Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03209-00
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: ampara los derechos al debido proceso y a la igualdad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03209-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03209-00
Consejero ponente: María Elizabeth García González
22 de febrero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos al debido proceso y a la igualdad / DOCTRINA CONSTITUCIONAL - Puede constituir un hecho nuevo que permite instaurar nuevamente la acción de tutela sin incurrir en temeridad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se configura al no haber tenido en cuenta la sentencia de unificación de la Corte Constitucional relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a docentes por el pago tardío de sus cesantías
[L]a Sala observa que en el escrito de tutela, el demandante pone de presente que en anterior oportunidad había promovido una acción de tutela, con los mismos fundamentos y contra la mismas autoridades judiciales, la cual fue denegada por las Secciones Primera y Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado, dentro del expediente radicado bajo el nro. 2016-01312-01. No obstante, advierte que se ha configurado un hecho nuevo que lo habilita para hacer uso de la presente acción constitucional, pues, con posterioridad a las sentencias que resolvieron su petición de amparo, la Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 2017, señaló que el régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que gozan los servidores públicos, también le es aplicable a los docentes oficiales, lo cual incide en su caso, lo que, a juicio de la Sala no denota una actuación temeraria por parte del actor. (…). [L]a Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Expediente nro. 2017-01856-00), al estudiar una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada; con la diferencia de que en ese caso no se había promovido con anterioridad otra acción de tutela, acogió la postura de la Corte Constitucional y amparó los derechos fundamentales allí invocados como violados, por encontrar que se habían configurado los precitados defectos. (…). Comoquiera que en este caso se trata de un escenario similar y, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad del actor, que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas de otros docentes oficiales, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, amparará los derechos fundamentales invocados como vulnerados por el [accionante]. En consecuencia, se dejarán sin efecto las providencias de 6 de julio y 4 de diciembre de 2015, proferidas respectivamente por el Juzgado y el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2013-00220-01, incoado contra el Ministerio, el Departamento y el FOMAG, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, tal y como se expresó en asuntos similares en fallos de esta misma fecha.
FUENTE FORMAL: LEY 1071 DE 2006 / LEY 244 DE 1995
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías a los docentes oficiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. SU-336, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que implica una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En cuanto a aquellos eventos en los que no se presenta temeridad por la presentación repetida de acciones de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 6 de agosto de 2009, exp. T-560, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Acerca de la inexistencia de cosa juzgada frente a un hecho jurídico nuevo, ver: Corte Constitucional, sentencia de 18 de enero de 2000, exp. T-009, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con respecto al hecho de que la emisión de una sentencia judicial podía constituirse como un hecho nuevo, ver: Corte Constitucional, sentencia de 16 de diciembre de 2011, exp. T-975, M.P. Mauricio González Cuervo y sentencia de 20 de noviembre de 2014, exp. T-887, M.P. María Victoria Calle Correa. Acerca de una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, con la diferencia de que en ese caso no se había promovido con anterioridad otra acción de tutela, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, exp. 2017-01856, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdéz (E). Sobre casos similares al estudiado en la presente tutela, en los que se acogieron las pretensiones, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. 2017-01855-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sección Segunda, sentencia de 5 de septiembre de 2017, exp. 2017-01853-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y sentencia de 8 de noviembre de 2017, exp. 2017-01854-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Respecto de otros casos similares al aquí estudiado, de la misma fecha, en el que se tuvieron en cuenta las mismas razones en la parte motiva, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, exp. 2017-03168-00(AC), 2017-03190-00(AC), 2017-03192-00 (AC), M.P. María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03209-00(AC)
Actor: ALVARO GUZMÁN RAMÍREZ
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
La Sala procede a decidir la acción de tutela instaurada por el señor ALVARO GUZMÁN RAMÍREZ, contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, al haber proferido respectivamente las providencias de 6 de julio y 4 de diciembre de 2015, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo el nro. 2013-00220-01.
ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ALVARO GUZMÁN RAMÍREZ instauró acción de tutela contra el Juzgado y el Tribunal, para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
I.2.- Hechos
Señaló que, solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
Indicó que, el FOMAG mediante Resolución 2142 de 6 de agosto de 2012, le reconoció la mencionada prestación, sin embargo, dicho emolumento le fue cancelado solamente hasta el 27 de septiembre de ese año, por intermedio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA-, por lo que solicitó a tal autoridad el pago inmediato de la sanción moratoria que se había causado por el pago tardío de las cesantías reclamadas, siendo resuelto desfavorablemente mediante Resolución 35081 de 15 de noviembre de la misma anualidad.
Manifestó que, por lo anterior, a través de apoderado judicial, instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional, el Departamento del Tolima - Secretaría de Educación y Cultura y el FOMAG, correspondiéndole en reparto al Juzgado, que en sentencia de 6 de julio de 2015, negó las pretensiones de la demanda, razón por la que interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal mediante fallo de 4 de diciembre de ese año, que confirmó lo dispuesto por el a quo.
Sostuvo que, tales autoridades judiciales pasaron por alto lo dispuesto en la Ley 1071 de 31 de julio de 2006, normativa que prevé el pago de cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, así mismo, desconocieron el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado.
Puso de presente que, contra las citadas decisiones instauró acción de tutela ante el Consejo de Estado, la cual correspondió por reparto a la Sección Primera, bajo el radicado nro. 2016-01312-00, que en sentencia de 16 de junio de 2016, negó las súplicas incoadas, decisión que fue confirmada por la Sección Segunda –Subsección “B”-, mediante fallo de 3 de noviembre de ese año.
Indicó que, dada la controversia de sí a los educadores les asiste o no el derecho de reclamar la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías, la Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, sostuvo que el régimen sobre el reconocimiento y pago de dicho emolumento de que gozan los servidores públicos, también le es aplicable a los docentes oficiales, teniendo en cuenta los derechos a la igualdad de trato jurídico y debido proceso, lo cual incide en su caso.
Señaló que, las decisiones que le fueron desfavorables contradicen abiertamente los principios constitucionales referentes a las garantías que deben existir en el desarrollo de un proceso contencioso administrativo.
Por último, aseguró que, dicho pronunciamiento lo habilita para hacer uso de la presente solicitud de amparo, por cuanto, en su sentir, existe un precepto constitucional que cambia la jurisprudencia y constituye una nueva posición sobre el objeto de la litis, constituyendo un hecho nuevo para efectos de analizar el principio de la inmediatez o una actuación temeraria.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, además, que se dejen sin efecto las sentencias de 6 de julio y 4 de diciembre de 2015, proferidas respectivamente por el Juzgado y el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2013-00220-01 y, en su lugar, que se ordene proferir una decisión favorable a sus intereses.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El Tribunal solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que, la decisión que adoptó se ajusta a las circunstancias fácticas y jurídicas acreditadas en el proceso ordinario, en estricto cumplimiento de la jurisprudencia aplicable al caso sub examine.
Adujo que, le ha negado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales, por cuanto en la actualidad no existe una posición unificada que determine los lineamientos para acceder a tal emolumento económico.
I.4.2.- El Juzgado solicitó que se declare la improcedencia de la presente solicitud de amparo.
Manifestó que, la sentencia de unificación que alega el actor, fue proferida con posterioridad a que culminara el proceso de nulidad y re4stablecimiento del derecho objeto de controversia.
I.4.3.- La FIDUPREVISORA S.A., indicó que se encuentra imposibilitada para emitir algún pronunciamiento respecto de la presente solicitud de amparo, por cuanto no está legitimada en la causa por pasiva.
I.4.4.- El Ministerio solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional de la referencia, por cuanto en el caso sub examine no se configuran plenamente los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
I.4.5.- El Departamento solicitó que se deniegue el amparo solicitado.
Indicó que, lo pretendido por el actor es convertir la presente acción en un mecanismo alternativo para satisfacer sus intereses económicos.
Manifestó que, las decisiones censuradas no incurrieron en vía de hecho, pues se ajustan a los preceptos legales y constituciones aplicables al caso concreto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente nro. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente nro. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).
En el presente caso, se advierte que el señor ALVARO GUZMÁN RAMÍREZ pretende que se dejen sin efecto las providencias de 6 de julio y 4 de diciembre de 2015, proferidas respectivamente por el Juzgado y el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo el nro. 2013-00220-01, promovido contra el Ministerio, el Departamento y el FOMAG.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la igualdad, pues a juicio del actor, incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto, pasaron por alto lo dispuesto en la Ley 1071, normativa que prevé el pago de cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, así mismo, lo establecido por el Consejo de Estado.
Igualmente, señaló que tales decisiones contradicen abiertamente los principios constitucionales referentes a las garantías que deben existir en el desarrollo de un proceso contencioso administrativo.
Como primera medida, la Sala observa que en el escrito de tutela, el demandante pone de presente que en anterior oportunidad había promovido una acción de tutela, con los mismos fundamentos y contra la mismas autoridades judiciales, la cual fue denegada por las Secciones Primera y Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado, dentro del expediente radicado bajo el nro. 2016-01312-01.
No obstante, advierte que se ha configurado un hecho nuevo que lo habilita para hacer uso de la presente acción constitucional, pues, con posterioridad a las sentencias que resolvieron su petición de amparo, la Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 2017, señaló que el régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que gozan los servidores públicos, también le es aplicable a los docentes oficiales, lo cual incide en su caso, lo que, a juicio de la Sala no denota una actuación temeraria por parte del actor.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-560 de 6 de agosto de 2009, en la que sostuvo:
“[…] En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que, de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una condición de ignorancia o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho, o, (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante […]”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
Dicho lo anterior, la Sala entrará a determinar si la precitada sentencia de unificación alegada por el demandante, lo habilita para hacer uso de una segunda acción de tutela con el objeto de que se estudien nuevamente sus pretensiones.
Al respecto, es pertinente traer a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia.
En sentencia T-009 de 18 de enero de 2000, la Alta Corte se refirió a la inexistencia de la cosa juzgada frente a un hecho jurídico nuevo, así:
“[…] Las mismas razones que descartan la temeridad de la acción interpuesta, llevan a concluir que la expedición de una nueva decisión judicial tampoco vulnera la cosa juzgada. En efecto, como fue mencionado, en el presente caso se advierte la existencia de un hecho jurídico nuevo – la expedición de una sentencia de la Corte Constitucional – aplicable a una situación no consolidada en la que se subsiste la amenaza o vulneración del derecho fundamental.
[…]
Si la causa petendi está constituida por las razones – de hecho y de derecho – que sustentan la petición formulada, no cabe duda de que, entre las primeras y las segundas decisiones proferidas, existe una muy relevante diferencia. Lo que motivó las últimas solicitudes de amparo y la orden judicial de protección del derecho vulnerado, fue la expedición de la sentencia SU-36/99, es decir, la adopción de una nueva doctrina que debe ser aplicable siempre que pueda verificarse que la vulneración persiste por razones ajenas a la parte actora y que es jurídica y fácticamente posible la protección judicial […]”.
Así mismo, en la sentencia T-975 de 16 de diciembre 2011, enunció que, sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial podía constituirse como un hecho nuevo, susceptible de ser valorado por el juez constitucional como justificante para hacer uso de una segunda solicitud de amparo frente a unos mismos hechos y pretensiones. En efecto, adujo la Corte:
“[…] Esto es así por cuanto las sentencias judiciales están cobijadas por la protección que brindan los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, que se encaminan a garantizar estabilidad en el sistema jurídico. De este modo, sentencias de tutela que versen sobre un caso concreto, no necesariamente fundarán una línea obligatoria para definir un caso distinto, que no ha sido tenido en cuenta por el juez para proferir una determinada decisión; de ahí precisamente se deriva el carácter inter partes de la decisión. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos. Al respecto conviene recordar lo dicho por esta Sala en la sentencia T-113 de 2010, con ocasión de la revisión de un expediente relacionado con la solicitud de pensiones de invalidez, en el que se dijo:
“[…] se constata que durante el trámite de la segunda tutela surgió un hecho nuevo (la declaratoria de inconstitucionalidad definitiva y con efectos erga omnes del requisito de fidelidad al sistema que consagraba el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), que refuerza la necesidad de amparar el derecho fundamental del demandante, pues tal requisito era el que se había invocado para negárselo. Aunque las sentencias de la Corte Constitucional sobre los requisitos para considerar no configurada la temeridad hablan de que ello pueda ocurrir por el hecho de que este tribunal profiera una sentencia de unificación, lo cierto es que una sentencia de inconstitucionalidad abstracta que se refiera a normas directamente relacionadas con los derechos en cuestión, también se convierte, necesariamente, en una circunstancia que justifica, excepcionalmente, el trámite de una segunda tutela”.
En el mismo sentido, la sentencia T-1059 de 2007 valoró como hechos nuevos, justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, el que se profirieran las sentencias C-862 de 2006, con efectos erga omnes, y la sentencia SU-120 de 2003, de unificación, frente a la pretensión del actor de obtener la indexación de su primera mesada pensional. Nótese que en ambos casos, los fallos que se invocan como justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, tienen una vocación de universalidad, no están confinados a un caso en concreto, y sus efectos difieren, por ejemplo, de aquellos propios de una sentencia de tutela con efectos inter partes, o un fallo de la jurisdicción ordinaria, que tendría las mismas características en cuanto a sus efectos […]”. (Negrillas fuera del texto original).
En la sentencia T-887 de 20 de noviembre de 2014, señaló que en algunos casos, tal como el de los ciudadanos que buscaban la indexación de su primera mesada pensional con la consagración de una doctrina constitucional, estaban habilitados para acudir nuevamente en sede de tutela en defensa de sus derechos, pues surgían nuevas situaciones fácticas y jurídicas que bien podían modificar su situación inicial.
Precisó la referida sentencia:
“[…] En lo relevante para los casos bajo análisis, la Corte ha sostenido que los ciudadanos pueden acudir nuevamente a la acción de tutela en busca de la indexación de sus pensiones, sin incurrir en temeridad ni desconocer la cosa juzgada constitucional, cuando aparecen nuevas circunstancias fácticas y jurídicas que modifican la situación inicial, como la consagración de una doctrina constitucional respecto del asunto estudiado. La consolidación de una interpretación jurisprudencial puede “ser considerada un hecho nuevo frente a anteriores acciones de tutela” y, en ese sentido, sirve de fundamento para que los interesados acudan nuevamente a la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos, bajo el entendido de que no existe identidad fáctica entre las solicitudes porque el contexto jurisprudencial es diferente.
2.7.1. Así por ejemplo, en la sentencia T-819 de 2009, la Sala Octava de Revisión aceptó la interposición de una segunda acción de tutela mediante la cual se pretendía la indexación del salario base de liquidación, a pesar de que previamente se había interpuesto una solicitud de amparo similar, porque dentro de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había ocurrido un cambio jurisprudencial respecto de la fórmula para actualizar el valor monetario de las pensiones. Allí se dijo que no había temeridad ni violación a la cosa juzgada, porque “la jurisprudencia constitucional ha considerado que un hecho nuevo puede consistir en una sentencia posterior de un Alto Tribunal en la que se acepte para casos similares una determinada interpretación del ordenamiento jurídico, [y que ello] habilita a los demandantes para introducir una cuestión referida a la violación del derecho a la igualdad que no era posible plantear con anterioridad.”
2.7.2. De igual forma, en la sentencia T-092 de 2013, la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de treinta y tres (33) personas que reclamaron mediante dos (2) acciones sucesivas la indexación de su primera mesada pensional contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Allí se estableció que la presentación de la segunda tutela no constituía una actuación temeraria que rompiera la fuerza de la cosa juzgada constitucional, porque “los accionantes, de buena fe, presentaron un motivo expresamente justificado, para interponer nuevamente la acción de tutela, cual es la decisión que la Corte Constitucional profirió con posterioridad a la presentación de las tutelas anteriores”, haciendo referencia a la sentencia SU-1073 de 2012.En esa sentencia se unificó la jurisprudencia constitucional sobre la indexación de pensiones causadas antes de la Constitución Política de 1991 y se consolidó una doctrina protectora del derecho fundamental a la conservación del poder adquisitivo de las pensiones de todos los ciudadanos, por lo que, en ese caso, tenía la virtualidad de cambiar el contexto jurídico en el cual fueron presentadas las solicitudes de amparo […]”. (Negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, como quedó visto en líneas transcritas, la Corte ha reconocido que la consolidación de una doctrina constitucional, como es el caso de las sentencias de unificación proferidas con posterioridad a una controversia ya resuelta, constituyen un hecho nuevo que puede ser alegado por los interesados para presentar otra acción constitucional sin incurrir en temeridad o cosa juzgada constitucional, pues tales pronunciamientos contienen supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar su situación inicial, los cuales no podían haber sido planteados con anterioridad.
Comoquiera que el escenario expuesto se ajusta al caso sub examine, resulta procedente el estudio de la acción constitucional de la referencia, máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia SU-336 de 2017, la Corte Constitucional revisó algunas acciones de tutela proferidas por esta Corporación en las que, como en el caso aquí ventilado por el actor, que es igual a las allí analizadas, se denegó el amparo deprecado por los docentes oficiales del Departamento del Tolima, por cuanto no existía un criterio unificado respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías y, por lo tanto, se debía privilegiar el principio de autonomía judicial de los jueces ordinarios que denegaron dicho emolumento económico.
Si bien la Corte Constitucional en sus consideraciones expresó que las providencias que allí se discutían no desconocieron el precedente jurisprudencial, por cuanto las mismas habían sido proferidas con anterioridad a la sentencia C-486 de 7 de septiembre de 2016, en la que refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de los servidores públicos le era aplicable a los docentes oficiales, lo que significaría que antes de la precitada sentencia de unificación ya existía tal criterio constitucional, no lo era para esta Corporación, pues se repite, no subsistía una posición consolidada sobre el tema, lo que traía consigo desigualdad en las decisiones judiciales de los accionantes que se encontraban en la misma situación fáctica de otros docentes, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria, hecho que, a juicio de la Alta Corte, transgredía los derechos a la igualdad y al debido proceso por violación directa de la Constitución.
Por lo anterior, la Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Expediente nro. 2017-01856-00), al estudiar una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada; con la diferencia de que en ese caso no se había promovido con anterioridad otra acción de tutela, acogió la postura de la Corte Constitucional y amparó los derechos fundamentales allí invocados como violados, por encontrar que se habían configurado los precitados defectos. Al respecto, indicó lo siguiente:
“[…] En el sub lite, afirma el actor que, con sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017, las autoridades judiciales cuestionadas desconocieron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 a los docentes oficiales.
Para determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto alegado, resulta pertinente establecer si existe o no un precedente jurisprudencial en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes oficiales.
Sobre el particular, la Sala pone de presente que el asunto bajo examen ya ha sido objeto de análisis, y en esas oportunidades se pudo establecer que no existe una posición consistente por parte del Consejo de Estado, en tanto que no hay un criterio unificado sobre el particular. En ese sentido, se precisó lo siguiente:
“Conforme a lo señalado, la Sala observa que los Despachos Judiciales accionados en ningún momento desconocieron el precedente judicial, por cuanto actualmente no existe en el Consejo de Estado un criterio unificado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes, razón por la cual, los jueces no están obligados a acoger un criterio en especial. Así lo expresó esta Corporación en la sentencia de 27 de junio de 2013, Magistrada Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00, donde en un caso similar, señaló:
“Teniendo en cuenta lo expuesto, actualmente no existe un criterio unificado por esta Alta Corporación en lo relacionado con el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías a los Docentes, por lo que mal podría exigirse una única postura al respecto, pues como quedó evidenciado, los criterios encontrados se encuentran debidamente fundamentados, bajo criterios jurídicos razonables”.
Aunado a lo anterior, si bien las autoridades judiciales demandadas manifestaron que existen pronunciamientos dentro del Consejo de Estado donde se reconoce a favor de los docentes la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, decidieron alejarse de dicha postura luego de realizar un análisis de las normas constitucionales y legales vigentes aplicables al caso concreto.
En consecuencia, la Sala considera que no se puede calificar a las providencias demandadas como desconocedoras del precedente, cuando fueron sustentadas de manera razonable y suficiente y además, utilizaron el criterio del Consejo de Estado como fundamento de sus decisiones”.
En atención a la jurisprudencia transcrita, se tiene que, en efecto, no existe un precedente de esta Corporación, puesto que existen pronunciamientos que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de las cesantías a los docentes oficiales, como las arriba reseñadas; y también decisiones de la Sección Segunda de esta Corporación en las que ha considerado que si resulta procedente reconocerla.
En este orden de ideas, cabe reiterar que en tanto las autoridades judiciales accionadas, en ejercicio de la autonomía del juez dentro las decisiones objeto de estudio, se acogieron a algunos de los criterios jurisprudenciales vigentes, en ese momento, del Consejo de Estado y los aplicaron, de manera lógico y coherente, al asunto puesto a su conocimiento, no pueden ser objeto de reproche por concepto de desconocimiento del presente jurisprudencial de Consejo de Estado.
Ahora bien, en cuanto al argumento del actor referente desconocimiento por parte de las autoridades judiciales accionadas del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, recogido en la sentencia de unificación SU 336/17, la Sala considera oportuno entrar a analizar el contexto, contenido y alcances del referido pronunciamiento, para así proceder a establecer si hubo o no, en el sub examine, el supuesto desconocimiento del mismo.
De esta forma, se observa que la sentencia de unificación SU 336 del 18 de mayo de 2017, la Corte Constitucional establece lo siguiente:
“La Sala Plena de esta Corporación considera que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular. Lo anterior, por cuanto:
(i) Lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades, como vivienda y educación. Bajo ese entendido, la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término indefinido.
(ii) Aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen especial de la Ley 91 de 1989.
(iii) Desde la exposición de motivos de esta normatividad, la intención del legislador fue fijar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no solo a nivel nacional sino también territorial.
(iv) Aplicar este régimen garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social de los docentes oficiales, en condiciones de igualdad con los demás servidores públicos a quienes de manera directa se les garantiza el reconocimiento pronto y oportuno de sus prestaciones sociales.
(v) Si bien los operadores judiciales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, mantener dos posturas contrarias sobre el asunto objeto de estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa genera como consecuencia la vulneración del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en la misma situación fáctica y desconoce el principio de seguridad jurídica que irradia las actuaciones de las autoridades judiciales.
(vi) Aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
(vii) Si bien para el momento en que se produjeron las sentencias en sede de nulidad y restablecimiento del derecho aún no había sido proferido el fallo en el que esta Corporación abordó de manera definitiva el asunto, ya existía al menos un precedente sobre la materia que aproximaba a un entendimiento distinto al que se llegó en dichas providencias en sede contenciosa (sentencia C-741 de 2012).” (Negrillas y subrayados fuera de texto).
De lo anterior, se infiere que la Corte Constitucional no solo procede a unificar, en la citada SU 336 de 2017, las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto en medio de control de nulidad y restablecimiento como en acción de tutela, respecto del reconocimiento a los Docentes Oficiales de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sino que, también, procede considerar que tales posturas del Consejo de Estado, proferidas antes de la mencionada unificación, ha debido aplicar lo establecido, en la sentencia C-741 de 2012, en cuanto al reconocimiento de la calidad de los docentes oficiales como asimilable a la de los empleados públicos.
Adicionalmente, sobre la configuración del precedente judicial constitucional existente, de manera previa a la sentencia de unificación en comento, ese Alto Tribunal sostiene que “si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-741 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales”, el referido precedente constitucional se consolida con la sentencia C-486 de 2016, que se “refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes”.
Por otra parte, en la referida providencia de unificación del 2017, la Corte Constitucional considera, por un lado, procede la causal específica de violación directa de la Constitución, en especial en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado antes de la sentencia C-486 de 2016, y, por el otro, da a entender que procedería la causal especifica de desconocimiento del precedente constitucional en el evento de providencias judiciales emitidas con posterioridad de la C-486 de 2016.
Finalmente, en el fallo de unificación constitucional analizado, la Corte Constitucional procedió a revocar las decisiones proferidas en sede de tutela por el Consejo de Estado, en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección invocada por los accionantes y, en su lugar, concederá la protección de los derechos a la igualdad en las decisiones judiciales y al debido proceso por violación directa de la Constitución. En consecuencia, dejó sin efecto las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Juzgados Administrativo de Ibagué y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra los cuales se presentaron las acciones de tutela de la referencia, y ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima a “proferir en cada uno de los casos estudiados una nueva decisión, mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con los lineamientos fijados en esta providencia”.
Efectuado el anterior análisis del precedente constitucional invocado por el aquí accionante se procede a verificar su aplicación al caso sub lite, en los siguientes términos:
Primero, la Sala observa que los presupuestos de hecho, de derecho y las consideraciones que sirvieron de sustento a las decisiones judiciales que fueron revocadas por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 336 de 2017, son similares a los presupuestos de las sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017 objeto de la acción de tutela presentada por el actor.
En efecto, se advierte que coinciden, en las sentencias revocadas por la Corte Constitucional y las sentencias objeto de la presente acción de tutela: (i) la calidad de Docentes Oficiales de los accionantes, tanto para las acciones de tutela como para los medios de control de nulidad y restablecimiento presentados, (ii) la identidad de las entidades demandadas, en cuanto a los medios de control de nulidad y establecimiento, esto es, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como la identidad de las autoridades judiciales que adoptaron las decisiones de fondo, respecto de acciones de tutela y de los medios de control de nulidad y restablecimiento, como son juzgados administrativos del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, (iii) el objeto de la controversia gira sobre el mismo problema jurídico, (iv) los fundamentos de derecho son similares, en especial los referente al marco normativo, esto es, leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de 2006 y (v) las consideraciones expuestas por los jueces y magistrados son análogas tanto para uno y otro caso.
Segundo, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia proferida el 27 de enero de 2017, no hizo alusión o referencia a la sentencia C-486 del 7 de septiembre de 2016, como precedente constitucional previo a la SU-336 del 18 de mayo de 2017 en los términos indicados en esta última.
Tercero, la Sala observa que si bien el Juzgado Tercero Oral Administrativo, en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2016, pudo no haber conocido, por lo cercano de la fecha, la sentencia C-486, si ha debido, en los términos previamente expuestos de la Corte Constitucional, como referente la sentencia C-741 de 2012.
Por tanto, la Sala considera que procederá a aplicar, en el caso presente, la sentencia de unificación jurisprudencial SU-336 del 2017 de la Corte Constitucional, respecto de las causales específicas de violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional.
Así las cosas, por las razones antes señaladas, se concederá el amparo solicitado, al encontrarse configurado los defectos invocados por el accionante, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”.
Comoquiera que en este caso se trata de un escenario similar y, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad del actor, que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas de otros docentes oficiales, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, amparará los derechos fundamentales invocados como vulnerados por el señor ALVARO GUZMÁN RAMÍREZ. En consecuencia, se dejarán sin efecto las providencias de 6 de julio y 4 de diciembre de 2015, proferidas respectivamente por el Juzgado y el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2013-00220-01, incoado contra el Ministerio, el Departamento y el FOMAG, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, tal y como se expresó en asuntos similares en fallos de esta misma fecha.
Así mismo, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados como violados por el señor ALVARO GUZMÁN RAMÍREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DÉJANSE sin efecto las providencias de 6 de julio y 4 de diciembre de 2015, proferidas respectivamente por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2013-00220-01, incoado contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA y el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone: ORDÉNASE al citado Tribunal que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión de conformidad con los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devuélvase al Juzgado el expediente nro. 2013-00220-01, solicitado en calidad de préstamo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 22 de febrero de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Salva voto
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE INTERÉS DE MORA EN LAS CESANTÍAS A LOS DOCENTES - No está legitimada para constituir un precedente de obligatoria observancia para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo / DERECHO A LA IGUALDAD - No se vulnera por la existencia de distintas posiciones jurisprudenciales en el órgano de cierre / COMPETENCIA PARA UNIFICACIÓN EN MATERIA DE SANCIÓN MORATORIA APLICABLE A LOS DOCENTES - El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo por tanto está legitimado para la toma de decisiones sobre el tema ya que corresponde a su especialidad
[M]anifesta (…) desacuerdo con el análisis que en esa oportunidad realizó la Corte Constitucional frente a la facultad de revisión de las treinta y cinco (35) providencias, dado que los reparos que expondré en adelante permiten concluir que no era procedente llegar a la conclusión de unificación que se llevó a cabo mediante la expedición de la Sentencia SU-336 de 2017 y que tal sentencia no está por tanto legitimada para constituir un precedente de obligatoria observancia para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (…). Lo primero que debo advertir es que no es procedente que se asuma violación del derecho a la igualdad por virtud de la existencia de distintas posiciones jurisprudenciales en el Tribunal de cierre sobre un aspecto determinado, pues ello sería tanto como desconocer la posibilidad de que en la dinámica jurisprudencial se puedan presentar diferentes interpretaciones ante situaciones jurídicas concretas. (…). La Corte parte de una premisa errada al construir su decisión sobre la base de que la falta de unificación del Consejo de Estado en materia de sanción moratoria aplicable a los docentes quebranta el derecho constitucional del artículo 13, no sólo por la forma en que presentó tal discurso, sino porque además pasa completamente inadvertido que en esta materia el llamado a unificar su posición es precisamente el Consejo de Estado, habida cuenta de que se constituye, desde la misma Carta de 1991 y en los respectivos desarrollos legales, en la Corporación especializada en materia administrativa laboral. (…). Concebir que la Corte Constitucional, vía tutela, pueda inmiscuirse en los asuntos propios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y crear reglas vinculantes por esa misma vía, supone una evidente vulneración del andamiaje normativo e institucional que se estructura sobre la base de asignar a cada ente estatal funciones determinadas orientadas al logro de un objetivo concreto y previstas todas ellas bajo el criterio de la especialidad.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - El interés de mora sobre la cesantía no es un asunto de trascendencia que afecte los derechos fundamentales / TUTELA CONTRA TUTELA - No se estudiaron los requisitos de procedencia excepcional señalados por la Corte Constitucional en sentencia de unificación / HECHO NUEVO - No lo constituye una sentencia de unificación, por desconocimiento de los derechos de los terceros que salieron vencedores en las providencias objeto de controversia
[L]lama la atención el escaso análisis que realiza [la Corte] sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en especial, cuando se ha esmerado en construir todo un entramado de requisito de procedibilidad generales y especiales que, en la sentencia que se analiza, no merecieron la más mínima atención. Basta para ello preguntarse simplemente por la relevancia constitucional que puede tener el interés de mora sobre la cesantía, asunto eminentemente económico que no envuelve en sí mismo ninguna trascendencia para la afectación de derechos humanos fundamentales. Como es evidente, la regulación sobre el tema se circunscribe al ámbito de lo legal y su regulación no compromete derecho fundamental alguno, por lo que escapa al ámbito de las competencias de la Corte Constitucional. (…). [S]e imponía en el caso bajo examen analizar la procedencia de la acción de tutela con las reglas expuestas en la providencia que, se reitera, unificó tal criterio [sentencia SU-627 de 2015], cuestión que se omitió y que permite agregar un nuevo argumento al salvamento de voto del suscrito, puesto que, como se vio en el análisis de la Corte Constitucional, la tutela contra tutela sólo es permitida cuando concurran los siguientes requisitos: no exista identidad procesal con la solicitud de amparo que se controvierte, se acredite que la providencia enjuiciada fue producto de una situación de fraude, no exista medio ordinario o extraordinario de defensa y se demuestren los demás requerimientos de procedencia de tutela contra providencias judiciales, aspectos éstos que no fueron alegados por la parte actora en el proceso de la referencia y tampoco estudiados por la mayoría de la Sala, a efectos de prescindir de principios fundantes del Estado Social de Derecho como los de seguridad jurídica y cosa juzgada, para dejar sin efecto no sólo sentencias emitidas en los juicios ordinarios de nulidad y restablecimiento del derecho sino también las expedidas al estudiar la demanda de tutela contra aquéllas decisiones dictadas por esta misma Sección y la Subsección B de la Sección Segunda. (…). Entender, como lo propició la Sala en el fallo del cual me aparto respetuosamente, que una sentencia de unificación es un hecho nuevo, no solamente desconoce la naturaleza propia de este tipo de decisiones a la luz del sistema de fuentes y principios estructurados en la Carta Superior, sino que también vulnera derechos de los terceros que salieron vencedores en las providencias objeto de controversia en los juicios que se reviven con la aplicación de esta teoría; derechos éstos sí de raigambre constitucional, como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 8 / LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006 / LEY 57 DE 1985 - ARTÍCULO 2 / LEY 57 DE 1985 - ARTÍCULO 8
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al pago de la sanción moratoria de las cesantías a los docentes oficiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. SU- 336 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Con relación a la improcedencia de la tutela para el pago de prestaciones económicas, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de septiembre de 2000, exp. T-1156, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En cuanto a la improcedencia de comparar dos regímenes por uno solo de sus elementos, so pena de crear una lex tertia, ver: Corte Constitucional, sentencia de 27 de julio de 2016, exp. C-390, M.P. María Victoria Calle Correa. Sobre los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 2015, exp. SU-627, M.P. Mauricio González Cuervo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Salvamento de voto
Consejero de Estado: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03209-00(AC)
Actor: ALVARO GUZMÁN RAMÍREZ
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
De manera respetuosa me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala por las siguientes razones:
Sentencia SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional
La decisión de la mayoría se fundó en lo expuesto en la sentencia SU-336 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se dejaron sin efecto treinta y cinco (35) providencias judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que en juicios de nulidad y restablecimiento del derecho habían negado el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes.
Las consideraciones expuestas por la mencionada Corte para aplicar el régimen general en materia de sanción moratoria por pago tardío de cesantías a los docentes se puede sintetizar en que negar tal pretensión desconocía: (i) el derecho a la igualdad y seguridad jurídica en tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado no había unificado su posición sobre el punto, (ii) el principio de favorabilidad laboral dispuesto en normas Superiores ante dos posibles posturas en relación con el punto, y (iii) el derecho a la seguridad social en iguales condiciones en relación con los demás servidores públicos.
En tal escenario debo, antes que nada, manifestar mi desacuerdo con el análisis que en esa oportunidad realizó la Corte Constitucional frente a la facultad de revisión de las treinta y cinco (35) providencias, dado que los reparos que expondré en adelante permiten concluir que no era procedente llegar a la conclusión de unificación que se llevó a cabo mediante la expedición de la Sentencia SU-336 de 2017 y que tal sentencia no está por tanto legitimada para constituir un precedente de obligatoria observancia para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica
Lo primero que debo advertir es que no es procedente que se asuma violación del derecho a la igualdad por virtud de la existencia de distintas posiciones jurisprudenciales en el Tribunal de cierre sobre un aspecto determinado, pues ello sería tanto como desconocer la posibilidad de que en la dinámica jurisprudencial se puedan presentar diferentes interpretaciones ante situaciones jurídicas concretas, que lo que permiten es, precisamente, enriquecer escenarios de debate para llegar a conclusiones que contengan todos los contenidos posibles y las menores consecuencias adversas en un Estado Social y Democrático de Derecho. El ideal de los cuerpos colegiados es precisamente permitir que se ventilen criterios disímiles en orden a encontrar soluciones claras producto de la experiencia recogida en quienes desempeñan dignidades tan importantes como las de hacer parte de los órganos de cierre en material judicial.
La Corte parte de una premisa errada al construir su decisión sobre la base de que la falta de unificación del Consejo de Estado en materia de sanción moratoria aplicable a los docentes quebranta el derecho constitucional del artículo 13, no sólo por la forma en que presentó tal discurso, sino porque además pasa completamente inadvertido que en esta materia el llamado a unificar su posición es precisamente el Consejo de Estado, habida cuenta de que se constituye, desde la misma Carta de 1991 y en los respectivos desarrollos legales, en la Corporación especializada en materia administrativa laboral.
En efecto, la Corte propone la violación del derecho a la igualdad en las sentencias que concluyan de manera distinta a su criterio, desconociendo así el ejercicio democrático previsto en Corporaciones Judiciales para la toma de decisiones, cuestión ésta que implica necesariamente entrar a debatir sobre las posiciones que surjan válidamente a partir de la interpretación de normas frente a supuestos de hecho concretos que no tengan una consecuencia directa en el contenido de las disposiciones que los gobiernan.
Concebir que la Corte Constitucional, vía tutela, pueda inmiscuirse en los asuntos propios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y crear reglas vinculantes por esa misma vía, supone una evidente vulneración del andamiaje normativo e institucional que se estructura sobre la base de asignar a cada ente estatal funciones determinadas orientadas al logro de un objetivo concreto y previstas todas ellas bajo el criterio de la especialidad. Y que, adicionalmente, se sirva la Corte Constitucional de la disparidad de criterios existentes en el Consejo de Estado para estructurar sobre esa base una supuesta violación del derecho a la igualdad, acusando a esta alta Corporación de incurrir en ella para legitimar su intervención, constituye francamente un despropósito, pues desconoce la autonomía que le corresponde al juez competente para la toma de decisiones y le exige una interpretación de leyes a su acomodo, sobre un tema que está lejos de su especialidad, como lo es el interés de mora en las cesantías de los docentes.
Sobre el punto es menester traer a colación el salvamento del Magistrado Carlos Bernal Pulido:
“5. Consideramos absolutamente inconveniente darle efectos inter comunis a la decisión adoptada por la Sala Plena, pues se afectarían situaciones jurídicas ya consolidadas por sentencias de la jurisdicción competente, que con base en argumentos legítimos, habían considerado negar las pretensiones. Esto desconoce el trabajo que cada autoridad judicial ha realizado en el caso concreto.”
Relevancia constitucional
Al margen de las observaciones que se han planteado sobre el esfuerzo que la Corte hace para argumentar que el Consejo de Estado incurre en violación del derecho a la igualdad porque no tiene un criterio unificado sobre el “interés de mora en las cesantías de los docentes”, para justificar la presencia de un derecho fundamental que le permitiere intervenir, llama la atención el escaso análisis que realiza sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en especial, cuando se ha esmerado en construir todo un entramado de requisito de procedibilidad generales y especiales que, en la sentencia que se analiza, no merecieron la más mínima atención.
Basta para ello preguntarse simplemente por la relevancia constitucional que puede tener el interés de mora sobre la cesantía, asunto eminentemente económico que no envuelve en sí mismo ninguna trascendencia para la afectación de derechos humanos fundamentales. Como es evidente, la regulación sobre el tema se circunscribe al ámbito de lo legal y su regulación no compromete derecho fundamental alguno, por lo que escapa al ámbito de las competencias de la Corte Constitucional.
A este propósito, y al parecer precisamente porque se inmiscuye en un tema que escapa a su competencia, la Corte Constitucional afirma que en el “interés de mora sobre las cesantías” está de por medio el derecho a la seguridad social, lo que constituye un error evidente, pues ni siquiera la cuantía y su pago oportuno hacen parte integrante de tal precepto.
La Ley 100 de 1993 determinó en su artículo octavo la forma de integrar el sistema de seguridad social:
“ARTÍCULO 8o. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley.” (Subrayado fuera del texto).
En consecuencia, el Sistema de Seguridad Social creado por la Ley 100 de 1993 se integra de los Subsistemas de Pensiones, Salud, Riesgos laborales y Servicios complementarios, dentro de los cuales no se hace referencia a las prestaciones sociales, es decir, prima, cesantías, interés sobre las cesantías, dotaciones, etc.
Es por lo anterior, que no puede concluirse que existe un desconocimiento al derecho fundamental a la seguridad social de los docentes cuando no le es aplicable la figura de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, toda vez que la falta de dicho pago no es un derecho que haga parte de los subsistemas creados por la Ley 100 de 1993; por el contrario, tales reclamaciones hacen parte de las prestaciones sociales, cuya función es complementar el salario de los funcionarios o trabajadores, aspecto este de rango legal y no constitucional.
Y si las cesantías no hacen parte de tal derecho, menos aún puede decirse que la sanción moratoria por su pago pueda ser entendida como un derecho fundamental. De lo que se trata en el evento en el cual una persona reclama la mencionada sanción, es de obtener el pago de una prestación económica derivada de un mandato legislativo.
Comprendida como debe ser la enunciada sanción, no es procedente que se elevara a rango de derecho fundamental, so pretexto de entrar a analizar sentencias judiciales emitidas por el juez que el ordenamiento jurídico dispuso para avocar conocimiento de esas causas y crear por vía de tutela reglas de supuesta obligatoria observancia para los jueces naturales de la causa.
Nótese que la Corte define su competencia a partir de concebir el pago de la sanción moratoria y no las cesantías como derecho fundamental, cuando ni en aquel ni en este caso puede entenderse procedente tal discernimiento, dado que de lo que se trata es de resolver cuestionamientos que nacen en el seno de un derecho laboral y prestacional a casos concretos que, dada su naturaleza, deben ser conocidos y definidos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o en la ordinaria según el caso.
En ese escenario, no encuentra el suscrito razón alguna que eleve a rango constitucional y menos fundamental la discusión planteada por la Corte, definida con un importante número de salvamentos a los cuales, evidentemente, uno mi criterio. En efecto, el asunto que examinó la sentencia SU-336 de 2017 pierde una premisa que le otorgaba, supuestamente, relevancia constitucional, pues no se está en presencia de la vulneración de ningún derecho constitucional fundamental; todo lo cual obliga a que el discernimiento allí esbozado carezca de una debida argumentación. Al respecto resulta importante traer a colación el salvamento que sobre el punto allegó el Magistrado Carlos Bernal Pulido:
“4. El pago oportuno de las cesantías no es un derecho fundamental, es un derecho laboral y prestacional exigible, mas no por esto fundamental.
Compartimos la importancia de las cesantías como derecho de los trabajadores, y específicamente de los docentes oficiales, además de la obligación de dar cumplimiento a su pago en forma oportuna, como en todos los casos en los que se establecen términos de cumplimiento de los derechos laborales; sin embargo, la cesantía corresponde a un derecho laboral que puede ser garantizado mediante la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa, según sea el caso; por esta razón, no compartimos la fórmula de la sentencia, que implica elevar el pago de las cesantías a un derecho de orden fundamental susceptible de ser tutelado mediante esta acción sumaria, pues lo anterior desconoce los mecanismos de protección judicial connaturales al propio derecho.
Para determinar si el no pago oportuno de la cesantía implica la violación al mínimo vital y móvil, tendría que analizarse la situación particular de cada accionante, caso en el cual, de encontrarse una afectación, se ampararía el derecho fundamental al ingreso mínimo, vital y móvil. Lo anterior es diferente a interpretar la cesantía como un derecho fundamental automático”.
Ahora, como lo pretendido en los casos que se estudiaron fue el pago de una prestación económica, esto es, la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, no era tampoco por ese motivo viable aceptar la procedencia de la tutela, puesto que ya han sido múltiples, reiterados y pacíficos los pronunciamientos de todas las Cortes de cierre al afirmar que la acción de tutela está erigida como un mecanismo excepcional para el amparo de derechos fundamentales, dentro de los cuales no se supone su procedencia para el pago de prestaciones económicas.
Al respecto, el salvamento del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo coincide con lo señalado:
“En contraste con la posición mayoritaria, considero que las acciones de tutela en realidad lo que pretendían era un reconocimiento económico que se escapaba al ámbito de la tutela, establecida para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la regla general del amparo tutelar es que la jurisdicción constitucional se pronuncie sobre controversias estrictamente constitucionales, descartando las de índole económico “en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución”.
Al momento de analizar la relevancia constitucional del asunto, la Corte debió diferenciar entre la naturaleza de las cesantías y la sanción moratoria por su pago tardío. En ese sentido, debió advertir que las cesantías, prestación que tiene la función social de contrarrestar la disminución de ingresos del trabajador cesante y el carácter de derecho irrenunciable, ya habían sido pagadas. Por ende, el asunto bajo estudio se circunscribía a un pago adicional que no responde a la misma finalidad de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las paga a tiempo y, por tanto, es un reconocimiento meramente patrimonial que no hace necesaria la intervención del juez de tutela”.
Los defectos especiales
Adicionalmente a lo dicho se observa que la Corte Constitucional no identifica defecto especial alguno en las sentencias que analiza en sede de tutela, no obstante el rigor que dice asignarles en las providencias mediantes las cuales decidió que era procedente tutelar las decisiones de los jueces. Por el contrario, se limita a interpretar NORMAS LEGALES, no constitucionales, para imponer su criterio en una materia que está muy lejos de sus competencias, bajo una asimilación que es a todas luces improcedente, sin asignar defecto alguno a las providencias que analizó.
Incluso manifiesta que tal posición no desconoce ningún precedente judicial, pues aún cuando mediante la Sentencia C-486 de 2016 indicó que los docentes debían regirse por el estatuto general de los empleados públicos, expide con posterioridad el fallo SU-336 de 2017, poniendo en evidencia la ya anunciada ausencia de rigor jurídico en el análisis del caso en cuanto a las reglas para la valoración de procedencia de tutela contra providencias judiciales.
Precisamente como consecuencia de asumir el papel que no le corresponde y entrar a analizar el alcance de normas de carácter legal en sede de tutela, hace extensiva una sola disposición que aplica a los empleados públicos para incorporarla en un régimen especial, invocando el principio de favorabilidad, cuando es de todos conocido que tal principio exige un análisis previo de la aplicación de las normas podían estar en conflicto, que sólo puede ser realizado por el juez que tiene la competencia constitucional y legal para ello, que es el de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Comparto sobre el particular la conclusión a la que se llega en el salvamento de voto suscrito por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien expresó que no era procedente comparar dos regímenes por uno solo de sus elementos, so pena de crear una lex tertia. Invocó para el punto lo dispuesto en la sentencia C-390 de 2016 así:
Finalmente, frente al argumento de igualdad ante las decisiones, la mayoría desconoció la integralidad del régimen del Magisterio dispuesto en la Ley 91 de 1989 al sustraer un elemento –cómputo de los días- del régimen general de la Ley 1071 de 2006 y crear con ello, una tercera norma en beneficio exclusivo de los 35 accionantes y menos aún atacar la cosa juzgada de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para facilitar posturas interpretativas que traen como consecuencia problemas de aplicación adecuada de una prestación patronal. Frente a esta falencia en la técnica argumentativa se podría alegar que la prohibición de crear una lex tertia es de rango legal, sino fuera porque la Corte Constitucional en la sentencia C-390 de 2016 manifestó que no es posible establecer un criterio de comparación entre dos grupos por uno solo de sus elementos; específicamente en esa oportunidad se indicó que:
“El hecho de conceder un beneficio en materia de seguridad social para los concejales de los municipios de menores categorías (de 4ª a 6ª categoría), sin incluir a los concejales de los municipios de 3ª categoría, no implica necesariamente una violación a la igualdad, por cuanto la vulneración de este principio con respecto a regímenes prestacionales distintos, supone la comparación integral de los mismos y no de uno o algunos de los beneficios específicos, considerados aisladamente. Tampoco constituye un trato evidentemente arbitrario, que permitiera excepcionalmente en análisis del beneficio concreto de forma aislada e individual” (subraya fuera de texto)”.
El precedente.
Todo lo dicho hasta ahora me permite afirmar que la sentencia de la Corte Constitucional SU-336 de 2017 no constituye un precedente de obligatoria observancia para determinar si los docentes tienen derecho a la sanción moratoria para los empleados públicos establecida en la Ley 1071 de 2006, por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, pues es evidente que el primer requisito para que se constituya como tal una jurisprudencia, es que sea expedida por el órgano de cierre competente para determinar el significado y el sentido de las disposiciones que las regulan, y siempre atendiendo las condiciones en las cuales se desarrollan los hechos que dan lugar al litigio, aspecto sobre el cual el ordenamiento jurídico ha dispuesto como competente para definir tales controversias al Consejo de Estado.
Sobre el punto es conveniente precisar que los precedentes de la Corte Constitucional son aquellos que interpretan las normas constitucionales con criterio de autoridad, informando a la comunidad cuál es el significado y el sentido de las mismas, pues es precisamente esa la función que le ha sido asignada y que delimita su competencia. Y si bien es evidente que en los fallos de constitucionalidad la Corte no puede abstraerse de determinar el significado y sentido de la disposición legal que se enjuicia, ello siempre debe hacerlo a la luz del alcance de la disposición constitucional que se supone infringida, de tal manera que el enfoque de la interpretación de aquélla está dado por el significado y el sentido de esta última, ya sea para declarar la exequibilidad, la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada.
Y ello es así porque en la labor de “decidir en derecho” tanto la Corte Constitucional como los demás Jueces de la República deberán observar las normas del ordenamiento jurídico en su conjunto. Pero la especialización material es y ha sido criterio fundamental para definir la jurisdicción y la competencia, de tal manera que los fallos que interpretan normas con criterio de autoridad deben corresponder precisamente a aquéllos que son expedidos por la autoridad competente que es la estructurada para comprender integralmente el alcance de una norma de su especialidad, a partir del ordenamiento jurídico en el cual ella se encuentra inmersa.
Obsérvese al respecto que la Sentencia SU-336 de 2017 citada resuelve dos (2) problemas sin rigor constitucional, pues de acuerdo con el primero, concluye sin mayor análisis que el Consejo de Estado viola el derecho a la igualdad porque no unifica su posición en relación con el derecho de los docentes al pago de un día de salario por cada día de retardo en el desembolso de la cesantía; y por el segundo, asume entonces el papel que le corresponde al Consejo de Estado para decidir, con base en la aplicación e interpretación de normas LEGALES que ninguna vinculación directa tienen con al Constitución Política, en juicios que suponen análisis de derechos fundamentales, que los docentes tienen derecho al pago de un día de salario por cada día de retardo en el desembolso de las cesantías, con lo cual se atribuye una competencia que no le corresponde.
Si, como lo afirma, llegó al Corte Constitucional a considerar que el Consejo de Estado estaba violando el derecho a la igualdad por no unificar su jurisprudencia frente a una SANCIÓN DE CREACIÓN LEGAL, debía limitarse a explicar a profundidad en qué consistía la violación de ese derecho fundamental, cuya interpretación es de su competencia, para ordenarle luego al Consejo de Estado que unificara, dentro de las competencias que éste corresponden, y no sustituirlo indebidamente en su función.
Caso concreto
Si bien lo dicho hasta ahora sería suficiente para sustentar mi disenso con la sentencia de tutela expedida por la Sala de la Sección de la cual hago parte, debo agregar adicionalmente mi respetuoso desacuerdo con la misma providencia, cuando circunscribe el análisis de la procedencia de tutela contra tutela, inherente a la procedencia de toda acción de este carácter, a la vigencia de la sentencia que ha sido analizada. Y ello, independientemente de las razones que me han llevado a desestimarla como precedente, pues, aún en el evento en que se considerare como tal, de ninguna manera constituye una licencia para desconocer los presupuestos generales de la acción.
Tutela contra tutela
La sentencia de la cual me aparto hizo un análisis de excepción en relación con la aplicación de uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, sosteniendo que la prohibición de impetrar tutela contra una sentencia que hubiere resuelto una acción de la misma naturaleza, podía obviarse siempre que aconteciera un hecho nuevo que podía ser alegado por los interesados para presentar otra acción constitucional sin incurrir en temeridad o cosa juzgada, pues tales pronunciamientos contienen supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar su situación inicial, lo cuales no podían haber sido planteados con anterioridad. Así lo dispuso literalmente:
“Como primera medida, la Sala observa que en el escrito de tutela, el demandante pone de presente que en anterior oportunidad había promovido una acción de tutela, con los mismos fundamentos y contra las mismas autoridades judiciales, la cual fue denegada por las Secciones Primera y Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado, dentro del expediente radicado bajo el nro. 2016-01395-01.
No obstante, advierte que se ha configurado un hecho nuevo que lo habilita para hacer uso de la presente acción constitucional, pues, con posterioridad a la sentencia que resolvió su petición de amparo, la Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 2017 señaló que el régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que gozan los servidores públicos también le es aplicable a los docentes oficiales, lo cual incide en su caso, lo que, a juicio de la Sala no denota una actuación temeraria por parte del actor.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-560 de 6 de agosto de 2009, en la que sostuvo:
“[…] En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que, de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una condición de ignorancia o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho, o, (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante […]”. (Negrillas fuera del texto original).
Dicho lo anterior, la Sala entrará a determinar si la precitada sentencia de unificación alegada por el demandante lo habilita para hacer uso de una segunda acción de tutela con el objeto de que se estudien nuevamente sus pretensiones.
Al respecto, es pertinente traer a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia.
En sentencia T-009 de 18 de enero de 2000, la Alta Corte se refirió a la inexistencia de la cosa juzgada frente a un hecho jurídico nuevo, así:
“[…] Las mismas razones que descartan la temeridad de la acción interpuesta, llevan a concluir que la expedición de una nueva decisión judicial tampoco vulnera la cosa juzgada. En efecto, como fue mencionado, en el presente caso se advierte la existencia de un hecho jurídico nuevo – la expedición de una sentencia de la Corte Constitucional – aplicable a una situación no consolidada en la que se subsiste la amenaza o vulneración del derecho fundamental.
[…]
Si la causa petendi está constituida por las razones – de hecho y de derecho – que sustentan la petición formulada, no cabe duda de que, entre las primeras y las segundas decisiones proferidas, existe una muy relevante diferencia. Lo que motivó las últimas solicitudes de amparo y la orden judicial de protección del derecho vulnerado, fue la expedición de la sentencia SU-336/99, es decir, la adopción de una nueva doctrina que debe ser aplicable siempre que pueda verificarse que la vulneración persiste por razones ajenas a la parte actora y que es jurídica y fácticamente posible la protección judicial […]”.
Así mismo, en la sentencia T-975 de 16 de diciembre 2011, enunció que, sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial podía constituirse como un hecho nuevo, susceptible de ser valorado por el juez constitucional como justificante para hacer uso de una segunda solicitud de amparo frente a unos mismos hechos y pretensiones. En efecto, adujo la Corte:
“[…] Esto es así por cuanto las sentencias judiciales están cobijadas por la protección que brindan los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, que se encaminan a garantizar estabilidad en el sistema jurídico. De este modo, sentencias de tutela que versen sobre un caso concreto, no necesariamente fundarán una línea obligatoria para definir un caso distinto, que no ha sido tenido en cuenta por el juez para proferir una determinada decisión; de ahí precisamente se deriva el carácter inter partes de la decisión. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos. Al respecto conviene recordar lo dicho por esta Sala en la sentencia T-113 de 2010, con ocasión de la revisión de un expediente relacionado con la solicitud de pensiones de invalidez, en el que se dijo:
“[…] se constata que durante el trámite de la segunda tutela surgió un hecho nuevo (la declaratoria de inconstitucionalidad definitiva y con efectos erga omnes del requisito de fidelidad al sistema que consagraba el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), que refuerza la necesidad de amparar el derecho fundamental del demandante, pues tal requisito era el que se había invocado para negárselo. Aunque las sentencias de la Corte Constitucional sobre los requisitos para considerar no configurada la temeridad hablan de que ello pueda ocurrir por el hecho de que este tribunal profiera una sentencia de unificación, lo cierto es que una sentencia de inconstitucionalidad abstracta que se refiera a normas directamente relacionadas con los derechos en cuestión, también se convierte, necesariamente, en una circunstancia que justifica, excepcionalmente, el trámite de una segunda tutela”.
En el mismo sentido, la sentencia T-1059 de 2007 valoró como hechos nuevos, justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, el que se profirieran las sentencias C-862 de 2006, con efectos erga omnes, y la sentencia SU-120 de 2003, de unificación, frente a la pretensión del actor de obtener la indexación de su primera mesada pensional. Nótese que en ambos casos, los fallos que se invocan como justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, tienen una vocación de universalidad, no están confinados a un caso en concreto, y sus efectos difieren, por ejemplo, de aquellos propios de una sentencia de tutela con efectos inter partes, o un fallo de la jurisdicción ordinaria, que tendría las mismas características en cuanto a sus efectos […]”. (Negrillas fuera del texto original).
En la sentencia T-887 de 20 de noviembre de 2014, señaló que en algunos casos, tal como el de los ciudadanos que buscaban la indexación de su primera mesada pensional con la consagración de una doctrina constitucional, estaban habilitados para acudir nuevamente en sede de tutela en defensa de sus derechos, pues surgían nuevas situaciones fácticas y jurídicas que bien podían modificar su situación inicial.
Precisó la referida sentencia:
“[…] En lo relevante para los casos bajo análisis, la Corte ha sostenido que los ciudadanos pueden acudir nuevamente a la acción de tutela en busca de la indexación de sus pensiones, sin incurrir en temeridad ni desconocer la cosa juzgada constitucional, cuando aparecen nuevas circunstancias fácticas y jurídicas que modifican la situación inicial, como la consagración de una doctrina constitucional respecto del asunto estudiado. La consolidación de una interpretación jurisprudencial puede “ser considerada un hecho nuevo frente a anteriores acciones de tutela” y, en ese sentido, sirve de fundamento para que los interesados acudan nuevamente a la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos, bajo el entendido de que no existe identidad fáctica entre las solicitudes porque el contexto jurisprudencial es diferente.
2.7.1. Así por ejemplo, en la sentencia T-819 de 2009, la Sala Octava de Revisión aceptó la interposición de una segunda acción de tutela mediante la cual se pretendía la indexación del salario base de liquidación, a pesar de que previamente se había interpuesto una solicitud de amparo similar, porque dentro de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había ocurrido un cambio jurisprudencial respecto de la fórmula para actualizar el valor monetario de las pensiones. Allí se dijo que no había temeridad ni violación a la cosa juzgada, porque “la jurisprudencia constitucional ha considerado que un hecho nuevo puede consistir en una sentencia posterior de un Alto Tribunal en la que se acepte para casos similares una determinada interpretación del ordenamiento jurídico, [y que ello] habilita a los demandantes para introducir una cuestión referida a la violación del derecho a la igualdad que no era posible plantear con anterioridad.”
2.7.2. De igual forma, en la sentencia T-092 de 2013, la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de treinta y tres (33) personas que reclamaron mediante dos (2) acciones sucesivas la indexación de su primera mesada pensional contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Allí se estableció que la presentación de la segunda tutela no constituía una actuación temeraria que rompiera la fuerza de la cosa juzgada constitucional, porque “los accionantes, de buena fe, presentaron un motivo expresamente justificado, para interponer nuevamente la acción de tutela, cual es la decisión que la Corte Constitucional profirió con posterioridad a la presentación de las tutelas anteriores”, haciendo referencia a la sentencia SU-1073 de 2012.En esa sentencia se unificó la jurisprudencia constitucional sobre la indexación de pensiones causadas antes de la Constitución Política de 1991 y se consolidó una doctrina protectora del derecho fundamental a la conservación del poder adquisitivo de las pensiones de todos los ciudadanos, por lo que, en ese caso, tenía la virtualidad de cambiar el contexto jurídico en el cual fueron presentadas las solicitudes de amparo […]”. (Negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, como quedó visto en líneas transcritas, la Corte ha reconocido que la consolidación de una doctrina constitucional, como es el caso de las sentencias de unificación proferidas con posterioridad a una controversia ya resuelta, constituyen un hecho nuevo que puede ser alegado por los interesados para presentar otra acción constitucional sin incurrir en temeridad o cosa juzgada constitucional, pues tales pronunciamientos contienen supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar su situación inicial, los cuales no podían haber sido planteados con anterioridad.
Comoquiera que el escenario expuesto se ajusta al caso sub examine, resulta procedente el estudio de la acción constitucional de la referencia, máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia SU-336 de 2017, la Corte Constitucional revisó algunas acciones de tutela proferidas por esta Corporación en las que, como en el caso aquí ventilado por el actor, que es igual a las allí analizadas, se denegó el amparo deprecado por los docentes oficiales del Departamento del Tolima, por cuanto no existía un criterio unificado respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías y, por lo tanto, se debía privilegiar el principio de autonomía judicial de los jueces ordinarios que denegaron dicho emolumento económico..”
Sobre el particular es preciso anotar que las condiciones referidas para aplicar la excepción al requisito de procedencia de tutelas contra providencias judiciales, según el cual no es procedente controvertir una sentencia de tutela mediante la interposición de otra acción de tutela, son las dispuestas en la sentencia SU-627 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, que de manera clara unificó esa materia en la forma en que a continuación se presenta:
“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.” (Subrayas mías).
Vistas así las cosas, se imponía en el caso bajo examen analizar la procedencia de la acción de tutela con las reglas expuestas en la providencia que, se reitera, unificó tal criterio, cuestión que se omitió y que permite agregar un nuevo argumento al salvamento de voto del suscrito, puesto que, como se vio en el análisis de la Corte Constitucional, la tutela contra tutela sólo es permitida cuando concurran los siguientes requisitos: no exista identidad procesal con la solicitud de amparo que se controvierte, se acredite que la providencia enjuiciada fue producto de una situación de fraude, no exista medio ordinario o extraordinario de defensa y se demuestren los demás requerimientos de procedencia de tutela contra providencias judiciales, aspectos éstos que no fueron alegados por la parte actora en el proceso de la referencia y tampoco estudiados por la mayoría de la Sala, a efectos de prescindir de principios fundantes del Estado Social de Derecho como los de seguridad jurídica y cosa juzgada, para dejar sin efecto no sólo sentencias emitidas en los juicios ordinarios de nulidad y restablecimiento del derecho sino también las expedidas al estudiar la demanda de tutela contra aquéllas decisiones dictadas por esta misma Sección y la Subsección “B” de la Sección Segunda, todo lo cual desdibuja la institucionalidad de los procesos diseñados para resolver situaciones jurídicas a la luz de los procesos contencioso administrativos, e incluso los que esa misma jurisdicción debe desatar como juez constitucional.
Sentencia de unificación como hecho nuevo
Ahora, al margen de lo expuesto, en lo que realmente no logro llegar a un acuerdo es en entender que una providencia judicial pueda considerarse como un hecho nuevo, y que ello puede convalidar la presentación de una tutela contra una providencia judicial expedida con más de un año de antelación.
Una sentencia judicial, aunque fuese considerada un precedente obligatorio, constituye una fuente de derecho y nunca un hecho. Tiene efectos hacia el futuro, ya que es de aplicación inmediata. Tal es la regla general para la vigencia de todas las fuentes del derecho, pues parte del presupuesto de conformidad con el cual obliga desde el momento en que es conocida, tal y como sucede con las disposiciones legales (artículos 2 y 8 de la Ley 57 de 1985); sólo excepcionalmente podría tener carácter retroactivo, para afectar hechos cuyos efectos están en curso, lo que implica que no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas; es decir, aquellas sobre las cuales ya ha existido pronunciamiento no sólo del juez ordinario sino del constitucional al dirimir un conflicto suscitad con ocasión a la interposición de una acción de tutela en las dos instancias que prevé el orden jurídico para ese efecto, so pena de desconocer principios de altísimo valor en un Estado Social de derecho, como los de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Entender, como lo propició la Sala en el fallo del cual me aparto respetuosamente, que una sentencia de unificación es un hecho nuevo, no solamente desconoce la naturaleza propia de este tipo de decisiones a la luz del sistema de fuentes y principios estructurados en la Carta Superior, sino que también vulnera derechos de los terceros que salieron vencedores en las providencias objeto de controversia en los juicios que se reviven con la aplicación de esta teoría; derechos éstos sí de raigambre constitucional, como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
En los términos expuestos me declaro en desacuerdo con la posición de la mayoría.
Fecha ut supra.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
En adelante Juzgado.
En adelante Tribunal.
En adelante FOMAG.
En adelante Ministerio.
En adelante Departamento.
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995 se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
Magistrado ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo.
Sentencia de 8 de mayo de 2014, expediente nro. 2013-02883-01, Consejera ponente María Elizabeth García González, sostuvo: […] Al respecto, se infiere que, si bien, la presente solicitud de amparo guarda identidad de hechos y pretensiones, no existe temeridad en el ejercicio de esta nueva tutela, habida consideración del hecho nuevo alegado por el demandante, esto es, el cambio jurisprudencial de esta Corporación, que en sentencia de 31 de julio de 2012, proferida por la Sala Plena (Exp. núm. 2009-01328-01, modificó la tesis acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial […].” (Negrillas fuera del texto original).
Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
Magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
Magistrada ponente María Victoria Calle Correa.
“[…] Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente constitucional, es preciso señalar que si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-471 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales, solo hasta la sentencia C-486 de 2016 refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes. Esa sentencia fue proferida con posterioridad a la fecha de las decisiones atacadas en esta oportunidad, por lo que no es posible concluir que existió un desconocimiento del precedente constitucional.
Lo anterior no es óbice para que la Corte en esta oportunidad unifique su postura sobre el particular y concluya que los docentes oficiales deben ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el régimen especial, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías […]”.
Magistrada ponente María Victoria Calle Correa, sostuvo: “[…] En conclusión, de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales han sido considerados como servidores públicos con características especiales. En lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación, es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º, según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a “…un día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago”.
[…]
Así las cosas, evidenciando que se pudieron presentar pagos tardíos a las cesantías que implican mora, la Corporación le dará efectos retroactivos a esta decisión, para que se paguen los intereses de mora de acuerdo a la legislación anterior, es decir el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 […]”.
“[…] Por otro lado, en la mayoría de las decisiones que ahora se atacan por vía de tutela, los jueces señalaron que si bien en oportunidades anteriores y en casos similares se había reconocido el pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales, era necesario cambiar su postura en aras de ser más acorde con los principios, valores y garantías fundamentales, en tanto los docentes gozan de un régimen especial en el cual no se encuentra establecida una sanción moratoria de ese tipo, por lo cual el mismo no les es aplicable. De igual forma, los jueces que conocieron las acciones de tutela contra las sentencias proferidas en los procesos contencioso administrativos, refirieron que como sobre este asunto no existe un criterio unificado no era dable exigir que todos los casos sobre el mismo se fallaran de una determinada manera y, por lo tanto, se debía privilegiar el principio de la autonomía judicial.
Lo anterior, resulta ser una medida regresiva en el reconocimiento de los derechos prestacionales de los docentes oficiales, en la medida que está retrotrayendo no solo la intención misma del legislador de aplicar a todos los funcionarios públicos y servidores estatales el derecho de que sus cesantías sean pagadas de manera oportuna, sino que contraría el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales de los accionantes que se encuentran en la misma situación fáctica que otros docentes oficiales, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria, según se desprende de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado expuesta en la parte considerativa de esta providencia.
Como se expuso, todas las decisiones de las autoridades judiciales accionadas usaron como argumento que, en tanto el régimen especial de los docentes oficiales no contempla el reconocimiento de la sanción moratoria para ese sector, no era posible aplicar el régimen general que sí consagra esa prerrogativa, por cuanto el régimen especial debe ser aplicado como un todo so pena de crear una tercera regla que tomara partes de ambos regímenes.
Sobre el particular, la Sala considera que aceptar un argumento como el señalado es dar prevalencia a una interpretación que no se acompasa con el concepto de las cesantías y su función social, en tanto acude a la taxatividad de la norma sin profundizar en la naturaleza, funciones y características de los docentes oficiales, sobre una postura que se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes, que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos, independientemente de que no estén catalogados de manera expresa como tales
Del mismo modo, y de conformidad con lo explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii) desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales, porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los mismos supuestos fácticos.
Es por lo anterior, que la Sala considera que en los casos objeto de estudio se configuró la causal específica de violación directa de la Constitución y, bajo ese entendido, habrá de concederse en amparo invocado por los accionantes […]”.
Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés (E).
Proferidas por el JUZGADO TERCERO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 73001-33-33-003-2015-00130-01, promovido por el actor en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima.
Cfr. Folios 21 a 31 del expediente.
Consejo de Estado, Sección Primera: (i) sentencia del 4 de mayo de 2016, Magistrada Ponente: María Elizabeth García González, Radicado: 11001-03-15-000-2016-00762-00, Actora: Gemma Lucía Niño Benavides; (ii) Sentencia del 24 de septiembre de 2015. M.P.: María Elizabeth García González; (iii) Radicado: 2015-01491-01; Sentencia del 14 de julio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez. Radicado: 2016-01639-00. Actora: Nancy Riveros Riveros; confirmada, Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 23 de Marzo de 2017, Magistrado Ponente: William Hernández Gómez, Radicado: 2016-01639-01; (iv) sentencia del 16 de junio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez, Radicado: 2016-01312-00, Actor: Álvaro Guzmán Ramírez.
En casos similares se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación: Sentencia de 5 de julio de 2012, Consejero Ponente doctor GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, proceso radicado bajo el núm. 2012-00947-00; Sentencia de 27 de junio de 2013, Consejera Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00.
Sentencia de 25 de febrero de 2016, Expediente núm. 2016-00252-00.
Corte Constitucional, sentencia del 18 de mayo de 2017. Magistrado Ponente: Iván Humberto Escrucería Mayolo. Referencia: Expedientes T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188, T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180 (Acumulados).
Corte Constitucional, sentencia del 26 de septiembre de 2012, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional, sentencia del 7 de septiembre de 2016, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa
No es objeto de debate ni de cuestionamiento si el señor Santiago Mayorga Rojas ostenta la calidad de docente oficial, como tampoco de desvirtúa la misma en las providencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017.
Radicado: 2015-00130-01.
Dicha providencia fue prohijada por esta Sala en sentencia de 1o. de febrero de 2018 (expediente nro. 2017-02950-00), Consejera ponente María Elizabeth García González.
Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente nro. 2017-01855-00, Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sostuvo: “[…] Así las cosas, es claro el efecto vinculante propio de las sentencias de unificación, imponen al juez tutelar acoger los fundamentos y decisiones que al respecto haya adoptado dicha Corte y, concretamente, cuando como acontece en el presente caso, incluyó el juzgamiento de situaciones bastante pretéritas, como se observa respecto de solicitudes de sanción moratoria adiadas en el 2012 y sentencias decisorias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo proferidas en los años 2015 y 2016.
Ese pronunciamiento, conlleva indefectiblemente a adoptar la decisión de amparar los principios de igualdad y de favorabilidad laboral, que fueron invocados por el señor Salamanca Reyes, al coincidir en su fundamento y propósito argumentativo principal referente a ser beneficiario del régimen legal aplicable a los servidores públicos dentro de la temática de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías […]”.
Sentencia de 5 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01853-00, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sostuvo. “[…] Dicho lo anterior, concluye la Sala que si bien, en principio la decisión acusada, adoptada por el Tribunal Administrativo de Tolima, se encuentra amparada en el artículo 230 de la Constitución Política que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la República, y que la misma data de enero de 2017 (antes de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado), no se puede pasar por alto la prevalencia del principio a la igualdad material que le asiste a los usuarios de la justicia, y que en este momento los altos tribunales judiciales tienen una posición pacífica en cuanto a señalar que los docentes oficiales deben ser considerados empleados públicos y, por lo mismo, les resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1071 de 2006, en lo que a sanción moratoria por el pago tardío de cesantías se refiere […]”.
Sentencia de 8 de noviembre de 2017, expediente nro. 2017-01854-00, Consejero ponente Julio Roberto Piza Rodríguez, sostuvo: “[…] De entrada, debe decirse que la Sala acoge el criterio expuesto en la sentencia SU-336 de 2017. Lo anterior, porque, en esa providencia, la Corte Constitucional definió el alcance del derecho fundamental a la igualdad de los docentes oficiales en lo que respecta a la sanción moratoria […]”.
Sentencia de 4 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01858-00, Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, sostuvo: “[…]Por último, aunque en el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima se hace una exposición jurídica razonable para apartarse de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ha sido uniforme en el reconocimiento del derecho reclamado por la accionante, la Sala considera que ante la zona de incertidumbre que rodea el alcance del concepto de servidor público consagrado en la ley 1071 de 2006, se debe privilegiar la prevalencia de los principios constitucionales de igualdad y equidad para distribuir de manera justa el derecho a percibir la sanción por mora en cuanto al pago de las cesantías parciales o definitivas a favor de los docentes oficiales […]”.
Expedientes nros. 2017-03168-00, 2017-03190-00, 2017-03192-00, 2017-03196-00, 2017-03197-00, 2017-03198-00, 2017-03204-00, 2017-03205-00, 2017-03208-00, 2017-03210-00 y 2017-03216-00, Consejera ponente María Elizabeth García González.
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.
[…]”.
“Del mismo modo, y de conformidad con lo explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii) desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales, porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los mismos supuestos fácticos”. (Página 67 de la Sentencia SU-336 de 2017).
Página 135 ibídem.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Páginas 134 y 135 ibídem.
Sentencia T-1156 de 2000.
Constitución Política, artículo 86.
Sentencia T-606 de 2000.
Página 144 dela Sentencia SU-336 de 2017.
Sentencia C-390 de 2016.
Páginas 140 y 141 de la Sentencia SU-336 de 2017.
Sentencia de 8 de mayo de 2014, expediente nro. 2013-02883-01, Consejera ponente María Elizabeth García González, sostuvo: […] Al respecto, se infiere que, si bien, la presente solicitud de amparo guarda identidad de hechos y pretensiones, no existe temeridad en el ejercicio de esta nueva tutela, habida consideración del hecho nuevo alegado por el demandante, esto es, el cambio jurisprudencial de esta Corporación, que en sentencia de 31 de julio de 2012, proferida por la Sala Plena (Exp. núm. 2009-01328-01, modificó la tesis acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial […].” (Negrillas fuera del texto original).
Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
Magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
Magistrada ponente María Victoria Calle Correa.
Supra II, 4.3.5.
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