Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03301-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: ampara los derechos al debido proceso y a la igualdad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03301-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03301-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
19 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos al debido proceso y a la igualdad / DOCTRINA CONSTITUCIONAL - Puede constituir un hecho nuevo que permite estudiar la acción de tutela dando flexibilidad al requisito de inmediatez / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se configura al no haber tenido en cuenta la sentencia de unificación de la Corte Constitucional relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a docentes por el pago tardío de sus cesantías
[E]sta Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Expediente nro. 2017-01856-00), al estudiar una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, acogió la postura de la Corte Constitucional y amparó los derechos fundamentales allí invocados como violados, por encontrar que se habían configurado los precitados defectos. (…). Comoquiera que en este caso se trata de un escenario similar y, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad de los actores, que, como quedó visto, se encuentran en condiciones idénticas a las de los otros reclamantes, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, amparará los derechos fundamentales invocados como vulnerados por [los accionantes]. En atención a lo anterior, se dejará sin efecto la sentencia de 9 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1 / LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 2015, exp. SU-627, M.P. Mauricio González Cuervo. Con respecto a los requisitos especiales, considerados causales concretas, que de configurarse autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. T-619, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre el mismo tema y en el sentido de que la configuración de alguno de los requisitos especiales permiten dejar sin efecto o modular la decisión que se cuestiona, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. T- 225, M.P. Mauricio González Cuervo. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre la acción de tutela contra providencia judicial y el principio de inmediatez, ver: Corte Constitucional, sentencia de 13 de septiembre de 2010, exp. T-739, M.P. Mauricio González Cuervo. En cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo de la presentación de la tutela contra una providencia judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 6 de marzo de 2008, exp. T-243, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y sentencia de 17 de enero de 2008, exp. T-014, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Con respecto a la ocurrencia de un hecho nuevo con causal de justificación válida que explica la tardanza en la interposición de la tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. SU-339, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sobre la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes y que es citada como hecho nuevo en esta sentencia, ver: Corte Constitucional, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. SU--336, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo (E). Sobre una tutela similar a la analizada en el presente caso, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, exp. 2017-01856-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E), la cual ha sido reiterada, entre otras, en sentencia de 22 de febrero de 2018, exp. 2017-03448-00, C.P. María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03301-01(AC)
Actor: OLIVERIO OSPINA OVIEDO Y LUZ ROCÍO OSPINA OVIEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Oliverio Ospina Oviedo y por la señora Luz Rocío Ospina Oviedo, mediante apoderado judicial, en contra de la sentencia de 14 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.
LA SOLICITUD DE TUTELA
El señor Oliverio Ospina Oviedo y la señora Luz Rocío Ospina Oviedo, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales estiman vulnerados por la sentencia de 31 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01.
La solicitud de amparo se fundamenta en los siguientes hechos:
Informan que son hijos de la señora Lorenza Oviedo de Ospina, quien falleció el 12 de febrero de 2015, y para el efecto adjuntan el certificado de defunción y sus registros civiles de nacimiento.
Señalan que su progenitora laboró como docente al servicio educativo del Departamento del Tolima y en tal condición solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de sus cesantías, las cuales fueron reconocidas mediante Resolución Nro. 0066 de 13 de enero de 2014 y fueron efectivamente pagadas el 28 de febrero de 2014.
Indican que el 21 de marzo de 2014, la señora Lorenza Oviedo de Ospina solicitó el pago de la sanción moratoria, el cual fue negado por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en la Resolución no. 2014RE4353 de 27 de marzo de 2014.
Manifiestan que con el fin de obtener la nulidad de dicho acto administrativo promovieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Departamento del Tolima, la cual fue resuelto por el Juzgado Primero Oral Administrativo de Ibagué, el 31 de marzo de 2016, denegando las pretensiones de la demanda.
Exponen que la anterior decisión fue confirmada, el 9 de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Tolima, con fundamento en que a la demandante no le resultaba aplicable la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
Arguyen que se presenta un hecho nuevo consistente en que la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-336 de 2017, dispuso que “el régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías a los servidores públicos es aplicable a los docentes oficiales, teniendo en cuenta la igualdad de trato jurídico y debido proceso”.
Consideran que se vulneran sus derechos fundamentales porque las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Oral Administrativo del Tolima y por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01, no se ajustan el criterio fijado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-336 de 2017.
Añaden que el Tribunal accionado, en sentencia del 11 de diciembre de 2014, resolvió un caso igual al de ellos y reconoció la sanción por el pago tardío de las cesantías, por lo cual se está desconociendo el derecho a la igualdad.
II. PRETENSIONES
La accionante formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en tanto desconocen la jurisprudencia propia del Consejo de Estado que en casos similares ha accedido a las pretensiones de los diferentes medios de control. Por lo anterior, solicito que se ordene a las autoridades judiciales accionadas dejar sin efecto el fallo del 31 DE MARZO DE 2016 y, en su lugar, proferir uno nuevo mediante el cual se reconozca y pague la sanción por mora solicitada.
SEGUNDA: DECLARAR, que la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, integrada por los Magistrados, violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia ORDENAR, la revisión de la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, del día TREINTA Y UNO (31) de MARZO DE 2016 y notificado el 5 de abril de 2016 con radicación 73001333300120140055600, a fin de que se garantice el debido proceso, a la igualdad.
TERCERA: DECRETAR, AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, que me reconozca el derecho que del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la que se hizo extensiva al Departamento del Tolima, con el fin de que se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 2014RE4353 DEL 27 DE MARZO DE 2014, notificado a la demandante el 2 de abril de 2014 el cual fue expedido por el Secretario de Educación Departamental del Tolima, negando el reconocimiento y pago de la MORA EN EL PAGO Y/O SANCIÓN MORATORIA por el no pago oportuno de las cesantías parciales y/o definitivas, que fue reclamada mediante petición radicada con el número 2014PQR11007 DEL 21 DE MARZO DE 2014, por parte de actor(a) LORENZA OVIEDO DE OSPINA.
CUARTA: Se dé cumplimiento al principio de inmediatez, es decir, que la tutela se está interponiendo después de haberse emitido el fallo de la Corte Constitucional en Sala Plena del 18 de mayo de 2017 sentencia SU336/17, debido a que a la inseguridad jurídica que se venía presentando en estos casos y que por fin se dio la razón y estabilidad jurídica que se requería para este caso en concreto, lo cual permite interponerla en este evento, debido a que el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció los pronunciamientos del Consejo de Estado que, de ser aplicados, posiblemente hubieren conllevado a que se desatara favorablemente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su curso de apelación por ello(a) presentado dentro del medio de control impetrado. Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente constitucional, es preciso señalar que si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-471 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales, solo hasta la sentencia C-486 de 2016 refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes. Esa sentencia fue proferida con posterioridad a la fecha de las decisiones atacadas en esta oportunidad por lo que no es posible concluir que existió un desconocimiento del precedente constitucional. 13 REF. EXPEDIENTE W: 11001-03-15-000-2017-02084-00 ACCIÓN DE TUTELA ACTOR: ARBEY RAMIREZ VEGA C TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Lo anterior no es óbice para que la Corte en esta oportunidad unifique su postura sobre el particular y concluya que los docentes oficiales deben ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el régimen especial, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías” (Subrayado por la Sala)(sic).
QUINTA: Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho se sirva ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio a reconocer y pagar la MORA EN EL PAGO Y/O SANCIÓN MORATORIA por el no pago oportuno de la cesantías parciales y definitivas desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta un día antes del día en que se hizo efectivo el pago, consistente en un día de salario por cada día de mora.
SEXTA: Que se ordene al Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indexar los valores resultantes del reconocimiento conforme los parámetros señalados en el artículo 187 del C.P.A.C.A.
SEPTIMA: Que se ordene al Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dar cumplimiento a la sentencia (sic) con conforme a lo señalado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.
OCTAVA: Que, en el caso de emitirse una condena en abstracto, se ordene al Que se ordene al Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 193 del C.P.A.C.A.
NOVENA: Que se condene en costas a la demandada.
TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 7 de diciembre de 2017, el magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela promovida por el señor Oliverio Ospina Oviedo y la señora Luz Rocío Ospina Oviedo en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.
En la misma providencia se dispuso vincular como terceros con interés en las resultas del proceso al Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Tolima.
IV. LAS INTERVENCIONES
IV. 1. Intervención del Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué
El Juez Primero Administrativo Oral de Ibagué explicó que el 31 de marzo de 2016 dictó sentencia desfavorable a las pretensiones de la accionante siguiendo el precedente vertical fijado por el Tribunal Administrativo del Tolima, en relación con el no reconocimiento de la sanción moratoria a los docentes bajo el entendido que no existe violación al derecho a la igualdad por la diferencia establecida en la Ley 91 de 1990 entre los docentes nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 y los docentes nacionales vinculados a partir del 1 de enero de 1990, por tanto considera que su decisión atiende al principio de legalidad.
Afirmó que al momento de proferir la sentencia de 31 de marzo de 2016 aún no se había dictado la sentencia SU-336 de 2017 por la Corte Constitucional, por lo que no puede endilgarse a su decisión el desconocimiento de precedente jurisprudencial.
Indicó que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez porque no fue presentada en un plazo razonable ya que entre la fecha de la sentencia del Tribunal accionado y la presentación de la tutela trascurrieron más de 15 meses.
IV. 2. Intervención del Tribunal Administrativo del Tolima
El doctor Carlos Leonel Buitrago Chávez, magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, adujo que no encuentra fundados los argumentos de los accionantes y señala que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia, en razón a que no basta con disentir del criterio interpretativo de la normativa aplicable al caso por la autoridad judicial.
Indicó que no incurrió en ninguna vía de hecho, no se hicieron interpretaciones inconstitucionales, no hubo error en la disposición aplicada, ni tampoco existe carencia de motivación o desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales, pues, por el contrario, la sentencia se ajustó a las normas y jurisprudencia pertinentes, por lo que se remite a los argumentos planteados en la providencia cuestionada.
IV. 3. Intervención de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
La representante judicial del Ministerio de Educación Nacional, luego de hacer un recuento, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, concluye que en este evento los mismos no se cumplen, por lo cual solicita declarar la improcedencia del amparo reclamado.
IV. 4. Intervención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora
El Vicepresidente (E) del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales y especiales de procedibilidad, además de no existir trasgresión al derecho fundamental invocado.
Asimismo, solicita se desvincule a la Fiduprevisora S.A., por falta de legitimación en la causa por pasiva.
IV. 5. Intervención del departamento del Tolima
El gobernador del Departamento del Tolima no hizo pronunciamiento alguno.
V. EL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo de 15 de febrero de 2018, declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Oliverio Ospina Oviedo y por la señora Luz Rocío Ospina Oviedo, con fundamento en que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, en razón a que el Tribunal Administrativo del Tolima profirió la sentencia cuestionada el 9 de septiembre de 2016, la cual fue notificada el 12 de septiembre de 2016 y cobró ejecutoria el 15 del mismo mes y año, en tanto la solicitud de amparo fue presentada el 28 de noviembre de 2017, cuando había transcurrido catorce (14) meses y trece (13) días, plazo que no consideró razonable ni proporcionado.
Asimismo agregó que “no es de recibo el argumento expuesto por la parte actora, toda vez que la aparente inseguridad jurídica que dice, se presentaba frente al tema, no es óbice para no haber acudido al juez constitucional en un tiempo razonable en la medida en que su pretensión se dirige a controvertir una providencia judicial, lo que supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo que de suyo impone para el interesado que se haga en un plazo pertinente”.
VI. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor Oliverio Ospina Oviedo y la señora Luz Rocío Ospina Oviedo, a través de apoderado judicial, impugnaron la sentencia de 15 de febrero de 2018, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con fundamento en que aunque no se presentó la acción de tutela dentro de los seis meses siguientes al momento de haberse proferido el fallo por el Tribunal Administrativo del Tolima, existe un hecho nuevo que habilita la interposición de la solicitud de amparo, el cual consiste en la expedición por la Corte Constitucional de la sentencia SU–336 de 2017, en la cual se reconoce el derecho de los docentes a recibir la indemnización correspondiente a la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías. Señala el apoderado de los accionantes que, por lo anterior, la acción de tutela no resulta temeraria o de mala fe.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
VII.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor Oliverio Ospina Oviedo y por la señora Luz Rocío Ospina Oviedo, en contra de la sentencia de 15 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017.
VII.2. Problema jurídico
De acuerdo con los hechos planteados en la solicitud de amparo y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela de segunda instancia verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer:
i) si la acción de tutela presentada por el señor Oliverio Ospina Oviedo y por la señora Luz Rocío Ospina Oviedo cumple los presupuestos generales de procedibilidad.
(ii) si la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, de acuerdo al precedente fijado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-336 de 18 de mayo de 2017.
Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.
VII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VII.4. El caso concreto
El señor Oliverio Ospina Oviedo y la señora Luz Rocio Ospina Oviedo solicitan se les amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto la sentencia de 31 de marzo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual se denegaron sus pretensiones dentro del medio control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01.
Consideran que la providencia cuestionada desconoce que la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 336 de 2017, determinó que la sanción moratoria también debe reconocerse al personal docente, aunque las disposiciones del régimen especial no la hayan previsto, pronunciamiento que constituye un hecho nuevo y habilita la interposición de la acción de tutela para garantizar los derechos fundamentales que invoca como vulnerados.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
VII.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que i) se aduce la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia; ii) los actores no cuentan con otro medios judiciales de defensa para debatir los defectos que atribuye a la sentencia de 9 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima; iii) no se invoca una irregularidad procesal como fundamento de la acción, por lo que este requisito no es aplicable al caso concreto; iv) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
De otra parte, es pertinente hacer un análisis particular en relación con el requisito de inmediatez, como quiera que la decisión impugnada determinó que la acción de tutela es improcedente por no observar este presupuesto general de procedibilidad.
Pues bien, frente a la inmediatez no existe específicamente un término establecido dentro del cual deba presentarse la acción de tutela, sin embargo, la Corte Constitucional ha manifestado en jurisprudencia reiterada que, dada la naturaleza preventiva de dicha acción para la protección de los derechos fundamentales, se entiende que debe ser interpuesta dentro de un término razonable. Asimismo, la observancia del principio de inmediatez cuando se presenta la acción de tutela contra providencias judiciales es más rigurosa, pues entran en juego la seguridad jurídica, la cosa juzgada e, incluso, derechos de terceros.
En este sentido, el hecho generador de la posible violación de sus derechos fundamentales, de acuerdo al escrito de tutela, lo constituye la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2016, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01, la cual fue notificada el 12 de septiembre de 2016, en tanto la acción de tutela fue radicada el 28 de noviembre 2017.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el señor Oliverio Ospina Oviedo y la señora Luz Rocío Ospina Oviedo argumentan que ha surgido un hecho nuevo que permite la presentación de la tutela catorce meses y trece días después de dictada la providencia judicial censurada, consistente en que la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017 y es, a partir de este hecho, que se debe valorar la inmediatez en la solicitud de amparo.
Al respecto la Corte Constitucional ha indicado que la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo de la presentación de la tutela contra una providencia judicial, no están definidas de antemano, por lo que cuando ha pasado un lapso prolongado deberá evaluarse si concurre alguno de los siguientes aspectos:
“[…] (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición […]” (negrillas fuera del texto original).
Además, en la sentencia T-014 de 17 de enero de 2008, al pronunciarse sobre una situación similar a la actual, la Corte Constitucional determinó que se cumplía con el presupuesto de inmediatez cuando a pesar de haber transcurrido un término considerable desde la ejecutoria de la providencia el solicitante de amparo tuvo conocimiento de la consolidación de una doctrina jurisprudencial que le era aplicable. La Corte Constitucional argumentó en este caso, lo siguiente:
“[…] A pesar de que existe una providencia en firme de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desde el año 2001, el actor interpuso la acción de tutela para reclamar sus derechos en un término razonable, es decir, una vez tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006 (que concretó lo que con anterioridad habían expuesto otras sentencias de tutela, tal y como lo expuso el actor en su demanda), situación que se puede considerar en el presente caso como un hecho nuevo que abrió la posibilidad para que con fundamento en ella, el accionante interpusiera la presente acción de tutela. No importa entonces que se trate de controvertir un fallo del año 2001, puesto que como arriba se dijo, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y a la actualización del valor del pago de sus pensiones no está sujeto a ninguna condición y en la actualidad, a la luz de la Constitución, se encuentra plenamente garantizado.
Conforme a lo dicho, la Sala entiende que el accionante interpuso la presente acción de tutela dentro de un plazo razonable, a partir de que tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006, […]”. (Negrillas fuera del texto original).
En igual sentido, en la sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, la Corte Constitucional advirtió lo siguiente:
“[…] la jurisprudencia ha señalado que otra causal de justificación válida que explica la tardanza en la interposición de la acción, es la ocurrencia de un hecho nuevo, y éste, ha sido entendido, como una circunstancia fáctica que es jurídicamente relevante, ocurrida entre el momento en que ocurrieron los hechos causantes del daño o de la amenaza de los derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela.
Se ha establecido por esta Corporación que una circunstancia fáctica relevante para el mundo jurídico, es la expedición en sede de revisión, de una sentencia, que contenga un precedente que antes no existía […]”. (Resaltado fuera del texto).
Así las cosas, la Corte ha reconocido que el requisito de inmediatez se entiende superado ante la ocurrencia de un hecho nuevo o circunstancia fáctica relevante como es el caso de las providencias proferidas en sede de revisión que contengan una doctrina jurisprudencial que antes no existía y que fije reglas que pueden modificar la situación del accionante, siempre y cuando el amparo constitucional se promueva en un tiempo razonable a partir del momento en que fue notificada o publicada la jurisprudencia, que en su sentir le es aplicable, plazo que ha sido establecido por esta Corporación en un término no mayor a seis meses.
En este caso, la Sala considera que la acción de tutela promovida por el señor Oliverio Ospina Oviedo y por la señora Luz Rocío Ospina Oviedo se presentó dentro de un término razonable, pues entre la expedición de la sentencia T-336 de 18 de mayo de 2017 y la interposición de esta solicitud de amparo, el 17 de noviembre de diciembre de 2017, no pasaron más de seis meses.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala procede a examinar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad.
VII.4.2. Análisis de los requisitos especiales de procedencia del amparo
El señor Oliverio Ospina Oviedo y la señora Luz Rocio Ospina Oviedo solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales estiman vulnerados por la sentencia de 9 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el medio de control de reparación directa Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01.
La parte actora sostiene que la citada providencia desconoció que, en su caso, resulta aplicable la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017.
En efecto, la Corte Constitucional, en la referida sentencia de unificación, indicó que los docentes oficiales debían ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, les era aplicable el régimen general en lo que tenía que ver con dicha reclamación, pronunciamiento este que ha sido prohijado por esta Corporación.
En este sentido, esta Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Expediente nro. 2017-01856-00), al estudiar una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, acogió la postura de la Corte Constitucional y amparó los derechos fundamentales allí invocados como violados, por encontrar que se habían configurado los precitados defectos. Al respecto, la Sección primera del Consejo de Estado, indicó lo siguiente:
“[…] En el sub lite, afirma el actor que, con sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017, las autoridades judiciales cuestionadas desconocieron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 a los docentes oficiales.
Para determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto alegado, resulta pertinente establecer si existe o no un precedente jurisprudencial en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes oficiales.
Sobre el particular, la Sala pone de presente que el asunto bajo examen ya ha sido objeto de análisis, y en esas oportunidades se pudo establecer que no existe una posición consistente por parte del Consejo de Estado, en tanto que no hay un criterio unificado sobre el particular. En ese sentido, se precisó lo siguiente:
“Conforme a lo señalado, la Sala observa que los Despachos Judiciales accionados en ningún momento desconocieron el precedente judicial, por cuanto actualmente no existe en el Consejo de Estado un criterio unificado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes, razón por la cual, los jueces no están obligados a acoger un criterio en especial. Así lo expresó esta Corporación en la sentencia de 27 de junio de 2013, Magistrada Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00, donde en un caso similar, señaló:
“Teniendo en cuenta lo expuesto, actualmente no existe un criterio unificado por esta Alta Corporación en lo relacionado con el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías a los Docentes, por lo que mal podría exigirse una única postura al respecto, pues como quedó evidenciado, los criterios encontrados se encuentran debidamente fundamentados, bajo criterios jurídicos razonables”.
Aunado a lo anterior, si bien las autoridades judiciales demandadas manifestaron que existen pronunciamientos dentro del Consejo de Estado donde se reconoce a favor de los docentes la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, decidieron alejarse de dicha postura luego de realizar un análisis de las normas constitucionales y legales vigentes aplicables al caso concreto.
En consecuencia, la Sala considera que no se puede calificar a las providencias demandadas como desconocedoras del precedente, cuando fueron sustentadas de manera razonable y suficiente y además, utilizaron el criterio del Consejo de Estado como fundamento de sus decisiones”.
En atención a la jurisprudencia transcrita, se tiene que, en efecto, no existe un precedente de esta Corporación, puesto que existen pronunciamientos que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de las cesantías a los docentes oficiales, como las arriba reseñadas; y también decisiones de la Sección Segunda de esta Corporación en las que ha considerado que si resulta procedente reconocerla.
En este orden de ideas, cabe reiterar que en tanto las autoridades judiciales accionadas, en ejercicio de la autonomía del juez dentro las decisiones objeto de estudio, se acogieron a algunos de los criterios jurisprudenciales vigentes, en ese momento, del Consejo de Estado y los aplicaron, de manera lógico y coherente, al asunto puesto a su conocimiento, no pueden ser objeto de reproche por concepto de desconocimiento del presente jurisprudencial de Consejo de Estado.
Ahora bien, en cuanto al argumento del actor referente desconocimiento por parte de las autoridades judiciales accionadas del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, recogido en la sentencia de unificación SU 336/17, la Sala considera oportuno entrar a analizar el contexto, contenido y alcances del referido pronunciamiento, para así proceder a establecer si hubo o no, en el sub examine, el supuesto desconocimiento del mismo.
De esta forma, se observa que la sentencia de unificación SU 336 del 18 de mayo de 2017, la Corte Constitucional establece lo siguiente:
“La Sala Plena de esta Corporación considera que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular. Lo anterior, por cuanto:
(i) Lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades, como vivienda y educación. Bajo ese entendido, la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término indefinido.
(ii) Aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen especial de la Ley 91 de 1989.
(iii) Desde la exposición de motivos de esta normatividad, la intención del legislador fue fijar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no solo a nivel nacional sino también territorial.
(iv) Aplicar este régimen garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social de los docentes oficiales, en condiciones de igualdad con los demás servidores públicos a quienes de manera directa se les garantiza el reconocimiento pronto y oportuno de sus prestaciones sociales.
(v) Si bien los operadores judiciales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, mantener dos posturas contrarias sobre el asunto objeto de estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa genera como consecuencia la vulneración del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en la misma situación fáctica y desconoce el principio de seguridad jurídica que irradia las actuaciones de las autoridades judiciales.
(vi) Aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
(vii) Si bien para el momento en que se produjeron las sentencias en sede de nulidad y restablecimiento del derecho aún no había sido proferido el fallo en el que esta Corporación abordó de manera definitiva el asunto, ya existía al menos un precedente sobre la materia que aproximaba a un entendimiento distinto al que se llegó en dichas providencias en sede contenciosa (sentencia C-741 de 2012).” (Negrillas y subrayados fuera de texto).
De lo anterior, se infiere que la Corte Constitucional no solo procede a unificar, en la citada SU 336 de 2017, las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto en medio de control de nulidad y restablecimiento como en acción de tutela, respecto del reconocimiento a los Docentes Oficiales de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sino que, también, procede considerar que tales posturas del Consejo de Estado, proferidas antes de la mencionada unificación, ha debido aplicar lo establecido, en la sentencia C-741 de 2012, en cuanto al reconocimiento de la calidad de los docentes oficiales como asimilable a la de los empleados públicos.
Adicionalmente, sobre la configuración del precedente judicial constitucional existente, de manera previa a la sentencia de unificación en comento, ese Alto Tribunal sostiene que “si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-741 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales”, el referido precedente constitucional se consolida con la sentencia C-486 de 2016, que se “refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes”.
Por otra parte, en la referida providencia de unificación del 2017, la Corte Constitucional considera, por un lado, procede la causal específica de violación directa de la Constitución, en especial en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado antes de la sentencia C-486 de 2016, y, por el otro, da a entender que procedería la causal especifica de desconocimiento del precedente constitucional en el evento de providencias judiciales emitidas con posterioridad de la C-486 de 2016.
Finalmente, en el fallo de unificación constitucional analizado, la Corte Constitucional procedió a revocar las decisiones proferidas en sede de tutela por el Consejo de Estado, en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección invocada por los accionantes y, en su lugar, concederá la protección de los derechos a la igualdad en las decisiones judiciales y al debido proceso por violación directa de la Constitución. En consecuencia, dejó sin efecto las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Juzgados Administrativo de Ibagué y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra los cuales se presentaron las acciones de tutela de la referencia, y ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima a “proferir en cada uno de los casos estudiados una nueva decisión, mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con los lineamientos fijados en esta providencia”.
Efectuado el anterior análisis del precedente constitucional invocado por el aquí accionante se procede a verificar su aplicación al caso sub lite, en los siguientes términos:
Primero, la Sala observa que los presupuestos de hecho, de derecho y las consideraciones que sirvieron de sustento a las decisiones judiciales que fueron revocadas por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 336 de 2017, son similares a los presupuestos de las sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017 objeto de la acción de tutela presentada por el actor.
En efecto, se advierte que coinciden, en las sentencias revocadas por la Corte Constitucional y las sentencias objeto de la presente acción de tutela: (i) la calidad de Docentes Oficiales de los accionantes, tanto para las acciones de tutela como para los medios de control de nulidad y restablecimiento presentados, (ii) la identidad de las entidades demandadas, en cuanto a los medios de control de nulidad y establecimiento, esto es, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como la identidad de las autoridades judiciales que adoptaron las decisiones de fondo, respecto de acciones de tutela y de los medios de control de nulidad y restablecimiento, como son juzgados administrativos del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, (iii) el objeto de la controversia gira sobre el mismo problema jurídico, (iv) los fundamentos de derecho son similares, en especial los referente al marco normativo, esto es, leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de 2006 y (v) las consideraciones expuestas por los jueces y magistrados son análogas tanto para uno y otro caso.
Segundo, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia proferida el 27 de enero de 2017, no hizo alusión o referencia a la sentencia C-486 del 7 de septiembre de 2016, como precedente constitucional previo a la SU-336 del 18 de mayo de 2017 en los términos indicados en esta última.
Tercero, la Sala observa que si bien el Juzgado Tercero Oral Administrativo, en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2016, pudo no haber conocido, por lo cercano de la fecha, la sentencia C-486, si ha debido, en los términos previamente expuestos de la Corte Constitucional, como referente la sentencia C-741 de 2012.
Por tanto, la Sala considera que procederá a aplicar, en el caso presente, la sentencia de unificación jurisprudencial SU-336 del 2017 de la Corte Constitucional, respecto de las causales específicas de violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional.
Así las cosas, por las razones antes señaladas, se concederá el amparo solicitado, al encontrarse configurado los defectos invocados por el accionante, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”.
Dicho pronunciamiento ha venido siendo reiterado por la Sala en las sentencias de 22 de febrero de 2018, proferidas en los expedientes Nro. 2017-03296-00, 2017-03199-00, 2017-03299-00, 2017-03300-00, 2017-03302-00, 2017-03357-00, 2017-03360-00, 2017-03363-00, 2017-03364-00, 2017-03365-00, 2017-03446-00 y 2017-03448-00 y de 22 de marzo de 2018, al resolver la acción de tutela Nro. 2017-03118-01.
Comoquiera que en este caso se trata de un escenario similar y, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad de los actores, que, como quedó visto, se encuentran en condiciones idénticas a las de los otros reclamantes, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, amparará los derechos fundamentales invocados como vulnerados por el señor Oliverio Ospina Oviedo y por la señora Luz Rocío Ospina Oviedo.
En atención a lo anterior, se dejará sin efecto la sentencia de 9 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Asimismo, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, respecto de la reclamación que en su oportunidad efectuó la hoy occisa Lorenza Oviedo de Ospina, mediante petición de 21 de marzo de 2014.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el señor Oliverio Ospina Oviedo y por la señora Luz Rocío Ospina Oviedo y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 9 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia de segunda instancia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01, que acate las consideraciones puestas de presente en este fallo.
CUARTO: ENVIAR el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-001-2014-00556-01, al Tribunal Administrativo del Tolima, para que dé cumplimiento a lo ordenado en el numeral anterior
QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Salva Voto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Salvamento de voto
Consejero de estado: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03301-01(AC)
Actor: OLIVERIO OSPINA OVIEDO Y LUZ ROCÍO OSPINA OVIEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
De manera respetuosa me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, pues a mi juicio debió confirmarse la providencia adoptada por la Sección Quinta de esta Corporación al declarar improcedente la acción impetrada por los aquí demandantes, debido a que no cumplieron con el requisito de inmediatez. A continuación enuncio las razones que acompañan mi desacuerdo:
Sentencia SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional
La decisión de la mayoría se fundó en lo expuesto en la sentencia SU-336 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se dejaron sin efecto treinta y cinco (35) providencias judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que en juicios de nulidad y restablecimiento del derecho habían negado el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes.
Las consideraciones expuestas por la mencionada Corte para aplicar el régimen general en materia de sanción moratoria por pago tardío de cesantías a los docentes se puede sintetizar en que negar tal pretensión desconocía: (i) el derecho a la igualdad y seguridad jurídica en tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado no había unificado su posición sobre el punto, (ii) el principio de favorabilidad laboral dispuesto en normas Superiores ante dos posibles posturas en relación con el punto, y (iii) el derecho a la seguridad social en iguales condiciones en relación con los demás servidores públicos.
En tal escenario debo, antes que nada, manifestar mi desacuerdo con el análisis que en esa oportunidad realizó la Corte Constitucional frente a la facultad de revisión de las treinta y cinco (35) providencias, dado que los reparos que expondré en adelante permiten concluir que no era procedente llegar a la conclusión de unificación que se llevó a cabo mediante la expedición de la Sentencia SU-336 de 2017 y que tal sentencia no está por tanto legitimada para constituir un precedente de obligatoria observancia para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica
Lo primero que debo advertir es que no es procedente que se asuma violación del derecho a la igualdad por virtud de la existencia de distintas posiciones jurisprudenciales en el Tribunal de cierre sobre un aspecto determinado, pues ello sería tanto como desconocer la posibilidad de que en la dinámica jurisprudencial se puedan presentar diferentes interpretaciones ante situaciones jurídicas concretas, que lo que permiten es, precisamente, enriquecer escenarios de debate para llegar a conclusiones que contengan todos los contenidos posibles y las menores consecuencias adversas en un Estado Social y Democrático de Derecho. El ideal de los cuerpos colegiados es precisamente permitir que se ventilen criterios disímiles en orden a encontrar soluciones claras producto de la experiencia recogida en quienes desempeñan dignidades tan importantes como las de hacer parte de los órganos de cierre en material judicial.
La Corte parte de una premisa errada al construir su decisión sobre la base de que la falta de unificación del Consejo de Estado en materia de sanción moratoria aplicable a los docentes quebranta el derecho constitucional del artículo 13, no sólo por la forma en que presentó tal discurso, sino porque además pasa completamente inadvertido que en esta materia el llamado a unificar su posición es precisamente el Consejo de Estado, habida cuenta de que se constituye, desde la misma Carta de 1991 y en los respectivos desarrollos legales, en la Corporación especializada en materia administrativa laboral.
En efecto, la Corte propone la violación del derecho a la igualdad en las sentencias que concluyan de manera distinta a su criterio, desconociendo así el ejercicio democrático previsto en Corporaciones Judiciales para la toma de decisiones, cuestión ésta que implica necesariamente entrar a debatir sobre las posiciones que surjan válidamente a partir de la interpretación de normas frente a supuestos de hecho concretos que no tengan una consecuencia directa en el contenido de las disposiciones que los gobiernan.
Concebir que la Corte Constitucional, vía tutela, pueda inmiscuirse en los asuntos propios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y crear reglas vinculantes por esa misma vía, supone una evidente vulneración del andamiaje normativo e institucional que se estructura sobre la base de asignar a cada ente estatal funciones determinadas orientadas al logro de un objetivo concreto y previstas todas ellas bajo el criterio de la especialidad. Y que, adicionalmente, se sirva la Corte Constitucional de la disparidad de criterios existentes en el Consejo de Estado para estructurar sobre esa base una supuesta violación del derecho a la igualdad, acusando a esta alta Corporación de incurrir en ella para legitimar su intervención, constituye francamente un despropósito, pues desconoce la autonomía que le corresponde al juez competente para la toma de decisiones y le exige una interpretación de leyes a su acomodo, sobre un tema que está lejos de su especialidad, como lo es el interés de mora en las cesantías de los docentes.
Sobre el punto es menester traer a colación el salvamento del Magistrado Carlos Bernal Pulido:
“5. Consideramos absolutamente inconveniente darle efectos inter comunis a la decisión adoptada por la Sala Plena, pues se afectarían situaciones jurídicas ya consolidadas por sentencias de la jurisdicción competente, que con base en argumentos legítimos, habían considerado negar las pretensiones. Esto desconoce el trabajo que cada autoridad judicial ha realizado en el caso concreto.”
Relevancia constitucional
Al margen de las observaciones que se han planteado sobre el esfuerzo que la Corte hace para argumentar que el Consejo de Estado incurre en violación del derecho a la igualdad porque no tiene un criterio unificado sobre el “interés de mora en las cesantías de los docentes”, para justificar la presencia de un derecho fundamental que le permitiere intervenir, llama la atención el escaso análisis que realiza sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en especial, cuando se ha esmerado en construir todo un entramado de requisito de procedibilidad generales y especiales que, en la sentencia que se analiza, no merecieron la más mínima atención.
Basta para ello preguntarse simplemente por la relevancia constitucional que puede tener el interés de mora sobre la cesantía, asunto eminentemente económico que no envuelve en sí mismo ninguna trascendencia para la afectación de derechos humanos fundamentales. Como es evidente, la regulación sobre el tema se circunscribe al ámbito de lo legal y su regulación no compromete derecho fundamental alguno, por lo que escapa al ámbito de las competencias de la Corte Constitucional.
A este propósito, y al parecer precisamente porque se inmiscuye en un tema que escapa a su competencia, la Corte Constitucional afirma que en el “interés de mora sobre las cesantías” está de por medio el derecho a la seguridad social, lo que constituye un error evidente, pues ni siquiera la cuantía y su pago oportuno hacen parte integrante de tal precepto.
La Ley 100 de 1993 determinó en su artículo octavo la forma de integrar el sistema de seguridad social:
“ARTÍCULO 8o. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley.” (Subrayado fuera del texto).
En consecuencia, el Sistema de Seguridad Social creado por la Ley 100 de 1993 se integra de los Subsistemas de Pensiones, Salud, Riesgos laborales y Servicios complementarios, dentro de los cuales no se hace referencia a las prestaciones sociales, es decir, prima, cesantías, interés sobre las cesantías, dotaciones, etc.
Es por lo anterior, que no puede concluirse que existe un desconocimiento al derecho fundamental a la seguridad social de los docentes cuando no le es aplicable la figura de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, toda vez que la falta de dicho pago no es un derecho que haga parte de los subsistemas creados por la Ley 100 de 1993; por el contrario, tales reclamaciones hacen parte de las prestaciones sociales, cuya función es complementar el salario de los funcionarios o trabajadores, aspecto este de rango legal y no constitucional.
Y si las cesantías no hacen parte de tal derecho, menos aún puede decirse que la sanción moratoria por su pago pueda ser entendida como un derecho fundamental. De lo que se trata en el evento en el cual una persona reclama la mencionada sanción, es de obtener el pago de una prestación económica derivada de un mandato legislativo.
Comprendida como debe ser la enunciada sanción, no es procedente que se elevara a rango de derecho fundamental, so pretexto de entrar a analizar sentencias judiciales emitidas por el juez que el ordenamiento jurídico dispuso para avocar conocimiento de esas causas y crear por vía de tutela reglas de supuesta obligatoria observancia para los jueces naturales de la causa.
Nótese que la Corte define su competencia a partir de concebir el pago de la sanción moratoria y no las cesantías como derecho fundamental, cuando ni en aquel ni en este caso puede entenderse procedente tal discernimiento, dado que de lo que se trata es de resolver cuestionamientos que nacen en el seno de un derecho laboral y prestacional a casos concretos que, dada su naturaleza, deben ser conocidos y definidos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o en la ordinaria según el caso.
En ese escenario, no encuentra el suscrito razón alguna que eleve a rango constitucional y menos fundamental la discusión planteada por la Corte, definida con un importante número de salvamentos a los cuales, evidentemente, uno mi criterio. En efecto, el asunto que examinó la sentencia SU-336 de 2017 pierde una premisa que le otorgaba, supuestamente, relevancia constitucional, pues no se está en presencia de la vulneración de ningún derecho constitucional fundamental; todo lo cual obliga a que el discernimiento allí esbozado carezca de una debida argumentación. Al respecto resulta importante traer a colación el salvamento que sobre el punto allegó el Magistrado Carlos Bernal Pulido:
“4. El pago oportuno de las cesantías no es un derecho fundamental, es un derecho laboral y prestacional exigible, mas no por esto fundamental.
Compartimos la importancia de las cesantías como derecho de los trabajadores, y específicamente de los docentes oficiales, además de la obligación de dar cumplimiento a su pago en forma oportuna, como en todos los casos en los que se establecen términos de cumplimiento de los derechos laborales; sin embargo, la cesantía corresponde a un derecho laboral que puede ser garantizado mediante la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa, según sea el caso; por esta razón, no compartimos la fórmula de la sentencia, que implica elevar el pago de las cesantías a un derecho de orden fundamental susceptible de ser tutelado mediante esta acción sumaria, pues lo anterior desconoce los mecanismos de protección judicial connaturales al propio derecho.
Para determinar si el no pago oportuno de la cesantía implica la violación al mínimo vital y móvil, tendría que analizarse la situación particular de cada accionante, caso en el cual, de encontrarse una afectación, se ampararía el derecho fundamental al ingreso mínimo, vital y móvil. Lo anterior es diferente a interpretar la cesantía como un derecho fundamental automático”.
Ahora, como lo pretendido en los casos que se estudiaron fue el pago de una prestación económica, esto es, la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, no era tampoco por ese motivo viable aceptar la procedencia de la tutela, puesto que ya han sido múltiples, reiterados y pacíficos los pronunciamientos de todas las Cortes de cierre al afirmar que la acción de tutela está erigida como un mecanismo excepcional para el amparo de derechos fundamentales, dentro de los cuales no se supone su procedencia para el pago de prestaciones económicas.
Al respecto, el salvamento del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo coincide con lo señalado:
“En contraste con la posición mayoritaria, considero que las acciones de tutela en realidad lo que pretendían era un reconocimiento económico que se escapaba al ámbito de la tutela, establecida para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la regla general del amparo tutelar es que la jurisdicción constitucional se pronuncie sobre controversias estrictamente constitucionales, descartando las de índole económico “en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución”.
Al momento de analizar la relevancia constitucional del asunto, la Corte debió diferenciar entre la naturaleza de las cesantías y la sanción moratoria por su pago tardío. En ese sentido, debió advertir que las cesantías, prestación que tiene la función social de contrarrestar la disminución de ingresos del trabajador cesante y el carácter de derecho irrenunciable, ya habían sido pagadas. Por ende, el asunto bajo estudio se circunscribía a un pago adicional que no responde a la misma finalidad de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las paga a tiempo y, por tanto, es un reconocimiento meramente patrimonial que no hace necesaria la intervención del juez de tutela”.
Los defectos especiales
Adicionalmente a lo dicho se observa que la Corte Constitucional no identifica defecto especial alguno en las sentencias que analiza en sede de tutela, no obstante el rigor que dice asignarles en las providencias mediantes las cuales decidió que era procedente tutelar las decisiones de los jueces. Por el contrario, se limita a interpretar NORMAS LEGALES, no constitucionales, para imponer su criterio en una materia que está muy lejos de sus competencias, bajo una asimilación que es a todas luces improcedente, sin asignar defecto alguno a las providencias que analizó.
Incluso manifiesta que tal posición no desconoce ningún precedente judicial, pues aún cuando mediante la Sentencia C-486 de 2016 indicó que los docentes debían regirse por el estatuto general de los empleados públicos, expide con posterioridad el fallo SU-336 de 2017, poniendo en evidencia la ya anunciada ausencia de rigor jurídico en el análisis del caso en cuanto a las reglas para la valoración de procedencia de tutela contra providencias judiciales.
Precisamente como consecuencia de asumir el papel que no le corresponde y entrar a analizar el alcance de normas de carácter legal en sede de tutela, hace extensiva una sola disposición que aplica a los empleados públicos para incorporarla en un régimen especial, invocando el principio de favorabilidad, cuando es de todos conocido que tal principio exige un análisis previo de la aplicación de las normas podían estar en conflicto, que sólo puede ser realizado por el juez que tiene la competencia constitucional y legal para ello, que es el de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Comparto sobre el particular la conclusión a la que se llega en el salvamento de voto suscrito por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien expresó que no era procedente comparar dos regímenes por uno solo de sus elementos, so pena de crear una lex tertia. Invocó para el punto lo dispuesto en la sentencia C-390 de 2016 así:
Finalmente, frente al argumento de igualdad ante las decisiones, la mayoría desconoció la integralidad del régimen del Magisterio dispuesto en la Ley 91 de 1989 al sustraer un elemento –cómputo de los días- del régimen general de la Ley 1071 de 2006 y crear con ello, una tercera norma en beneficio exclusivo de los 35 accionantes y menos aún atacar la cosa juzgada de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para facilitar posturas interpretativas que traen como consecuencia problemas de aplicación adecuada de una prestación patronal. Frente a esta falencia en la técnica argumentativa se podría alegar que la prohibición de crear una lex tertia es de rango legal, sino fuera porque la Corte Constitucional en la sentencia C-390 de 2016 manifestó que no es posible establecer un criterio de comparación entre dos grupos por uno solo de sus elementos; específicamente en esa oportunidad se indicó que:
“El hecho de conceder un beneficio en materia de seguridad social para los concejales de los municipios de menores categorías (de 4ª a 6ª categoría), sin incluir a los concejales de los municipios de 3ª categoría, no implica necesariamente una violación a la igualdad, por cuanto la vulneración de este principio con respecto a regímenes prestacionales distintos, supone la comparación integral de los mismos y no de uno o algunos de los beneficios específicos, considerados aisladamente. Tampoco constituye un trato evidentemente arbitrario, que permitiera excepcionalmente en análisis del beneficio concreto de forma aislada e individual” (subraya fuera de texto)”.
El precedente.
Todo lo dicho hasta ahora me permite afirmar que la sentencia de la Corte Constitucional SU-336 de 2017 no constituye un precedente de obligatoria observancia para determinar si los docentes tienen derecho a la sanción moratoria para los empleados públicos establecida en la Ley 1071 de 2006, por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, pues es evidente que el primer requisito para que se constituya como tal una jurisprudencia, es que sea expedida por el órgano de cierre competente para determinar el significado y el sentido de las disposiciones que las regulan, y siempre atendiendo las condiciones en las cuales se desarrollan los hechos que dan lugar al litigio, aspecto sobre el cual el ordenamiento jurídico ha dispuesto como competente para definir tales controversias al Consejo de Estado.
Sobre el punto es conveniente precisar que los precedentes de la Corte Constitucional son aquellos que interpretan las normas constitucionales con criterio de autoridad, informando a la comunidad cuál es el significado y el sentido de las mismas, pues es precisamente esa la función que le ha sido asignada y que delimita su competencia. Y si bien es evidente que en los fallos de constitucionalidad la Corte no puede abstraerse de determinar el significado y sentido de la disposición legal que se enjuicia, ello siempre debe hacerlo a la luz del alcance de la disposición constitucional que se supone infringida, de tal manera que el enfoque de la interpretación de aquélla está dado por el significado y el sentido de esta última, ya sea para declarar la exequibilidad, la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada.
Y ello es así porque en la labor de “decidir en derecho” tanto la Corte Constitucional como los demás Jueces de la República deberán observar las normas del ordenamiento jurídico en su conjunto. Pero la especialización material es y ha sido criterio fundamental para definir la jurisdicción y la competencia, de tal manera que los fallos que interpretan normas con criterio de autoridad deben corresponder precisamente a aquéllos que son expedidos por la autoridad competente que es la estructurada para comprender integralmente el alcance de una norma de su especialidad, a partir del ordenamiento jurídico en el cual ella se encuentra inmersa.
Obsérvese al respecto que la Sentencia SU-336 de 2017 citada resuelve dos (2) problemas sin rigor constitucional, pues de acuerdo con el primero, concluye sin mayor análisis que el Consejo de Estado viola el derecho a la igualdad porque no unifica su posición en relación con el derecho de los docentes al pago de un día de salario por cada día de retardo en el desembolso de la cesantía; y por el segundo, asume entonces el papel que le corresponde al Consejo de Estado para decidir, con base en la aplicación e interpretación de normas LEGALES que ninguna vinculación directa tienen con al Constitución Política, en juicios que suponen análisis de derechos fundamentales, que los docentes tienen derecho al pago de un día de salario por cada día de retardo en el desembolso de las cesantías, con lo cual se atribuye una competencia que no le corresponde.
Si, como lo afirma, llegó al Corte Constitucional a considerar que el Consejo de Estado estaba violando el derecho a la igualdad por no unificar su jurisprudencia frente a una SANCIÓN DE CREACIÓN LEGAL, debía limitarse a explicar a profundidad en qué consistía la violación de ese derecho fundamental, cuya interpretación es de su competencia, para ordenarle luego al Consejo de Estado que unificara, dentro de las competencias que éste corresponden, y no sustituirlo indebidamente en su función.
Caso concreto
Si bien lo dicho hasta ahora sería suficiente para sustentar mi disenso con la sentencia de tutela expedida por la Sala de la Sección de la cual hago parte, debo agregar adicionalmente mi respetuoso desacuerdo con la misma providencia, cuando circunscribe el análisis del requisito de la inmediatez, inherente a la procedencia de toda acción de este carácter, a la vigencia de la sentencia que ha sido analizada. Y ello, independientemente de las razones que me han llevado a desestimarla como precedente, pues, aún en el evento en que se considerare como tal, de ninguna manera constituye una licencia para desconocer los presupuestos generales de la acción.
Principio de inmediatez
La sentencia de la cual me aparto hizo un análisis de excepción en relación con la aplicación de uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, sosteniendo que el principio de inmediatez podía obviarse siempre que aconteciera un hecho nuevo representado en una “circunstancia fáctica jurídicamente relevante”, como una sentencia que contenga un precedente que antes no existía. Así lo dispuso literalmente:
“Al respecto es pertinente traer a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia.
Dicha Corporación [Sentencia T-243 de 2008] ha indicado que la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo de la presentación de la tutela contra una providencia judicial, no están definidas de antemano, por lo que excedido el término razonable, sólo será procedente en algunos casos, esto es:
(...)
En la sentencia T-014 de 17 de enero de 2008, se ocupó de un caso en el que un ciudadano con posterioridad a la ejecutoria de las providencias judiciales, que habían negado la indexación de su primera mesada pensional, hizo uso del mecanismo de amparo transcurrido un tiempo considerable, no obstante, indicó que se cumplía el principio de inmediatez toda vez que se había instaurado en un término razonable luego de que el afectado tuvo conocimiento de la consolidación de una doctrina jurisprudencial que le era aplicable. En efecto adujo la Corte:
(...)
En la sentencia SU-339 de 2011, se refirió respecto de la ocurrencia de un hecho nuevo, el cual puntualizó que correspondía a una circunstancia fáctica jurídicamente relevante, acaecida en el reintegro de la presunta trasgresión y la presentación de la acción de tutela.
(...)
Así las cosas, como quedó visto en líneas transcritas, la Corte ha reconocido que el requisito de inmediatez se puede obviar en algunos eventos, dependiendo de la situación en particular, entre ellos, la ocurrencia de un hecho nuevo o circunstancia fáctica relevante entre el momento que surgió el presunto agravió (sic) y el uso de la acción de tutela, como es el caso de las providencias proferidas en sede de revisión que contengan una doctrina jurisprudencial que antes no existía, pues tales pronunciamientos involucran supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar la situación del interesado, siempre y cuando el amparo constitucional se promueva en un tiempo razonable a partir del momento en que fue notificada o publicada la jurisprudencia, que en su sentir le es aplicable, plazo que ha sido establecido por esta Corporación en un término no mayor a seis meses.
Como quiera que el escenario expuesto se ajusta al caso sub examine, resulta procedente el estudio de la acción constitucional de la referencia, máxime si se tiene en cuenta que la sentencia SU-336 de 2017, la Corte Constitucional al conocer en sede de revisión algunas acciones de tutela proferidas por esta Corporación en las que denegó el amparo deprecado por algunos educadores del Departamento del Tolima, por cuanto no existía un criterio unificado respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, zanjó dicho desacuerdo e indicó puntualmente que los docentes oficiales debían ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, se les era aplicable el régimen general en lo que tenía que ver con dicha reclamación, pronunciamiento éste que ha sido prohijado por esta Corporación en la actualidad.” (Subrayas mías).
Sobre el particular es preciso anotar que el Consejo de Estado ha adoptado como regla en el análisis del requisito de inmediatez que, si lo pretendido es controvertir una providencia judicial mediante la interposición de una acción de tutela, no deben haber transcurrido más de seis (6) meses entre uno y otro momento.
En ese mismo sentido, la sentencia SU-336 de 2017 se pronunció, circunstancia que debió ser tenida en cuenta al momento de decidir sobre el asunto de la referencia, pues se acepta que el mencionado término resulta ser prudencial para controvertir el efecto de cosa juzgada de un fallo proferido dentro de un juicio ordinario. Miremos lo que el Alto Tribunal Constitucional preceptuó sobre el punto:
“Según se observa, ninguna de las acciones de tutela fue interpuesta después de los seis meses contados desde que fueron proferidos los fallos de segunda instancia dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, desde el mismo momento en que los accionantes vieron afectados sus derechos fundamentales, lo que a juicio de la Sala es un término prudencial para acceder a este mecanismo constitucional.”
Sentencia de unificación como hecho nuevo
Ahora, al margen de lo expuesto, en lo que realmente no logro llegar a un acuerdo es en entender que una providencia judicial pueda considerarse como un hecho nuevo, y que ello puede convalidar la presentación de una tutela contra una providencia judicial expedida con más de un año de antelación.
Una sentencia judicial, aunque fuese considerada un precedente obligatorio, constituye una fuente de derecho y nunca un hecho. Tiene efectos hacia el futuro, ya que es de aplicación inmediata. Tal es la regla general para la vigencia de todas las fuentes del derecho, pues parte del presupuesto de conformidad con el cual obliga desde el momento en que es conocida, tal y como sucede con las disposiciones legales (artículos 2 y 8 de la Ley 57 de 1985); sólo excepcionalmente podría tener carácter retroactivo, para afectar hechos cuyos efectos están en curso, lo que implica que no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas; es decir, aquellas sobre las cuales ya se ha superado el término de los seis (6) meses contados desde la expedición de la providencia judicial que se pretende controvertir a través de la interposición de la acción de tutela, so pena de desconocer principios de altísimo valor en un Estado Social de derecho, como los de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Entender, como lo propició la Sala en el fallo del cual me aparto respetuosamente, que una sentencia de unificación es un hecho nuevo, no solamente desconoce la naturaleza propia de este tipo de decisiones a la luz del sistema de fuentes y principios estructurados en la Carta Superior, sino que también vulnera derechos de los terceros que salieron vencedores en las providencias objeto de controversia en los juicios que se reviven con la aplicación de esta teoría; derechos éstos sí de raigambre constitucional, como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Sentencias referidas en la providencia de la cual me aparto no son precedentes
No obstante insistir sobre la improcedencia de la tutela cuando se incumple con el requisito de inmediatez, se observa adicionalmente que, en el caso en estudio, se acudió para ello a sentencias que no constituyen precedente. En efecto, se observa al respecto que, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional en la materia, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición. Pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez.
Ahora, si de lo que se trataba era de proponer una excepción a la aplicación del criterio ya establecido, la Sección Primera en la decisión del caso de la cual me aparto resétuosamente, debió analizar si los precedentes invocados para ese efecto eran aplicables al caso concreto, pues no de otra forma hubiese sido procedente enervar el efecto ya enunciado de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica, lo cual supone una incertidumbre infinita y desdibuja a la justicia ordinaria como un mecanismo institucional legítimo de resolución de conflictos, tratándose de una sentencia que había sido expedida con más de un año de antelación a la presentación de la acción de tutela.
Revisada la providencia expedida en este asunto se advierte que fueron tres (3) las sentencia invocadas para exceptuar el principio de inmediatez al caso, a saber: la sentencia T-243 de 2008, la T-014 de 2008 y la SU-339 de 2011, todas ellas expedidas con antelación a que el Consejo de Estado expidiera el fallo de unificación del 31 de julio de 2012, mediante el cual aceptó la procedencia de tutelas contra providencias judiciales, y también previas a que se analizara con detenimiento cuál era el plazo considerado como prudencial y razonable para esos juicios, es decir, los seis (6) meses a los que se ha aludido anteriormente.
Pues bien, la primera sentencia que sirvió de precedente para la aplicación de la excepción fue la T-243 de 2008; el problema jurídico planteado por la misma Corte fue el siguiente:
“En esta ocasión, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la providencia mediante la cual se ordena remitir el expediente en un proceso ejecutivo a la entidad demandada, prestadora de servicios públicos en liquidación voluntaria no tomada en posesión, y la que declara que no procede recurso alguno contra dicha providencia, vulneran el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la demandante?”.
Vistas así las cosas, y aún al margen de la discusión sobre si las sentencias proferidas en sede de revisión por la Corte Constitucional constituyen precedentes vinculantes, es claro que no se estaba ventilando el mismo problema jurídico y que en esa medida resulta inaplicable la regla allí desarrollada frente al caso bajo examen.
Lo propio ocurre en relación con la sentencia T-014 de 2008, puesto que en esa oportunidad lo discutido consistió en determinar “si la acción de tutela interpuesta por el accionante resulta el mecanismo idóneo para solicitar la indexación de la primera mesada pensional negada por la justicia ordinaria hace varios años y de este modo proteger los derechos fundamentales que de conformidad con la demanda estima conculcados”.
En lo que concierne a la sentencia SU-339 de 2011, la ilustración del caso fue diseñada de la siguiente manera:
“2. El asunto objeto de revisión
El Sr. Abuabara Eljaude impetra tutela contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Unidad de Administración de la carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidades a las que atribuye la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos y funciones públicas durante el proceso de selección del Director Ejecutivo de administración judicial. Alega que participó en dicho proceso y no fue incluido en la terna elaborada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, a pesar de reunir los requisitos señalados por el artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (en adelante LEAJ), mientras que ninguno de los integrantes de la terna cumple las condiciones legales. Considera, por lo tanto, que al haber sido desplazado por candidatos no aptos para ocupar el cargo fueron vulnerados sus derechos fundamentales”.
De lo expuesto se desprende que los hechos relevantes que sirvieron de base a los discernimientos sobre la aplicación del principio de inmediatez en los tres (3) casos no son asimilables al que ocupó la atención de la Sala en el expediente de la referencia, y en esa medida, mal se hizo al extender un razonamiento ajeno a los hechos que aquí se ventilaban, so pena no sólo de comparar dos asuntos disímiles sino de exceptuar, como ya se anotó, principios que dan sentido a un Estado Social de Derecho, como los de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Sentencia C-486 de 2016
En el mismo sentido procede pronunciarse sobre la Sentencia C-486 del 7 de septiembre de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1769 de 2015 con efectos retroactivos, haciendo el siguiente razonamiento:
“En el caso objeto de estudio y, en la medida en que de acuerdo con el análisis precedente, el legislador decidió adoptar una medida regresiva, como es la modificación y el retroceso en el goce efectivo de un derecho fundamental en el marco de una ley anual de presupuesto; y en que esa decisión normativa afecta a un grupo de trabajadores que debe ser especialmente protegido en el orden constitucional colombiano, la Corte considera necesario dar efectos retroactivos a esta providencia. Así las cosas, evidenciando que se pudieron presentar pagos tardíos a las cesantías que implican mora, la Corporación le dará efectos retroactivos a esta decisión, para que se paguen los intereses de mora de acuerdo a la legislación anterior, es decir el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.”.
En la parte resolutiva dispuso lo siguiente:
“RESUELVE
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 89 de Ley 1769 de 2015 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016”.
Segundo.- La presente decisión de inexequibilidad surte efectos desde el 1º de enero de 2016, es decir el momento en que entró a regir la ley de Presupuesto Ley 1769 de 2015, y tiene efectos retroactivos para el pago de los intereses de mora del año 2016 a los docentes oficiales, en donde se aplicará lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 para contabilizar los días de retardo y los intereses de mora”.
Ante tal panorama, es claro que la decisión de inconstitucionalidad cobijó el término comprendido entre la expedición del artículo 89 de la Ley 1769 de 2015, es decir, el 1º de enero de 2016 y la expedición de esa sentencia, esto es, el 7 de septiembre de 2016, lo que implica que no tiene efectos sobre otras decisiones, y menos cuando trata de un asunto que es de la competencia de esta Corporación y cuando ello se hace desconociendo valores de tanto arraigo en nuestro Estado Social de Derecho como lo son la seguridad jurídica y su impacto en el debido proceso y acceso a la justicia.
Lo anterior indica que sólo para ese preciso grupo de casos en los cuales se haya aplicado la norma declarada inexequible es procedente obedecer la orden de la Corte Constitucional, y no en relación con otros supuestos no contemplados en su ratio decidendi.
Si ello es así, para el asunto que se examina, como la señora Lorenza Oviedo de Ospina (QEPD) solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-, el reconocimiento y pago de sus cesantías, y el acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las mismas fue expedido el 27 de marzo de 2014, fuerza es concluir que la sentencia C-486 de 2016 no le es aplicable, y por lo tanto, tampoco en este sentido era procedente hacer el examen de desconocimiento del precedente en relación con ese estudio de constitucionalidad.
En los términos expuestos me declaro en desacuerdo con la posición de la mayoría.
Fecha ut supra.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Ver cuaderno principal folio 80
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Oliverio Ospina Oviedo y la señora Luz Rocio Ospina Oviedo en contra del Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima. A propósito del tema la Sala estima conveniente recordar los siguientes apartes de la sentencia T-739 de 2010: “[…] La Corte ha establecido que el juez de tutela, ante una solicitud de amparo contra providencia judicial debe examinar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición. Estos factores, ha dicho la Corte, deben valorarse en cada caso particular, con especial atención a las circunstancias y el contexto que rodean la solicitud de protección constitucional. Esta aproximación casuística al principio de inmediatez como requisitos de procedibilidad ha llevado, por ejemplo, a que un lapso de seis meses entre la expedición de la providencia atacada y la interposición de la tutela se considere como excesivo y por lo tanto inconsistente con el principio de inmediatez, pero, al mismo tiempo y con base en los mismos factores, se haya podido concluir que un lapso de dos años lo satisface. Todo depende de las circunstancias del caso concreto.
La Corte ha permitido lapsos más extendidos entre la providencia atacada y la interposición de la tutela, por ejemplo, en casos de solicitudes de amparo interpuestas por personas pertenecientes a sectores sociales vulnerables, como las víctimas del desplazamiento forzoso […]”. Sentencia T-243 de 6 de marzo de 2008, Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente nro. 2012-02201-01, Consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sostuvo: “[…] Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
[…]
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”.
“[…] Como se expuso, todas las decisiones de las autoridades judiciales accionadas usaron como argumento que, en tanto el régimen especial de los docentes oficiales no contempla el reconocimiento de la sanción moratoria para ese sector, no era posible aplicar el régimen general que sí consagra esa prerrogativa, por cuanto el régimen especial debe ser aplicado como un todo so pena de crear una tercera regla que tomara partes de ambos regímenes.
Sobre el particular, la Sala considera que aceptar un argumento como el señalado es dar prevalencia a una interpretación que no se acompasa con el concepto de las cesantías y su función social, en tanto acude a la taxatividad de la norma sin profundizar en la naturaleza, funciones y características de los docentes oficiales, sobre una postura que se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes, que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos, independientemente de que no estén catalogados de manera expresa como tales
Del mismo modo, y de conformidad con lo explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii) desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales, porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los mismos supuestos fácticos.
Es por lo anterior, que la Sala considera que en los casos objeto de estudio se configuró la causal específica de violación directa de la Constitución y, bajo ese entendido, habrá de concederse en amparo invocado por los accionantes […]”.
Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés (E).
Proferidas por el JUZGADO TERCERO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 73001-33-33-003-2015-00130-01, promovido por el actor en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima.
Cfr. Folios 21 a 31 del expediente.
Consejo de Estado, Sección Primera: (i) sentencia del 4 de mayo de 2016, Magistrada Ponente: María Elizabeth García González, Radicado: 11001-03-15-000-2016-00762-00, Actora: Gemma Lucía Niño Benavides; (ii) Sentencia del 24 de septiembre de 2015. M.P.: María Elizabeth García González; (iii) Radicado: 2015-01491-01; Sentencia del 14 de julio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez. Radicado: 2016-01639-00. Actora: Nancy Riveros Riveros; confirmada, Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 23 de marzo de 2017, Magistrado Ponente: William Hernández Gómez, Radicado: 2016-01639-01; (iv) sentencia del 16 de junio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez, Radicado: 2016-01312-00, Actor: Álvaro Guzmán Ramírez.
En casos similares se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación: Sentencia de 5 de julio de 2012, Consejero Ponente doctor GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, proceso radicado bajo el núm. 2012-00947-00; Sentencia de 27 de junio de 2013, Consejera Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00.
Sentencia de 25 de febrero de 2016, Expediente núm. 2016-00252-00.
Corte Constitucional, sentencia del 18 de mayo de 2017. Magistrado Ponente: Iván Humberto Escrucería Mayolo. Referencia: Expedientes T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188, T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180 (Acumulados).
Corte Constitucional, sentencia del 26 de septiembre de 2012, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional, sentencia del 7 de septiembre de 2016, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa
No es objeto de debate ni de cuestionamiento si el señor Santiago Mayorga Rojas ostenta la calidad de docente oficial, como tampoco de desvirtúa la misma en las providencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017.
Radicado: 2015-00130-01.
Dicha providencia fue prohijada por esta Sala en sentencia de 1o. de febrero de 2018 (expediente nro. 2017-02950-00), Consejera ponente María Elizabeth García González.
Consejera ponente María Elizabeth García González
Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente nro. 2017-01855-00, Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sostuvo: “[…] Así las cosas, es claro el efecto vinculante propio de las sentencias de unificación, imponen al juez tutelar acoger los fundamentos y decisiones que al respecto haya adoptado dicha Corte y, concretamente, cuando como acontece en el presente caso, incluyó el juzgamiento de situaciones bastante pretéritas, como se observa respecto de solicitudes de sanción moratoria adiadas en el 2012 y sentencias decisorias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo proferidas en los años 2015 y 2016.
Ese pronunciamiento, conlleva indefectiblemente a adoptar la decisión de amparar los principios de igualdad y de favorabilidad laboral, que fueron invocados por el señor Salamanca Reyes, al coincidir en su fundamento y propósito argumentativo principal referente a ser beneficiario del régimen legal aplicable a los servidores públicos dentro de la temática de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías […]”.
Sentencia de 5 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01853-00, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sostuvo: “[…] Dicho lo anterior, concluye la Sala que si bien, en principio la decisión acusada, adoptada por el Tribunal Administrativo de Tolima, se encuentra amparada en el artículo 230 de la Constitución Política que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la República, y que la misma data de enero de 2017 (antes de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado), no se puede pasar por alto la prevalencia del principio a la igualdad material que le asiste a los usuarios de la justicia, y que en este momento los altos tribunales judiciales tienen una posición pacífica en cuanto a señalar que los docentes oficiales deben ser considerados empleados públicos y, por lo mismo, les resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1071 de 2006, en lo que a sanción moratoria por el pago tardío de cesantías se refiere […]”.
Sentencia de 8 de noviembre de 2017, expediente nro. 2017-01854-00, Consejero ponente Julio Roberto Piza Rodríguez, sostuvo: “[…] De entrada, debe decirse que la Sala acoge el criterio expuesto en la sentencia SU-336 de 2017. Lo anterior, porque, en esa providencia, la Corte Constitucional definió el alcance del derecho fundamental a la igualdad de los docentes oficiales en lo que respecta a la sanción moratoria […]”.
Sentencia de 4 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01858-00, Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, sostuvo: “[…] Por último, aunque en el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima se hace una exposición jurídica razonable para apartarse de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ha sido uniforme en el reconocimiento del derecho reclamado por la accionante, la Sala considera que ante la zona de incertidumbre que rodea el alcance del concepto de servidor público consagrado en la ley 1071 de 2006, se debe privilegiar la prevalencia de los principios constitucionales de igualdad y equidad para distribuir de manera justa el derecho a percibir la sanción por mora en cuanto al pago de las cesantías parciales o definitivas a favor de los docentes oficiales […]”.
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.
[…]”.
“Del mismo modo, y de conformidad con lo explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii) desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales, porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los mismos supuestos fácticos”. (Página 67 de la Sentencia SU-336 de 2017).
Página 135 ibídem.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Páginas 134 y 135 ibídem.
Sentencia T-1156 de 2000.
Constitución Política, artículo 86.
Sentencia T-606 de 2000.
Página 144 dela Sentencia SU-336 de 2017.
Sentencia C-390 de 2016.
Páginas 140 y 141 de la Sentencia SU-336 de 2017.
Página 60.
Consejo de Estado. Sala Plena. Radicación número: 2009-01328. M.P. María Elizabeth García González.
Quienes impetraron la demanda de tutela fueron los hijos de la señora Lorenza Ospina Oviedo debido a que falleció el 12 de febrero de 2015, según consta a folio 109 del expediente.
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