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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03015-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03015-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar el fallo de tutela de primera instancia, del 22 de febrero de 2018, por medio del cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo deprecado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y, en su lugar, amparar transitoriamente el debido proceso de ésta, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar suspender la medida cautelar dictada el 6 de septiembre de 2017, por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 81001-23-39-000-2017-00015, promovido por el señor Jairo Alindo Morales Solano, hasta que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado resuelva el recurso de apelación que la tutelante promovió contra el anterior auto interlocutorio. Por otro lado, disponer que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado dé prelación para resolver el recurso de apelación presentado dentro del mencionado proceso. TERCERO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03015-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

21 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUTO QUE ORDENA MEDIDA CAUTELAR / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

Para este juez constitucional de la lectura de lo resuelto en la medida cautelar que se cuestiona, evidencia que, la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Arauca al ordenar liquidar la pensión de vejez con fundamento en el artículo 6º del Decreto No. 546 de 1971, en concordancia, con el artículo 12 del Decreto No. 717 de 1978 y el artículo 45 del Decreto No. 1005 de 1978, desconoce la interpretación dada por la Corte Constitucional al régimen de transición pensional, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Tal actuación, vulnera el debido proceso de la UGPP, lo que habilita a esta Sala de Decisión, el análisis de los requisitos para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, como fue solicitado por la accionante, en el presente caso. (…) Para esta Sala de Decisión, hasta lo acá explicado, es claro que se cumplen las condiciones necesarias para otorgar el amparo transitorio deprecado por la entidad accionante, pues como ya se indicó la orden dada en el auto interlocutorio que resolvió la medida cautelar solicitada por el señor [JAMS], dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de marras, es contraria a la interpretación fijada por la Corte Constitucional sobre el IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.(…). En vista de lo anterior, para esta Sala de Decisión los derechos fundamentales de la entidad demandante están en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, dándose así las condiciones de inminencia, gravedad, evidencia y urgencia, para amparar transitoriamente el debido proceso de la UGPP en el presente caso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03015-01(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA - JAIRO ALINDO MORALES SOLANO

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (en lo sucesivo UGPP) contra el fallo de 22 de febrero de 2018, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del que declaró improcedente el amparo deprecado por ésta.

ANTECEDENTES

1. La tutela

La UGPP promovió acción de tutela de forma transitoria, el 10 de noviembre de 2017, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Arauca, al decretar, en Sala Unitaria, una medida cautelar, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el No. 81001-23-39-000-2017-00015-00, presentado por el señor Jairo Alindo Morales Solano contra aquélla.

1.1. Hechos

Los supuestos fácticos de la presente acción, en síntesis, son los siguientes:

1.1.1. El señor Jairo Alindo Morales Solano, mediante apoderado judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento contra el acto administrativo por medio del cual, la UGPP reconoció y ordenó pagar una pensión mensual vitalicia de vejez a éste, por valor de $4’344.815.

Con la demanda solicitó medida cautelar de suspensión de la Resolución No. RDP 027099 del 25 de julio de 2016 y el pago provisional de una pensión.

1.1.2. El Tribunal Administrativo de Arauca, en Sala Unitaria, con auto interlocutorio del 6 de septiembre de 2013, luego de los traslados de rigor, resolvió:

«PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar de SUSPENSIÓN provisional de los efectos de la Resolución número RDP 027099 del 25 de julio de 2016, por medio de la cual se reconoce y ordena pagar una pensión mensual vitalicia de vejez a favor del señor JAIRO ALINDO MORALES SOLANO, proferida por el Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior medida cautelar, ORDENAR a parte demandada, reconocer, liquidar y pagar de forma transitoria la pensión de vejez a favor del señor JAIRO ALINDO MORALES SOLANO, en cuantía equivalente al 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado el último año de servicios como JUEZ PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ARAUCA, incluyendo todos los factores salariales, conforme lo señala el régimen excepcional para los empleados de la RAMA JUDICIAL dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, en concordancia con el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, a partir de la fecha de notificación de esta providencia hasta tanto se profiera sentencia definitiva en el presente asunto.

La anterior medida comprende también el pago de las sumas retroactivas desde la fecha en que se hizo exigible la pensión de vejez por el cumplimiento de los requisitos legales y en caso de haberse pagado cifra menor se debe liquidar y pagar el excedente. Para lo cual deberá tenerse en cuenta la fecha del retiro forzoso, acaecida el 13 de enero de 2016 y la fecha de reconocimiento de la pensión, cuyo acto administrativo se suspende.

TERCERO: ADVERTIR la prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido, so pena de adoptar las sanciones y determinaciones legales e igualmente el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares aquí decretadas».

1.1.3. La UGPP contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, que actualmente se encuentra en trámite en la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado.

1.2. Fundamentos de la solicitud

La UGPP consideró vulnerados los derechos fundamentales mencionados, por parte de la autoridad judicial accionada, pues al decretar la mencionada medida cautelar, desconoció las normas y las sentencias de constitucionalidad acerca de la aplicación del régimen de transición, pues pasó por alto que al señor Jairo Alindo Morales Solano le era aplicable, para efectos del IBL, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, liquidar su pensión de vejez con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años para adquirir el derecho, de conformidad con el artículo 21 de la referida Ley 100 de 1993 y con la inclusión de los factores establecidos en el Decreto No. 1158 de 1994, a raíz de la fecha en que adquirió su estatus de pensionado.

A juicio de la autoridad administrativa accionante, el Tribunal Administrativo de Arauca, en la providencia objeto de censura, incurrió en los siguientes defectos: i) sustantivo, toda vez que omitió que al accionante «…le es aplicable, para efectos del IBL el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, liquidar su pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho de conformidad con el artículo 21 de la referida Ley 100 de 1993 y con la inclusión de los factores establecidos en el Decreto 546 de 1971…» y ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, en razón a que no tuvo en cuenta las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU 230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, en las cuales la mencionada Corporación ha precisado que el régimen de transición solo comprende para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la Ley 100 de 1993, en los siguientes aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, y en lo que a la base de liquidación se refiere, la misma se rige por las reglas previstas en el inciso 3º del artículo 36 de la mencionada ley.

En cuanto a los requisitos de procedencia del amparo transitorio a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el presente caso se configuran por lo siguiente:

i) El perjuicio o daño debe ser inminente o próximo a suceder. Este punto lo concretó, en lo siguiente:

«1.- Con la orden de DECRETAR la medida cautelar de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución No. RDP 027099 del 25 de julio de 2016, y en consecuencia ordena a la UGPP reconocer, liquidar y pagar de forma transitoria, la pensión de vejez del causante, en cuantía equivalente al 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales conforme al régimen de la Rama Judicial a partir de la fecha de notificación del referido auto, hasta tanto se profiera la sentencia definitiva, efectuando además el pago de las sumas retroactivas desde la fecha en que se hizo exigible la pensión de vejez.

2.- Hacer la reliquidación de la pensión del causante conforme lo dispuesto en el Auto objeto de tutela, DESCONOCE no solo lo establecido en el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, sino el PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, contenido en las sentencias C-168 de 1995, Auto No. 229 de 2016, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU 395 de 2017.

3.- Al hacer efectivo el pago del monto de la pensión reliquidada tal como lo ordena el Despacho Judicial, como del retroactivo que se genera al aplicar la reliquidación a favor del señor JAIRO ALINDO MORALES SOLANO, toda vez que son dineros a los que el causante no tiene derecho en estricta aplicación de la ley y la jurisprudencia».

ii) Que sea grave. Afirmó que la imposición judicial en el presente caso representa un perjuicio irremediable en el erario público, al ordenar el reconocimiento, liquidación y pago de forma transitoria de la pensión de vejez con los términos indicados.

iii) Con el amparo transitorio se busca superar el daño que se pone de presente, para que el auto de medida cautelar se suspenda hasta que el Consejo de Estado resuelva el recurso de apelación promovido contra este.

iv) La protección debe ser impostergable. A lo anterior, explicó que en vista que el recurso de apelación fue concedido en el efecto devolutivo, pues cualquier pago que en este momento se haga por concepto de reliquidación de la mesada pensional y el retroactivo, generaría un perjuicio irremediable a las arcas de la Nación, ya que si la decisión es a favor de la entidad, los dineros que se hubieren pagado serían casi imposibles de recuperar por el principio de buena fe de quien los recibe, en virtud del cumplimiento de una orden judicial, quedando perjudicado el erario público, el cual la UGPP, como entidad nominadora de pensiones, tiene el deber de salvaguardar so pena de incurrir en una responsabilidad fiscal.

Así las cosas, la presente acción de tutela es procedente para proteger en forma transitoria los derechos invocados por la Unidad, no solo, porque se cumplen los requisitos señalados por la Corte Constitucional ya referidos, sino porque se busca evitar un perjuicio irremediable a las arcas del Estado.

1.3. Pretensiones

Como consecuencia del amparo de sus derechos, en la tutela se solicitó:

«Primero: Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria la decisión emitida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA mediante Auto del 06 de septiembre de 2017, con el cual se decretaron Medidas Cautelares, dentro del proceso contencioso administrativo Rad. 810012339000-2017-00015-00, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, hasta tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, como quiera que dicho recurso se concede en efecto devolutivo.

Tercero: De igual manera, se solicita de manera respetuosa, que se vincule a la presente, al señor JAIRO ALINDO MORALES SOLANO, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. (…), a quien las resultas de la presente actuación le pueden afectar de forma uniforme, debiendo ser partícipe de la relación jurídica substancial que acá se discute».

2. Trámite en primera instancia

2.1. Impedimentos

El doctor Julio Roberto Piza Rodríguez y la doctora Stella Jeannette Carvajal Bastos, manifestaron estar impedidos de conocer el presente mecanismo constitucional, pues ambos, pertenecen al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado con auto del 12 de diciembre de 2017, los declaró fundados, siendo separados para asumir el estudio del proceso y ordenó el sorteo de conjueces.

El 18 de enero de 2018, se realizó el respectivo sorteo y los integrantes transitorios de la Sala tomaron posesión del cargo.

2.2. Admisión e intervención

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en auto de 24 de enero de 2018, la admitió y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Arauca.

Como terceros con interés dispuso notificar a los magistrados de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado y al señor Jairo Alindo Morales Solano.
3. Intervención

Remitidos los oficios de rigor, se recibió la siguiente:

3.1. La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado

La mencionada autoridad judicial al intervenir, manifestó:

«El suscrito consejero de Estado, titular del despacho al que correspondió el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 81001-23-39000-2017-00015-01 (0204-2018), en la oportunidad indicada en el proveído admisorio de 24 de enero de 2018, recibido hoy, se pronuncia respecto de la acción de tutela del epígrafe, en el sentido de que el aludido expediente fue recibido en este despacho el 17 de los mismos mes y año (valga decir, hace 10 días), con el propósito de decidir el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto de 6 de septiembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca.

Cabe aclarar que si bien es cierto que todas las demandas incoadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa merecen especial atención, también lo es que tienen prelación legal las de habeas corpus y las de tutela (primera instancia, impugnaciones y desacatos) que aquí se tramitan, estas últimas en la actualidad corresponden aproximadamente al 40% de la carga efectiva del despacho, lo que da lugar a la congestión en el trámite de los expedientes ordinarios del Código Contencioso Administrativo (CCA) y CPACA (medios de control de nulidad por inconstitucionalidad, nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho (única instancia y apelaciones de autos y sentencias), recurso extraordinario de revisión [subsección y salas especiales], pérdidas de investidura [única instancia y apelación sentencia], conflictos de competencia, impedimentos de magistrados de tribunales y consejeros de Estado, recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, extensión y unificación de la jurisprudencia, recursos de queja y súplica, y ejecutivos [única instancia y apelación de autos y sentencias])».

4. Decisión de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado con providencia del 22 de febrero de 2018, declaró improcedente el amparo deprecado.

Para arribar a lo anterior, explicó que:

«3.3. Atendiendo lo que ha precisado la jurisprudencia constitucional, para Sala emerge claramente que en el presente caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad, por lo siguiente:

3.3.1. Se halla en curso la apelación que interpuso la UGPP contra el auto del 6 de septiembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Arauca, dictado dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el No. No. 81001-23-39-000-2017-00015-01, por medio del cual se decretó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. No. {sic} RDP 027099 del 25 de julio de 2016, y se ordenó a la UGPP “reconocer, liquidar y pagar de forma transitoria” la pensión de vejez al señor al señor Jairo Alindo Morales Solano conforme lo establece el artículo 6º del Decreto 546 de 1971.

El expediente con el recurso de apelación contra esa providencia fue recibido el 17 de enero de 2018 en el despacho del Consejero de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, a quien se asignó la ponencia para decidir la alzada.

3.3.2. Sumado a lo anterior, que en sí mismo genera la improcedencia del amparo, en el presente caso no encuentra la Sala demostrada la existencia de un perjuicio de tal gravedad e inminencia, que implique para el Juez de tutela asumir medidas urgentes e impostergables para conjurarlo.

No se avizora que la medida cautelar decretada en la providencia cuestionada sea de tal magnitud que comporte, como lo afirma la entidad actora, una afectación a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, máxime que la orden del Tribunal como consecuencia de la medida cautelar, es que de manera transitoria se reconozca, liquide y pague la pensión de vejez al señor al señor Jairo Alindo Morales Solano conforme lo establece el artículo 6º del Decreto 546 de 1971.

Ni mucho menos, puede sustentar la existencia de un supuesto perjuicio irremediable alegando el desconocimiento de precedentes de la Corte Constitucional, toda vez que ese argumento, junto al de la sostenibilidad financiera, puede y debe exponerlos ante el Juez natural de segunda instancia, para que los tenga en cuenta al momento de decidir el recurso de apelación.

3.3.3. Así las cosas, no se observa que se haya conculcado los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante. No solo porque la providencia de la que pretende derivar esa violación no se encuentra en firme, toda vez que está pendiente por decidirse la alzada contra la misma, sino que de ella no se deriva la configuración de un perjuicio irremediable, que comporte conceder el amparo constitucional de manera transitoria, amén de que el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento, en el que se controvierte la legalidad de la Resolución No. RDP 027099 del 25 de julio de 2016, está en su fase inicial».

5. La impugnación

La UGPP inconforme con la anterior decisión la impugnó. La sustentó reiterando los argumentos expuestos en escrito inicial e insistió que en el presente caso, están dados los requisitos para la procedencia de un amparo transitorio por la posibilidad de concretarse un perjuicio irremediable, en su escrito volvió a explicar las razones para ello.

También puso de presente que ante el Tribunal Administrativo de Arauca «…YA {se} inició incidente de desacato contra esta Unidad por no haberse cumplido las órdenes impuestas en dicho Auto como así se prueba con el pantallazo que de la Rama que se aporta al presente escrito, lo que hace a que SI EXISTA un grave perjuicio, del que trata la Corte Constitucional, para que proceda en forma TRANSITORIA la presente acción constitucional…».

6. Trámite en segunda instancia

La Consejera ponente del proceso de la referencia, con auto del 30 de abril de 2018, ordenó la remisión inmediata en calidad de préstamo del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho número. 81001-23-39-000-2017-00015-00 o, en su defecto, que el mismo se allegue escaneado.

La Secretaría General del Consejo de Estado dio cumplimiento a lo anterior realizando los requerimiento del caso.

El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante correo electrónico del 6 de junio del año en curso, allegó el proceso escaneado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No. 1983 de 2017, así como el Acuerdo No. 55 de 2003 de la Sala Plena de la Corporación.

2. Asunto bajo análisis

De conformidad con el fallo de primera instancia y la impugnación presentada, corresponde a la Sala determinar:

i. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

ii. Si el fallo de tutela de primera instancia se debe confirmar, modificar o revocar, a partir de los argumentos dados en la impugnación.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos estos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas desemejantes sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente». Énfasis propio.

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Constitución Política y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y en donde el Actora tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los mecanismos judiciales, ordinarios y extraordinarios de defensa, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Caso concreto

Para la Sala una vez analizados los argumentos planteados en la impugnación, por la UGPP, revocará el fallo de tutela de primera instancia, que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, amparará transitoriamente el debido proceso de la UGPP, para lo cual, en un primer apartado analizará el tema del IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en un segundo punto, la tutela como mecanismo transitorio, en el caso concreto.

4.1. IBL – Régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Reiteración

Cabe recordar que frente a la controversia originada por la aplicación de la normativa relacionada con la fijación del IBL de los beneficiarios del régimen de transición, en un primer momento existían criterios encontrados entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así:

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008 ha mantenido una posición reiterada en relación con el tema, al indicar que:

«Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.
(…)
De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada».

En sentido contrario, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, señaló:

«i) Régimen de transición.

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.

No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo 36 preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…).”

Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993…
(…)
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985…
(…)
De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación…».

Como se puede evidenciar, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Segunda del Consejo de Estado tienen posiciones contrarias, en relación con la aplicación del IBL a quienes se encontraban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Para la Corte Suprema de Justicia «…el régimen de transición solamente mantuvo, de las normas anteriores al Sistema General de Pensiones, tres aspectos concretos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión; de tal modo que (…) la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por las disposiciones legales precedentes, sino que pasó a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho, por el inciso 3 del artículo 36 {de la Ley 100 del 93}».

En cambio, para el Consejo de Estado, el principio de inescindibilidad de la norma permite efectivizar los derechos y garantías constitucionales, por tanto, los factores salariales que componen la base de liquidación pensional son todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse. Conviene precisar que para esta Corporación el IBL también hace parte del régimen de transición.

Por su parte, el 7 de mayo de 2013, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-258 de 2013 fijó la regla de aplicación del IBL en el siguiente sentido:

«4.3.6.3. Sobre el Ingreso Base de Liquidación

La Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “durante el último año”, contenida en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Además, teniendo en cuenta que, de un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la expresión referida creará un vacío en materia de regla de Ingreso Base de Liquidación, y de otro, tal vacío puede conducir a una situación de inconstitucionalidad aún más grave, pues haría imposible la liquidación de las pensiones y limitaría entonces de forma absoluta el derecho a la seguridad social en pensiones de los beneficiarios del régimen especial bajo estudio, la Sala, por medio de un condicionamiento, debe establecer un criterio compatible con la Constitución dentro del respeto al margen de configuración del Legislador.

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”

En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionadas a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso».

Así pues, aunque la Corte se ocupaba, en dicha oportunidad, de un asunto relacionado con el régimen de transición en pensiones de los Congresistas, lo cierto es que en materia de aplicación del IBL para efectos de la liquidación de la pensión, fijó una regla general al indicar que el IBL no quedaba cobijado por las normas de transición. Su estudio se basó en las normas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, e hizo el análisis correspondiente y, adicionalmente, señaló que esa interpretación permitía llenar el vacío que se produciría por la declaración de inexequibilidad que en este caso se estaba haciendo.

Es así como en posteriores decisiones, la Corte Constitucional tuvo en cuenta esa regla para señalar que el ingreso base de liquidación debe ser el fijado de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, en la sentencia SU-230 de 2015 consideró que:

«2.6.2. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 fijó el precedente que debe ser aplicado al caso que se estudia, en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales.
…
Con fundamento en estas razones, la Sala Plena de la Corte declaró inexequible la expresión “durante el último año” y estableció que el IBL aplicable debía ser el dispuesto en el régimen general del artículo 36 de la Ley 100. Es necesario advertir en este punto que, a diferencia de la jurisprudencia vigente de las Salas de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional sobre la aplicación inescindible de los regímenes especiales, incluyendo las condiciones del IBL, esta providencia declara la inexequibilidad de la norma especial y ordena remitirse al régimen general de pensiones. Esto se encuentra suficientemente justificado en la medida en que, para la Sala, al igual que ocurre con las reglas de Ingreso Base de Liquidación, factores y beneficiarios, la expresión aludida (i) vulnera el principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector en mejores condiciones socio-económicas; e (ii) impone un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social.
…
3.2.2.1. Es importante recordar que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue crear un régimen de transición que beneficiara a las personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa que sería derogada con la entrada en vigencia de la ley 100. En concreto, en la Sentencia C-258 de 2013 se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de transición se traduce en la aplicación posterior de las reglas derogadas en cuanto a los requisitos de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no era un aspecto a tener en cuenta en dicho régimen.

Dicha voluntad del legislador, afirmó la Corte, puede evidenciarse del mismo texto del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100. Agregó que entender lo contrario, en el caso particular del régimen especial derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, desconocía el derecho a la igualdad.

Así, este Tribunal declaró inexequible la expresión “durante el último año” señalando que el IBL debía calcularse de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.
…
3.2.2.2. Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca.
…
3.2.2.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala evidencia que en el caso del actor no existe vulneración de su derecho al debido proceso, específicamente, no se estructuró el defecto sustantivo alegado, en razón a que si bien existía un precedente jurisprudencial que seguían las salas de revisión para resolver problemas jurídicos como el que ahora el actor pone a consideración de la Corte, lo cierto es que dicho precedente cambió a partir de los recientes pronunciamientos de la Sala Plena, en donde fijan un precedente interpretativo sobre el alcance de los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Sobre este punto, la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia objeto de reproche, realiza el siguiente análisis:

“Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado”.

Como se observa esta interpretación de la Sala Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria no contraría la reciente interpretación que fijó la Sala Plena de la Corte Constitucional acerca del IBL en el régimen de transición y, por eso, no se estructura el defecto sustantivo alegado.
…
3.3. CONCLUSIONES

3.3.1. Si bien existía un precedente reiterado por las distintas Salas de Revisión en cuanto a la aplicación del principio de integralidad del régimen especial, en el sentido de que el monto de la pensión incluía el IBL como un aspecto a tener en cuenta en el régimen de transición, también lo es que esta Corporación no se había pronunciado en sede de constitucionalidad acerca de la interpretación que debe otorgarse al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señalando que el IBL no es un elemento del régimen de transición.

3.3.2. En ese sentido, como la Sala Plena tiene competencia para establecer un cambio de jurisprudencia, aún en aquéllos casos en que existe la denominada jurisprudencia en vigor, el anterior precedente interpretativo es de obligatoria observancia».

De lo transcrito, se concluye que las posiciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado son contrarias en cuanto a los factores y el período a liquidar que debe cubrir el régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la primera, este no incluye el ingreso base de liquidación – IBL, y para el segundo, aquél sí es un ítem que está cobijado por este régimen.

Cabe mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia T-615 de 2016, hizo referencia a cuándo debía o no aplicarse su precedente relacionado con el IBL. Al respecto señaló:

«Lo anterior evidencia, sin ningún asomo de duda que la señora del Río Arellano adquirió su estatus pensional antes de haber sido proferida la sentencia C-258 de 2013, dado que cumplió los requisitos exigidos para ello el 4 de junio de 2006. En ese sentido, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la UGPP, por cuanto ello implicaría aplicar de manera retroactiva dicha providencia, lo cual no es de recibo porque, a menos que la Corte Constitucional module sus efectos, las sentencias que esta Corporación profiere deben ser aplicadas a partir del momento de su publicación.

Así las cosas, los parámetros establecidos en la sentencia C-258 de 2013, no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición, en razón a que constituyen derechos adquiridos, los cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Lo anterior, en plena observancia del artículo 48 Superior, según el cual en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y donde “el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”».

Ahora bien, esta Sala, con fundamento en la tesis expuesta en la sentencia T-615 de 2016, consideró en recientes providencias que aunque prevalecía la posición de la Corte Constitucional, frente a las de las demás Altas Cortes, lo cierto es que en cada caso hay que aplicar la tesis vigente al momento de adquirir el derecho pensional, posición, que debe ser modificada en consideración a que:

i) Para resolver el caso concreto, el Despacho sustanciador, que venía apartándose de la posición de dos de los integrantes de la Sala, revalúa su postura a la luz del principio de transparencia y con el fin de salvaguardar los derechos pensionales adquiridos de los ciudadanos y, en consecuencia, rectificó el criterio adoptado en casos similares, no en lo que respecta a la supremacía de las decisiones de la Corte Constitucional, sino frente a las situaciones a las cuales se le debe aplicar el respectivo precedente, pues esto obedece al criterio mayoritario de la Sala.

ii) En la posición que se acogió en otros asuntos, si bien se aceptaba que el precedente obligatorio es el de la Corte Constitucional, lo cierto es que se condicionó su aplicación a que el derecho pensional se causara después de proferida la sentencia de unificación SU-230 de 2015, lo cual, implicaba que en la práctica el precedente de la Corte no sea aplicable.

Lo anterior, toda vez que según el Acto Legislativo 01 de 2005, que establece el régimen de transición que trata la Ley 100 de 1993, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014.

En ese orden de ideas, la última de las oportunidades para cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición, fue para aquéllas personas que al 31 de diciembre de 2014, adquirieron su estatus pensional, pues después de esta fecha no es posible acogerse al régimen anterior, y empezó la aplicación plena de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, comoquiera que la referida sentencia de unificación, SU-230 fue proferida el 29 de abril de 2015, y la última oportunidad para cumplir con los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, fue el 31 de diciembre de 2014, queda claro que la posición de la Sección Quinta según la cual, dicha sentencia solo aplica para los casos en los cuales se adquirió el derecho pensional con posterioridad a la providencia de unificación de la Corte Constitucional, no tiene un efecto útil, pues no hay ninguna posibilidad de que alguien adquiera su derecho, a la luz del régimen anterior, después del 6 de julio de 2015, que fue la fecha en que se publicó la sentencia SU-230 de 2015 que reiteró la tesis expuesta por la Corte Constitucional, frente a los congresistas, respecto del IBL, a todos los beneficiarios del régimen de transición.

iii) En la reciente sentencia SU-395 de 2017, la Corte Constitucional, con ponencia del Dr. Luis Guillermo Pérez, consideró:

«8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.

8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo».

En concordancia con las consideraciones efectuadas a lo largo de esta providencia, la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en las providencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21).

Así las cosas, se encuentra que al ser esta la posición de la Corte Constitucional, expuesta en el marco de un análisis de constitucionalidad, debe ser este el precedente aplicable al asunto sub judice, consistente en que la interpretación correcta del mencionado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha estado dirigida, entre otros a que el IBL para quienes estuvieron amparados por el régimen de transición quedará regido por la Ley 100 de 1993 (art. 21 y 36), y no por las normas de los sistemas pensionales anteriores a la misma.

Lo anterior, toda vez que con éste se recoge cualquiera otra posición contraria, por el alcance que tienen, se reitera, las sentencias de constitucionalidad que dicta la Corte Constitucional, respecto de las cuales, criterios como el de favorabilidad, entre otros, no tienen aplicación, si se tiene en cuenta que es la sentencia de constitucionalidad la que fija el alcance de la norma y marca el sentido que siempre ha tenido la disposición que se analiza.

Ahora bien, como explicó la UGPP en el presente caso se vulneraron los derechos fundamentales mencionados, por parte del Tribunal Administrativo de Arauca, pues al decretar la mencionada medida cautelar, desconoció las normas y las sentencias de constitucionalidad acerca de la aplicación del régimen de transición, pues pasó por alto que al señor Jairo Alindo Morales Solano le era aplicable, para efectos del IBL, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, liquidar su pensión de vejez con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años para adquirir el derecho, de conformidad con el artículo 21 de la referida Ley 100 de 1993, a raíz de la fecha en que adquirió su estatus de pensionado, como lo hizo el acto administrativo suspendido y al disponer en el numeral segundo de la parte resolutiva del auto interlocutorio del 6 de septiembre de 2017, lo que sigue:

«…Como consecuencia de la anterior medida cautelar, ORDENAR a parte demandada, reconocer, liquidar y pagar de forma transitoria la pensión de vejez a favor del señor JAIRO ALINDO MORALES SOLANO, en cuantía equivalente al 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado el último año de servicios como JUEZ PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CUITO JUDICIAL DE ARAUCA, incluyendo todos los factores salariales, conforme lo señala el régimen excepcional para los empleados de la RAMA JUDICIAL dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, en concordancia con el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y el artículo 45 del Decreto 1005 de 1978, a partir de la fecha de notificación de esta providencia hasta tanto se profiera sentencia definitiva en el presente asunto.

La anterior medida comprende también el pago de las sumas retroactivas desde la fecha en que se hizo exigible la pensión de vejez por el cumplimiento de los requisitos legales y en caso de haberse pagado cifra menor se debe liquidar y pagar el excedente. Para lo cual deberá tenerse en cuenta la fecha del retiro forzoso, acaecida el 13 de enero de 2016 y la fecha de reconocimiento de la pensión, cuyo acto administrativo se suspende».

4.2. La tutela como mecanismo transitorio, en el caso concreto

Para este juez constitucional de la lectura de lo resuelto en la medida cautelar que se cuestiona, evidencia que, la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Arauca al ordenar liquidar la pensión de vejez con fundamento en el artículo 6º del Decreto No. 546 de 1971, en concordancia, con el artículo 12 del Decreto No. 717 de 1978 y el artículo 45 del Decreto No. 1005 de 1978, desconoce la interpretación dada por la Corte Constitucional al régimen de transición pensional, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Tal actuación, vulnera el debido proceso de la UGPP, lo que habilita a esta Sala de Decisión, el análisis de los requisitos para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, como fue solicitado por la accionante, en el presente caso.

El artículo 8º del Decreto No. 2591 de 1991, regula lo anterior en los siguientes términos:

«Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso».

La Corte Constitucional en la sentencia SU-339 del 4 de mayo de 2011, C. P. Humberto Antonio Sierra Porto, explicó que la procedencia transitoria de la protección de amparo, viene dada por la propia Constitución Política de 1991, al indicar:

«Tal como reza el artículo 86 constitucional, la acción de tutela tiene un carácter residual dado que su procedencia está supeditada a que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El alcance de esta disposición constitucional fue precisado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precepto que al regular la procedencia de la acción de tutela consagra en su numeral primero que ésta no procederá “[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”».

El órgano de cierre constitucional, en sentencia SU-686 del 5 de noviembre de 2015, C. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, advirtió para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, cuando los derechos fundamentales del accionante estén en riesgo inminente de sufrir un perjuicio irremediable, al explicar:

«17. Por otra parte, la tutela es procedente como mecanismo transitorio a pesar de que el mecanismo principal sea idóneo y eficaz, cuando los derechos fundamentales del demandante estén en riesgo inminente de sufrir un perjuicio irremediable. En esta hipótesis, la tutela resulta procedente para proveer una protección transitoria, mientras el juez competente adopta una decisión definitiva en el mecanismo judicial principal. Sin embargo, la tutela sólo procede como mecanismo transitorio cuando hay un riesgo inminente de que los derechos fundamentales del demandante sufran un perjuicio irremediable antes de que el juez adopte una decisión definitiva en el mecanismo principal.
…
28. Como se mencionó anteriormente, la tutela es procedente como mecanismo transitorio a pesar de que exista un mecanismo judicial de protección, idóneo y eficaz, cuando los derechos fundamentales del demandante estén frente a un riesgo de sufrir un perjuicio irremediable. Para ello es necesario acreditar que se trata de un perjuicio inminente, cierto, grave, evidente irreparable y urgente. Así lo ha sostenido la Corte en su jurisprudencia. Al respecto, la Sentencia T-922 de 2002 (Rodrigo Escobar Gil), reiterando los requisitos establecidos en una sentencia anterior, afirmó:

“Para establecer la irremediabilidad del perjuicio, se requiere que concurran los siguientes elementos estructurales, a saber: ‘la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término 'amenaza' es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral....’ (Sentencia T- 225/93. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).”

Así mismo, en la Sentencia esta Corporación en Sentencia T-1225 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda), sostuvo:

“Adicionalmente, en caso de que el medio judicial sí fuere eficaz e idóneo, el juez de tutela ha de estudiar si procede la acción de tutela como mecanismo transitorio, lo cual a su vez exige la presencia de un perjuicio irremediable. Éste se caracteriza por ser un daño inminente, cierto, evidente, de tal naturaleza “que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño”, y de tal magnitud que hiciere impostergable la tutela.”».

Para esta Sala de Decisión, hasta lo acá explicado, es claro que se cumplen las condiciones necesarias para otorgar el amparo transitorio deprecado por la entidad accionante, pues como ya se indicó la orden dada en el auto interlocutorio que resolvió la medida cautelar solicitada por el señor Jairo Alindo Morales Solano, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de marras, es contraria a la interpretación fijada por la Corte Constitucional sobre el IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, si bien la UGPP ya expidió el acto administrativo en cumplimiento de la medida cautelar, según la información escaneada del proceso ordinario, allegada en esta instancia, no se evidencia que aún se hubiese realizado pago alguno por ello; pues cualquier desembolso que se realice, será difícilmente recuperable por la entidad, pues el ciudadano los recibiría de buena fe, en cumplimiento de orden dada por el Tribunal Administrativo de Arauca, ahora accionado.

En vista de lo anterior, para esta Sala de Decisión los derechos fundamentales de la entidad demandante están en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, dándose así las condiciones de inminencia, gravedad, evidencia y urgencia, para amparar transitoriamente el debido proceso de la UGPP en el presente caso.

Como consecuencia de lo anterior, este juez constitucional ordenará suspender la medida cautelar dictada el 6 de septiembre de 2017, por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 81001-23-39-000-2017-00015, promovido por el señor Jairo Alindo Morales Solano, hasta que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado resuelva el recurso de apelación que la tutelante promovió contra el anterior auto interlocutorio.

Por otro lado, como la litis que se deba en el trámite ordinario, corresponden a derechos pensionales se dispondrá que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado dé prelación para resolver el recurso de apelación presentado dentro del mencionado proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar el fallo de tutela de primera instancia, del 22 de febrero de 2018, por medio del cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo deprecado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y, en su lugar, amparar transitoriamente el debido proceso de ésta, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar suspender la medida cautelar dictada el 6 de septiembre de 2017, por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 81001-23-39-000-2017-00015, promovido por el señor Jairo Alindo Morales Solano, hasta que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado resuelva el recurso de apelación que la tutelante promovió contra el anterior auto interlocutorio.

Por otro lado, disponer que la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado dé prelación para resolver el recurso de apelación presentado dentro del mencionado proceso.

TERCERO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Fls. 1 – 38
Fls. 46 – 50. Énfasis del original. Resaltados del original. Énfasis del original. Fls. 54. Fl. 64. Fls. 70 – 72. Fl. 77. Fls. 79 – 80. Fl. 84. Fls 85 – 89 A. Fl. 90. Fls. 92 - 95. Resaltados del original. Fls. 106 – 108 y 120 - 133. El fallo de primera instancia se notificó por correo electrónico el 5 de marzo de 2018 (fls. 96 - 104). La impugnación se allegó mail el día 6 de ese mes y año, es decir, dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991. Énfasis del original. Fl. 148. Fls. 159 – 165. Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001-03-15-000-2011-00546-01, accionante: Oscar Enrique Forero Nontien y accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTROS. Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actora: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Sobre la materia se pueden consultar los siguientes fallos de tutela de esta Sección, durante el presente año: Marzo 8, tutela No. 11001-03-15-000-2017-01963-01, accionante: María Concepción Ortiz Soler; C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Marzo 1, radicado No. 11001-03-15-000-2017-02976-00, actor: Rafael Augusto Rueda Gutiérrez, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Febrero 22, expediente No. 11001-03-15-000-2017-00878-01, demandante: Luis Héctor Rodríguez Muñoz, C. P. Alberto Yepes Barreiro. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado No. 33343, sentencia de 17 de octubre de 2008, MP. Gustavo José Gnecco Mendoza. Sección Segunda del Consejo de Estado, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2006-07509-01, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Negrilla del original. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 16 de diciembre de 2009, radicado No. 34863, MP. Gustavo José Gnecco Mendoza. Negrilla del original. Al efecto ver Sentencia T-078/14, CP. Dr. Mauricio González Cuervo.
«M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chlajub».
«M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub».
«M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub».
«Ver folio 53 del cuaderno principal». Negrilla del original. Cursiva del original. Frente a las cuales la ponente de esta sentencia salvó el voto. Ver por ejemplo la sentencia del 25 de enero de 2018, expediente No. 11001-03-15-000-2017-02585-00, accionante: Patricia Eugenia Villota Valencia; C. P.

Alberto Yepes Barreiro.
«Consultar, entre otras, las Sentencias C-789 de 2002, C-1011 de 2008 y C-258 de 2013».
«En la Sentencia C-754 de 2004, este Tribunal, reiteró la Sentencia C-789 de 2002, y señaló que aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegía las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse, la consagración de tal tipo de régimen generó un derecho a continuar en el régimen de transición para quienes ya ingresaron a él, por lo que los cambios normativos posteriores que afecten ese derecho resultan inconstitucionales. Con todo, la Corte explicó que ello no implica la imposibilidad del legislador de hacer modificaciones al sistema pensional, pero ellas siempre deberían respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la toma de decisiones del legislador. En igual sentido, consultar la sentencia C-789 de 2002».
«Mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que “el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.”»
Cursiva del original. Negrilla del original.
«Referencia: Expediente T-2.735.401. Accionante: Juan Carlos Abuabara Eljadue». Referencia: Expediente T-2972159. Accionante: Empresa de Energía del Pacífico E.S.P. S.A. – EPSA. Resaltados del original.

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