Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-03175-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Acción de tutela contra providencia judicial: niega el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-03175-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2017-03175-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
2 de febrero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - El Tribunal no realizó una valoración arbitraria o caprichosa de las pruebas allegadas al proceso / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No se configura se colige la declaratoria del eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima
[L]a Sala no observa que la providencia objeto de censura incurra en el defecto fáctico alegado en el libelo introductorio, ya que del análisis de las pruebas bajo los criterios de la sana crítica, se infiere razonablemente que el señor [A.A.M.R.] produjo la imposición de su detención preventiva por un actuar contrario al ordenamiento jurídico, pues llevaba unas balas sin permiso, de lo que era dable colegir en el momento de su captura que participó en el ilícito por el que fue procesado. Así las cosas, la declaratoria del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima realizada por las autoridades accionadas en la providencia atacada, goza de respaldo probatorio, por lo que no se configuró la causal específica de procedibilidad denominada defecto fáctico. (…). En atención a lo expuesto en líneas precedentes y comoquiera que en la sentencia cuestionada los magistrados accionados analizaron en debida forma las pruebas adosadas al expediente, se colige que la declaratoria del eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima, efectuada en aquella determinación, se ajusta al ordenamiento jurídico, por lo que no se configura el defecto fáctico invocado en el escrito de tutela, lo que impone negar el amparo deprecado.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 176 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 40 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414 / DECRETO 306 DE 1992 / DECRETO 1382 DE 2000 /
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, exp.11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. Sobre los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En cuanto al defecto fáctico, ver: Corte Constitucional, sentencia T-599 de 28 de agosto de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En cuanto a la privación injusta de la libertad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2011, exp: 20942, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. En cuanto a la privación injusta de la libertad, ver: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 05 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En cuanto a la responsabilidad extracontractual del estado por privación injusta de la libertad, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2017, exp: 66001-23-31-000-2008-00322-01 (41065), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 81001-23-31-000-2008-00083-01 (39182) y Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 30 de marzo de 2016, exp: 66001-23-31-000-2007-00097-01 (36261), M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Respecto a las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos, ver: Corte Constitucional, sentencia de 27 de agosto de 2009, exp: T-590, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03175-00(AC)
Actor: ALIRIO ALEXIS MARIN RENDON Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Alirio Alexis y Nora Elsy Marín Rendón, María Alejandra Marín González y Ledy Rosa Rendón de Marín, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
ANTECEDENTES
La solicitud de amparo (ff. 1 a 16 c. 1). Los señores Alirio Alexis y Nora Elsy Marín Rendón, María Alejandra Marín González y Ledy Rosa Rendón de Marín, por intermedio de apoderado, presentan acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos constitucionales fundamentales a los que se hizo referencia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la sala cuarta (4ª) de decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el fallo de 13 de octubre de 2017, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala 4.ª de decisión) revocó el de 1.º de septiembre de 2015, dictado por el Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo de Descongestión de Pereira, y negó las pretensiones del medio de control de reparación directa 66001-33-33-752-2015-00003-00 y, en su lugar, se ordene dictar una nueva providencia en la que se acceda a las súplicas formuladas en ese trámite contencioso-administrativo.
Hechos. Relatan los accionantes que el señor Alirio Alexis Marín Rendón fue capturado el 12 de enero de 2012 por miembros de la Policía Nacional en el parque central del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), quienes acudieron al lugar por el llamado de la comunidad; estos le informaron que la aprehensión obedecía a la presunta comisión del delito de hurto calificado y agravado.
Que la «fiscal 34 seccional de Santa Rosa de Cabal» solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, decretada por el despacho judicial de control de garantías que conoció el asunto, sin embargo, y luego de pasar un tiempo considerable privado de la libertad, el «Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dos Quebradas» (sic) profirió sentencia absolutoria a su favor, al estimar que las pruebas allegadas no evidenciaban la responsabilidad del acusado, esto es, que tuviera participación en el hecho por el que fue detenido, pues aunque un testigo manifestó que aquel les advirtió telefónicamente a unos delincuentes de la presencia de policías, esto no es suficiente para considerarlo partícipe del asalto.
Dicen que incoaron demanda de reparación directa 66001-33-33-752-2015-00003-00 contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, en la que deprecaron declararla administrativamente responsable de los perjuicios que les causó el apresamiento del señor Alirio Alexis Marín Rendón y ordenarle resarcirlos, pretensiones a las que accedió el Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo de Descongestión de Pereira, a través de providencia de 1.º de septiembre de 2015, bajo el argumento de que se configuraron los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad.
Que contra la anterior determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación, debido a que la detención del procesado se pidió y dictó conforme al sistema normativo, ya que obraban elementos materiales probatorios de los que se infería razonablemente su participación en la conducta delictiva en la que se vio involucrado.
Agregan que el Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de fallo de 13 de octubre de 2017, desató la alzada en el sentido de revocar el de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, toda vez que la aprehensión del sindicado se produjo por su culpa, en razón a que se presentaron varios hechos de los cuales se lograba concluir su participación en el hurto, como el hecho de que su motocicleta estaba frente al bar asaltado, portaba balas sin el correspondiente permiso, su teléfono no tenía «sim card» y un testigo señaló que tenía relación con los bandidos que ingresaron al lugar robado.
Que la mencionada decisión incurre en la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, puesto que en ella las autoridades accionadas alegaron que se configuró el eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima, a pesar de que solo podían tener en cuenta la sentencia penal absolutoria para dirimir la controversia, lo que no observaron, pues estudiaron otros medios de prueba y dieron por ciertos hechos no demostrados.
Arguyen que se ignoró que el «Juzgado Segundo (2.º) Penal del Circuito de Dos Quebradas» (sic) aseveró en la absolución que lo único que ataba al acusado a la conducta delictiva era un testigo, quien dijo que aquel estaba en contacto telefónico con los atracadores que ingresaron al establecimiento de comercio, pero ello no era suficiente para comprometer su responsabilidad.
Que si bien el enjuiciado fue capturado cerca del lugar en que se cometió el hurto, de ello no es posible deducir que participó en él, por cuanto hay múltiples razones por las que pudo haber estado allí, las cuales debieron establecer los accionados con un interrogatorio, que no hicieron; además, como no se determinó tal situación, era inviable declarar la culpa exclusiva de la víctima, máxime cuando su actuar no fue la causa adecuada del daño antijurídico a indemnizar.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 1.º de diciembre de 2017 (ff. 161 y 162 c. 1), admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la sala cuarta (4.ª) de decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y dispuso vincular al señor Fiscal General de la Nación, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor director de asuntos jurídicos de la Fiscalía General de la Nación (ff. 172 a 176 c. 1), por intermedio de una abogada de la dependencia bajo su cargo, pide rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia, comoquiera que no se colma la exigencia de subsidiariedad de este mecanismo constitucional, puesto que el ordenamiento jurídico instituye el recurso extraordinario de revisión con el propósito de controvertir la sentencia objeto de censura, que no se ha agotado, y no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.
Manifiesta que los tutelados no determinaron en debida forma la causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en la que incurre el fallo cuestionado, lo que hace inviable acceder a las pretensiones, máxime si se tiene en cuenta que se profirió de acuerdo con los pronunciamientos de la sección tercera del Consejo de Estado concernientes a la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad.
2.1.2 Los señores magistrados de la sala cuarta (4.ª) de decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela previstas en el Decreto 1382 de 2000, establecer si en el presente caso hay lugar al amparo reclamado por los tutelantes, quienes aducen quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 13 de octubre de 2017, con la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala cuarta de decisión) revocó la de 1.º de septiembre de 2015, dictada por el Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo de Descongestión de Pereira, y negó las pretensiones del medio de control de reparación directa 66001-33-33-752-2015-00003-00; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala evidencia que: (i) el asunto es de relevancia constitucional, ya que se discute el supuesto desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los actores; (ii) contra la determinación judicial objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque el fallo atacado quedó ejecutoriado el 24 de octubre de 2017 y la solicitud de amparo se instauró el 24 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (un mes); y (v) la sentencia acusada no decidió una acción de tutela.
3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) El 13 de enero de 2012, la señora «fiscal 24 seccional» acudió ante el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal con la finalidad de legalizar la captura del señor Alirio Alexis Marín Rendón, entre otros individuos, que fueron aprehendidos el día anterior mientras perpetraban un hurto en el bar Kaptus, ubicado en el parque principal de ese municipio.
En la diligencia, la funcionaria del ente investigador narró que el 12 de enero de 2012 cinco (5) hombres y una mujer ingresaron a dicho establecimiento de comercio, en el que luego de pedir unas bebidas amarraron de pies y manos al propietario y le pidieron que les entregara el dinero. Indicó que el local está comunicado con el interior de la vivienda, donde se encontraba la hija de la víctima, quien tras percatarse del asalto salió por el balcón del inmueble y les pidió ayuda a unos policías que estaban cerca, los cuales al arribar encontraron a tres (3) hombres, un revólver calibre 38 y dos (2) cuchillos.
Aseveró que el señor Alejandro Ramírez de Vergel, miembro de la red de apoyo ciudadano, le manifestó a un uniformado que vio a dos (2) individuos que estaban afuera del negocio y cuando se les acercó, uno de ellos dijo por teléfono «ábranse porque esa vieja está gritando mucho», por lo que el policía al registrar a uno de los sujetos estableció que se trataba del señor Alirio Alexis Marín Rendón, a quien le encontró siete (7) balas calibre 22 y la tarjeta de propiedad de una motocicleta parqueada frente al bar hurtado.
La fiscal también señaló que el afectado manifestó que uno de los delincuentes que estaba en el interior del establecimiento recibió una llamada y luego de colgar gritó «abrámonos de aquí porque esto se está poniendo muy maluco», por lo que dos (2) asaltantes se fugaron antes de que llegaran los miembros de la Policía Nacional.
En virtud de los hechos narrados, el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal declaró la legalidad de las capturas e impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva al señor Marín Rendón por la comisión de los delitos de hurto agravado y calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, o municiones (CD obrante en el folio 158 del cuaderno 4 del expediente).
b) Luego de agotadas las correspondientes etapas procesales, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), con sentencia de 24 de enero de 2014, absolvió al señor Alirio Alexis Marín Rendón, debido a que las pruebas allegadas al proceso no permitían inferir su responsabilidad en los hechos por los que fue aprehendido, y aunque algunos elementos materiales probatorios lo relacionaban con el asalto, no tenían la entidad suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia (ff. 104 a 125 c. 4).
Señala esa autoridad judicial que si bien el testimonio del señor Alejandro Ramírez de Vergel comprometía al acusado, la aserción de que este mantuvo contacto telefónico con los delincuentes que estaban en el interior del bar Kaptus carece de fundamentación, ya que no obra indicación alguna sobre el particular en las declaraciones rendidas por los otros capturados.
c) El 19 de enero de 2015, los aquí tutelantes incoaron medio de control de reparación directa 66001-33-33-752-2015-00003-00 contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, en el que pidieron declararla administrativamente responsable de los perjuicios que les produjo la privación de la libertad del señor Alirio Alexis Marín Rendón, y ordenarle resarcirlos, toda vez que su encierro fue arbitrario (ff. 9 a 72 c. 2).
d) El Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo de Descongestión de Pereira, con fallo de 1.º de septiembre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda contencioso-administrativa, al estimar que la absolución del señor Marín Rendón en el proceso penal compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, por cuanto estuvo preso por un delito que no cometió, lo que se traduce en un daño antijurídico pasible de indemnización (ff. 196 a 203 c. 3).
e) La Nación – Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en razón a que las pruebas encontradas en el lugar del hurto permitían solicitar la detención preventiva del sindicado, ya que de ellas se lograba inferir razonablemente su participación en el hecho delictivo, por lo que tal medida no fue arbitraria ni contraria al ordenamiento jurídico (ff. 219 a 235 c. 3).
f) El Tribunal Administrativo de Risaralda (sala cuarta de decisión), por medio de sentencia de 13 de octubre de 2017, revocó la de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas del medio de control de reparación directa 66001-33-33-752-2015-00003-00, al considerar que de los elementos materiales probatorios arrimados a las diligencias penales se puede deducir que el apresado «desplegó acciones encaminadas a alertar a los sujetos que se encontraban realizando la conducta delictiva en presencia de los policiales, máxime si se tiene en cuenta que no solo se encontraba en el sector del delito sino que portaba municiones calibre 22 y la motocicleta correspondiente a la licencia de tránsito que tenía en su poder se encontraba estacionada frente al bar objeto del hurto» (ff. 266 a 281 c. 3).
Aduce que la privación de la libertad controvertida se produjo por culpa exclusiva de la víctima, pues de las balas que se le incautaron se podía colegir su relación con el delito por el que fue procesado, lo que hacía procedente su arresto, tal como ocurrió, lo que releva al Estado de indemnizar los perjuicios reclamados por no provocarlos.
Hechas las anteriores precisiones fácticas, la Sala efectuará las siguientes acotaciones jurídicas con el propósito de determinar si la providencia cuestionada incurre en el defecto fáctico aludido en el libelo introductorio.
3.5.2 Defecto fáctico. Los tutelantes arguyen que el fallo censurado incurre en defecto fáctico, toda vez que en él los magistrados accionados aseveraron que las pruebas adosadas al proceso penal demostraban que el señor Alirio Alexis Marín Rendón participó en el ilícito por el que fue acusado, afirmación que consideran carente de respaldo probatorio, cuanto más si el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), con sentencia de 24 de enero de 2014, lo absolvió debido a que no se probó su colaboración en el hurto perpetrado en el bar Kaptus ubicado en Santa Rosa de Cabal.
Con la finalidad de establecer si el anterior argumento tiene vocación de prosperidad, es oportuno anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero hace referencia al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su juicio en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no esclarecer un hecho caprichosamente pese a obrar suficiente material que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:
[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Es menester advertir que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, no está facultado para ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria, puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en cumplimiento de las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1.º de enero de 2014, como lo explicó la sala plena de esta Corporación. El tenor de esa disposición es el siguiente:
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
Asimismo, cabe dilucidar que las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, ciencia y experiencia.
Con el objeto de dilucidar si se configura el defecto fáctico formulado en el libelo introductorio, es pertinente efectuar las siguientes precisiones.
3.5.3 Privación injusta de la libertad. La responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad fue instituida mediante el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual prevé que cualquier persona que fuera encarcelada y posteriormente obtuviera una sentencia absolutoria, bien sea porque el acto investigado «no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible», podía demandar al Estado con el propósito de ser indemnizado.
Este criterio fue desarrollado por la sección tercera del Consejo de Estado, que señaló que en el evento en que un individuo sea aprehendido pero posteriormente resulte favorecido por una decisión de archivo de las diligencias penales, le asiste el derecho de acceder a un resarcimiento económico por los perjuicios que sufrió, sin necesidad de que pruebe que el enclaustramiento fue ilegal.
Sin embargo, con la expedición de la Ley 270 de 1996 la mencionada posición se modificó de manera sustancial, pues su artículo 68 dispuso que «Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios», precepto que fue explicado por la Corte Constitucional, en sentencia C-37 de 1996, en la que dijo que el término «injustamente» hace referencia a una «actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales», por lo que solo había lugar al reconocimiento de una compensación pecuniaria por encerramiento cuando tal medida fuera arbitraria, esto es, no atendiera el sistema normativo.
No obstante, la sección tercera de esta Corporación ha expresado que a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, basta con que concurran los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado para que se configure en un caso de privación de la libertad el daño antijurídico, el cual se presenta cuando la decisión absolutoria tuvo lugar bajo uno de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, es decir, que el acto investigado «no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible».
Ahora bien, en el evento en que la providencia de ese tipo se dicte en atención a una situación no prevista en la mencionada norma, se debe analizar el asunto concreto conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-37 de 1996, esto es, que el perjuicio derivado de una aprehensión solo es indemnizable cuando haya sido desproporcionada, es decir, injusta. Sobre el particular, esta Colegiatura explicó:
Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal […] se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.
Tal posición fue adoptada con la finalidad de salvaguardar el derecho constitucional fundamental a la libertad, efectivizar el artículo 28 de la Carta Política y garantizar que la detención preventiva como instrumento para perseguir delitos, no se convierta en una fuente de vulneración de garantías superiores.
La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado por privación de la libertad está condicionada a que el procesado no tenga incidencia en su encarcelamiento, es decir, que su actuar no provoque tal decisión, ya que si asumió una conducta justificativa para ello opera el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, porque fue su actuar imprudente, y no el de la Administración de justicia, el que desencadenó el daño antijurídico, situación en la cual se rompe el nexo causal, tal como lo expresó el Consejo de Estado en los siguientes términos:
Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.
[…]
Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño.
Visto lo anterior, en el asunto sub judice la Sala observa que el señor Alirio Alexis Marín Rendón fue aprehendido el 12 de enero de 2012, por presuntamente participar en el hurto de un establecimiento de comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, dado que se le encontraron siete (7) balas de 22 milímetros y la tarjeta de propiedad de una motocicleta estacionada al frente del negocio donde se cometió el ilícito.
Además, hubo un testigo que aseguró que vio que él estaba con otro sujeto y alguno de ellos llamó por teléfono y dijo «ábranse que esa vieja está gritando mucho».
En atención a las mencionadas pruebas, la Fiscalía General de la Nación lo presentó el 13 de enero de 2012 ante el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (con funciones de control de garantías), que legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. No obstante, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), con sentencia de 24 de enero de 2014, lo absolvió de toda responsabilidad, al estimar que las pruebas no demostraban su participación en la conducta delictiva por la cual fue enjuiciado.
Debido a tal encarcelamiento, los tutelantes incoaron medio de control de reparación directa 66001-33-33-752-2015-00003-00 contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, en la que deprecaron declararla administrativamente responsable de la privación de la libertad del señor Marín Rendón y resarcirles los perjuicios a que había lugar, pretensiones que negó en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala cuarta de decisión), con fallo de 13 de octubre de 2017, bajo el argumento de que resultó probado que aquel participó en el hecho por el que fue apresado, lo que configura el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
Por su parte, los actores, en el escrito de tutela, dicen que dicha providencia incurre en defecto fáctico, porque la aseveración de que el sindicado tuvo incidencia en el delito investigado no goza de respaldo probatorio, pues de las pruebas no puede inferirse ello, máxime cuando fue absuelto.
Luego de estudiar la determinación censurada, es necesario advertir que las autoridades accionadas sostuvieron en una parte de ella que el señor Marín Rendón tuvo injerencia en el robo por el cual fue capturado; sin embargo, tal afirmación no es la razón por la que se negaron las pretensiones de la demanda contencioso-administrativa, ya que el argumento que determinó el sentido de la decisión fue que las balas que le encontraron al aprehenderlo se constituyen en un hecho del que se podía inferir razonablemente su relación con el hurto, lo que hacía procedente imponerle la medida de aseguramiento de detención preventiva en ese momento.
En otras palabras, el razonamiento al que hacen referencia los tutelantes no tuvo incidencia en el sentido de la providencia atacada, comoquiera que se desestimaron las súplicas ordinarias porque, para los tutelados, el apresamiento se produjo por un actuar indebido del investigado, que fue tener unos proyectiles sin el respectivo permiso, de lo que se podía suponer su colaboración en el ilícito.
En ese orden de ideas, la Sala no encuentra que la manifestación bajo la cual los magistrados accionados negaron las pretensiones de la demanda obedezca a una errada valoración de las pruebas arrimadas al expediente ordinario, puesto que ellas demuestran que el encierro del procesado se causó por su actuar imprudente, que era portar munición sin la respectiva autorización, de lo que era razonable pensar que participó en el robo, cuanto más si un testigo afirmó que escuchó que él, o su acompañante, habló por teléfono y dijo «ábranse que esa vieja está gritando mucho» y su motocicleta estaba parqueada al frente del negocio asaltado, situaciones que hacían procedente imponer la medida de aseguramiento, conforme al artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
Cabe recordar que la sola decisión absolutoria dictada en un proceso penal no compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, pues para que la privación de la libertad sea resarcible mediante el medio de control de reparación directa, es indispensable que esta haya sido injustificada, es decir, desproporcionada o arbitraria por no obedecer al actuar del afectado. Al respecto, esta Corporación sostuvo:
En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.
Dicho de otra manera, no toda absolución en un proceso penal deviene en responsabilidad patrimonial del órgano judicial, puesto que cuando la investigación tuvo sustento probatorio y de ella se pudo desprender la posible participación del sindicado en el delito, es la conducta de la víctima la causante del daño, sin perjuicio de que, en sede de la Justicia Ordinaria, se hubiere proferido sentencia absolutoria.
En virtud de lo anterior, la Sala no observa que la providencia objeto de censura incurra en el defecto fáctico alegado en el libelo introductorio, ya que del análisis de las pruebas bajo los criterios de la sana crítica, se infiere razonablemente que el señor Alirio Alexis Marín Rendón produjo la imposición de su detención preventiva por un actuar contrario al ordenamiento jurídico, pues llevaba unas balas sin permiso, de lo que era dable colegir en el momento de su captura que participó en el ilícito por el que fue procesado.
Así las cosas, la declaratoria del eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima realizada por las autoridades accionadas en la providencia atacada, goza de respaldo probatorio, por lo que no se configuró la causal específica de procedibilidad denominada defecto fáctico.
Resulta oportuno mencionar que el hecho de que los tutelados no hayan valorado las pruebas como lo pretendían los demandantes, no conlleva a que incurran en desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales, pues en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de otorgar diferentes grados de certeza a los elementos probatorios obrantes en el expediente, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, tal como aconteció en el asunto materia de controversia.
Es por ello que las conclusiones probatorias del funcionario judicial (natural) se encuentran amparadas por la presunción de buena fe, situación que impide al juez de tutela cuestionarlas salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte Constitucional dijo lo siguiente:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].
En atención a lo expuesto en líneas precedentes y comoquiera que en la sentencia cuestionada los magistrados accionados analizaron en debida forma las pruebas adosadas al expediente, se colige que la declaratoria del eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima, efectuada en aquella determinación, se ajusta al ordenamiento jurídico, por lo que no se configura el defecto fáctico invocado en el escrito de tutela, lo que impone negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1.º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por los señores Alirio Alexis y Nora Elsy Marín Rendón, María Alejandra Marín González y Ledy Rosa Rendón de Marín, conforme a la parte motiva.
2.º Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo 30 del Decreto ley 2591 de 1991.
3.º Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
No determinan cuál fue. Omiten establecer la fecha en que se dictó el fallo. Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. La indebida valoración probatoria no está consagrada en el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, por lo que no es menester agotarlo antes de instaurar la acción de tutela. Notificado electrónicamente el 19 de octubre de 2017. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia T- 474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Auto de 25 de junio de 2014, M. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01.
«Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave».
«Por medio del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento penal». Sentencia de 6 de abril de 2011, M. P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 20942.
«Ley estatutaria de la administración de justicia». M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sección tercera, subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2016, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 81001-23-31-000-2008-00083-01 (39182).
«Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
[…]». El nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que se comprometa la responsabilidad de un sujeto (o el Estado) es menester que haya causado el daño antijurídico. Sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de febrero de 2017, M. P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente 66001-23-31-000-2008-00322-01 (41065).
«El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga […]».
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal». Sección tercera, subsección A, sentencia de 30 de marzo de 2016, M. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente: 66001-23-31-000-2007-00097-01 (36261). Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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