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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03265-01

Acción de tutela contra providencia judicial: no es una instancia adicional de los procesos judiciales

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03265-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR el fallo de 12 febrero de 2018, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual Revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03265-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

21 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - No es una instancia adicional de los procesos judiciales / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

La Sala advierte que en el presente caso de la simple comparación entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación del proceso de reparación directa y los de la solicitud de amparo, se evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una reiteración, con la que se pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela. (…) De conformidad con lo anterior la Sala concluye que la entidad demandada analizó integralmente las pruebas allegadas al proceso de conformidad a su autonomía y en razón de esto concluyó que no existió un error jurisdiccional. A juicio de la Sala, el hecho de que la parte actora no esté de acuerdo con los anteriores argumentos, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales, más no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03265-01(AC)

Actor: ROSA ENIDA MONROY DE NIETO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 12 de febrero de 2018, dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La señora Rosa Enida Monroy de Nieto, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones:

“Primero. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, por la VIA DE HECHO, en que incurrieron por Juzgado Sesenta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, en la sentencia del 17 de enero de 2017 y por la Subsección B de Sección de 2017, proferidas dentro del medio de control de reparación directa No. 11001334306320160012101 Demandante: ROSA ENIDA MONROY DE NIETO Demandado: LA NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Segundo. Que se declare que el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, en la sentencia del 17 de enero de 2017, proferida dentro del medio de control de reparación directa No. 11001334306320160012101 Demandante: ROSA ENIDA MONROY DE NIETO Demandado: LA NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, incurrió en protuberantes errores inducidos, por defecto procedimental y defecto fáctico de orden de interpretación legal y valoración errónea del acervo probatorio, recaudados en esta instancia procesal.

Tercero: Que se declare que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia del 31 de mayo de 2017, proferida dentro del medio de control de reparación directa No. 11001334306320160012101 Demandante: ROSA ENIDA MONROY DE NIETO Demandado: LA NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, incurrió en protuberantes errores inducidos, por defecto procedimental y defecto fáctico de orden de interpretación legal y valoración errónea del acervo probatorio, recaudados en esta instancia procesal.

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin valor y efecto las sentencias del 17 de enero de 2017 proferida por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo Oral del Circuito de Bogotá de primera instancia y, la del 31 de mayo de 2017 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de reparación directa No. 11001334306320160012101 Demandante: ROSA ENIDA MONROY DE NIETO Demandado: LA NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, incurrió en protuberantes errores inducidos, por defecto procedimental y fáctico de orden de interpretación legal y valoración errónea del acervo probatorio recaudados que es el objeto de cuestionamiento por vía de esta acción.

Quinto: que se sirva ordenar a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferir sentencia en justicia y derecho que corresponde dentro del medio de control de reparación directa No. 11001334306320160012101 Demandante: ROSA ENIDA MONROY DE NIETO Demandado: LA NACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, que se indicaran en la sentencia que resuelva esta acción.”

Hechos

De la lectura del escrito de tutela se extraen como hechos relevantes, los siguientes:

El señor Gregorio Cocinero compró un predio denominado “el secreto” ubicado en la vereda Iguamena del municipio de Aguazul (Casanare), el 24 de febrero de 1977 luego de su fallecimiento sus herederos vendieron los derechos sobre el predio a los señores Pedro Miguel Nieto Joya y Ana Elvira Roas de Nieto.

En abril de 1983 la señora Rosa Enida Monroy de Nieto y el señor José Pedro Nieto Rojas recibieron el inmueble con la condición de asumir el pago del crédito el cual tenía un valor aproximado de $500.000 mensuales.

La demandante aduce que los señores Dora Eunice, Ana Matilde, Irma, Luis Alfredo y José Pedro Nieto Rojas iniciaron un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio.

Del proceso conoció el Juzgado Civil del Circuito de Yopal que en sentencia de 14 de octubre de 2010 declaró la pertenencia del inmueble. Sin embargo la demandante aduce que tal determinación se fundó en pruebas falsas razón por la que formuló denuncia y recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Superior del Distrito que en decisión del 21 de noviembre de 2013, denegó el recurso.

Como consecuencia de lo anterior la demandante interpuso demanda de reparación directa con la finalidad de obtener el pago de los perjuicios materiales y morales causados por el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El proceso por competencia correspondió al Juzgado 63 Administrativo de Bogotá que en sentencia del 17 de enero de 2017, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la parte actora no acreditó la existencia de un error jurisdiccional.

Dicha providencia fue apelada por la demandante y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B mediante sentencia del 31 de mayo de 2017, confirmó la providencia al considerar que en las providencias demandadas no se evidencia un error jurisdiccional pues por el contrario se encontró que fueron proferidas de conformidad al material probatorio aportado al proceso.

Argumentos de la tutela

La demandante manifestó que las providencias atacadas incurrieron en defecto fáctico toda vez que a su juicio se omitió la valoración de la inspección judicial practicada al predio dentro del proceso de pertenencia además a su juicio los testimonios valorados dentro de este proceso adolecen de falsedad razón por la que había lugar a reconocer los perjuicios ocasionados como consecuencia de un error jurisdiccional.

Oposiciones

La abogada de la División Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia contra providencia judicial toda vez que lo que se pretende es convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario.
De igual forma indicó que del escrito de tutela lo que se evidencia es la inconformidad de la demandante ante la decisión tomada en el proceso de reparación directa razón por la que no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales alegados ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio.
Finalmente solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que por parte de esa dependencia no existe vulneración alguna a los derechos invocados por la demandante.

La Juez 63 Administrativa de Bogotá solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela toda vez que las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa se realizaron conforme al trámite procesal pertinente y de acuerdo al material probatorio que obraba dentro del expediente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio.
Sentencia impugnada

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del 12 de febrero 2018, negó la acción de tutela de la referencia al considerar que la providencia endilgada no incurrió en el defecto alegado por la actora, consideró que el análisis probatorio hecho por el juez natural fue de conformidad a los principios de autonomía judicial y de sana crítica.

Impugnación

La demandante impugnó la anterior decisión, reiteró los argumentos del escrito inicial y manifestó que la sentencia impugnada no estudió los derechos conculcados además fue proferida fuera de término toda vez que fue interpuesta el 4 de diciembre de 2017 y fallada hasta el 12 de febrero de 2018 quebrantando el artículo 86 de la constitución.

Afirmó que si hubo un error jurisdiccional puesto que las personas que demandaron la pertenencia ni siquiera habían residido en el predio y eso no se tuvo en cuenta al definir la pertenencia razón por la que insistió que al negar las pretensiones de la reparación directa no se valoraron las pruebas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso los señores Alirio Alexis Marín Rendón, Nora Elsy Marín Rendón, María Alejandra Marín González y Ledy Rosa Rendón de Marín solicitaron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

A la Sala le corresponde estudiar si la autoridad judicial demandada con sus actuaciones vulneró los derechos fundamentales invocados por los actores.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.

Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, exp 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
(Subraya la Sala)

Aun más, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.

Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.

En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;

Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y

Que no se trate de sentencias de tutela.

Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.

Problema jurídico

La Sala deberá determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto fáctico en la providencia que resolvió en segunda instancia la demanda de reparación directa que los demandantes interpusieron contra la Nación – Rama Judicial y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por presunto error jurisdiccional.

Caso concreto

La demandante solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por incurrir en defecto fáctico en la sentencia proferida el 31 de mayo de 2017.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la demandante contra la sentencia del 12 de febrero de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

Del estudio del expediente, se observa:

La señora Rosa Enida Monroy Miento, ejerció acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, con el fin de que se reconocieran los perjuicios ocasionados por que la decisión adoptada dentro un proceso de pertenencia constituyó un error jurisdiccional.

El Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 17 de enero de 2017, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no fue acreditado el error judicial ni el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Esta decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 31 de mayo de 2017, confirmó la decisión.

La demandante aseguró que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico toda vez que dentro del expediente de reparación directa estuvo demostrado el error judicial pues en el proceso de pertenencia no se tuvo en cuenta aspectos como que los demandantes nunca habían ocupado el inmueble del que reclamaron la pertenencia.

Previo a cualquier consideración, la Sala advierte que en el presente caso de la simple comparación entre los argumentos expuestos en el recurso de apelación del proceso de reparación directa y los de la solicitud de amparo, se evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una reiteración, con la que se pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela. Veamos:

Argumentos del recurso de apelación en proceso de reparación directa
Argumentos expuestos en el escrito de tutela

De lo anterior es evidente que el aquo incurre al indicar que la actuación de la Juez Segundo Civil del Circuito de Yopal, es legal el hecho de no concurrir a ña finca el secreto, que es el predio a usucapir, porque el artículo 244 del CPC, le permite apoyarse en los auxiliares de la justicia. En los procesos de pertenencia, el artículo 244 del CPC, no es de recibo su aplicación debido a que hay norma especial, que le impone al Juez que debe REALIZAR LA INSPECCIÓN JUDICIAL AL PREDIO DE MANERA FORZOSA, conforme lo indica el numeral 10 del artículo 407 del CPC (…)
Del contenido de la norma transcrita se evidencia de manera clara, que es un deber y obligación del Juez, en los procesos de pertenencia, realizar de la inspección judicial de manera forzosa, que tiene varias finalidades, verificar los hechos indicados en la demanda y los actos constitutivos de la posesión y verificar que las personas residen en el predio a usucapir, con el propósito que en esta audiencia ejerzan su derecho de defensa, lo ejerzan, estos, bien sea para corroborar lo aducido en los hechos de la demanda o para ejercer oposición alegando un mejor derecho.

Además las otras argumentaciones que aduce el aquo, que la demandante tenía conocimiento del proceso porque su esposo el señor José Pedro miguel Nieto Rojas era demandante en ese proceso, es una apreciación subjetiva, vaga e injuridica (sic), porque como se probó en el proceso que tan pronto la demandante tuvo conocimiento de esos hecho formuló denuncia penal y promovió el recurso extraordinario de revisión, no conforme con las desacertadas decisiones promovió tutela, eso demuestra que no tenía ningún conocimiento de lo que los demandantes es ese proceso de pertenencia estaban orquestando con el firme propósito e intención de arrebatar el derecho que la demandante tiene sobre el predio; que es de sentido común el despliegue de esas actuaciones en defensa de sus derechos que ha hecho la demandante que esas actuaciones por si solas desmiente la frágil consideración del aquo.

Pues es apenas lógico que en la sentencia objeto de alzada, es evidente la parcialidad en que el aquo incurrió en la sentencia objeto de censura al tratar a toda costa de hacer ver que el proceso de pertenencia, objeto de los yerros que dieron origen al proceso, no hubo ninguna irregularidad para tratar de distraer la realidad de la sarta de errores que están demostrados en el proceso de manera fehaciente, que no necesita hacer esfuerzo mental alguno, porque son de bulto los yerros que materializaron el daño causado a la demandante. Que al tenor de los artículo 65, 66, 67 y 69 de la Ley 270 de 1996, la demandada esta llamada a responder, con la recta administración de justicia que los jueces deben impartir. El aquo no hizo un verdadero análisis y estudio al asunto de la referencia.

El mayor desacierto al que incurre el Juzgado Administrativo es, concluir , que la actuación de la Juez Segundo Civil del Circuito de Yopal, es legal el hecho de no concurrir a la finca el secreto, que es el predio a usucapir, porque el artículo 244 del CPC, le permite apoyarse en los auxiliares de la justicia, esto raya con el desconocimiento e inaplicación de la ley, cuando existe norma especial, porque en los procesos de pertenencia, el artículo 244 del CPC, no es de recibo su aplicación debido a que hay norma expresa, que le impone al Juez que debe REALIZAR LA INSPECCION JUDICIAL AL PREDIO DE MANERA FORZOSA, conforme lo indica el numeral 10 del artículo 407 del CPC, precisamente para verificar el predio y los actos de señor y dueño que ejecuta el usucapiente y para determinar palmariamente que la persona que allí reside con el ánimo de señor y dueño, si ejerce tales hechos y, poder interrogar a los moradores del predio objeto a usucapir para que ellos hagan uso del derecho de oposición en caso de ser verdaderos los dueños o tener un mejor derecho que el demandante.

El despacho incurre en error, por el hecho de suponer que el hecho que el señor José Pedro miguel Nieto Rojas, esposo de la demandante según los hechos de la demanda, se hizo presente a tal diligencia, que si escucho las declaraciones y pudo desmentir al testigo o tacharlo a través de apoderado, quien también estaba presente; precisamente el abogado del señor José Pedro miguel Nieto Rojas, y de los otros señores DORA EUNICE NIETO ROJAS, ANA MATILDE NIETO ROJAS, IRMA NIETO ROJAS, LUIS ALFREDO NIETO ROJAS, es el mismo, quien estaba de acuerdo que la señora Rosa Enida Monroy de Nieto no se enterara del proceso de pertenencia, para evitar que ejerciera sus derechos.
(…) en el proceso está demostrado que en el proceso de pertenencia la señora Rosa Enida Monroy nunca tuvo conocimiento de la existencia de ese proceso, que tan pronto lo tuvo, concurrió con os recursos de ley en ese momento podía ejercer /recurso extraordinario de revisión) y las denuncias penales, pero que en el proceso administrativo el juzgado se rehusó analizar configurándose vías de hecho.

El juzgado administrativo incurre en error protuberante al indicar que la demandante, promovió la demanda fue por la inconformidad de la decisión que se tomó las sentencias, la de primera instancia al no ser tenida en cuenta en la adjudicación del inmueble y en la segunda no hubo lugar a la revisión por no configurarse ninguna causal de su procedencia, esta es una apreciación errónea, que el Juzgado Administrativo, se rehusó hacer una valoración al acervo probatorio que impone el artículo 176 del CGP, cuando en el proceso, está demostrado, que en el proceso de pertenencia la señora Rosa Enida Monroy, nunca tuvo conocimiento de la existencia de ese proceso, que tan pronto lo tuvo concurrió con los recursos de la ley en ese momento podía ejercer (recurso extraordinario de revisión ) y las denuncias penales, pero que en el proceso administrativo el juzgado se rehusó analizar configurándose en vías de hecho.

Esos argumentos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 31 de mayo de 2017, de la siguiente manera:

“(…) por lo que encuentra la sala que en este caso existen dos pruebas contradictorias, una la diligencia de inspección judicial suscrita por sus intervinientes, incluida la Juez, junto con la sentencia proferida el 14 de octubre de 2010, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, contentiva del presunto error judicial y defectuoso funcionamiento; y otra, los testimonios rendidos en el presente proceso, por los señores Fidel Torres y Rosa Delia Parada quienes manifestaron que la inspección se realizó en su predio.

En virtud de los principios de la sana critica la sala deberá valorar y ponderar la prueba que ofrezca una mayor probabilidad lógica, respecto de los hechos objeto de discusión, y en este caso la demandante afirma que el error fue al no haberse practicado la inspección como en la sentencia contentiva del error se manifestó que se realizó en el mismo, por lo que en este caso para la sala contiene mayor valor probatorio una decisión judicial, toda vez que si se alega un presunto daño el mismo debe ser cierto, y en este caso se probó que cada una de las notificaciones ordenadas por ley se cumplieron, tales como la fijación del edicto en dos oportunidades en un diario de amplia circulación de la localidad y de difusión a través de una radiodifusora del lugar, por lo que esta es la razón por la cual se fijan los edictos para que los terceros indeterminados conozcan la existencia de los procesos de pertenencia, por lo que la afirmación de la parte demandante al decir que la demandante vivía en el campo y no tenía acceso al periódico había nugatoria las fijaciones de los edictos, pues al contrario la razón de dichas notificaciones es para que terceros indeterminados conozcan la existencia de los procesos de pertenencia, y en la contestación de la demanda del recurso de revisión además se indicó que la señora Rosa Enida Monroy no se encontraba en el predio.

(…)

Igualmente, en la sentencia que resolvió el recurso de revisión contra la sentencia de la demanda de pertenencia indicó que: “si bien existían testimonios contradictorios acerca de si su práctica fue desarrollada en el predio objeto del proceso o si la señora juez se abstuvo de dirigirse hasta allí, es asunto que poco importa dentro de este proceso, pues no se demuestra que se haya tratado de “colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia”.

En suma, para la sala la prueba del presunto error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento no fue demostrada en este proceso, en virtud de las contradicciones señaladas, y se reitera en la sentencia se indicó haber practicado la diligencia en el lugar del predio objeto del proceso de pertenencia por lo que se confirmará la decisión de la primera instancia, pero por las razones señaladas en esta providencia.

(...)

Con relación a la decisión tomada en el recurso de revisión respecto de los testimonios y la inspección judicial dicho tribunal consideró que no se demostró la colusión o fraude por parte de la juez, pues citó los testimonios rendidos en el proceso ordinario de pertenencia para concluir que los mismos solamente refirieron que el señor Pedro Miguel Nieto fungía como administrador de la finca y que él y sus hermanos eran los herederos de los señores Pedro Nieto Joya pero por el hecho de no reconocer a la demandante como poseedora no se podía inferir que hubo falsedad en los testimonios, lo cual es cierto. Y con respecto al desarrollo de la inspección al igual que esta sala se encuentra que tal como se indicó en el punto anterior, se afirmó que se asistió a la inspección, sumado a que el Tribunal Superior manifestó que no se demostró de ninguna manera que la juez hubiere obrado con el ánimo de realizar una conducta de colusión la cual debía ser probada para que prosperara la causal de revisión. (…)”

De conformidad con lo anterior la Sala concluye que la entidad demandada analizó integralmente las pruebas allegadas al proceso de conformidad a su autonomía y en razón de esto concluyó que no existió un error jurisdiccional.

A juicio de la Sala, el hecho de que la parte actora no esté de acuerdo con los anteriores argumentos, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales, más no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural.

En todo caso, la Sala advierte que la providencia no desconoce derechos fundamentales, toda vez que, como se vio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudió los cargos señalados en el recurso de apelación y concluyó que no estaba demostrado el error jurisdiccional alegado por la demandante, además lo que pretende la demandante la demandante al reiterar lo alegado es un nuevo pronunciamiento de la administración de justicia sobre hechos que ya se estudiaron.

Por lo expuesto en la parte considerativa la Sala confirmará el fallo del 12 de febrero de 2018, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

CONFIRMAR el fallo de 12 febrero de 2018, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual Revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 2 y 3 del expediente principal.
Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01.
Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271).
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA.
Folios 201 a 203 del expediente en calidad de préstamo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2018-00023-00
Demandante: Yan Carlos Beltrán de la Hoz y otros.

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