RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2017-03053-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03053-00

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03053-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente, por no superar los requisitos de relevancia constitucional ni motivación de la vulneración alegada, la solicitud de tutela presentada por Javier Elías Arias Idárraga en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 11 https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=6600123310002012000690211001 03 12 Ibidem 7 Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00 Demandante: Javier Elías Arias Idárraga Tercero. Notificar la presente decisión a Aura María Escobar Cortés; al municipio de Dosquebradas, Secretaría de Obras Públicas; a la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres de Dosquebradas; y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-03053-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda

Tema: Tutela contra providencia judicial / Auto negó apelación adhesiva
de coadyuvante en acción popular

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Javier Elías Arias Idárraga, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Javier Elías Arias Idárraga promovió solicitud de tutela1 con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la no concesión de la apelación adhesiva presentada en calidad de
coadyuvante por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda, en la acción popular
2016-00096-00.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

«[…] Actuo en la A popular 66001233100020120006901, MP Fernando A, Alvarez. El
magistrado cree poder negar una apelación adhesiva q` presente en términos y en
derecho.

Bajo auto fechado 12 de septiembre de 2017, negó mi apelación adhesiva el tutelado.
[…]» (sic).

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Se ordene inmediatamente admitir mi apelación adhesiva.

1 Ver índice 2 de SAMAI, archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

Se ordene al tutelado que consigne un listado completo de todos las A populares conde
haya negado apelaciones adhesivas y donde como coadyuvante haya negado las
apelaciones. Esto a fin de TUTELARLO. […]» (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda guardó silencio.

1.2.2. El municipio de Marmato guardó silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) cuestión previa; ii) competencia para decidir; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) problema jurídico y v) análisis de la Sala.

2.1. Cuestión previa

Se advierte que la solicitud de tutela objeto de esta decisión fue repartida el 16 de junio
de 2017 al consejero que en esa época era titular del despacho ponente, sin embargo,
solo hasta el 25 de septiembre del 2023, con ocasión de un informe remitido por la
Secretaría General de esta corporación, se advirtió que el asunto se encontraba
pendiente de resolver, por lo que, sin más dilaciones se procederá a proferir sentencia.

2.2. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 20212, esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado3 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema4. Al respecto señaló lo
siguiente:

2 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena5, adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional6 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos7, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales8.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por Javier Elías Arias
Idárraga supera el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la relevancia
constitucional y motivación de la vulneración alegada

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 consideró que cuando se
presenten solicitudes de tutela contra providencias judiciales, es fundamental que
quien considere vulnerados sus derechos fundamentales por esta razón, explique
la relevancia constitucional en el respectivo caso y manifieste de manera motivada
el porqué de su decir, más exactamente señaló:

«[…] a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

[…]

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí
es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos. […]».

Posición reiterada a través de sentencia SU-215/20229:

«[…] 33. Así pues, la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro
finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las
jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
9 MP. Natalia Ángel Cabo.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal .

34. Para determinar si una acción de tutela en contra de una providencia judicial,
cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, esta Corporación ha
identificado algunos criterios relevantes, a saber:

35. En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.” De
acuerdo con la Sentencia SU-573 de 2019 el asunto debe ser “trascendente para la
interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”

36. En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica. Como se indica en la sentencia mencionada, un asunto carece de
relevancia constitucional cuando, entre otras razones,

“(i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de derecho,
como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango reglamentario o
legal salvo que de esta se “desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico,
por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, que no representen un interés general”.

37. Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la
mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”.

38. En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental. En ese sentido, no basta con la sola referencia a la afectación de las
garantías superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, pues “la
acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental”.

39. Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de
los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas
cortes son tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”. […]».

Como se observa, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener
que el juez de tutela solamente puede analizar casos que tengan una marcada y

5

Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

evidente relevancia constitucional10, cuya finalidad es i) evitar que la solicitud de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de tipo económico; ii)
impedir que se convierta en una instancia adicional y iii) preservar la competencia e
independencia del juez natural.

En concordancia con lo anterior, también se requiere la exposición de argumentos
suficientes que permitan evidenciar que la providencia judicial cuestionada afectó
de manera grave un derecho fundamental, no simplemente manifestar el mero
descuerdo.

Tales afirmaciones encuentran sustento en el entendido de que la omisión de estos
requisitos generaría que el juez de tutela se pronuncie sobre asuntos que han sido
asignados a autoridades judiciales específicas, por lo que podrían incurrir en un
desbordamiento de sus competencias.

2.4.2 Caso en concreto

Javier Elías Arias Idárraga acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y, en consecuencia,
se ordenara al Tribunal Administrativo de Risaralda que concediera la apelación
adhesiva interpuesta en la acción popular 66001233100020120006900.

Al respecto, para la Sala es relevante señalar que, precisamente la falta de
argumentación de la vulneración alegada y la ausencia de pruebas que permita
evidenciarla impide emitir una decisión de fondo en el presente asunto, pues lo único
que señaló el demandante en su escrito fue su desacuerdo con el auto proferido el
12 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante el
cual le negó la «apelación adhesiva».

En este punto, mal puede pretender Javier Elías Arias Idárraga que el juez de tutela
se convierta en juez y parte dentro del asunto a decidir, esto es sustituir al
demandante en el planteamiento de los argumentos que sustenten su intención de
acudir ante el juez constitucional y pronunciarse frente a ellos; pues si bien la
solicitud de tutela es un mecanismo sumario que no exige mayor ritualidad, se
recuerda que cuando se trata de controvertir decisiones judiciales se requiere un
mínimo de argumentación, precisamente, en aras de superar los requisitos
generales y específicos para que resulte viable un estudio de fondo, y no la mera
manifestación de estar en desacuerdo con la decisión judicial adoptada.

Al respecto, se recuerda que la Constitución Política estableció, por regla general,
dos instancias para los procesos, lo que significa que no puede el juez, ni siquiera
el constitucional, crear una instancia adicional o paralela para plantear y resolver allí
cualquier reclamo de una de las partes, con ocasión de su inconformidad con las
decisiones adoptadas por el juez natural.

10 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, T-160 de 2010 y SU-041 de 2018.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

Sin perjuicio de lo expuesto, una vez revisado el aplicativo SAMAI, se observa que
en la acción popular cuestionada se surtió el trámite de la segunda instancia, como
al parecer lo pretendía el demandante, pues, mediante sentencia proferida el 27 de
septiembre de 201811, el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmó el amparo
de los derechos e intereses colectivos vulnerados; situación que permite concluir
que se le garantizó la doble instancia.

2.4.3. De la vinculación de terceros

La Sala observa que mediante auto admisorio solo se ordenó vincular y notificar al
municipio de Morato y a los integrantes del Tribunal Administrativo de Risaralda, sin
embargo, de acuerdo con los documentos que obran en el aplicativo SAMAI12,
dentro del trámite de la acción popular en la cual fue proferida la decisión objeto de
la solicitud de tutela, también fueron llamados como parte e intervinientes Aura
María Escobar Cortés, el municipio de Dosquebradas, la Secretaría de Obras
Públicas, la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres de
Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.

Sin embargo, en este estado del proceso, y dado que en el mes de septiembre del
2018 se profirió sentencia de segunda instancia en el asunto cuestionado, la Sala
considera que declarar una nulidad por tal razón resulta ineficaz; no obstante, en
aras de garantizarles su derecho de defensa y contradicción, se ordenará
notificarles la presente decisión para que, si a bien lo tienen, presenten las
manifestaciones que consideren necesarias.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar los
requisitos de relevancia constitucional ni motivación de la vulneración alegada, la
solicitud de tutela presentada por Javier Elías Arias Idárraga en contra del Tribunal
Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente, por no superar los requisitos de relevancia
constitucional ni motivación de la vulneración alegada, la solicitud de tutela
presentada por Javier Elías Arias Idárraga en contra del Tribunal Administrativo de
Risaralda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

11

https://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=6600123310002012000690211001
03
12
Ibidem
7

Radicado: 11001-03-15-000-2017-03053-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

Tercero. Notificar la presente decisión a Aura María Escobar Cortés; al municipio
de Dosquebradas, Secretaría de Obras Públicas; a la Oficina Municipal de
Prevención y Atención de Desastres de Dosquebradas; y a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.