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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03031-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
17 de mayo de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03031-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero. – AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en consecuencia, DÉJASE sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 16 de marzo de 2017. Segundo.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Tolima proferir una decisión de reemplazo en la que (i) exprese los fundamentos fácticos y jurídicos que fundamentan la decisión de que la madre biológica de Didier Yohany deba compartir el monto de la indemnización de perjuicios morales con la compañera permanente del padre y (ii) aplique el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en torno a las exigencias para el reconocimiento de los perjuicios morales en favor de los hermanos de la víctima. Tercero-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03031-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

17 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / COMPARTIBILIDAD DE MONTO INDEMNIZATORIO RECONOCIDO EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Ausencia de fundamentación jurídica y fáctica / REGLA APLICABLE PARA TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES / REQUISITO PARA ACREDITAR PERJUICIO EN FAVOR DE HERMANOS DE LA VÍCTIMA DEL DAÑO - Prueba de parentesco o registro civil

[P]ara la Sala resulta claro que para el Tribunal Administrativo del Tolima, la convivencia de la víctima al momento de su muerte con [N.Y.T.V] permite demostrar el perjuicio moral. No obstante, advierte la ausencia de una fundamentación jurídica y fáctica en torno a la compartibilidad del monto indemnizatorio reconocido a la madre biológica. De acuerdo con ello, frente a este cargo de la demanda evidencia la Sala que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima en torno a que la madre biológica de [D.Y.M.Q] deba compartir el monto de la indemnización que le fue reconocida con la compañera permanente del padre, carece de motivación. De esta manera se desconocieron las garantías fundamentales del derecho fundamental al debido proceso de los accionantes (…) conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sido reafirmada por la Corte Constitucional, para acceder al reconocimiento de perjuicios morales respecto de los familiares más cercanos de la víctima, como es el caso de los hermanos, debe acreditarse únicamente el parentesco, lo cual permite al operador judicial inferir el sufrimiento y dolor de aquellas con ocasión del daño. En virtud de lo anterior, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima al exigir que se acreditara una prueba en torno a los lazos de afecto que existían entre Yadira Paola Madrigal Quintero y el menor [W.A.Q.R] hermanos de [D.Y.M.Q], incurrió en desconocimiento del precedente judicial relativo a la presunción de la afectación de los hermanos de quien ha sido víctima del hecho dañoso, por lo que accederá al amparo constitucional solicitado.

NOTA RELATORÍA: Sobre las reglas aplicables para la tasación de perjuicios morales, ver las sentencias del 01 de marzo de 2006, exp. 15440, M.P. María Elena Giraldo Gómez, del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón y del 22 de junio de 2017, exp. 210-00549-01(49686), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, todas de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03031-00(AC)

Actor: YADIRA PAOLA MADRIGAL QUINTERO, NUBIA TERESA QUINTERO ORTIZ EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL MENOR WILMER ADRIÁN RUIZ QUINTERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida, a través de apoderado, por YADIRA PAOLA MADRIGAL QUINTERO (hermana), NUBIA TERESA QUINTERO ORTIZ (madre) en nombre propio y en representación del menor WILMER ADRIÁN RUIZ QUINTERO (hermano), contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, reparación integral y confianza legítima con la sentencia proferida el 16 de marzo de 2017, por el Tribunal Administrativo del Tolima que confirmó parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Armenia, dentro del trámite de la acción de reparación directa promovida por Luis Ulises Madrigal, Nubia Teresa Quintero Ortiz en nombre propio y en representación del menor Wilmer Adrián Ruiz Quintero, Aminta Madrigal, Nelcy Yisela Tafur Villamarin, Luis James Madrigal Quintero, Luis Fernando Madrigal Quintero, Merly Ximena Madrigal Tafur contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional con ocasión de la muerte de Didier Yohany Madrigal Quintero.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El 1 de enero de 2006, Didier Yohany Madrigal Quintero murió por causa de una fuerte golpiza que le propinaron miembros del Ejército Nacional, cuando intervinieron una riña entre él y otra persona. Bajo esa circunstancia, Luis Ulises Madrigal (padre), Nubia Teresa Quintero Ortiz (madre), Aminta Madrigal (abuela), Nelcy Yisela Tafur Villamarin (compañera permanente del padre), el menor Wilmer Adrián Ruiz Quintero (hermano), Luis James Madrigal Quintero (hermano), Luis Fernando Madrigal Quintero (hermano), Merly Ximena Madrigal Tafur (hermana) y Yadira Paola Madrigal Quintero (hermana), promovieron acción de reparación directa a fin de que se declarara patrimonialmente al Ejército Nacional, por los perjuicios generados por la muerte de su familiar.

En primera instancia, correspondió por reparto el conocimiento de la demanda al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Armenia que mediante sentencia del 28 de octubre de 2015, declaró responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional por los perjuicios morales que padecen los familiares de Didier Yohany, bajo las condiciones que se ilustran en la siguiente tabla:

NOMBRE
PARENTESTO
MONTO
Luis Ulises Madrigal
padre
100 SMLMV
Nubia Teresa Quintero Ortiz
Madre
100 SMLMV
Aminta Madrigal
abuela
50 SMLMV
Wilmer Adrián Ruiz Quintero
Hermano

50 SMLMV
Luis James Madrigal Quintero
hermano
50 SMLMV
Luis Fernando Madrigal Quintero
hermano
50 SMLMV
Merly Ximena Madrigal Tafur

hermana
50 SMLMV
Nelcy Yisela Tafur Villamarin
Compañera permanente del padre
15 SMLMV

Inconformes con la anterior decisión, ambas partes apelaron. El demandante, a su turno, presentó su inconformidad en relación con los siguientes aspectos: (i) los perjuicios morales correspondían tasarse en un monto superior a los 100 SMLMV por tratarse de una violación al DIH, (ii) Yadira Paola Madrigal Quintero hermana de Didier Yohany no fue incluida dentro de los familiares respecto de los cuales se ordenó indemnizar los perjuicios morales y (iii) el monto establecido para la reparación de Nelcy Yisela Tafur Villamarin (compañera permanente del padre) debe ser igual al de su madre, dado que convivía con él al momento de su muerte.

Por su parte, el Ejército Nacional controvirtió la decisión de primera instancia, al considerar que no se encontraba demostrado que la muerte de Didier Yohany hubiese sido ocasionada por miembros de la Institución, pues de acuerdo con la historia clínica el deceso se produjo por una peritonitis. Agregó, que se configuró la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, en tanto Didier no acató las órdenes de los militares cuando intentaban controlar la riña y los agredió.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 16 de marzo de 2017, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. En tal sentido, (i) modificó el monto de indemnización por perjuicios morales tasados en favor de la madre y la compañera permanente del padre de Didier Yohany, declarando que el reconocido a la primera correspondía ser compartido con la segunda y de acuerdo con ello, fijó un monto equivalente a 50 SMLMV para cada una de ellas; (ii) negó el reconocimiento de la indemnización de perjuicios en favor del menor Wilmer Adrián Ruiz Quintero (hermano), en consideración a que cuando murió Didier aquél tenía tres años de edad, lo que impediría “dimensionar la afectación moral sufrida”; (iii) negó el reconocimiento de la indemnización reconocida en favor de Yadira Paola Madrigal Quintero (hermana), en razón a que no acreditó los lazos de afecto con Didier Yohany ni su cercanía, pues los testigos nunca hicieron referencia a ella como su hermana.

La citada sentencia fue corregida mediante providencia del 22 de mayo de 2017, en el sentido de sustituir el término “hermanastro” por “hermano materno”, al referirse al menor Wilmer Adrián Ruiz Quintero.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, a fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y reparación integral, los cuales consideraron vulnerados al modificar el fallo de primera instancia, en consideración a que la misma (i) carece de motivación razonable, pues no se expresa el fundamento en que se soporta la decisión de que la madre biológica comparta con la compañera permanente del padre de Didier el monto de la indemnización de los perjuicios morales que le fue reconocida en un 50% y (ii) viola el derecho a la igualdad y desconoce el precedente constitucional establecido en torno a las exigencias para acceder al reconocimiento de la indemnización del daño moral por parte de los hermanos de la víctima, en tanto conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional basta con probar el parentesco.

Así mismo, hizo referencia a que el Tribunal Administrativo del Tolima abordó aspectos que no fueron debatidos en el recurso de apelación por ninguna de las partes, como es el caso de “la condena a pagar perjuicios al menor hermano de Didier Yohany Madrigal Quintero, niño Wilmer Adrián Ruiz Quintero, ni la tasación hecha respecto de los perjuicios de la madre del joven asesinado. Tampoco se refirió a la hermana ignorada en la sentencia de primera instancia, Srta. Yadira Paola Madrigal Tafur”.

3. Pretensiones

Los accionantes expresaron en el escrito de tutela las siguientes:

“Por medio de la presente se requiere al señor Magistrado que TUTELE los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la C.N., el DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política; el derecho a acceder a la justicia, el derecho a la reparación integral del daño antijurídico (art. 90 de la C.N.), y el principio constitucional de la confianza legítima, entre otros.

Ordenar al H. Tribunal Superior del Tolima rehacer la sentencia impugnada de tal manera que se respeten y protejan los derechos fundamentales de los tutelantes, tal como se ha argumentado en esta demanda”.

4. Pruebas relevantes

4.1. Obran en el expediente los siguientes documentos:

Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Armenia.
Copia de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Asimismo, dentro del trámite de tutela se allegó el expediente correspondiente al proceso Nº 73001333100320080004701 del medio de control de reparación directa promovido por Luis Ulises Madrigal, Nubia Teresa Quintero Ortiz en nombre propio y en representación del menor Wilmer Adrián Ruiz Quintero, Aminta Madrigal, Nelcy Yisela Tafur Villamarin, Luis James Madrigal Quintero, Luis Fernando Madrigal Quintero, Merly Ximena Madrigal Tafur contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

5. Trámite procesal

Mediante auto del 23 de noviembre de 2017, la Consejera Sustanciadora dispuso la admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esta providencia a la parte demandante, a la autoridad judicial accionada y a la que hubiese asumido el conocimiento de los procesos del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Armenia, y como terceros interesados en el resultado del proceso a los señores Nelcy Yisela Tafur Villamarin, Luis James Madrigal Quintero, Luis Ulises Madrigal y Aminta Perdomo.

Del mismo modo se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

También, se solicitó en calidad de préstamo el expediente correspondiente al proceso Nº 73001333100320080004701.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima

La Magistrada ponente de la decisión objeto de reproche constitucional señaló que teniendo en cuenta que ambas partes apelaron la decisión el Tribunal podía “resolver sin limitaciones” conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (norma que rige los procesos de trámite escritural).

En relación con la presunción de los perjuicios morales, manifestó que la misma no es absoluta “pues el Consejo de Estado ha enseñado que las mismas podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.” Agregó que en la sentencia se fundamentó con suficiencia la decisión de excluir a los hermanos Wilmer Adrián quien no convivía con la víctima y tenía tres años de edad cuando murió Didier, y Yadira Paola quien tampoco residía con la víctima y sobre la cual no hay referencia por parte de los testigos sobre su cercanía, como sí ocurrió con sus otros familiares.

Por último, anotó sobre la decisión de que el monto de la indemnización reconocido a la madre de Didier debía ser compartido con la compañera permanente del padre, señaló que ello obedeció a que se demostró que la víctima vivía con ella y creó un vínculo con ella, al tiempo que conservaba la relación con su madre biológica.

6.2. Respuesta del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué

El titular de ese despacho manifestó que se abstiene de efectuar algún pronunciamiento en relación con los fundamentos de la decisión cuestionada, en razón a que se trata de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en ejercicio de su autonomía judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales invocados por los actores con la decisión de confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Armenia y, en su lugar (i) modificar el monto de indemnización por los perjuicios morales tasados en favor de la madre de Didier y la compañera permanente de su padre, declarando que el mismo correspondía ser compartido por ambas en partes iguales y (ii) negar el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales en favor de Wilmer Adrián Ruiz Quintero y Yadira Paola Madrigal Quintero hermanos de la víctima.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de presupuestos generales de procedencia

Encuentra la Sala que el presente caso cumple los presupuestos generales que habilitan la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) goza de relevancia constitucional, pues se trata de determinar si la autoridad judicial accionada adoptó una decisión que carece de motivación, desconoce el precedente jurisprudencial y que abordó aspectos no sujetos a su consideración en el recurso apelación, vulnerando así las garantías fundamentales del debido proceso de los accionantes; (ii) la decisión objeto de tutela fue proferida en segunda instancia y, por lo tanto, no procede otro recurso ordinario. Así mismo, el debate planteado no se enmarca dentro de alguna causal del recurso extraordinario de revisión; (iii) la providencia contra la cual se dirige la acción de tutela fue notificada mediante edicto desfijado el 28 de marzo de 2017. Asimismo el auto a través del cual se corrigió una expresión contenida en la misma, fue notificado mediante estado del 25 de mayo de 2017 y la acción de tutela fue promovida el 14 de noviembre de 2017, es decir, que transcurrieron cinco meses y veinte días, por lo tanto fue presentada oportunamente (inmediatez); (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) no se trata de tutela contra tutela.

4.2. Análisis de fondo de los cargos presentados contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima

Los reproches de los accionantes frente a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima se pueden resumir en tres cargos: (i) defecto orgánico al haberse pronunciado el Tribunal sobre la indemnización reconocida en favor del menor Wilmer Adrián Quintero Ruiz, aspecto que no fue objeto del debate en el recurso de apelación; (ii) decisión sin motivación, frente a la compartibilidad del monto reconocido en favor de la madre de la víctima con la compañera permanente del padre y (iii) desconocimiento del precedente jurisprudencial relativo a la presunción de los perjuicios morales por parte de los hermanos de la víctima Wilmer y Yadira Paola.

Lo primero que le corresponde determinar a la Sala, es si se configuró un defecto orgánico por la presunta falta de competencia del Tribunal Administrativo del Tolima para pronunciarse sobre hechos que no fueron debatidos en los recursos de apelación presentados por las partes y en caso de ser afirmativa la respuesta, determinar si con ello se lesiona el debido proceso.

En relación con este defecto, la Corte Constitucional ha encontrado que el mismo se configura en dos hipótesis: “(i) la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales; y (ii) la temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la autoridad judicial las ejerce por fuera del término previsto para ello”.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-152 de 2013, estudió una tutela en la que se reprochaba el hecho de que un juez de segunda instancia abordara aspectos que no hicieron parte de los recursos de apelación promovidos por ambas partes, a partir de la caracterización del defecto orgánico, técnica que empleará la Sala en esta oportunidad.

Observa la Sala que el debate propuesto por la parte demandante en el recurso de apelación consistió en (i) la exclusión de Yadira Paola Madrigal Quintero en el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales sufridos como hermanos de la víctima y (ii) en el monto de la indemnización reconocida a la compañera permanente del padre de Didier, en tanto consideró que dada su convivencia al momento de morir correspondía el mismo porcentaje reconocido a la madre biológica.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional discutió el hecho de que se hubiese declarado responsable por los perjuicios causados con la muerte de Didier, habiéndose configurado la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Es decir, en efecto ninguna de las partes cuestionó la decisión de primera instancia en lo pertinente con el reconocimiento de la indemnización por los perjuicios morales sufridos por el menor Wilmer Adrián Ruiz Quintero.

Sin embargo, considera la Sala que el Tribunal Administrativo del Tolima estaba habilitado para pronunciarse sobre cualquier aspecto de la litis planteada por las partes involucradas en el proceso, en razón a que ambas apelaron la sentencia de primera instancia. Esto, con fundamento en el artículo 357 del CPC, norma aplicable en ese asunto, en tanto la demanda fue promovida en vigencia del CCA. La referida disposición establece:

”La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones” (Énfasis fuera del texto original)

Esa norma ha sido aplicada por esta Corporación. De esta manera, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado al resolver un recurso de apelación presentado contra una sentencia de primera instancia, advirtió que al recurso de apelación que había presentado la parte demandada se había adherido la parte actora, y de acuerdo con ello consideró necesario determinar la competencia de “decidir sin limitaciones” en virtud de los recursos de apelación y la adhesión a los mismos. En concreto, expresó:

“Como quiera que, previo a la acumulación de los procesos, en ambos expedientes tanto las entidades demandadas como la aseguradora llamada en garantía presentaron recursos de apelación y, posteriormente, la parte demandante presentó una apelación adhesiva, se abre la litis, situación que se traduce en la facultad que tiene el juez de segunda instancia de decidir el asunto sin limitaciones, por cuanto se entiende que la apelación es conjunta, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil”. (Negrilla fuera del texto original)

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-152 de 2013, al resolver una solicitud de amparo del derecho fundamental al debido proceso en la que se acusaba a una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima de haber incurrido en defecto orgánico, al pronunciarse sobre aspectos que no habían sido objeto de los recursos de apelación, estimó razonable la actuación judicial reprochada a partir de lo establecido en los artículos 352 y 357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al caso concreto. Al respecto, sostuvo:

“La interpretación hecha por el Tribunal Administrativo de Tolima, en el sentido de entender que contaba con la competencia para pronunciarse sobre cualquier aspecto de los contemplados en las pretensiones de la demanda, resulta razonable i) a la luz de las disposiciones procesales vigentes al momento de producirse dicho pronunciamiento, esto es los artículos 352 y 357 del Código de Procedimiento Civil; y, adicionalmente, ii) a la luz de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado –encargada de resolver, entre otros, los asuntos atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado- y de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que han interpretado de la misma forma el contenido del artículo 357 del CPC, la primera en casos concretos y la segunda con ocasión del examen de adecuación constitucional de la norma en cuestión.

Son estos los argumentos que llevan a concluir que la sentencia proferida por el Tribunal del Tolima en segunda instancia no es un caso de defecto orgánico como causal de procedibilidad específica en materia de acción de tutela contra providencias judiciales o, lo que es lo mismo, no fue proferida por un juez carente de competencia para hacerlo”.

En ese marco, la Sala encuentra que como quiera que ambos extremos de la litis apelaron la sentencia de primera instancia, resulta acertada la actuación del Tribunal Administrativo del Tolima en el sentido de pronunciarse sobre el reconocimiento de la indemnización por los perjuicios morales sufridos por el menor Wilmer Adrián Ruiz Quintero al ser una pretensión de la demanda. Por lo tanto, no se configuró el defecto orgánico y no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

Frente al segundo cargo, decisión sin motivación, la Corte Constitucional ha definido que constituye un presupuesto específico de procedibilidad de tutela contra providencia judicial, definiéndolo como “el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido.

En lo pertinente a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Tolima consistente en que el monto de la indemnización por perjuicios morales reconocida a la madre biológica de Didier Yohany debe ser compartida con la compañera permanente del padre, la Sala observa que la autoridad judicial accionada expresó como fundamento de la misma lo siguiente:

“Considera la Sala que le asiste razón al apoderado de la parte demandante, en vista a que de las pruebas practicadas dentro del proceso se desprende que Didier Yohany convivió junto a su madrastra NELSY YISELA TAFUR VILLAMARIN durante la etapa de la adolescencia y que sufrió aflicción emocional por el deceso de su hijastro.

No obstante lo anterior, considera la Sala que la indemnización reconocida a favor de la señora NELCY YISELA TAFUR VILLAMARIN debe ser aumentada pero compartida con la madre biológica de la víctima, teniendo en cuenta el tiempo disfrutado con él, debiéndose otorgar a cada una de ellas el equivalente a 50 S.M.L.M.V”.

Al respecto, encuentra la Sala que el citado argumento empleado por el Tribunal Administrativo del Tolima sirve de fundamento de la decisión adoptada en torno al derecho de acceder al reconocimiento de la indemnización de perjuicios morales en favor de Nelcy Yisela Tafur Villamarin quien era la compañera permanente del padre de Didier Yohany, con quien convivía al momento de su muerte.

Sin embargo, el mismo no constituye fundamento sobre la decisión relativa a que la madre biológica deba compartir el monto de la indemnización que le fue reconocida (100 SMLMV) con la compañera permanente del padre de Didier.

Es decir, para la Sala resulta claro que para el Tribunal Administrativo del Tolima, la convivencia de la víctima al momento de su muerte con Nelcy Yisela Tafur Villamarin permite demostrar el perjuicio moral. No obstante, advierte la ausencia de una fundamentación jurídica y fáctica en torno a la compartibilidad del monto indemnizatorio reconocido a la madre biológica.

De acuerdo con ello, frente a este cargo de la demanda evidencia la Sala que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima en torno a que la madre biológica de Didier deba compartir el monto de la indemnización que le fue reconocida con la compañera permanente del padre, carece de motivación. De esta manera se desconocieron las garantías fundamentales del derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.
Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial relativo a la posibilidad de inferir el perjuicio moral que padecen los hermanos de la víctima a partir de la acreditación de su parentesco, la Sala encuentra que este cargo está llamado a prosperar, en tanto advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima está dando aplicación a una postura contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado, al exigir que se acredite los lazos de afecto y solidaridad adicional al parentesco.

Sobre ese particular, la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, estableció las reglas aplicables a la tasación de los perjuicios morales y reafirmó el precedente en torno a la posibilidad de inferir el dolor y sufrimiento respecto de los parientes más cercanos a la víctima del daño, advirtiendo que para ello basta con que se acredite el parentesco. Al respecto, expresó lo siguiente:

“Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes cercanos, según corresponda”.

Bajo esa misma línea, en sentencia del 17 de mayo de 2017, esta Corporación refutó el argumento expuesto por el Ejército Nacional en lo pertinente a la indemnización de perjuicios reconocida en favor de los hermanos de una víctima de homicidio propiciado por miembros de esa institución, que sugería que dada la adicción de las sustancias alucinógenas se desvirtuaba los lazos de afecto entre ellos, pues esa circunstancia lo había alejado de su hogar.

Frente a ello, el Consejo de Estado consideró que la exigencia de probar lazos de afecto entre la víctima y los parientes más cercanos constituía un hecho de revictimización. Resaltó que la forma como se desarrollan las relaciones familiares hace parte de la intimidad familiar y son ajenas a la valoración del daño. En concreto, expresó lo siguiente:

“Además, los argumentos de la defensa constituyen una violación a los derechos de los demandantes, a quienes se vulnera su derecho a la memoria digna de la víctima. La Sala encuentra improcedente y revictimizante el análisis presentado por el Ministerio de Defensa para excluir el daño moral de los familiares de la víctima, en el sentido de que su condición de drogadicto le hacía ausentarse de casa para buscar el alucinógeno y que esa falta de convivencia permanente ponía en entredicho los lazos de afecto.

Se advierte que la situación de enfermedad por drogadicción debe merecer, por parte de las autoridades, incluyendo al Ejército, en su actuación misional, y al Ministerio de Defensa en su condición de apelante, la mayor consideración, de acuerdo con los artículos 2, 13 y 47 de la Constitución Política.

Mal puede la defensa entrar a inferir, con base en prejuicios, la afectación del vínculo afectivo a partir del hecho de la discontinuidad en la convivencia de los miembros de una familia. Si el señor Daniel Vásquez Ocampo se ausentaba con frecuencia de su hogar por su problema de drogadicción, esto no necesariamente comporta una disfuncionalidad familiar y aún en el evento que lo fuera, tal situación es y debe ser ajena a la valoración del daño.

Se advierte que la competencia de los intervinientes procesales y de las autoridades judiciales está materialmente limitada por principios jurídicos como el del respeto a la intimidad personal y familiar, de modo que la dinámica de los afectos y sentimientos intrafamiliares están blindados contra el escrutinio no autorizado. Si bien el fallador puede establecer un sistema de inferencias de afecto basado en las reglas de la experiencia, no está llamado a hacer conjeturas sobre la intensidad del cariño o los problemas intrafamiliares con base en la información, siempre limitada, como si hubiese sido instituido juez de los afectos más íntimos. Lo contrario constituye violación de los artículos 5, 15 y 42 de la Constitución Política; 11. 2 y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En igual sentido, en la sentencia del 22 de junio de 2017, esta Corporación se refirió a las exigencias para acceder al reconocimiento de perjuicios morales de los parientes cercanos en los siguientes términos:

“Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda”.

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-934 de 2009, efectuó un estudio riguroso de la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado en torno al reconocimiento de los perjuicios morales en favor de los hermanos de quien ha sufrido un daño.

En tal sentido, destacó que en iniciales pronunciamientos se consideraba que no bastaba con demostrar el parentesco, sino que además era necesario acreditar lazos de solidaridad y afecto, sin embargo, esta postura fue abandonada por la Corporación acogiendo una nueva la cual permite presumir el daño moral por parte de los hermanos.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional arribó a las siguientes conclusiones:

“7.1. De conformidad con el plan trazado, en lo atinente a la indemnización por perjuicios morales a los hermanos de la víctima resta una comparación entre la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, que no los reconoció a los demandantes en tutela, y la jurisprudencia que sobre el particular ha sentado la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

7.2. Según se acaba de ver, en la mencionada Sección ha habido un cambio en la orientación de la jurisprudencia y la variación ha comportado el paso de la exigencia de demostrar los vínculos de afecto que unían a los hermanos a la sola exigencia de demostración del parentesco mediante los registros civiles, habida cuenta de que, en atención a las reglas surgidas de la experiencia, es posible presumir que los hermanos se profesan afecto y que el daño causado a alguno aflige a los otros.

7.3. En las condiciones anotadas, resulta fácil concluir que la tesis adoptada en la sentencia cuestionada mediante el ejercicio de la acción de tutela corresponde a la posición abandonada por el Consejo de Estado y que, debido a ello, el Tribunal Administrativo de Nariño desconoció la jurisprudencia vigente, pues sólo ordenó la indemnización por perjuicios morales a favor de la madre del soldado profesional Hugo Hernández, mas no a favor de sus hermanos, a quienes descartó por ser mayores de edad y no haber probado especiales lazos de afecto con la víctima.

7.4. Ciertamente el Consejo de Estado como máxima autoridad judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la función de unificar la jurisprudencia en su respectivo ámbito y, por esa razón, los precedentes que fije en desarrollo de su labor de unificadora deben ser acatados por los tribunales y jueces de inferior jerarquía”.

En suma, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sido reafirmada por la Corte Constitucional, para acceder al reconocimiento de perjuicios morales respecto de los familiares más cercanos de la víctima, como es el caso de los hermanos, debe acreditarse únicamente el parentesco, lo cual permite al operador judicial inferir el sufrimiento y dolor de aquellas con ocasión del daño.

En virtud de lo anterior, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima al exigir que se acreditara una prueba en torno a los lazos de afecto que existían entre Yadira Paola Madrigal Quintero y el menor Wilmer Adrián Quintero Ruiz hermanos de Didier Yohany Madrigal Quintero, incurrió en desconocimiento del precedente judicial relativo a la presunción de la afectación de los hermanos de quien ha sido víctima del hecho dañoso, por lo que accederá al amparo constitucional solicitado.

5. Razón de la decisión

Encuentra la Sala, que el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes al (i) decidir la compartibilidad del monto de la indemnización reconocida a la madre biológica con la compañera permanente del padre de Didier, sin expresar los argumentos fácticos y jurídicos en que se sustenta la misma y (ii) desconoció el precedente jurisprudencial al exigir para el reconocimiento de la indemnización de perjuicios morales, además de acreditar el parentesco, demostrar lazos de afecto y cercanía respecto de Yadira Paola Madrigal Quintero y el menor Wilmer Adrián Quintero Ruiz hermanos de la víctima.

De otra parte, encuentra que no se vulneraron las garantías constitucionales de los accionantes al decidir sobre aspectos no sujetos al debate presentado en los recursos de apelación promovidos por ambas partes, en tanto precisamente el hecho de que el demandante y el demandado apelaran la sentencia de primera instancia, facultó al superior para pronunciarse sin limitaciones sobre los aspectos de la demanda, conforme a lo establecido en el artículo 357 del CPC, norma vigente para el caso sometido a estudio de la jurisdicción contencioso administrativa.

Bajo ese escenario, conforme a las anteriores consideraciones, se concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso y dispondrá que se profiera una nueva decisión conforme a los fundamentos desarrollados en esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. – AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en consecuencia, DÉJASE sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 16 de marzo de 2017.

Segundo.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Tolima proferir una decisión de reemplazo en la que (i) exprese los fundamentos fácticos y jurídicos que fundamentan la decisión de que la madre biológica de Didier Yohany deba compartir el monto de la indemnización de perjuicios morales con la compañera permanente del padre y (ii) aplique el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en torno a las exigencias para el reconocimiento de los perjuicios morales en favor de los hermanos de la víctima.

Tercero- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Folio 294 del expediente del trámite ordinario. Los montos fueron definidos de conformidad a la regla general para la reparación del daño moral establecida por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Expediente 26.251.
Folio 7 del cuaderno principal.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Folio 354 del cuaderno del trámite ordinario.
Folios 363 del cuaderno del trámite ordinario.
Sentencia SU-565 de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo.
M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada. Al respecto, también se puede consultar las sentencias T-1097 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-605 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Folios 311 a 325 del cuaderno del trámite ordinario.
Sentencia de 23 de febrero de 2012, Expediente 1996-21064-01 (21.064) M.P.
M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada
Sentencia T-310 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Expediente: 36.149, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón (E)
Aun cuando se abordó en esa oportunidad un caso de privación injusta de la libertad, estos criterios se han aplicado en otras temáticas.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1° de marzo de 2006. Expediente 15440. MP: María Elena Giraldo Gómez.
M.P. Stella Conto Díaz, expediente 2008-00097-01(41511).
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 2010-00549-01(49686).
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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