriedad, las persistentes alegaciones recusantes carecen de contrapartidas de las exigencias derivadas de la buena fe, por ello mal podría seguirse discutiendo en la jurisdicción un asunto por demás claro que fue resuelto oportunamente por la administración de justicia disciplinaria y penal; la investigación judicial no recogió ninguna probanza en procura de punto distinto de lo planteado en la queja y sin embargo, quien alegó de recusación persistió en la tónica de desconocer la prueba misma que dimana de la actuación penal y disciplinaria propuesta por la propia accionada. El esclarecimiento diferente de los hechos, hubiera llevado a un actuar prudente y respetuoso del derecho que, en el caso presente, resulta huérfano de rigor.
Esa negligencia de la parte demandada, es, hasta cierto punto, entendible, lo que no puede ser acicate para respaldar el proceder de la apoderada que, en desarrollo de su tarea mínima de preparación de la teoría del caso, le hubiera llevado a abstenerse de plantear situaciones tan claras como las surgidas de la actuación disciplinaria y penal, antes de plantear nuevamente ante el aparato jurisdiccional del Estado que la Nación - Ministerio de Minas y Energía había actuado en derecho. Ese desgaste institucional no puede pasar desapercibido. El Artículo 81 del C. G. del P. permite derivar responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes, lo cual, como ya se indicó no puede predicarse lógico racionalmente de la apoderada de la Nación - Ministerio de Minas y Energía sino, y por lo expuesto en relación con la preparación jurídica de la teoría del caso propuesto a debate en esta jurisdicción, de quien se puede afirmar sin lugar a equívocos, que actuaron con temeridad o mala fe y por ello se les impondrá la condena de las costas del incidente. La versación en las lides del derecho tiene límites en su ejercicio litigioso; y como en el caso presente tales actuaciones ponderadas y reflexivas brillan por su ausencia, se le impondrá además, a la apoderada del Ministerio de Minas y Energía, remitir copia de lo actuado a la autoridad Disciplinaria de los abogados en la Seccional del Chocó, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria, si a ello hubiere lugar, al abogado Claudia Rocío Castro Ordóñez por faltas a la ética profesional. Ahora bien, nuevamente remítase el asunto a la Dra. Norma Moreno Mosquera para resolver éste trámite -bien sea de acuerdo con los artículos 143 y ss. del C. G. del P., como lo cree el suscrito, o por los artículos 130 y ss. del C. de P.A. y de lo C. A.; según estime su competencia[…]”. (Destacado de la Sala)
Para la Sala es evidente que el Magistrado no era competente para declarar no probada la recusación en su contra ni mucho menos rechazarla de plano, determinando que hubo temeridad y mala fe por parte del recusante ya que la recusación debía ser resuelta por quien seguía en turno en la sala y, solo en esa providencia se impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente una multa. Tampoco era competente para condenar en costas ya que de conformidad con el artículo 365 de la Ley 1564, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente; y, como ya se determinó quien debía resolver el incidente era el Magistrado que seguía en turno en la sala.
A pesar de que el auto aquí cuestionado ordena remitir las diligencias a la Magistrada doctora Norma Moreno Mosquera para resolver éste trámite, es contradictorio en su decisión de fondo de rechazar de plano la recusación, es decir definiendo de fondo el incidente, decisión que se apareja con la determinación de multar y condenar en costas a la parte actora, por lo que no es posible inferir que el Magistrado estaba cumpliendo con el simple mandato de la norma de no aceptar la recusación, sino que actuó sin competencia para tomar las decisiones indicadas en el auto de 6 de septiembre de 2017, por lo que se configura el defecto orgánico en dicho proveído.
En consecuencia, se deberá dejar sin efecto el auto de 6 septiembre de 2017, proferido por el Magistrado José Andrés Rojas Villa, por haber incurrido defecto orgánico y, en consecuencia, por haber vulnerado los derechos fundamentales i) a la igualdad, ii) al debido proceso, y iii) a la defensa y contradicción, sin que sea necesario analizar los demás defectos formulados contra dicha providencia judicial. Respecto de la vulneración al derecho fundamental “a la comprobación y a ser juzgado por un juez imparcial e independiente”, no se encuentra demostrada su vulneración.
Además, de conformidad con todo lo anterior, tampoco será necesario el análisis de los supuestos defectos en los que incurrieron los autos de 21 de septiembre de 2017 y 26 de septiembre de 2017 ya que estos, igualmente, deben dejarse sin efectos, puesto que son decisiones tomadas con base en la existencia del auto de 6 de septiembre de 2017, esto, por cuanto el primero de ellos se trata de la decisión del Magistrado recusado frente a un recurso de reposición contra la providencia de 6 de septiembre de 2017 anteriormente analizada y, el segundo porque la resolución de fondo de la recusación requiere de la manifestación de aceptación o no del magistrado recusado en los términos del artículo 143 de la Ley 1564.
En conclusión, será necesario dejar sin efecto las providencias dictadas en el trámite de recusación, es decir el auto de 6 de septiembre de 2017, el auto de 21 de septiembre de 2017 y el auto de 26 de septiembre de 2017, para que el Magistrado José Andrés Rojas Villa, cumpla con lo establecido en el trámite de recusación, específicamente en el artículo 143 de la Ley 1564, aceptando o no como ciertos los hechos alegados por la parte recusante o considerando que no estaban comprendidos en ninguna de las causales de recusación y, en caso de no aceptar, remitir el expediente al magistrado del Tribunal que sigue en turno para que, de conformidad con el trámite establecido para incidente, resuelva la recusación.
Respecto de la pretensión de la parte actora de declarar el impedimento de todos los demás magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, según ella, ante la evidente parcialidad de éstos frente a las decisiones que se adoptaron de cara al escrito de recusación formulada, no es posible acceder a ello ya que dichos magistrados no han hecho declaración de impedimento ni se ha formulado recusación contra ellos, a fin de seguir el trámite establecido para ello en la Ley 1564.
Finalmente, dado que se ha dejado sin efecto, por los motivos ya expuestos, la providencia de 26 de septiembre de 2017, por medio de la cual se decidió la recusación, ésta es actuación que corresponde rehacer al Tribunal Administrativo del Chocó dentro del trámite del incidente de la recusación, por lo que, deberá respetarse el trámite previsto en el artículo 143 de la Ley 1564 que indica que el magistrado que sigue en turno “[…]decidirá de plano si considera que no se requiere la práctica de pruebas; en caso contrario decretará las que de oricio estime convenientes y fijará fecha y hora para la audiencia con el fin de practicarlas, cumplido lo cual pronunciará su decisión[…]”.
2.8.3. Conclusión de la Sala
En suma, para la Sala el Tribunal no incurrió en error inducido respecto del auto de 3 de agosto de 2017, pero si incurrió en defecto orgánico en el auto de 6 de septiembre de 2017 proferido por el Magistrado recusado, José Andrés Rojas Villa, dentro el incidente de recusación interpuesto dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo radicado, con número único de radicación 27001233100020170005300, por lo que se violaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa y a la contradicción de la parte actora; por cuanto el Magistrado carecía de competencia para dictar dicho auto, en consecuencia, se dejará sin efecto el auto de 6 de septiembre de 2017, para que el Magistrado recusado se manifieste de conformidad con el artículo 143 de la Ley 1564.
En consonancia con lo anterior, será necesario también dejar sin efecto las providencias dictadas en el trámite del mencionado incidente, es decir, los autos de 21 de septiembre de 2017 y el auto de 26 de septiembre de 2017, puesto que son decisiones tomadas con base en la existencia del auto de 6 de septiembre de 2017.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales i) a la igualdad, ii) al debido proceso, y iii) a la defensa y contradicción del Ministerio de Minas y Energía y la apoderada de esa misma entidad, respecto de las providencias de 6 de septiembre de 2017 y 21 de septiembre de 2017 proferidas por el Magistrado integrante del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas Villa y, la providencia 26 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR sin efecto las providencias de 6 de septiembre de 2017 y 21 de septiembre de 2017 proferidas por el Magistrado integrante del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas Villa y, la providencia 26 de septiembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó rehacer el trámite del incidente de recusación, observando las reglas contenidas para el efecto en la Ley 1564 de 2012, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte onstitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala el 15 de marzo de 2018
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
El asesor del Despacho del Ministro de Minas y Energía otorgó poder a la abogada Claudia Rocío Castro Ordóñez “[…]para que represente, en calidad de apoderada de la Nación – Ministerio de Mina y Energía, dentro de la acción de tutela de la referencia[…]” (Cfr. Folio 1 anexo).
Indicados en el acápite” Actuación” de la presente providencia.
Cfr. Folio 2666 del cuaderno principal del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela.
Cfr. Folios 2667 y 2668 del cuaderno principal del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela.
“[…]Corte Constitucional, Sentencia C-19/1996. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía[…]”.
“[…]Auto 039/ 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva[…]”.
“[…]ver folios 2667 a 2695 del expediente, en los que obra entre otros: copia de escrito de denuncia en contra del Dr. José Andrés Rojas Villa titular del Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Buenaventura, ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, de fecha 03 de diciembre de 2010, incoada por Mateo Floriano Carrera, en su condición de apoderado especial del Ministerio de Minas y Energía, y copia de recurso de apelación interpuesto por el mismo apoderado ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, referencia: 2010-0072 de fecha 30 de mayo de 2011[…]”
Al respectó dispone: “Articulo 140. Declaración de impedimentos.
Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.
El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello.
El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no admiten recurso.
Cuando se declaren impedidos varios o todos los magistrados de una misma sala del tribunal o de la Corte, todos los impedimentos se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo acto por sala de conjueces’’.
Cfr. Folios 1 a 30 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
Cfr. Folios 33 a 43 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
El estado de archivo de la investigación es suficiente motivo para entender lo temerario y de mala fe del pedimento. No se diga más.
Cfr. Folios 80 a 99 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
“[…]Artículo 132. Trámite de las recusaciones. […]En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que hubiere lugar.
La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición[…]”
Cfr. Folio 107 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
Cfr. Folios 109 a 114 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
Cfr. Folios 115 a 117 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
Cfr. Folios 123 a 124 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
“[…]Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración[…]”
Cfr. Folio 124 del cuaderno del incidente de recusación interpuesto dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo. Cfr. Folio 2 y 3 del expediente de tutela.
“[…]Cuando el recusado sea un magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es éste, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la Sala, sección o subsección resuelva de plano sobre su recusación...[…]"
“[…]Artículo 132. Trámite de las recusaciones. Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas: 1. La recusación se propondrá por escrito ante el juez o Magistrado Ponente con expresión de la causal legal y de los hechos en que se fundamente, acompañando las pruebas que se pretendan hacer valer. 2. Cuando el recusado sea un juez administrativo, mediante auto expresará si acepta los hechos y la procedencia de la causal y enviará el expediente al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundada la recusación; en caso positivo, asumirá el conocimiento del asunto, si lo encuentra infundado, lo devolverá para que aquel continúe el trámite. Si se trata de juez único, remitirá el expediente al correspondiente tribunal para que decida si la recusación es fundada, caso en el cual designará juez ad hoc que lo reemplace; en caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe el trámite del proceso. Si la recusación comprende a todos los jueces administrativos, el juez recusado pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto. 3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez. 4. Si la recusación comprende a toda la sección o subsección del Consejo de Estado o del tribunal, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la sección o subsección que le siga en turno, para que decida de plano sobre la recusación; si la declara fundada, avocará el conocimiento del proceso, en caso contrario, devolverá el expediente para que la misma sección o subsección continúe el trámite del mismo. 5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la Sección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundada la recusación, enviará el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite. 6.
Cuando la recusación comprenda a todos los miembros de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se presentará a los recusados para que manifiesten en forma conjunta o separada si la aceptan o no. Aceptada la recusación por la sala respectiva, se procederá al sorteo de Conjueces para que asuman el conocimiento del proceso, en caso contrario, la misma sala continuará el trámite del proceso. 7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de las recusaciones no son susceptibles de recurso alguno. En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que hubiere lugar. La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición […]”
“[…]Artículo 127. Incidentes y otras cuestiones accesorias. Solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale; los demás se resolverán de plano y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos[…]”
“[…] Artículo 130. Rechazo de incidentes. El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código y los que se promuevan fuera de término o en contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales[…]”.
“[…]Artículo 142. Oportunidad y procedencia de la recusación. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares extraprocesales. No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano.
[…]
Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso[…]”.
“[…]Artículo 143. Formulación y trámite de la recusación. […]
Cuando se aleguen causales de recusación que existan en el mismo momento contra varios magistrados del tribunal superior o de la Corte Suprema de Justicia, deberá formularse simultáneamente la recusación de todos ellos, y si así no se hiciere se rechazarán de plano las posteriores recusaciones. Todas las recusaciones se resolverán en un mismo auto[…]”
Cfr. Folio 19 del expediente de tutela.
“[…]7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de las recusaciones no son susceptibles de recurso alguno. En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que hubiere lugar. La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición […]”
Cfr. Folios 24 a 24 del expediente de tutela. Cfr. Folio 30 del expediente de tutela. Cfr. Folios 160 y 161 del expediente de tutela donde se observa la publicación del contenido del auto de 30 de noviembre de 2017 en la página web del Consejo de Estado; publicación solicitada por la Secretaría General del Consejo de Estado con el fin de que “[…]los terceros interesados si a bien lo tienen, intervengan en la presente tutela haciéndoles saber que con dicha publicación se entiende surtida la respectiva notificación[…]”.
Señores Juana Georgina Quinto Rengifo, Ángel Antonio Copete Mosquera, Yecid Copete Mosquera, Fanci Milena Palacios Copete, Sandra Milena Palacios Palacios, Yaritza Quinto Mosquera, Wainer Quinto Mosquera, Jhon Jairo Córdoba Murillo, Carmen Elena Córdoba Hurtado, Wilner Quinto Mosquera, Digna Luz Rengifo Murillo, Dary Yurley González Hurtado, Jesús Jhonatan Palacios Quinto, Cruz Yadira Córdoba Quinto, José Rodrigo Palacios Palacios, José Deimer Rengifo Palacios, Luis Adolfo Hurtado Quinto, María Hurtado, María Romelia Hurtado Murillo, Neyder Palacios Palacios, Rosa Elena Palacios Hinestroza, Sandra Patricia Hurtado Moreno, Rosa Narci Palacios Córdoba, Wilson Gómez, María Victoria Palacios, Loris Alcida Palacios Murillo, Luz Fancy Rengifo Moreno, Yeniced Palacios Murillo, Carmen Elena Hurtado Orejuela, Ana Yecid Hurtado Orejuela, José Angdres Meneses, María Gloria Ricardina Cardena Cobo, Elena Patricia Hurtado, Jhon Alexander Moreno Murillo, Wilfrido Antonio Hurtado Mosquera, Luis Enrique Córdoba Hurtado, José Carmelo Palacios, Luis Evergitos Murillo Quinto, Keisy Yasmin Mosquera Renteria, Edith Yaneth Hurtado Asprilla, Cruz Everni González Moreno, Ana Paola Sinisterra, María Nellis Palacios Andrade, Jesús Rocelin Mosquera Mosquera, José Deivis Hurtado Palacios, Eberto Hurtado Hinestroza, Johana Hinestroza Córdoba, Mariela Palacios Palacios, Jarlei Palacios Córdoba, Beatriz Eugenia Palacios Palacios, Ana Doris Mosquera Vente, Víctor Edgar Córdoba Moreno, Laura Stella Mosquera, Jesús Irvin Murillo, Azael Mosquera Quinto, Deyler Andrés Hurtado Valderrama, Yurleidy Murillo Murillo, Leivis Mosquera Murillo, María Rita Hurtado Mosquera, Dayner Sair Moreno Hinestroza, Maritza Medina Cuesta, Ana Surey Mosquera Waldo, Ana Milena Perea Palacios, Pedro Pablo Palacios Ochoa, Nely Mosquera Córdoba, Francisco Gamboa Sánchez, José Septimio Córdoba Quinto, Cristian Camilo Hinestroza Hurtado, Liliana María Córdoba Palacios, Jesús Yasser Murillo Mosquera, José Manuel Rengifo Moreno, Heidy Yirleza Cuesta Mosquera, Ángel Nohelio Hurtado García, Maríano Córdoba Palacios, Elly Lenny Sosa Hurtado, Jesús Magno Palacios Hurtado, Yesisd Rubiela Hinestroza Hurtado, Noris María Moreno Mosquera, Lina Marcela Palacios Hurtado, Berna Luz Quinto Hurtado, Favio Córdoba Quinto, Francisco Mena Palacios, Carmen Eliza Hurtado Meneses, Juana Sabina Hurtado Meneses, Jesús Edinson Rengifo Copete, Damaris Rengifo Palacios, Rosa Elizabeth Renteria de Murillo, Cenit Judith Mosquera Hinestroza, María Lavarina Hurtado Murillo, Limbania Osiris Palacios Aguilar, Arcadio Hurtado Quinto, Cecilia Palacios Córdoba, Beatríz Quinto Hurtado, Onnias Ariel Murillo Mosquera, Rosa Aleida Mosquera Flórez, Ilson Armando Córdoba Mosquera, Cruz María Palacios Córdoba, Deyis Aidee Ruíz Beleño, Luz Mariela Palacios Hurtado, Ana Yive Mosquera Murillo, Francisco Luis Palacios Córdoba, Jesús Clidio Palacios Córdoba, Ana Yohana Hurtado Martínez, María Eugenia Mosquera Murillo, Ana Luisa Andrades Vanegas, Juan Sococrro Hinestroza Florez, José Virigilio Vivas Quinto, Yurley Quinto Hurtado, Euclifdes Hinestroza Quinto, María Vicenta Mosquera Moreno, Yessica Mosquera Correa, Martha Cecilia Córdoba Hurtado, Luz Yerni Sofia Martínez, Aura Samira Mosquera Copete, Melkin Hinestroza Hurtado, Ángel Tulio Arias Mosquera, José Vicente Palacios Mena, Ewin Palacios Ramírez, José Yirmar Hurtado Palacios, Estefanía Córdoba Palacios, Yarlin Rosiri Medranda López, María Sirley Palacios Mosquera, María Rubi Córdoba Ibarguen, Stella Yurley Hurtado Córdoba, Antonio Arnilio Hurtado Quinto, Luis Rodrigo Palacios Hinestroza, María Yaneth Mosquera Quinto, Astrid Elena Hinestroza Hinestroza, María Bibiana Quinto Hinestroza, Deicy Concepción Mosquera Murillo, Jahiver Andrés Quinto Hurtado, Genny Maritza Castro Palacios, Jairo Palacios Vivas, Marceliano Palacios Murillo, Luis Arnulfo Murillo Manyoma, Gerineldo Becheche Rubiano, Vitalina Hurtado Perea, Miguel Medina Víctor Benavides Córdoba Murillo, Joséfina Castillo Dominguez, Manuel Rosario Hurtado Moreno, Rosalbina Orejuela de Mosquera, Sandra Elena Murillo Hinestroza, Luz Mary Mosquera Quinto, Mercedita Papelito Wacorizo, Digna Cruz Moreno Córdoba, Leidy Samira Mosquera Hinestroza, José Basilio Palacios Palacios, Carmen Cenaida Rengifo Copete, Luz Mariela Mosquera Murillo, María Vilma Palacios Arias, Iris de la Cruz Rojas Pedroza, Sandra Milena Waldo Quinto, Darlin Maritza Murillo Murillo, Wilfrido Antonio Copete Hurtado, Willinton Mosquera Córdoba, Patricio Palacios Palacios, Luz Emiden Palacios Palacios, Daniel Antonio Moreno Mena, Kelly Johana Palacios Quinto, Rene Anilio Murillo Quinto, Marlenis Palacios Asprilla, Yennifer Copete Palacios, Leidy Cecilia González Hurtado, Anuncia Córdoba Murray, Soreida Hurtado Mosquera, Josefina Hurtado Mosquera, José Wilto Mena Quinto, Jesús Yamil Murillo Murillo, Claudia Patricia Ibarguen Mosquera, Lisy Tatiana Murillo Murillo, Sandra Rosa Moreno Albornoz, Wimar Hurtado Hinestroza, Carmen Yuliza Waldo Castro, Carmen Zureya Hinestroza Copete, Pedro Antonio Mena Córdoba, Gilberto Minota Mosquera, Elena Patricia Hinestroza Palacios, María Delfina Hinestroza Palacios, José Jair Gómez Ibarguen, MoisesQuinto Copete, Niris María Hurtado, Diana Marcela Hurtado Hinestroza, Epifanio Bernabe Hurtado Mosquera, Wilson Antonio Mosquera Córdoba, Baldomero Sánchez, Cristina Yacira Murillo, Jesús Abel Quinto Hurtado, María Camila Vivas, María Belnida Córdoba Copete, María Eugenia Hurtado Palacios, Martha Cecilia Murillo Hurtado, Juan Carlos Murillo Rengifo, Luis Evaristo Murillo Palacios, María Candelaria Hurtado Mosquera, María Juliana Rengifo Mosquera, María Iilady Murillo Córdoba, Rosa Angela Murillo Meneses, Julieth Murillo Hinestroza, Rosa Eyda Mosquera, Jesús Alcides Palacios Murillo, Luz Yadila Mosquera Perea, Cruz Eberny Mosquera Mosquera, Marisol Waldo Quinto, Jesús Yeiben Mosquera Copete, Merlin María Palacios Moreno, Joel Jair Palacios Hurtado, Bellanire Valderrama Murillo, Liyis Mari AMurillo Hinestroza, Aida Luz Arias, Luis Emiro Mosquera, Leyder Antonio Palacios Hurtado, Pedro Abel Hurtado, José Javier Palacios Mosquera, Juan Emilio Palacios Copete, Marciana Hinestroza Flórez, Aurelicia Mosquera, Carlos Farid Quinto Martínez, Antonio Martínez Mosquera, Pedro Hurtado Moreno, Yuridia Yiseth Asprilla Ruíz, María Eloisa Mosquera Quinto, Rosa Yamileth Mosquera Palacios, Luz Nelly Perea Mosquera, Luis Genel Hurtado Quinto, Delis María Valencia Cuesta, Nicolás Orley Mosquera Mosquera, María Idelisa Palacios Hinestroza, Osbaldo Antonio Copete Palacios, María Yaleny Murillo Palacios, María Leidy Santo Murillo Palacios, Ana Delma Hinestroza Córdoba, Cruz Enelda Copete Palacios, Andrés Isaac González Hurtado, Rosa Melania Moreno, Orfa María Córdoba Hinestroza, María Ana Copete Córdoba, Astrid Johana González Hurtado, Luz Elide Hurtado Murillo, Yirlenis Palacios Palacios, Wilinson Antonio Gómez Ibarguen, Yufady Quinto Mosquera, Yomarlin Quinto Mosquera, María Yulis Córdoba Quinto, Mirna Yanet Palacios Mena, Marisel Vivas Martínez, Sair Milena Murillo Mosquera, María Ubaldina Palacios Mosquera, María Claribeth Murillo Palacios, Heriberto Mosquera, Everth Hinestroza Perea, Yarlin Rocio Hurtado Mosquera, Edgar Enrique Palacios Mosquera, Andrés Felipe Hinestroza Hurtado, Juan Concepción Palacios Aguilar, Martha Cecilia Perea Palacios, Ana Judith Palacios Quinto, Víctor Hernando Murillo Palacios, Ruth Enit Minota Murillo, Aida Luz Minota, María Cleotilde Hurtado Copete, Reyes Luz Quinto Quinto, Jhon Wilber Córdoba Vivas, Oliverio Palacios Hurtado, Jesús Jaison Mosquera Florez, Luz Omayra Asprilla Arboleda, Sandra Patricia Vivas, Teolindo Mosquera Córdoba, Ligia Ester Palacios Palacios, Héctor Emilson Hurtado Meneses, María Jocsalys Córdoba González, Edinson Palacios Sánchez, Cruz Noralia Quinto Palacios, José Arcelino Hurtado, María Iria Palacios Mosquera, Inés Celcy Hinestroza Murilo, Edith Matilde Murillo Mosquera, Santiago Quinto Rengifo, Jesús Emiro Palacios Quinto, Aura Celina Hurtado de Meneses, Viviana Rengifo Mosquera, Dora Santo Palacios Hurtado, Jesús Erenio Murillo Murillo, Daniel Mosquera Hurtado, Manuel Enrique Mosquera Copete, Jesús Hernan Murillo, Yoni María Mosquera Orejuela, Nilsa Yiseth Córdoba Mosquera, María Genoveba Andrade Palacios, Elaine Palacios Hinestroza, Genoveb Córdoba Mosquera, Mary Surley Hinestroza Murillo, Iber Antonio Copete Mosquera, Omaira Mosquera Hurtado, Emigdio Mena Mosquera, Vilma Yarley Palacios Córdoba, María Estefani Córdoba Murillo, José David Hurtado Rengifo, Luz Eden Mosquera, Hernolina Hurtado Córdoba, Leison Javier Hurtado Mosquera, Henry Hinestroza Córdoba, Adriana Patricia Hinestroza Hurtado, Ana Yair Palacios Murillo, María Yajaira Murillo Hurtado, Ana Elcy Moreno Espinosa, María Narcisa Palacios Palacios, Ernesto Mosquera, Digna Evila Mosquera Córdoba, Emliano Quinto Mosquera, Floricela Rengifo Copete, Luis Medardo Palacios Murillo, Cruz Evelia Palacios Palacios, José Luis Hinestroza, María Yarlis Palacios Palacios, Luis Villamir Martínez Perea, María Geminis Hinestroza Florez, Milber Camilo Hurtado Quinto, Luz Dary Valencia Mosquera, José Lebinson Palacios Mosquera, Norma María Hinestroza, Dissa Lorena Hurtado Palacios, Clidio Elecio Quinto Córdoba, Marilenis Córdoba Hurtado, Leidis Yiojana Murillo, Iris Antonio Hurtado Palacios, Leocadia Murillo Rengifo, Ilda Santos Renteria Hinestroza, Angel Miro Murillo Mosquera, Misnelby Quinto Hinestroza, Luz Ernei Palacios de Copete, Regulo Magno Palacios Palacios, Juan Nemecio Mena Córdoba, Carmen Ariza Hurtado Murillo, Jhosney Yohana Hinestroza Rengifo, José Secundino Hinestroza Hinestroza, Sol Nedilde waldo Hurtado, Sandra Milena Palacios Mosquera, Rosa Elide Palacios Mosquera, Juan Fermín Vivas, Evila Hurtado Palacios, José Aulio Hurtado Quinto, Carmen Elena Mosquera Palacios, Carlina Quinto Hurtado, Caribet Quinto Quinto, María Graciela Murillo Mena, Gloria Lorenza Mosquera Copete, Eulicer Córdoba Urrutia, Luis Angel Murillo Palacios, María Gerardina Mosquera Copete, José Damian Lemos, Marina Hurtado Martínez, Lina María Mosquera Orejuela, Adri Yohana Murillo Murillo, Bertina Celina Hurtado Mosquera, Suli Moreno Hinestroza, José Arnulfo Palacios Córdoba, Mrian Rosa Murillo Palacios, María Elizaberth Hurtado Mosquera, Carmen Sidil Murillo Mosquera, Jairo Antonio Rentería, Florina Mosquera Copete, Esther Licia Palacios Córdoba, Luz Maritza Sánchez, María rosario Mosquera Palacios, Yuli Mildrey Hinestroza Hurtado, rosa Clarilda Murillo Murillo, Sol Milena Mosquera Valderrama, Íngrid Eugenia Hurtado Ibarguen, Hirbin Emiro Murillo Murillo, Ana Georgina Rengifo Mosquera, Neila Palacios Albornoz, Jafet Palacios Palacios, Luz Amparo Córdoba Murillo, Manuel Ramiro Arias Hinestroza, Carmen Felinda Murillo Rengifo, Carlos Mario Hurtado Murillo, Betsy Mireya Mosquera, Luz Erenia Murillo Copete, Cruz Adelma Mosquera, Teotiste Córdoba Hurtado, Guillermo Copete Córdoba, Yudy Sebastiana Mosquera Hinestroza, Antonia Santo Hurtado, Noel Rengifo Hurtado, María Saray Hinestroza Mosquera, Eli Jhoana Mosquera Agualimpia, Valentina Salas Murillo, Andrés Jair Palacios Córdoba, Ana Blair Murillo Murillo, Edil Yulier Palacios Mosquera, María Yine Palacios Rengifo, Leiber Mosquera Palacios, Deyson Wilmer Renteria Cossio, Reinerio Mosquera Hinestroza, Sol María Hinestroza Mosquera, Leisi Patricia Valencia Hinestroza, Adriana Francisca Mosquera Mosquera, Anyi Paola Ibarguen Mosquera, María del Socorro Guardia Sánchez, José Edinson Valderrama Mosquera, Angie Carolina Palacios Córdoba, Angel Neris Hurtado Copete, Zoila Rosa Martínez Palacios, Peregrina Hinestroza Murillo, José Venancio Palacios Rengifo, Sergio Andrés Salas Murillo, Gladis María viuda de Copete, Jhonatan Manuel Hinestroza Romaña, Jesús Arley Murillo Murillo, Alberto Fabio Quinto Martínez, Jesús Stiwar Hurtado Orejuela, Yarleicy Murillo Murillo, Anderson Palacios Quinto, Yojan Samir Palacios Quinto, Angela Yorleidy Palacios Quinto, Ana Ramírez Mendoza, Luis Elías arias Galvis, Sandra Patricia Arias Aguirre, Elvia Gutiérrez Ramos, María Arili Murillo Murillo, Francia Elena Andrade Mosquera, María Lerny Hinestroza Palacios, Yiseth Jhohana Hinestroza Murillo, María lloli Palacios Arias, María Benilda Valencia Palacios, María Manuela Hurtado Mosquera, Bertilia Quinto Córdoba, Sandra Melisa Palacios Minota, Daniel Emilio Martínez Quinto, María Erecinda Murillo de Murillo, Edith María Mosquera Perea, Flor Irma Hurtado Mosquera, María Santos Hurtado Murillo, Emperatriz Mosquera Perea, Ana Lucila Hurtado Copete, Arcilo Rengifo Mosquera, Deyson Yair Tello Hurtado, Simón Bolívar Correa Hurtado, Martha Liliana Hinestroza, Nancy Viviana Martínez Quinto, María Ocilly Moreno Palacios, María Lilia Quinto Murillo, Lili Yohana Quinto Copete, Vanessa González Hinestroza, Emerson Mosquera Palacios, Heydin Sugeis Palacios Rentería, Juana Inocencia Mosquera Vente, Farid Doralia Hurtado Mosquera, Pedro Celmiro Palacios Hurtado, María Justina González Murillo, Eleuterio Hinestroza Becerra, Juan Camilo Palacios Hurtado, Marlenis Mosquera Palacios, Juan Carlos Mosquera Palacios, Martha Iris Murillo Murillo, Luz Dari Córdoba Mosquera, José Luis Murillo Palacios, Mary Isabel Palacios Palacios, Rubiela Mosquera Mosquera, Jorge Eliécer Mosquera Palacios, María Aquilea Quinto Hurtado, Digna Emerita Córdoba Mosquera, Luis Gulfu Palacios Vivas, Alejandrina Murillo de Mosquera, Leidy Tatiana Rengifo Mosquera, José Ovidio Hinestroza Murillo, Glenis María Palacios Hurtado, José María Mosquera Palacios, Ingrid Marcela Córdoba Mosquera, Alberto Orejuela Mosquera, Ebergito Copete Palacios, David Emilio Hinestroza Hurtado, María Alicia Gómez Mosquera, Yulier Murillo Mosquera, Jennifer Murillo Mosquera, Martha Milena Hinestroza Córdoba, Jesús Alexis Palacios Hurtado, Luz Edith Palacios Aguilar, Ana Milena Palacios Mosquera, Luz Meri Palacios Hurtado, Andrés Magali Palacios Hurtado, María del Carmen Rengifo Copete, Luz Estela Hurtado Copete, Andys María Murillo Rentería, Édison Palacios Córdoba, Jessica Rubio Orejuela, Carmen Fabiola Rengifo Copete Lilia Belisa Córdoba Mosquera, Darinson Palacios Palacios, Oscar Antonio Palacios Murillo, Lumar Emilio Hinestroza Hurtado, Yefferosn Mosquera Palacios, Sindi Johana Hurtado Moreno, Alejandro Mosquera Hurtado, Eli Yine Hinestroza Hurtado, Anay Yaritza Mosquera Hurtado, Vanessa Romaña Palacios, María Lely Palacios González Anatrinidad Palacios Mosquera, Karla Patricia Quinto Torres, Edith Yanith Hinestroza Hurtado, Eva Sandri Hinestroza Hinestroza, Carmen Yiseth Hurtado Córdoba, Luz Marina Tenorio Montenegro, Luz Angela Murillo Murillo, María José Hinestroza, Yurleidys Hinestroza Hurtado, María Alejandra Pérez Guerrero, Carlos Andrés Lagarejo Murillo, Ernestina Palacios de Mosquera, Manuel Abdón Palacios Palacios, Rocío Córdoba Vivas, Willintonh Moreno Hinestroza, María Yarley Murillo Hinestroza, Yolanda Vivas Quinto, Julia del Carmen Renteria Romaña, Merliza Mosquera Murillo, Yudelis Mosquera Hurtado, Jenifer Palacios, Luz Daris Martínez Mosquera, María Yicela Palacios Rubio, Manuel de Jesús Palacios Mosquera, Kliffor Palacios Córdoba, Emma Mosquera Quinto, Reyes Armando Palacios Mosquera, Cruz Nelly Martínez Córdoba cc 1.193.462.58, Lina María Mosquera Moreno, María Nella Palacios Andrade, Hermenegildo Palacios Hinestroza, María Nuris Mosquera Hurtado, Mirian Hinestroza Mosquera, Juan Evangelista Hinestroza Mosquera, Ana Lucia Palacios Andrade, José Yerlinson Rengifo Palacios, Yolanda Moreno, Pedro Luis Palacios Waye, Ana Yolima Palacios Palacios, Merlin Cecilia Murillo Hurtado, Ana Graciela Palacios Moreno, Luz Edilma Mosquera Vivas, Harold Felipe quintero Sánchez, Marlidis Córdoba Mosquera, Felipe Palacios Palacios, María Isabel Córdoba Hurtado, Ana Maritza Palacios Quinto, Clara Palacios Hinestroza, Ana lucia Murillo Mosquera, Elkin Antonio Aguilar Murillo, Luz Yadira Murillo Murillo, Herminia Elide Copete Córdoba, María Ernestina Hurtado Córdoba, Juana bautista Mosquera, Rosa Carmela Murillo Meneses, Alirio Arnobio Mosquera Mosquera, Luz Ermencia Hinestroza Murillo, Ana Luz Córdoba Murillo, José Omar Mosquera Mosquera, Luz Adila Palacios Córdoba, José Denis Palacios Hurtado, Ana Francisca Hinestroza Hurtado, Lina María Vivas Martínez, Silvia Elena Murillo, Luis Antonio Hinestroza Mosquera, Raquel Murray Mosquera, Clara Ivet Copete Mosquera, José Enemecio Mosquera Mosquera, Johnny Hurtado Mosquera, Moisés Perea Vivas, Diana Milena Palacios Palacios, Emilson Mosquera Moreno, Alexandra Paola Moreno Palacios, María Floricela Palacios Córdoba, Mélida Córdoba Murillo, Adrián Becerra Jiménez, Rosa María Forero Vargas, Jorge Mosquera Rivas, Ana Claribet Hurtado Córdoba, Jesús Erlenis Murillo Mosquera, Floralba Córdoba Murillo, Loyda Elizabeth Murillo Rentería, Yomarlin Perea Vivas, Melquinsedec Minotta Forero, Rosa Elena Mosquera Hurtado, Ángel Licinio Mosquera, Mariela del Carmen Cuesta Paza, Yilner Córdoba Mosquera, Diana Carolina Palacios Moreno, María Doralina Palacios Palacios, Luz Neila Quinto Córdoba, Luz Adriana Martínez Quinto, Alba Lucia Copete Palacios, Felisa García Hurtado, Harlinton Palacios Mosquera, Janier Yecid Palacios Quinto, Yerlin Mauricio Palacios Quinto, Manuel Alberto Mosquera Hurtado, Luis Felipe Murillo, Eufemia Palacios, Angelina Hinestroza Ramírez, José Iber Martínez Orejuela, Yofaidy Palacios Hurtado, María Ángela Mosquera Murillo, Carmen Belén Palacios Palacios, Belarmina Orejuela, María Doralina Tamayo Murillo, Luisa Adelma Hurtado Quinto, Clara Inés Hurtado Moreno, María Elubania Palacios Mena, Ana Grecilda Ibarguen Murillo, Ricardo Antonio Mosquera, LeidyYyineth Mosquera Murillo, Carmen Edith Murillo Mosquera, Luz Dannelys Mosquera Mosquera, Jesús Abel Murillo Murillo, Pedro Luis Palacios, Cleofe Isabel Mosquera Córdoba, Catalina Córdoba Mosquera, Jenifer Mosquera Flores, José Hadinson Mosquera Palacios, Felipa Herminia Copete Murillo, Rosa Elena Mosquera Flórez, Leiner Vivas Palacio, Suleyvi Palacios Aguilar, Liliana Córdoba Quinto, José David Córdoba González, Noelicia Rengifo Hurtado, Hildebrando Mosquera Hinestroza, Sandra Susana Mosquera Flórez, Somalia Minotta Forero, Nubia Copete Murillo, Fernando Murillo González, Norsa María Quinto Hurtado, Ana Disney Mosquera Copete, Abel Ángel Hurtado Quinto, Zuleiny Cetre Mosquera, Ana Yucely Gómez Ibarguen, Mildrey Córdoba Hinestroza, María Andrea Hinestroza Ortiz, Martina Copete, Eugenio Secundino Palacios Murillo, Jhona Mirley Hinestroza Romaña, Daniel Alejandro Palacios Copete, María Estefanie Moreno Tello, José Domingo Mosquera Murillo, Blacina Mosquera Florez, Orania Johanni Minota Palacios, Juan Diego Córdoba Murillo, Yizela Martínez Rengifo, José Cristino Murillo Mosquera, María Santo Rengifo Palacios, Yeison Yair Ibarguen Hurtado, Aida Sonia Palacios Mosquera, Martha Luz Murillo Murillo, Ana Millesis Rengifo Palacios, Rosa Omaira Valencia Palacios, Alex Enil Mosquera Rengifo, María Yoeli Hurtado Mosquera, Ángel Nery Palacios Mosquera, José Hinestroza, Luz Mary Hurtado Copete, Ayda Luz Minotta Forero, William Enrique Martínez Palacios, Ana Rosa Murillo Mosquera, Néstor Mosquera Murillo, María Madolia Palacios Palacios, Yubitza Hinestroza Hurtado, Armando Moreno Hinestroza, Enercilio Quinto Córdoba, Narcisa Palacios Palacios, Gloris María Murillo Hinestroza, Kety Johana Murillo Mosquera, María Eulalia Minotta Palacios, Juan Carlos Carrasquilla Hinestroza, Liliana Palacios González, Ana Rubiela Moreno Mena, Yuli Sofía Córdoba Perea, Pedro Elivar Hinestroza Murillo, Leidy Yohana Lemus Murillo, Henry Palacios Mosquera, Cruz del Carmen Quinto Rengifo, Yakeline Mosquera Palacios, Isaura Palacios Córdoba, Mari Solener Mosquera Palacios, María Ernelis Martínez Martínez, José Daniel Hurtado Meneses, María Eida Mosquera Quinto, Ángel Vianor Palacios Palacios, Yadira Copete Hinestroza, Flaminia Mosquera, Ana Moreno Palacios, Asnoraldo Murillo Palacios, Flor María Palacios Quinto, Cruz Adelma Palacios Palacios, Maritza Chala Cuesta, Leidis Mosquera Martínez, María Alicia Córdoba Hurtado, Luceli del Socorro Cuesta Mena, Jarinson Quinto Copete, María Leonisa Arias Palacios, Marisol Murillo Hinestroza, José Naudin Palacios Córdoba, John Sebastián Palacios Díaz, Yarlenis Palacios Palacios, Delcio Osias Copete Mosquera, Rosa Ángela Córdoba Murillo, Nora Benita Palacios Mosquera, Ana Jennifer Murillo Bautista, Rosa Bertilde Moreno Moreno, Cruz Ledi Córdoba Quinto, Anny Patricia Palacios Córdoba, Mayerline Copete Hinestroza, Carlos Andrés Quinto Murillo, Onni María Hinestroza Hinestroza, Porfirio Copete Palacios, Hernelis Hinestroza Palacios, Jessica Riofrio Mancilla, Gladis Constanza Palacios Hurtado,María Ebertina Mosquera Mosquera, Cruz Evelia Hurtado Mosquera, Rosa Carmina Valencia Córdoba, Natalia Hinestroza Valderrama, Gloria Sileni Perea Palacios, Bárbara Elena Palacios Palacios, María Gerónimo Rodríguez Mosquera, Ana Florilda Mosquera Mosquera, Leidy Samira Hurtado Mosquera, Carlos Alberto Orejuela Sánchez, Moisés Quinto Palacios, Ellis Yohana Copete Palacios, Luz Yaneth Rengifo Murillo, Reinelda Mosquera de Hinestroza, Feliberta Florez Murillo, Aris María Quinto Martínez, Raúl Antonio Rengifo Mosquera, Yeny Sandra Ramírez Guerrero, Mily Yohana Córdoba Quinto, María Orfilia Hurtado Moreno, Karen Yariza Hurtado Palacios, José Riquerny Martínez Hinestroza, Libia María Copete Mosquera, María Yasney Palacios Mendoza, María Yarlin Córdoba Quinto, Antonio Renelbo Murillo Perea, Dora Yisel Murillo Murillo, Angel Cirio Florez Mena, Yiseth Marcela Palacios Mosquera, Gloria del Carmen Copete Hurtado, Aida Zulia Palacios Mosquera, Kelly Andrea Quinto Copete, Xiomara Córdoba González, Eloiza del Carmen Rengifo Mosquera, Rosa Arcedilia Meneses Palacios, Yasira Mosquera Murillo, Ezequiela Hurtado de Palacios, Felisa Murillo Hurtado, Nelsa Leticia Moreno Palacios, María Ángela González, María Cecilia Hurtado Mosquera, Bertha Mosquera Palacios, Diana Yirleza Copete Hurtado, Yamilis Patricia Murillo Moreno, Rosaangela Murillo Palacios, Rosa Isabel Murillo Palacios, Bertha Yesenia Murillo Hurtado, José Eduar Palacios González, Diana Cenovia Palacios Quinto, Dary Yaneth Vivas Hinestroza, Marleydis Mosquera Zúñiga, Luis Anilio Palacios Murillo, Elizabeth Palacios Moreno, Pablo Roberto Hurtado Mosquera, José David Palacios Ramos, Jesús Emir Mosquera Palacios, Mari Luz Murillo Palacios, José Gustavo Córdoba Murillo, Luz Mari Missath Ramos, Carmen Rosa Murillo Murillo, Carmen Luisa Palacios Ramírez, María Cruz Elena Hurtado Rengifo, Sorley Hurtado Martínez, Carolina Murillo Mosquera, Merenciana Rengifo Palacios, Marcel Palacios Hurtado, Miguel Emilio Palacios Mosquera, Diana Leidy Córdoba Quinto, Lucelly Mosquera Quinto, Luz Emira Murillo Murillo, Ana Julia Valencia Mosquera, Yarlen Palacios Palacios, Ana Orlinda Perea Murillo, Tania Hinestroza Hurtado, María Ninfa Quinto Palacios, José Enor Mosquera Hurtado, Luis Efrén Martínez Mosquera, José Édinson Córdoba Díaz, Eden Fanirys Hurtado Copete, José Gabriel Moreno Mosquera, Esneyder Hurtado Meneses, José Isidro Córdoba Palacios, María Yanesi Mena Palacios, Yeison Javier Hurtado Orejuela, Olga Lucia Perea Valouis, James Jahir Mena Mosquera, Viki Vannesa Vélez Palma, Martha Aurelia Mosquera Mosquera, John Alberto Quinto Córdoba, José Hamilton Hurtado Meneses, Arismendi Hinestroza Palacios, Reyes César Hurtado Copete, María Nelia Palacios, Pablo Cesar Lucumi Díaz, Petronila Mosquera Palacios, José Ceberiano Palacios Palacios, Leydis Palacios Albornoz, Julia Emilia Albornoz Rivas, Juan Evangelista Caicedo, Deivis Arley Hurtado Quinto, Dignery Hinestroza Palacios, Bertha Idelina Hurtado Copete, Wilfrido Anibal Hinestroza Ramírez, Eva Cecilia Hinestroza, María Eulalia Palacios, Mariluz Córdoba Murillo, Maryori Andrea Meneses Ospina, Leidy Yohana Hinestroza Murillo, Luz Mila Mosquera Mosquera, Yolanda del Carmen Hurtado Martínez, Luz Erika Palacios Quinto, Nhora María Quinto Hurtado, Jesús Euclides Meneses Palacios, Vitelva Mosquera Mosquera, Ana Clarildad Hurtado Murillo, Carlos Bernabé Mosquera Palacios, Betzabe González Hurtado, María Alberta Orejuela Sánchez, María Celestina Mosquera Copete, Mercedes Armencia Córdoba Hurtado, Cesar Enrique Palacios Murillo, Briceida Libia Mosquera Perea, Ana Orfilia Hinestroza Florez, Jesús Arturo Hinestroza Hinestroza, Víctor Alirio Murillo Palacios, María Indulfa Copete Ramírez, José Alirio Quinto Hurtado, Cruz Elena Quinto Hurtado, Anny Johana Palacios Palacios, Migdonio Santo Hinestroza Florez, Nilsa Aura Vivas Quinto, Martha Liliana Córdoba Mosquera, Jhon Alez Navia Mosquera, Jairo Antonio Hinestroza Córdoba, María Cerafina Mosquera Palacios, José Amin Martínez, Argemiro Mosquera Murillo, Vicente Barco Asprilla, María Enensa Hurtado Mosquera, Adriana Patricia Martínez Rengifo, Rita Elena Murillo de Hurtado, Ana Lorena Perlaza Bonilla, Arcedilia Arias Mosquera, Clara Inés Palacios de Martínez, María Percides Córdoba, Zully Dionisia Quinto Perea, Carmen Oliva Murillo Córdoba, Isaac Mosquera Córdoba, Eucebio Valencia Palacios, Katerine Mosquera Murillo, Carmen Elena Murillo Mosquera, Ana Candelaria Martínez, Nimia del Carmen Salas Cuesta, Rosalbina Palacios Palacios, Alexander Quinto Hurtado, María Niris Yolanda Murillo Rengifo, María Mónica Martínez Perea, Eufrasia Santos Hinestroza Palacios, Isaac González Murillo 4.836.273, Gloria Cecilia Quinto Hurtado, Manuel Filimol Hurtado Mosquera, Ángel Novelio Palacios Mena, Luis Enrique Córdoba Hurtado, Samuel Domingo Murillo Rentería, María Doralia Córdoba Quinto, Juan Dionicio Palacios Mosquera, Berta iris Mosquera, Nubia del Carmen Moreno Hernández, María maricel Palacios Palacios, José Lubin Moreno, Abraham Evelio Quinto Córdoba, María Irene Palacios Romaña, Luz Nereida Minotta Forero, Francisca Lourdes Hinestroza Flórez, María yurnila Hinestroza Flórez, María Eligia Rengifo Copete, Nelis Serna Palacios, María Luisa Mena Córdoba, Jaime Córdoba Hinestroza, Jairo Hinestroza Murillo, Francisco Geronimo Hurtado, Rosa Yamileth, María Tarjelia Córdoba, Jhon Jairo Perea Martínez, Hayda Luz Mosquera Hurtado, Jorge Emiro Mosquera Hurtado, Gloria Cenaida Murillo Murillo, Donovan Smith Hinestroza Rengifo, José Daniel Hurtado Meneses.
Demandados dentro del proceso del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001 23 31 000 2017 00053 00. Cfr. Folio 198 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 66 a 69 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 85 a 88 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 95 a 100 del cuaderno de tutela. Cfr. Folio 110 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 119 y 120 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 121 a 126 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 132 a 134 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 127 a 131 del cuaderno de tutela. Cfr. Folios 148 a 155 del cuaderno de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que las providencias fueron notificadas así: El auto nro. 768 de 3 de agosto de 2017, fue notificado por estado el 4 de agosto de 2017 (Cfr. Folio 2657v del Cuaderno principal del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo). El auto nro.169 de 6 de septiembre de 2017 fue notificado por correo electrónico el 6 de septiembre de 2017 (Cfr. Folio 44 del cuaderno de incidente de recusación). El auto nro.194 de 21 de septiembre de 2017 es un auto de solo cumplimiento.(Cfr. Folio107 del cuaderno de incidente de recusación). El auto nro.987 de 26 de septiembre de 2017 fue notificado por estado el 27 de septiembre de 2017. La presente tutela fue presentada el 10 de noviembre de 2017. Auto de 10 de febrero de 2016, número de radicación 05001-23-33-000-2015-00934-01(AG), Consejero Potente doctor Hernán Andrade Rincón. Demanda instaurada por el medio de control “Reparación de Perjuicios Causados a un Grupo” (Cfr. Folios 1 a 9 Cuaderno Principal del expediente 2700123310002017005300). Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
“Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio”. Sobre la aplicación de la Ley en el tiempo, ver, por ejemplo, auto de Sala Plena del Consejo de Estado del 13 de febrero de 2014, Exp. 48.521. M.P. Enrique Gil Botero.
“Artículo 2°. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior. Artículo 3°. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Al respecto consultar, Auto de 31 de enero de 2013, Exp. 63001-23-33-000-2012-00034-01 (AG), M.P.: Enrique Gil botero. En igual sentido se pronunció la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 13 de febrero de 2014, Exp. 48.521. M.P: Enrique Gil Botero; para dirimir la antinomia suscitada entre el Código de Minas y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“Artículo 68. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”
Véase derogaciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 309 “Deróganse a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este código, en especial, el Decreto 01 de 1984, el Decreto 2304 de 1989, los artículos 30 a 63 y 164 de la Ley 446 de 1998, la Ley 809 de 2003, la Ley 954 de 2005, la Ley 1107 de 2006, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, el artículo 9° de la Ley 962 de 2005, y los artículos 57 a 72 del capítulo V, 102 a 112 del capítulo VIII y 114 de la Ley 1395 de 2010”. En un sentido similar se pronunció la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 13 de febrero de 2014, Exp. 48.521. M.P: Enrique Gil Botero; para dirimir la antinomia suscitada entre el Código de Minas y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Como se aprecia, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de diversidad de asuntos asignados en leyes especiales, con procedimientos y trámites particulares razón por la que si la intención del legislador del CPACA era la de regular de manera íntegra u orgánica la materia contencioso administrativa debió ser explícito y señalar sin ambages –inclusive sin guardar silencio como en el caso de los asuntos mineros– que se trataba de una legislación absoluta e integral que dejaba sin vigencia las acciones, competencias, procesos, procedimientos y recursos contenidos en leyes especiales. No para que incluyera una disposición expresa de derogatoria, sino para que a lo largo del proceso de reforma por parte de la Comisión designada para su redacción, como en el Congreso de la República, se hiciera énfasis y claridad en tal sentido”. Auto de Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación del 25 de junio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, Expediente 49299.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”
“[…]Artículo 68º.- Aspectos no Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil[…]”
Sentencia T-398 de 23 de junio de 2017, doctor Luis Ernesto Vargas Silva. “[…]Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.[…]”
Sentencia del 8 de junio de 2016, radicación número: 11001-03-15-000-2016-00950-00(AC), Consejero ponente: Roberto Augusto Serrano Valdés, Radicación número: 11001-03-15-000-2016-00950-00(AC).
Cfr. Folio 18 de la demanda de tutela.
Sentencia T-367 de 8 de mayo de 2013, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
ARTÍCULO 143. FORMULACIÓN Y TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN. La recusación se propondrá ante el juez del conocimiento o el magistrado ponente, con expresión de la causal alegada, de los hechos en que se fundamente y de las pruebas que se pretenda hacer valer.
Si la causal alegada es la del numeral 7 del artículo 141, deberá acompañarse la prueba correspondiente.
Cuando el juez recusado acepte los hechos y la procedencia de la causal, en la misma providencia se declarará separado del proceso o trámite, ordenará su envío a quien debe reemplazarlo, y aplicará lo dispuesto en el artículo 140. Si no acepta como ciertos los hechos alegados por el recusante o considera que no están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, remitirá el expediente al superior, quien decidirá de plano si considera que no se requiere la práctica de pruebas; en caso contrario decretará las que de oficio estime convenientes y fijará fecha y hora para audiencia con el fin de practicarlas, cumplido lo cual pronunciará su decisión.
La recusación de un magistrado o conjuez la resolverá el que le siga en turno en la respectiva sala, con observancia de lo dispuesto en el inciso anterior, en lo pertinente.
[…]
En el trámite de la recusación el recusado no es parte y las providencias que se dicten no son susceptibles de recurso alguno.[…]”
“[…] Artículo 127. Incidentes y otras cuestiones accesorias. Solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale; los demás se resolverán de plano y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos[…].
“[…]Artículo 130. Rechazo de incidentes. El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código y los que se promuevan fuera de término o en contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales[…].
“[…]Artículo 142. Oportunidad y procedencia de la recusación. […]
No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano.
[…] Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso. […].
“[…] Artículo 143. Formulación y trámite de la recusación. […]
Cuando se aleguen causales de recusación que existan en el mismo momento contra varios magistrados del tribunal superior o de la Corte Suprema de Justicia, deberá formularse simultáneamente la recusación de todos ellos, y si así no se hiciere se rechazarán de plano las posteriores recusaciones. […]”.
Cfr. Folios 33 a 43 del cuaderno de incidente de recusación llevado a cabo dentro del expediente del medio de control de reparación de los perjuicios causado a un grupo nro. 27001233100020170005300 (en préstamo para la resolución de la presente acción de tutela).
ARTÍCULO 147. SANCIONES AL RECUSANTE. Cuando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto se impondrá al recusante y al apoderado de este, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar[…]”
“[…]Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella[…]”.
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