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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03150-01

Acción de tutela contra providencia judicial: procedencia por cumplimiento del requisito de legitimación en la causa

Fecha
20 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03150-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la providencia impugnada proferida el 1° de marzo de 2018por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03150-01

Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

20 de septiembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Procedencia por cumplimiento del requisito de legitimación en la causa / ACCIÓN POPULAR - Legitimación en la causa por activa cuando el caso en estudio es de interés de toda la comunidad / CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS - Legitimación por activa en ejercicio de la representación de las comunidades en la acción popular

Particularmente, en lo que respecta a la legitimación del Consejo Comunitario de Marlinda deben considerarse dos circunstancias. La primera es que, de acuerdo con el desarrollo normativo y jurisprudencial expuesto, esta cuenta con legitimación en la causa para representar a quienes forman parte de Marlinda. La segunda es que aquel participó en la acción popular. Circunstancias que permiten concluir que aquel cuenta con legitimación en la causa. (…) Surge la duda respecto a los accionantes que ni pertenecen a la comunidad negra de Marlinda ni participaron en la acción popular. Sobre este punto, en la acción de tutela, explícitamente, se dijo que acudían al mecanismo constitucional, dada la afectación que las providencias judiciales les ocasionaron. (…) Explicaron que las decisiones judiciales no solamente los perjudica por el traslado de las tierras de las que aseguran ser poseedores, sino ante la falta de indemnización por las mejoras realizadas. (…) Frente a la legitimación de estos últimos, hay que decir que, por regla general, esta Sección ha considerado que en los casos en que se presenta una tutela contra providencia judicial es necesario que quien la interpone haya sido parte en el proceso. Excepcionalmente, se ha permitido que a pesar de no haber participado allí se encuentre satisfecha la legitimación en la causa por activa. Esta posibilidad se restringe a que se acredite la vulneración de derechos fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la providencia objeto de controversia. (…) De lo anterior se desprende la posibilidad excepcional de dar por acreditada la legitimación en la causa por activa aun si no se participó en el proceso ordinario, siempre y cuando se advierta notoriamente una afectación originada por las órdenes impartidas en las providencias cuestionadas. (…) Con base en lo expuesto, la Sala considera que los actores que no participaron de la acción popular y que tampoco pertenecen a la comunidad de Marlinda, y por ende no son representados por su Consejo Comunitario, sí cuentan con legitimación en la causa por activa para presentar la acción de tutela. Esto se debe a que la orden de reubicación, sean o no afrodescendientes, también genera un impacto directo en sus condiciones de vida. La reubicación ordenada no diferencia entre estos aspectos. (…) Por el contrario, su alcance cobija a todos quienes habiten en las zonas señaladas en las providencias judiciales. De manera que no resulta ajustado a la realidad negar el interés directo que les asiste a los habitantes de la zona. (…) Por consiguiente, para la Sala es indudable que en el caso todos los accionantes cuentan con legitimación en la causa por activa. NOTA DE RELATORÍA: En relación a los aspectos por tener en cuenta para acreditar el interés para recurrir en sede de tutela a fin de cumplir con el requisito de legitimación en la causa por activa, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 21 de mayo del 2014. Exp.: 11001-03-15-000-2013-01899-01 (AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 70 DE 1993 – ARTÍCUL 5º.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia proferida en acción popular / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Se valoraron adecuadamente las pruebas allegadas al proceso / NATURALEZA DE LAS ÁREAS DE BAJA MAR COMO BIENES DEL ESTADO – Pueden estar sujetas a deslinde con el fin que residan comunidades / DAÑOS MEDIOAMBIENTALES GENERADOS POR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS – vulneración de los derechos colectivos por daños a los manglares

[L]a Sala considera que la Sección Primera no incurrió en defecto fáctico por el cargo estudiado, puesto que las razones por las que se concluyó que las áreas en las que están asentadas las comunidades no son privadas se fundamentaron en pruebas allegadas al proceso y expuestas explícitamente en el cuerpo de la sentencia reprochada. (…) A su vez, la razón por la que no se hizo análisis sobre algunas de las pruebas mencionadas por los accionantes obedece a que no reposaban en el proceso ordinario. (…) Por último, los demás elementos probatorios que sí hicieron parte de la acción popular y que según los accionantes prueban la naturaleza privada de los predios no se desprende la hipótesis de la parte actora. se aprecia que el predio del solicitante, ubicado en la Ciénaga de La Virgen, es un terreno de bajamar. A su vez, se indica que toda esa ciénaga será objeto de deslinde por tratarse de uno de los bienes nacionales de que trata el artículo 20 del Decreto 2663 de 1994. (…) En consecuencia, este acto administrativo en vez de demostrar que las comunidades están ubicadas en predios de propiedad privada acredita lo contrario. La entidad fue clara al sostener que el trámite de deslinde, que según el artículo 20 del Decreto 2663 de 1994 solo opera para bienes de la Nación, se iniciaría en toda la Ciénaga de La Virgen, justamente, por tratarse de un bien de esas características. (…) Esto último también se puede extender al oficio de 31 de mayo de 1999 expedido por la Dimar, pues de este tampoco es posible concluir el planteamiento de la parte actora. Lo que allí se indica es que existen invasiones en el predio privado Los Morros. Sin embargo, este documento no prueba que las comunidades de Marlinda y Villa Gloria sean las que lo habitan. En el documento, además, se indica que algunas de esas invasiones están “en terrenos sobre la jurisdicción de la Dirección General Marítima”. (…) Por todo lo expuesto, la Sala considera que la Sección Primera no incurrió en defecto fáctico por el cargo estudiado, puesto que las razones por las que se concluyó que las áreas en las que están asentadas las comunidades no son privadas se fundamentaron en pruebas allegadas al proceso y expuestas explícitamente en el cuerpo de la sentencia reprochada. (…) A su vez, la razón por la que no se hizo análisis sobre algunas de las pruebas mencionadas por los accionantes obedece a que no reposaban en el proceso ordinario. Por último, los demás elementos probatorios que sí hicieron parte de la acción popular y que según los accionantes prueban la naturaleza privada de los predios no se desprende la hipótesis de la parte actora. (…) sobre la supuesta configuración del defecto fáctico al no haber decretado pruebas de oficio, la Sala advierte que la facultad oficiosa del juez administrativo procede en los eventos en que el juez requiera dilucidar puntos oscuros o difusos de la contienda. (…) Supuesto que no se presentó en el caso, justamente, porque la gran cantidad de pruebas aportadas al expediente le permitieron a la Sección Primera concluir que las áreas en las que están asentadas las comunidades de Marlinda y Villa Gloria son bienes públicos, que estas se encuentran en alto de riesgo de desastres y que el factor antropocéntrico sí ha sido determinante en la generación de daños ambientales en la zona. (…)

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991/ DECRETO 2663 DE 1994 – ARTÍCULO 20

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03150-01(AC)

Actor: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA VEREDA MARLINDA – UNIDAD GOBIERNO RURAL DE LA BOQUILLA, CARTAGENA DE INDIAS Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Marlinda contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A” que decidió lo siguiente:

“Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela presentada por los aquí accionantes, con excepción del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la vereda de Marlinda, frente a quien se negará el amparo solicitado, a través de la tutela instaurada en contra del tribunal Administrativo del Bolívar y la Sección primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo aquí expuesto”.

ANTECEDENTES

El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Marlinda junto con doscientos diecisiete propietarios y poseedores de Marlinda y Villa Gloria de Cartagena de Indias, por intermedio de apoderado, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la consulta previa, al mínimo vital, a la diversidad cultural, a la vida, la dignidad humana, al acceso a la administración, al debido proceso y a la integridad personal.

Pretensiones

La parte actora solicitó como pretensiones el amparo de los derechos fundamentales de la comunidad de Marlinda y de los poseedores asentados en la zona. En consecuencia, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado en la acción popular con radicación N° 13001-23-31-000-2011-00315-01, incluso desde el auto que admitió la demanda.

También, pidió que en el curso del trámite de deslinde de propiedad, la Agencia Nacional de Tierras realizara un censo de la población asentada en la zona, reconociera la calidad de coadyuvantes y litisconsortes de los habitantes del área, respetara sus derechos de posesión y determinara si las construcciones de los inversionistas aledaños se han extendido a la Ciénaga de La Virgen. Asimismo, solicitó asesoramiento de parte de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior en los procesos que allí se desarrollen, incluyendo el de deslinde.

Finalmente, solicitó que la Dirección General Marítima –Dimar, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –Cardique, y la Alcaldía de Cartagena implementaran una serie de medidas para frenar la contaminación y evitar inundaciones y demás fenómenos medioambientales, entre otras pretensiones.

Hechos

Del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:

David Leonardo Sandoval presentó demanda en ejercicio de la acción popular contra de la Presidencia de la República –Departamento Administrativo, el Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional, la Dirección General Marítima –Dimar, la Fiscalía General de la Nación, Cardique y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

2.1.1. Narró que las poblaciones de Marlinda y Villa Gloria están en constante amenaza de inundaciones y derrumbe de las viviendas, gracias a las condiciones físicas de la zona, el aumento del nivel del mar, las lluvias y varios fenómenos ambientales. Por esto, aseguró que el Centro de Investigaciones Oceanográficos e Hidrográficas de la Armada Nacional catalogó ese sector como zona de alto riesgo. Área que, además, constituye un bien de la Nación. Agregó que el Distrito planea la reubicación de las familias allí asentadas.

2.1.2. Pretendía que se declarara la existencia de graves daños ambientales en la franja de bajamar y la ciénaga de Juan Polo producto de la ineficiencia de las autoridades demandadas.
2.1.3. En consecuencia, solicitó que se determinara el número de familias que ocupan la zona y su consecuente reubicación concertada y en viviendas dignas, diagnósticos sobre los daños ambientales y sobre los cuerpos de agua aledaños, medidas preventivas y de tipo penal contra aquellos que talan manglares e invaden esas franjas, entre otras pretensiones.

El 18 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió el amparo a los derechos colectivos.

2.2.1. La autoridad judicial encontró que Marlinda y Villa Gloria, efectivamente, están ubicadas en la franja de bajamar. Zona que constituye un bien de uso público denominado según el POT como suelo rural suburbano del distrito y zona verde de protección y que, además, hace parte de una zona de reserva ecológica. Razones por las que está prohibida la construcción.

2.2.2. De otra parte, el Tribunal consideró que los asentamientos humanos referidos han generado daños en los manglares y en las zonas de bajamar y que los perjuicios se han extendido a las comunidades allí asentadas, dadas las condiciones de insalubridad, entre otras.

2.2.3. Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa de la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se impartieron órdenes a la Alcaldía del Distrito de Cartagena, a Cardique y a la Dimar.

2.2.4. Dentro de las medidas ordenadas para la protección de los derechos colectivos se encuentra la reubicación de las familias asentadas en los sectores mencionados en viviendas dignas en un plazo de cuatro años. Se precisó que esta no puede ser dentro de los dos kilómetros del litoral y que solo se realizaría una vez estuvieran construidas las nuevas viviendas para las familias. También, se indicó que previo a su ejecución debían efectuarse los estudios técnicos necesarios y que una vez se llevara a cabo la reubicación la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Cartagena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF debían brindar acompañamiento a la población.

2.2.5. Frente a las medidas de naturaleza ambiental, ordenó la reforestación y recuperación de los manglares y suelos erosionados, remoción de rellenos, conservación de la fauna silvestre, descontaminación de las cuencas hidrográficas, entre otras.

2.2.6. Por último, le ordenó a la Dimar que tras la reubicación se ejecutaran las acciones necesarias a fin de evitar nuevas invasiones y daños al medioambiente. Así como, la conformación de un comité de verificación de las órdenes impartidas.

2.3. Mediante providencia de 18 de mayo de 2017, la Sección Primera del Consejo de Estado, decidió lo siguiente:

“(i) REVOCAR la decisión del a quo, conforme a la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la DIMAR y, en su lugar, se declarará no probada la excepción; (ii) MODIFICAR el ordinal 2º, los literales b), d) y f) del numeral 1º y el numeral 2º del ordinal 4º, el ordinal 5º y el ordinal 7º; (iii) ADICIONAR el ordinal cuarto con un tercer numeral en el cual se ordena “EXHORTAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, para que en ejercicio de la función de “coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica”, coadyuve al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena en la planeación, ejecución y eventual financiación del proyecto de reubicación de las comunidades de Marlinda y Villagloria.”

Fundamentos de la acción

Tras argumentar que se cumplieron todos los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, la parte actora aseguró que las autoridades judiciales incurrieron en los siguientes vicios:

Defecto fáctico

Manifestó no haberse acreditado que las zonas en las que habitan las comunidades de Marlinda y Villa Gloria realmente son terrenos de bajamar. Para fundamentar su postura aseguró que las Resoluciones 716 de 2002 y 965 de 2012 expedidas por el Incoder, el oficio de 31 de mayo de 1999 de la Dimar, la escritura 3652 de 5 de septiembre de 1968 y el certificado de tradición N° 060-23686 demuestran que las comunidades se encuentran en un terreno de propiedad privada.

Por lo tanto, al gozar de la calidad de poseedores de buena fe, no es cierto que se trate de asentamientos ilegales. Por lo que consideró que se les debió indemnizar conforme a los artículos 977 y 982 del Código Civil.

Agregó que las pruebas documentales allegadas por Cardique y la Dimar –que permitieron concluir la naturaleza pública de los terrenos– hicieron incurrir a la Sección Primera en un error inducido al hacerles creer que la información allí consignada correspondía a Marlinda y Villa Gloria. Esas pruebas, afirmó, realmente tratan sobre la Ciénaga de la Virgen, más no sobre ninguna de las dos comunidades.

Por la supuesta falta de prueba sobre la naturaleza de los terrenos, argumentó que también se incurrió en una defectuosa motivación del fallo.

Indicó que se valoraron indebidamente una serie de pruebas. Situación que provocó una conclusión errónea: se han generado daños ambientales a raíz de los asentamientos humanos, especialmente dada la utilización de playas como basureros, quemas a cielo abierto y tala del manglar.

Una de esas pruebas mal valoradas fue el Concepto Técnico N°0528 de 2012 expedido por Cardique. Sobre esta enfatizó que el contenido del documento no hace referencia a Marlinda y Villa Gloria, sino a “la zona del Hotel de Las Américas por la margen derecha del Anillo Vial”, es decir a otra área diferente de las dos comunidades.

Adicionalmente, señaló que la Sección Primera incurrió en defecto fáctico al no haber solicitado pruebas de oficio. En su criterio, la autoridad judicial tenía el deber de requerir al Incoder para que hiciera llegar el material cartográfico o planos con los que se pudiera determinar la naturaleza de los terrenos en que se encuentran las comunidades. Esas pruebas, y no los conceptos de la Dimar y Cardique, debieron ser las concluyentes a fin de esclarecer el tipo de bien en controversia.

Defecto sustantivo

La parte actora argumentó que no se tuvo en consideración lo dispuesto en las siguientes normas:

El Decreto 2324 de 1984, en el que se dispone el objeto de la Dimar y sus funciones. Explicó que en esa norma no se le otorgó competencia a la entidad sobre las ciénagas o terrenos de la Nación. En consecuencia, para los accionantes, la Dimar no tiene la facultad ni de establecer si las zonas de controversia son terrenos de bajamar ni de determinar su naturaleza pública o privada.

Con base en lo anterior, manifestó que la autoridad judicial desconoció la competencia dispuesta en el Decreto 2324 de 1984, ya que le otorgó valor probatorio a las pruebas documentales que hizo llegar la Dimar, pese a que a esta entidad no le corresponde aclarar qué clase de bienes son. El competente para pronunciarse sobre el uso de las ciénagas, y para identificar los terrenos de la Nación y delimitar aquellos que son de propiedad privada es el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, hoy Agencia Nacional de Tierras.

En consecuencia, reiteró que esta última es la única competente para determinar la naturaleza de los predios en disputa. De ahí que la solo se debió dar valor probatorio a lo conceptuado por la Agencia Nacional de Tierras.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– sobre pueblos indígenas y tribales, especialmente los artículos 5 y 16. Explicó que este consagra el derecho de las comunidades a permanecer en su territorio, dada la especial sujeción con su tierra. A su vez, se dispone que en caso de reubicación el traslado “debe ser en un área similar a la que habitan” y que aun así este tiene que ser un proceso consentido. Además, que se debe dar la posibilidad de retorno cuando dejen de existir las causas que generaron la reubicación y que de no ser posible el regreso se les debe indemnizar.

Aseguró que los preceptos contenidos en el Convenio no se cumplieron, ya que la reubicación no fue concertada; no hubo consulta previa; el traslado no será un área de condiciones análogas, pues la zona dispuesta para tal fin es más allá de los 40 metros de la playa y de los 50 metros de la Ciénaga; no se reconoció indemnización por las mejoras realizadas por los poseedores ni por la pérdida de la posesión; etc.

El principio N° 10 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que consagra el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones ambientales que los afecten.

Los artículos 19 del Decreto 2663 de 1994 y 167 del Decreto 2324 de 1984 en los que se definieron los terrenos de bajamar como “Los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuan ésta baja”. Con base en esas normas, señaló que materialmente es imposible que las comunidades habiten un terreno que cuando sube la marea es cubierto en su totalidad por el mar. A su juicio, las solas afirmaciones de entidades que aseguran que esos terrenos son de bajamar no son prueba suficiente, aún más cuando carecen de competencia para determinar si lo son o no.

El Protocolo de Basilea sobre responsabilidad por los daños ocasionados por movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Consideró que al ordenar la demolición de las viviendas, la Sección Primera desconoció lo dispuesto en el protocolo, puesto que no tuvo en cuenta que la destrucción generará el arrastre de los residuos de las viviendas hacia los cuerpos de agua.

Defecto orgánico

Aseguró que la Sección Primera del Consejo de Estado carecía de jurisdicción para dictar la sentencia de segunda instancia. A su juicio, el asunto de fondo era el desalojo de poseedores de predios de naturaleza privada.

3.4. Finalmente, aseguró que las autoridades judiciales vulneraron su derecho a la defensa, en la medida en que no fueron llamados al proceso para participar en este. Es decir que, no se integró el litisconsorcio necesario por pasiva. A su vez, manifestó que tampoco se citó al Ministerio Público.

Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto de trámite, el consejero ponente de la decisión admitió la acción de tutela interpuesta por Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda Marlinda y otros contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y negó la solicitud de medida provisional.

El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda de Marlinda aseguró que si se reconstruye el promontorio cercano es posible evitar que se presenten mareas altas que causen perjuicios a las comunidades asentadas en las zonas, ya que este serviría como barrera. Por esto, concluyó que el riesgo es mitigable.

El consejero de Estado ponente de la decisión presentó informe pronunciándose sobre los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Aseguró que la Sección Primera no incurrió en defecto orgánico, dado que actuó de acuerdo con la competencia establecida en los artículos 57 de la Ley 1365 de 2010 y 132 del Código Contencioso Administrativo. Manifestó que, contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, la Sección sí era competente para pronunciarse sobre la naturaleza de los bienes en la Ciénaga de Juan Polo, porque, justamente, la acción popular giraba en torno al debate sobre la ocupación de las zonas de bajamar.

Por otra parte, afirmó que el defecto sustantivo no se configuró por tres razones. Primero, sobre la obligatoriedad de la consulta previa, explicó que esta no opera en procesos judiciales.

Segundo, aseveró que la decisión no vulneró los derechos de las comunidades asentadas en las zonas en la controversia judicial. Por el contrario, indicó que a fin de garantizar las tradiciones, costumbres y sustento físico de estas se modificó la decisión de primera instancia ordenando que su reubicación se efectuara frente a los espejos de agua. Esto en consideración a que los habitantes de esas zonas obtienen ingresos, principalmente, del mar.

Tercero, sobre la indebida integración del contradictorio alegada en la tutela, explicó que el Despacho vinculó a los representantes de las comunidades de Marlinda y Villagloria y, además, ordenó la notificación por un medio masivo de comunicación a los interesados en el proceso.

De otro lado, manifestó que no se incurrió en defecto fáctico. Según la parte actora el concepto técnico de Cardique hacía referencia a la zona del Hotel Las Américas, más no a Marlinda y Villagloria. Sobre esta afirmación, indicó que tal concepto “sí corresponde a la invasión del área de la Boquilla”.

Además, sostuvo que aquel no fue el único elemento probatorio que consideró para concluir que las comunidades referidas están asentadas en zonas de bajamar y, por ende, en espacio público. Las pruebas que también permiten arribar a esa conclusión son los oficios del capitán del Puerto de Cartagena, del secretario de Planeación Distrital, del director general marítimo y portuario, del gerente de Promoambiente Caribe SA ESP, del subdirector técnico y de desarrollo sostenible del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, del jefe de la Unidad de Prevención y Atención de Desastres de Cartagena y del director del Instituto Agustín Codazzi.

Por último, frente a la defectuosa motivación del fallo, sostuvo que la Sección fundamentó razonablemente las medidas adoptadas.

La parte actora presentó escrito solicitando que el juez de tutela se pronunciara sobre las pruebas documentales obrantes en el expediente. Asimismo, solicitó que se presumieran como ciertos los hechos expuestos en la tutela, en consideración a las contestaciones extemporáneas.

Posteriormente, presentó nuevo escrito solicitando que se profiera fallo de tutela y narró los efectos desbastadores que la reubicación está generando en los habitantes y su cohesión social.

Mediante auto de trámite, el consejero ponente en primera instancia reiteró la orden al Tribunal de remitir el expediente contentivo de la acción popular.

La parte actora presentó memorial solicitando que se iniciara proceso disciplinario contra el Tribunal Administrativo de Bolívar por no remitir oportunamente el expediente y que se profiriera sentencia.

En auto de 31 de enero de 2018, se vinculó a David Leonardo Sandoval, al Consejo Comunitario de Villa Gloria, a la Presidencia de la República, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, la Dimar y a Cardique.

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique aseguró que su actuación se ciñó a la defensa de la entidad. En el curso del proceso explicó que el papel de las Car es complementario y subsidiario al de las alcaldías y gobernaciones. También, sostuvo que no le son atribuibles las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas y, en consecuencia, la presunta vulneración de derechos fundamentales no se produjo con ocasión al actuar de la entidad.

Por último, afirmó que en el caso no se cumple con el requisito de inmediatez, dado que la tutela se interpuso luego de trascurridos cinco meses tras el fallo.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

La Dirección General Marítima – Capitanía de Puerto Cartagena hizo un recuento sobre las solicitudes presentadas ante la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Local de La Virgen y Turística entre 1992 y 2010, en las que se informaron los daños ambientales generados por las comunidades de Villa Gloria y Marlinda asentadas en zona de bajamar y en las que se pidió la restitución de los bienes.

Por otro lado, sostuvo que la acción es improcedente, porque i) en virtud de la subsidiariedad de la acción de tutela, en el caso la parte actora debe acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ii) no existe un perjuicio irremediable; y iii) la tutela no procede para la defensa de intereses colectivos.

Señaló que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por los actores y que, en todo caso, sus actuaciones se han regido por el marco constitucional y legal.

Finalmente, aclaró que la entidad sí es competente para expedir conceptos relacionados con los terrenos de bajamar, según lo dispuesto en el Decreto Ley 2324 de 1984. Motivo por el que tildó de falso lo señalado por la parte actora respecto a que la entidad no cuenta con tal facultad.

4.11. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias aseguró que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, especialmente el de inmediatez. Por lo que solicitó no conceder al amparo solicitado.

4.12. El Tribunal Administrativo de Bolívar hizo llegar constancia de la notificación publicada en la página web de la Rama Judicial en la que se dio a conocer la existencia de la tutela.

4.13. El Consejo Comunitario de Villa Gloria informó que no se le ha otorgado poder al abogado que presentó la acción de tutela. Aseveró que “en la Audiencia del día 23 de Noviembre de 2017, en el Tribunal Administrativo de Bolívar, dejamos claro que Marlinda asumía su proceso y Villa Gloria asumirá el suyo (…) que quede claro que nosotros no hemos dado poder a nadie y por villa gloria hablamos nosotros mismos y no que vengan a representarnos sin nuestra autorización”.

4.14. La parte actora solicitó no pasar por alto la extemporaneidad de las intervenciones en el desarrollo del proceso y el efecto que esta genera que, a su juicio, no es otro que presumir como ciertos los hechos relatados en el escrito de tutela. Aprovechó para reiterar y reelaborar argumentos ya expuestos. Además, allegó al expediente tres resoluciones expedidas por el Incoder sobre el trámite de clarificación de propiedad de los terrenos en los que, a su juicio, se encuentran asentadas las comunidades.

Providencia impugnada y actuaciones posteriores

5.1. Mediante providencia del 1° de marzo de 2018, el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A encontró que de los tutelantes solo el Consejo Comunitario de la Comunidad Marlinda intervino en el proceso ordinario. Como los demás accionantes no agotaron todos los mecanismos de defensa que tuvieron a su alcance, al no intervenir en el medio ordinario, consideró que la acción de tutela es improcedente para los actores diferentes al Consejo Comunitario mencionado.

Seguido, sostuvo que en el curso de la acción popular el Consejo Comunitario de Marlinda no expuso algunos de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela, tal como la presunta falta de competencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, la necesidad de adelantar consulta previa, entre otros. Por lo tanto, resolvió que solo era procedente pronunciarse respecto al defecto fáctico alegado. Vicio que se configuró, según el Consejo Comunitario, a raíz de que la autoridad judicial accionada supuestamente valoró indebidamente las pruebas obrantes en el expediente que acreditaban la naturaleza privada del lugar en que habita la comunidad y por abstenerse de decretar pruebas de oficio.

Precisados esos aspectos, explicó que contrario a lo argumentado por el Consejo Comunitario la pruebas obrantes en la acción popular demostraron que la zona en la que las familias están asentadas es un bien de uso público, pues así lo determinó el artículo 166 del Decreto 2324 de 1984.

Resaltó que se tuvieron como pruebas el Oficio 01150 CP5-Litorales de 8 de julio de 1996 expedido por el capitán de Puerto Cartagena, el informe técnico de la Dirección General Marítima, el Concepto Técnico 0166-143 proferido por la Subdirección Técnica y de Desarrollo Sostenible del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y el Concepto Técnico sobre el nivel de vulnerabilidad de Marlinda y Villagloria de la Unidad de Prevención y Atención de Desastres de Cartagena. Elementos probatorios de los que se desprende que se trata de un bien de uso público no susceptible de ser transferido a particulares.

Sostuvo que “si los aquí accionantes consideraron que el contenido de los documentos recaudados en el proceso no correspondía con la realidad, debieron aportar las pruebas necesarias para controvertir la información contenida en los distintos conceptos e informes”.

Respecto al cargo según el que la autoridad judicial debió decretar pruebas de oficio, afirmó que caso a caso el juez debe determinar si es necesario o no el decreto de pruebas de oficio. En consecuencia, explicó que cuando no se hace, justamente por considerar que es posible fallar sin pruebas adicionales a la ya existentes, no se configura del defecto fáctico.

Finalmente, mencionó que la Sección Primera del Consejo de Estado sí tuvo especial consideración sobre las comunidades habitantes de la zona. Tanto así que del estudio de sus tradiciones y formas de sustento, concluyó que la reubicación debía ser dentro de dos kilómetros del litoral.

Por todo lo expuesto, rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por los accionantes con excepción del Consejo Comunitario de la Comunidad Marlinda y frente a este último negó el amparo solicitado.

5.2. El Consejo Comunitario de Villa Gloria reiteró que el apoderado de la parte actora no representa sus intereses.

Impugnación

La parte actora impugnó la decisión reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales de altas Cortes

2.1. La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales, así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional.

Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

2.2. Ahora bien, cuando se ataca por vía de tutela una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así que, la Corte Constitucional ha indicado que como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

2.3. Según lo anterior, en los eventos en que se cuestione por vía de tutela una providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema

De acuerdo con los antecedentes expuestos, se analizará si se cumplen los requisitos dispuestos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. De ser así, se procederá a establecer si en el caso la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en los defectos planteados por la parte actora.

4. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso

4.1. El actor hizo una exposición clara de los hechos que generaron la presunta vulneración de derechos.

Planteó que la Sección Primera incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, orgánico y defectuosa motivación del fallo. Sustentó los cargos en un conjunto de normas supuestamente no analizadas; de pruebas, unas no valoradas y otras valoradas indebidamente; y en la falta de competencia de la Sección Primera para resolver un asunto que, a su juicio, se limita a la tensión entre la propiedad privada y la posesión de buena fe.

4.2. Dado el carácter subsidiario de la tutela, insistentemente se reiterado la necesidad de que los afectados con una situación jurídica acudan, en primera medida, al juez natural de la causa para que este la resuelva. Sin embargo, en materia de tutela contra providencias judiciales no basta que el actor haya acudido a los mecanismos judiciales a su alcance para dar solución a su problema, tal como efectivamente lo hizo el Consejo Comunitario de Marlinda. También se requiere que en el curso del proceso ordinario, el interesado haya alegado los cargos y expuesto las pruebas por las que considera que tiene la razón.

En el desarrollo de la tutela no podría aceptarse la alegación de nuevos argumentos o pruebas no expuestas ante el juez natural. La razón es sencilla: carece de razonabilidad reprochar una decisión judicial por una serie de argumentos y pruebas no expuestas ante el juez de la causa, pues aquel no tuvo la oportunidad de analizarlos.

Si bien el juez contencioso de acciones populares o de grupo tiene facultades extra y utra petita que le permiten otorgar más de lo pedido por el actor, no significa que tales potestades se extiendan hasta el punto de que su argumentación se fundamente en normas no alegadas y, todavía menos, en pruebas no allegadas oportunamente al debate.

Por lo expuesto, la Sala encuentra que en el curso de la acción popular tan solo se alegaron algunos de los cargos expuestos en sede de tutela. Al revisar lo argumentado en el proceso ordinario se encontró que antes de la sentencia de primera instancia, el Consejo Comunitario de Marlinda aseguró:

i) Que las comunidades no había generado daños al medio ambiente;

ii) Que existía duda respecto a la naturaleza del lote en que se encuentran ubicadas las dos comunidades. Por lo que, consideró “imperioso determinar si el lote de terreno donde está sentada la comunidad de Marlinda, es o no terreno que están incorporados a la hacienda de crespo y en segundo lugar si esos terrenos fueron cedidos por sus propietarios a la nación u otra entidad pública”;

iii) Que el 60% de Cartagena está en condición de riesgo, no solo los lugares en que residen las comunidades. De ahí que, también, habría que reubicar muchas de las otras zonas que comparten las amenazas.

Tanto en primera como en segunda instancia, las autoridades judiciales encontraron que las dos comunidades están ubicadas en la franja de bajamar; que los derechos colectivos al medio ambiente sano y el equilibrio ecológico fueron vulnerados producto del impacto humano en las zonas y que fruto de la ubicación y las condiciones de habitación existe riesgo de desastre para ambas.

En recurso de apelación, dijo que la zona en que está asentada Marlinda es de naturaleza privada y que así se comprobó con las pruebas allegadas. Por lo tanto, reprochó que se haya dado por hecho cierto que aquella zona era de bajamar.

Tampoco estuvo conforme con que en la providencia impugnada se haya asegurado que Marlinda y Villa Gloria están en peligro de ser víctimas de fenómenos meteorológicos como vientos huracanados, inundaciones e incendios, puesto que estos nunca se han materializado.

Finalmente, argumentó que no existe prueba de que la comunidad haya talado el bosque, generado rellenos y provocado demás daños ambientales.

Como se observa, la parte actora nada dijo respecto a las normas que ahora considera vulneradas, la necesidad de surtir un proceso de consulta previa, ni sobre la falta de competencia de la Dimar y Cardique para emitir conceptos frente a la naturaleza de los terrenos habitados. Tampoco, se alegó la incompetencia de la Sección Primera por supuestamente tratarse de una tensión puramente civil entre el derecho a la propiedad y la posesión. Así como, nada se dijo respecto a la vulneración al derecho al debido proceso provocada por la supuesta falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva.

Todo esto demuestra que los únicos cargos con vocación de ser resueltos son los relativos a la falta de valoración de ciertas pruebas que, según los actores, acreditan que los terrenos en que están ubicados los asentamientos son privados y que no existen pruebas de que las comunidades hayan provocado daños al medio ambiente. Razones que sí fueron expuestas debidamente ante el juez natural. Por lo tanto, solo estos cumplen la regla de subsidiariedad en materia de tutela contra providencial judicial.

4.3. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que el asunto es de relevancia constitucional por las siguientes razones.

4.3.1. En esta oportunidad, no solo se busca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, generalmente invocados en casos en que se controvierten providencias judiciales. La parte actora también pretende la protección a la relación de las comunidades negras con su territorio, a participar en el desarrollo sostenible de la zona, a autodeterminarse, entre otros. Además, es indudable que los efectos de la decisión de segunda instancia tienen un impacto altísimo en la vida de estas comunidades afrodescendientes.

Por esto, es notorio que el asunto trasciende la órbita puramente legal introduciéndose en el ámbito de lo constitucional. Motivos por los que la Sala considera que el caso es de tal relevancia constitucional que se encuentra justificada la procedencia de la acción de tutela.

4.3.2. Adicional a lo anterior, debe decirse que en los eventos en que se controvierte decisiones judiciales proferidas por altas cortes es imperativo analizar de manera estricta un requisito adicional: la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional.

Para establecer si esta última se presenta o no en el caso, no puede olvidarse la argumentación de los accionantes según la cual las autoridades judiciales omitieron valorar una serie de pruebas que, supuestamente, acreditaban la naturaleza privada de los predios habitados. Para los tutelantes las anomalías probatorias fueron las que llevaron a concluir que las tierras en las que están asentados son públicas, pese a que, según ellos, en el expediente se aportaron muchas que acreditaban su calidad de bienes privados.

De ser cierto lo dicho por los actores, la decisión judicial adoptada reñiría, abiertamente, con la Constitución Política, puesto que no habría prevalecido la realidad acreditada probatoriamente, sino una situación opuesta a las pruebas. Por lo tanto, a fin de establecer si realmente las autoridades judiciales incurrieron en la anomalía probatoria señalada, se considera necesaria la intervención del juez de tutela.

4.4. De otro lado, debe decirse que la acción de tutela se presentó transcurridos alrededor de cinco meses después de la notificación del fallo de segunda instancia. Por lo que se cumple con el requisito de inmediatez.

4.5. Finalmente, sobre la legitimación en la causa por activa, es necesario hacer varias precisiones.

En desarrollo del artículo 55 de la Constitución Política, se expidió la Ley 70 de 1993. En esta se creó la figura de los consejos comunitarios. De acuerdo con la norma, estos constituyen la “forma de administración interna” de las comunidades.

Dentro de las funciones asignadas por la ley se encuentran las de “delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación”.

En armonía con esta ley, el Decreto 1745 de 1995, que justamente la reglamentó, dispuso que “una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras”.

De estas normas resulta notorio que los consejos comunitarios de las comunidades negras tienen capacidad de representar a quienes la conforman. No solo constituyen la máxima autoridad en los asuntos de su administración interna, sino que también tienen la facultad de preservar su identidad cultural e incluso proteger los derechos de la propiedad colectiva de la comunidad.

Desde la sentencia de 5 de agosto de 2010, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, se puntualizó que los consejos comunitarios son los órganos de representación de las comunidades negras. En esa decisión, se explicó que

“…el legislador no se quedó en esos aspectos socio-culturales y geográficos, para la delimitación de esa figura [refiriéndose a la noción de comunidad negra] sino que quiso darle una entidad jurídica, y es así como le reconoce personería jurídica y la consiguiente aptitud o posibilidad de ser representada legalmente, al disponer la Ley 70 de 1994 en su artículo 5º, inciso segundo, que “Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios: (…); escoger al representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica” (Negrillas no son del texto).

De suerte que de la interpretación sistemática del artículo 55 Transitorio de la Constitución Política y de la Ley 70 de 1993 vale decir para efectos de uno y otra, que una comunidad negra es una entidad privada con personería jurídica de origen legal conformada por un conjunto de familias que tienen ascendencia afrocolombiana; poseen una cultura propia; una historia común o compartida; tradiciones y costumbres propias; asentadas en un territorio determinado de zona rural, que explotan ancestralmente con métodos de producción propios, cuya administración interna y ejercicio de sus derechos está a cargo del consejo comunitario y un representante legal elegido por éste.
[…]

En ese orden, el artículo 5º de la Ley 70 de 1993 les ha dado los correspondientes órganos, emanados directamente de su seno: Consejo Comunitario y representante legal designado por aquél.

Así las cosas, no existe duda respecto a que los consejos comunitarios de las comunidades negras cuentan con legitimación en la causa por activa para representar a todos aquellos que pertenezcan a la comunidad.

Particularmente, en lo que respecta a la legitimación del Consejo Comunitario de Marlinda deben considerarse dos circunstancias. La primera es que, de acuerdo con el desarrollo normativo y jurisprudencial expuesto, este cuenta con legitimación en la causa para representar a quienes forman parte de Marlinda. La segunda es que aquel participó en la acción popular. Circunstancias que permiten concluir que aquel cuenta con legitimación en la causa.

Surge la duda respecto a los accionantes que ni pertenecen a la comunidad negra de Marlinda ni participaron en la acción popular. Sobre este punto, en la acción de tutela, explícitamente, se dijo que acudían al mecanismo constitucional, dada la afectación que las providencias judiciales les ocasionaron.

Explicaron que las decisiones judiciales no solamente los perjudica por el traslado de las tierras de las que aseguran ser poseedores, sino ante la falta de indemnización por las mejoras realizadas.

Frente a la legitimación de estos últimos, hay que decir que, por regla general, esta Sección ha considerado que en los casos en que se presenta una tutela contra providencia judicial es necesario que quien la interpone haya sido parte en el proceso. Excepcionalmente, se ha permitido que a pesar de no haber participado allí se encuentre satisfecha la legitimación en la causa por activa. Esta posibilidad se restringe a que se acredite la vulneración de derechos fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la providencia objeto de controversia.

Por ejemplo, en la providencia de 5 de abril de 2018, la Sala estudió un caso sobre la fuerza vinculante de las consultas populares para las autoridades locales. Uno de los aspectos allí analizados fue la legitimación por activa del Ministerio de Minas y Energía, quien no participó en el proceso de revisión de la consulta popular. En esa oportunidad se dijo que “si bien es cierto que el Ministerio de Minas y Energía no participó en el proceso de revisión previa de constitucionalidad de la consulta popular, también lo es que se encuentra legitimado por activa para presentar la demanda de tutela de la referencia puesto que, dependiendo del resultado de la consulta popular, podría ver limitado el ejercicio de sus competencias en el territorio del Municipio de Jesús María”

De lo anterior se desprende la posibilidad excepcional de dar por acreditada la legitimación en la causa por activa aun si no se participó en el proceso ordinario, siempre y cuando se advierta notoriamente una afectación originada por las órdenes impartidas en las providencias cuestionadas.

Con base en lo expuesto, la Sala considera que los actores que no participaron de la acción popular y que tampoco pertenecen a la comunidad de Marlinda, y por ende no son representados por su Consejo Comunitario, sí cuentan con legitimación en la causa por activa para presentar la acción de tutela. Esto se debe a que la orden de reubicación, sean o no afrodescendientes, también genera un impacto directo en sus condiciones de vida. La reubicación ordenada no diferencia entre estos aspectos.

Por el contrario, su alcance cobija a todos quienes habiten en las zonas señaladas en las providencias judiciales. De manera que no resulta ajustado a la realidad negar el interés directo que les asiste a los habitantes de la zona.

Por consiguiente, para la Sala es indudable que en el caso todos los accionantes cuentan con legitimación en la causa por activa para presentar la acción de tutela, dado el impacto que las sentencias generan y el interés directo en el caso al ser residentes de las zonas objeto de reubicación. Motivo por el que la Sala se aparta de lo señalado en primera instancia frente al tema de la legitimación.

Cumplidas tales condiciones, la Sala procederá a estudiar si prospera el cargo relativo al defecto fáctico.

5. Análisis del defecto fáctico en el caso

Como se explicó previamente, el estudio de la configuración del defecto fáctico abordará solamente los siguientes cargos: i) no se valoraron determinadas pruebas que acreditan que las zonas en la que habitan las comunidades son de propiedad privada; y ii) tampoco se comprobó que estas han generado daños medioambientales ocasionados por las comunidades.

5.1. Sobre las pruebas que presuntamente acreditan la naturaleza privada de las áreas debatidas en la acción popular

La parte actora aseguró que no se valoraron una serie de pruebas que acreditaban que los terrenos en que habitan las comunidades de Marlinda son privados.
La Sala no comparte esta apreciación. Por el contrario, la conclusión a la que llegó la Sección Primera del Consejo de Estado se fundamenta en las pruebas obrantes en el proceso. No se presenta inconsistencia entre lo decidido por la autoridad judicial y las pruebas allegadas, pues estas apuntan a que la zona en la que están ubicadas las comunidades son zonas de bajamar.

Para respaldar su postura, la autoridad judicial accionada hizo referencia expresa en la providencia a nueve pruebas documentales allegadas por varias entidades. De estas, vale la pena destacar, especialmente, las siguientes:

El informe técnico de la Dimar, en el que se indicó que “la zona donde se ubican las poblaciones de Marlinda y Villagloria, corresponde a costas bajas, destacándose que están completamente rodeadas de cuerpos de agua (Mar caribe por el oeste y la Ciénaga de la Virgen por el este)”.

El Concepto Técnico N° 528 de 2012 de Cardique, en el que la entidad se pronunció sobre una queja de un ciudadano por las invasiones de Marlinda y Villa Gloria. Allí, la entidad llamó la atención sobre la necesidad de “articular un trabajo coordinado con las autoridades competentes en el tema, para (…) la recuperación de estas áreas sensibles y de especial importancia ecológica, así como la restitución de estos terrenos al estado, considerando sus características de zona de bajamar y bienes de uso público”.

El oficio AMC-OFI005223029 suscrito por el secretario de Planeación Distrital (E) de Cartagena, en el que asegura que “En consecuencia, las comunidades de Marlinda y Villagloria localizados al norte del centro poblado de la Boquilla del Distrito de Cartagena, se encuentran asentados en ZONA VERDE DE PROTECCION ZVP (…) las comunidades de Marlinda y Villa Gloria se encuentran parte en suelo de protección según lo señalado en los Numerales 6, 10 y 11 del artículo 25,, (sic) del Plan de Ordenamiento Territorial”.

Estos medios de convicción respaldan la conclusión a la que arribó la Sección Primera frente a la naturaleza pública de los terrenos en cuestión, pues estas se refieren a las zonas en las que están asentadas como de bajamar, costas bajas, zonas verde protección y suelo de protección. De ahí que sea comprensible que la autoridad judicial accionada haya desechado la argumentación relativa al carácter privado de la zona.

Ahora bien, la parte actora contravino el valor probatorio del Concepto Técnico N° 528 de 2012 de Cardique, pues a su juicio este no versa sobre las comunidades de Marlinda y Villa Gloria. Sin embargo, al revisar su contenido salta a la vista que a lo largo del informe se hace referencia a los impactos medioambientales generados por estas dos comunidades.

Incluso, sin ir más lejos, el objeto del concepto es la queja presentada por un ciudadano ante, en palabras de la entidad, “la invasión extensa de las áreas de bajamar y manglar en la boquilla (Zona Marlinda y Villagloria)”. Por consiguiente, no es válido el argumento presentado por los accionantes, ya que aquel medio de prueba sí se trata particularmente sobre las dos comunidades referidas.

De otra parte, debe señalarse que al expediente ordinario no se hizo llegar la Resolución 716 de 2002 ni de la escritura 3652 de 5 de septiembre de 1968. Inclusive, en el escrito de tutela la parte actora reconoció que la resolución mencionada no obró en el proceso ordinario. Al respecto, aseguró que esa fue ocultada por la Dimar. Por esto, en el escrito de tutela señaló “dentro de la presente acción de tutela (…) reitero mi intención de anexar con este libelo para que sea tenida como prueba de la resolución 00716 del 27 de septiembre de 2002”.
Lo mismo sucede con las Resoluciones 986 de 2006 y 224 de 2007 expedidas por el Incoder, que fueron aportadas únicamente en sede de tutela.

Por ende, al no haber sido parte del debate procesal no hubo forma de que el juez natural hubiese valorado tales pruebas. Bien pudo la parte actora hacerlas llegar oportunamente a la acción popular. Por lo tanto, no puede concluirse la existencia del defecto fáctico respecto de esos elementos probatorios.

Respecto a la Resolución 965 de 2012, que sí obra en el expediente, debe decirse que de esta no se desprende la conclusión sostenida por la parte actora. En este acto administrativo, el Incoder inició el trámite de deslinde de tierras de la Nación en el complejo cenagoso de la Ciénaga de la Virgen. Esta decisión se produjo a raíz de que un ciudadano solicitó que se iniciara el trámite de clarificación de un terreno que aseguró era de su propiedad.

En respuesta a su solicitud, la entidad explicó que,

“la zona donde se encuentra ubicado el predio HERNÁN JOEL BOHORQUÉZ MONTOYA, sobre el cual se solicitó adelantar el proceso de clarificación y deslinde, corresponde a una extensa área de terrenos de bajamar que hacen parte de la denominada, Ciénaga de “la Virgen” y que han sido adecuados mediante material de relleno.

Por lo anterior, es necesario precisar que el deslinde pretendido no puede limitarse a indicar los linderos que hipotéticamente separaría un predio de propiedad privada y parte de la ciénaga, sino que su adelantamiento deber (sic) perseguir definir los linderos de toda la ciénaga ´La virgen´ y los predios de propiedad privada, playones comunales, y terrenos baldíos que ostentan la condición de adjudicables.

Por otra parte existe pronunciamiento de la Dirección General Marítima en el sentido que afirma que la supuesta propiedad privada del inmueble estaría extendiéndose a territorios de bajamar que tienen el carácter de bienes del Estado, inadjudicables e inalienables.

Como quiera que en este caso se ha cumplido plenamente la etapa previa del procedimiento previsto en el decreto 2663 de 1994, y teniendo en cuenta que del estudio (…) resulta establecido que el predio corresponde a los previstos en el artículo 20 de dicho decreto, se estima conveniente iniciar el procedimiento de Deslinde de tierras de la Nación del complejo cenagoso de la ciénaga ´La virgen´ en su totalidad incluyéndose el predio HERNÁN JOEL BOHORQUÉZ MONTOYA”.

De la transcripción se aprecia que el predio del solicitante, ubicado en la Ciénaga de La Virgen, es un terreno de bajamar. A su vez, se indica que toda esa ciénaga será objeto de deslinde por tratarse de uno de los bienes nacionales de que trata el artículo 20 del Decreto 2663 de 1994.

En consecuencia, este acto administrativo en vez de demostrar que las comunidades están ubicadas en predios de propiedad privada acredita lo contrario. La entidad fue clara al sostener que el trámite de deslinde, que según el artículo 20 del Decreto 2663 de 1994 solo opera para bienes de la Nación, se iniciaría en toda la Ciénaga de La Virgen, justamente, por tratarse de un bien de esas características.

Esto último también se puede extender al oficio de 31 de mayo de 1999 expedido por la Dimar, pues de este tampoco es posible concluir el planteamiento de la parte actora. Lo que allí se indica es que existen invasiones en el predio privado Los Morros. Sin embargo, este documento no prueba que las comunidades de Marlinda y Villa Gloria sean las que lo habitan. En el documento, además, se indica que algunas de esas invasiones están “en terrenos sobre la jurisdicción de la Dirección General Marítima”.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que la Sección Primera no incurrió en defecto fáctico por el cargo estudiado, puesto que las razones por las que se concluyó que las áreas en las que están asentadas las comunidades no son privadas se fundamentaron en pruebas allegadas al proceso y expuestas explícitamente en el cuerpo de la sentencia reprochada.

A su vez, la razón por la que no se hizo análisis sobre algunas de las pruebas mencionadas por los accionantes obedece a que no reposaban en el proceso ordinario. Por último, los demás elementos probatorios que sí hicieron parte de la acción popular y que según los accionantes prueban la naturaleza privada de los predios no se desprende la hipótesis de la parte actora.

5.2. Sobre la presunta falta de prueba acerca de los daños medioambientales generados por los asentamientos humanos

En la providencia reprochada, la Sección Primera aseguró que en el caso se acreditó la vulneración al goce de un medio ambiente sano y al equilibrio ecológico. Fundó tal conclusión en documentos de autoría de Cardique (Concepto Técnico N° 528 de 2012), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y la Unidad de Prevención y Atención de Desastres de Cartagena.

Por esto, carece de fundamento el cargo de los accionantes, ya la autoridad judicial accionada sí indicó las pruebas que lo llevaron a concluir la vulneración a estos derechos colectivos y los daños medioambientales generados.

5.3. Finalmente, sobre la supuesta configuración del defecto fáctico al no haber decretado pruebas de oficio, la Sala advierte que la facultad oficiosa del juez administrativo procede en los eventos en que el juez requiera dilucidar puntos oscuros o difusos de la contienda.

Supuesto que no se presentó en el caso, justamente, porque la gran cantidad de pruebas aportadas al expediente le permitieron a la Sección Primera concluir que las áreas en las que están asentadas las comunidades de Marlinda y Villa Gloria son bienes públicos, que estas se encuentran en alto de riesgo de desastres y que el factor antropocéntrico sí ha sido determinante en la generación de daños ambientales en la zona.

En suma, lo señalado demuestra que en el caso existe coherencia entre lo decidido por la Sección Primera del Consejo de Estado y lo probado en el desarrollo del proceso ordinario. En consecuencia, la Sala considera que no se encuentra configurado el defecto fáctico planteado por la parte actora.

6. Conclusión

Todo lo expuesto demuestra que, en vez de existir un error flagrante, ostensible y manifiesto, la decisión fue razonable. Las conclusiones a las que arribó la Sección Primera obedecieron al conjunto de pruebas obrantes en el proceso y a una interpretación sensata y ajustada a las reglas de la sana crítica.

Razones por las que se confirmará la decisión, en el sentido de negar el amparo a todos accionantes que presentaron la tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la providencia impugnada proferida el 1° de marzo de 2018por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Folio 327.
Folio 1407-1417. Expediente en préstamo.
Folio 802.
Folio 810.
Folio 181.
Folio 303.
Folio 326.
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)  que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.
Corte Constitucional. Sentencia SU-970 de 2010 ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio y Sentencia SU-573 de 2017 ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
Consejo de Estado. Sección Segunda - Subsección A. Sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2016-02552-00, actor: Municipio de Popayán, demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y otro, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Folio 1065. Expediente en préstamo.
Al respecto se pueden consultar sentencias SU-050 y SU-573 de 2017.
Ley 70 de 1993. Artículo 5.
Ley 70 de 1993. Artículo 5.
Decreto 1745 de 1995. Artículo 3.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 21 de mayo del 2014. Expediente número: 11001-03-15-000-2013-01899-01 (AT). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Folio 1475. Expediente en préstamo.
Folio 1411. Expediente en préstamo.
Folio 1441. Expediente en préstamo.
Folio 1411. Expediente en préstamo.
Folio 1665-1667
Folio 208. Expediente en préstamo.

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