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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2017-03100-00

Recurso extraordinario de revisión: requisitos del recurso

Fecha
7 de mayo de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2017-03100-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de la parte demandante contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, el 24 de mayo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2017-03100-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

7 de mayo de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Requisitos del recurso / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Causal primera / PRUEBA RECOBRADA – Presupuestos de estructuración de la causal

Los requisitos del recurso están previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) nombre y domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.; v) poder para su interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer. (…) para la configuración de la causal relacionada con la prueba recobrada se deben acreditar los siguientes supuestos: 29.1 Que la prueba documental sea recobrada después de dictada la sentencia objeto de revisión. (…) la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según el caso, deben probarse (…) la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada (…) que la prueba debe ser de tal entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una decisión diferente

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 252

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de configuración de la causal de revisión alegada ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, número único de radicación: 2000 – 1287, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013. C.P. Alberto Yepes Barreiro, número único de radicación 11001-03-15-000-2008-00638-00, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1o de diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005, Rad. 1998- 00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09, Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de noviembre de 2005. Rad.: 1999 – 00218, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de: 12 de julio de 2005. Rad.: 1997-00143; 12 de julio de 2005. Rad.: 2000-00236; y 26 de febrero de 1986. Rad.: 004, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sala Especial Veintiséis. Sentencia de 3 de febrero de 2015. C.P. Olga Mélida Valle De la Hoz, número único de radicación 11001 03 15 000 1997 00138 00

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03100-00(REV)

Actor: PASCUAL BALLESTEROS VILLALOBOS Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL

Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Asunto: Resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión núm. 15 de lo Contencioso Administrativo resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en segunda instancia, que confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 11 de abril de 2013, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda que presentaron en ejercicio de la acción de reparación directa.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Recurso extraordinario de revisión; iii) Consideraciones de la Sala y iv) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La parte demandante, por conducto de apoderado especial, presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales causados, derivados de la presunta falla en el servicio en el que incurrió la parte demandada por la desaparición y posterior declaración de muerte presunta del agente de la Policía Nacional Fernando Luis Ballesteros Bernal.

Presupuestos fácticos de la demanda de reparación directa

2. La parte demandante indicó que el señor Fernando Luis Ballesteros Bernal se incorporó en el año de 1992 a la Policía Nacional en calidad de agente alumno y que, una vez terminó su curso de formación, fue asignado a prestar su servicio en la ciudad de Barrancabermeja, específicamente en la Compañía Energética Sabana de Torres.

3. Señaló que, el 3 de junio de 1992, el agente Fernando Luis Ballesteros Bernal salió con otro compañero a ejercer vigilancia en las instalaciones de la compañía energética Sabana de Torres, siendo interceptado y secuestrado por un comando guerrillero.

4. Adujo que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, mediante la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2005, declaró la muerte presunta por desaparecimiento del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal.

Normas violadas y concepto de violación

5. La parte demandante invocó, en su escrito, como normas violadas las siguientes:

Artículos 2, 5, 6, 11, 13, 28, 29, 31, 90, 230, 249 y 250 de la Constitución Política.
Artículos 76, 77, 78, 86, 176, 177, 178, 206 y 214 del Código Contencioso Administrativo.
Artículos 4 y 8 de la Ley 153 de 24 de agosto de 1887.
Artículo 2341 del Código Civil.
Ley 74 de 26 de diciembre de 1968.
Ley 16 de 30 de diciembre de 1972.
Decreto 1512 de 11 de agosto de 2000.
Decreto 1091 de 27 de junio de 1995.

6. Señaló que se transgredieron las anteriores disposiciones, teniendo en cuenta que la desaparición del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal mientras realizaban labores de patrullaje, constituyó una falla en el servicio atribuible a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, en la medida que a pesar de que la zona rural de Barrancabermeja era considerada de grave alteración del orden público, no se adoptaron las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los policías que desarrollaban su labor, en especial, el equipamiento y la compañía requerida para repeler el actuar de grupos armados al margen de la ley.

Sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 68001 23 31 000 2007 00624 00

7. El Tribunal Administrativo de Santander, en la parte resolutiva de la sentencia, decidió:
[…] Primero: DENEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de acuerdo al análisis contenido en la presente providencia […].

8. Para el efecto, consideró que, del material probatorio obrante en el expediente no se podían establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la desaparición y muerte presunta del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal, así como tampoco se acreditó que dicha persona hubiera prestado sus servicios a la Policía Nacional, concluyéndose la no existencia de nexo de causalidad con conducta alguna que le pudiera ser atribuible a la entidad demandada. Textualmente señaló:

“[…] Ante lo expuesto, se puede concluir que ni del acervo allegado, ni de lo declarado por las partes se pudo esclarecer una circunstancia relevante para la responsabilización de la Policía Nacional según lo expuesto en la demanda, como lo es la calidad de Agente de la Policía de BALLESTEROS BERNAL, para la época de su desaparición; tampoco dentro de las pruebas allegadas se vislumbra por la Sala otra circunstancia que constituya prueba respecto al actuar de la demandada que le adjudique responsabilidad respecto a la desaparición de la víctima directa. En el sub lite hay una ausencia significativa de pruebas relacionadas a la antijuridicidad e imputabilidad del daño […]”.

Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

9. La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017, decidió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 11 de abril de 2013, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda […]”.

10. Consideró que, a pesar de que se encontraba acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes con ocasión de la desaparición del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal, ocurrida el 3 de junio de 1992, señaló que no era atribuible a la Nación –Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional, en la medida que no se aportó prueba alguna de: i) las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se produjo la desaparición, ii) de la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondiente y iii) de la existencia del proceso penal por ese mismo hecho. Textualmente, señaló:

“[…] Así las cosas, concluye la Sala que con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el proceso y a los que ya se hizo referencia no es posible establecer los responsables del hecho criminal, ni los móviles o finalidades de dicho acto ilícito, ni mucho menos que la entidad demandada Policía Nacional- hubiera incurrido en falla alguna del servicio –por acción u omisión-, pues lo único probado en el proceso –bueno es insistir en ello, es que desde el 3 de junio de 1992 no se volvió a tener noticia del paradero del señor Fernando Luis Ballesteros Bernal.

Por lo tanto, forzoso resulta concluir que no existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento de la Policía Nacional para con los actos o hechos que concretaron el daño, por lo que en el caso concreto que ahora se examina se torna estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, pues se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquellos encuentran fundamento y razón de ser sólo cuando el daño antijurídico es imputable a la Administración, cuestión que no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al juzgador de este tipo de análisis […]”.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La solicitud

11. La parte demandante, por conducto de apoderado especial, presentó el 20 de noviembre de 2017, recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en segunda instancia, e invocó la causal establecida en el numeral 1.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala:

“[…]

Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1.- Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria

[…]”.

12. Aportó, como pruebas recobradas las siguientes:

“[…]

1.- El certificado laboral de FERNANDO LUIS BALLESTEROS BERNAL como agente activo de la Policía Nacional desde que ingresó hasta que lo declararon muerto por desaparecimiento, certificado expedido por la institución Policía Nacional y aportado en este recurso extraordinario.

2.- Certificado donde consta que cuando sufrió la desaparición forzada FERNANDO LUIS BALLESTEROS BERNAL estaba en servicio activo de la Policía Nacional, certificado expedido por la Policía Nacional y aportado en este recurso extraordinario.

3.- El informe del comandante de la Policía nacional del cuarto distrito de Barrancabermeja, donde se relata las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se produjo la desaparición forzada de FERNANDO LUIS BALLESTEROS BERNAL por el grupo guerrillero ELN, pues informe (sic) que arroja las luces claras sobre estos aspectos

[…]”.

13. Indicó que los documentos, señalados supra, fueron solicitados como pruebas en el proceso ordinario. No obstante, a pesar de ser decretados como prueba fueron ocultados por la Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y recuperados con posterioridad de haberse proferido la sentencia recurrida, con los cuales, a su juicio, se hubiera proferido una decisión diferente.

14. Asimismo, señaló que la sentencia recurrida no realizó una valoración probatoria ajustada a la realidad, señalando que se demostró la vinculación del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal con la Nación-Policía Nacional y que su desaparición se produjo por acción del enemigo cuando cumplía labores de patrullaje, causándose el daño antijurídico atribuible a la entidad demandada.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

15. La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, en la medida que la parte demandante pretende suplir la falencia probatoria ocurrida en las instancias, lo cual escapa del ámbito del recurso extraordinario de revisión.

Concepto del Ministerio Público

16. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Vistos: i) el artículo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ii) el numeral 1.° del artículo 2.º del Acuerdo núm. 321 de 2014, esta Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión de la referencia.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión

18. Vistos los artículos 248 y 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el presente caso el recurso extraordinario de revisión es procedente, atendiendo a que la sentencia recurrida fue proferida el 24 de mayo de 2017 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

19. Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 8 de junio de 2017 y, el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto el 20 de noviembre de 2017, es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, término legal señalado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Problema jurídico

20. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se configura la causal de revisión señalada en el numeral 1.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; es decir, si los documentos aportados reúnen los requisitos de ser: a) recobrados; b) decisivos para proferir una decisión diferente y c) que no hubieran podido ser aportados por el recurrente por caso fortuito, fuerza mayor o por obra de la parte contraria y, en consecuencia, determinar si se declara fundado o no el recurso extraordinario de revisión.

21. Para resolver el problema jurídico planteado esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo y generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) generalidades de la causal señalada en el numeral 1.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y iii) análisis del caso en concreto.

Marco normativo y generalidades del recurso extraordinario de revisión

22. Vistos los artículos 248, 249, 250, 251, y 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contienen el marco normativo del recurso extraordinario de revisión, que se desarrollarán infra.

23. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.

24. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio extraordinario de impugnación.

25. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más

[…]

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada […]”.

26. En efecto, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Textualmente, señala como causales:

“[…] Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[…]”

27. Los requisitos del recurso están previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) nombre y domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.; v) poder para su interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.

28. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias taxativamente señaladas en la ley.

Generalidades de la causal señalada en el numeral 1.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

29. Visto el numeral 1.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala advierte que para la configuración de la causal relacionada con la prueba recobrada se deben acreditar los siguientes supuestos:

29.1 Que la prueba documental sea recobrada después de dictada la sentencia objeto de revisión.

29.1.1. Esta Corporación ha señalado que la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo que existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque solo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello, es decir, que antes de proferirse la sentencia se encontraban extraviados, perdidos o refundidos.

29.1.2. Por este motivo, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos fechados con posterioridad al fallo como tampoco es válido edificar la causal con documentos que, aun siendo anteriores a esa providencia, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede aprovecharse para subsanar errores o actitudes negligentes de las partes respecto a la carga probatoria ..

29.2. Que la prueba no se aportó por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, debidamente acreditadas.

29.2.1. Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso deben ser las expresamente establecidas por el legislador (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria) y, además, deben acreditarse en el recurso interpuesto. Cabe resaltar lo sostenido por esta Corporación en relación con la fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:

"[…] En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al artículo 1º de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

La segunda causa obra de la parte contraria ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba […]".

29.2.2 La Ley al haber calificado expresamente los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, "el simple olvido, incuria o abandono de la parte" que habría sido beneficiada de la prueba no constituye razón válida para promover la revisión extraordinaria de una sentencia. También se ha dicho que "no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera, 'imposibilidad' apreciada objetivamente”.

29.2.3. La jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según el caso, deben probarse y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos, de tal forma que no pueda el recurrente suplir su falta de actividad probatoria a través de un medio extraordinario de impugnación, como es el recurso de revisión.

29.3 Que la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada.

29.3.1 En efecto, la disposición señala que la prueba debe ser de tal entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una decisión diferente. A partir de ello, la jurisprudencia ha resaltado la trascendencia de la prueba y su relación directa con lo debatido.

29.3.2 Considerando lo expuesto en la ley y conforme lo ha expresado esta Corporación en el caso de la causal relacionada con el recobro de pruebas, se debe tratar de aquellas con las cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente; de lo contrario, los documentos que aclaren o complementen lo que se intentó probar en el proceso no cumplen la característica para poner en marcha el recurso de revisión, pues se trataría de una extensión del ejercicio probatorio desarrollado en segunda instancia. El requisito hasta ahora referido alude, específicamente, a documentos que aporten nuevo conocimiento al sentenciador, de manera que si hubiera considerado las pruebas recobradas su decisión habría variado.

30. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis de la causal invocada para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Análisis de la causal de revisión

31. La parte demandante, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia, invoca la causal señalada en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA, aduciendo como pruebas recobradas los siguientes documentos:

31.1. Certificado laboral del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal, expedido por el Jefe del Grupo de Información y Consulta del Área de Archivo General de la Policía Nacional, el 21 de septiembre de 2017, así:

“[…] Que revisada la historia laboral del Agente (f) BALLESTEROS BERNAL FERNANDO LUIS […] laboró en esta institución desde el 20-05-1991 hasta el 23-06-1994 con tiempo de servicios de 03 años, 00 meses y 29 días fecha en la cual se causó su retiro mediante la Resolución núm. 06709 de 23-06-1994, incluyendo tiempo de formación de escuela, tres meses de alta y diferencia año laboral […]”.

31.2. Certificado expedido por el Grupo de Información y Consulta de la Policía Nacional, el 11 de septiembre de 2017. Textualmente señala:

“[…] Que revisada la totalidad de la Historia Laboral del señor Cabo Segundo (F) BALLESTEROS BERNAL FERNANDO LUIS […] le figura como última unidad laborada en el Departamento de Policía Santander (DESAN) […]”.

31.3. Informe del Departamento de Policía del Departamento de Santander en el que consta la diligencia de declaración del Capitán Hernán Berrio Galeano de 31 de julio de 1992:

“[…] Preguntado: Sírvase manifestar si ante el Comando Operativo del Magdalena Medio o ante usted se hizo presente el agente BALLESTEROS BERNAL LUIS HERNANDO (sic) el día 02-06-92, en caso afirmativo porqué razones o cuál fue el motivo de su presentación. Contestado: El Agente entró a la oficina donde laboro como ayudante del Comando Operativo del Magdalena Medio con el fin de solicitar alguna papelería y elementos para oficina con el objeto de llevarlos al lugar donde laboraba que era la Subestación lagunas, ante tal solicitud verbal del agente procedí a hacerle entrega de una resma de papel original tamaño oficio, una resma de papel original tamaño carta, unos sobres de manila de diferentes tamaños pero no recuerdo con exactitud cuántos, al igual que otros elementos de oficina. […] Preguntado: Qué conocimiento tiene usted en la actualidad de dicho agente. Contestado. Lo único fue que ese día apenas le entregaron los elementos de oficina ya dichos él salió de la oficina y no supe más ni sé si entregaría esos elementos a su comandante donde laboraba o que pasaría […] Llevar implementos de oficina, presentándose en Barrancabermeja el día 020692 saliendo nuevamente a su lugar de trabajo, sin que hasta la fecha se haya presentado, desconociéndose con exactitud su paradero, al igual que el particular RAMÓN PRADA COLMENARES, quien conducía la camioneta de placas ID-40-67, al servicio de la compañía ESSO, vehículo que fue hallado abandonado el día 050792 en la vía Sabana de Torres a Rionegro en el sitio denominado PALMITAS, según versiones el particular y el Agente en mención, se encuentran en poder de subversivos del ELN, en el sitio PARAYAL, de San Rafel de Lebrija, lo que indica vale dejar constancia que aún hasta la fecha de este proveído el Policial se encuentra desaparecido […]”.

Análisis del caso en concreto

32. En este contexto, la Sala pasa a considerar si en el presente caso se estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado a través de los criterios jurisprudenciales citados supra, para la configuración de la causal señalada en el numeral 1.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de la siguiente manera.

33. La Sala considera que las pruebas documentales aportadas como recobrada no tienen tal entidad en la medida que:

33.1. Los certificados laborales del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal, señalados en los numerales 32.1 y 32.2, aportados para probar su vinculación con la Nación- Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional, además de ser posteriores al momento en que se profirió la sentencia recurrida, no fueron solicitados como prueba en las instancias ni sirvieron de fundamento en su defensa en las instancias ordinarias. Asimismo, no se probó que dichos documentos se encontraran extraviados, perdidos o refundidos, requisitos indispensables para considerarlos recobrados.

33.2 Respecto del Informe del Departamento de Policía del Departamento de Santander de 31 de julio de 1992, si bien existía al momento en que se profirió la sentencia recurrida, el recurrente no probó que no hubiera sido aportado por circunstancias ajenas a su voluntad, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte demandada.

33.2.1 En efecto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander decretó la prueba señalada supra, y que la parte demandante, mediante el escrito de 13 de enero de 2010, solicitó dar por terminada la etapa probatoria sin que se practicara, es decir, estuvo de acuerdo con el recaudo del material probatorio que se logró en el proceso. Textualmente señaló:

“[…] JAVIER PADILLA MARTÍNEZ, natural de la ciudad de Lorica, abogado en ejercicio […], actuando en calidad de apoderado judicial de los demandantes dentro del proceso de la referencia, vengo ante usted con su digno respecto (sic), mediante el presente escrito, le manifiesto que comoquiera que se han recaudado todas las pruebas solicitadas dentro de la demanda, le solicito que se de por terminado la etapa probatoria y en su defecto se descorra el término para alegatos de conclusión […]”.

33.2.2. Asimismo, la Sala considera que dicho documento no es decisivo para infirmar la sentencia y tomar una decisión diferente, en la medida que no es pertinente ni eficaz para demostrar que el daño antijurídico, es decir, la desaparición y posterior declaratoria de muerte presunta es atribuible a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.

33.2.3 Lo anterior, toda vez que no lleva a la convicción de la forma ni de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la desaparición y posterior declaratoria de muerte presunta del agente Fernando Luis Ballesteros Bernal, es decir, que fuera en cumplimiento de una orden de un superior, realizando labores de patrullaje en una zona de alto riesgo sin las medidas de protección para garantizar la seguridad de los policías, por una omisión consistente en la falta de prevención al formular tácticas y ejecutar operaciones de control y vigilancia.

34. En las anteriores condiciones, no es de recibo pretender, como lo hace la parte demandante, que mediante el recurso extraordinario de revisión se obtenga el decreto de pruebas que por su negligencia o culpa no fueron solicitadas, decretadas o practicadas dentro del proceso ordinario y, mucho menos, que se pretenda perfeccionar, mejorar, o simplemente repetir, para volver a valorar en sede del recurso extraordinario de revisión, aquellas pruebas que fueron oportunamente practicadas y valoradas, pero cuyo alcance no resultó favorable para sus pretensiones.

35. Por tanto, el recurso extraordinario de revisión no es un medio idóneo para suplir deficiencias de la actuación procesal que corresponde a las partes dentro de la tramitación de la instancia ni tampoco para pretender que en él se haga una nueva valoración del acervo probatorio.

Condena en costas

36. Vistos los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, en especial, su numeral 8.º, sobre condena en costas.

37. Atendiendo a que esta Corporación ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas que implica: i) objetivo porque que no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto y ii) valorativo porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.

38. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.

Conclusiones de la Sala

39. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que en el presente asunto no se configuró la causal de revisión señalada en el numeral 1.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto que los documentos aportados para sustentar la causal no cumplen la connotación de prueba recobrada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

IV. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial de la parte demandante contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, el 24 de mayo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera de Estado

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Consejero de Estado

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Consejero de Estado

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03100-00(REV)

Actor: PASCUAL BALLESTEROS VILLALOBOS Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL

Con el acostumbrado respeto, he de manifestar de entrada que este escrito no se relaciona con el sentido en que fue dictada la decisión, la cual comparto plenamente en cuanto declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y no condenó en costas, la inconformidad que en esta oportunidad me lleva a aclarar el voto atañe a un aspecto muy puntual y que he venido sosteniendo de tiempo atrás sobre la necesidad de incluir en el análisis y el estudio de la condena en costas el factor subjetivo o conductual del sujeto procesal vencido.

A mi juicio, ante la no prosperidad del recurso, no puede aplicarse un criterio exclusivamente objetivo de imposición de las costas, más allá de que no las hubiere encontrado causadas, pues considero que de todos modos aunque las encontrara causadas y probadas, no habría lugar a dicha condena, porque para la procedencia de esta clase de carga, se requiere que se haya probado una conducta temeraria en la interposición del recurso, según lo prevé, en forma general el artículo 188 del CPACA, que remite al CGP, que en su artículo 365 contiene la parte objetiva de la norma, en cuanto dispone la condena en costas, por regla general, para la parte vencida, pero el operador jurídico para efectos de condenar en costas, debe armonizarla con la parte subjetiva o conductual prevista en el artículo 79 del CGP, que dispone: “Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este; 2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; 3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a este o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas y 5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso”.

Por otra parte, el numeral 8 del artículo 365 ib, prevé que solo habrá lugar a costas cuando aparezca en el expediente que se causaron y en la medida de su comprobación y así sucesivamente, a lo largo del contenido de ese artículo muchas son las situaciones regladas que no permiten observar como un todo absoluto y en extremo objetivo al numeral 1º de la norma en cita, para afirmar, sin más argumento que quien es vencido en el recurso, indefectiblemente debe ser condenado en costas.

Lo afirmo de esa forma, porque ingresar a un régimen objetivo en materia de costas en el que el solo desfavorecimiento de las pretensiones implique per se una condena, vulnera el derecho a la administración de justicia y desdibuja el papel del juez, en tanto cada persona antes de acudir a la jurisdicción deba asegurarse que ganará la contienda judicial, en vez de permitirle acudir con el propósito de que la autoridad investida para tal efecto le responda si le asiste o no la razón.

Pues bien, descendiendo al caso concreto se observa que la discusión planteada en vía del recurso extraordinario de revisión corresponde al giro normal de posiciones e interpretaciones jurídicas entre quien acude a la administración de justicia y sus jueces naturales, pues con las censuras en revisión la parte recurrente pretendió quebrar la sentencia de instancia, considerando que unos determinados documentos (certificado laboral de agente activo de la víctima, certificado de desaparición forzada, informe del Comandante de la Policía y que la desaparición fue en servicio, que calificó de recobrados, si el juez los hubiera laborado su decisión habría sido distinta a la adoptada.

Tampoco se advierte que la conducta de la censora haya sido de aquellas que contengan mala fe o temeridad, sino el ejercicio propio del derecho de toda persona, natural o jurídica, pública o particular, a controvertir lo que considera es injusto con sus derechos, sin que se advierta carencia de fundamento legal por cuanto se apoyaba en los principios del debido proceso, concretamente en la valoración de las pruebas.

No se advierte tampoco propósitos ilegales, dolosos o fraudulentos; no obstruyó la práctica de pruebas y no ha sido una postulación reiterada para entorpecer el desarrollo normal del proceso.

Adicionalmente, si nos acogiéramos al método histórico, al rememorar el derogado CCA, se advierte que los recursos extraordinarios, tanto de súplica como de revisión, ya existían para el legislador extraordinario de 1984, quien en el artículo 194 del CCA, al consagrar el recurso extraordinario de súplica, traía la siguiente previsión: “si el recurso es desestimado, la parte recurrente será condenada en costas, para lo cual se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil” y, con todo, para ese entonces, el operador jurídico, se decantaba por el análisis de la temeridad y la mala fe para determinar la condena en costas. En contraste, el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 185 y siguientes del CCA, al igual que el actual 248 del CPACA, guardan absoluto silencio sobre la condena en costas a la parte vencida, argumento que vemos da mayor soporte, para abogar por el mantenimiento de los criterios de temeridad y mala fe con los que se debe analizar la conducta procesal de la parte vencida, previa a la condena en costas en su contra.

Las anteriores razones son suficientes para soportar y reiterar mi discrepancia en cuanto a que el Consejo de Estado se quede en el factor netamente objetivo cuando se trata de evaluar y decidir sobre la procedencia o no de la condena en costas contra el recurrente vencido.

Cordialmente,

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

En calidad de víctima y padre de su extinto hijo Fernando Luis Ballesteros Bernal y en representación de sus hijos menores de 18 años de edad Emerson Elías Ballesteros Osorio y Gabriel Elías Ballesteros Oquendo (hermanos de la víctima) y Nora Bernal Falcao.

Folio 2 del cuaderno núm. 2 del expediente. Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887
Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966". Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.”
por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995. Folio 1 del cuaderno principal
El citado artículo señala: “[…] Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: […] 2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia […]”. La citada norma dispone: “[…] Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: […] 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado […]”.
“[…] Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 […]”. El citado artículo señala: “[…] Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos […]”. El citado artículo señala: “[…] Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […]”. El citado artículo señala: “[…] Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos […]”.
“[…] Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión […]”.
“[…] Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […]”. El citado artículo señala: “[…] Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia […]”.
“[…] Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener: […] 1. La designación de las partes y sus representantes […] 2. Nombre y domicilio del recurrente […] 3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento […] 4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada […] Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer […]”. Cf. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de agosto de 2014, C.P.

Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, número único de radicación: 2000 – 1287. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013. C.P. Alberto Yepes Barreiro, número único de radicación 11001-03-15-000-2008-00638-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1o de diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005, Rad. 1998- 00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de noviembre de 2005. Rad.: 1999 - 00218. Ibídem. Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de: 12 de julio de 2005. Rad.: 1997-00143; 12 de julio de 2005. Rad.: 2000-00236; y 26 de febrero de 1986. Rad.: 004. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sala Especial Veintiséis. Sentencia de 3 de febrero de 2015. C.P. Olga Mélida Valle De la Hoz, número único de radicación 11001 03 15 000 1997 00138 00
Como consta en el acápite de pruebas de la demanda visible a folios 20 y 21 del cuaderno núm. 2 del expediente, en la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 26 de septiembre de 2008, mediante la cual se decretaron las pruebas aportadas y solicitadas por las partes. Asimismo en la providencia de 25 de octubre de 2013 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se denegaron las pruebas solicitadas, en segunda instancia. Folio 73 del cuaderno núm. 2 del expediente. El citado artículo señala: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso)
“[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37 000 2014 01115 01. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00162-01.

En calidad de víctima y padre de su extinto hijo Fernando Luis Ballesteros Bernal y en representación de sus hijos menores de 18 años de edad Emerson Elías Ballesteros Osorio y Gabriel Elías Ballesteros Oquendo (hermanos de la víctima) y Nora Bernal Falcao.

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