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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03151-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de febrero de 2018
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03151-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por los señores Pablo Antonio Parra Díaz, María Custodia Pérez Sánchez, Libia Marcela Parra Pérez, Fanny Yaneth Parra Pérez, Sandra Yasmin Parra Pérez y Obdulio Pérez Gómez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuese impugnado este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria (art. 31 del Decreto 2591 de 1991). Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03151-00

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

1 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ANÁLISIS DEL MATERIAL PROBATORIO BAJO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN MUERTE DE SOLDADO

[L]a Sala evidencia que no le asiste razón a los demandantes en cuanto a la falta de valoración de los testimonios, pues como ya se vio el Tribunal demandado sí los tuvo en cuenta y fue con fundamento en ellos y en los demás anexos allegados al proceso que determinó que la muerte no se originó por una falla en la prestación del servicio por parte de los Comandantes de los pelotones, pues todos informaron que el procedimiento fue de reconocimiento escalonado, en donde cada pelotón se dirigió hacía coordenadas diferentes (…) esta Sala considera que si bien es cierto el informe de lección aprendida y el informe de patrullaje no fueron mencionados expresamente en la sentencia objeto de tutela, también lo es que de lo expuesto en ellos, no se puede establecer que tengan una incidencia tal que permita atribuirle al Estado responsabilidad en la muerte del soldado [F.A.P.P], pues esos planteamientos por si solos no acreditan la falla del servicio o una situación de riesgo excepcional. Debe recalcar la Sala que el Tribunal demandado en la sentencia objeto de tutela además de los testimonios rendidos dentro del proceso también tuvo en cuenta los anexos que se allegaron, pues así lo manifestó, y con fundamento en ellos y en la jurisprudencia del Consejo de Estado que regula el tema objeto de debate se determinó que el soldado no se sometió a un riesgo excepcional. Por consiguiente, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada en la providencia motivo de inconformidad efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03151 00(AC)

Actor: PABLO ANTONIO PARRA DÍAZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el apoderado judicial de los señores Pablo Antonio Parra Díaz, María Custodia Pérez Sánchez, Libia Marcela Parra Pérez, Fanny Yaneth Parra Pérez, Sandra Yasmin Parra Pérez y Obdulio Pérez Gómez en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

Solicitud

Mediante escrito radicado en la Secretaría General del Consejo de Estado el 22 de noviembre de 2017, los demandantes arriba mencionados, actuando por medio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.

Tal derecho lo consideraron vulnerado con la sentencia del 27 de julio de 2017 proferida por la referida autoridad judicial, dentro del proceso de reparación directa que adelantaron contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el radicado 11001-33-36-034-2015-00203 01, en la cual se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Judicial del Circuito de Bogotá del 29 de julio de 2016 que negó las pretensiones de la demanda.

1.2 Hechos

Los peticionarios sustentaron la solicitud de amparo en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El 23 de octubre de 2013 el Pelotón Pantera 85 del Batallón de Combate Terrestre 84 del Ejército Nacional se encontraba realizando operaciones militares en la vereda Yarumal del municipio de la Macarena (Meta).

En desarrollo de esa misión sufrieron un ataque por parte de varios frentes de las FARC con disparos de armas de fuego y artefactos explosivos no convencionales, causándole la muerte a dos soldados profesionales, entre ellos a Fredy Antonio Parra Pérez y heridas a 11 más.

La acción se presentó cuando el Pelotón Pantera 85 del cual hacía parte el soldado antes mencionado desarrollaba la orden fragmentaria 001 ODIN de la Orden de Operaciones 010 ORFEO de BACOT 84 que inició el 22 de octubre de 2013 y consistía en realizar un allanamiento a una vivienda rural del municipio de La Macarena donde se incautaron varias armas de fuego, material de guerra e intendencia, estupefacientes y la captura de cuatro sujetos en flagrancia.

En la madrugada del 23 de octubre y estando en el área de operaciones se recibió información de inteligencia humana respecto del avance de 120 guerrilleros de los frentes 27, 42 y 7 de las FARC con destino a donde estaban ubicados los soldados.

Por lo anterior el Comandante le ordenó al Pelotón iniciar un movimiento de desubicación y montar una BPM (Base de patrulla móvil) con el fin de bloquear y asegurar el área, sin embargo fueron sorprendidos por el enemigo con un ataque armado.

Los subversivos aprovecharon no solo las ventajas del terreno sino también la superioridad numérica pues eran aproximadamente 120 contra un Pelotón de 14 militares y las deficiencias tácticas en el desarrollo de la misión pues el comandante a sabiendas de la cantidad de guerrilleros, del informe de inteligencia y de la inminencia del ataque solo envió al Pelotón Pantera 85 a bloquear tres frentes.

Según los informes oficiales el ataque duró varias horas y la unidad solicitó apoyo aéreo y terrestre de los otros pelotones que estaban en el área, sin embargo fue tardío y se produjeron resultados trágicos.

Por lo anterior se presentó una demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional la cual se tramitó con el radicado 11001-33-36-034-2015-00203 00.

En primera instancia la demanda le correspondió al Juzgado Treinta y Cuatro Oral Administrativo de Bogotá, el cual en sentencia del 29 de julio de 2016 negó las súplicas de la demanda con el argumento de que la muerte del soldado Fredy Antonio Parra Pérez era un riesgo propio de su actividad y que no se demostró la existencia de una falla en el servicio y/o errores de estrategia militar como causa determinante del daño.

Contra la anterior decisión se formuló el recurso de apelación del cual conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de conformidad con los artículos 212 y 213 del CPACA, en el trámite de la segunda instancia se incorporó una prueba importante para el análisis de ese tipo de casos, ella es un documento elaborado por el Ejército Nacional denominado “LECCIÓN APRENDIDA” en relación con el desarrollo de la orden Fragmentaria 001 ODIN – orden de operaciones 010 ORFEO donde el Ejército reconoció los aspectos negativos, las fallas, los errores y fijó una serie de recomendaciones en relación con lo ocurrido el 23 de octubre de 2013.

El 31 de enero de 2017, el Tribunal ordenó decretar e incorporar al expediente la prueba antes mencionada.

El 27 de julio de 2017 se profirió la sentencia de segunda instancia confirmando la negativa de las pretensiones de la demanda. En el fallo no se hizo referencia ni se analizó el contenido de la prueba incorporada con la cual se demostraba en forma clara los graves errores y las fallas de estrategia militar cometidos por el Ejército Nacional el día de los hechos en el que perdió la vida el soldado Parra Pérez.

1.3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues incurrió en defecto fáctico por no valoración de las pruebas y en desconocimiento del precedente.

Frente a los requisitos formales indicó que se cumplen toda vez que se agotaron todos los recursos procesales dentro del trámite del medio de control de reparación directa, pues la tutela se presentó contra una sentencia dictada en segunda instancia contra la cual no procede ningún recurso. La sentencia se notificó en el mes de agosto de 2017 y por lo tanto ha transcurrido un tiempo razonable para la presentación de la presente acción.

En cuanto a los requisitos especiales de procedibilidad señaló que se configura un defecto fáctico por no valoración de las pruebas, el cual sustentó de la siguiente manera:

El Tribunal demandado para negar las súplicas de la demanda solo citó y analizó tres pruebas, esto es, (i) el informativo administrativo por muerte de la víctima, (ii) el informe de los hechos elaborado por el Comandante de la Compañía Pantera y (iii) la resolución del pago de las prestaciones sociales a los padres de la víctima.

La sentencia omitió analizar y estudiar de manera conjunta la prueba allegada en segunda instancia e incorporada por el mismo Tribunal que se denomina informe de lección aprendida y que elaboró el propio Ejército Nacional a raíz de los hechos presentados el 23 de octubre de 2013 en la vereda Yarumal del municipio de La Macarena, en donde casi todo un pelotón del BACOT 84 fue aniquilado o dejado por fuera de combate con varios integrantes muertos y el resto heridos.

Afirmó que el citado informe es una prueba de vital importancia para el proceso pues corresponde al análisis detallado que hizo el Comandante de la Brigada Móvil N° 12 y del Batallón de Combate Terrestre 84 respecto de los hechos a los que ya se hizo mención y en el que se consignan entre otros aspectos los siguientes:

Planeación de la misión
Narración de los hechos en orden cronológico
Material incautado
Plan de contingencia cuando se produjo el ataque de la guerrilla
Riesgos
Funcionalidad
No funcionalidad
Conclusiones
Recomendaciones.

Sostuvo que de la lectura del informe se infiere que el Ejército Nacional hizo un reconocimiento de los errores o falencias cometidos tanto en la planeación como en la ejecución de la Orden de Operaciones 010 ORFEO, donde perdieron la vida dos soldados profesionales, resultó herido un oficial, un suboficial y nueve soldados profesionales, todos integrantes del Pelotón 85 que fue atacado por guerrilleros de los frentes 7, 27 y 42 de las FARC.

Señaló que contrario a lo manifestado por el Tribunal lo ocurrido el 23 de octubre de 2013, no corresponde a un típico combate fortuito entre el Ejército y la guerrilla como lo dice la sentencia, sino que realmente obedeció a una serie de fallas o descuidos no solo por las decisiones tomadas en el terreno por los comandantes, sino desde el momento mismo de la planeación de la misión pues no se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales de inteligencia y organización de las tropas en el área.

Expresó que de acuerdo con el contenido del informe de lección aprendida se puede concluir que la operación ODIN no fue planeada y ejecutada adecuadamente y que se presentaron una serie aspectos de táctica militar que no funcionaron correctamente el día de los hechos.

Recalcó que si se hubiera analizado la prueba en conjunto con los demás elementos probatorios, se habría concluido que la muerte del soldado profesional Fredy Antonio Parra Pérez fue consecuencia de una falla del servicio imputable al Estado, por el cúmulo de errores y descuidos en la planeación y desarrollo de la orden de operación 010 ODIN, tal como consta en el informe de lección aprendida.

Indicó que ese tipo de informes han sido tenidos en cuenta por la Sección Tercera del Consejo de Estado para dar por acreditada la falla en el servicio y declarar la responsabilidad del Estado en casos como el analizado.

En dicho proveído se declaró responsable al Ejército de la muerte de varios soldados profesionales como consecuencia de la activación de una casa bomba durante el desarrollo de una operación contra la guerrilla en el municipio del Dorado Meta. Allí también se elaboró un documento denominado lecciones aprendidas en el que se identificaron falencias en el cumplimiento de la misión, los aspectos a mejorar, las recomendaciones y enseñanzas para que esas situaciones no se vuelvan a presentar.

Agregó que tampoco se valoraron los testimonios rendidos por los militares que estuvieron en el lugar de los hechos, esto es, el Subintendente Fernando Cepeda, Comandante del Pelotón; el ST. Fabián Humberto Casas Blanco, Comandante del Pelotón Pantera 85 y el del Capitán Javier Andrés Muñoz Hoyos.

Tampoco se analizó de manera y en conjunto con la prueba testimonial el informe del patrullaje elaborado por el Capitán Javier Andrés Muñoz Hoyos, Comandante de la compañía Pantera que dice que hace falta un fotógrafo de combate, pues se tiene cámaras pero no la persona indicada para ello, el personal no cuenta con todo el material de lentes de visión nocturna y que faltan baterías para los AVN y los GPS.

Dijo que si el Tribunal consideraba que esas pruebas no debían ser analizadas o carecían de algún valor probatorio entonces así debió decirlo en la sentencia pero lo que se observa es que no fueron tenidas en cuenta y ni siquiera se mencionaron lo cual vulnera el debido proceso.

Concluyó que con la presente acción de tutela cuestiona la no valoración de todo el acervo probatorio obrante en el expediente, pues de haberse analizado la decisión hubiera sido diferente.

Respecto al desconocimiento del precedente expresó que la sentencia objeto de la presente acción de tutela no aplicó la jurisprudencia relacionada con la muerte de militares en desarrollo del conflicto armado interno y su protección frente a las normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Se refirió al precedente del 6 de julio de 2017, que precisa si el daño se produce por una falla en el servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional, pues para las personas que ingresan voluntariamente a prestar el servicio el daño se asume como un riesgo propio de la actividad militar, siempre que haya sido causado durante y con ocasión del mismo, sin embargo, si el daño se produce por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con el que debieron enfrentar los demás compañeros, el Estado está obligado a indemnizar los perjuicios causados bajo un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo.

Además informó que en la sentencia del 14 de septiembre de 2017, se precisó que cuando una persona se encuentra al servicio de las Fuerzas Militares de manera libre y con el propósito de desplegar actuaciones riesgosas para su vida e integridad personal, acepta la posibilidad de que sobrevengan tales eventualidades y las asume como una característica propia de las funciones que se apresta a cumplir, de manera que cuando alguno de los riesgos propios del servicio se concreta , surge el derecho a reconocer las prestaciones y los beneficios previstos en el régimen laboral especial, sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad al Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre que los mismos se causaron por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional.

En esa providencia el Consejo de Estado concluyó que los títulos de imputación que resultarían procedentes para atribuirle a la entidad el daño sufrido por un soldado profesional, sería la falla del servicio o el riesgo excepcional, solo si se configura el rompimiento de las cargas públicas en relación con sus iguales, es decir, que la víctima como funcionario que desempeña actividades de alta peligrosidad, asumió un riesgo mayor al que fueron sometidos sus pares.

En el caso del soldado profesional Parra Pérez, el análisis de responsabilidad debió hacerse desde la perspectiva del conflicto armado interno y la protección que brinda el derecho internacional humanitario a las víctimas del mismo, sin diferenciar si se trata de civiles o miembros de las fuerzas armadas.

1.4. Pretensiones

Presentó las siguientes:

“…que se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – subsección “A” de fecha 27 de julio de 2017 proferida dentro del proceso de Reparación Directa No. 110013336034201500203 01 actor: Pablo Antonio Parra Díaz y Otros contra: La Nación – Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), para que se profiera una nueva decisión donde se valoren todas y cada una de las pruebas incorporadas al expediente y se condene al Estado Colombiano por la muerte del soldado profesional Fredy Antonio Parra Pérez.”

1.5 Trámite

Por auto de 28 de noviembre de 2017, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A.

Se vinculó como terceros interesados al Juzgado Treinta y Cuatro Oral Administrativo de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional para que en el término de dos días ejercieran su derecho de defensa. Se reconoció personería al abogado Wilman Daney Suarez Arguello.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”

Pese a que fue debidamente notificado, guardó silencio.

1.6.2. Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá

Informó que el Despacho resolvió negar las pretensiones de la demanda en consideración a que de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, específicamente los testimonios del personal militar y los informes rendidos de la operación militar, se encontró que no era cierto que se trató de un ataque de la subversión, sino de una orden de operaciones fragmentaria cuya misión era justamente desarrollar una acción ofensiva contra la compañía de finanzas del frente 27 de las FARC, por lo que se realizó un planeamiento de la misión el día 22 de octubre de 2013 y se establecieron las tácticas de reconocimiento con el pelotón 85, mientras que las unidades pantera 84 y 83, implantaban las maniobras de emboscada y observatorios en la BPM, por lo que no solo se envió a pantera 85 al enfrentamiento.

Dijo que aunque se aseguró que el apoyo terrestre y aéreo tampoco fue rápido y eficaz, ello no fue demostrado, toda vez que el grupo pantera 84 fue el que hizo que la guerrilla se replegara y luego se envió el apoyo aéreo, pues no era posible hacerlo antes, ya que tanto la guerrilla como el ejército se encontraban en la misma zona y el helicóptero podía ser derribado.

Informó que en la indagación preliminar que se abrió con el fin de averiguar si las conductas que se desplegaron durante los hechos puestos a consideración constituían falta disciplinaria fue archivada debido a que se encontró que las actuaciones del personal militar estuvieron acordes con sus funciones y dentro del marco de la legalidad, sin encontrar ningún error en el desarrollo de la operación.

Como no se demostró que hubiera existido negligencia o descuido por parte de los superiores y del Comando del Ejército Nacional se negaron las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción tutela instaurada por los señores Pablo Antonio Parra Díaz, María Custodia Pérez Sánchez, Libia Marcela Parra Pérez, Fanny Yaneth Parra Pérez, Sandra Yasmin Parra Pérez y Obdulio Pérez Gómez, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes, corresponde a la Sala establecer si, como lo afirmaron los demandantes, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al proferir la sentencia del 27 de julio de 2017, que confirmó la sentencia del 29 de julio de 2016 del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Resolver el problema jurídico formulado supone previamente analizar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en caso de que dicho examen se supere, determinar si la decisión censurada incurrió en defecto un defecto fáctico o en desconocimiento del precedente.

2.3 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debió modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

Para esta Sala está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar decisiones producto de un proceso de tutela, con lo que se entiende superado el primero de los requisitos.

Se cumple con la inmediatez en atención a que la providencia atacada fue proferida el 27 de julio de 2017, mientras que la tutela fue interpuesta el 22 de noviembre siguiente, lo que implica un ejercicio pronto de la acción de tutela.

Respecto a la subsidiariedad, encuentra la Sala que por ser la sentencia de 27 de julio 2017 de segunda instancia dictada dentro de un proceso de reparación directa, no existe medio de impugnación ordinario para controvertirla.

Además, los argumentos presentados por la parte actora, no se ajustan a las causales taxativas consagradas en el ordenamiento jurídico para acudir al recurso extraordinario de revisión y tampoco resulta procedente, el de unificación de jurisprudencia, porque no se invocó como desconocida una sentencia de esta naturaleza de conformidad con lo establecido por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.

Superados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala se adentrará en el examen de los reproches formulados.

2.5. Del defecto fáctico

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) haber dictado sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso; los cuales tienen las siguientes características:

Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que la parte:

Identifique el elemento probatorio que solicitó.
Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
Exponga las razones por las cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que la parte:

Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez.
Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto en que el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 Constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

2.6. Caso concreto

Los demandantes consideran que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 27 de julio de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, pues en su sentir se configuró un defecto fáctico porque la sentencia objeto de tutela omitió analizar de manera conjunta la prueba allegada en segunda instancia consistente en el informe de lección aprendida elaborado por el Ejército Nacional a raíz de los hechos ocurridos el 23 de octubre de 2013, en el cual se reconocieron errores cometidos tanto en la planeación como en la ejecución de la orden de operaciones 010 ORFEO.

Afirmaron que si esa prueba hubiera sido analizada se había determinado que la muerte del soldado fue consecuencia de una falla del servicio imputable al Estado.

Indicaron que tampoco fueron valorados ni siquiera mencionados en la sentencia, los testimonios de los militares que estuvieron en el lugar de los hechos, ellos son, los rendidos por el Subintendente Fernando Cepeda Vega, Comandante del Pelotón; el ST. Fabián Humberto Casas Blanco, Comandante del Pelotón Pantera 85 y el del Capitán Javier Andrés Muñoz Hoyos y el informe de patrullaje que elaboró este último.

También expresaron que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial relacionado con la muerte de militares, en desarrollo del conflicto armado interno y su protección frente a las normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Pues bien, el examen de los reproches formulados supone que en primera medida esta Corporación estudie el contenido de la providencia atacada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” al entrar al estudio del caso concreto estableció que el problema jurídico a resolver era el siguiente:

“En sede de apelación corresponde establecer a esta Sala si, ¿En el presente caso – tratándose de un soldado profesional -, esta demostrado que se haya sometido a un riesgo excepcional o se haya configurado una falla en el servicio, que conllevó al fallecimiento del soldado FREDY ANTONIO PARRA PÉREZ?

O si por el contrario como lo consideró el a quo, ¿no están demostrados los elementos propios de la responsabilidad del Estado?

Para resolver el interrogante relacionado con el riesgo que asumen voluntariamente los miembros de las Fuerzas Militares, se refirió en primer término a la responsabilidad extracontractual del Estado tratándose de soldados y policías profesionales, así:

“…la línea jurisprudencial seguida por el Honorable Consejo de Estado y acogida por esta Sala de decisión para la mayoría de los casos, consiste en señalar, que las afectaciones a la integridad personal sufridas por miembros de la Fuerza Pública, constituyen un riesgo propio inherente a la actividad que ordinariamente despliegan, supuesto para el cual, se encuentra contemplada la indemnización a forfait, sin embargo, esta situación no es óbice, para que en algunos casos se pueda demostrar que el daño causado tenga como origen una falla en el servicio o incluso un riesgo excepcional, por cuanto se ha sometido a la víctima a un riesgo de (sic) mayor al cual se expuso a sus demás compañeros, que dé lugar aún a analizar las responsabilidad del Estado.

…por vía jurisprudencial se ha determinado que al momento de analizar la responsabilidad, deberá estudiarse si el daño sufrido se verifica en ejercicio de sus funciones, por tratarse de un riesgo inherente a su actividad como militar, el afectado se encuentra en el deber de soportarlo, de manera que solo habrá lugar a reparación en dos eventos específicos: (i) cuando el daño sea producto de una falla del servicio o, (ii) cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que normalmente un soldado profesional debe someterse.”

Luego señaló que los hechos probados fueron los siguientes:

Informativo Administrativo por lesión del 26 de octubre de 2013, en el cual se hace una descripción de los hechos y en cual se hace referencia al informe que rindió el Subintendente Fabián Humberto casas Blanco.
Documento del 29 de octubre de 2013, en el que consta que el Comandante de la Compañía Pantera rindió informe de los hechos ocurridos durante el desarrollo de la operación fragmentaria 001 ODIN.
Resolución 1394 de 7 de abril de 2014, mediante la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes a los padres de la víctima.

Encontró demostrado que el soldado profesional formó parte del batallón de Cómbate Terrestre, el cual hacía operaciones de acción ofensiva y maniobras de ataque, con el fin de neutralizar corredores de movilidad, estructuras de mando y control, sistema logístico y financiero, redes de apoyo.

Destacó que de acuerdo a la misión a efectuarse por los pelotones 83, 84 y 85, es claro que se sometieron a un riesgo al encontrarse en un combate directo con organizaciones al margen de la ley, situación que todos conocían. Por consiguiente, no se demostró un riesgo superior al de los demás compañeros, lo cual no configura la responsabilidad que se le endilga a la entidad.

Ahora bien, en el examen del régimen subjetivo de la falla del servicio, señaló que de acuerdo con los testimonios de los soldados y oficiales que se encontraban con el occiso, con ninguno de ellos se prueba que se efectuó mal una maniobra ordenada por los comandantes del Pelotón o que se desconociera la presencia de grupos armados al margen de la ley.

Además, se refirió expresamente a los testimonios rendidos en diligencia preliminar por el Subintendente Cepeda Vega Fernando, el ST. Casas Blanco Fabián Humberto y el Capitán Muñoz Hoyos Javier Andrés – Comandante de las Panteras, los cuales la parte actora menciona que no fueron valorados.

En el fallo se dijo que no se demostró que los demás pelotones acudieron como refuerzo al ataque de manera tardía y que el argumento expuesto por el apelante en el sentido de que no se envió a los otros pelotones de manera inmediata no tenía vocación de prosperidad porque de acuerdo con los hechos no se podía comprometer la integridad de los demás entrando al combate sin ninguna estrategia y para el momento en que lograron dispersar el grupo con el que combatían ya se habían reportado dos soldados muertos, es decir, que no se demostró la falla en la prestación del servicio de salud frente al soldado Parra Pérez.

Así las cosas, la Sala evidencia que no le asiste razón a los demandantes en cuanto a la falta de valoración de los testimonios, pues como ya se vio el Tribunal demandado sí los tuvo en cuenta y fue con fundamento en ellos y en los demás anexos allegados al proceso que determinó que la muerte no se originó por una falla en la prestación del servicio por parte de los Comandantes de los pelotones, pues todos informaron que el procedimiento fue de reconocimiento escalonado, en donde cada pelotón se dirigió hacía coordenadas diferentes.

Ahora bien, en cuanto a la falta de valoración de informe de lección aprendida debe decirse que al revisar el contenido del mismo, se encuentra que lo planeado fue que la brigada móvil 12 con el Bacot 84 y las unidades de acción directa pantera 83, 84, 85 y en agregación pantera 39 y 61, desarrollara operaciones de acción ofensiva en la vereda Yarumales, municipio de La Macarena contra la compañía de finanzas del frente 27 de las FARC, con el fin de neutralizar a su cabecilla y los terroristas pertenecientes a su seguridad respetando en todo momento las normas del derecho internacional humanitario.

En la narración de los hechos del mismo informe se dijo que en desarrollo de la operación ODIN, se efectuó asalto aéreo, maniobra de ataque y se emplearon 3 unidades tipo pelotón.

Como resultado se obtuvo la captura de un guerrillero encuadrillado y 3 miembros de las “RAT”. Se incautó material de guerra, material técnico, víveres para la estructura y 21 kilos de PBC.

Se manifestó también que las unidades iniciaron tarea táctica de reconocer el nororiente y noroccidente del área objetivo, con el fin de lograr la neutralización de los terroristas que huyeron.

Se recibió información sobre la presencia del frente 27 de las FARC, en un sitio conocido como la antena, por lo que se inició contacto hacia ese lugar y al llegar a unas trochas “montan emboscadas”, de las que salieron y continuaron el movimiento hacía el sur en una diagonal escalonada.

Posteriormente entraron en combate con aproximadamente 100 guerrilleros, el cual se incrementó contra la unidad que se desplazaba sobre el sector occidental, pelotón que inició el combate con una fuerza superior y reportó que estaban siendo atacados con fuegos de mortero y artillería artesanal desde la parte oriental.

El comandante informó que el fuego era nutrido, que tenía dos soldados heridos de gravedad y solicitó apoyo de fuego aerotactico. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas un helicóptero arpía salió de la base militar de La Macarena para apoyar a las unidades.

Se maniobró por el oriente y con el apoyo del arpía y las maniobras de la compañía se obligó a los terroristas a replegarse aproximadamente a una hora de iniciar el combate.

Expresó que se realizó la maniobra de apoyo para evacuar los heridos por parte de los helicópteros de la Fuerza Aérea y se informó que se habían asesinado 2 soldados profesionales, que había un oficial, un suboficial y 9 soldados profesionales heridos, asimismo se especificó cuanto material de guerra perdió la tropa, que se capturaron 4 miembros de las FARC y el armamento, material de explosivos, de intendencia, de transporte, técnico, los víveres y la propaganda alusiva a las FARC que le fue incautada al grupo guerrillero.

De la lectura del plan de contingencia de cuando sucedió el evento, el informe de lección aprendida expuso que en el momento del combate las unidades se encontraban realizando maniobras de movimiento hacía el contacto de forma escalonada y que el comandante determinó los esfuerzos de maniobra para cada unidad, así como las prioridades de apoyo y técnicas de envolvimiento para cada unidad.

También se asignaron las rutas para el desplazamiento y sectores de responsabilidad para fuegos y apoyos y se previeron las posibles zonas de helipuerto y de desembarque.

Como riesgos se establecieron: “CAMPOS MINADOS, METEOROLOGÍA ADVERSA, REFUERZOS DE ESTRUCTURAS ADYACENTES DEL SATT FARC, LA UBICACIÓN POR PARTE DE SAT-T ZONAS PREPARADAS, ATAQUES A UNIDADES AISLADAS, POBLACIÓN CIVIL DESAFECTA, OBSTACULOS INVADEABLES.”

Indicó que la operación funcionó por: “EL INGRESO DE LAS UNIDADES AL ÁREA OBJETIVO, LA BUENA DISCIPLINA TÁCTICA EN EL MOMENTO DEL COMBATE, LA EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA EN EL MOMENTO DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS HACÍA EL CONTACTO, EXCELENTE APOYO DE FUEGO AEROTACTICO A PESAR DE LAS CONDICIONES METEREOLÓGICAS ADVERSAS, LA CONDUCCIÓN Y LIDERAZGO POR PARTE DE LOS COMANDANTES DE UNIDAD EN EL DESARROLLO DE LA MANIOBRA, EL ESCALONAMIENTO DE LAS UNIDADES EN EL TERRENO PERMITE UNA REACCIÓN OPORTUNA EN EL MOMENTO DEL COMBATE, APOYO DE LAS ENTIDADES JUDICIALES FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS ENFERMEROS DE COMBATE.”

Y no funcionó por lo siguiente: “PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE ENFRENTA A UNA FUERZA MAYOR. (REPLIEGUE OFENSIVO), SEGUIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DE ORDEN PÚBLICO, FALLAS EN INTELIGENCIA ESPECIALIZADA, TÉCNICA Y HUMANA SOBRE LAS ÁREAS GRISES, SE DEBE CUMPLIR CON LO PLANEADO, YA QUE CUANDO SE ATACA EL OBJETIVO SE PIERDE LA SORPRESA.” (Mayúsculas del texto original)

Ahora bien, en las conclusiones del informe de lección aprendida se determinó: Planear y ejecutar adecuadamente, distribuir adecuadamente las unidades de maniobra, apoyo mutuo de las fuerzas, proveer información de manera continua, emplear las máximas capacidades de los hombres, mantener la superioridad en el poder de fuego, el manejo adecuado de los medios de comunicación y conservar una reserva para apoyar.

En el informe de patrullaje se concluyó que se recomendaba hacer la RDA a todo nivel no solo a las unidades comprometidas, que hace falta que cada unidad prepare un camarógrafo de combate, la disposición de todo el personal para la operación, el entrenamiento y preparación que tienen las tropas, las unidades llegaron al área base de los terroristas, por tanto se deben proveer las contingencias, la comunicación en el sector no se garantiza para operaciones de ese tipo, pues se debe tener antena de selva o elevar la tubular con lo cual se garantiza la maniobra, la protección y el respeto a las normas de DDHH y el respeto a la vida, el planeamiento detallado ya que se previnieron muchas contingencias y fue efectivo sobre el objetivo.

En ese orden, esta Sala considera que si bien es cierto el informe de lección aprendida y el informe de patrullaje no fueron mencionados expresamente en la sentencia objeto de tutela, también lo es que de lo expuesto en ellos, no se puede establecer que tengan una incidencia tal que permita atribuirle al Estado responsabilidad en la muerte del soldado Fredy Antonio Parra Pérez, pues esos planteamientos por si solos no acreditan la falla del servicio o una situación de riesgo excepcional.

Debe recalcar la Sala que el Tribunal demandado en la sentencia objeto de tutela además de los testimonios rendidos dentro del proceso también tuvo en cuenta los anexos que se allegaron, pues así lo manifestó, y con fundamento en ellos y en la jurisprudencia del Consejo de Estado que regula el tema objeto de debate se determinó que el soldado no se sometió a un riesgo excepcional.

Por consiguiente, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada en la providencia motivo de inconformidad efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica.

En otras palabras, la providencia enjuiciada se encuentra enmarcada dentro del principio de autonomía judicial que tienen los jueces de la República, tal como lo establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, conforme a los cuales, la función judicial goza de autonomía, entendida como la ausencia de presiones ejercidas sobre los funcionarios jurisdiccionales por otros órganos del poder, e independencia, que se predica respecto de los superiores jerárquicos dentro de la rama judicial, en los términos de la Constitución y la ley.

Al respecto la Sala debe advertir que la tutela no es una tercera instancia que se pueda emplear para que se revise lo ya definido por el juez natural de la especialidad como lo pretenden los demandantes.

Así lo ha considerado la Sección Quinta en oportunidades anteriores “…se debe tener en cuenta que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”

En conclusión, para esta Sala las alegaciones de los actores obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial accionada y en ese sentido lo que se evidencia es su ánimo de debatirla en sede constitucional y un simple descontento por ser desfavorable a sus intereses, sin que se advierta que la decisión sea arbitraria o irrazonable o que en ella se haya desconocido de manera injustificada el acervo probatorio, al no darle la valoración, alcance o interpretación que a su juicio, consideran debió tener, con el fin de establecer si existe un mejor criterio que el utilizado por el juzgador de instancia.

En cuanto al desconocimiento del precedente invocado por el actor se considera que el mismo no fue desconocido, pues las circunstancias que se presentaron en los asuntos que pone de presente en este caso son distintas a las que fueron objeto examen en el proceso de reparación directa, toda vez que se encontró que se respetaron las normas del derecho internacional humanitario; además las pruebas allegadas no acreditaron que se cometieron errores tácticos o que se desconocieron medidas de seguridad, que hubo impericia o imprudencia por parte de los superiores de la víctima o de sus compañeros en el uso de las armas.

Así las cosas, la Sala negará el amparo solicitado por los actores.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por los señores Pablo Antonio Parra Díaz, María Custodia Pérez Sánchez, Libia Marcela Parra Pérez, Fanny Yaneth Parra Pérez, Sandra Yasmin Parra Pérez y Obdulio Pérez Gómez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuese impugnado este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria (art. 31 del Decreto 2591 de 1991).

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

SHAPE \* MERGEFORMAT
Sentencia del 25 de enero de 2017, Exp. 50001-23-31-000-2002-20362 01 (36115) actor: Mercedes Vladés Meneses y Otros C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
Consejo de Estado – Sección Tercera – Exp: 52001-23-31-000-1997-09056 01 (Rad. 25209) Actor: Guillermo Nicomedes Enríquez y Otros. C.P. Danilo Rojas Betancourt.
Consejo de Estado – Sección Tercera, Exp: 73001-23-31-000-2011-00159-01 (43350) Actor: Luis Harvey Osorio Rodríguez, entre otras.
Se refirió a la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera, Exp: 50001 23 31 000 2002 20362 01 (36115), Actor: Mercedes Valdés Meneses y Otros. C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
Sobre el particular, el C.P. mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia C.P: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P: María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
El Consejo de Estado se pronunció acerca del principio de autonomía judicial en los siguientes términos: “Al respecto la Sala reitera que en principio la Acción de Tutela es improcedente para discutir interpretaciones legales razonables, como quiera que, los artículos 228 y 230 Superiores consagraron la autonomía e independencia judicial como una garantía institucional que se debe preservar para efectos de articular correctamente el principio de separación de poderes. // De este modo, es claro que a pesar de que el ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la Ley y la Constitución, también es evidente que la Norma Constitucional reconoció que existen situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable al caso, para lo cual debe ser independiente y autónomo”. Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de 2010, radicación número: 11001-03-15-000-2010-00430-01 (AC). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01828-01. (AT) Sentencia de 15 de diciembre de 2015.

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