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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03287-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de julio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03287-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar el fallo de tutela de primera instancia, del 14 de junio de 2018, por medio del cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo deprecado por la señora ENORIS MARÍA MACHACÓN NIÑO y, en su lugar, negarlo, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03287-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

26 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO CON RÉGIMEN ANUALIZADO DE CESANTÍAS - No son beneficiarios de la sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías

Pues bien, para esta Sala de Decisión contrario a lo afirmado por el a quo en el escrito inicial, sí se planteó una causal especial de procedibilidad contra la sentencia dictada en segunda instancia por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, cuando afirmó que «…en la sentencia de 27 de julio de 2017, al negar el reconocimiento de auxilio de cesantías como derecho irrenunciable que tienen todos los trabajadores y que deberá ser asumido por el empleador de la misma manera se desconoce la sanción moratoria contemplada en la ley 344 de 1996 derivada de la mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2011 y 2012, cesantías que a la fecha de la presente tutela aun no le han sido canceladas a la [actora]», como se observa, para el apoderado de la tutelante, en el providencia cuestionada existió un defecto sustantivo al desconocer la sanción moratoria fijada en la Ley 344 de 1996, desde su perspectiva. (…) Luego, la autoridad judicial demandada hizo referencia a los hechos relevantes probados del proceso estudió la vinculación de la tutelante al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad (Atlántico) y su reclamación administrativa. (…) De todo lo anterior, es evidente para esta Sala de Decisión que el defecto sustantivo en los términos alegados en el presente caso no se configura, pues es claro que a la tutelante no le es aplicable el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como lo explicó la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado con fundamento en la norma aplicable a la litis, las pruebas aportadas al proceso y su jurisprudencia reiterada sobre la materia, determinó que el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, solo contempla la remisión a esta sanción para los «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantía», situación en la que no se encontraba la [actora].

FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 99 NUMERAL 3

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Dr. Alberto Yepes Barreiro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03287-01(AC)

Actor: ENORIS MARÍA MACHACÓN NIÑO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la señora ENORIS MARÍA MACHACÓN NIÑO contra el fallo de 14 de junio de 2018, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del que, declaró improcedente el amparo deprecado, toda vez que al no cumplir con la carga mínima de fundamentación de una causal especial de procedibilidad (defecto) consideró que el asunto no superó el examen del requisito de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

1. La tutela

La señora MACHACÓN NIÑO, mediante apoderado judicial, promovió acción de tutela, el 28 de noviembre de 2018, invocando la protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, quien en segunda instancia, confirmó la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el No. 08001-23-33-000-2014-00071-01.

1.1. Hechos

Los supuestos fácticos de la presente acción, en síntesis, son los siguientes:

1.1.1. La tutelante labora desde el 4 de enero de 2011 en el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad, desempeñando el cargo de profesional universitario (tesorera), código 219, grado 1.

1.1.2. Sostuvo que el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad no consignó antes del 14 de febrero de cada año los auxilios de cesantías anualizados de la demandante, por los años 2011 a 2013.

1.1.3. El 8 de julio de 2013, la señora MACHACÓN NIÑO presentó una reclamación administrativa al mencionado Instituto para solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus auxilios de cesantías, la cual no fue respondida. El mismo día interpuso similar petición ante el Municipio de Soledad, quien en Oficio STH/1031 del 2 de agosto de 2013 negó el reconocimiento solicitado por la demandante.

1.1.4. La señora MACHACÓN NIÑO, través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento solicitó:

«1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio STH/01031 del 02 de agosto de 2013, emanado por la secretaria de Talento Humano del Municipio de Soledad, atlántico {sic}. El cual niega el pago y reconocimiento de la sanción moratoria.

2. declarar {sic} la nulidad del acto administrativo presunto o ficto producido por el silencio del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, ante la petición formulada por el {sic}. demandante y radicado el día 08 de julio de 2013. El cual niega el pago y reconocimiento de la sanción moratoria.

3. Como consecuencia de las declaraciones solicitadas y a título de restablecimiento del Derecho {sic}, se condene a los demandados Municipio de Soledad Atlántico e Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, a pajar a la servidora pública ENORYS MARÍA MACHACÓN NIÑO, la sanción moratoria contemplada en el conjunto normativo Ley 344 de 1996, esta última reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 {sic} decreto que remite a las normas de los artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, desde la omisión de consignación del auxilio de cesantías correspondiente a la anualidad de 2006 {sic}, hasta la fecha en que se produzca la consignación del auxilio de cesantías de esta anualidad y de los demás auxilios de cesantías posteriores que se han dejado de consignar en forma oportuna, que van desde la anualidad de 2006 {sic} ya señalada, hasta el auxilio de cesantías correspondiente a la anualidad 2008 {sic}, inclusive».

1.1.5. El Tribunal Administrativo del Atlántico, con sentencia del 26 de junio de 2015, resolvió probada de oficio la excepción de cobro de lo no debido y, como consecuencia de ello, negó las súplicas de la demanda.

1.1.6. La parte actora inconforme con la anterior decisión la apeló.

1.1.7. La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, con providencia del 27 de julio de 2017, confirmó la anterior decisión.

Para lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia reiterada de la Corporación, explicó que los empleados del nivel territorial con régimen anualizado de cesantías afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no son beneficiarios de la sanción moratoria regulada en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues así lo prevé el artículo 1º del Decreto No. 1582 de 1998, el cual solo contempla la remisión a esta sanción para los «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantía».

Por tanto, afirmó dicha autoridad judicial que no le asiste la razón a la recurrente, al iterar que el Decreto No. 1252 de 2000 no posibilita que la señora MACHACÓN NIÑO tenga derecho a la sanción moratoria prevista el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, derivada del retardo en la consignación de los auxilios de cesantías por los años 2011 a 2013.

1.2. Fundamentos de la solicitud

El apoderado judicial de la tutelante hizo la relación de los hechos que fundamentan su acción; luego fijó las pretensiones de esta; después enunció algunas consideraciones como soporte Constitucional, jurisprudencial y legal, frente al caso planteado.

En este apartado, habló sobre el derecho al acceso a la administración de justicia; del debido proceso; para luego hacer a alusión a la procedencia de la tutela «por vía de hecho». Donde hizo alusión a la sentencia C-590 de 2005; donde en forma general hizo referencia al defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad; también dio la definición de los defectos: a) orgánico; b) sustantivo; c) procedimental; d) fáctico; e) por error inducido; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente constitucional y, finalmente, h) violación directa de la constitución.

Inmediatamente, hizo referencia al derecho a la igualdad y su tripe papel dentro del ordenamiento constitucional; así como, a la seguridad jurídica que deben mantener los operadores jurídicos; para finalmente, indicar frente al auxilio de cesantías, lo siguiente:

«La Corte Constitucional ha hecho referencia en sus múltiples pronunciamientos a la función social que cumple prestaciones como el auxilio de cesantías. Para explicar este asunto, ha señalado que se trata de una figura jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre el empleador y el trabajador, que busca, “por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer sus necesidades de capacitación y vivienda”.

Por esto se expone que el Derecho Fundamental a La {sic} Seguridad Social se está desconociendo en la sentencia de 27 de julio de 2017, al negar el reconocimiento de auxilio de cesantías como derecho irrenunciable que tienen todos los trabajadores y que deberá ser asumido por el empleador de la misma manera se desconoce la sanción moratoria contemplada en la ley 344 de 1996 derivada de la mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2011 y 2012, cesantías que a la fecha de la presente tutela aun no le han sido canceladas a la señora Enoris María Machacón Niño».

1.3. Pretensiones

Como consecuencia del amparo de sus derechos, en la tutela se Solicitó:

«PRIMERO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado del 27 de julio de 2017 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho iniciado por la señora Enoris María Machacón Niño contra el Municipio de Soledad – Atlántico e Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, radicado: 08001-23-33000-2014-00071-01 (4530-2015), que confirmó la decisión emitida en sentencia del día 26 de junio de 2015 del Tribunal Administrativo del Atlántico en fallo de primera instancia, mediante la cual se le negó el amparo a la accionante. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos constitucionales a la igualdad en las decisiones judiciales, al principio de favorabilidad laboral, debido proceso y por violación directa de la Constitución.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho, en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico el día 26 de junio de 2015 y en segunda instancia por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado del 27 de julio de 2017. En su lugar, ORDENAR al Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Atlántico que profiera una nueva decisión mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la omisión en el pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2011 y 2012.

TERCERO: en tal sentido CONDENAR a los demandados Municipio de Soledad y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad a pagar a la servidora pública ENORIS MARÍA MACHACÓN NIÑO la sanción moratoria contemplada en la ley 344 de 1996 derivada de la mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2011 y 2012, cesantías que a la fecha de la presente tutela aun no le han sido canceladas a la señora Enoris María Machacón Niño.

CUARTO: Por lo tanto ORDENAR el pago efectivo y material a mí representada, dado que tal condena debe darse como restablecimiento del Derecho, Sanción que deberá liquidarse desde el 14 de febrero del año siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo, hasta la fecha en que se produzca la consignación de cada uno de los auxilios de cesantías pertinentes a las anualidades 2011 y 2012 y que como se ha podido verificar aún no han sido canceladas a la señora Enoris María Machacón. De igual forma SE ORDENE que la suma que resulte como condena sea ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4° C.P.A.C.A. además que SE ORDENE el pago a la parte demandante de las costas del proceso incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. También solicitamos SE CONDENE al pago de los interés moratorios a partir de la ejecutoria de la modificación de la sentencia según lo previsto en el artículo 192 y 195, inciso 4º del C.P.A.C.A».

2. Trámite en primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en auto de 28 de noviembre de 2018, la admitió la tutela y ordenó notificar a los Magistrados de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado.

Como terceros con interés dispuso vincular como terceros con interés a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, por haber proferido el fallo de primera instancia y al municipio de Soledad - Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad (Atlántico), por haber sido parte, en el proceso ordinario.

3. Intervenciones

Remitidos los oficios de rigor, se recibieron las siguientes:

3.1. El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad (Atlántico).

Al intervenir solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, toda vez que en la sentencia cuestionada no se presenta el defecto sustantivo alegado.

Afirmó que no existen yerros procesales tanto de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado como del Tribunal Administrativo del Atlántico, toda vez que de conformidad con las normas, la jurisprudencia y del análisis del acervo probatorio existente, concluyeron que a la demandante no le era aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

3.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico

Al intervenir manifestó que no se configuran los presupuestos para que por parte de esta Corporación se hayan violado los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la seguridad social, pues la motivación de la providencia objeto de esta controversia es clara y se ciñe a los lineamientos jurisprudenciales señalados por el Consejo de Estado con la debida valoración de los medios de pruebas arrimados al proceso, por lo tanto solicitó se nieguen las súplicas de la acción de tutela o se declare su improcedencia.

4. Decisión de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado con providencia del 14 de junio de 2018, declaró improcedente el amparo deprecado, toda vez que al no cumplir con la carga mínima de fundamentación de una causal especial de procedibilidad (defecto) consideró que el asunto no superó el examen del requisito de relevancia constitucional.

Para arribar a lo anterior, explicó que en el escrito de tutela, el apoderado de la actora no desarrolló su acusación a partir de la caracterización de una causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial, pues se limitó a transcribir la definición de cada uno de los defectos, sin expresar de qué manera la actuación judicial objeto de reproche se constituye en causa de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

5. La impugnación

La anterior decisión impugnada, por la parte accionante reiteró los argumentos dados en el escrito inicial y, adicional, explicó lo siguiente:

«Con fundamento en los hechos narrados, consideramos que la decisión atacada incurre en defecto sustantivo y procedimental susceptible de ser conjurados por este excepcional y subsidiario mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales que les asisten a mi poderdante, como lo veremos.

A la luz de la carta {sic} política {sic} colombiana de 1991, los derechos de defensa y contradicción y el debido proceso y acceso a la administración de justicia, están elevados a rango superior, lo que implica que todo atentado que se cometa contra esta garantía es pasible de acciones tutelares, como la presente. Así lo ha reconocido la doctrina de la corte constitucional, como guardián del estatuto superior.

En el presente caso, la decisión judicial vulnera los derechos fundamentales de la señora Enosis Machacón, en tanto que aborta un procedimiento que debió llevarse a feliz término, respetando sus garantías constitucionales. Ello configura en nuestro criterio un desacierto en el fallo de tutela de primera instancia en el caso que le aplica, ya que se está desconociendo los derechos fundamentales como lo es la violación al debido proceso, a la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y el derecho a la seguridad social a la actora del proceso de la referencia, derechos que fueron negados en la sentencia de segunda instancia de la subsección B – sección {sic} segunda {sic} del Consejo de Estado mediante sentencia del 27 de julio de 2017 en la que resolvió Ratificar {sic} el fallo de primera instancia por cuanto CONFIRMA la sentencia del 26 de junio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones señaladas en la parte motiva de esa providencia.

La subsección {sic} B – sección {sic} segunda {sic} del Consejo de Estado en la sentencia del 27 de julio de 2017 desconoce de manera directa los derechos fundamentales que le asiste a la señora Enoris Machacón, como lo son a la igualdad, la seguridad judicial, la seguridad jurídica y el debido proceso, profiriendo un fallo que atenta y omite el reconocimiento de derechos que le asiste a la actora como es el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías de las anualidades 2011 y 2012.

La subsección {sic} B – sección {sic} segunda {sic} del Consejo de Estado con la sentencia del 27 de julio de 2017 vulnera y violenta de forma directa el derecho a la igualdad de la señora Enoris Machacón, principio a la igualdad que es aquel que ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Y a la señora Machacón con esta sentencia que fue objeto de tutela se le desconoce un trato igualitario en cuanto a la fundamentación de la sentencia que niega el reconocimiento de sus derechos.

Los operadores jurídicos tienen la obligación de mantener la misma línea jurisprudencial en las decisiones judiciales asumidas, sino {sic} entrarían a contrariar y violentar el derecho fundamental a la igualdad y a la seguridad jurídica. Es así como la uniformidad de las decisiones adoptadas por los jueces permite que los ciudadanos tengan certeza sobre el ejercicio de sus derechos y la efectividad de los mecanismos para su protección, con lo cual se concreta la seguridad jurídica y la igualdad en las actuaciones judiciales.

Por esto se expone que el Derecho {sic} Fundamental {sic} a La {sic} Seguridad {sic} Social {sic} se está desconociendo en la sentencia de 27 de julio de 2017, al negar el reconocimiento de auxilio de cesantías como derecho irrenunciable que tienen todos los trabajadores y que deberá ser asumido por el empleador de la misma manera se desconoce la sanción moratoria contemplada en la ley {sic} 344 de 1996 derivada de la mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2011 y 2012, CESANTÍAS QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE TUTELA AUN {sic} NO LE HAN SIDO CANCELADAS a la señora Enoris María Machacón Niño.

Como se expresó en la interposición de esta acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta Política para la protección de los derechos constitucionales fundamentales o la inminencia de su violación cuando resulten o puedan ser vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, acción constitucional que es procedente si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, como es el caso de la referencia, que lo que buscamos con la acción de tutela es la defensa y protección de los derechos vulnerados a la señora Enoris Machacón, con el fallo que está siendo objeto de tutela en esta oportunidad por el cual la Subsección B del Consejo de Estado niega el reconocimiento y pago a la actora de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de los años 2011 y 2012.

Honorable Consejero Ponente, nos encontramos en total desacuerdo con lo dispuesto en la parte considerativa y resolutiva del fallo de tutela que nos ocupa por tal razón impugnamos tal decisión con la esperanza que el superior revise a profundidad el fondo del asunto y la decisión de primera instancia, ya que consideramos que no se examinaron nuestros argumentos.

En los anteriores términos fundamento mi impugnación al fallo».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No. 1983 de 2017, así como el Acuerdo No. 55 de 2003 de la Sala Plena de la Corporación.

2. Asunto bajo análisis

De conformidad con el fallo de primera instancia y la impugnación presentada, corresponde a la Sala determinar:

i. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

ii. Si el fallo de tutela de primera instancia se debe confirmar, modificar o revocar, a partir de los argumentos dados en aquella.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos estos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas desemejantes sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente». Énfasis propio.

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Constitución Política y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y en donde el Actora tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los mecanismos judiciales, ordinarios y extraordinarios de defensa, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Caso concreto

Para la Sala una vez analizados los argumentos planteados en la impugnación por el apoderado de la señora MACHACÓN NIÑO, revocará el fallo de tutela de primera instancia que declaró la improcedencia del mecanismo constitucional, para en su lugar, negar el amparo deprecado, por las siguientes razones.

Como se explicó en el numeral tercero de estas consideraciones, sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, tanto esta Corporación Judicial como la Corte Constitucional, han indicado de forma reiterada, que cuando se cuestiona una decisión de dicha naturaleza, están en juego importantes valores del Estado de Derecho como son la autonomía de los jueces, la seguridad jurídica y la cosa juzgada, es por ello, que en vía tutela quien pretenda infirmar una providencia, debe cumplir una mayor carga argumentativa y, específicamente, explicar razonadamente los motivos por los cuáles se configura una causal especial de procedibilidad.

Pues bien, para esta Sala de Decisión contrario a lo afirmado por el a quo en el escrito inicial, sí se planteó una causal especial de procedibilidad contra la sentencia dictada en segunda instancia por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, cuando afirmó que «…en la sentencia de 27 de julio de 2017, al negar el reconocimiento de auxilio de cesantías como derecho irrenunciable que tienen todos los trabajadores y que deberá ser asumido por el empleador de la misma manera se desconoce la sanción moratoria contemplada en la ley 344 de 1996 derivada de la mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2011 y 2012, cesantías que a la fecha de la presente tutela aun no le han sido canceladas a la señora Enoris María Machacón Niño», como se observa, para el apoderado de la tutelante, en el providencia cuestionada existió un defecto sustantivo al desconocer la sanción moratoria fijada en la Ley 344 de 1996, desde su perspectiva.

Lo anterior, habilita a este juez constitucional a entrar a realizar el juicio de constitucionalidad de la sentencia ordinaria de segunda instancia, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de marras, para lo cual, se analizarán los argumentos dados por la autoridad judicial que se cuestiona, para negar las pretensiones de dicha demanda.

La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir de los argumentos del apelante, fijó como problema jurídico a resolver el siguiente:

«Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante procede revocar la sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones, pues tiene derecho al pago de la sanción moratoria por el retardo en la consignación de sus auxilios de cesantías por los años 2011 a 2013, en el Fondo Nacional del Ahorro».

Para resolver lo anterior, en las consideraciones del fallo judicial que se ataca, se analizó el marco normativo y jurisprudencial del caso, en este, profundizó sobre las cesantías para los empleados públicos del nivel territorial; así como el sistema de liquidación de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, creado como establecimiento público mediante el Decreto Ley 3118 de 1998 y mediante la Ley 432 de 1998 se transformó en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

Dicha entidad fue reorganizada por la Ley 432 de 1998 y estableció en el artículo 5º que los empleados del nivel territorial también podían afiliarse al mencionado fondo de cesantías. Este artículo fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998.

Luego puso de presente que el artículo 6º de la Ley 432 de 1998 disponía la obligación de «las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados», y que el «incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora».

Pero la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en la providencia cuestionada, enfatizó que dicha norma fue modificada por el artículo 193 del Decreto 019 de 2012, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 193. TRANSFERENCIA DE CESANTÍAS. El artículo 6 de Ley 432 de 1998, quedará así:

“Artículo 6. Transferencia de cesantías. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.

Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.

Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de la autoridad correspondiente.

Parágrafo.

Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de la obligación de transferencia no serán aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de cesantías, y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan”».

También analizó los aspectos relacionados con la sanción moratoria del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a partir de lo que manifestó:

«A partir de las normas anteriores, esta Sala en sentencia del 27 de abril de 2017 explicó las diferencias entre el régimen de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro y el anualizado que administran los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990, exponiendo para el efecto el siguiente cuadro:

Régimen anualizado
(fondos privados de cesantías)
Fondo Nacional del Ahorro
Beneficiarios
Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías
Servidores públicos del nivel territorial que se afilien al FNA
Liquidación
Definitiva por la anualidad o fracción correspondiente el 31 de diciembre de cada año.
El empleador deberá transferir al FNA 1/12 parte de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.
Oportunidad
Consignación antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se cause el auxilio de cesantías en la cuenta individual del fondo elegido por el empleado.
Transferencia durante el transcurso del mes de febrero, con excepción de las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, a las cuales no se les aplica dicho término.
Intereses
Intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción respecto de la suma liquidada.
Interés equivalente al 60% de la variación anual del IPC sobre las cesantías liquidadas por la entidad, correspondiente al año y protección contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.
En caso de incumplimiento del empleador
A favor del servidor público: Sanción de un día de salario por cada día de retardo.
Los funcionarios competentes incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente.

Ahora bien, el régimen anualizado de cesantías de la Ley 344 de 1996, fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, que en su artículo 1 remitió al numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1999, el cual prevé una sanción para el empleador que consigne fuera de los términos legales el auxilio de cesantía del trabajador en el fondo que éste escoja de un día de salario por cada día de retardo para “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías”. Así lo dice la norma:

“ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”. (Subrayado y resaltado fuera de texto).

De lo anterior, se colige que a los empleados del nivel territorial con régimen anualizado de cesantías afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no son beneficiarios de la sanción moratoria regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues así lo dispone el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998».

Luego, la autoridad judicial demandada hizo referencia a los hechos relevantes probados del proceso estudió la vinculación de la tutelante al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad (Atlántico) y su reclamación administrativa.

Ya en el caso concreto, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, explicó que la tutelante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (que se aplica por disposición del artículo 1º del Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998, reglamentario del artículo 13 de la Ley 344 de 1996), consistente en un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías, por los años 2011 a 2012.

En la apelación de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, su apoderado adujo que según el artículo 1º del Decreto 1252 de 2000, la tutelante tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria pedida en la demanda, aunque esté afiliada al Fondo Nacional del Ahorro.

A partir de lo anterior, la decisión de la autoridad judicial que se cuestiona con el presente mecanismo de amparo, consideró:

«Al respecto, precisa la Sala que el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000() “Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública”, establece:

“ART. 1º—Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aún en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías.

PAR.—Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo”.

Este artículo de modo alguno contempla que todos los servidores públicos tienen derecho a la sanción moratoria regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues de su tenor literal es claro que el derecho al pago de las cesantías se enmarca en los términos de la normatividad aplicable según el caso, diferenciando a quienes se benefician de la Ley 432 de 1998, que regula el Fondo Nacional del Ahorro, en el que no hay lugar al pago de la sanción moratoria reclamada por la demandante como lo ha considerado la jurisprudencia de esta Corporación, así:

“Acorde con lo expuesto, es posible concluir que los servidores públicos territoriales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro se sujetan al sistema de liquidación y consignación previsto en la Ley 432 de 1998; por consiguiente, no tienen derecho al pago de la sanción prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 en caso de mora en la consignación del auxilio de cesantía, toda vez que su naturaleza jurídica está constituida a modo de correctivo pecuniario respecto del empleador que incurra en la conducta descrita en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a fin precisamente de proteger una prerrogativa, esto es, la prestación social – cesantías-, sin que pueda ordenarse su aplicación a un régimen diferente sin que ello conlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad de la ley”.

En este orden de ideas, debe decir la Sala que acorde con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, los empleados del nivel territorial con régimen anualizado de cesantías afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no son beneficiarios de la sanción moratoria regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues así lo prevé el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, el cual solo contempla la remisión a esta sanción para los “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantía”.

Por tanto, no asiste la razón a la recurrente, ya se itera el Decreto 1252 de 2000 no posibilita que la señora Enoris María Machacón Niño tenga derecho a la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, derivada del retardo en la consignación de los auxilios de cesantías por los años 2011 a 2013.

Ahora bien, en los alegatos de conclusión la demandante amplió los argumentos del recurso de apelación al señalar que en los años 2011 a 2013 no estaba afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, y que por consiguiente, respecto de estos años tiene derecho al pago de la sanción moratoria.

Al respecto, advierte la Sala que en la citada etapa procesal no procede ampliar el recurso de apelación, toda vez que la parte demandada, en este caso el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad no tuvo la oportunidad procesal de ejercer su derecho a la defensa respecto de estos argumentos, además en el texto de la demanda tampoco se encuentran éstos, por tanto, la Sala no los estudiará toda vez que incurría una violación del derecho al debido proceso y se desconocería la finalidad del término que establece el legislador para sustentar el recurso de apelación».

De todo lo anterior, es evidente para esta Sala de Decisión que el defecto sustantivo en los términos alegados en el presente caso no se configura, pues es claro que a la tutelante no le es aplicable el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como lo explicó la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado con fundamento en la norma aplicable a la litis, las pruebas aportadas al proceso y su jurisprudencia reiterada sobre la materia, determinó que el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, solo contempla la remisión a esta sanción para los «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantía», situación en la que no se encontraba la señora MACHACÓN NIÑO.

En vista que la providencia judicial atacada no es arbitraria, caprichosa e irrazonable y la misma se ajusta a las normas que regulan el régimen de los empleados públicos del nivel territorial a filiados al sistema de liquidación de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, como se planteó en la demanda ordinaria, conllevan a este juez constitucional a revocar la providencia impugnada y, en su lugar, negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar el fallo de tutela de primera instancia, del 14 de junio de 2018, por medio del cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo deprecado por la señora ENORIS MARÍA MACHACÓN NIÑO y, en su lugar, negarlo, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Aclara el voto

Fls. 2 – 9. Poder fl. 10.
Fls 30 - 72. Cdo. Anexo No. 1 de la tutela.
Fls 21 - 29. Idem.
Énfasis del original
Énfasis del original.
Fl. 13.
Fls 14 - 20.
Fls. 24 - 26.
Fls. 32 - 34.
Fls. 59 - 66.
Fls. 73 - 76. El fallo de primera instancia se notificó por correo electrónico el 21 de junio de 2018 (fls. 67 - 72). La impugnación se radicó el día 26 de ese mes y año, es decir, dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.
Énfasis del texto original.
Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001-03-15-000-2011-00546-01, accionante: Oscar Enrique Forero Nontien y accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTROS.
Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actora: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Énfasis del original
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998».
Énfasis del original.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 66001-23-33-000-2013-00442-01 y número interno 1389-2015
Énfasis del original.
«Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
«Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 66001-23-33-000-2013-00442-01 y número interno 1389-15».
Énfasis de la Sala.

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